No esperarán seis meses más
Los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México inconformes por el incremento de las tarifas al transporte público, aseguran que de ninguna manera esperarán seis meses a que la institución entregue un nuevo proyecto para mejorar el sector, pues ya hay tres que nunca fueron tomados en cuenta por las autoridades estatales.
2010-03-05•Política
Quieren rutas más seguras MAGALI LÓPEZ Los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México inconformes por el incremento de las tarifas al transporte público, aseguran que de ninguna manera esperarán seis meses a que la institución entregue un nuevo proyecto para mejorar el sector, pues ya hay tres que nunca fueron tomados en cuenta por las autoridades estatales.
“Solo es tratar de ganar tiempo y lo que buscamos es una solución inmediata o la instalación de nuevas rutas de transporte escolar que nos den servicio seguro”, señalaron.
Los alumnos que pidieron reservar sus nombres para evitarse problemas en la escuela, dijeron que personalmente han revisados los estudios enfocados al mejoramiento del sector, pero hasta el momento no han logrado permear entre los responsables del servicio ni las autoridades correspondientes.
“Por eso estamos pidiendo que si nos van a buscar soluciones a largo plazo, entonces por el momento nos ayuden implementando un servicio de transporte que sí llegue a Ciudad Universitaria y cruce por diferentes rutas”, destacó uno de los representantes.
El estudiante de la carrera de Ingeniería, acotó que el problema con el servicio del transporte escolar es que no llega a todas las zonas y por esa razón hay compañeros que deben pagar hasta 60 o 70 pesos de pasajes en un solo día, puesto que los transportistas ni siquiera respetan la tarifa establecida, sino cobran como en la zona del Valle de México, por kilómetro recorrido.
“No se trata de que todos nosotros ganemos un 50 por ciento de descuento injusto para terceros, sino que podamos negociar un apoyo razonable, con un buen servicio sin que tengamos que venir preocupados por los accidentes viales, los asaltos e incluso las personas que atropella un camionero”, resaltó el alumnos.
Dijo que en otro de los estudios que tiene la institución, presentan el reporte del sobrepiso de camiones tan sólo en Toluca y la falta de rutas en pueblos alejados del centro de la capital.
“No estamos diciendo que podemos solucionar todo con lo que ya se analizó antes, pero sí que es un hecho que si hasta el momento no hacen caso a los estudios de la universidad, menos en seis meses, cuando ya pasó el tiempo y nos acostumbramos (o aguantamos) a la tarifa modificada”, puntualizó el estudiante.
Toluca/Claudia González
EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION SUBESTACIONES TOLUCA CONTINUA EN PIE DE LUCHA CON LA CONVICCION DE OBTENER LA VICTORIA EN LA DEFENSA DE NUESTRO TRABAJO.
EN MEMORIA DE UN MIEMBRO DE OPERACION
DESCANSE EN PAZ EL C. RICARDO GONZALEZ BECERRIL
viernes, 5 de marzo de 2010
Sólo directivas irán contra negativa de toma de nota
Resolución de la segunda sala de la Corte sobre los mineros
Todo deriva de una contradicción de tesis entre dos tribunales colegiados de circuito.
2010-03-05•Política
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Los ministros afirmaron que los señalados no tienen interés directo en el acto reclamado. Foto: René Soto La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los trabajadores del sindicato minero no pueden ser considerados como terceros perjudicados en el juicio de amparo en que se impugna la ilegalidad de la negativa de toma de nota de su líder Napoleón Gómez Urrutia y de la directiva de dicha agrupación, por parte de la Secretaría del Trabajo.
Los ministros señalaron que dichas personas no tienen interés directo en el acto reclamado, pues éste sólo corresponde a la organización sindical.
Todo derivó de una contradicción de tesis entre dos tribunales colegiados de circuito.
Los ministros señalaron que el artículo 5, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, dispone que pueden intervenir en el juicio de amparo como tercero o terceros perjudicados, la persona o personas que hayan gestionado en su favor el acto contra el que se pide un juicio de garantías, cuando se trate de providencias dictadas por autoridades distintas de la judicial o del trabajo, o que, sin haberlo gestionado, tengan interés directo en la subsistencia del acto reclamado
Puntualizaron que si los sindicatos legalmente constituidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 374 de la Ley Federal del Trabajo, son personas morales, la inscripción de una nueva directiva sindical únicamente trasciende a los derechos colectivos; es decir, a los del sindicato, no así a los trabajadores en lo particular.
En caso de existir algún vicio de legalidad en cuanto a la toma de nota de dicha directiva, agregaron, el afectado sería la agrupación, pues se trata de un acto cuya conexión jurídica sólo existe entre la autoridad responsable y el sindicato o la sección sindical.
En septiembre pasado la PGR solicitó a Interpol reactivar la ficha roja que existe contra el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgico y Similares de la República Mexicana, debido a la nueva orden de aprehensión librada en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita —que ascienden a 55 millones de dólares—, y de la cual ya fue notificado el gobierno de Canadá.
La mencionada ficha ya existía, y lo único que se hizo fue reactivarla ante la Organización Internacional de Policía Criminal.
Esto no altera ni modifica en modo alguno los procedimientos de extradición que se han iniciado contra Gómez Urrutia.
El pasado 4 de septiembre, el juez noveno de distrito de procesos penales federales en el Distrito Federal, libró la orden de aprehensión contra Gómez Urrutia, y otros, por su probable responsabilidad en el mencionado delito.
México • Rubén Mosso
Todo deriva de una contradicción de tesis entre dos tribunales colegiados de circuito.
2010-03-05•Política
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Los ministros afirmaron que los señalados no tienen interés directo en el acto reclamado. Foto: René Soto La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los trabajadores del sindicato minero no pueden ser considerados como terceros perjudicados en el juicio de amparo en que se impugna la ilegalidad de la negativa de toma de nota de su líder Napoleón Gómez Urrutia y de la directiva de dicha agrupación, por parte de la Secretaría del Trabajo.
Los ministros señalaron que dichas personas no tienen interés directo en el acto reclamado, pues éste sólo corresponde a la organización sindical.
Todo derivó de una contradicción de tesis entre dos tribunales colegiados de circuito.
Los ministros señalaron que el artículo 5, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, dispone que pueden intervenir en el juicio de amparo como tercero o terceros perjudicados, la persona o personas que hayan gestionado en su favor el acto contra el que se pide un juicio de garantías, cuando se trate de providencias dictadas por autoridades distintas de la judicial o del trabajo, o que, sin haberlo gestionado, tengan interés directo en la subsistencia del acto reclamado
Puntualizaron que si los sindicatos legalmente constituidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 374 de la Ley Federal del Trabajo, son personas morales, la inscripción de una nueva directiva sindical únicamente trasciende a los derechos colectivos; es decir, a los del sindicato, no así a los trabajadores en lo particular.
En caso de existir algún vicio de legalidad en cuanto a la toma de nota de dicha directiva, agregaron, el afectado sería la agrupación, pues se trata de un acto cuya conexión jurídica sólo existe entre la autoridad responsable y el sindicato o la sección sindical.
En septiembre pasado la PGR solicitó a Interpol reactivar la ficha roja que existe contra el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgico y Similares de la República Mexicana, debido a la nueva orden de aprehensión librada en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita —que ascienden a 55 millones de dólares—, y de la cual ya fue notificado el gobierno de Canadá.
La mencionada ficha ya existía, y lo único que se hizo fue reactivarla ante la Organización Internacional de Policía Criminal.
Esto no altera ni modifica en modo alguno los procedimientos de extradición que se han iniciado contra Gómez Urrutia.
El pasado 4 de septiembre, el juez noveno de distrito de procesos penales federales en el Distrito Federal, libró la orden de aprehensión contra Gómez Urrutia, y otros, por su probable responsabilidad en el mencionado delito.
México • Rubén Mosso
FCH debe aclarar pago a medios: PRI
Diputados exigen justificación presupuestal del uso de recursos
Juan Arvizu y Andrea Merlos
El Universal
Viernes 05 de marzo de 2010
politica@eluniversal.com.mx
En la Cámara de Diputados el PRI pidió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigue el gasto de la Presidencia de la República en insertar informaciones en las primeras planas de los periódicos, como lo mencionó la semana pasada el mandatario federal Felipe Calderón Hinojosa.
Por conducto de uno de sus vicecoordinadores, César Augusto Santiago, la bancada priísta requirió que sea solicitada la información que documente, además, la autorización del Presupuesto de Egresos de la Federación en la que se basan las erogaciones que dice Calderón realiza la Presidencia de la República.
En la sesión de ayer, César Augusto Santiago recordó que el jueves 25 de febrero, durante una visita en Yucatán, el presidente Calderón “reprochó a los medios masivos de comunicación el que difundan de manera gratuita actos y hechos de lo que él llamó ‘la narcocampaña’, cuando, dijo, ‘a nosotros nos cuestan millones las primeras planas”.
Cuestionan declaración
El diputado chiapaneco advirtió: “Es muy delicado que el Presidente de la República insista en ese frenesí declarativo que lo lleva a conflictuar a todos contra todos y es urgente recuperar la sobriedad y el sentido republicano de la Presidencia de la República, que debería estar ocupado de los asuntos del país, en vez de estar interesado en confrontar a todos para generar un caos político que sólo puede beneficiar al autoritarismo”.
El legislador tricolor dijo que con ese dicho el presidente Calderón, “ante los ojos de la nación, ha mentido clara, llana y categóricamente”.
Y marcó énfasis al decir:
“Sostengo que esto es falso: No creo que los medios masivos de comunicación vendan sus primeras planas para que el Presidente de la República se anuncie en esas primeras planas”.
Exigen indagar
Agregó: “Tengo confianza y certeza de que cumplen bien con su trabajo”.
Por el contrario, si Calderón “ha usado el dinero público en comprar primeras planas de los diarios nacionales, estoy proponiendo que la Auditoría Superior de la Federación nos diga en qué renglón del Presupuesto está haciendo recargar esas inversiones”.
