Rechazo a la reforma laboral, otra de las demandas
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Jueves 29 de abril de 2010, p. 43
Las principales consignas de la marcha de este primero de mayo son el rechazo total a la reforma laboral del PAN y el repudio a la política en el rubro del presidente Felipe Calderón y de su secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, “quien ha criminalizado la protesta obrera y cancelado, con procedimientos arbitrarios inconstitucionales e ilegales, las conquistas sociales contenidas en los contratos colectivos”.
A esta movilización concurrirán organizaciones sindicales, campesinas y sociales, que marcharán desde el Ángel de la Independencia, la Glorieta de Colón y el Hemiciclo a Juárez, hasta el Zócalo, informaron ayer organizaciones que integran la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), que hicieron además un diagnóstico de cómo llega el sector a este día y lo resumieron en una sola frase: “muy golpeado”.
En la sesión plenaria de la UNT, esta central dio a conocer los planteamientos que se llevarán en el Día del Trabajo, y sostuvo que hay coincidencia de las organizaciones en demandar que “renuncie” el secretario del Trabajo, Javier Lozano; señalaron que la posición antisindical del actual gobierno tiene su expresión más acabada en la iniciativa de reforma laboral que el PAN presentó en la Cámara de Diputados, a la que todas las organizaciones de esta unión se oponen.
Los dirigentes informaron que en el Día del Trabajo de este año marcharán todas las agrupaciones que conforman el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos y las Libertades Democráticas, entre los que están además de la UNT, la Confederación Nacional Campesina; la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación; la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios y de Educación Superior, el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros y el Frente Sindical Mexicano, entre otras organizaciones.
Para la UNT, también es fundamental dejar en claro en este primero de mayo que hay respaldo total de las organizaciones a los sindicatos de electricistas y de mineros, e incluso se estima que un representante de este último sindicato tome la palabra en el mitin que iniciará a las 11 de la mañana en el Zócalo.
Al respecto, Agustín Rodríguez, de la presidencia colegiada de la UNT, explicó que se trata de dar en esta fecha un posicionamiento político más enérgico de las organizaciones sindicales, campesinas y sociales, pues “no se puede mantener una postura pasiva”, ante los posibles “funerales” de la Ley Federal del Trabajo y de los propios trabajadores.
Se cuestionó que el gobierno no vea lo que está pasando en el sector laboral, en el que continúa la cancelación de plazas de trabajo y ya hay más de un millón de personas que han perdido su empleo en este sexenio. “Los salarios están en el piso, hay una migración permanente de desempleados hacia el sector informal de la economía, ya que no hay, por más que se insista en el discurso oficial, un palpable crecimiento económico”, finalizó Rodríguez.
EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION SUBESTACIONES TOLUCA CONTINUA EN PIE DE LUCHA CON LA CONVICCION DE OBTENER LA VICTORIA EN LA DEFENSA DE NUESTRO TRABAJO.
EN MEMORIA DE UN MIEMBRO DE OPERACION
DESCANSE EN PAZ EL C. RICARDO GONZALEZ BECERRIL
jueves, 29 de abril de 2010
Martín Esparza no será detenido
Alejandro Cruz Flores
Periódico La Jornada
Jueves 29 de abril de 2010, p. 43
El juez 32 de lo penal negó la solicitud de orden de aprehensión contra el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores, al considerar que no hay delito en la denuncia que en su contra presentó la Coalición de Miembros de ese gremio por supuesto uso de documentos falsos, informó el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Distrito Federal (TSJDF), Édgar Elías Azar.
El dirigente de la citada coalición, Alejandro Muñoz, acusó a Esparza Flores ante la Procuraduría General de la República por supuesto cobro de una factura apócrifa, por 138 mil pesos, razón por la cual la dependencia federal solicitó la aprehensión del líder electricista, petición que el juez desechó al considerar que “no había fundamentos para la acusación”.
El juzgador, explicó Elías Azar, “determinó que no hay documento falso”, aunque, advirtió que el Ministerio Público Federal puede apelar del fallo, y de ser así, corresponderá a una sala penal del TSJDF conocer del caso. “En este momento está negada la orden de aprehensión, porque el juez no encontró elementos y consideró que era un asunto menor”.
Periódico La Jornada
Jueves 29 de abril de 2010, p. 43
El juez 32 de lo penal negó la solicitud de orden de aprehensión contra el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores, al considerar que no hay delito en la denuncia que en su contra presentó la Coalición de Miembros de ese gremio por supuesto uso de documentos falsos, informó el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Distrito Federal (TSJDF), Édgar Elías Azar.
El dirigente de la citada coalición, Alejandro Muñoz, acusó a Esparza Flores ante la Procuraduría General de la República por supuesto cobro de una factura apócrifa, por 138 mil pesos, razón por la cual la dependencia federal solicitó la aprehensión del líder electricista, petición que el juez desechó al considerar que “no había fundamentos para la acusación”.
El juzgador, explicó Elías Azar, “determinó que no hay documento falso”, aunque, advirtió que el Ministerio Público Federal puede apelar del fallo, y de ser así, corresponderá a una sala penal del TSJDF conocer del caso. “En este momento está negada la orden de aprehensión, porque el juez no encontró elementos y consideró que era un asunto menor”.
Se suman seis trabajadores más a la huelga de hambre del SME
Siguen las movilizaciones de electricistas por varios puntos de la ciudad
Directivos de la CFE suspenden reunión con inversionistas privados ante protesta
Demanda de integrantes del SME frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la NaciónFoto Yazmín Ortega Cortés
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Jueves 29 de abril de 2010, p. 43
Son ya 36 los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en huelga de hambre, luego de que ayer seis más se sumaron al ayuno en el Zócalo. En paralelo a esta protesta, integrantes del gremio han emprendido movilizaciones e incluso ayer mismo marcharon hasta la Torre Mayor para impedir una reunión en la que directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentaban a inversionistas privados “propuestas de negocios en áreas que pertenecieron a Luz y Fuerza del Centro (LFC)”.
Este gobierno está subastando el sector y sus bienes, las empresas públicas y el país, denunció el dirigente del SME, Martín Esparza, en este acto que provocó la movilización inmediata de la policía capitalina, la cual les impidió el paso al edificio al que pretendían ingresar. No obstante, la reunión que se realizaba en el noveno piso se suspendió.
Los electricistas han emprendido diversas acciones para acompañar la huelga de hambre de sus compañeros. También este miércoles realizaron una marcha en las inmediaciones del Zócalo; rodearon de flores blancas la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la víspera hicieron un camino de velas blancas que iba desde su campamento hasta el máximo tribunal.
Para hoy, señaló Esparza, se tiene previsto que los jubilados realicen un mitin en el Senado “en protesta porque quieren pasar sus regímenes jubilatorios al esquema del IMSS”. En tanto, en la Cámara de Diputados, legisladores están impulsando un punto de acuerdo para llamar a rendir cuentas al director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) por el enorme saqueo que ha permitido en LFC.
No puede quedar impune el saqueo que se ha cometido contra la paraestatal, el SME tiene el inventario de los vehículos, materiales y herramientas que debería haber en cada uno de los centros de trabajo, los cuales prácticamente ya fueron vaciados, y de ello tendrá que responder el encargado del SAE, aseguró el dirigente.
Defendió que en este cuarto día de huelga de hambre, los trabajadores están realizando una acción extrema para sensibilizar a la SCJN y al pueblo de que es necesario restablecer el estado de derecho en el país y devolver a los ciudadanos las garantías individuales secuestradas por los gobernantes, quienes están representando sólo los intereses de la oligarquía del país.
Llamó la atención respecto de que este gobierno ha puesto un sinnúmero de “cortinas de humo” para que la población no vea el saqueo que está cometiendo con los bienes nacionales, la venta de los sectores estratégicos y el posicionamiento económico y negocios de los amigos del régimen. Dijo en este sentido que los problemas nacionales del país han sido relegados por el régimen y hay un verdadero rezago de las tareas gubernamentales, así como un desprecio a temas sensibles.
Por su parte, el secretario del Interior del SME, Humberto Montes de Oca, dio a conocer los nombres de los seis trabajadores que ayer se integraron a la huelga de hambre y que son: Rodolfo Cisneros Reza, Gerardo del Canto Pérez, Marco Antonio Moreno Aranda, Miguel Ángel Domínguez León, Miguel Ángel Pérez López y David Guzmán Rojas.
También informó que el SME está invitado a participar en la conmemoración del primero de Mayo en Chicago, precisamente “la cuna de la defensa de los derechos laborales”, y en este acto se llevará la denuncia de lo que está pasando en México en materia laboral.
Directivos de la CFE suspenden reunión con inversionistas privados ante protesta
Demanda de integrantes del SME frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la NaciónFoto Yazmín Ortega Cortés
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Jueves 29 de abril de 2010, p. 43
Son ya 36 los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en huelga de hambre, luego de que ayer seis más se sumaron al ayuno en el Zócalo. En paralelo a esta protesta, integrantes del gremio han emprendido movilizaciones e incluso ayer mismo marcharon hasta la Torre Mayor para impedir una reunión en la que directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentaban a inversionistas privados “propuestas de negocios en áreas que pertenecieron a Luz y Fuerza del Centro (LFC)”.
Este gobierno está subastando el sector y sus bienes, las empresas públicas y el país, denunció el dirigente del SME, Martín Esparza, en este acto que provocó la movilización inmediata de la policía capitalina, la cual les impidió el paso al edificio al que pretendían ingresar. No obstante, la reunión que se realizaba en el noveno piso se suspendió.
Los electricistas han emprendido diversas acciones para acompañar la huelga de hambre de sus compañeros. También este miércoles realizaron una marcha en las inmediaciones del Zócalo; rodearon de flores blancas la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la víspera hicieron un camino de velas blancas que iba desde su campamento hasta el máximo tribunal.
Para hoy, señaló Esparza, se tiene previsto que los jubilados realicen un mitin en el Senado “en protesta porque quieren pasar sus regímenes jubilatorios al esquema del IMSS”. En tanto, en la Cámara de Diputados, legisladores están impulsando un punto de acuerdo para llamar a rendir cuentas al director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) por el enorme saqueo que ha permitido en LFC.
No puede quedar impune el saqueo que se ha cometido contra la paraestatal, el SME tiene el inventario de los vehículos, materiales y herramientas que debería haber en cada uno de los centros de trabajo, los cuales prácticamente ya fueron vaciados, y de ello tendrá que responder el encargado del SAE, aseguró el dirigente.
Defendió que en este cuarto día de huelga de hambre, los trabajadores están realizando una acción extrema para sensibilizar a la SCJN y al pueblo de que es necesario restablecer el estado de derecho en el país y devolver a los ciudadanos las garantías individuales secuestradas por los gobernantes, quienes están representando sólo los intereses de la oligarquía del país.
Llamó la atención respecto de que este gobierno ha puesto un sinnúmero de “cortinas de humo” para que la población no vea el saqueo que está cometiendo con los bienes nacionales, la venta de los sectores estratégicos y el posicionamiento económico y negocios de los amigos del régimen. Dijo en este sentido que los problemas nacionales del país han sido relegados por el régimen y hay un verdadero rezago de las tareas gubernamentales, así como un desprecio a temas sensibles.
Por su parte, el secretario del Interior del SME, Humberto Montes de Oca, dio a conocer los nombres de los seis trabajadores que ayer se integraron a la huelga de hambre y que son: Rodolfo Cisneros Reza, Gerardo del Canto Pérez, Marco Antonio Moreno Aranda, Miguel Ángel Domínguez León, Miguel Ángel Pérez López y David Guzmán Rojas.
También informó que el SME está invitado a participar en la conmemoración del primero de Mayo en Chicago, precisamente “la cuna de la defensa de los derechos laborales”, y en este acto se llevará la denuncia de lo que está pasando en México en materia laboral.
Presiona sindicato de la PGR a trabajadores
Gustavo Castillo GarcíaPeriódico La Jornada
Jueves 29 de abril de 2010, p. 42
Sin esperar a que se resuelvan todos los juicios de amparo en contra de la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR), que obliga a que todos los trabajadores sean de confianza y se sometan, entre otras pruebas, al polígrafo, la dependencia ha comenzado a repartir los formatos para que los empleados decidan si se acogen a un programa de retiro voluntario –supuestamente se pasan a otra dependencia aunque no hay ningún convenio para ello– o dejan de pertenecer a la base laboral, informó Sergio Chico Méndez, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la PGR.
Chico Méndez puntualizó que “a través del Sindicato Nacional de Trabajadores de la PGR, dirigido por Humberto Nava, se están distribuyendo los formatos para que los sindicalizados decidan su suerte como trabajadores, situación que es totalmente ilegal y contra los derechos laborales”.
Señaló que “actualmente existen decenas de solicitudes de amparo, que se desahogan en tribunales de primera instancia, y también han llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación diversos recursos para que se analice la constitucionalidad de las reformas que ahora obligan a los empleados de la PGR a dejar de ser trabajadores de base y ser sujetos a exámenes de confianza”.
Jueves 29 de abril de 2010, p. 42
Sin esperar a que se resuelvan todos los juicios de amparo en contra de la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR), que obliga a que todos los trabajadores sean de confianza y se sometan, entre otras pruebas, al polígrafo, la dependencia ha comenzado a repartir los formatos para que los empleados decidan si se acogen a un programa de retiro voluntario –supuestamente se pasan a otra dependencia aunque no hay ningún convenio para ello– o dejan de pertenecer a la base laboral, informó Sergio Chico Méndez, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la PGR.
Chico Méndez puntualizó que “a través del Sindicato Nacional de Trabajadores de la PGR, dirigido por Humberto Nava, se están distribuyendo los formatos para que los sindicalizados decidan su suerte como trabajadores, situación que es totalmente ilegal y contra los derechos laborales”.
Señaló que “actualmente existen decenas de solicitudes de amparo, que se desahogan en tribunales de primera instancia, y también han llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación diversos recursos para que se analice la constitucionalidad de las reformas que ahora obligan a los empleados de la PGR a dejar de ser trabajadores de base y ser sujetos a exámenes de confianza”.
En el Senado, ley que busca rematar los bienes de la nación, denuncia Monreal
A escondidas pretenden aprobar la iniciativa que permite la privatización de la electricidad, dice
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Jueves 29 de abril de 2010, p. 19
En el penúltimo día de sesiones, este jueves, el Senado votará la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas, por la que se abre el camino a la privatización total de la electricidad y se posibilita la intervención de trasnacionales en la prestación de servicios en todos los sectores, fundamentalmente el educativo, de salud, carretero, hidráulico, entre otros.
“Quieren aprovechar el cierre del periodo para sacar casi a escondidas esa ley, que no es otra cosa que una venta de garaje de los bienes de la nación”, advirtió el coordinador de los senadores del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Monreal, quien hoy presentará un voto particular sobre esa reforma.
El dictamen de esa reforma presidencial, que ayer quedó en primera lectura, permite a las dependencias gubernamentales adjudicar contratos de manera directa y hasta por 40 años a la iniciativa privada y extranjera, para obras que serán financiadas con recursos presupuestales.
En el mismo, Monreal denuncia que nunca fue convocado a discutir el dictamen que se pretende aprobar.
Igualmente, el senador Alfonso Sánchez Anaya del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que su bancada votará en contra de la iniciativa presidencial, ya que legaliza la “entrega de la áreas estratégicas y los bienes de la nación” a consorcios nacionales y multinacionales que podrán construir escuelas, hospitales y cárceles y administrarlos, comprometiendo las finanzas públicas por casi medio siglo.
Por ejemplo, mencionó que las asociaciones público-privadas para el desarrollo carretero que operarán en este 2010 significarán un costo elevado, de casi 38 millones por cada kilómetro, lo que representa un costo 65 por ciento superior a lo que se erogaría si esa infraestructura fuera levantada únicamente con recursos públicos.
El presidente de la Comisión de Comercio del Senado, Eloy Cantú, sostuvo que los cambios a la iniciativa original que el presidente Felipe Calderón hizo llegar a esa cámara en noviembre de 2008 permitirán que la iniciativa privada participe en la construcción de infraestructura nueva, no la ya existente, además de que en ningún caso se permitirán capitales de particulares donde “las leyes sustantivas lo prohíben”.
Por separado, los senadores Anaya y Monreal lo refutaron y advirtieron que el primer sector que se quiere “poner en bandeja” a las trasnacionales es el eléctrico, por el mismo camino seguido hasta el momento de aprovechar una ley secundaria.
En la exposición de motivos del dictamen, elaborado por el priísta Cantú, se detalla que se consideró necesario señalar expresamente que, “tratándose de hidrocarburos, no podrán emplearse en las actividades sustantivas de carácter productivo, ni en las de petroquímica distinta a la básica”.
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Jueves 29 de abril de 2010, p. 19
En el penúltimo día de sesiones, este jueves, el Senado votará la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas, por la que se abre el camino a la privatización total de la electricidad y se posibilita la intervención de trasnacionales en la prestación de servicios en todos los sectores, fundamentalmente el educativo, de salud, carretero, hidráulico, entre otros.
“Quieren aprovechar el cierre del periodo para sacar casi a escondidas esa ley, que no es otra cosa que una venta de garaje de los bienes de la nación”, advirtió el coordinador de los senadores del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Monreal, quien hoy presentará un voto particular sobre esa reforma.
El dictamen de esa reforma presidencial, que ayer quedó en primera lectura, permite a las dependencias gubernamentales adjudicar contratos de manera directa y hasta por 40 años a la iniciativa privada y extranjera, para obras que serán financiadas con recursos presupuestales.
En el mismo, Monreal denuncia que nunca fue convocado a discutir el dictamen que se pretende aprobar.
Igualmente, el senador Alfonso Sánchez Anaya del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que su bancada votará en contra de la iniciativa presidencial, ya que legaliza la “entrega de la áreas estratégicas y los bienes de la nación” a consorcios nacionales y multinacionales que podrán construir escuelas, hospitales y cárceles y administrarlos, comprometiendo las finanzas públicas por casi medio siglo.
Por ejemplo, mencionó que las asociaciones público-privadas para el desarrollo carretero que operarán en este 2010 significarán un costo elevado, de casi 38 millones por cada kilómetro, lo que representa un costo 65 por ciento superior a lo que se erogaría si esa infraestructura fuera levantada únicamente con recursos públicos.
El presidente de la Comisión de Comercio del Senado, Eloy Cantú, sostuvo que los cambios a la iniciativa original que el presidente Felipe Calderón hizo llegar a esa cámara en noviembre de 2008 permitirán que la iniciativa privada participe en la construcción de infraestructura nueva, no la ya existente, además de que en ningún caso se permitirán capitales de particulares donde “las leyes sustantivas lo prohíben”.
Por separado, los senadores Anaya y Monreal lo refutaron y advirtieron que el primer sector que se quiere “poner en bandeja” a las trasnacionales es el eléctrico, por el mismo camino seguido hasta el momento de aprovechar una ley secundaria.
En la exposición de motivos del dictamen, elaborado por el priísta Cantú, se detalla que se consideró necesario señalar expresamente que, “tratándose de hidrocarburos, no podrán emplearse en las actividades sustantivas de carácter productivo, ni en las de petroquímica distinta a la básica”.
miércoles, 28 de abril de 2010
La OIT agrega “trastornos mentales y de conducta” a lista de enfermedades laborales
Al día mueren más de 6 mil personas en el mundo por accidentes en sus fuentes de trabajo
La crisis económica que padecen empresas tiene efectos nefastos para sus empleados, afirma
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Miércoles 28 de abril de 2010, p. 50
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) elaboró una nueva lista de enfermedades laborales que incluye por primera vez los “trastornos mentales y de comportamiento, así como los desórdenes sicológicos posteriores al trauma”, informó la organización en un comunicado difundido con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
La celebración se da en un contexto en el que hay “nuevos riesgos en el mundo laboral” y la creciente preocupación sobre el impacto de la crisis económica mundial, pues han crecido en forma considerable padecimientos como el estrés laboral, indicó esta organización.
Al dar datos duros sobre el tema de la seguridad, expuso que a escala mundial cada año más de 2 millones 300 mil trabajadores mueren en accidentes en su lugar de trabajo, lo que significa que fallece un promedio de 6 mil trabajadores cada día, por esta causa.
Costo humano incalculable
Anualmente ocurren cerca de 337 millones de accidentes de trabajo y “el costo humano que representa esta tragedia diaria es incalculable”. Además implica un sinnúmero de días no laborados por ausencias prolongadas de trabajadores, planteó al respecto el director general de la OIT, Juan Somavía.
Estimó que el costo económico que conlleva la pérdida en días de trabajo, tratamiento médico y prestaciones abonadas en efectivo asciende cada año a 4 por ciento del producto interno bruto mundial, cifra que supera el valor total de las medidas de estímulo adoptadas para responder a la crisis económica de 2008-09.