El diputado priísta dijo que en la investigación que solicitó al pleno se deberá responder a las preguntas: “¿Quién le dio (a Calderón) autorización para gastar dinero en las primeras planas de los periódicos? ¿A cuánto asciende ese gasto y qué es lo que ha pagado que se publique así?
Al efecto, su propuesta de auditar el área de Comunicación Social de Los Pinos fue turnada a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, la cual dictaminará la solicitud del grupo parlamentario del PRI en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
los electrisistas y nuestras familias si sabemos como y en que lo gasto ¿o que niegue la campaña mediatica que nos difamo a todos????
Diputados exigen justificación presupuestal del uso de recursos
Juan Arvizu y Andrea Merlos
El Universal
Viernes 05 de marzo de 2010
politica@eluniversal.com.mx
En la Cámara de Diputados el PRI pidió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigue el gasto de la Presidencia de la República en insertar informaciones en las primeras planas de los periódicos, como lo mencionó la semana pasada el mandatario federal Felipe Calderón Hinojosa.
Por conducto de uno de sus vicecoordinadores, César Augusto Santiago, la bancada priísta requirió que sea solicitada la información que documente, además, la autorización del Presupuesto de Egresos de la Federación en la que se basan las erogaciones que dice Calderón realiza la Presidencia de la República.
En la sesión de ayer, César Augusto Santiago recordó que el jueves 25 de febrero, durante una visita en Yucatán, el presidente Calderón “reprochó a los medios masivos de comunicación el que difundan de manera gratuita actos y hechos de lo que él llamó ‘la narcocampaña’, cuando, dijo, ‘a nosotros nos cuestan millones las primeras planas”.
Cuestionan declaración
El diputado chiapaneco advirtió: “Es muy delicado que el Presidente de la República insista en ese frenesí declarativo que lo lleva a conflictuar a todos contra todos y es urgente recuperar la sobriedad y el sentido republicano de la Presidencia de la República, que debería estar ocupado de los asuntos del país, en vez de estar interesado en confrontar a todos para generar un caos político que sólo puede beneficiar al autoritarismo”.
El legislador tricolor dijo que con ese dicho el presidente Calderón, “ante los ojos de la nación, ha mentido clara, llana y categóricamente”.
Y marcó énfasis al decir:
“Sostengo que esto es falso: No creo que los medios masivos de comunicación vendan sus primeras planas para que el Presidente de la República se anuncie en esas primeras planas”.
Exigen indagar
Agregó: “Tengo confianza y certeza de que cumplen bien con su trabajo”.
Por el contrario, si Calderón “ha usado el dinero público en comprar primeras planas de los diarios nacionales, estoy proponiendo que la Auditoría Superior de la Federación nos diga en qué renglón del Presupuesto está haciendo recargar esas inversiones”.
El diputado priísta dijo que en la investigación que solicitó al pleno se deberá responder a las preguntas: “¿Quién le dio (a Calderón) autorización para gastar dinero en las primeras planas de los periódicos? ¿A cuánto asciende ese gasto y qué es lo que ha pagado que se publique así?
Al efecto, su propuesta de auditar el área de Comunicación Social de Los Pinos fue turnada a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, la cual dictaminará la solicitud del grupo parlamentario del PRI en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
los electrisistas y nuestras familias si sabemos como y en que lo gasto ¿o que niegue la campaña mediatica que nos difamo a todos????
CFE termina 2009 con problemas financieros
La paraestatal tuvo menores ingresos por una caída en la venta de energía
CAÍDA Al cierre de 2009, CFE reportó ingresos por 220 mil 34 mdp, en comparación con los 269 mil 682 mdp en 2008, a pesar de atender a 952 mil nuevos usuarios (Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL )
Noé Cruz Serrano
El Universal
Viernes 05 de marzo de 2010
noe.cruz@eluniversal.com.mx
Caída de ingresos por la venta del servicio eléctrico del orden de 49 mil millones de pesos, aumento en el pasivo y mayores subsidios, se convirtieron en problemas serios para Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 2009.
Información sobre los estados financieros de la paraestatal al cierre del año pasado, detalló que el pasivo total de la empresa (incluyendo el costo del compromiso futuro con el personal que alcanza la edad del retiro) fue superior en 42 mil millones de pesos al patrimonio de la entidad, el cual representa el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de la empresa.
El informe, presentado a la Bolsa Mexicana de Valores, mencionó que en términos de ingresos por la venta de energía eléctrica, CFE registró una reducción de 18.4% ante una caída en la demanda de consumidores, tanto industriales como domésticos, situación que tuvo un mayor impacto en la segunda mitad de 2009.
En agosto, el volumen de ventas que realizó la Comisión Federal de Elecricidad, medido en gigawatts-hora, alcanzó el máximo de 17 mil 160; sin embargo, para diciembre de 2009 este indicador se redujo a 13 mil 521.
CFE incumplió le meta prevista en el proyecto de presupuesto del año que consideró ventas por 208 mil 940 gigawatts-hora. En 2009, la empresa logró colocar entres sus casi 27 millones de clientes 181 mil 466 gigawatts-hora, según los informes estadísticos de la Secretaría de Energía.
Esta situación impactó el monto de ingresos previsto por la paraestatal y en comparación con los recursos obtenidos un año antes.
Caen ingresos
Al cierre de 2009, CFE reporto ingresos por 220 mil 34 millones de pesos, en comparación con los 269 mil 682 millones que registró un año antes, a pesar de que atendió a 952 mil nuevos usuarios con contrato. Ese monto de recursos es inferior a lo que reportó en 2007, cuando obtuvo 225 mil 744 millones de pesos.
Respecto a su pasivo laboral, CFE reconoce que dio un salto importante en este año, al pasar de 193 mil 52 millones de pesos en 2008 a 226 mil 182 millones que amparan la jubilación y el retiro de casi 32 mil 699 trabajadores.
El aumento se presentó a pesar de que desde el 18 de agosto de 2008, empresa y sindicato (Suterm) firmaron un acuerdo para solucionar el problema de las jubilaciones.
El balance financiero detalló que el pasivo total de la única empresa eléctrica de México creció 14.6% pues se elevo de 368 mil 677 millones en 2008 a 422 mil 342 millones el año pasado. Ese monto se sitúo por arriba del patrimonio total de la empresa calculado en 380 mil 702 millones de pesos.
No obstante, la empresa reportó utilidades por mil 185 millones de pesos.
CAÍDA Al cierre de 2009, CFE reportó ingresos por 220 mil 34 mdp, en comparación con los 269 mil 682 mdp en 2008, a pesar de atender a 952 mil nuevos usuarios (Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL )
Noé Cruz Serrano
El Universal
Viernes 05 de marzo de 2010
noe.cruz@eluniversal.com.mx
Caída de ingresos por la venta del servicio eléctrico del orden de 49 mil millones de pesos, aumento en el pasivo y mayores subsidios, se convirtieron en problemas serios para Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 2009.
Información sobre los estados financieros de la paraestatal al cierre del año pasado, detalló que el pasivo total de la empresa (incluyendo el costo del compromiso futuro con el personal que alcanza la edad del retiro) fue superior en 42 mil millones de pesos al patrimonio de la entidad, el cual representa el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de la empresa.
El informe, presentado a la Bolsa Mexicana de Valores, mencionó que en términos de ingresos por la venta de energía eléctrica, CFE registró una reducción de 18.4% ante una caída en la demanda de consumidores, tanto industriales como domésticos, situación que tuvo un mayor impacto en la segunda mitad de 2009.
En agosto, el volumen de ventas que realizó la Comisión Federal de Elecricidad, medido en gigawatts-hora, alcanzó el máximo de 17 mil 160; sin embargo, para diciembre de 2009 este indicador se redujo a 13 mil 521.
CFE incumplió le meta prevista en el proyecto de presupuesto del año que consideró ventas por 208 mil 940 gigawatts-hora. En 2009, la empresa logró colocar entres sus casi 27 millones de clientes 181 mil 466 gigawatts-hora, según los informes estadísticos de la Secretaría de Energía.
Esta situación impactó el monto de ingresos previsto por la paraestatal y en comparación con los recursos obtenidos un año antes.
Caen ingresos
Al cierre de 2009, CFE reporto ingresos por 220 mil 34 millones de pesos, en comparación con los 269 mil 682 millones que registró un año antes, a pesar de que atendió a 952 mil nuevos usuarios con contrato. Ese monto de recursos es inferior a lo que reportó en 2007, cuando obtuvo 225 mil 744 millones de pesos.
Respecto a su pasivo laboral, CFE reconoce que dio un salto importante en este año, al pasar de 193 mil 52 millones de pesos en 2008 a 226 mil 182 millones que amparan la jubilación y el retiro de casi 32 mil 699 trabajadores.
El aumento se presentó a pesar de que desde el 18 de agosto de 2008, empresa y sindicato (Suterm) firmaron un acuerdo para solucionar el problema de las jubilaciones.
El balance financiero detalló que el pasivo total de la única empresa eléctrica de México creció 14.6% pues se elevo de 368 mil 677 millones en 2008 a 422 mil 342 millones el año pasado. Ese monto se sitúo por arriba del patrimonio total de la empresa calculado en 380 mil 702 millones de pesos.
No obstante, la empresa reportó utilidades por mil 185 millones de pesos.
Recortar subsidios elevará precios e inflación: Labastida
V. Ballinas y A. Becerril
Periódico La Jornada
Viernes 5 de marzo de 2010, p. 33
El presidente de la Comisión de Energía del Senado, el priísta Francisco Labastida, informó que la próxima semana analizarán la estrategia nacional en la materia que les envió la titular de la Secretaría de Energía, Georgina Kessel, en virtud de que la intención de reducir los subsidios a gasolina, gas y electricidad eleva los precios y obviamente incrementará la inflación y afectará la economía familiar. El senador manifestó que la reducción de los subsidios “no es un hecho, es un planteamiento que se formula en la estrategia nacional de energía. Se menciona que los subsidios en los últimos cinco años fueron en promedio de 200 mil millones de pesos por año, y en 1998 fueron de 360 mil millones. Se plantean políticas y una estrategia para reducir el monto de los subsidios en los años venideros”. Explicó que el sector eléctrico tiene una capacidad instalada 47 por ciento por arriba de la demanda, y opinó que “debe tener cierta capacidad instalada redundante, excedente, para cubrir los picos de la demanda, pero de 47 por ciento es excesiva”. Expuso que debe reducir su capacidad redundante, porque con ello disminuirá costos, inversiones muertas y subsidio.
Periódico La Jornada
Viernes 5 de marzo de 2010, p. 33
El presidente de la Comisión de Energía del Senado, el priísta Francisco Labastida, informó que la próxima semana analizarán la estrategia nacional en la materia que les envió la titular de la Secretaría de Energía, Georgina Kessel, en virtud de que la intención de reducir los subsidios a gasolina, gas y electricidad eleva los precios y obviamente incrementará la inflación y afectará la economía familiar. El senador manifestó que la reducción de los subsidios “no es un hecho, es un planteamiento que se formula en la estrategia nacional de energía. Se menciona que los subsidios en los últimos cinco años fueron en promedio de 200 mil millones de pesos por año, y en 1998 fueron de 360 mil millones. Se plantean políticas y una estrategia para reducir el monto de los subsidios en los años venideros”. Explicó que el sector eléctrico tiene una capacidad instalada 47 por ciento por arriba de la demanda, y opinó que “debe tener cierta capacidad instalada redundante, excedente, para cubrir los picos de la demanda, pero de 47 por ciento es excesiva”. Expuso que debe reducir su capacidad redundante, porque con ello disminuirá costos, inversiones muertas y subsidio.
Conato de violencia entre policías y electricistas en sucursal de LFC
Armados, agentes federales cubren sustracción de material en Tlalpan
Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
Viernes 5 de marzo de 2010, p. 21
Decenas de policías federales protegieron el retiro de vehículos, material eléctrico y herramientas en distintas sucursales de Luz y Fuerza del Centro (LFC) que habían permanecido intocados desde octubre de 2009, cuando se decretó la extinción de la paraestatal.
En el caso de la sucursal Tlalpan, en la colonia Toriello Guerra, en el Distrito Federal, después de que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sacó 13 unidades bajo el resguardo de más de 40 agentes, se suscitó un conato de enfrentamiento cuando un jefe de grupo de la Policía Federal se acercó a Alberto Martínez –un joven de 18 años e hijo de una integrante del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que deambulaba por la zona–, justo cuando hablaba por teléfono, y le dijo:
“¡Vuelves a pasar muy nalga, de nuevo, y te rompo la madre; ya estás advertido, te rompo la madre!”.
De inmediato, en el parque que se localiza frente al número 21 de la calle Puente de Piedra, que es donde están las oficinas de Luz y Fuerza, el joven se vio rodeado de seis agentes federales que le gritaban: “¡ándale, pendejo! ¡¿Qué quieres? Éntrale!”.
Desconcertado, no atinó a pronunciar palabra, solamente que él nada les había dicho ni hecho. Lo que salvó al joven de la agresión física fue la intervención de miembros del SME que habían instalado una mesa de información frente a la sucursal Tlalpan, y que habían tratado de impedir que sacaran del inmueble las unidades y el material eléctrico.
La historia de este conato de enfrentamiento comenzó al filo de las 11:30 de la mañana, cuando arribó al lugar un camión con más de 30 agentes federales para cubrir la llegada de tres camionetas con más elementos y personal de la CFE que conduciría los vehículos.
Los uniformados hicieron una valla frente a la sucursal para impedir que los integrantes del SME bloquearan la salida de las camionetas. Los electricistas y algunos habitantes de la zona protestaron por la acción, lanzaron algunos huevos contra los agentes y golpearon con las manos los vehículos cuando los sacaban, pero nada pudieron hacer.
Cuando las cosas ya habían retornado a la normalidad e inclusive algunos agentes bromeaban con los electricistas, llegaron cuatro unidades con más de 20 policías con equipo antimotines; algunos portaban armas largas, otros fusiles para lanzar granadas de gas lacrimógeno, y todos llevaban toletes.
En cuanto bajaron de las unidades se acercaron a un agente que identificaron como Pinki y le preguntaron que cómo estaba, a lo que respondió: “bien, sólo me pegó la piedra aquí”. Uno de sus compañeros agregó: “sí, están calientes, pero déjalos, deja que caiga uno en mis manos y le rompo su madre”.
Hata allí todo habían sido meras expresiones verbales, pero cuando Alberto Martínez pasó junto a una de las camionetas, desde la otra acera, frente al parque, salió corriendo un jefe de grupo y lo amenazó.
Roberto Márquez, secretario de sucursales del Comité Central del SME, intervino ante la agresión; advirtió a los policías que sus actitudes serían denunciadas en la reunión que sostendrán en la Secretaría de Gobernación, mientras, los otros sindicalistas protegieron al muchacho para evitar que fuera golpeado o les lanzaran gases, ya que varios elementos ya traían artefactos manuales listos para echárselos.
El representante sindical dio a conocer que en las sucursales de Neza, Chimalhuacán y Cuautitlán de Romero Rubio, en el estado de México, también se realizaron sustracciones de material, unidades y herramienta.
Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
Viernes 5 de marzo de 2010, p. 21
Decenas de policías federales protegieron el retiro de vehículos, material eléctrico y herramientas en distintas sucursales de Luz y Fuerza del Centro (LFC) que habían permanecido intocados desde octubre de 2009, cuando se decretó la extinción de la paraestatal.
En el caso de la sucursal Tlalpan, en la colonia Toriello Guerra, en el Distrito Federal, después de que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sacó 13 unidades bajo el resguardo de más de 40 agentes, se suscitó un conato de enfrentamiento cuando un jefe de grupo de la Policía Federal se acercó a Alberto Martínez –un joven de 18 años e hijo de una integrante del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que deambulaba por la zona–, justo cuando hablaba por teléfono, y le dijo:
“¡Vuelves a pasar muy nalga, de nuevo, y te rompo la madre; ya estás advertido, te rompo la madre!”.
De inmediato, en el parque que se localiza frente al número 21 de la calle Puente de Piedra, que es donde están las oficinas de Luz y Fuerza, el joven se vio rodeado de seis agentes federales que le gritaban: “¡ándale, pendejo! ¡¿Qué quieres? Éntrale!”.
Desconcertado, no atinó a pronunciar palabra, solamente que él nada les había dicho ni hecho. Lo que salvó al joven de la agresión física fue la intervención de miembros del SME que habían instalado una mesa de información frente a la sucursal Tlalpan, y que habían tratado de impedir que sacaran del inmueble las unidades y el material eléctrico.
La historia de este conato de enfrentamiento comenzó al filo de las 11:30 de la mañana, cuando arribó al lugar un camión con más de 30 agentes federales para cubrir la llegada de tres camionetas con más elementos y personal de la CFE que conduciría los vehículos.
Los uniformados hicieron una valla frente a la sucursal para impedir que los integrantes del SME bloquearan la salida de las camionetas. Los electricistas y algunos habitantes de la zona protestaron por la acción, lanzaron algunos huevos contra los agentes y golpearon con las manos los vehículos cuando los sacaban, pero nada pudieron hacer.
Cuando las cosas ya habían retornado a la normalidad e inclusive algunos agentes bromeaban con los electricistas, llegaron cuatro unidades con más de 20 policías con equipo antimotines; algunos portaban armas largas, otros fusiles para lanzar granadas de gas lacrimógeno, y todos llevaban toletes.
En cuanto bajaron de las unidades se acercaron a un agente que identificaron como Pinki y le preguntaron que cómo estaba, a lo que respondió: “bien, sólo me pegó la piedra aquí”. Uno de sus compañeros agregó: “sí, están calientes, pero déjalos, deja que caiga uno en mis manos y le rompo su madre”.
Hata allí todo habían sido meras expresiones verbales, pero cuando Alberto Martínez pasó junto a una de las camionetas, desde la otra acera, frente al parque, salió corriendo un jefe de grupo y lo amenazó.
Roberto Márquez, secretario de sucursales del Comité Central del SME, intervino ante la agresión; advirtió a los policías que sus actitudes serían denunciadas en la reunión que sostendrán en la Secretaría de Gobernación, mientras, los otros sindicalistas protegieron al muchacho para evitar que fuera golpeado o les lanzaran gases, ya que varios elementos ya traían artefactos manuales listos para echárselos.
El representante sindical dio a conocer que en las sucursales de Neza, Chimalhuacán y Cuautitlán de Romero Rubio, en el estado de México, también se realizaron sustracciones de material, unidades y herramienta.
Reprocha Paredes la traición del PAN y sus alianzas electorales contra el tricolor
Los priístas garantizaron la estabilidad al reconocer a un Presidente repudiado, argumenta
Cuestiona el desempeño político y económico del gobierno; exige respeto para el Ejército
Después de nueve años de alternancia “no vemos ni claridad de rumbo ni experiencia de gobierno”, señaló Beatriz Paredes en el aniversario 81 de la fundación del PRI, en Zapopan, Jalisco .Foto Notimex
Ciro Pérez Silva y Juan Carlos Partida
Enviado y corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 5 de marzo de 2010, p. 5
Zapopan, Jal., 4 de marzo. La dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel, aprovechó la ceremonia por el 81 aniversario de su partido para reprochar la traición panista al pacto político firmado por ella y el dirigente del blanquiazul, César Nava, y para reclamar al gobierno federal las alianzas electorales contra el tricolor, cuando hace tres años fueron los priístas quienes garantizaron la estabilidad del país al reconocer a un Presidente “repudiado”.