Se requieren nuevas herramientas
Ante ello, el representante mundial de la OIT también llamó a registrar los nuevos riesgos laborales, así como las estrategias de prevención en un mundo del trabajo, y sostuvo que uno de los elementos que más preocupan en este tema “es el recrudecimiento de los trastornos sicosociales vinculados a las nuevas situaciones de estrés y presiones laborales en la economía mundial”, debido a que los trabajadores tienen no tienen herramientas para hacer frente a los nuevos modelos de la vida laboral.
“Últimamente la crisis económica padecida en las empresas ha tenido efectos nefastos para muchos trabajadores”, sostuvo el director de la OIT. Manifestó que cuando empiece la recuperación deberán formularse enfoques integrados de trabajo decente con base en la seguridad y salud en el trabajo.
“Tras la crisis debemos actuar en forma concertada para prevenir una espiral degenerativa de las condiciones de trabajo y promover una recuperación basada en el trabajo decente”, puntualizó.
Hizo ver que la organización propone a todos los países que integran esta organización cumplir con las normas laborales acordadas a nivel internacional, a fin de que sean un instrumento primario para reducir la carga humana y económica de los accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo
La crisis económica que padecen empresas tiene efectos nefastos para sus empleados, afirma
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Miércoles 28 de abril de 2010, p. 50
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) elaboró una nueva lista de enfermedades laborales que incluye por primera vez los “trastornos mentales y de comportamiento, así como los desórdenes sicológicos posteriores al trauma”, informó la organización en un comunicado difundido con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
La celebración se da en un contexto en el que hay “nuevos riesgos en el mundo laboral” y la creciente preocupación sobre el impacto de la crisis económica mundial, pues han crecido en forma considerable padecimientos como el estrés laboral, indicó esta organización.
Al dar datos duros sobre el tema de la seguridad, expuso que a escala mundial cada año más de 2 millones 300 mil trabajadores mueren en accidentes en su lugar de trabajo, lo que significa que fallece un promedio de 6 mil trabajadores cada día, por esta causa.
Costo humano incalculable
Anualmente ocurren cerca de 337 millones de accidentes de trabajo y “el costo humano que representa esta tragedia diaria es incalculable”. Además implica un sinnúmero de días no laborados por ausencias prolongadas de trabajadores, planteó al respecto el director general de la OIT, Juan Somavía.
Estimó que el costo económico que conlleva la pérdida en días de trabajo, tratamiento médico y prestaciones abonadas en efectivo asciende cada año a 4 por ciento del producto interno bruto mundial, cifra que supera el valor total de las medidas de estímulo adoptadas para responder a la crisis económica de 2008-09.
Se requieren nuevas herramientas
Ante ello, el representante mundial de la OIT también llamó a registrar los nuevos riesgos laborales, así como las estrategias de prevención en un mundo del trabajo, y sostuvo que uno de los elementos que más preocupan en este tema “es el recrudecimiento de los trastornos sicosociales vinculados a las nuevas situaciones de estrés y presiones laborales en la economía mundial”, debido a que los trabajadores tienen no tienen herramientas para hacer frente a los nuevos modelos de la vida laboral.
“Últimamente la crisis económica padecida en las empresas ha tenido efectos nefastos para muchos trabajadores”, sostuvo el director de la OIT. Manifestó que cuando empiece la recuperación deberán formularse enfoques integrados de trabajo decente con base en la seguridad y salud en el trabajo.
“Tras la crisis debemos actuar en forma concertada para prevenir una espiral degenerativa de las condiciones de trabajo y promover una recuperación basada en el trabajo decente”, puntualizó.
Hizo ver que la organización propone a todos los países que integran esta organización cumplir con las normas laborales acordadas a nivel internacional, a fin de que sean un instrumento primario para reducir la carga humana y económica de los accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo
Presionados, los ministros de la SCJN para fallar contra el amparo: Esparza
Ya son 30 electricistas en huelga de hambre; se suman cuatro de la división Cuernavaca
Al plantón del Zócalo, encabezado por el dirigente del SME, asistieron representantes de organizaciones solidarias nacionales y de FranciaFoto María Luisa Severiano
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Miércoles 28 de abril de 2010, p. 49
El líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores, denunció ayer que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “están siendo presionados” para que fallen en contra del amparo promovido por este sindicato contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), por lo que los miles de trabajadores despedidos que están en la calle les piden que cumplan con su papel de ser el “equilibrio entre los poderes” del Estado.
En el Zócalo capitalino, Esparza encabezó ayer por la mañana un mitin en el que otros 10 trabajadores del SME se sumaron a la huelga de hambre masiva que esta organización comenzó el domingo pasado. En total, ya son 30 los electricistas en ayuno permanente.
En la movilización estuvieron presentes representantes de la Unión Sindical Soldier, de Francia; de la Unión Nacional de Cañeros y representantes de la Pastoral Laboral; el sacerdote Francisco Torres; del “gobierno legítimo”, entre otras organizaciones fraternas, las que atestiguaron el inicio de la huelga de hambre de Marco Antonio Garnica Vergara, Omar Mora Cortez, Rubén Vergara Hernández y Ernesto Neri Quiroz, quienes pertenecen a la división Cuernavaca, así como de Mauricio Bahena Ortega, Cuauhtémoc Serrato Salinas, Marco Antonio Moreno Aranda, Federico Enciso Montes, Julián Mérida Tapia, José Othón Sánchez García y Pedro Campos Ramírez.
Esparza sostuvo que durante los seis meses que se han mantenido movilizados, 40 integrantes del SME fueron aprehendidos y uno de ellos aún está preso, y denunció que un sinnúmero de trabajadores y trabajadoras, así como sus hijos, han sido agredidos por fuerzas policiacas en diversos actos, y que hasta han allanado domicilios de algunos.
El dirigente encabezó más tarde una visita de los electricistas a la SCJN, donde entregaron documentación con la que buscan demostrar que la extinción de LFC siguió un “plan maestro”, en el que participaron varias dependencias de seguridad pública e instancias del Ejército para despojarlos de su fuente de trabajo.
Por la tarde, los trabajadores realizaron una marcha por calles del Centro Histórico y encendieron veladoras en la plancha capitalina. Ahí, denunciaron que están siendo acosados en el campamento, ya que durante toda la noche echan a andar máquinaria cerca de donde están instalados los huelguistas para evitar que puedan dormir.
En el mitin de la mañana, el secretario del Interior, Humberto Montes de Oca, informó de las actividades que hace unos días realizó una comisión del SME al extranjero. En Detroit, Estados Unidos, la representación participó en una conferencia internacional de activistas sindicales de ese país en la cual se resolvió apoyarlos en su demanda de reinstalación.
En este contexto, organizaciones gremiales del sur de California plantearon la posibilidad de una “caravana de solidaridad” por los dos territorios, en apoyo a la huelga de hambre del SME.
Apoyo al SME hasta donde sea posible: GDF
Laura Gómez Flores
Periódico La Jornada
Miércoles 28 de abril de 2010, p. 49
La administración capitalina apoyará “hasta donde sea posible” a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). En una visita que el secretario del Trabajo y Fomento al Empleo, Benito Mirón, realizó ayer a la plancha del Zócalo, donde se mantienen más de 700 trabajadores en plantón y 30 en huelga de hambre, se comprometió a gestionar la instalación de regaderas, así como dotarlos de agua potable, miel y suero para que continúen en esta lucha.
Acompañado del secretario de la Alianza de Tranviarios de México (ATM), Benito Bahena, señaló que ante “la insensibilidad de la Secretaría del Trabajo y la Presidencia de la República respecto de esta lucha, no queda más que resistir e impedir que otros sindicatos corran la misma suerte”.
Mencionó que como funcionario de un gobierno democrático de izquierda y dirigente social “no podemos ser indiferentes ante este tipo de injusticias”. La incorporación al Seguro de Desempleo de los electricistas no ha prosperado, porque la relación obrero patronal no está finiquitada, pero estamos en la mejor disposición de apoyarlos con capacitación y formación de proyectos productivos”.
Agregó que la flecha no sólo está dirigida al SME, sino a destruir todo lo que huela a sindicalismo independiente, pues a los gobiernos de derecha sólo les interesa abaratar costos, sin considerar el impacto negativo en el mercado interno, donde todos los días tenemos 40 cierres de empresas en el país”, dijo.
Bahena expresó su apoyo incondicional a los miembros del SME, que “libran una lucha sin precedente en México”, mientras Marco Antonio Olvera, trabajador en huelga de hambre, agradeció en nombre de sus compañeros las muestras de solidaridad.
Periódico La Jornada
Miércoles 28 de abril de 2010, p. 49
La administración capitalina apoyará “hasta donde sea posible” a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). En una visita que el secretario del Trabajo y Fomento al Empleo, Benito Mirón, realizó ayer a la plancha del Zócalo, donde se mantienen más de 700 trabajadores en plantón y 30 en huelga de hambre, se comprometió a gestionar la instalación de regaderas, así como dotarlos de agua potable, miel y suero para que continúen en esta lucha.
Acompañado del secretario de la Alianza de Tranviarios de México (ATM), Benito Bahena, señaló que ante “la insensibilidad de la Secretaría del Trabajo y la Presidencia de la República respecto de esta lucha, no queda más que resistir e impedir que otros sindicatos corran la misma suerte”.
Mencionó que como funcionario de un gobierno democrático de izquierda y dirigente social “no podemos ser indiferentes ante este tipo de injusticias”. La incorporación al Seguro de Desempleo de los electricistas no ha prosperado, porque la relación obrero patronal no está finiquitada, pero estamos en la mejor disposición de apoyarlos con capacitación y formación de proyectos productivos”.
Agregó que la flecha no sólo está dirigida al SME, sino a destruir todo lo que huela a sindicalismo independiente, pues a los gobiernos de derecha sólo les interesa abaratar costos, sin considerar el impacto negativo en el mercado interno, donde todos los días tenemos 40 cierres de empresas en el país”, dijo.
Bahena expresó su apoyo incondicional a los miembros del SME, que “libran una lucha sin precedente en México”, mientras Marco Antonio Olvera, trabajador en huelga de hambre, agradeció en nombre de sus compañeros las muestras de solidaridad.
martes, 27 de abril de 2010
Ya son 30 los integrantes del SME que están en huelga de hambre en el Zócalo
Anuncia Martín Esparza que “visitarán” a ministros de la SCJN
El dirigente del SME anunció que hoy se sumarán a la huelga 10 trabajadores más, y espera que el fin de semana sean 60 o 70 electricistas en ayunoFoto María Luisa Severiano
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Martes 27 de abril de 2010, p. 41
Diez trabajadores más se adhirieron ayer a la huelga de hambre masiva que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) comenzó el pasado domingo en el Zócalo capitalino, con los que suman 20 integrantes del gremio que están en ayuno permanente en el campamento instalado frente a Palacio Nacional.
En el acto en el que se integraron estos trabajadores a la huelga, el líder del SME, Martín Esparza, señaló que el gobierno de Felipe Calderón “nunca ha mostrado una verdadera intención de negociar con los trabajadores una salida al conflicto, y esto fue lo que motivó que se tomara esta medida extrema”.
El gobierno de Felipe Calderón “no ve ni oye ninguno de los conflictos laborales y menos el que tiene con los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, ya que son muy elevados los intereses económicos que están en juego con la privatización de todas las áreas de la prestación del servicio de energía eléctrica en la zona centro del país. Incluso ya se dividieron los negocios del sector entre funcionarios, ex secretarios y miembros del PAN”, añadió.
El dirigente apuntó que este martes se sumarán otros 10 trabajadores a la huelga de hambre del SME, y al final de la primera semana habrá 60 o 70 personas en ayuno, “hasta que nos devuelvan el trabajo que nos quitaron”.
Los trabajadores que llegaron ayer con sus camisetas rojas y mochilas al hombro buscando el catre donde pasarán los siguientes días en ayuno son Orlando López Martínez, Leonardo Vargas Téllez, Marco Antonio Olvera López, Fernando Medina Colín, Daniel Vera Juárez, Víctor Téllez Martínez, Ismael Ochoa Rosales, Eduardo Reséndiz Sánchez y Daniel Pineda Millán.
En el plantón, Martín Esparza señaló que la privatización de los servicios que prestaba LFC ya se inició, y no sólo es un acto inconstitucional para favorecer a los “amigos” del régimen, sino que acarreará graves perjuicios económicos para el pueblo; por ejemplo, están preparando el esquema para que la luz se pague conforme a “tarjetas de prepago”, al estilo del teléfono celular. Además, ya empezó el incremento mensual a las tarifas.
Ahora las trasnacionales están buscando que se libere el precio de la electricidad y que sean los grandes generadores los que determinen las tarifas, aseguró.
También dijo que las negociaciones del SME con Gobernación no prosperaron, “porque a este gobierno no le interesa resolver los conflictos ni respetan las instituciones”, por lo que el sindicato seguirá buscando que el conflicto se resuelva mediante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que es la instancia que puede “equilibrar” esta situación con la Cámara de Diputados.
Cualquier cosa que les pase a los trabajadores huelguistas en su salud y en su integridad física, “el responsable será el presidente Felipe Calderón, pues fue el que hizo toda esta atrocidad legaloide para terminar con una empresa paraestatal y privatizar un servicio público en menos de un mes, porque el 8 de septiembre mandó su presupuesto de egresos de la federación para 2010 y consideraba a Luz y Fuerza con 30 mil millones de pesos, y el 10 de octubre tomaron la determinación de extinguir la empresa; esto es insólito e ilegal”, sostuvo.
Por último, indicó que los trabajadores visitarán a los ministros de la SCJN para entregarles diversos documentos con el fin de “desenmascarar todas las componendas que hay tras la extinción de LFC”.
El dirigente del SME anunció que hoy se sumarán a la huelga 10 trabajadores más, y espera que el fin de semana sean 60 o 70 electricistas en ayunoFoto María Luisa Severiano
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Martes 27 de abril de 2010, p. 41
Diez trabajadores más se adhirieron ayer a la huelga de hambre masiva que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) comenzó el pasado domingo en el Zócalo capitalino, con los que suman 20 integrantes del gremio que están en ayuno permanente en el campamento instalado frente a Palacio Nacional.
En el acto en el que se integraron estos trabajadores a la huelga, el líder del SME, Martín Esparza, señaló que el gobierno de Felipe Calderón “nunca ha mostrado una verdadera intención de negociar con los trabajadores una salida al conflicto, y esto fue lo que motivó que se tomara esta medida extrema”.
El gobierno de Felipe Calderón “no ve ni oye ninguno de los conflictos laborales y menos el que tiene con los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, ya que son muy elevados los intereses económicos que están en juego con la privatización de todas las áreas de la prestación del servicio de energía eléctrica en la zona centro del país. Incluso ya se dividieron los negocios del sector entre funcionarios, ex secretarios y miembros del PAN”, añadió.
El dirigente apuntó que este martes se sumarán otros 10 trabajadores a la huelga de hambre del SME, y al final de la primera semana habrá 60 o 70 personas en ayuno, “hasta que nos devuelvan el trabajo que nos quitaron”.
Los trabajadores que llegaron ayer con sus camisetas rojas y mochilas al hombro buscando el catre donde pasarán los siguientes días en ayuno son Orlando López Martínez, Leonardo Vargas Téllez, Marco Antonio Olvera López, Fernando Medina Colín, Daniel Vera Juárez, Víctor Téllez Martínez, Ismael Ochoa Rosales, Eduardo Reséndiz Sánchez y Daniel Pineda Millán.
En el plantón, Martín Esparza señaló que la privatización de los servicios que prestaba LFC ya se inició, y no sólo es un acto inconstitucional para favorecer a los “amigos” del régimen, sino que acarreará graves perjuicios económicos para el pueblo; por ejemplo, están preparando el esquema para que la luz se pague conforme a “tarjetas de prepago”, al estilo del teléfono celular. Además, ya empezó el incremento mensual a las tarifas.
Ahora las trasnacionales están buscando que se libere el precio de la electricidad y que sean los grandes generadores los que determinen las tarifas, aseguró.
También dijo que las negociaciones del SME con Gobernación no prosperaron, “porque a este gobierno no le interesa resolver los conflictos ni respetan las instituciones”, por lo que el sindicato seguirá buscando que el conflicto se resuelva mediante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que es la instancia que puede “equilibrar” esta situación con la Cámara de Diputados.
Cualquier cosa que les pase a los trabajadores huelguistas en su salud y en su integridad física, “el responsable será el presidente Felipe Calderón, pues fue el que hizo toda esta atrocidad legaloide para terminar con una empresa paraestatal y privatizar un servicio público en menos de un mes, porque el 8 de septiembre mandó su presupuesto de egresos de la federación para 2010 y consideraba a Luz y Fuerza con 30 mil millones de pesos, y el 10 de octubre tomaron la determinación de extinguir la empresa; esto es insólito e ilegal”, sostuvo.
Por último, indicó que los trabajadores visitarán a los ministros de la SCJN para entregarles diversos documentos con el fin de “desenmascarar todas las componendas que hay tras la extinción de LFC”.
Detectan especialistas signos de regresión en el proceso de transición democrática
Los excesos cometidos en la “guerra contra el narco” lo demuestran: Álvarez Icaza
Exigen analizar la causa de que la sociedad confíe cada vez menos en las instituciones
Magdy Martínez, Leonardo Valdés, Emilio Álvarez y Alfredo Figueroa participaron, entre otras personas, en el Encuentro Nacional de Educación Cívica, organizado por el IFEFoto Carlos Ramos Mamahua
Alonso Urrutia
Periódico La Jornada
Martes 27 de abril de 2010, p. 16
México enfrenta un proceso de estancamiento de su transición democrática e incluso se comienzan a ver signos de “regresión”, como muestran los excesos ocurridos en la denominada “guerra contra el narco”, sostuvo el ex ombudsman capitalino Emilio Álvarez Icaza.
Subrayó que la aparición de cadáveres de personas que fueron detenidas días antes “son señales de alarma en términos de la construcción de nuestra democracia”.
Al participar en el Encuentro Nacional de Educación Cívica, organizado por el Instituto Federal Electoral (IFE), Álvarez Icaza aseveró que parte del estancamiento que enfrenta el país obedece al renovado poder que tienen los gobernadores, quienes se han convertido en “señores feudales”. Se ha pasado de la presidencia imperial a los procesos de feudalización de los estados, donde existen jefes de los ejecutivos locales “con más dinero y menos controles que nunca; inclusive con mecanismos federales para que se les supervise menos el ejercicio del presupuesto público”.
Lamentó que el tema del narcotráfico comience a dominar el presente y futuro de los jóvenes, como en Ciudad Juárez, donde ya se conjuga el verbo sicarear. Relató que recientemente habló con representantes de organizaciones ciudadanas en aquella frontera, quienes, cierto día, buscaban a un joven que no encontraron porque “estaba sicareando hasta las ocho de la noche”, según le comentaron.
En su oportunidad, el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, dijo que la educación cívica es fundamental en el proceso de construcción de ciudadanía para un país en el que “el poder se distribuya. Urge que se regule socialmente el poder y las decisiones públicas sean incluyentes”. Agregó que en vísperas del vigésimo aniversario del IFE se impulsará el replanteamiento de las estrategias de promoción de educación cívica, su misión y su visión.
Durante el acto, el representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Magdy Martínez Solimán, aseguró que en un mundo en el que la desigualdad social permea, “la democracia es la única promesa de igualdad, y una realidad probada de libertad efectiva. Es la mejor plataforma para la definición del interés público, en una sociedad en la que el interés particular de los más fuertes y el interés privado de los poderosos marca, las más de las veces, las agendas y la orientación de decisiones”.
Valdés reivindicó las políticas de educación cívica del instituto, como la fórmula para que exista un mayor acercamiento con los ciudadanos. Tal es el caso del esquema para impulsar una democracia sustantiva para que la sociedad ejerza plenamente sus derechos. “Los proyectos de educación cívica deben ser un instrumento para disminuir el déficit de ciudadanía”.
Al arranque del acto, el consejero del IFE y presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Alfredo Figueroa, dijo que es necesario replantear los objetivos de estas tareas y cuestionar cuáles son las razones por las cuales los ciudadanos no se acercan a las instituciones y no encuentran cabida para la solución de sus problemas cotidianos y su desarrollo.
En su intervención, Álvarez Icaza retomó cifras de encuestas en las que consistentemente los partidos políticos y los legisladores aparecen como los actores menos confiables para el ciudadano.
Lamentó que tras varios años de discusión y avance de la transición democrática en el país, se registren ahora signos de desaceleración. Por ello, dijo, se requiere la construcción de ciudadanos más activos en la reivindicación de sus derechos, más demandantes de la rendición de cuentas de sus gobernantes, para lo cual, “la educación cívica es en realidad un proceso de empoderamiento ciudadano”.
Exigen analizar la causa de que la sociedad confíe cada vez menos en las instituciones
Magdy Martínez, Leonardo Valdés, Emilio Álvarez y Alfredo Figueroa participaron, entre otras personas, en el Encuentro Nacional de Educación Cívica, organizado por el IFEFoto Carlos Ramos Mamahua
Alonso Urrutia
Periódico La Jornada
Martes 27 de abril de 2010, p. 16
México enfrenta un proceso de estancamiento de su transición democrática e incluso se comienzan a ver signos de “regresión”, como muestran los excesos ocurridos en la denominada “guerra contra el narco”, sostuvo el ex ombudsman capitalino Emilio Álvarez Icaza.