“El tiempo dirá quién actuó con veracidad”, respondió Paredes Rangel a un auditorio que llegó a este municipio con muchas dudas respecto del alcance y contenido de un acuerdo que primero fue negado, luego reconocido y del que más tarde se supo que, incluso, fue firmado.
“Hay momentos que reclaman alejarse del discurso de circunstancia o acomodo para abordar, incluso con el riesgo de desatar polémicas y críticas, algunas precisiones que clarifiquen las definiciones que no han sido suficientemente conocidas”, dijo Paredes.
Aseguró que en la alternancia los priístas han demostrado “con creces” su compromiso con la República, “no por ingenuidad, por patriotismo”.
Afirmó que “muchas veces incomprendidos y otras, más graves por sus consecuencias, sin la reciprocidad obligada en los acuerdos democráticos, los priístas hemos sabido ejercer una oposición constructiva y digna, pensando en México”.
Acto seguido, Paredes Rangel condenó las dudas que, en privado, han manifestado sus compañeros de partido sobre la dirigencia del tricolor. “A veces, incluso en el PRI, se ha padecido la pretensión de desdibujar lo que han sido constantes, lo que han sido biografías o registros históricos precisos para, en reinterpretación interesada, distorsionar la comprensión de hechos y procesos y así construir las descalificaciones. También, es cierto, hay etapas de confusión”, les dijo.
¿Amnesia o apetito de poder?
Le recordó al gobierno de Felipe Calderón que un propósito importante del accionar del PRI ha sido cuidar la estabilidad democrática del país, y por eso los senadores y diputados priístas acudieron el primero de diciembre de 2006 a la sesión solemne del Congreso de la Unión en la que rindió protesta el titular del Poder Ejecutivo federal, evitando así una crisis de gobierno.
“Quién iba a decir que apenas tres años después, el partido del Presidente que fue repudiado y calificado de espurio por otra fuerza política, celebraría alianzas con aquellos que han sido los detractores principales de su abanderado, y con quienes no tienen coincidencias programáticas ni en los derechos civiles ni en la visión del desarrollo económico para México.
“¿Amnesia sobre los principios y las posiciones programáticas?, ¿apetito de poder, sin el menor respeto por los ciudadanos? o simplemente ambición y oportunismo, y mayor descrédito de la política ante la sociedad. Ante tal alarde de desmemoria e inconsistencia, estoy cierta de que muchos militantes de las corrientes históricas de las que provienen estarán ensombrecidos por la duda y el desconcierto… Allá ellos y su embrollo. Lo lamento, por el desprestigio al sistema de partidos y a la credibilidad política que conlleva.”
Justificó su alianza con el PVEM, “con quien nos identificamos por razones de principios”, además de reconocer la “lealtad y calidad política” de su presidente, Jorge Emilio González, quien acudió a la ceremonia por invitación directa de Paredes.
Durante su intervención, la presidenta del PRI advirtió que el país atraviesa por una de las etapas más críticas de su historia, sumido en un desarreglo que va desde la economía hasta la política, el orden institucional y, lo más grave, la seguridad nacional. Cuestionó el uso que se le ha dado a las fuerzas armadas y exigió respeto para el Ejército.
Reiteró que en nueve años de gobierno se ha generado una severa destrucción del tejido nacional que ha generado una crisis de grandes dimensiones. “No vemos ni claridad de rumbo ni experiencia de gobierno. Es la ineficacia lo que ha propiciado que tengamos los peores registros económicos, el gobierno reacciona con tardanza, este es el resultado de nueve años de gobierno panista sin rumbo y sin experiencia, es la era de la confusión”.
A la ceremonia asistieron los gobernadores de Campeche, Chihuahua, Colima, Sinaloa, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Nayarit, Durango, Oaxaca, Hidalgo y estado de México, así como los coordinadores parlamentarios Manlio Fabio Beltrones y Francisco Rojas. Faltaron los de Nuevo León, Yucatán, Querétaro, Veracruz, Quintana Roo, Tamaulipas y Coahuila.
Cuestiona el desempeño político y económico del gobierno; exige respeto para el Ejército
Después de nueve años de alternancia “no vemos ni claridad de rumbo ni experiencia de gobierno”, señaló Beatriz Paredes en el aniversario 81 de la fundación del PRI, en Zapopan, Jalisco .Foto Notimex
Ciro Pérez Silva y Juan Carlos Partida
Enviado y corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 5 de marzo de 2010, p. 5
Zapopan, Jal., 4 de marzo. La dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel, aprovechó la ceremonia por el 81 aniversario de su partido para reprochar la traición panista al pacto político firmado por ella y el dirigente del blanquiazul, César Nava, y para reclamar al gobierno federal las alianzas electorales contra el tricolor, cuando hace tres años fueron los priístas quienes garantizaron la estabilidad del país al reconocer a un Presidente “repudiado”.
“El tiempo dirá quién actuó con veracidad”, respondió Paredes Rangel a un auditorio que llegó a este municipio con muchas dudas respecto del alcance y contenido de un acuerdo que primero fue negado, luego reconocido y del que más tarde se supo que, incluso, fue firmado.
“Hay momentos que reclaman alejarse del discurso de circunstancia o acomodo para abordar, incluso con el riesgo de desatar polémicas y críticas, algunas precisiones que clarifiquen las definiciones que no han sido suficientemente conocidas”, dijo Paredes.
Aseguró que en la alternancia los priístas han demostrado “con creces” su compromiso con la República, “no por ingenuidad, por patriotismo”.
Afirmó que “muchas veces incomprendidos y otras, más graves por sus consecuencias, sin la reciprocidad obligada en los acuerdos democráticos, los priístas hemos sabido ejercer una oposición constructiva y digna, pensando en México”.
Acto seguido, Paredes Rangel condenó las dudas que, en privado, han manifestado sus compañeros de partido sobre la dirigencia del tricolor. “A veces, incluso en el PRI, se ha padecido la pretensión de desdibujar lo que han sido constantes, lo que han sido biografías o registros históricos precisos para, en reinterpretación interesada, distorsionar la comprensión de hechos y procesos y así construir las descalificaciones. También, es cierto, hay etapas de confusión”, les dijo.
¿Amnesia o apetito de poder?
Le recordó al gobierno de Felipe Calderón que un propósito importante del accionar del PRI ha sido cuidar la estabilidad democrática del país, y por eso los senadores y diputados priístas acudieron el primero de diciembre de 2006 a la sesión solemne del Congreso de la Unión en la que rindió protesta el titular del Poder Ejecutivo federal, evitando así una crisis de gobierno.
“Quién iba a decir que apenas tres años después, el partido del Presidente que fue repudiado y calificado de espurio por otra fuerza política, celebraría alianzas con aquellos que han sido los detractores principales de su abanderado, y con quienes no tienen coincidencias programáticas ni en los derechos civiles ni en la visión del desarrollo económico para México.
“¿Amnesia sobre los principios y las posiciones programáticas?, ¿apetito de poder, sin el menor respeto por los ciudadanos? o simplemente ambición y oportunismo, y mayor descrédito de la política ante la sociedad. Ante tal alarde de desmemoria e inconsistencia, estoy cierta de que muchos militantes de las corrientes históricas de las que provienen estarán ensombrecidos por la duda y el desconcierto… Allá ellos y su embrollo. Lo lamento, por el desprestigio al sistema de partidos y a la credibilidad política que conlleva.”
Justificó su alianza con el PVEM, “con quien nos identificamos por razones de principios”, además de reconocer la “lealtad y calidad política” de su presidente, Jorge Emilio González, quien acudió a la ceremonia por invitación directa de Paredes.
Durante su intervención, la presidenta del PRI advirtió que el país atraviesa por una de las etapas más críticas de su historia, sumido en un desarreglo que va desde la economía hasta la política, el orden institucional y, lo más grave, la seguridad nacional. Cuestionó el uso que se le ha dado a las fuerzas armadas y exigió respeto para el Ejército.
Reiteró que en nueve años de gobierno se ha generado una severa destrucción del tejido nacional que ha generado una crisis de grandes dimensiones. “No vemos ni claridad de rumbo ni experiencia de gobierno. Es la ineficacia lo que ha propiciado que tengamos los peores registros económicos, el gobierno reacciona con tardanza, este es el resultado de nueve años de gobierno panista sin rumbo y sin experiencia, es la era de la confusión”.
A la ceremonia asistieron los gobernadores de Campeche, Chihuahua, Colima, Sinaloa, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Nayarit, Durango, Oaxaca, Hidalgo y estado de México, así como los coordinadores parlamentarios Manlio Fabio Beltrones y Francisco Rojas. Faltaron los de Nuevo León, Yucatán, Querétaro, Veracruz, Quintana Roo, Tamaulipas y Coahuila.
Sí acordé con el PRI no hacer alianzas en el Edomex: Nava
El convenio se firmó el 30 de octubre; Gómez Mont y Enrique Miranda fueron testigos
El pacto se rompió cuando senadores del tricolor se abstuvieron de aprobar la Ley de Ingresos
AN está en libertad de plantear la posible formación de una coalición en esa entidad, sostiene
Georgina Saldierna y Ciro Pérez Silva
Periódico La Jornada
Viernes 5 de marzo de 2010, p. 3
El dirigente nacional del PAN, César Nava, tuvo que admitir que mintió, tras ser descubierto por el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto. El mandatario reveló que el panista firmó un acuerdo con la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, en el que se comprometió a no efectuar alianzas electorales en aquella entidad, a cambio del respaldo priísta al paquete económico de 2010.
Nava lo negó inicialmente, pero después, obligado por el tricolor, anoche reconoció que sí suscribió ese documento y además lo hizo público.
La firma del acuerdo no sólo afectó al presidente del blanquiazul. Su homóloga del PRI también salió raspada. Ex gobernadores, diputados y senadores que asistieron a la ceremonia por el 81 aniversario del Revolucionario Institucional señalaron que al signar ese convenio, la diputada no sólo se puso en evidencia, sino que su experiencia quedó en entredicho.