Subrayó que la aparición de cadáveres de personas que fueron detenidas días antes “son señales de alarma en términos de la construcción de nuestra democracia”.
Al participar en el Encuentro Nacional de Educación Cívica, organizado por el Instituto Federal Electoral (IFE), Álvarez Icaza aseveró que parte del estancamiento que enfrenta el país obedece al renovado poder que tienen los gobernadores, quienes se han convertido en “señores feudales”. Se ha pasado de la presidencia imperial a los procesos de feudalización de los estados, donde existen jefes de los ejecutivos locales “con más dinero y menos controles que nunca; inclusive con mecanismos federales para que se les supervise menos el ejercicio del presupuesto público”.
Lamentó que el tema del narcotráfico comience a dominar el presente y futuro de los jóvenes, como en Ciudad Juárez, donde ya se conjuga el verbo sicarear. Relató que recientemente habló con representantes de organizaciones ciudadanas en aquella frontera, quienes, cierto día, buscaban a un joven que no encontraron porque “estaba sicareando hasta las ocho de la noche”, según le comentaron.
En su oportunidad, el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, dijo que la educación cívica es fundamental en el proceso de construcción de ciudadanía para un país en el que “el poder se distribuya. Urge que se regule socialmente el poder y las decisiones públicas sean incluyentes”. Agregó que en vísperas del vigésimo aniversario del IFE se impulsará el replanteamiento de las estrategias de promoción de educación cívica, su misión y su visión.
Durante el acto, el representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Magdy Martínez Solimán, aseguró que en un mundo en el que la desigualdad social permea, “la democracia es la única promesa de igualdad, y una realidad probada de libertad efectiva. Es la mejor plataforma para la definición del interés público, en una sociedad en la que el interés particular de los más fuertes y el interés privado de los poderosos marca, las más de las veces, las agendas y la orientación de decisiones”.
Valdés reivindicó las políticas de educación cívica del instituto, como la fórmula para que exista un mayor acercamiento con los ciudadanos. Tal es el caso del esquema para impulsar una democracia sustantiva para que la sociedad ejerza plenamente sus derechos. “Los proyectos de educación cívica deben ser un instrumento para disminuir el déficit de ciudadanía”.
Al arranque del acto, el consejero del IFE y presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Alfredo Figueroa, dijo que es necesario replantear los objetivos de estas tareas y cuestionar cuáles son las razones por las cuales los ciudadanos no se acercan a las instituciones y no encuentran cabida para la solución de sus problemas cotidianos y su desarrollo.
En su intervención, Álvarez Icaza retomó cifras de encuestas en las que consistentemente los partidos políticos y los legisladores aparecen como los actores menos confiables para el ciudadano.
Lamentó que tras varios años de discusión y avance de la transición democrática en el país, se registren ahora signos de desaceleración. Por ello, dijo, se requiere la construcción de ciudadanos más activos en la reivindicación de sus derechos, más demandantes de la rendición de cuentas de sus gobernantes, para lo cual, “la educación cívica es en realidad un proceso de empoderamiento ciudadano”.
“Rebelión social” contra el duopolio de Televisa y Tv Azteca, demanda Bartlett
Apremia a combatir la “mafia” que integran Salinas, Calderón, Beltrones y otros
Convoca a mexicanos a “participar en la democracia, hablar y hacer valer su ciudadanía”
Martín Hernández Alcántara
La Jornada de Oriente
Periódico La Jornada
Martes 27 de abril de 2010, p. 11
Puebla, Pue., 26 de abril. Sólo con una rebelión social se podrá acabar con el duopolio del espacio radioeléctrico que ostentan Televisa y Tv Azteca y el “secuestro” del Estado mexicano que ha perpetrado “la mafia” integrada, entre otros, por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa, el senador del tricolor Manlio Fabio Beltrones y el ex diputado federal Emilio Gamboa Patrón, advirtió el ex senador y ex gobernador priísta Manuel Bartlett Díaz.
El también ex secretario de Gobernación explicó que esa rebelión social no sería violenta, sino que “se trata de que la gente participe en la democracia, que estén, que hablen, que hagan valer su ciudadanía”.
Presenta libro
Explicó que comúnmente, cuando se habla de monopolios en medios de comunicación, se adjudica toda la responsabilidad de esa situación a las empresas de Emilio Azcárraga Jean y de Ricardo Salinas Pliego.
“Se dice que ellos tienen secuestrado al Estado, pero la verdad es que la calamidad se la debemos a esa mafia que se ha apoderado del Estado, porque son esos Salinas, esos Beltrones, quienes son socios de las televisoras y por eso son promotores de leyes tan nefastas como las que estamos viendo discutirse en la Cámara de Diputados.”
El ex mandatario local visitó este lunes la Universidad Iberoamericana Puebla para presentar el libro La ley Televisa y la lucha por el poder en México, compilado por los investigadores Javier Esteinou Madrid y Alma Rosa Alva de la Selva, quienes estuvieron presentes en ese acto al lado de otros especialistas en el tema, periodistas y conductores de espacios noticiosos locales.
El ex gobernador de Puebla presentó el libro La ley Televisa y la lucha por el poder en México. Imagen de archivoFoto Marco Peláez
Bartlett, Esteinou y Alva coincidieron en que el duopolio progresa a pasos agigantados en su cabildeo en San Lázaro para hacer una redición de la llamada ley Televisa, la cual concedía canonjías supraconstitucionales a las televisoras, como el uso perpetuo del espacio radioeléctrico de la nación sin ningún pago, pero fue echada abajo luego de un juicio tramitado por 47 senadores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Posible albazo
Los tres consideraron que el próximo viernes, cuando culmine el presente periodo de sesiones, podría generarse un albazo de las tres principales fuerzas políticas –los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática– y aprobar, como lo hicieron en 2006, una reforma a la normatividad de radio, televisión y uso del espacio radioeléctrico contraria a los intereses de la nación, benéfica sólo para las empresas.
Javier Esteinou explicó que 34 personas colaboraron en la redacción del libro, y destacó la importancia de discutir estos temas en espacios universitarios.
Posteriormente recordó que en junio de 2007 los ministros de la SCJN echaron abajo las modificaciones que se aprobaron con respecto a la Ley Federal de Telecomunicaciones, conocida como ley Televisa, que favorecía a las dos principales televisoras que operan en México.
Convoca a mexicanos a “participar en la democracia, hablar y hacer valer su ciudadanía”
Martín Hernández Alcántara
La Jornada de Oriente
Periódico La Jornada
Martes 27 de abril de 2010, p. 11
Puebla, Pue., 26 de abril. Sólo con una rebelión social se podrá acabar con el duopolio del espacio radioeléctrico que ostentan Televisa y Tv Azteca y el “secuestro” del Estado mexicano que ha perpetrado “la mafia” integrada, entre otros, por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa, el senador del tricolor Manlio Fabio Beltrones y el ex diputado federal Emilio Gamboa Patrón, advirtió el ex senador y ex gobernador priísta Manuel Bartlett Díaz.
El también ex secretario de Gobernación explicó que esa rebelión social no sería violenta, sino que “se trata de que la gente participe en la democracia, que estén, que hablen, que hagan valer su ciudadanía”.
Presenta libro
Explicó que comúnmente, cuando se habla de monopolios en medios de comunicación, se adjudica toda la responsabilidad de esa situación a las empresas de Emilio Azcárraga Jean y de Ricardo Salinas Pliego.
“Se dice que ellos tienen secuestrado al Estado, pero la verdad es que la calamidad se la debemos a esa mafia que se ha apoderado del Estado, porque son esos Salinas, esos Beltrones, quienes son socios de las televisoras y por eso son promotores de leyes tan nefastas como las que estamos viendo discutirse en la Cámara de Diputados.”
El ex mandatario local visitó este lunes la Universidad Iberoamericana Puebla para presentar el libro La ley Televisa y la lucha por el poder en México, compilado por los investigadores Javier Esteinou Madrid y Alma Rosa Alva de la Selva, quienes estuvieron presentes en ese acto al lado de otros especialistas en el tema, periodistas y conductores de espacios noticiosos locales.
El ex gobernador de Puebla presentó el libro La ley Televisa y la lucha por el poder en México. Imagen de archivoFoto Marco Peláez
Bartlett, Esteinou y Alva coincidieron en que el duopolio progresa a pasos agigantados en su cabildeo en San Lázaro para hacer una redición de la llamada ley Televisa, la cual concedía canonjías supraconstitucionales a las televisoras, como el uso perpetuo del espacio radioeléctrico de la nación sin ningún pago, pero fue echada abajo luego de un juicio tramitado por 47 senadores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Posible albazo
Los tres consideraron que el próximo viernes, cuando culmine el presente periodo de sesiones, podría generarse un albazo de las tres principales fuerzas políticas –los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática– y aprobar, como lo hicieron en 2006, una reforma a la normatividad de radio, televisión y uso del espacio radioeléctrico contraria a los intereses de la nación, benéfica sólo para las empresas.
Javier Esteinou explicó que 34 personas colaboraron en la redacción del libro, y destacó la importancia de discutir estos temas en espacios universitarios.
Posteriormente recordó que en junio de 2007 los ministros de la SCJN echaron abajo las modificaciones que se aprobaron con respecto a la Ley Federal de Telecomunicaciones, conocida como ley Televisa, que favorecía a las dos principales televisoras que operan en México.
domingo, 25 de abril de 2010
Integrantes del SME inician huelga de hambre en el zócalo capitalino
Se hará de forma escalonada, en previsión de que pueda alargarse
Fabiola Martínez y Carolina Gómez
Periódico La Jornada
Domingo 25 de abril de 2010, p. 21
Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) iniciarán hoy domingo una huelga de hambre en el Zócalo capitalino.
Esta forma «extrema» de protesta es para exigir la reinstalación de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y pedir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una valoración justa del problema que enfrenta el gremio, el cual presentó ante el Poder Judicial «pruebas de la inconstitucionalidad» del decreto presidencial del pasado 11 de octubre, que dejó sin empleo a más de 44 mil empleados de LFC.
El ayuno será escalonado y permanente. Cada día se sumarán electricistas, incluidos dirigentes, como el vocero Fernando Amezcua. De acuerdo con el líder del gremio, Martín Esparza, hoy 10 trabajadores comenzarán y un número similar se agregará diariamente, con el fin de tener un respaldo para esta acción, en previsión de que se alargue.
«Los compañeros van a ofrendar su vida. Esta huelga es parte de la desobediencia civil de quienes han sido despojados de sus garantías laborales básicas», dijo.
De forma simultánea, reforzarán la difusión internacional de la «violación a los derechos humanos y laborales» del gobierno de Felipe Calderón. Organizaciones políticas y sociales de otros países se comprometieron a transmitir imágenes de la «huelga masiva» en la Plaza de la Constitución, la víspera del primero de mayo.
El SME envió un representante a Chicago para participar en la marcha conmemorativa del Día Internacional del Trabajo.
Durante la preparación del plan de acción, unos 5 mil electricistas manifestaron su interés de ayunar, de los cuales 2 mil 300 fueron sometidos a exámenes médicos. Alrededor de 600 los aprobaron y, hasta el momento, 150 ya están preparados física y anímicamente para empezar la huelga.
El plan de acción inicia con una misa oficiada por Carlos Rodríguez, de Pastoral Laboral, quien explicó que para la doctrina social de la Iglesia, el gobierno mexicano incurrió en un acto inmoral al dejar sin empleo a miles de trabajadores y al no colocar el bienestar social como política pública prioritaria.
«Para la doctrina social de la Iglesia, los derechos de los trabajadores son sagrados», agregó el sacerdote.
Fabiola Martínez y Carolina Gómez
Periódico La Jornada
Domingo 25 de abril de 2010, p. 21
Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) iniciarán hoy domingo una huelga de hambre en el Zócalo capitalino.
Esta forma «extrema» de protesta es para exigir la reinstalación de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y pedir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una valoración justa del problema que enfrenta el gremio, el cual presentó ante el Poder Judicial «pruebas de la inconstitucionalidad» del decreto presidencial del pasado 11 de octubre, que dejó sin empleo a más de 44 mil empleados de LFC.
El ayuno será escalonado y permanente. Cada día se sumarán electricistas, incluidos dirigentes, como el vocero Fernando Amezcua. De acuerdo con el líder del gremio, Martín Esparza, hoy 10 trabajadores comenzarán y un número similar se agregará diariamente, con el fin de tener un respaldo para esta acción, en previsión de que se alargue.
«Los compañeros van a ofrendar su vida. Esta huelga es parte de la desobediencia civil de quienes han sido despojados de sus garantías laborales básicas», dijo.
De forma simultánea, reforzarán la difusión internacional de la «violación a los derechos humanos y laborales» del gobierno de Felipe Calderón. Organizaciones políticas y sociales de otros países se comprometieron a transmitir imágenes de la «huelga masiva» en la Plaza de la Constitución, la víspera del primero de mayo.
El SME envió un representante a Chicago para participar en la marcha conmemorativa del Día Internacional del Trabajo.
Durante la preparación del plan de acción, unos 5 mil electricistas manifestaron su interés de ayunar, de los cuales 2 mil 300 fueron sometidos a exámenes médicos. Alrededor de 600 los aprobaron y, hasta el momento, 150 ya están preparados física y anímicamente para empezar la huelga.
El plan de acción inicia con una misa oficiada por Carlos Rodríguez, de Pastoral Laboral, quien explicó que para la doctrina social de la Iglesia, el gobierno mexicano incurrió en un acto inmoral al dejar sin empleo a miles de trabajadores y al no colocar el bienestar social como política pública prioritaria.
«Para la doctrina social de la Iglesia, los derechos de los trabajadores son sagrados», agregó el sacerdote.
jueves, 22 de abril de 2010
Aseguran trabajadores que no se retirarán de mina en Cananea
Los mineros seguirán en la lucha y reforzarán las guardias en las instalaciones, afirma Sergio Tolano Lizárraga
El líder sindical descarta que ejerzan medidas de presión que afecten a terceros como el bloqueo de carreteras
Hermosillo, 22 de abril.- Los mineros de Mexicana de Cananea mantienen su postura de no retirarse de las instalaciones de la planta productora de cobre, pese a la conclusión definitiva de la relación laboral entre el sindicato y la empresa.
El dirigente de la Sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), Sergio Tolano Lizárraga, manifestó que el ánimo de los mineros, tras el fallo de Corte, es el mismo.
Dijo que los mineros seguirán en la lucha y reforzarán las guardias en las instalaciones de la minera, que tienen tomada desde el 30 de julio de 2007, cuando iniciaron una huelga en demanda de que se reforzaran las medidas de seguridad en la planta.
El líder sindical descartó que ejerzan de nuevo medidas de presión que afecten a terceros, como el bloqueo de carreteras, pero estarán a la expectativa ante un eventual desalojo de las instalaciones mineras.
Destacó que los abogados del sindicato minero acudirán ante organismos internacionales para continuar en la lucha jurídica.
Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cerró el conflicto que mantenía el Sindicato Minero y la empresa Mexicana de Cananea, al confirmar la terminación de las relaciones laborales entre los trabajadores y la compañía de forma irrevocable.
“Aunque legalmente ya no hay instancias a las cuales acudir en México, existen convenios y pactos internacionales que el gobierno mexicano tiene que cumplir”, externó Tolano Lizárraga.
Añadió que no está en su ánimo recurrir a la violencia y que han sido las autoridades federales las que los han agredido cuando han acudido a Cananea a entregarles notificaciones, pero que están preparados para responder a un intento de desalojo. (Con información de Notimex/GCE)
El líder sindical descarta que ejerzan medidas de presión que afecten a terceros como el bloqueo de carreteras
Hermosillo, 22 de abril.- Los mineros de Mexicana de Cananea mantienen su postura de no retirarse de las instalaciones de la planta productora de cobre, pese a la conclusión definitiva de la relación laboral entre el sindicato y la empresa.
El dirigente de la Sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), Sergio Tolano Lizárraga, manifestó que el ánimo de los mineros, tras el fallo de Corte, es el mismo.
Dijo que los mineros seguirán en la lucha y reforzarán las guardias en las instalaciones de la minera, que tienen tomada desde el 30 de julio de 2007, cuando iniciaron una huelga en demanda de que se reforzaran las medidas de seguridad en la planta.
El líder sindical descartó que ejerzan de nuevo medidas de presión que afecten a terceros, como el bloqueo de carreteras, pero estarán a la expectativa ante un eventual desalojo de las instalaciones mineras.
Destacó que los abogados del sindicato minero acudirán ante organismos internacionales para continuar en la lucha jurídica.
Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cerró el conflicto que mantenía el Sindicato Minero y la empresa Mexicana de Cananea, al confirmar la terminación de las relaciones laborales entre los trabajadores y la compañía de forma irrevocable.
“Aunque legalmente ya no hay instancias a las cuales acudir en México, existen convenios y pactos internacionales que el gobierno mexicano tiene que cumplir”, externó Tolano Lizárraga.
Añadió que no está en su ánimo recurrir a la violencia y que han sido las autoridades federales las que los han agredido cuando han acudido a Cananea a entregarles notificaciones, pero que están preparados para responder a un intento de desalojo. (Con información de Notimex/GCE)
Anuncia SME huelga de hambre en el Zócalo
La manifestación forma parte de una nueva etapa de resistencia de los electricistas contra la cerrazón de las autoridades: Montes de Oca
México, 22 de abril.- El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) anunció que el próximo domingo iniciará una huelga de hambre masiva en el Zócalo capitalino, en una nueva etapa de su resistencia por la desaparición de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Durante la celebración de su Asamblea General Extraordinaria, el dirigente sindical, Martín Esparza Flores, señaló que 50 electricistas, quienes fueron sometidos a diversos exámenes médicos, iniciarán la huelga en el Zócalo.
También comentó que una vez iniciado el ayuno que forma parte de las acciones en demanda de que se declare inconstitucional el decreto por el que se liquidó LFC, entregarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las firmas recolectadas en apoyo a su lucha.
A su vez, el secretario del Interior del SME, Humberto Montes de Oca, señaló que la huelga forma parte de una nueva etapa de resistencia de los electricistas contra la cerrazón de las autoridades. (Con información de Notimex/TPC)
México, 22 de abril.- El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) anunció que el próximo domingo iniciará una huelga de hambre masiva en el Zócalo capitalino, en una nueva etapa de su resistencia por la desaparición de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Durante la celebración de su Asamblea General Extraordinaria, el dirigente sindical, Martín Esparza Flores, señaló que 50 electricistas, quienes fueron sometidos a diversos exámenes médicos, iniciarán la huelga en el Zócalo.
También comentó que una vez iniciado el ayuno que forma parte de las acciones en demanda de que se declare inconstitucional el decreto por el que se liquidó LFC, entregarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las firmas recolectadas en apoyo a su lucha.
A su vez, el secretario del Interior del SME, Humberto Montes de Oca, señaló que la huelga forma parte de una nueva etapa de resistencia de los electricistas contra la cerrazón de las autoridades. (Con información de Notimex/TPC)
domingo, 18 de abril de 2010
Familias en Pie de Lucha con el SME
Las abajo firmantes ciudadanas mexicanas en el ejercicio
Plenos de nuestros derechos constitucionales demandamos lo
Siguiente:
A quien corresponda:
Hoy vemos con tristeza como nuestro país esta convulsionado, despidos masivos (SME, Huelga de mineros,), violencia indiscriminada, derechos mutilados, niños muertos, el narco sin freno, el ejercito de la policía vejando a la población, la prensa escrita (con honrosas excepciones), la televisión y la radio vendida de los poderoso. Las mentiras se vuelven verdades y las verdades mentiras.
Da indignación ver como no hay ninguna institución que esté del lado del pueblo no con paternalismo ni populismo, sino por justicia.
Con decepción vemos que las instituciones son parte de esta maquiavélica situación, se escudan en que solo pueden dar recomendaciones para lavarse las manos y no asumir su responsabilidad ante la grave situación que vive el país.
Tal vez asumen. Esa actitud por que a ustedes no les han matado un hijo, tienen un empleo seguro y bien pagado, además de una vivienda digna y que comer.
Nosotros las abajo firmantes somos esposas, madres, hijas, tías, sobrinas, hermanas, suegras, cuñadas, abuelas y amigas de los trabajadores y trabajadoras del Sindicato Mexicano de Electricistas, denunciamos que a 6 meses del inconstitucional decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, el gobierno de Felipe Calderón con sus funcionarios no han tenido la voluntad política para dar una salida al conflicto que ellos crearon, también denunciamos que ustedes se han convertido en cómplices al no denunciar la violación sistemática de los derechos de los trabajadores y sus familias, como son el derecho de un trabajo digno, los trabajadores electricistas son obreros calificados, por eso rechazamos la salida de Javier Lozano de quererlos convertir en subempleados, no vivimos en una economía de trueque de lo que genera riquezas en un país, es el empleo.