“Don Fernando (Gutiérrez Barrios) debe estarse revolcando en su tumba”, ironizó uno de los asistentes a la celebración priísta en el municipio de Zapopan, Jalisco, y sostuvo que no hay justificación alguna para firmar un acuerdo de esta naturaleza, “y menos aún para hacer público que nos chamaquearon”.
Murat condena pactos
De los pocos priístas que se atrevieron a responsabilizarse de sus declaraciones, el ex gobernador de Oaxaca José Murat condenó que su partido “haya firmado pactos que lastiman más la economía de distintos estratos del pueblo de México”.
La historia de mentiras y reconocimientos forzados empezó el martes pasado, cuando en entrevista televisiva Peña Nieto reveló la existencia del convenio y afirmó que éste se fraguó al calor de las negociaciones sobre el paquete económico 2010, que incluyó un aumento al IVA y otros impuestos.
Un día después, el presidente del PAN rechazó los dichos del mandatario. Negó haber suscrito un documento de esa naturaleza o que se haya comprometido a no realizar alianzas en el estado de México a cambio de que los legisladores priístas aprobaran la miscelánea fiscal.
Las declaraciones de César Nava llevaron a que su homóloga del PRI señalara la noche del miércoles que sí se suscribió el convenio y que amagara con utilizar los servicios de un grafólogo para autentificar la rúbrica del panista.
Frente al encontronazo de las dirigencias partidistas, senadores y diputados del PAN exigieron a Paredes, ayer por la mañana, que diera a conocer el documento “presuntamente firmado por Nava”. Si tiene pruebas, que las exponga, recalcó Rubén Camarillo.
El coordinador de los diputados federales del PRI, Francisco Rojas Gutiérrez, demandó que el jefe nacional de los panistas explicara por qué ahora niega haber suscrito ese convenio.
En medio de los dimes y diretes, Nava Vázquez tuvo que reconocer anoche que sí suscribió el acuerdo con Paredes, en reunión efectuada el 30 de octubre pasado, a la que asistieron el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y el secretario de Gobierno del estado de México, Luis Enrique Miranda, quienes estamparon su rúbrica en el documento en calidad de testigos.
Como parte del convenio, PAN y PRI se comprometieron a abstenerse de formar coaliciones electorales en el estado de México con otros partidos cuyos principios e ideología fueran contrarios a los que sostienen en sus respectivas declaraciones de principios, explicó el dirigente panista.
Resaltó que se firmó el acuerdo teniendo como base la obligación del PRI de apoyar en sus términos, en el Senado de la República, la Ley de Ingresos previamente aprobada en la Cámara de Diputados. Cabe destacar que esa cláusula no aparece en el documento que el propio Nava distribuyó anoche.
En conferencia de prensa, el presidente del PAN destacó que el PRI incumplió el acuerdo, pues en la sesión senatorial del 5 de noviembre pasado sólo ocho de los 33 senadores priístas permanecieron en el salón de plenos y todos se abstuvieron de votar en favor de la Ley de Ingresos.
Ante el “flagrante incumplimiento del PRI, el acuerdo quedó sin efecto alguno”, enfatizó.
En consecuencia, dijo, el PAN está en absoluta libertad y autonomía de plantear la discusión sobre la posible formación de una coalición en el estado de México para la elección de 2011.
–¿Por qué mintió a la opinión pública al declarar que no había firmado acuerdo alguno o pacto con el PRI, y por qué no se notificó al Comité Ejecutivo Nacional del convenio? –se le preguntó.
–En primer lugar, este acuerdo no fue puesto en el conocimiento del CEN, precisamente porque el incumplimiento del PRI lo hizo innecesario. Estaba contemplada la posibilidad de hacerlo del conocimiento del comité nacional para su eventual aprobación; sin embargo, al quedar sin efectos, al quedar sin vigencia ni validez alguna, no fue necesario hacer esta presentación. Por otra parte, es cierto que en un primer momento no hice pública la firma de este acuerdo. Lo hice por respeto al principio de confidencialidad que rige esta clase de relación y de acuerdos políticos. Sin embargo, una vez que la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, ha violado la confidencialidad de este acuerdo, me encuentro en absoluta libertad para divulgar sus términos y entregarlo a los medios de comunicación.
César Nava aseguró que el presidente Felipe Calderón en ningún momento estuvo al tanto ni informado de la celebración del acuerdo, el cual consta de seis cláusulas. La última de ellas refiere que el convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y que tendrá vigencia hasta el 31 de julio de 2011.
En otro de los apartados, los dirigentes de PRI y PAN se obligan a revisar la normatividad jurídica que regula la formación y funcionamiento de las coaliciones y, en su caso, promover las reformas correspondientes con la finalidad de evitar que dicha figura sea utilizada como instrumento de coyuntura electoral.
Una vez conocidas las declaraciones de Nava, el coordinador de los senadores priístas, Manlio Fabio Beltrones, dijo que no tenía conocimiento del pacto citado. “Que nos digan quién lo hizo, porque nosotros no lo hicimos ni conocemos en qué términos se haya podido dar, si es que es cierto. Los senadores del PRI y un servidor tenemos en alto y mucho respeto por el valor de la palabra dada”, puntualizó.
Con información de Andrea Becerril, Víctor Ballinas, Enrique Méndez y Roberto Garduño
El pacto se rompió cuando senadores del tricolor se abstuvieron de aprobar la Ley de Ingresos
AN está en libertad de plantear la posible formación de una coalición en esa entidad, sostiene
Georgina Saldierna y Ciro Pérez Silva
Periódico La Jornada
Viernes 5 de marzo de 2010, p. 3
El dirigente nacional del PAN, César Nava, tuvo que admitir que mintió, tras ser descubierto por el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto. El mandatario reveló que el panista firmó un acuerdo con la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, en el que se comprometió a no efectuar alianzas electorales en aquella entidad, a cambio del respaldo priísta al paquete económico de 2010.
Nava lo negó inicialmente, pero después, obligado por el tricolor, anoche reconoció que sí suscribió ese documento y además lo hizo público.
La firma del acuerdo no sólo afectó al presidente del blanquiazul. Su homóloga del PRI también salió raspada. Ex gobernadores, diputados y senadores que asistieron a la ceremonia por el 81 aniversario del Revolucionario Institucional señalaron que al signar ese convenio, la diputada no sólo se puso en evidencia, sino que su experiencia quedó en entredicho.
“Don Fernando (Gutiérrez Barrios) debe estarse revolcando en su tumba”, ironizó uno de los asistentes a la celebración priísta en el municipio de Zapopan, Jalisco, y sostuvo que no hay justificación alguna para firmar un acuerdo de esta naturaleza, “y menos aún para hacer público que nos chamaquearon”.
Murat condena pactos
De los pocos priístas que se atrevieron a responsabilizarse de sus declaraciones, el ex gobernador de Oaxaca José Murat condenó que su partido “haya firmado pactos que lastiman más la economía de distintos estratos del pueblo de México”.
La historia de mentiras y reconocimientos forzados empezó el martes pasado, cuando en entrevista televisiva Peña Nieto reveló la existencia del convenio y afirmó que éste se fraguó al calor de las negociaciones sobre el paquete económico 2010, que incluyó un aumento al IVA y otros impuestos.
Un día después, el presidente del PAN rechazó los dichos del mandatario. Negó haber suscrito un documento de esa naturaleza o que se haya comprometido a no realizar alianzas en el estado de México a cambio de que los legisladores priístas aprobaran la miscelánea fiscal.
Las declaraciones de César Nava llevaron a que su homóloga del PRI señalara la noche del miércoles que sí se suscribió el convenio y que amagara con utilizar los servicios de un grafólogo para autentificar la rúbrica del panista.
Frente al encontronazo de las dirigencias partidistas, senadores y diputados del PAN exigieron a Paredes, ayer por la mañana, que diera a conocer el documento “presuntamente firmado por Nava”. Si tiene pruebas, que las exponga, recalcó Rubén Camarillo.
El coordinador de los diputados federales del PRI, Francisco Rojas Gutiérrez, demandó que el jefe nacional de los panistas explicara por qué ahora niega haber suscrito ese convenio.
En medio de los dimes y diretes, Nava Vázquez tuvo que reconocer anoche que sí suscribió el acuerdo con Paredes, en reunión efectuada el 30 de octubre pasado, a la que asistieron el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y el secretario de Gobierno del estado de México, Luis Enrique Miranda, quienes estamparon su rúbrica en el documento en calidad de testigos.
Como parte del convenio, PAN y PRI se comprometieron a abstenerse de formar coaliciones electorales en el estado de México con otros partidos cuyos principios e ideología fueran contrarios a los que sostienen en sus respectivas declaraciones de principios, explicó el dirigente panista.
Resaltó que se firmó el acuerdo teniendo como base la obligación del PRI de apoyar en sus términos, en el Senado de la República, la Ley de Ingresos previamente aprobada en la Cámara de Diputados. Cabe destacar que esa cláusula no aparece en el documento que el propio Nava distribuyó anoche.
En conferencia de prensa, el presidente del PAN destacó que el PRI incumplió el acuerdo, pues en la sesión senatorial del 5 de noviembre pasado sólo ocho de los 33 senadores priístas permanecieron en el salón de plenos y todos se abstuvieron de votar en favor de la Ley de Ingresos.
Ante el “flagrante incumplimiento del PRI, el acuerdo quedó sin efecto alguno”, enfatizó.
En consecuencia, dijo, el PAN está en absoluta libertad y autonomía de plantear la discusión sobre la posible formación de una coalición en el estado de México para la elección de 2011.
–¿Por qué mintió a la opinión pública al declarar que no había firmado acuerdo alguno o pacto con el PRI, y por qué no se notificó al Comité Ejecutivo Nacional del convenio? –se le preguntó.