Han violentado el derecho de decidir el rumbo de nuestra vida, cambiando de la noche a la mañana nuestra forma de vida diciéndonos en que debemos trabajar y ahora como debemos vivir.
Sabían que compañeros se han suicidado por desesperanza, que hay parejas que se han separado por la disyuntiva de liquidarse o no, que los niños y los jóvenes han sido blanco de burla en las escuelas, nos han dicho rateros, flojos, abusivos, corruptos y mal nacidos, además que por esto familias enteras han caído en depresión.
¿Quién va a responder por este daño? ¿Ustedes que van a hacer? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Callan por que el dinero pesa y vale más que la dignidad? ¿A quien representan y a quien defienden?
Es cómodo decir que nos hacemos las victimas, los invitas a que vallan y pidan trabajo y digan que trabajaron en Luz y Fuerza y se los nieguen así como a sus esposas y familiares.
Los funcionarios de esto no saben por que ganan sueldos millonarios, sus hijos van a escuelas exclusivas y sus despensas se desparraman. Nos gustaría que por un día vivieran con $50 o menos, que los hijos dejaran de estudiar por que no hay para los pasajes ni para una buena alimentación. Los retamos a hacer una comparación de su calidad de vida con la de la clase trabajadora.
Nosotros no queremos privilegios ni trato preferencial lo único que exigimos es que devuelvan el empleo que injustificadamente se les quito, así como el respeto a las leyes de este país.
No entendemos por que en una Comisión de Derechos Humanos donde la empatía con el otro es importante, donde los principios humanos y morales son indispensables, no hay eco a los reclamos de la gente, o acaso su empatía es solo con el poder, sus principios son, que lo que, se compra esta en una alta estima, nosotras les decimos que todo lo barato es lo que lo que se compra con dinero lo caro es la dignidad el amor a los electricistas y al pueblo, la solidaridad con las muertas de Juárez, con los familiares de los jóvenes asesinados, de los bebes muertos en la guardería ABC, los indígenas, los que están en huelga y muchos otros.
Todo lo anterior hace que nos levantemos y podamos mirarnos al espejo y mirar a nuestras familias a la cara, ojala ustedes hacer lo mismo sin que les de vergüenza.
Aclaramos, nosotras no vivimos en Calderolandia, no nos tragamos las mentiras de este gobierno fascista. Ustedes forman parte de este gobierno ¿hasta donde nos van a llevar?
El país es un polvorín ustedes pueden contribuir a ir desactivando tanto enojo de la sociedad, esperemos que no estén maquilando consciente e inconscientemente la destrucción irreversible de nuestro país, y si el puesto les queda grande renuncien.
Si un dejo de dignidad hay en ustedes esperemos que tomen cartas en este y otros asuntos y nos sintamos orgullosos de ustedes.
1.-Por la intervención de las instituciones correspondientes para la pronta solución del conflicto de las y los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas.
2.-Por el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia para que se detenga la sistemática violación de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes.
3.-Por una salida pacifica, digna y sin humillación para los trabajadores y sus familias.
4.-Por la no represión a nuestro movimiento y el alto a cualquier intento de sacar ordenes de aprehensión contra integrantes del SME y organizaciones solidarias.
ATTE: “FAMILIAS EN PIE DE LUCHA CON EL S.M.E”
Plenos de nuestros derechos constitucionales demandamos lo
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A quien corresponda:
Hoy vemos con tristeza como nuestro país esta convulsionado, despidos masivos (SME, Huelga de mineros,), violencia indiscriminada, derechos mutilados, niños muertos, el narco sin freno, el ejercito de la policía vejando a la población, la prensa escrita (con honrosas excepciones), la televisión y la radio vendida de los poderoso. Las mentiras se vuelven verdades y las verdades mentiras.
Da indignación ver como no hay ninguna institución que esté del lado del pueblo no con paternalismo ni populismo, sino por justicia.
Con decepción vemos que las instituciones son parte de esta maquiavélica situación, se escudan en que solo pueden dar recomendaciones para lavarse las manos y no asumir su responsabilidad ante la grave situación que vive el país.
Tal vez asumen. Esa actitud por que a ustedes no les han matado un hijo, tienen un empleo seguro y bien pagado, además de una vivienda digna y que comer.
Nosotros las abajo firmantes somos esposas, madres, hijas, tías, sobrinas, hermanas, suegras, cuñadas, abuelas y amigas de los trabajadores y trabajadoras del Sindicato Mexicano de Electricistas, denunciamos que a 6 meses del inconstitucional decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, el gobierno de Felipe Calderón con sus funcionarios no han tenido la voluntad política para dar una salida al conflicto que ellos crearon, también denunciamos que ustedes se han convertido en cómplices al no denunciar la violación sistemática de los derechos de los trabajadores y sus familias, como son el derecho de un trabajo digno, los trabajadores electricistas son obreros calificados, por eso rechazamos la salida de Javier Lozano de quererlos convertir en subempleados, no vivimos en una economía de trueque de lo que genera riquezas en un país, es el empleo.
Han violentado el derecho de decidir el rumbo de nuestra vida, cambiando de la noche a la mañana nuestra forma de vida diciéndonos en que debemos trabajar y ahora como debemos vivir.
Sabían que compañeros se han suicidado por desesperanza, que hay parejas que se han separado por la disyuntiva de liquidarse o no, que los niños y los jóvenes han sido blanco de burla en las escuelas, nos han dicho rateros, flojos, abusivos, corruptos y mal nacidos, además que por esto familias enteras han caído en depresión.
¿Quién va a responder por este daño? ¿Ustedes que van a hacer? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Callan por que el dinero pesa y vale más que la dignidad? ¿A quien representan y a quien defienden?
Es cómodo decir que nos hacemos las victimas, los invitas a que vallan y pidan trabajo y digan que trabajaron en Luz y Fuerza y se los nieguen así como a sus esposas y familiares.
Los funcionarios de esto no saben por que ganan sueldos millonarios, sus hijos van a escuelas exclusivas y sus despensas se desparraman. Nos gustaría que por un día vivieran con $50 o menos, que los hijos dejaran de estudiar por que no hay para los pasajes ni para una buena alimentación. Los retamos a hacer una comparación de su calidad de vida con la de la clase trabajadora.
Nosotros no queremos privilegios ni trato preferencial lo único que exigimos es que devuelvan el empleo que injustificadamente se les quito, así como el respeto a las leyes de este país.
No entendemos por que en una Comisión de Derechos Humanos donde la empatía con el otro es importante, donde los principios humanos y morales son indispensables, no hay eco a los reclamos de la gente, o acaso su empatía es solo con el poder, sus principios son, que lo que, se compra esta en una alta estima, nosotras les decimos que todo lo barato es lo que lo que se compra con dinero lo caro es la dignidad el amor a los electricistas y al pueblo, la solidaridad con las muertas de Juárez, con los familiares de los jóvenes asesinados, de los bebes muertos en la guardería ABC, los indígenas, los que están en huelga y muchos otros.
Todo lo anterior hace que nos levantemos y podamos mirarnos al espejo y mirar a nuestras familias a la cara, ojala ustedes hacer lo mismo sin que les de vergüenza.
Aclaramos, nosotras no vivimos en Calderolandia, no nos tragamos las mentiras de este gobierno fascista. Ustedes forman parte de este gobierno ¿hasta donde nos van a llevar?
El país es un polvorín ustedes pueden contribuir a ir desactivando tanto enojo de la sociedad, esperemos que no estén maquilando consciente e inconscientemente la destrucción irreversible de nuestro país, y si el puesto les queda grande renuncien.
Si un dejo de dignidad hay en ustedes esperemos que tomen cartas en este y otros asuntos y nos sintamos orgullosos de ustedes.
1.-Por la intervención de las instituciones correspondientes para la pronta solución del conflicto de las y los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas.
2.-Por el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia para que se detenga la sistemática violación de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes.
3.-Por una salida pacifica, digna y sin humillación para los trabajadores y sus familias.
4.-Por la no represión a nuestro movimiento y el alto a cualquier intento de sacar ordenes de aprehensión contra integrantes del SME y organizaciones solidarias.
ATTE: “FAMILIAS EN PIE DE LUCHA CON EL S.M.E”
la sensura en mexico por temor a que el pueblo despierte
Publicado por Zusauker
El 7 de abril, el presidente Kurmanbek Bakiyev fue derrocado por su ex Ministra de Asuntos Exteriores quien le acusa de querer provocar una guerra civil.
Esta noticia fue públicada en varios periodicos y transmitida en varias televisoras, lo que provocó descontento por parte del Gobierno Mexicano.
El Gobierno de México decidio sensurar esta noticia calificandola de inapropiada para la situación que se vive en el país y en cambio nos sigue regalando una obra de teatro llamada "EL ASESINATO DE PAULETTE" que su única finalidad es la de justificar la entrada del FBI a la Ciudad de México.
Cabe mencionar que el golpe de estado sufrido en Kirguistán, casualmente fue provocado por la falta de empleo, la corrupción en votaciones presidenciales, la entrada a ese país de fuerzas armadas estadounidenses, la inseguridad y la militarización y uso de la fuerza poiliciaca para reprimir a manifestantes.
Esta noticia la sensuraron ¿ por que no es apta para la situación que enfrenta el país o por que no le conviene que la gente se entere que en México está pasando lo mismo que en Kirguistán y el Gobierno teme una respuesta similar por parte de los habitantes ?
El 7 de abril, el presidente Kurmanbek Bakiyev fue derrocado por su ex Ministra de Asuntos Exteriores quien le acusa de querer provocar una guerra civil.
Esta noticia fue públicada en varios periodicos y transmitida en varias televisoras, lo que provocó descontento por parte del Gobierno Mexicano.
El Gobierno de México decidio sensurar esta noticia calificandola de inapropiada para la situación que se vive en el país y en cambio nos sigue regalando una obra de teatro llamada "EL ASESINATO DE PAULETTE" que su única finalidad es la de justificar la entrada del FBI a la Ciudad de México.
Cabe mencionar que el golpe de estado sufrido en Kirguistán, casualmente fue provocado por la falta de empleo, la corrupción en votaciones presidenciales, la entrada a ese país de fuerzas armadas estadounidenses, la inseguridad y la militarización y uso de la fuerza poiliciaca para reprimir a manifestantes.
Esta noticia la sensuraron ¿ por que no es apta para la situación que enfrenta el país o por que no le conviene que la gente se entere que en México está pasando lo mismo que en Kirguistán y el Gobierno teme una respuesta similar por parte de los habitantes ?
Las fuerzas armadas a los cuarteles
Arnaldo Córdova
Una percepción generalizada en la sociedad sobre la guerra en contra del narcotráfico indica que es muy claro que esa guerra se ha convertido en una guerra en contra de la sociedad en su conjunto. No hay otro modo de verlo. Lo que nuestros generales llaman bajas o daños colaterales” es una gringada inventada para justificar las atrocidades que algunos militares cometen en contra de la sociedad. Esa llamada “guerra” es ya, en sí misma, un problema atroz para todos nosotros. Se ha sustituido otra gringada como lo es la guerra en contra del terrorismo en un concepto que niega no sólo el estado de derecho en nuestro país, sino la misma idea de la convivencia y de la vida social. Los narcos no son marcianos. Muchos podrán ser extranjeros, pero son casi todos mexicanos.
En todo caso, es un concepto arraigado en la mente de los gobernantes panistas muy desafortunado. Los delincuentes mexicanos deben ser punidos por la ley porque son infractores de la misma. No se trata, empero, de una “guerra”. Ésta se da contra enemigos de la nación y en los disturbios internos que contempla el artículo 29 constitucional no se trata de una guerra, sino de la represión o la punición de actos que van en contra del orden establecido y de la legalidad. Toda proclamada “guerra” en contra de delincuentes mexicanos (aunque, hoy por hoy, sean los reyes del narcotráfico internacional), como lo ha hecho Felipe Calderón, es una declaración franca y abierta de guerra civil.
Eso es lo que estamos viviendo, una verdadera guerra civil y, lo que es peor, sin una causa política que sea identificable. La acción represiva y correccional del Estado no es una guerra sino una acción de gobierno. Cuesta trabajo advertirlo, porque se nos han olvidado los principios fundadores del derecho penal moderno a los que nos debemos institucionalmente. Vivimos una guerra civil declarada por el Estado gobernado por los panistas a la que se han prestado alegremente nuestras fuerzas armadas. Muchos funcionarios, incluso, se alegran de que haya tantas muertes. Después de todo, dicen, los narcos se están matando entre ellos. Los hechos muestran que no es así y que la mayoría de los muertos son inocentes.
Con nuestros militares tenemos varios graves problemas. En primer lugar, sólo sus oficialidades forman lo que más se parece a un esprit de corp, lo que quiere decir conciencia de pertenecer a un organismo especial, pero no así la tropa. Ésta está formada, como lo ha señalado con atingencia el joven investigador Raúl Benítez, por individuos de muy baja escolaridad y de muy rústica formación cultural. Él ha encontrado que la mayoría de sus elementos entran al Ejército para hacer ahorros y luego emigrar como trabajadores a Estados Unidos. Muchos se enrolan en las filas de la delincuencia organizada; pero no son una mayoría. Eso es una creencia que debe corregirse.
Yo me inclino a pensar que esa no es una situación general. No creo que lo sea en la Marina ni en la Fuerza Aérea. En ellas se hacen especialidades que forman oficios más sofisticados que el mero uso de las armas. Pero en el ejército de tierra la situación prevaleciente se da como un ente informe que tiene cabeza pero un cuerpo fluido y sin contextura. Una cabeza, los mandos militares, que no cuentan con una fuerza permanente, sino una especie de canal por el que pasan continuamente hombres y mujeres que no aspiran de verdad a ser militares de carrera, sino que buscan sólo una ocupación ocasional.
Hubo una época en nuestra historia, durante la Revolución y las tres décadas que le siguieron, en la que nuestros militares eran, a la vez, los mejores políticos del país. Tal vez fue porque ninguno de ellos era militar de carrera sino políticos civiles que tuvieron que meterse a militares. Pero hoy, con un Ejército sometido a las autoridades civiles, aunque sólo sus comandantes puedan ejercer los ministerios de gobierno de las fuerzas armadas (indebidamente, por cierto), se muestra cada vez más que nuestros militares, de política, no saben mucho.
La demanda del general Galván de un marco jurídico que regule la participación de los militares en el combate al narcotráfico es ociosa por sí misma, pues ese marco ya existe, sólo que, por principio, no contempla esa participación porque el Ejército no está hecho para ese tipo de lucha. Se ha dicho hasta el cansancio y, la verdad sea dicha, el verdadero interés de los generales es que no haya modo de juzgarlos en el futuro por las violaciones a los derechos humanos y a la Constitución y sus leyes en sus operativos en contra del crimen organizado.
Menos mal que comienzan a aceptar que los militares infractores del orden jurídico deben ser juzgados por jueces naturales, vale decir, civiles, y que el fuero de guerra, como se le llama, debe circunscribirse exclusivamente a faltas en contra de la disciplina militar. La demanda generalizada de la sociedad en el sentido de que los militares deben volver a sus cuarteles y dedicarse sólo a las tareas que la Constitución y el derecho les asignan ha encontrado eco en el Senado, que se ha declarado, primero, porque en sesenta días se retiren los soldados de las calles y de los pueblos y, luego, que ello ocurra en no más de treinta. El hecho patente es que desde que se aparecen los militares en algún lugar comienza la carnicería de civiles que se presumen inocentes.
Si el espíritu institucional de las fuerzas armadas se diera no únicamente como devoción al titular del Ejecutivo sino, y sobre todo, a las instituciones de la República, el general Galván no debería temer que en el futuro se juzgue a sus colegas por los delitos en que hoy puedan incurrir, sino más bien a que se les involucre en una batalla que no es de ellos y, lo que es peor, está corrompiendo y degradando a nuestro instituto armado. Claro que no pueden hacer a menos obedecer al jefe supremo de las fuerzas armadas en cuanto éste les ordena entrar en operativos en contra de la delincuencia organizada; pero podrían mostrar su desacuerdo, en caso de que se diera, y el mismo Presidente estaría obligado a atenderlos.
La Revolución Mexicana nos heredó la idea que luego se arraigó en la conciencia ciudadana de que el nuestro había dejado de ser un ejército de casta para convertirse en un ejército del pueblo, de ciudadanos armados, como decía el general Cárdenas. Para todos fue un orgullo ver marchar en los desfiles a nuestros soldados y a nuestros marinos y, fuera de eso, no se les veía más que en los cuarteles o los campos militares. Hoy esa percepción se ha tornado algo de verdad lastimoso. Ahora nos aterrorizan cuando nos los encontramos en las calles o las carreteras. Y es de eso de lo que los generales deberían estar preocupados, no de ser juzgados por sus delitos en el futuro.
Una percepción generalizada en la sociedad sobre la guerra en contra del narcotráfico indica que es muy claro que esa guerra se ha convertido en una guerra en contra de la sociedad en su conjunto. No hay otro modo de verlo. Lo que nuestros generales llaman bajas o daños colaterales” es una gringada inventada para justificar las atrocidades que algunos militares cometen en contra de la sociedad. Esa llamada “guerra” es ya, en sí misma, un problema atroz para todos nosotros. Se ha sustituido otra gringada como lo es la guerra en contra del terrorismo en un concepto que niega no sólo el estado de derecho en nuestro país, sino la misma idea de la convivencia y de la vida social. Los narcos no son marcianos. Muchos podrán ser extranjeros, pero son casi todos mexicanos.
En todo caso, es un concepto arraigado en la mente de los gobernantes panistas muy desafortunado. Los delincuentes mexicanos deben ser punidos por la ley porque son infractores de la misma. No se trata, empero, de una “guerra”. Ésta se da contra enemigos de la nación y en los disturbios internos que contempla el artículo 29 constitucional no se trata de una guerra, sino de la represión o la punición de actos que van en contra del orden establecido y de la legalidad. Toda proclamada “guerra” en contra de delincuentes mexicanos (aunque, hoy por hoy, sean los reyes del narcotráfico internacional), como lo ha hecho Felipe Calderón, es una declaración franca y abierta de guerra civil.
Eso es lo que estamos viviendo, una verdadera guerra civil y, lo que es peor, sin una causa política que sea identificable. La acción represiva y correccional del Estado no es una guerra sino una acción de gobierno. Cuesta trabajo advertirlo, porque se nos han olvidado los principios fundadores del derecho penal moderno a los que nos debemos institucionalmente. Vivimos una guerra civil declarada por el Estado gobernado por los panistas a la que se han prestado alegremente nuestras fuerzas armadas. Muchos funcionarios, incluso, se alegran de que haya tantas muertes. Después de todo, dicen, los narcos se están matando entre ellos. Los hechos muestran que no es así y que la mayoría de los muertos son inocentes.
Con nuestros militares tenemos varios graves problemas. En primer lugar, sólo sus oficialidades forman lo que más se parece a un esprit de corp, lo que quiere decir conciencia de pertenecer a un organismo especial, pero no así la tropa. Ésta está formada, como lo ha señalado con atingencia el joven investigador Raúl Benítez, por individuos de muy baja escolaridad y de muy rústica formación cultural. Él ha encontrado que la mayoría de sus elementos entran al Ejército para hacer ahorros y luego emigrar como trabajadores a Estados Unidos. Muchos se enrolan en las filas de la delincuencia organizada; pero no son una mayoría. Eso es una creencia que debe corregirse.
Yo me inclino a pensar que esa no es una situación general. No creo que lo sea en la Marina ni en la Fuerza Aérea. En ellas se hacen especialidades que forman oficios más sofisticados que el mero uso de las armas. Pero en el ejército de tierra la situación prevaleciente se da como un ente informe que tiene cabeza pero un cuerpo fluido y sin contextura. Una cabeza, los mandos militares, que no cuentan con una fuerza permanente, sino una especie de canal por el que pasan continuamente hombres y mujeres que no aspiran de verdad a ser militares de carrera, sino que buscan sólo una ocupación ocasional.
Hubo una época en nuestra historia, durante la Revolución y las tres décadas que le siguieron, en la que nuestros militares eran, a la vez, los mejores políticos del país. Tal vez fue porque ninguno de ellos era militar de carrera sino políticos civiles que tuvieron que meterse a militares. Pero hoy, con un Ejército sometido a las autoridades civiles, aunque sólo sus comandantes puedan ejercer los ministerios de gobierno de las fuerzas armadas (indebidamente, por cierto), se muestra cada vez más que nuestros militares, de política, no saben mucho.
La demanda del general Galván de un marco jurídico que regule la participación de los militares en el combate al narcotráfico es ociosa por sí misma, pues ese marco ya existe, sólo que, por principio, no contempla esa participación porque el Ejército no está hecho para ese tipo de lucha. Se ha dicho hasta el cansancio y, la verdad sea dicha, el verdadero interés de los generales es que no haya modo de juzgarlos en el futuro por las violaciones a los derechos humanos y a la Constitución y sus leyes en sus operativos en contra del crimen organizado.
Menos mal que comienzan a aceptar que los militares infractores del orden jurídico deben ser juzgados por jueces naturales, vale decir, civiles, y que el fuero de guerra, como se le llama, debe circunscribirse exclusivamente a faltas en contra de la disciplina militar. La demanda generalizada de la sociedad en el sentido de que los militares deben volver a sus cuarteles y dedicarse sólo a las tareas que la Constitución y el derecho les asignan ha encontrado eco en el Senado, que se ha declarado, primero, porque en sesenta días se retiren los soldados de las calles y de los pueblos y, luego, que ello ocurra en no más de treinta. El hecho patente es que desde que se aparecen los militares en algún lugar comienza la carnicería de civiles que se presumen inocentes.
Si el espíritu institucional de las fuerzas armadas se diera no únicamente como devoción al titular del Ejecutivo sino, y sobre todo, a las instituciones de la República, el general Galván no debería temer que en el futuro se juzgue a sus colegas por los delitos en que hoy puedan incurrir, sino más bien a que se les involucre en una batalla que no es de ellos y, lo que es peor, está corrompiendo y degradando a nuestro instituto armado. Claro que no pueden hacer a menos obedecer al jefe supremo de las fuerzas armadas en cuanto éste les ordena entrar en operativos en contra de la delincuencia organizada; pero podrían mostrar su desacuerdo, en caso de que se diera, y el mismo Presidente estaría obligado a atenderlos.
La Revolución Mexicana nos heredó la idea que luego se arraigó en la conciencia ciudadana de que el nuestro había dejado de ser un ejército de casta para convertirse en un ejército del pueblo, de ciudadanos armados, como decía el general Cárdenas. Para todos fue un orgullo ver marchar en los desfiles a nuestros soldados y a nuestros marinos y, fuera de eso, no se les veía más que en los cuarteles o los campos militares. Hoy esa percepción se ha tornado algo de verdad lastimoso. Ahora nos aterrorizan cuando nos los encontramos en las calles o las carreteras. Y es de eso de lo que los generales deberían estar preocupados, no de ser juzgados por sus delitos en el futuro.
Ilegal, contratar a particulares para generar energía: SME
Se viola el artículo 27 constitucional, asegura el sindicato
El SME alertó a diputados sobre violaciones a la Carta Magna. La imagen corresponde a una marcha de electricistas en marzo pasadoFoto Yazmín Ortega Cortés
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 18 de abril de 2010, p. 17
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) alertó a la comisión especial de diputados que atiende el caso de Luz y Fuerza del Centro (LFC) que el otorgamiento de contratos a empresas privadas para operar directamente el suministro de energía eléctrica en la zona central del país viola la Constitución y las leyes que rigen este sector.
Este mes, el gobierno federal anunció que ya había unas 30 franquicias listas para operar como proveedores y prestadores de servicio que pueden ser entregados a trabajadores de LFC. Además, un grupo de empleados, encabezado por Alejandro Muñoz, dijo que hay más de 20 empresas constituidas para empezar a laborar lo mismo en la poda de árboles que en planes para invertir en la hidroeléctrica Necaxa.
En tanto, los electricistas encabezados por Martín Esparza alertaron que el 13 de octubre pasado, el actual subsecretario de Gobierno, Roberto Gil, entonces diputado del PAN, presentó una iniciativa de reforma para regular a prestadores de servicio en energía eléctrica.
Aunque hasta el momento no ha prosperado tal propuesta, el SME pidió a la comisión legislativa citada tomar en cuenta este punto que, en su opinión, violaría flagrantemente el artículo 27 de la Constitución, el cual señala que “corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieren para dichos fines”.
El SME insistió ante la comisión plural, encabezada por el diputado Amador Monroy, que se llame a comparecer al titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, órgano liquidador de LFC, porque hay un “desmantelamiento ilegal del organismo”.
Corregir la plana
A seis meses del decreto presidencial de extinción de LFC, los electricistas que no han aceptado su liquidación (poco más de 17 mil, de una plantilla de 44 mil 900 trabajadores) reiteraron su oposición a que se otorguen contratos a particulares “llámense como se llamen”.
En una carta enviada al diputado Monroy, el SME –a través de su comisión autónoma de justicia– señala que ante los planes del Ejecutivo para entregar contratos queda al Poder Legislativo “corregir la plana a quienes están empeñados en destruir a nuestra industria eléctrica nacionalizada”.
Una gran cantidad de trabajadores, agregan en la carta, decidimos mantenernos dentro de las filas del SME porque creemos que aún es posible el respeto a la legalidad constitucional.
En tanto, luego del anuncio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, respecto al aumento a las cuotas de jubilación de los trabajadores en retiro de LFC, sólo con base en el porcentaje de inflación, integrantes de diversos grupos de electricistas en esta condición se reunirán este lunes para definir una estrategia en defensa de los beneficios que les otorgaban, a través del contrato colectivo firmado entre su sindicato y LFC.
El SME alertó a diputados sobre violaciones a la Carta Magna. La imagen corresponde a una marcha de electricistas en marzo pasadoFoto Yazmín Ortega Cortés
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 18 de abril de 2010, p. 17
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) alertó a la comisión especial de diputados que atiende el caso de Luz y Fuerza del Centro (LFC) que el otorgamiento de contratos a empresas privadas para operar directamente el suministro de energía eléctrica en la zona central del país viola la Constitución y las leyes que rigen este sector.
Este mes, el gobierno federal anunció que ya había unas 30 franquicias listas para operar como proveedores y prestadores de servicio que pueden ser entregados a trabajadores de LFC. Además, un grupo de empleados, encabezado por Alejandro Muñoz, dijo que hay más de 20 empresas constituidas para empezar a laborar lo mismo en la poda de árboles que en planes para invertir en la hidroeléctrica Necaxa.
En tanto, los electricistas encabezados por Martín Esparza alertaron que el 13 de octubre pasado, el actual subsecretario de Gobierno, Roberto Gil, entonces diputado del PAN, presentó una iniciativa de reforma para regular a prestadores de servicio en energía eléctrica.
Aunque hasta el momento no ha prosperado tal propuesta, el SME pidió a la comisión legislativa citada tomar en cuenta este punto que, en su opinión, violaría flagrantemente el artículo 27 de la Constitución, el cual señala que “corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieren para dichos fines”.
El SME insistió ante la comisión plural, encabezada por el diputado Amador Monroy, que se llame a comparecer al titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, órgano liquidador de LFC, porque hay un “desmantelamiento ilegal del organismo”.
Corregir la plana
A seis meses del decreto presidencial de extinción de LFC, los electricistas que no han aceptado su liquidación (poco más de 17 mil, de una plantilla de 44 mil 900 trabajadores) reiteraron su oposición a que se otorguen contratos a particulares “llámense como se llamen”.
En una carta enviada al diputado Monroy, el SME –a través de su comisión autónoma de justicia– señala que ante los planes del Ejecutivo para entregar contratos queda al Poder Legislativo “corregir la plana a quienes están empeñados en destruir a nuestra industria eléctrica nacionalizada”.
Una gran cantidad de trabajadores, agregan en la carta, decidimos mantenernos dentro de las filas del SME porque creemos que aún es posible el respeto a la legalidad constitucional.
En tanto, luego del anuncio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, respecto al aumento a las cuotas de jubilación de los trabajadores en retiro de LFC, sólo con base en el porcentaje de inflación, integrantes de diversos grupos de electricistas en esta condición se reunirán este lunes para definir una estrategia en defensa de los beneficios que les otorgaban, a través del contrato colectivo firmado entre su sindicato y LFC.
Mentira, que la mayoría de víctimas de la violencia sean delincuentes, señalan ONG
En Ciudad Juárez “vivimos con miedo a los fuegos cruzados”, sostienen activistas
Critican a Calderón por minimizar las muertes de civiles derivadas del combate al narcotráfico
Los restos de Alexander Cervantes Elena, comandante de la Policía Municipal de Guadalajara, Jalisco, asesinado el jueves por la noche, fueron sepultados ayer en esa ciudad, luego de una misa de cuerpo presenteFoto Notimex
Carolina Gómez Mena
Periódico La Jornada
Domingo 18 de abril de 2010, p. 6
En Ciudad Juárez, Chihuahua, las cifras de las muertes derivadas de la guerra contra el narcotráfico “hablan por sí solas respecto de que ésta no está dando resultados, pues la violencia y las violaciones a los derechos humanos continúan”, criticaron defensores de garantías fundamentales. Expusieron que en la urbe fronteriza “se vive con vulnerabilidad y miedo”, así como “en estado de pánico” constantes.
Evodia Chaparro, integrante del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, refirió en conferencia de prensa que los decesos de civiles evidencian, más allá de los discursos, lo que ocurre en esa ciudad tras la llegada del Ejército en 2008 para combatir el narcotráfico, tarea que ahora comanda la Policía Federal.
“En 2007, antes de la llegada del Ejército, aproximadamente fueron 307 muertes. En 2008 aumentaron a mil 607, y el año pasado fueron 2 mil 600. Esto nos demuestra claramente que el Ejército no está dando resultados”, se afirmó durante la clausura del tercer Encuentro Nacional de Defensores(as) de Derechos Humanos: La labor de los defensores de derechos humanos, una tarea peligrosa.
Chaparro apuntó que “Ciudad Juárez no es un lugar donde puedas estar tranquilo, y por eso ocurre un éxodo enorme; ahora, aparte de estar tomada por militares, también están los federales. Vivimos en el terror del narcotráfico, las violaciones de militares y policías y con miedo por los fuegos cruzados. Dicen que Ciudad Juárez no vive un estado de guerra, pero si no es así, no sé cómo llamarlo”.
Patricia Galarza, integrante del mismo centro de derechos humanos, lamentó: “estamos en una ciudad militarizada; de ahí deriva el miedo a estar fuera (en las calles)”.
Según datos de ese organismo, hasta el 15 de abril “van más de 630 muertes” y de 2008 a la fecha “15 por ciento de los decesos son de niños”.
Ante a esa situación, los defensores de los derechos humanos criticaron que el titular del Ejecutivo “minimice” los fallecimientos de civiles.
Calificaron lo dicho por el presidente Felipe Calderón respecto de que 90 por ciento de las muertes son de delincuentes, como una declaración “desafortunada”, porque lo que hay que entender es que “ninguna vida puede ser considerada menor.
“Esta supuesta guerra contra el narco ha traído más amenazas, más violencia a la sociedad, y ha provocado que el número de muertes sea muy elevado.”
Evodia Chaparro; José Blanco Urbina, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, y Sandra Salcedo, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, lamentaron el comentario de Felipe Calderón, el cual calificaron de falsear el porcentaje.
“Aunque las personas fueran delincuentes, el Estado mexicano tiene la obligación de respetar los derechos humanos de todas las personas que se encuentran en su territorio; esta una justificación fácil (...) una justificación para salir del paso; además, no es verdad que la mayoría sean delincuentes”, consideraron.
Critican a Calderón por minimizar las muertes de civiles derivadas del combate al narcotráfico
Los restos de Alexander Cervantes Elena, comandante de la Policía Municipal de Guadalajara, Jalisco, asesinado el jueves por la noche, fueron sepultados ayer en esa ciudad, luego de una misa de cuerpo presenteFoto Notimex
Carolina Gómez Mena
Periódico La Jornada
Domingo 18 de abril de 2010, p. 6
En Ciudad Juárez, Chihuahua, las cifras de las muertes derivadas de la guerra contra el narcotráfico “hablan por sí solas respecto de que ésta no está dando resultados, pues la violencia y las violaciones a los derechos humanos continúan”, criticaron defensores de garantías fundamentales. Expusieron que en la urbe fronteriza “se vive con vulnerabilidad y miedo”, así como “en estado de pánico” constantes.
Evodia Chaparro, integrante del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, refirió en conferencia de prensa que los decesos de civiles evidencian, más allá de los discursos, lo que ocurre en esa ciudad tras la llegada del Ejército en 2008 para combatir el narcotráfico, tarea que ahora comanda la Policía Federal.
“En 2007, antes de la llegada del Ejército, aproximadamente fueron 307 muertes. En 2008 aumentaron a mil 607, y el año pasado fueron 2 mil 600. Esto nos demuestra claramente que el Ejército no está dando resultados”, se afirmó durante la clausura del tercer Encuentro Nacional de Defensores(as) de Derechos Humanos: La labor de los defensores de derechos humanos, una tarea peligrosa.
Chaparro apuntó que “Ciudad Juárez no es un lugar donde puedas estar tranquilo, y por eso ocurre un éxodo enorme; ahora, aparte de estar tomada por militares, también están los federales. Vivimos en el terror del narcotráfico, las violaciones de militares y policías y con miedo por los fuegos cruzados. Dicen que Ciudad Juárez no vive un estado de guerra, pero si no es así, no sé cómo llamarlo”.
Patricia Galarza, integrante del mismo centro de derechos humanos, lamentó: “estamos en una ciudad militarizada; de ahí deriva el miedo a estar fuera (en las calles)”.
Según datos de ese organismo, hasta el 15 de abril “van más de 630 muertes” y de 2008 a la fecha “15 por ciento de los decesos son de niños”.
Ante a esa situación, los defensores de los derechos humanos criticaron que el titular del Ejecutivo “minimice” los fallecimientos de civiles.
Calificaron lo dicho por el presidente Felipe Calderón respecto de que 90 por ciento de las muertes son de delincuentes, como una declaración “desafortunada”, porque lo que hay que entender es que “ninguna vida puede ser considerada menor.
“Esta supuesta guerra contra el narco ha traído más amenazas, más violencia a la sociedad, y ha provocado que el número de muertes sea muy elevado.”
Evodia Chaparro; José Blanco Urbina, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, y Sandra Salcedo, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, lamentaron el comentario de Felipe Calderón, el cual calificaron de falsear el porcentaje.
“Aunque las personas fueran delincuentes, el Estado mexicano tiene la obligación de respetar los derechos humanos de todas las personas que se encuentran en su territorio; esta una justificación fácil (...) una justificación para salir del paso; además, no es verdad que la mayoría sean delincuentes”, consideraron.
Fernando Gómez Mont espera resolver el conflicto con el SME antes del 7 de mayo
Fernando Gómez Mont espera resolver el conflicto con el SME antes del 7 de mayo
Fernando Gómez Mont desplegó un documento a nivel director-empresarial, en donde se compromete a terminar con el conflicto arrastrado por el decreto que extingue a Luz y Fuerza del Centro y llegar a un arreglo con el SME (Sindicato Mexicano de Electricistas) en donde todas las partes queden conformes y puedan recontratarse a la brevedad posible.
Se espera que antes del día 7 de mayo el conflicto se dé por finalizado y los ex-trabajadores de la extinta paraestatal puedan ser recontratados y asi reintegrarse a sus labores y comenzar con el reestablecimiento del suministro eléctrico en la zona centro que es donde mas fallas se han reportado.
Publicado el 16 Apr 2010 por screamradio
Fernando Gómez Mont desplegó un documento a nivel director-empresarial, en donde se compromete a terminar con el conflicto arrastrado por el decreto que extingue a Luz y Fuerza del Centro y llegar a un arreglo con el SME (Sindicato Mexicano de Electricistas) en donde todas las partes queden conformes y puedan recontratarse a la brevedad posible.
Se espera que antes del día 7 de mayo el conflicto se dé por finalizado y los ex-trabajadores de la extinta paraestatal puedan ser recontratados y asi reintegrarse a sus labores y comenzar con el reestablecimiento del suministro eléctrico en la zona centro que es donde mas fallas se han reportado.
Publicado el 16 Apr 2010 por screamradio
Contratistas de CFE sin trabajo
Empresas contratistas al servicio de CFE han quedado paralizadas debido a la falta de presupuesto por parte del Gobierno Federal y CFE (Comisión Federal de Electricidad).
Cientos de trabajadores esperan en sus camionetas a que les sea autorizado salir a laborar, ya que CFE se ha quedado sin recursos para pagarles a dichas empresas, por lo que ingenieros a cargo de las empresas han decidido paralizar los trabajos.
Al preguntarles a ingenieros y trabajadores el motivo por el cual dejaron de laborar para CFE nos contestaron: CFE dice no tener mas presupuesto para pagarnos, que sigamos trabajando y que se nos irá pagando conforme le vayan autorizando más presupuesto.
Con esto lo único que se puede esperar son más apagones, así que a preparar velas, lámparas y un radio de pilas para estar informados.
0 ComentariosPublicado el 16 Apr 2010 por screamradio
Cientos de trabajadores esperan en sus camionetas a que les sea autorizado salir a laborar, ya que CFE se ha quedado sin recursos para pagarles a dichas empresas, por lo que ingenieros a cargo de las empresas han decidido paralizar los trabajos.
Al preguntarles a ingenieros y trabajadores el motivo por el cual dejaron de laborar para CFE nos contestaron: CFE dice no tener mas presupuesto para pagarnos, que sigamos trabajando y que se nos irá pagando conforme le vayan autorizando más presupuesto.
Con esto lo único que se puede esperar son más apagones, así que a preparar velas, lámparas y un radio de pilas para estar informados.
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sábado, 17 de abril de 2010
Secretaría de Trabajo y Previsión Social - Boletín 67
Publicado por Radio SME / 12:46 /
El monto de las jubilaciones de los extrabajadores del extinto organismo Luz y Fuerza del Centro será actualizado anualmente en los mismos términos que a los trabajadores sujetos a la Ley del Seguro Social
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) informan a los jubilados del extinto organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, que sus jubilaciones serán actualizadas retroactivamente al mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor y se continuarán actualizando cada año.
De conformidad con el artículo 5 del Decreto por el que se Extingue el Organismo Descentralizado Luz y Fuerza del Centro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de octubre de 2009, el Gobierno Federal garantizará el pago de las jubilaciones otorgadas a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. En cumplimiento a esta disposición, el pago de las jubilaciones se ha venido realizando regularmente por el SAE en su carácter de liquidador, en tiempo y forma. A su vez, la cláusula 64 del extinto Contrato Colectivo de Trabajo que regía las relaciones laborales entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y Luz y Fuerza del Centro disponía la forma y términos del incremento periódico de las jubilaciones, por lo que, al ya no resultar aplicable, se hace necesario un factor de actualización que, en estricta justicia, permita que los montos de dicha prestación no pierdan vigencia ni poder adquisitivo. Lo anterior, con el propósito de salvaguardar el patrimonio de los jubilados de dicho organismo en liquidación.
Por lo mismo, en respuesta a una consulta realizada por la Subsecretaría de Electricidad de la Secretaría de Energía el pasado mes de octubre de 2009, la autoridad laboral determinó que las pensiones en cuestión se incrementaran anualmente en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Lo anterior, aplicando por analogía y equidad lo dispuesto en los artículos 68, 141, 145, 157 fracc.I, 164 fracc.I y 170 de la Ley del Seguro Social. Dichas disposiciones resultan procedentes atendiendo a lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo en el sentido de que a falta de disposición expresa se tomarán en consideración las disposiciones que regulen casos semejantes y los principios generales de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad. En consecuencia, y en cumplimiento al Plan para el Pago de las Jubilaciones autorizado, estás serán incrementadas en un 3.57 %. Dicho incremento será aplicado retroactivamente a los más de 20,000 jubilados que tienen derecho a este beneficio, a partir del primero de febrero de este año. Los trabajadores jubilados podrán realizar los cobros correspondientes sin mayores contratiempos en los mismos términos en que lo han venido haciendo. Este incremento representa un impacto presupuestal del orden de 450 millones de pesos adicionales a los montos actuales destinados al pago de las jubilaciones.
Este asunto fue motivo de la agenda de trabajo del grupo intergubernamental para dar seguimiento a los diversos aspectos relacionados con la liquidación de Luz y Fuerza del Centro que preside el Lic. Javier Lozano Alarcón, Secretario del Trabajo y Previsión Social.
La STPS permanecerá atenta a que se respete puntualmente el Plan para el Pago de Jubilaciones en los términos señalados.
El monto de las jubilaciones de los extrabajadores del extinto organismo Luz y Fuerza del Centro será actualizado anualmente en los mismos términos que a los trabajadores sujetos a la Ley del Seguro Social
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) informan a los jubilados del extinto organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, que sus jubilaciones serán actualizadas retroactivamente al mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor y se continuarán actualizando cada año.
De conformidad con el artículo 5 del Decreto por el que se Extingue el Organismo Descentralizado Luz y Fuerza del Centro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de octubre de 2009, el Gobierno Federal garantizará el pago de las jubilaciones otorgadas a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. En cumplimiento a esta disposición, el pago de las jubilaciones se ha venido realizando regularmente por el SAE en su carácter de liquidador, en tiempo y forma. A su vez, la cláusula 64 del extinto Contrato Colectivo de Trabajo que regía las relaciones laborales entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y Luz y Fuerza del Centro disponía la forma y términos del incremento periódico de las jubilaciones, por lo que, al ya no resultar aplicable, se hace necesario un factor de actualización que, en estricta justicia, permita que los montos de dicha prestación no pierdan vigencia ni poder adquisitivo. Lo anterior, con el propósito de salvaguardar el patrimonio de los jubilados de dicho organismo en liquidación.