–En primer lugar, este acuerdo no fue puesto en el conocimiento del CEN, precisamente porque el incumplimiento del PRI lo hizo innecesario. Estaba contemplada la posibilidad de hacerlo del conocimiento del comité nacional para su eventual aprobación; sin embargo, al quedar sin efectos, al quedar sin vigencia ni validez alguna, no fue necesario hacer esta presentación. Por otra parte, es cierto que en un primer momento no hice pública la firma de este acuerdo. Lo hice por respeto al principio de confidencialidad que rige esta clase de relación y de acuerdos políticos. Sin embargo, una vez que la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, ha violado la confidencialidad de este acuerdo, me encuentro en absoluta libertad para divulgar sus términos y entregarlo a los medios de comunicación.
César Nava aseguró que el presidente Felipe Calderón en ningún momento estuvo al tanto ni informado de la celebración del acuerdo, el cual consta de seis cláusulas. La última de ellas refiere que el convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y que tendrá vigencia hasta el 31 de julio de 2011.
En otro de los apartados, los dirigentes de PRI y PAN se obligan a revisar la normatividad jurídica que regula la formación y funcionamiento de las coaliciones y, en su caso, promover las reformas correspondientes con la finalidad de evitar que dicha figura sea utilizada como instrumento de coyuntura electoral.
Una vez conocidas las declaraciones de Nava, el coordinador de los senadores priístas, Manlio Fabio Beltrones, dijo que no tenía conocimiento del pacto citado. “Que nos digan quién lo hizo, porque nosotros no lo hicimos ni conocemos en qué términos se haya podido dar, si es que es cierto. Los senadores del PRI y un servidor tenemos en alto y mucho respeto por el valor de la palabra dada”, puntualizó.
Con información de Andrea Becerril, Víctor Ballinas, Enrique Méndez y Roberto Garduño
La Autónoma de Guanajuato, en huelga por primera vez desde la década de 1970
Piden aumento salarial de 12%; las autoridades ofrecen sólo 4%
Trabajadores de la Universidad de Guanajuato colocaron ayer las banderas rojinegras, mientras autoridades y sindicato negociaban en la Junta Local de Conciliación y ArbitrajeFoto Carlos García
Carlos García
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 5 de marzo de 2010, p. 36
Guanajuato, Gto., 4 de marzo. La Asociación Sindical de Personal Académico y Administrativo de la Universidad de Guanajuato (ASPAAUG) inició una huelga en demanda de incremento salarial de 12 por ciento y revisión total del contrato colectivo de trabajo. Las autoridades universitarias ofrecen un aumento de sólo 4 por ciento.
A partir de las 18 horas de este jueves, los más de 3 mil profesores comenzaron a suspender clases en 63 planteles de la Universidad de Guanajuato (UG), adonde acuden 35 mil estudiantes preparatorianos, técnicos universitarios, de licenciatura, de especialidades, maestrías, doctorados y cursos de extensión.
Desde el pasado viernes, la asamblea de la ASPAAUG se encuentra en sesión permanente y este jueves, entre las 18 y 20 horas, con el voto de 80 delegados a favor y 20 en contra, acordó estallar la huelga en el edificio central de la máxima casa de estudios de la entidad. El paro anterior en la UG ocurrió en la década de 1970, con el sindicato de trabajadores administrativos.
A las 20:10 de este jueves los docentes comenzaron a colocar las banderas rojinegras en el acceso del edificio principal, así como en diversos planteles, donde también pegaron sellos de clausura.
Minutos después, el director de asuntos jurídicos de la UG, Manuel Orozco Arroyo, arribó para informar que las autoridades universitarias y el sindicato había acordado recorrer el emplazamiento a las 12 de la noche.
“Se acordó diferir la huelga a las 12 de la noche. Materialmente estalló la huelga, pero legalmente no”, argumentó, mientras el notario, Joel Modesto Esparza daba fe de los hechos.
En tanto, la secretaria general de la ASPAAUG, Carmen Cano Canchola, y el secretario administrativo de la UG, Martín Pantoja Aguilar, continuaban con las negociaciones en la junta local de conciliación y arbitraje para asuntos universitarios.
A las 22 horas el secretario de actas y acuerdos, José Gutiérrez notificó que la UG había hecho una nueva propuesta que incluía 300 mil pesos más para el fondo de prevención y uno por ciento más en prestaciones económicas.
Agregó que la junta de conciliación avaló la colocación de sellos y banderas de huelga en “previsión técnica” porque no se había llegado a un acuerdo.
Hasta el cierre de esta edición se mantenían las banderas rojinegras, mientras sindicato y autoridades dialogaban.
Trabajadores de la Universidad de Guanajuato colocaron ayer las banderas rojinegras, mientras autoridades y sindicato negociaban en la Junta Local de Conciliación y ArbitrajeFoto Carlos García
Carlos García
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 5 de marzo de 2010, p. 36
Guanajuato, Gto., 4 de marzo. La Asociación Sindical de Personal Académico y Administrativo de la Universidad de Guanajuato (ASPAAUG) inició una huelga en demanda de incremento salarial de 12 por ciento y revisión total del contrato colectivo de trabajo. Las autoridades universitarias ofrecen un aumento de sólo 4 por ciento.
A partir de las 18 horas de este jueves, los más de 3 mil profesores comenzaron a suspender clases en 63 planteles de la Universidad de Guanajuato (UG), adonde acuden 35 mil estudiantes preparatorianos, técnicos universitarios, de licenciatura, de especialidades, maestrías, doctorados y cursos de extensión.
Desde el pasado viernes, la asamblea de la ASPAAUG se encuentra en sesión permanente y este jueves, entre las 18 y 20 horas, con el voto de 80 delegados a favor y 20 en contra, acordó estallar la huelga en el edificio central de la máxima casa de estudios de la entidad. El paro anterior en la UG ocurrió en la década de 1970, con el sindicato de trabajadores administrativos.
A las 20:10 de este jueves los docentes comenzaron a colocar las banderas rojinegras en el acceso del edificio principal, así como en diversos planteles, donde también pegaron sellos de clausura.
Minutos después, el director de asuntos jurídicos de la UG, Manuel Orozco Arroyo, arribó para informar que las autoridades universitarias y el sindicato había acordado recorrer el emplazamiento a las 12 de la noche.
“Se acordó diferir la huelga a las 12 de la noche. Materialmente estalló la huelga, pero legalmente no”, argumentó, mientras el notario, Joel Modesto Esparza daba fe de los hechos.
En tanto, la secretaria general de la ASPAAUG, Carmen Cano Canchola, y el secretario administrativo de la UG, Martín Pantoja Aguilar, continuaban con las negociaciones en la junta local de conciliación y arbitraje para asuntos universitarios.
A las 22 horas el secretario de actas y acuerdos, José Gutiérrez notificó que la UG había hecho una nueva propuesta que incluía 300 mil pesos más para el fondo de prevención y uno por ciento más en prestaciones económicas.
Agregó que la junta de conciliación avaló la colocación de sellos y banderas de huelga en “previsión técnica” porque no se había llegado a un acuerdo.
Hasta el cierre de esta edición se mantenían las banderas rojinegras, mientras sindicato y autoridades dialogaban.
los perros que ni a los de casa respetan.
Encuentro en el estado para la firma de un convenio de productividad terminó en confrontación
Gobernador de Colima exige a Lozano “cumplir su trabajo y no faltar al respeto”
El equipo del titular de la STPS canceló conferencia de prensa porque “se le pidió equilibrio”
De la corresponsalía
Periódico La Jornada
Viernes 5 de marzo de 2010, p. 21
Colima, Col., 4 de marzo. La visita del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, con motivo de la firma de un acuerdo para la productividad laboral en el estado terminó en confrontación verbal con el gobernador Mario Anguiano Moreno.
En conferencia de prensa, el mandatario de la entidad exigió hoy al funcionario federal que “cumpla sus tareas oficiales y no falte al respeto” al gobierno de Colima; “que (Lozano) aspire a ser candidato de su partido a la Presidencia de la República es absolutamente entendible, pero que no nos falte al respeto”.
Según narró el gobernador, el desencuentro empezó con los trabajos de organización de la visita del funcionario federal. “Le dijeron a nuestro equipo que querían manejarse en lo privado, porque antes de llegar (al palacio de gobierno para la firma del convenio) iban a tener una reunión con actores políticos del Partido Acción Nacional”; por ello –explicó–, pidieron que el personal de gobierno del estado no fuera a recibirlo.
Durante la visita oficial y según la agenda, el gobernador y el titular de la STPS ofrecerían una conferencia de prensa, “pero empezaron a armar mamparas con puros logos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, nada más que la rueda de prensa era en el palacio de gobierno del estado de Colima, y era en el despacho del gobernador, por lo que el equipo del gobierno estatal pidió que se cuidaran los equilibrios y se manejara también la imagen del Ejecutivo local. Y que bajan todo y cancelan la rueda de prensa”, narró Mario Anguiano.
La explicación del gobernador se dio hoy en respuesta a una queja expresada por Javier Lozano ante los medios de comunicación, en la que señaló que al término de una reunión privada de poco más de cinco minutos con el gobernador suspendieron la conferencia de prensa, y que tampoco enviaron a nadie a recibirlo. “Lo lamento”, apuntó el pasado miércoles al abandonar la entidad.
El mandatario respondió hoy que a él le hubiera gustado que la visita transcurriera en términos cordiales, pero “ahora resulta que el secretario llega y quiere manejar las cosas bajo la premisa de ‘a ver si quiero’, es decir, a ver si los programas que maneja la Secretaría del Trabajo van a llegar a Colima.
“Nada más quiero decir una cosa; no le estamos pidiendo ningún favor al secretario del Trabajo y Previsión Social; es su absoluta obligación, porque además (dichos programas) están contemplados en el Presupuesto de Egresos, y quien tiene la facultad para aprobar esos recursos son los diputados. No le vamos a pedir, le vamos a exigir que cumpla con su tarea oficial, y no vamos a permitir, que le quede perfectamente claro al secretario, que se falte al respeto al gobierno del estado de Colima.