Por lo mismo, en respuesta a una consulta realizada por la Subsecretaría de Electricidad de la Secretaría de Energía el pasado mes de octubre de 2009, la autoridad laboral determinó que las pensiones en cuestión se incrementaran anualmente en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Lo anterior, aplicando por analogía y equidad lo dispuesto en los artículos 68, 141, 145, 157 fracc.I, 164 fracc.I y 170 de la Ley del Seguro Social. Dichas disposiciones resultan procedentes atendiendo a lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo en el sentido de que a falta de disposición expresa se tomarán en consideración las disposiciones que regulen casos semejantes y los principios generales de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad. En consecuencia, y en cumplimiento al Plan para el Pago de las Jubilaciones autorizado, estás serán incrementadas en un 3.57 %. Dicho incremento será aplicado retroactivamente a los más de 20,000 jubilados que tienen derecho a este beneficio, a partir del primero de febrero de este año. Los trabajadores jubilados podrán realizar los cobros correspondientes sin mayores contratiempos en los mismos términos en que lo han venido haciendo. Este incremento representa un impacto presupuestal del orden de 450 millones de pesos adicionales a los montos actuales destinados al pago de las jubilaciones.
Este asunto fue motivo de la agenda de trabajo del grupo intergubernamental para dar seguimiento a los diversos aspectos relacionados con la liquidación de Luz y Fuerza del Centro que preside el Lic. Javier Lozano Alarcón, Secretario del Trabajo y Previsión Social.
La STPS permanecerá atenta a que se respete puntualmente el Plan para el Pago de Jubilaciones en los términos señalados.
Deploran PRI, AN y PRD que desdeñe el Presidente a víctimas del fuego cruzado Injustificable, disparar a personas inermes que no entienden que se les pide detenerse, señalan
Andrea Becerril Periódico La Jornada Sábado 17 de abril de 2010, p. 3 El coordinador de los senadores priístas, Manlio Fabio Beltrones, lamentó que el presidente Felipe Calderón “trate de minimizar un asunto de tan alta gravedad” como la muerte de civiles en operativos contra el narcotráfico, sobre todo cuando las víctimas son niños, y advirtió que por eso en la ley de seguridad nacional, que se dictamina actualmente, se incluirán medidas que garanticen que en el combate al crimen organizado se respetarán irrestrictamente los derechos humanos. A su vez, el coordinador perredista en Xicoténcatl, Carlos Navarrete, aseveró que “es inaceptable que sigan cayendo civiles por errores en los retenes o atrapados en el fuego cruzado”. También el coordinador de los senadores panistas, Gustavo Madero, se refirió a las declaraciones que horas antes formuló el Ejecutivo federal de que las muertes de civiles “son las menos”. Comentó que nunca hay que minimizar los decesos de civiles, aunque no puede dejar de reconocerse que el Estado enfrenta una lucha violenta contra bandas criminales. Resaltó que cuando por desgracia fallecen civiles, se debe garantizar una investigación plena y resarcir en lo posible los daños. Los coordinadores de las tres principales fuerzas políticas en el Senado resaltaron que en el dictamen de la ley de seguridad nacional se reglamentan los retenes mediante un protocolo que señala muy claramente en qué condiciones pueden establecerse. Justicia castrense y militar Beltrones resaltó que otro de los puntos en que trabajan es el relativo al fuero militar, con base en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referente al caso de Rosendo Radilla, en la cual se especificó cuándo es aplicable la jurisdicción castrense y en qué momento la civil. El priísta resaltó que hay además una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitida en 2000, de acuerdo con la cual cuando las fuerzas armadas participen en apoyo a autoridades civiles deberán someterse a la competencia de estas últimas. Por lo que toca a los retenes –en varios de los cuales ha habido problemas y muertes de civiles–, Beltrones detalló que en el proyecto de dictamen de ley de seguridad nacional se establece un protocolo en el que se precisan las condiciones en que actuarán militares e instancias de seguridad pública, con respeto a las garantías individuales y los derechos humanos de las personas que estén sujetas a revisión. Navarrete comentó que hay avance para instaurar ese protocolo de comportamiento, con parámetros y puntos de referencia de todo lo que está permitido y de lo que no debe pasar. Explicó que en ninguno de los retenes instalados en todas las carreteras del país existe un protocolo que determine las normas, por ejemplo, de las señales de alto y el trato que tanto militares como policías federales deben dar a los ciudadanos. No se justifica, resaltó, que a gente inerme se le dispare sólo porque no entendió que le hacían señas de que detuviera el vehículo. Madero explicó que hay puntos de acuerdo entre las fuerzas políticas en torno a este tema, que tiene que ver con la participación del Ejército en la persecución de bandas criminales. Resaltó que su bancada apoya la propuesta de que haya retenes en los lugares que sean necesarios, pero siempre que exista una reglamentación adecuada.
miércoles, 14 de abril de 2010
solidoridad con el sindicato del H.cuerpo de bomberos del estado de mex.
un reconocimiento a los compañeros del sindicato del H. cuerpo de bomberos del estado de mexico
ellos se encuentran en un planton permanente ubicados en la plancha de la plaza de los martires de la ciudad de toluca exigiendo el reconocimiento del sindicato y la toma de nota del segretario general de esta organizacion. ademas de la reinstalacion de 10 compañeros a sus labores los cuales fueron despedidos por apoyar a la formacion de dicho sindicato, asi mismo comentan que han sido amenazados con el despido si apoyaban a este planton.
todo nuestro reconocimiento y apoyo.
vgt.
ellos se encuentran en un planton permanente ubicados en la plancha de la plaza de los martires de la ciudad de toluca exigiendo el reconocimiento del sindicato y la toma de nota del segretario general de esta organizacion. ademas de la reinstalacion de 10 compañeros a sus labores los cuales fueron despedidos por apoyar a la formacion de dicho sindicato, asi mismo comentan que han sido amenazados con el despido si apoyaban a este planton.
todo nuestro reconocimiento y apoyo.
vgt.
Amanece el SME con Reconocimiento Legal de su Srio.General
Screamradi0
13 de abril del 2010
Hoy martes 13 de abril el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) amanece con un dictamen que ordena la entrega de nota y reconocimiento legal del Srio. General Martín Esparza Flores, con el cual el Gobierno Federal, La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no podrán recesar los procesos legales y las demandas emprendidas en contra del decreto que extingue a Luz y Fuerza del Centro y la petición del reconocimiento de la figura patronal sustituta.
Al gobierno Federal se le terminó el pretexto para retrasar los procesos legales argumentando que la única personalidad legal para demandar era el Srio. General que se declaraba inexistente dentro del SME, de esta forma el quinto tribunal colegiado en materia laboral validó las elecciones internas en el gremio electricista que se llevaron a cabo en 2009 y ayer por la tarde emitió un dictamen en donde se le da el reconocimiento legal al SME y su Srio. General para proceder de manera ininterrumpida los procesos legales en contra de la extinción de Luz y Fuerza y el reclamo del Patrón Sustituto, así mismo dicho dictamen obliga a la Secretaria del Trabajo a entregar la toma de nota al Sr. Martín Esparza Flores y respetar la desición tomada por el tribunal de darle todo el reconocimiento legal a las peticiones exigidas por el gremio electricista.
El dictamen que avala a Martín Esparza Flores como Srio. General del SME podría costarle el puesto a Javier Lozano en caso de mostrar una negativa a la desición tomada por el tribunal, por lo que se espera que en los próximos días se efectúe el proceso de entrega de nota por parte de la Secretaría del Trabajo o de lo contrario Javier Lozano Alarcón, tendría que afrontar un proceso legal por desacato ante el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, cabe mencionar que una negativa por parte de la Secretaría del Trabajo, ya no afectaría el reconocimiento legal de Martín Esparza al frente del gremio electricista por lo que sus demandas podrían estar a unos cuantos días de su resolución.
13 de abril del 2010
Hoy martes 13 de abril el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) amanece con un dictamen que ordena la entrega de nota y reconocimiento legal del Srio. General Martín Esparza Flores, con el cual el Gobierno Federal, La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no podrán recesar los procesos legales y las demandas emprendidas en contra del decreto que extingue a Luz y Fuerza del Centro y la petición del reconocimiento de la figura patronal sustituta.
Al gobierno Federal se le terminó el pretexto para retrasar los procesos legales argumentando que la única personalidad legal para demandar era el Srio. General que se declaraba inexistente dentro del SME, de esta forma el quinto tribunal colegiado en materia laboral validó las elecciones internas en el gremio electricista que se llevaron a cabo en 2009 y ayer por la tarde emitió un dictamen en donde se le da el reconocimiento legal al SME y su Srio. General para proceder de manera ininterrumpida los procesos legales en contra de la extinción de Luz y Fuerza y el reclamo del Patrón Sustituto, así mismo dicho dictamen obliga a la Secretaria del Trabajo a entregar la toma de nota al Sr. Martín Esparza Flores y respetar la desición tomada por el tribunal de darle todo el reconocimiento legal a las peticiones exigidas por el gremio electricista.
El dictamen que avala a Martín Esparza Flores como Srio. General del SME podría costarle el puesto a Javier Lozano en caso de mostrar una negativa a la desición tomada por el tribunal, por lo que se espera que en los próximos días se efectúe el proceso de entrega de nota por parte de la Secretaría del Trabajo o de lo contrario Javier Lozano Alarcón, tendría que afrontar un proceso legal por desacato ante el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, cabe mencionar que una negativa por parte de la Secretaría del Trabajo, ya no afectaría el reconocimiento legal de Martín Esparza al frente del gremio electricista por lo que sus demandas podrían estar a unos cuantos días de su resolución.
Se fractura la coalición de los extrabajadores del SME
13 Abril, 2010 - 23:26
Al dar a conocer que hicieron la petición de aumento de 4.85% para los jubilados electricistas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para el 2009, la Coalición Temporal del SME desconoció a Alejandro Muñoz como vínculo con el gobierno federal. Además de que advirtió de un “inminente colapso” del sistema eléctrico en el DF.
En rueda de prensa, el exsecretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, Jorge Sánchez, quien había conformado con Muñoz meses antes esta coalición, aseguró que no hubo una ruptura con el opositor de Martín Esparza, sino que nunca se presentó a las asambleas de la coalición.
Sánchez aseveró que Muñoz ha recibido hasta el momento 60 millones de pesos por parte del gobierno federal para la creación de cooperativas, por lo que sus demandas ya no son las mismas que las de los trabajadores: la contratación colectiva.
En ese sentido, el jubilado de Luz y Fuerza del Centro exigió la recontratación de los 10,000 extrabajadores de la empresa pública que conforman el grupo que encabeza. Recordó que el 12 de marzo presentaron una demanda ante la JFCA, para que asigne a un patrón sustituto que se haga cargo de los jubilados, que debe ser la Comisión Federal de Electricidad (CFE), explicó.
Colapso eléctrico
Sobre la situación en que se encuentra el sistema eléctrico de la zona centro, Jorge Sánchez refirió que no es querer ser alarmista, sino que se conoce que están sobrecargadas las subestaciones, que de no darles mantenimiento urgente, se podrían colapsar.
obrito@eleconomista.com.mx
Al dar a conocer que hicieron la petición de aumento de 4.85% para los jubilados electricistas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para el 2009, la Coalición Temporal del SME desconoció a Alejandro Muñoz como vínculo con el gobierno federal. Además de que advirtió de un “inminente colapso” del sistema eléctrico en el DF.
En rueda de prensa, el exsecretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, Jorge Sánchez, quien había conformado con Muñoz meses antes esta coalición, aseguró que no hubo una ruptura con el opositor de Martín Esparza, sino que nunca se presentó a las asambleas de la coalición.
Sánchez aseveró que Muñoz ha recibido hasta el momento 60 millones de pesos por parte del gobierno federal para la creación de cooperativas, por lo que sus demandas ya no son las mismas que las de los trabajadores: la contratación colectiva.
En ese sentido, el jubilado de Luz y Fuerza del Centro exigió la recontratación de los 10,000 extrabajadores de la empresa pública que conforman el grupo que encabeza. Recordó que el 12 de marzo presentaron una demanda ante la JFCA, para que asigne a un patrón sustituto que se haga cargo de los jubilados, que debe ser la Comisión Federal de Electricidad (CFE), explicó.
Colapso eléctrico
Sobre la situación en que se encuentra el sistema eléctrico de la zona centro, Jorge Sánchez refirió que no es querer ser alarmista, sino que se conoce que están sobrecargadas las subestaciones, que de no darles mantenimiento urgente, se podrían colapsar.
obrito@eleconomista.com.mx
domingo, 11 de abril de 2010
México, con el peor nivel de salud en la OCDE
Autor: Nydia Egremy Sección: Sociedad
11 Abril 2010 1
Cada año, México aporta de manera “voluntaria” 50 mil euros al grupo Horizontal en Salud de la OCDE; sin embargo, se sitúa entre los países que menos recursos per cápita designan internamente a la sanidad. Apenas dispone de dos médicos por cada 1 mil habitantes, una cama de hospital por cada 1 mil personas y 1.5 unidades de resonancia magnética por 1 millón de habitantes. Los mexicanos tienen la menor expectativa de vida respecto de los demás miembros del organismo; mientras que la incidencia de dengue, tracoma, lepra y desnutrición –consideradas enfermedades de la pobreza– aumenta
La presencia de México en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a partir del 18 de mayo de 1994 no se ha traducido en mejores niveles de salud para su población, muestran los sucesivos informes de ése y otros organismos internacionales. En 2009, México destinó el 5.9 por ciento de su producto interno bruto a la salud, uno de los más bajos entre los 30 países de la OCDE, cuya tasa de mortalidad infantil es de 15.7 muertes por cada 1 mil nacidos vivos, muy lejos del promedio de 4.9; la expectativa de vida es de 75 años, cuatro menos que la media, según el informe Panorama de la salud 2009, del llamado “club de París”.
A pesar de que México es una de las 15 principales economías del mundo, su población ostenta niveles de salud muy bajos en todas las evaluaciones de los organismos nacionales e internacionales. El informe Indicadores del desarrollo mundial 2009, del Banco Mundial, destaca que en 2006 –última etapa de medición con la que cuenta–, el gasto per cápita de México en ese rubro fue de 527 dólares, un monto que sitúa al país debajo de otros 37 en una escala de 152. Por su parte, las Estadísticas 2009, de la Organización Mundial de la Salud, colocan al país en el último lugar de América en número de partos atendidos por personal de salud calificado, superado por Antigua y Cuba, que tienen el ciento por ciento de atención.
Ese estudio revela que sólo en Chiapas hay 15 mil afectados de tracoma –un mal causado por la bacteria Clamidia trachomatis– que les provocará ceguera antes de los 50 años. Dos años atrás también detectó 243 casos de lepra. Entretanto, se intensificó el dengue, enfermedad causada por el mosquito Aedes aegypty y para la que no hay vacuna, según declaró Miguel Ángel Lezana, director del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud (Ssa), en mayo de 2009.
La prevalencia en México del virus de inmunodeficiencia adquirida es de 267 personas de 15 años por cada 100 mil habitantes, que supera a Cuba, con una tasa de 67, y a Bolivia, con 132, cita el informe de la OCDE. La incidencia de tuberculosis sumó 20 casos por cada 100 mil habitantes en enero de 2009; el año anterior, la Secretaría de Salud de Sonora descubrió 600 nuevos casos, indicó Mauricio Castañón, investigador de ciencias genómicas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Además, la desnutrición crónica y la obesidad infantil constituyen un doble problema de salud pública, pues en una persona coexisten las enfermedades ocasionadas por la nutrición deficiente y las ocasionadas por el sobrepeso y la obesidad, como manifestó Salvador Villalpando Hernández, director de Vigilancia de la Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública, en agosto de 2009.Al respecto, el informe de 2009 de la OCDE mostró que la tasa de obesidad de los mexicanos era del 30 por ciento de la población, la segunda más alta después de Estados Unidos. Como ese mal causa diabetes o asma, el estudio advierte que en el futuro se presentarán problemas sustantivos de salud, “así como un mayor gasto relacionado con ese problema”.
Al pasar revista a los recursos humanos, físicos y tecnológicos que el gobierno mexicano destina a la salud, el análisis de esa organización refiere: “Virtualmente, en todas las dimensiones para las que existen datos disponibles, México permanece abajo del promedio”. Aunque en la década pasada aumentó el número de doctores per cápita, de un médico por 1 mil habitantes en 1990 a dos en 2007, aún está lejos de la media de otros países, con 3.1, y el número de camas en hospitales era de una por 1 mil habitantes, casi un cuarto del promedio de la OCDE, de 3.8 camas por 1 mil habitantes.
En la década pasada, en la mayoría de los países de la OCDE, creció la disponibilidad de tecnologías para el diagnóstico, como unidades para tomografía computarizada, escáneres y resonancia magnética (MRI). En contraste, el número de unidades de MRI en México fue el más bajo de los 30 miembros de esa organización, con 1.5 por 1 millón de habitantes, comparado con un 11 unidades por 1 millón de personas en promedio; el número de escáneres en este país fue de cuatro por 1 millón contra una media de 20.
Sin derecho a la salud
El estudio Evolución del gasto en salud 2003-2009, elaborado por Elsa García y Krystian Méndez, del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados (septiembre de 2009), indica que la asignación al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud de 2009 fue de 48 mil 617 millones de pesos, una asignación que presenta una variación negativa de 2.7 por ciento respecto de 2008.
Con datos del Consejo Nacional de Población y del Segundo informe de gobierno 2008, el CEFP estimó que del total de la población a enero de 2009 (106.2 millones de personas), 63 millones de personas tenían protección en salud, y de ese universo, el 47.8 por ciento de derechohabientes pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 10.5 por ciento, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y el resto, a las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y Petróleos Mexicanos.
En contraste, el estudio admite que 43.2 millones de mexicanos no están afiliados a ninguna de las instituciones de salud mencionadas ni al Seguro Popular o al Seguro Médico para una Nueva Generación. En sus comentarios finales, el CEFP advierte que “el gasto en salud enfrentará nuevos retos, como destinar mayores recursos para la atención oportuna de enfermedades que antes no se habían presentado”, por ejemplo la influenza A/H1N1.
Al respecto, el ingeniero químico Ernesto Saro Boardman, presidente de la Comisión de Salud del Senado, explica que “lamentablemente la desnutrición se encuentra en muchas regiones del país” porque México es un país de contrastes, por esa razón, “tenemos el primero o segundo deshonroso lugar en niños obesos y también en desnutridos”. Opina que el origen de esa situación radica en que “algunas entidades” no prestan atención a ese rubro y destinan a “otras cosas” los recursos que les hace llegar la federación, “como lo que estamos viendo en Oaxaca”.
El legislador por Coahuila del Partido Acción Nacional subraya que, pese a tal rezago, “ha habido avances en este campo desde hace seis años”, cuando el Seguro Popular comenzó a operar a nivel federal. Comenta que antes de esa fecha, “era impensable” que quienes tienen menos recursos accediesen a los servicios de salud si no eran derechohabientes, pues “tenían que pagar de su bolsa toda atención; ahora gran parte del presupuesto se ha ido a ese programa”.
Saro Boardman sostiene que, actualmente, el 85 por ciento de la población está protegido por el Seguro Popular. Anticipa que para 2012 tendrá una cobertura del 95 por ciento. Considera que el desafío mayor para el sistema de salud es que “está fraccionado”: el IMSS por un lado, el ISSSTE por otro, con estructuras distintas y con excesos, como las “altísimas” pensiones con edades de jubilación muy tempranas.
Negado el derecho a la información
La posibilidad de conocer las aportaciones de la Ssa a la OCDE desde 1994, por concepto de compromisos, proyectos y programas, así como los nombres de los comisionados a la sede de ese organismo para asistir a sus reuniones, se dificultó cuando la dependencia negó poseer esa información.
Esto ocurrió cuando el abogado Humberto Hernández Haddad presentó la solicitud de información pública, con folio 001200187509, el 13 de julio de 2009. Seis meses después, el solicitante interpuso un recurso ante el Instituto Federal de Acceso a la Información, que resolvió que todos esos datos debían ser accesibles. Sin embargo, la documentación que proporcionó la dependencia fue escasa.
En su respuesta, distintas direcciones de la Ssa afirman que no poseen los datos o cifras solicitadas; pero se pudo conocer que anualmente esa dependencia federal aporta 50 mil euros a la OCDE. También indica que funcionarios de alto nivel asisten a reuniones en París, Francia.
El desglose que proporcionó la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Ssa muestra que, entre 2002 y 2008, esa dependencia aportó a la OCDE 3 millones 910 mil 947 pesos. A su vez, el oficio DA/1918/09 del 17 de julio de 2009, del director administrativo de la Ssa, dirigido al titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social, indica que esa dirección sólo tramita el pago de la contribución voluntaria dirigida a la OCDE, “cuyo monto asciende a 50 mil euros”, aunque resalta que a esa fecha no se había efectuado el pago correspondiente a 2009.