“Si nos dijeron que querían manejar su llegada de manera discreta, que no fuera muy notoria, si querían tener sus reuniones privadas, que las tuvieron en el hotel Marbella, por ejemplo, yo digo que es legítimo. Él aspira a la candidatura de su partido a la Presidencia de la República, lo que es absolutamente entendible. ¡Ah!, pero que no quiera involucrarnos; luego de que hace sus actos de tipo político, que nosotros respetamos... nos acusa de cometer una descortesía”.
Mario Anguiano informó que pedirá a la Conferencia Nacional de Gobernadores que analice la situación, porque “es un problema que se viene dando en todos los estados”, además de que evalúa la posibilidad de presentar una queja al Presidente de la República.
Gobernador de Colima exige a Lozano “cumplir su trabajo y no faltar al respeto”
El equipo del titular de la STPS canceló conferencia de prensa porque “se le pidió equilibrio”
De la corresponsalía
Periódico La Jornada
Viernes 5 de marzo de 2010, p. 21
Colima, Col., 4 de marzo. La visita del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, con motivo de la firma de un acuerdo para la productividad laboral en el estado terminó en confrontación verbal con el gobernador Mario Anguiano Moreno.
En conferencia de prensa, el mandatario de la entidad exigió hoy al funcionario federal que “cumpla sus tareas oficiales y no falte al respeto” al gobierno de Colima; “que (Lozano) aspire a ser candidato de su partido a la Presidencia de la República es absolutamente entendible, pero que no nos falte al respeto”.
Según narró el gobernador, el desencuentro empezó con los trabajos de organización de la visita del funcionario federal. “Le dijeron a nuestro equipo que querían manejarse en lo privado, porque antes de llegar (al palacio de gobierno para la firma del convenio) iban a tener una reunión con actores políticos del Partido Acción Nacional”; por ello –explicó–, pidieron que el personal de gobierno del estado no fuera a recibirlo.
Durante la visita oficial y según la agenda, el gobernador y el titular de la STPS ofrecerían una conferencia de prensa, “pero empezaron a armar mamparas con puros logos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, nada más que la rueda de prensa era en el palacio de gobierno del estado de Colima, y era en el despacho del gobernador, por lo que el equipo del gobierno estatal pidió que se cuidaran los equilibrios y se manejara también la imagen del Ejecutivo local. Y que bajan todo y cancelan la rueda de prensa”, narró Mario Anguiano.
La explicación del gobernador se dio hoy en respuesta a una queja expresada por Javier Lozano ante los medios de comunicación, en la que señaló que al término de una reunión privada de poco más de cinco minutos con el gobernador suspendieron la conferencia de prensa, y que tampoco enviaron a nadie a recibirlo. “Lo lamento”, apuntó el pasado miércoles al abandonar la entidad.
El mandatario respondió hoy que a él le hubiera gustado que la visita transcurriera en términos cordiales, pero “ahora resulta que el secretario llega y quiere manejar las cosas bajo la premisa de ‘a ver si quiero’, es decir, a ver si los programas que maneja la Secretaría del Trabajo van a llegar a Colima.
“Nada más quiero decir una cosa; no le estamos pidiendo ningún favor al secretario del Trabajo y Previsión Social; es su absoluta obligación, porque además (dichos programas) están contemplados en el Presupuesto de Egresos, y quien tiene la facultad para aprobar esos recursos son los diputados. No le vamos a pedir, le vamos a exigir que cumpla con su tarea oficial, y no vamos a permitir, que le quede perfectamente claro al secretario, que se falte al respeto al gobierno del estado de Colima.
“Si nos dijeron que querían manejar su llegada de manera discreta, que no fuera muy notoria, si querían tener sus reuniones privadas, que las tuvieron en el hotel Marbella, por ejemplo, yo digo que es legítimo. Él aspira a la candidatura de su partido a la Presidencia de la República, lo que es absolutamente entendible. ¡Ah!, pero que no quiera involucrarnos; luego de que hace sus actos de tipo político, que nosotros respetamos... nos acusa de cometer una descortesía”.
Mario Anguiano informó que pedirá a la Conferencia Nacional de Gobernadores que analice la situación, porque “es un problema que se viene dando en todos los estados”, además de que evalúa la posibilidad de presentar una queja al Presidente de la República.
Posponen otra vez revisión de juicio de amparo
Alfredo Méndez
Periódico La Jornada
Viernes 5 de marzo de 2010, p. 20
Por segundo día consecutivo, el cuarto tribunal colegiado en materia penal pospuso la discusión del caso del juicio de amparo en revisión tramitado por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), revelaron ayer fuentes judiciales. El tribunal reanudará este viernes su sesión y en la primera orden del día de su lista por casos a resolver destaca el litigio del SME.
Es muy probable que el tribunal únicamente estudie cuestiones de legalidad de esta demanda, a fin de que el resto del litigio, que tiene que ver con aspectos de constitucionalidad, los estudie la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Una vez que el órgano jurisdiccional tenga lista su resolución, la publicará en la lista de acuerdos que se puede revisar en los estrados del tribunal colegiado ubicado en el Palacio de Justicia Federal de San Lázaro.
Los principales argumentos del SME son que el decreto carece de debida motivación y fundamentación, omisión de audiencia previa al sindicato, invasión del Ejecutivo federal a las atribuciones del Legislativo y violación al artículo 123 de la Carta Magna, que tutela los derechos laborales.
En teoría, los tribunales colegiados sólo están facultados para estudiar cuestiones de forma y legalidad de los juicios de amparo (legitimidad e interés jurídico de los demandantes, entre otras cuestiones), y sólo la SCJN puede resolver si una norma secundaria viola la Carta Magna.
El cuarto tribunal sólo fallaría respecto de si tuvo razón la juez de distrito Guillermina Coutiño, al sobreseer (desechar por falta de legitimidad) las demandas planteadas por miles de trabajadores de LFC.
Periódico La Jornada
Viernes 5 de marzo de 2010, p. 20
Por segundo día consecutivo, el cuarto tribunal colegiado en materia penal pospuso la discusión del caso del juicio de amparo en revisión tramitado por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), revelaron ayer fuentes judiciales. El tribunal reanudará este viernes su sesión y en la primera orden del día de su lista por casos a resolver destaca el litigio del SME.
Es muy probable que el tribunal únicamente estudie cuestiones de legalidad de esta demanda, a fin de que el resto del litigio, que tiene que ver con aspectos de constitucionalidad, los estudie la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Una vez que el órgano jurisdiccional tenga lista su resolución, la publicará en la lista de acuerdos que se puede revisar en los estrados del tribunal colegiado ubicado en el Palacio de Justicia Federal de San Lázaro.
Los principales argumentos del SME son que el decreto carece de debida motivación y fundamentación, omisión de audiencia previa al sindicato, invasión del Ejecutivo federal a las atribuciones del Legislativo y violación al artículo 123 de la Carta Magna, que tutela los derechos laborales.
En teoría, los tribunales colegiados sólo están facultados para estudiar cuestiones de forma y legalidad de los juicios de amparo (legitimidad e interés jurídico de los demandantes, entre otras cuestiones), y sólo la SCJN puede resolver si una norma secundaria viola la Carta Magna.
El cuarto tribunal sólo fallaría respecto de si tuvo razón la juez de distrito Guillermina Coutiño, al sobreseer (desechar por falta de legitimidad) las demandas planteadas por miles de trabajadores de LFC.
SME: evidenció Lozano en el Senado la manipulación legal de conflictos laborales
Sin pudor, dijo que se usó figura de fuerza mayor contra electricistas
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Viernes 5 de marzo de 2010, p. 20
La comparecencia del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano, ante la comisión del Senado que da seguimiento al conflicto en Cananea “dejó en claro la manipulación legal que está haciendo el funcionario en los conflictos laborales, pues reconoció abiertamente que él puede anticipar lo que van a resolver y dictar la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) y otras instancias legales”, sostuvo el secretario del exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Fernando Amezcua.
“No tuvo pudor para señalar que se utilizó la figura de fuerza mayor tanto para acabar con la contratación colectiva de los mineros de Cananea como para extinguir Luz y Fuerza del Centro (LFC), es decir, lejos de tener razonamientos técnicos o económicos, el gobierno federal utilizó una treta legaloide para acabar con gremios que no quiere”, expuso el dirigente en conferencia de prensa.
Resulta abrumadora –señaló– la evidencia antisindical que mostró Lozano, y es indignante que diga que por ser abogado puede anticipar las resoluciones de las instancias de justicia laboral, cuando más bien éstas –como la JFCA– responden a la órdenes del funcionario, que “ya se convirtió en juez y parte” en los conflictos sindicales y “nunca en intermediario” de los mismos, sostuvo Amezcua.
Por si fuera poco –agregó–, ahora resulta que para el secretario del Trabajo “es una propuesta indecorosa” que las organizaciones demanden el pago de daño moral; no le interesa ni respeta las decisiones de los trabajadores tomadas en asambleas, además de que no tiene pruebas de sus acusaciones, como la que repite de que Napoleón Gómez Urrutia pidió 100 millones de dólares para levantar la huelga de Cananea, ni de sus afirmaciones de que hubo robos y saqueo en esa mina, y menos tiene argumentos objetivos para sostener que fue “causa de fuerza mayor” el despido de los electricistas, pues la materia de trabajo subsiste.
El mensaje que deja Lozano es que este gobierno tiene –como una “estrellita en la frente”– el objetivo de ir por los grandes negocios, pasando por encima de los trabajadores. Por ejemplo, el de las telecomunicaciones –en la zona centro del país– es de casi 6 mil millones de dólares al año; “de ese tamaño son los intereses que hay detrás de la desaparición de LFC”. En tanto, en todo el país el negocio de la CFE es de 21 mil millones de pesos anuales, indicó.
Junto con el líder del SME, Martín Esparza Flores, Amezcua dio a conocer la agenda de actividades de este gremio en los próximos días. Señalaron que además de seguir preparando la huelga nacional para el próximo 16 de marzo –fecha en que colocarán las banderas rojinegras en todos los centros de trabajo, estaciones y subestaciones de LFC–, continuarán apoyando a los mineros de Cananea.
Hoy sale un camión rumbo esa ciudad sonorense con trabajadores del SME, representantes de la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular, del Frente Sindical Mexicano, el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical y de organizaciones estudiantiles universitarias, quienes van a respaldar la lucha de los trabajadores en huelga y a realizar ahí una convención rumbo al paro cívico nacional.
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Viernes 5 de marzo de 2010, p. 20
La comparecencia del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano, ante la comisión del Senado que da seguimiento al conflicto en Cananea “dejó en claro la manipulación legal que está haciendo el funcionario en los conflictos laborales, pues reconoció abiertamente que él puede anticipar lo que van a resolver y dictar la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) y otras instancias legales”, sostuvo el secretario del exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Fernando Amezcua.
“No tuvo pudor para señalar que se utilizó la figura de fuerza mayor tanto para acabar con la contratación colectiva de los mineros de Cananea como para extinguir Luz y Fuerza del Centro (LFC), es decir, lejos de tener razonamientos técnicos o económicos, el gobierno federal utilizó una treta legaloide para acabar con gremios que no quiere”, expuso el dirigente en conferencia de prensa.
Resulta abrumadora –señaló– la evidencia antisindical que mostró Lozano, y es indignante que diga que por ser abogado puede anticipar las resoluciones de las instancias de justicia laboral, cuando más bien éstas –como la JFCA– responden a la órdenes del funcionario, que “ya se convirtió en juez y parte” en los conflictos sindicales y “nunca en intermediario” de los mismos, sostuvo Amezcua.
Por si fuera poco –agregó–, ahora resulta que para el secretario del Trabajo “es una propuesta indecorosa” que las organizaciones demanden el pago de daño moral; no le interesa ni respeta las decisiones de los trabajadores tomadas en asambleas, además de que no tiene pruebas de sus acusaciones, como la que repite de que Napoleón Gómez Urrutia pidió 100 millones de dólares para levantar la huelga de Cananea, ni de sus afirmaciones de que hubo robos y saqueo en esa mina, y menos tiene argumentos objetivos para sostener que fue “causa de fuerza mayor” el despido de los electricistas, pues la materia de trabajo subsiste.
El mensaje que deja Lozano es que este gobierno tiene –como una “estrellita en la frente”– el objetivo de ir por los grandes negocios, pasando por encima de los trabajadores. Por ejemplo, el de las telecomunicaciones –en la zona centro del país– es de casi 6 mil millones de dólares al año; “de ese tamaño son los intereses que hay detrás de la desaparición de LFC”. En tanto, en todo el país el negocio de la CFE es de 21 mil millones de pesos anuales, indicó.
Junto con el líder del SME, Martín Esparza Flores, Amezcua dio a conocer la agenda de actividades de este gremio en los próximos días. Señalaron que además de seguir preparando la huelga nacional para el próximo 16 de marzo –fecha en que colocarán las banderas rojinegras en todos los centros de trabajo, estaciones y subestaciones de LFC–, continuarán apoyando a los mineros de Cananea.
Hoy sale un camión rumbo esa ciudad sonorense con trabajadores del SME, representantes de la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular, del Frente Sindical Mexicano, el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical y de organizaciones estudiantiles universitarias, quienes van a respaldar la lucha de los trabajadores en huelga y a realizar ahí una convención rumbo al paro cívico nacional.
En su comparecencia, Lozano actuó como “intransigente abogado de Minera México”
Dejó claro que el Poder Judicial le adelantó la resolución sobre Cananea: Tomás Torres
El Congreso debe insistir en que se quite a Larrea la concesión del yacimiento, dice el senador perredista
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Viernes 5 de marzo de 2010, p. 19
Durante su comparecencia ante la comisión que da seguimiento al conflicto en Cananea, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, “asumió la defensa de Minera México, a grado tal que durante las casi cinco horas que duró la reunión fue como si estuviéramos hablando con un intransigente abogado de la empresa”, comentó el senador perredista Tomás Torres.
Advirtió que la postura del funcionario de asumir la representación de la parte patronal en el conflicto obliga al Congreso de la Unión a insistir en la demanda de que se revoque al grupo del empresario Germán Larrea la concesión para explotar el yacimiento de Cananea.
El senador del PRD, uno de los que un día antes cuestionaron fuertemente al secretario del Trabajo, dijo que difiere por completo de lo expresado por el funcionario, en el sentido de que ya está definido el conflicto, con la resolución del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, por la que se negó amparo a los mineros y se ratificó la terminación de relaciones laborales acordada por las autoridades del sector.
“Seguramente, cuando se haga público el contenido de esa sentencia se llegará a la conclusión de que se puede impugnar, aunque el secretario del Trabajo quiera darle carácter de definitiva y anoche haya asegurado que no procederá ningún otro recurso.”
El perredista agregó que en su participación, Lozano Alarcón “dejó también claro que de manera ilegal y contraria a la ética el Poder Judicial le adelantó la resolución por la que se ratifica la terminación de relaciones laborales en Cananea.
El secretario del Trabajo, Javier Lozano, durante su comparecencia del pasado miércoles en el SenadoFoto Jesús Villaseca
Por su experiencia como litigante, el senador Torres detalló que en el informe que el funcionario federal leyó a los senadores –y diputados– asistentes a la convocatoria, se refirió a partes de la sentencia que no son públicas, porque aún no se notifican.
Durante la reunión de la noche del miércoles se le preguntó al respecto al funcionario, pero éste rechazó que se actuara de manera ilegal y justificó el hecho de que el pasado 14 de febrero se haya difundido un boletín donde se detallan aspectos de la sentencia aún no notificada a las partes en conflicto, con el argumento de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no tiene una oficina de difusión.
Tal respuesta no es satisfactoria –agregó el senador zacatecano. “El hecho de que el secretario del Trabajo anticipe que la sentencia de amparo niega al sindicato minero la protección constitucional y lo manifieste con tanto detalle, revela que hay comunicación de las autoridades de la dependencia con el juzgado.
“Eso no sólo es ilegal y antiético, porque afecta los intereses de las partes, sino que pone en riesgo la integridad del Poder Judicial.”
Lo más grave –advirtió– “es que Lozano asuma el carácter de defensor de la empresa, como ayer lo hizo”.
El senador Torres consideró que el funcionario ha perdido representatividad con organismos sindicales, tiene poca operación política y “poco le ayuda a Calderón, porque en lugar de resolver crea más conflictos y un distanciamiento con el Congreso”. No lo han valorado, “pero el resultado va a ser la nula comunicación con el Poder Legislativo”.
El Congreso debe insistir en que se quite a Larrea la concesión del yacimiento, dice el senador perredista
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Viernes 5 de marzo de 2010, p. 19
Durante su comparecencia ante la comisión que da seguimiento al conflicto en Cananea, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, “asumió la defensa de Minera México, a grado tal que durante las casi cinco horas que duró la reunión fue como si estuviéramos hablando con un intransigente abogado de la empresa”, comentó el senador perredista Tomás Torres.
Advirtió que la postura del funcionario de asumir la representación de la parte patronal en el conflicto obliga al Congreso de la Unión a insistir en la demanda de que se revoque al grupo del empresario Germán Larrea la concesión para explotar el yacimiento de Cananea.
El senador del PRD, uno de los que un día antes cuestionaron fuertemente al secretario del Trabajo, dijo que difiere por completo de lo expresado por el funcionario, en el sentido de que ya está definido el conflicto, con la resolución del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, por la que se negó amparo a los mineros y se ratificó la terminación de relaciones laborales acordada por las autoridades del sector.
“Seguramente, cuando se haga público el contenido de esa sentencia se llegará a la conclusión de que se puede impugnar, aunque el secretario del Trabajo quiera darle carácter de definitiva y anoche haya asegurado que no procederá ningún otro recurso.”
El perredista agregó que en su participación, Lozano Alarcón “dejó también claro que de manera ilegal y contraria a la ética el Poder Judicial le adelantó la resolución por la que se ratifica la terminación de relaciones laborales en Cananea.
El secretario del Trabajo, Javier Lozano, durante su comparecencia del pasado miércoles en el SenadoFoto Jesús Villaseca
Por su experiencia como litigante, el senador Torres detalló que en el informe que el funcionario federal leyó a los senadores –y diputados– asistentes a la convocatoria, se refirió a partes de la sentencia que no son públicas, porque aún no se notifican.
Durante la reunión de la noche del miércoles se le preguntó al respecto al funcionario, pero éste rechazó que se actuara de manera ilegal y justificó el hecho de que el pasado 14 de febrero se haya difundido un boletín donde se detallan aspectos de la sentencia aún no notificada a las partes en conflicto, con el argumento de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no tiene una oficina de difusión.
Tal respuesta no es satisfactoria –agregó el senador zacatecano. “El hecho de que el secretario del Trabajo anticipe que la sentencia de amparo niega al sindicato minero la protección constitucional y lo manifieste con tanto detalle, revela que hay comunicación de las autoridades de la dependencia con el juzgado.
“Eso no sólo es ilegal y antiético, porque afecta los intereses de las partes, sino que pone en riesgo la integridad del Poder Judicial.”
Lo más grave –advirtió– “es que Lozano asuma el carácter de defensor de la empresa, como ayer lo hizo”.
El senador Torres consideró que el funcionario ha perdido representatividad con organismos sindicales, tiene poca operación política y “poco le ayuda a Calderón, porque en lugar de resolver crea más conflictos y un distanciamiento con el Congreso”. No lo han valorado, “pero el resultado va a ser la nula comunicación con el Poder Legislativo”.
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