La información de la Ssa sobre los funcionarios que han asistido a reuniones en la sede de la OCDE carece del cargo y unidad administrativa a la que pertenecen y no detalla los viajes realizados en el periodo comprendido entre 1994 y 2007, sólo se desglosan las comisiones de 2008 y 2009, y no fue proporcionado ningún informe de esas comisiones.
Para identificar el rango y unidad administrativa a la que pertenecen los funcionarios comisionados a la sede de la OCDE, se consultó el portal de la Ssa: una leyenda advierte que la “reestructuración” en esa dependencia afecta la “estructura no básica” de las unidades administrativas, por lo que en el directorio “aparecen áreas no habilitadas”. En realidad, no aparece ningún dato. Sólo se tienen los datos que proporcionó la encargada de la Unidad de Análisis Económico de la Ssa (cuyo nombre tampoco aparece), quien envió el oficio UAE/091/09 al director del Centro de Documentación Institucional el 29 de julio de 2009. Ahí se indica que Jacqueline Arzoz Padrés, economista y doctora en ciencias políticas, de la Unidad de Análisis Económico, acudió a la reunión “Cobertura de la salud universal ¿Quién debe pagar?”, del 5 al 17 mayo de 2008.
Cinco meses después, del 24 al 28 de octubre, Arzoz regresó a París para asistir a la reunión “Políticas de precios en el mercado global: asegurando el acceso promoviendo la innovación valorada”. Casi en los mismos días (del 25 al 28 de octubre de 2008), la licenciada Mariana Barraza Llorens, directora general adjunta de Políticas de Financiamiento, acudió al “Simposio de alto nivel sobre políticas de precios de productos farmacéuticos”.
En 2009, la doctora María Cristina Gutiérrez Delgado, de la Unidad de Análisis Económico, participó en la reunión de expertos para el “Análisis del efecto de la obesidad en la salud poblacional”, del 27 al 30 de abril. Y del 8 al 12 de junio, la doctora Arzoz formó parte de la delegación mexicana que participó en el examen sobre el estudio económico actual de ese organismo.
En cuanto a las erogaciones de la Ssa por los viajes de sus funcionarios a actividades de la OCDE, sólo se obtuvo información correspondiente a 2007 y 2009. Ahí se observa que el doctor Eduardo González Pier, coordinador de Planeación Estratégica, asistió del 18 al 27 de mayo de 2007 a la “Tercera reunión del comité de salud”, cuya comisión significó una erogación por 33 mil 525 pesos.
Del 21 al 25 de septiembre de ese año, la licenciada Mariana Barraza Llorens asistió a la “Tercera reunión de expertos sobre políticas de medicamentos”: la Ssa pagó 14 mil 637 pesos. La comisión del doctor González Pier a la reunión “Fuerza de trabajo de salud y migración internacional”, del 15 de noviembre de 2007, y a la segunda sesión del “Comité de salud”, del 19 al 20, representó un costo de 51 mil 497 pesos.
En mayo de 2008, la Ssa erogó 49 mil 916 pesos por el viaje de la doctora Jacqueline Arzoz Padrés, que asistió a la conferencia “Cobertura de la salud universal ¿Quién debe pagar?”. En octubre, esta funcionaria asistió a la reunión “Asegurar el acceso promoviendo la innovación valorada”, que representó una erogación por 18 mil 375 pesos. La asistencia de la licenciada Barraza Llorens al simposio de alto nivel sobre políticas de productos farmacéuticos, que se celebró con un día de diferencia de la anterior funcionaria, representó un gasto de 7 mil 291 pesos.
En el curso de 2009, la actuaria María Cristina Gutiérrez Delgado asistió del 27 al 30 de abril a la reunión de expertos para el “Análisis de la obesidad en la salud poblacional”: la Ssa erogó 19 mil 199 pesos. La doctora Arzoz Padrés viajó del 8 al 12 de junio en la delegación que participó en el examen sobre el estudio económico global: la dependencia erogó 18 mil 660 pesos. El último dato que aporta la Ssa es el viaje de Panagiota Panapoulou a la reunión del Comité de Expertos en Indicadores de Características de Sistemas, que se realizó del 12 al 16 de septiembre, por un monto de 10 mil 397 pesos.
Entre los beneficios de ser miembro de ese organismo, la Ssa destaca “el intercambio de información y experiencias” en políticas de salud y la identificación de mejores prácticas. Refiere que México también participa en la definición de estrategias de precios de medicamentos, pues es el país dentro de la OCDE con el consumo farmacéutico per cápita más bajo –menos de una cuarta parte de la media–; señala que, a pesar de los bajos ingresos per cápita, los precios de los fármacos en México son relativamente altos.
Para Hernández Haddad, la presencia de México en el llamado “club de París” constituye una “extravagancia onerosa que consume enormes recursos financieros”. Aprecia que esa membresía debería ajustarse a “nuestra realidad”, acreditando a un vocero que auspicie la revisión del modelo económico vigente y cancelar los gastos excesivos que ahí se realizan.
Los secretos del Libro Blanco
La respuesta de la Secretaría de Salud (Ssa) sobre sus erogaciones ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) refiere que los países miembros proporcionan contribuciones voluntarias adicionales para apoyar el trabajo en salud del Comité de Salud. Tanto la Dirección Administrativa de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social como la Dirección General de Relaciones Internacionales manifestaron que México realiza contribuciones voluntarias, a partir de 2003, por 50 mil euros, para apoyar las actividades del Grupo Horizontal en Salud.
Adicionalmente, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) indica en la página 26 de su respuesta al solicitante que, al buscar información relativa a la materia, “pudo localizar el Libro Blanco de la Secretaría de Salud”, que se denomina “Aportaciones a Organismos Internacionales”, correspondiente al periodo comprendido del 1 de diciembre de 2001 al 30 de noviembre de 2006.
Según el IFAI, ese libro, cuya finalidad es exponer la situación del cumplimiento de los compromisos contraídos por la Ssa en aportaciones a organismos, programas y proyectos internacionales, describe, en el apartado correspondiente a la OCDE, que “dicha organización, por conducto del Grupo Horizontal de Salud, lleva a cabo” las tareas de análisis de las políticas nacionales de salud, elaboración de recomendaciones para mejorar dichas políticas, publicaciones relativas a temas específicos de políticas de salud y desarrollo de bases de datos con información de los países miembros.
Agrega el IFAI que el apartado denominado “OCDE” señala que el beneficio de que México participe en el Grupo Horizontal de Salud “es fundamentalmente el intercambio de información y experiencia en materias de políticas de salud”. Agrega que, en 2005, la OCDE realizó un estudio sobre el sistema de salud de México e hizo recomendaciones para mejorar su sistema.
FUENTE: CONTRALÍNEA 17 / 11 DE ABRIL DE 2010
11 Abril 2010 1
Cada año, México aporta de manera “voluntaria” 50 mil euros al grupo Horizontal en Salud de la OCDE; sin embargo, se sitúa entre los países que menos recursos per cápita designan internamente a la sanidad. Apenas dispone de dos médicos por cada 1 mil habitantes, una cama de hospital por cada 1 mil personas y 1.5 unidades de resonancia magnética por 1 millón de habitantes. Los mexicanos tienen la menor expectativa de vida respecto de los demás miembros del organismo; mientras que la incidencia de dengue, tracoma, lepra y desnutrición –consideradas enfermedades de la pobreza– aumenta
La presencia de México en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a partir del 18 de mayo de 1994 no se ha traducido en mejores niveles de salud para su población, muestran los sucesivos informes de ése y otros organismos internacionales. En 2009, México destinó el 5.9 por ciento de su producto interno bruto a la salud, uno de los más bajos entre los 30 países de la OCDE, cuya tasa de mortalidad infantil es de 15.7 muertes por cada 1 mil nacidos vivos, muy lejos del promedio de 4.9; la expectativa de vida es de 75 años, cuatro menos que la media, según el informe Panorama de la salud 2009, del llamado “club de París”.
A pesar de que México es una de las 15 principales economías del mundo, su población ostenta niveles de salud muy bajos en todas las evaluaciones de los organismos nacionales e internacionales. El informe Indicadores del desarrollo mundial 2009, del Banco Mundial, destaca que en 2006 –última etapa de medición con la que cuenta–, el gasto per cápita de México en ese rubro fue de 527 dólares, un monto que sitúa al país debajo de otros 37 en una escala de 152. Por su parte, las Estadísticas 2009, de la Organización Mundial de la Salud, colocan al país en el último lugar de América en número de partos atendidos por personal de salud calificado, superado por Antigua y Cuba, que tienen el ciento por ciento de atención.
Ese estudio revela que sólo en Chiapas hay 15 mil afectados de tracoma –un mal causado por la bacteria Clamidia trachomatis– que les provocará ceguera antes de los 50 años. Dos años atrás también detectó 243 casos de lepra. Entretanto, se intensificó el dengue, enfermedad causada por el mosquito Aedes aegypty y para la que no hay vacuna, según declaró Miguel Ángel Lezana, director del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud (Ssa), en mayo de 2009.
La prevalencia en México del virus de inmunodeficiencia adquirida es de 267 personas de 15 años por cada 100 mil habitantes, que supera a Cuba, con una tasa de 67, y a Bolivia, con 132, cita el informe de la OCDE. La incidencia de tuberculosis sumó 20 casos por cada 100 mil habitantes en enero de 2009; el año anterior, la Secretaría de Salud de Sonora descubrió 600 nuevos casos, indicó Mauricio Castañón, investigador de ciencias genómicas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Además, la desnutrición crónica y la obesidad infantil constituyen un doble problema de salud pública, pues en una persona coexisten las enfermedades ocasionadas por la nutrición deficiente y las ocasionadas por el sobrepeso y la obesidad, como manifestó Salvador Villalpando Hernández, director de Vigilancia de la Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública, en agosto de 2009.Al respecto, el informe de 2009 de la OCDE mostró que la tasa de obesidad de los mexicanos era del 30 por ciento de la población, la segunda más alta después de Estados Unidos. Como ese mal causa diabetes o asma, el estudio advierte que en el futuro se presentarán problemas sustantivos de salud, “así como un mayor gasto relacionado con ese problema”.
Al pasar revista a los recursos humanos, físicos y tecnológicos que el gobierno mexicano destina a la salud, el análisis de esa organización refiere: “Virtualmente, en todas las dimensiones para las que existen datos disponibles, México permanece abajo del promedio”. Aunque en la década pasada aumentó el número de doctores per cápita, de un médico por 1 mil habitantes en 1990 a dos en 2007, aún está lejos de la media de otros países, con 3.1, y el número de camas en hospitales era de una por 1 mil habitantes, casi un cuarto del promedio de la OCDE, de 3.8 camas por 1 mil habitantes.
En la década pasada, en la mayoría de los países de la OCDE, creció la disponibilidad de tecnologías para el diagnóstico, como unidades para tomografía computarizada, escáneres y resonancia magnética (MRI). En contraste, el número de unidades de MRI en México fue el más bajo de los 30 miembros de esa organización, con 1.5 por 1 millón de habitantes, comparado con un 11 unidades por 1 millón de personas en promedio; el número de escáneres en este país fue de cuatro por 1 millón contra una media de 20.
Sin derecho a la salud
El estudio Evolución del gasto en salud 2003-2009, elaborado por Elsa García y Krystian Méndez, del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados (septiembre de 2009), indica que la asignación al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud de 2009 fue de 48 mil 617 millones de pesos, una asignación que presenta una variación negativa de 2.7 por ciento respecto de 2008.
Con datos del Consejo Nacional de Población y del Segundo informe de gobierno 2008, el CEFP estimó que del total de la población a enero de 2009 (106.2 millones de personas), 63 millones de personas tenían protección en salud, y de ese universo, el 47.8 por ciento de derechohabientes pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 10.5 por ciento, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y el resto, a las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y Petróleos Mexicanos.
En contraste, el estudio admite que 43.2 millones de mexicanos no están afiliados a ninguna de las instituciones de salud mencionadas ni al Seguro Popular o al Seguro Médico para una Nueva Generación. En sus comentarios finales, el CEFP advierte que “el gasto en salud enfrentará nuevos retos, como destinar mayores recursos para la atención oportuna de enfermedades que antes no se habían presentado”, por ejemplo la influenza A/H1N1.
Al respecto, el ingeniero químico Ernesto Saro Boardman, presidente de la Comisión de Salud del Senado, explica que “lamentablemente la desnutrición se encuentra en muchas regiones del país” porque México es un país de contrastes, por esa razón, “tenemos el primero o segundo deshonroso lugar en niños obesos y también en desnutridos”. Opina que el origen de esa situación radica en que “algunas entidades” no prestan atención a ese rubro y destinan a “otras cosas” los recursos que les hace llegar la federación, “como lo que estamos viendo en Oaxaca”.
El legislador por Coahuila del Partido Acción Nacional subraya que, pese a tal rezago, “ha habido avances en este campo desde hace seis años”, cuando el Seguro Popular comenzó a operar a nivel federal. Comenta que antes de esa fecha, “era impensable” que quienes tienen menos recursos accediesen a los servicios de salud si no eran derechohabientes, pues “tenían que pagar de su bolsa toda atención; ahora gran parte del presupuesto se ha ido a ese programa”.
Saro Boardman sostiene que, actualmente, el 85 por ciento de la población está protegido por el Seguro Popular. Anticipa que para 2012 tendrá una cobertura del 95 por ciento. Considera que el desafío mayor para el sistema de salud es que “está fraccionado”: el IMSS por un lado, el ISSSTE por otro, con estructuras distintas y con excesos, como las “altísimas” pensiones con edades de jubilación muy tempranas.
Negado el derecho a la información
La posibilidad de conocer las aportaciones de la Ssa a la OCDE desde 1994, por concepto de compromisos, proyectos y programas, así como los nombres de los comisionados a la sede de ese organismo para asistir a sus reuniones, se dificultó cuando la dependencia negó poseer esa información.
Esto ocurrió cuando el abogado Humberto Hernández Haddad presentó la solicitud de información pública, con folio 001200187509, el 13 de julio de 2009. Seis meses después, el solicitante interpuso un recurso ante el Instituto Federal de Acceso a la Información, que resolvió que todos esos datos debían ser accesibles. Sin embargo, la documentación que proporcionó la dependencia fue escasa.
En su respuesta, distintas direcciones de la Ssa afirman que no poseen los datos o cifras solicitadas; pero se pudo conocer que anualmente esa dependencia federal aporta 50 mil euros a la OCDE. También indica que funcionarios de alto nivel asisten a reuniones en París, Francia.
El desglose que proporcionó la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Ssa muestra que, entre 2002 y 2008, esa dependencia aportó a la OCDE 3 millones 910 mil 947 pesos. A su vez, el oficio DA/1918/09 del 17 de julio de 2009, del director administrativo de la Ssa, dirigido al titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social, indica que esa dirección sólo tramita el pago de la contribución voluntaria dirigida a la OCDE, “cuyo monto asciende a 50 mil euros”, aunque resalta que a esa fecha no se había efectuado el pago correspondiente a 2009.
La información de la Ssa sobre los funcionarios que han asistido a reuniones en la sede de la OCDE carece del cargo y unidad administrativa a la que pertenecen y no detalla los viajes realizados en el periodo comprendido entre 1994 y 2007, sólo se desglosan las comisiones de 2008 y 2009, y no fue proporcionado ningún informe de esas comisiones.
Para identificar el rango y unidad administrativa a la que pertenecen los funcionarios comisionados a la sede de la OCDE, se consultó el portal de la Ssa: una leyenda advierte que la “reestructuración” en esa dependencia afecta la “estructura no básica” de las unidades administrativas, por lo que en el directorio “aparecen áreas no habilitadas”. En realidad, no aparece ningún dato. Sólo se tienen los datos que proporcionó la encargada de la Unidad de Análisis Económico de la Ssa (cuyo nombre tampoco aparece), quien envió el oficio UAE/091/09 al director del Centro de Documentación Institucional el 29 de julio de 2009. Ahí se indica que Jacqueline Arzoz Padrés, economista y doctora en ciencias políticas, de la Unidad de Análisis Económico, acudió a la reunión “Cobertura de la salud universal ¿Quién debe pagar?”, del 5 al 17 mayo de 2008.
Cinco meses después, del 24 al 28 de octubre, Arzoz regresó a París para asistir a la reunión “Políticas de precios en el mercado global: asegurando el acceso promoviendo la innovación valorada”. Casi en los mismos días (del 25 al 28 de octubre de 2008), la licenciada Mariana Barraza Llorens, directora general adjunta de Políticas de Financiamiento, acudió al “Simposio de alto nivel sobre políticas de precios de productos farmacéuticos”.
En 2009, la doctora María Cristina Gutiérrez Delgado, de la Unidad de Análisis Económico, participó en la reunión de expertos para el “Análisis del efecto de la obesidad en la salud poblacional”, del 27 al 30 de abril. Y del 8 al 12 de junio, la doctora Arzoz formó parte de la delegación mexicana que participó en el examen sobre el estudio económico actual de ese organismo.
En cuanto a las erogaciones de la Ssa por los viajes de sus funcionarios a actividades de la OCDE, sólo se obtuvo información correspondiente a 2007 y 2009. Ahí se observa que el doctor Eduardo González Pier, coordinador de Planeación Estratégica, asistió del 18 al 27 de mayo de 2007 a la “Tercera reunión del comité de salud”, cuya comisión significó una erogación por 33 mil 525 pesos.
Del 21 al 25 de septiembre de ese año, la licenciada Mariana Barraza Llorens asistió a la “Tercera reunión de expertos sobre políticas de medicamentos”: la Ssa pagó 14 mil 637 pesos. La comisión del doctor González Pier a la reunión “Fuerza de trabajo de salud y migración internacional”, del 15 de noviembre de 2007, y a la segunda sesión del “Comité de salud”, del 19 al 20, representó un costo de 51 mil 497 pesos.
En mayo de 2008, la Ssa erogó 49 mil 916 pesos por el viaje de la doctora Jacqueline Arzoz Padrés, que asistió a la conferencia “Cobertura de la salud universal ¿Quién debe pagar?”. En octubre, esta funcionaria asistió a la reunión “Asegurar el acceso promoviendo la innovación valorada”, que representó una erogación por 18 mil 375 pesos. La asistencia de la licenciada Barraza Llorens al simposio de alto nivel sobre políticas de productos farmacéuticos, que se celebró con un día de diferencia de la anterior funcionaria, representó un gasto de 7 mil 291 pesos.
En el curso de 2009, la actuaria María Cristina Gutiérrez Delgado asistió del 27 al 30 de abril a la reunión de expertos para el “Análisis de la obesidad en la salud poblacional”: la Ssa erogó 19 mil 199 pesos. La doctora Arzoz Padrés viajó del 8 al 12 de junio en la delegación que participó en el examen sobre el estudio económico global: la dependencia erogó 18 mil 660 pesos. El último dato que aporta la Ssa es el viaje de Panagiota Panapoulou a la reunión del Comité de Expertos en Indicadores de Características de Sistemas, que se realizó del 12 al 16 de septiembre, por un monto de 10 mil 397 pesos.
Entre los beneficios de ser miembro de ese organismo, la Ssa destaca “el intercambio de información y experiencias” en políticas de salud y la identificación de mejores prácticas. Refiere que México también participa en la definición de estrategias de precios de medicamentos, pues es el país dentro de la OCDE con el consumo farmacéutico per cápita más bajo –menos de una cuarta parte de la media–; señala que, a pesar de los bajos ingresos per cápita, los precios de los fármacos en México son relativamente altos.
Para Hernández Haddad, la presencia de México en el llamado “club de París” constituye una “extravagancia onerosa que consume enormes recursos financieros”. Aprecia que esa membresía debería ajustarse a “nuestra realidad”, acreditando a un vocero que auspicie la revisión del modelo económico vigente y cancelar los gastos excesivos que ahí se realizan.
Los secretos del Libro Blanco
La respuesta de la Secretaría de Salud (Ssa) sobre sus erogaciones ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) refiere que los países miembros proporcionan contribuciones voluntarias adicionales para apoyar el trabajo en salud del Comité de Salud. Tanto la Dirección Administrativa de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social como la Dirección General de Relaciones Internacionales manifestaron que México realiza contribuciones voluntarias, a partir de 2003, por 50 mil euros, para apoyar las actividades del Grupo Horizontal en Salud.
Adicionalmente, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) indica en la página 26 de su respuesta al solicitante que, al buscar información relativa a la materia, “pudo localizar el Libro Blanco de la Secretaría de Salud”, que se denomina “Aportaciones a Organismos Internacionales”, correspondiente al periodo comprendido del 1 de diciembre de 2001 al 30 de noviembre de 2006.
Según el IFAI, ese libro, cuya finalidad es exponer la situación del cumplimiento de los compromisos contraídos por la Ssa en aportaciones a organismos, programas y proyectos internacionales, describe, en el apartado correspondiente a la OCDE, que “dicha organización, por conducto del Grupo Horizontal de Salud, lleva a cabo” las tareas de análisis de las políticas nacionales de salud, elaboración de recomendaciones para mejorar dichas políticas, publicaciones relativas a temas específicos de políticas de salud y desarrollo de bases de datos con información de los países miembros.
Agrega el IFAI que el apartado denominado “OCDE” señala que el beneficio de que México participe en el Grupo Horizontal de Salud “es fundamentalmente el intercambio de información y experiencia en materias de políticas de salud”. Agrega que, en 2005, la OCDE realizó un estudio sobre el sistema de salud de México e hizo recomendaciones para mejorar su sistema.
FUENTE: CONTRALÍNEA 17 / 11 DE ABRIL DE 2010
El año de hidalgo en Luz y Fuerza del Centro
Autor: Ana Lilia Pérez
11 Abril 2010
Al mando de Jorge Gutiérrez Vera, los directivos de Luz y Fuerza del Centro desviaron, en los últimos meses de su administración, recursos públicos; duplicaron el costo de proyectos y adquisiciones; hicieron pagos irregulares a contratistas, y manejaron discrecionalmente los millonarios ingresos que la compañía obtuvo por el suministro de energía eléctrica a particulares, revela la Auditoría Superior de la Federación en la última revisión que hizo a la extinta paraestatal
La noche del 10 de octubre de 2009, con la ocupación policiaca y militar de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC), Felipe Calderón sepultó la posibilidad de conocer a detalle el manejo de los millonarios recursos públicos que la compañía operó entre el 1 de enero de 2008 y hasta la víspera de aquel fin de semana en que en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto presidencial de su extinción.
En el momento en que Calderón decidió desaparecer esa paraestatal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ejecutaba 10 auditorías a las áreas y programas más importantes, revisiones suspendidas la misma noche en que la Policía Federal Preventiva tomó por asalto la compañía.
Se auditaban los programas de Distribución de la Energía Eléctrica; para la Elaboración de Inventarios, la producción y los servicios de fábricas y talleres; para Desarrollar y Construir Sistemas de Distribución en el Distrito Federal y el Estado de México; el de Modernización del Parque Vehicular y Equipo Pesado; el de Sustitución de los Transformadores y Blindaje de la Red. Se fiscalizaban también los ingresos de los pagos de particulares por el suministro de energía eléctrica, el manejo de recursos en efectivo y en inversiones temporales, además de los egresos presupuestales del capítulo 3000 “Servicios Generales”.
La ocupación policiaca de las instalaciones administrativas y operativas impidió que los auditores concluyeran su trabajo: sus equipos de cómputo, papelería, así como la documentación que revisaban a LFC quedaron incautados. Aunque para esos momentos los fiscalizadores ya habían logrado concluir algunas auditorías en las oficinas centrales del llamado Edificio Verónica (en la avenida Melchor Ocampo), las cuales la ASF incluyó dentro de su Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008 recientemente publicado.
El resultado de tales auditorías evidencia la responsabilidad de la administración de Jorge Gutiérrez Vera en millonarios quebrantos a LFC. Revela lo costoso de la mala planeación en los proyectos medulares, un desmedido sobreejercicio presupuestal, pagos en demasía a terceros, desvío de recursos y peculado, un uso y abuso de millonarios recursos de la paraestatal que, sin duda, contribuyeron a la “quiebra” aludida por Felipe Calderón.
Ante tales hallazgos, el órgano máximo de fiscalización del país solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrir las investigaciones en contra de los funcionarios responsables, en su mayoría, directivos “de confianza” encabezados por Gutiérrez Vera.
Las auditorías
La ASF auditó los recursos en efectivo y las inversiones temporales que manejó la Subdirección de Finanzas de LFC, a cargo de José María Rivera. En 2008, manejó 3 mil 703 millones de pesos en cuatro cuentas: una de inversión por 3 mil 666 millones, otra de fondos fijos por 2 millones 554 mil pesos, una de fondo remesas extraordinarias por 13 millones 369 mil pesos, y una “caja confidencial” por 20 millones 704 mil pesos.
A juicio de la ASF, el subdirector manejó los recursos con deficiencias en el control interno e irregularidades administrativas. Por ejemplo, descubrió que la Subdirección de Finanzas utilizó cuentas contables que no fueron autorizadas por la Secretaría de Hacienda: para “Préstamo de Garantía Antigüedad Sindicalizada, “Anticipos gastos funeral”, “Otros anticipos”, “Salarios no cobrados”, “Anticipos por vacaciones”.
En esta área, la Coordinación de Remuneraciones y Presentaciones al Personal de Confianza manejaba una “caja confidencial” –que a diciembre de 2008, tenía un saldo de 20 mil 704 millones de pesos–. De ésta se hacían transferencias bancarias a personal activo y jubilados, préstamos a cuenta de antigüedad, pensiones alimenticias, finiquitos, liquidaciones y laudos, principalmente. En tales operaciones, la ASF acreditó transferencias irregulares que contravienen la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), por ello, solicitó al Órgano Interno de Control abrir las indagatorias respectivas.
La auditoría evidencia un verdadero caos fiscal en el manejo financiero de LFC. Por ejemplo, ninguno de sus registros contables ni estados financieros recibió el visto bueno de la SHCP. Apenas intervenida LFC, Felipe Calderón dispuso clasificar como confidencial toda la información y documentación de la compañía.
La misma Subdirección manejó una cuenta de “Bancos Fondos de Inversión”, en la cual el dinero de LFC se invirtió sin que hubiese una estrategia financiera. Para el 31 de diciembre de 2008, presentaba un saldo de 3 mil 666 millones de pesos en 10 cuentas en HSBC, Santander, Banorte, Ixe, Bancomext, y en las instituciones financieras Monex Inversiones, ING Inversiones, Accival y GB.
Descubrió que no había documento ni análisis que justificara la estrategia financiera de los directivos de LFC para tales inversiones. Tampoco información sobre tasas de liquidez, interés, solvencia, incertidumbre, inflación, condiciones de mercado y vialidad de las inversiones en las instituciones financieras.
Tampoco había indicadores que permitieran verificar en qué medida la estrategia financiera, adoptada por la Subdirección de Finanzas, fue adecuada, considerando la naturaleza de la operación, factores externos objetivos cualitativos y cuantitativos, y cumplimiento de metas. Por ello, la ASF determinó que el subdirector violó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
En algunos fondos se hizo uso de recursos bajo el argumento de que se trataba de “gastos menores, urgentes e inaplazables”, sin que existiera el soporte documental que lo acreditara. Respecto del uso de chequeras, se encontró que no había una actualización de autorizaciones para de fondos, destinadas a pagos menores de proveedores.
De la “caja chica”, utilizada para cubrir sueldos no reclamados, gastos de trabajo, anticipos de salario, pensión alimenticia, entre otros, se encontraron erogaciones sin la comprobación debida.
Por ejemplo, sin tener la autorización correspondiente, el 29 de octubre de 2008 los directivos dispusieron de 1 millón de pesos para un “operativo emergente llevado a cabo con motivo de la posible suspensión de labores masivas de los operativos de clase A”. En el manejo de estos recursos, no hubo evidencia operativa ni control de los gastos; en algunas facturas que se presentaron a cuenta de este gasto, se encontraron artículos no justificados; por ello, la ASF pidió al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Sae), en su carácter de liquidador de LFC, revisar este caso.
Sobreejercicio presupuestal
Dentro de los proyectos de inversión de LFC, la SHCP le autorizó 467 millones de pesos para “desarrollar y construir sistemas de distribución en el Distrito Federal”. El proyecto consistía en instalar transformadores, construir alimentadores para la red de distribución y sustituir equipo obsoleto. Los directivos gastaron 580 millones de pesos, por lo que la ASF determinó un sobreejercicio de 113 millones de pesos “como resultado de una mala planeación del ejercicio del gasto”.
Pidió a la SFP fincar responsabilidades a los funcionarios que violaron la Ley de Obras Públicas y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, porque además, a cuenta de este mismo proyecto, se pagaron 14 contratos de adquisiciones sin la autorización presupuestal correspondiente.
En el proyecto de desarrollo y construcción de los sistemas de distribución en el Estado de México, se descubrieron irregularidades en el manejo presupuestal, en los procesos de licitación, en la adjudicación de los contratos y un daño patrimonial de 127 millones de pesos.
El proyecto costaría 267 millones de pesos, según explicaron los directivos de LFC ante la SHCP, la cual les autorizó dicho monto. LFC comprobó un gasto de 189 millones, pero no pudo acreditar el destino de los otros 78 millones 406 mil 868 pesos. La ASF dictaminó daño patrimonial por esa cantidad.
El proyecto para “Desarrollar y construir sistemas de distribución en el Estado de México” consistió en instalar transformadores y construir alimentadores para la red de distribución, además de sustituir el equipo obsoleto. Durante su desarrollo, hubo mala planeación, subejercicio, sobreprecios, entre otras irregularidades. En 26 contratos con terceros para adquisiciones y obra relacionadas con este proyecto, no se incluyó la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso de pagos.
Ya en la ejecución hubo gastos “inflados”. Por ejemplo, el “cambio de voltaje” costaría 3 millones 110 mil pesos, pero los directivos de LFC dijeron que gastaron 8 millones 401 mil pesos. La mano de obra costaría 110 millones de pesos, pero se gastaron 180 millones 706 mil pesos; de éstos no hubo comprobación documental por 48 millones 808 mil 262 pesos; por ello, la ASF determinó un daño patrimonial por esta última cantidad y pidió a la SFP fincar las responsabilidades administrativas sancionatorias.
El proyecto de sustitución y blindaje de la red -que tenía por objeto disminuir las pérdidas de energía por medio de la sustitución de transformadores aéreos de gran capacidad por transformadores de bajas capacidades asociados con la reducción de la longitud de las redes de baja tensión-, costaría 97 millones de pesos, que autorizó la SHCP. Los directivos de LFC gastaron 119 millones 705 mil pesos.
La ASF dictaminó que hubo un sobreejercicio de 21 millones 798 mil pesos, “derivado de una mala planeación del ejercicio del gasto sin la autorización correspondiente y sin la acreditación de haberlo informado en su oportunidad a la Secretaría de Hacienda”.
Además, al auditar el pagó por mano de obra, la ASF no pudo comprobar tales pagos, así que se determinó que hubo un daño patrimonial por los 59 millones 383 mil 164 pesos. En este caso se acreditaron violaciones a la Ley de Obra Pública y a la LFPRH.
En las adquisiciones que LFC hizo en 2008, se detectaron siete contratos que se habían pactado un año atrás, cuyo monto ascendió a 4 millones 129 mil pesos, con fecha de compromiso de entrega para ese mismo año. LFC no pudo justificar el atraso, que en algunos casos debieron rescindirse. En otros, no impuso las penalizaciones correspondientes. Por ejemplo, por los atrasos en sus entregas, a Prolec GE Internacional, se le penalizó por sólo siete días, en lugar de 21.
Compras sospechosas
De los gastos que a partir del 1 de enero de 2008 y hasta la víspera de la liquidación de LFC se hicieron a cuenta de los “Fondos fijos”, se descubrieron numerosas compras realizadas por adjudicación directa, aunque el monto obligaba a los funcionarios a licitarlas, pero además, en muchas de ellas se pagó dos y hasta tres veces más de lo autorizado.
Por ejemplo, en papelería y artículos de oficina se gastaron 8 millones 393 mil 100 pesos, contra 2 millones 300 mil pesos autorizados, es decir, gastaron 300 por ciento más de lo aprobado por Hacienda. En artículos de cómputo, 776 mil 300 pesos, contra lo autorizado de 330 mil. Compra de garrafones de agua por 4 millones 377 mil pesos, cuando era de 2 millones 300 mil.
En utensilios de limpieza, 3 millones 402 mil 800 pesos, contra 2 millones 300 mil autorizados. Compra de refacciones por 2 millones 819 mil 400 pesos, 500 mil pesos más. En lubricantes y aditivos de vehículos, 773 mil pesos, contra 330 mil.
Más pérdidas
El 14 de noviembre de 2005, Luz y Fuerza compró a General Electric International Operations Company 14 plantas generadoras de energía eléctrica. La adquisición incluía el mantenimiento “en garantía” (preventivo y correctivo), por el que se pagaron 770 millones de pesos. Hasta el momento de auditar el contrato (agosto de 2009), el mantenimiento no se había proporcionado.
Dos de las 14 plantas (Coapa y Aragón), no entraron en operación comercial, ello por deficiencias acreditadas a General Electric, ya que los estudios de suelo “no fueron los adecuados”, para ambos casos, porque al instalarse, la planta no funcionó.
Al analizar los egresos del rubro “Servicios generales”, que durante el último año de operación de LFC manejó 1 mil 391 millones de pesos, se detectaron “debilidades y deficiencias” en el control interno.
A cuenta de éste, se compraron licencias de software a Microsoft, pero los auditores de la ASF no pudieron identificar en qué equipos de instalaron. De la misma partida se pagaron los seguros de bienes muebles e inmuebles contratados con Inbursa; Grupo Financiero Inbursa, y Axxa. Se descubrió que, irregularmente, se adquirieron tomando como base un avalúo de los bienes muebles e inmuebles en 2005 y no al 2008, que era el que correspondía, lo cual repercutirá, a juicio de la ASF, “en una recuperación menor de los bienes asegurados”.
Vigilancia, fuga de recursos
De la partida presupuestal de “Servicios generales” se pagó también el servicio de vigilancia contratado a corporaciones policiacas. En nueve contratos vigentes desde 2007, se aplicaron montos adicionales “sin la debida justificación”, hasta por el 45 por ciento más del pactado en el contrato inicial.
En abril de 2006, Contralínea (número 53) documentó diversas irregularidades en los servicios de vigilancia que LFC contrataba a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Distrito Federal para todas sus instalaciones. En los años posteriores, las deficiencias continuaron, según lo documentó la ASF en sus auditorías.
Los manuales mediante los que se contrataba el servicio carecían de validez oficial y no contaban con el visto bueno de la “Sugerencia de normatividad” de la Subdirección de Abastecimiento y Transporte ni con la autorización respectiva de la Comisión de Mejora Regulatoria Interna. El programa de supervisión, con el cual operaban las corporaciones policiacas para LFC, tampoco estaba autorizado.
Respecto de los pagos por servicios se revisaron sólo algunos, cuyo monto ascendía a 146 millones de pesos. Se encontró que dicho pago no había sido validado por la Gerencia de Contabilidad de LFC. Los servicios en las instalaciones de LFC en Morelos, Puebla, Hidalgo, el Estado de México y el Distrito Federal no habían sido aprobados ni validados para su pago. Además, al revisar algunas pólizas se detectaron pagos en demasía. Por ejemplo, en la subestación Nonoalco, la SSP cobraba por 21 elementos, y sólo laboraban 10. Ante ello, la ASF dictaminó un daño patrimonial que deberá ser investigado por la SFP.
En los últimos años, LFC también contrató a terceros la custodia de valores. La última fue con Banco Santander Mexicano, mediante el contrato SS-013/2008, vigente del 1 de abril al 31 de diciembre de 2008. Se encontró que se le pagó el mismo servicio para los meses de enero a marzo, es decir, cuando el servicio aún no se licitaba.
Al revisar el contrato, los auditores detectaron que carecía de cláusulas relativas a la prohibición de hacer transferencias a cuentas de terceros y la obligación del custodio de enviar mensualmente el detalle de todos los valores gubernamentales a su cargo, es decir, se operó sin que el custodio (Banco Santander) tuviera ninguna responsabilidad sobre los valores que custodiaba. Ante la gravedad, la ASF pidió a la SFP abrir la investigación y fincar las responsabilidades correspondientes.
Irregularidades en inmuebles
Al momento de su extinción, LFC era propietaria de 489 inmuebles. La ASF alcanzó a revisar los expedientes relativos a 75 de ellos, es decir, apenas el 15 por ciento de las propiedades. Algunas de las irregularidades encontradas fueron: la mitad tenía incompleta la escrituración; sólo 47 estaban a nombre de LFC; 31 a nombre de LM Guibara Sucesores Sociedad en Comandita; tres a nombre de la Compañía de Fuerza del Suroeste de México, uno a nombre de la compañía Hidroeléctrica del Río Alameda.
Todas ellas son las empresas propietarias de los inmuebles antes de que se nacionalizara la industria eléctrica, lo que significa que, pese a que hubo contratos de compra venta, nunca se formalizó la propiedad de todos los inmuebles a nombre de Luz y Fuerza del Centro, incluso tres de ellos estaban a nombre de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Las escrituras de 34 bienes inmuebles de LFC no contaban con el sello del Registro Público de la Propiedad, y 69 no fueron inscritas al Registro, por lo que los directivos de LFC violaron la Ley General de Bienes Nacionales, el Código Civil Federal y el Reglamento del Registro Público de la Propiedad Federal, dictaminó la ASF.
El mismo desorden era extensivo a todo el registro e inventarios de inmuebles, muebles y plantas de LFC. Al auditar el Programa para la Elaboración de Inventarios, el cual tenía como objetivo acreditar la propiedad, actualizar registros y resguardo de bienes y el inventario de plantas, instalaciones y equipos en operación valuados en 80 mil 806 millones de pesos, la ASF detectó “debilidades” y “deficiencias” en el control interno, ya que la Gerencia de Contabilidad no tenía los inventarios físicos de bienes inmuebles, líneas de distribución y transmisión, equipo de cómputo y telecomunicaciones, y plantas de generación.
Al respecto, en julio de 2008 la Junta de Gobierno de Luz y Fuerza había señalado la necesidad de que el titular de la dependencia tuviera al día los inventarios en cumplimiento al programa; sin embargo, éstos no se efectuaron, por lo que “se determinó que no se cumplió con las actividades”.
Decreto de opacidad
El carácter de confidencialidad que Calderón Hinojosa le dio a las operaciones administrativas y financieras de LFC tras su extinción contribuyó a la opacidad en torno al manejo que Jorge Gutiérrez Vera dio a los millonarios recursos públicos de la paraestatal y el destino del dinero que no pudo acreditarse. Quedó en el aire información tan relevante como el destino de 2 mil 960 millones de pesos que LFC manejó en el Programa de Distribución de Energía Eléctrica en el ejercicio fiscal 2008.
La ocupación de la PFP impidió también que la ASF auditara las operaciones, registros y movimientos de los 16 mil 35 millones de pesos que ingresaron a la compañía LFC por el pago del suministro de energía eléctrica. La ASF había planteado que constataría si la recaudación se había efectuado oportunamente y si los particulares pagaron el monto correspondiente, cotejándolo con la documentación que LFC poseía en las instalaciones de Melchor Ocampo.
Sobre este tema, en noviembre pasado, el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza Flores, denunció la existencia de 6 mil 500 “cuentas especiales” de empresas, compañías, embajadas, y diversas áreas de gobierno federal, incluida la residencial oficial de Los Pinos, secretarías de Estado, además de dependencias de gobiernos estatales y municipales que desde hacía años no pagaban energía eléctrica, y reveló los nombres de algunos de los beneficiados.
Éste sería precisamente uno de los rubros que auditaría la ASF, de acuerdo con un oficio que el 2 de septiembre la Auditoría le envió a Gutiérrez Vera. La revisión incluiría identificar a unas 500 empresas a las cuales, según información que poseía la ASF, extraoficialmente se les permitía conectarse a las redes de LFC sin pagar el suministro.
La auditoría comenzó a finales de septiembre. Dos semanas después sería interrumpida por la ocupación policiaca. Dada la relevancia del tema, la directora general jurídica de la ASF solicitó al director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes que se les permitiera a los auditores concluir su revisión, de acuerdo con documentos remitidos por la ASF el 18 de noviembre. Se les permitió rescatar sus equipos de cómputo, pero no continuar la fiscalización.
La ASF destaca que “no se dieron las condiciones” para auditar las aportaciones de particulares. El decreto de Calderón y la reticencia a la transparencia por parte del equipo, designado por su gobierno para el “Proceso de desincorporación del extinto organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro”, impidieron tener claridad sobre el manejo que Gutiérrez Vera dio a los 16 mil 35 millones que en 2008 ingresaron a las arcas de LFC vía pagos del suministro de energía eléctrica.
Pero no fue el único rubro sin auditar. Durante la ocupación policiaca, el personal de la ASF fiscalizaba los 2 mil 52 millones de pesos que ingresaron por producción y servicios de fábricas y talleres de LFC. La víspera de la publicación del decreto presidencial en el Diario Oficial de la Federación se detuvo la auditoría. Aunque el jurídico de la ASF pugnó también porque el Sae le permitiera auditar tales recursos, éste se negó. De tal manera que “no se contó con los elementos para cumplir con el objetivo de la auditoría”, resolvió el órgano de vigilancia.
Otra revisión no realizada fue la de los 334 millones 760 mil pesos que se gastaron en la renovación del parque vehicular y el equipo pesado.
Extrañamente Calderón no permitió a la ASF concluir las auditorías y dictámenes para identificar a los responsables de la quiebra que, según dijo, motivó la decisión de liquidarla. Por el contrario, a Gutiérrez Vera y otros directivos de la compañía, como José Antonio Prado Carranza, titular jurídico (excompañero de César Nava Vázquez en la Universidad Panamericana y su exsubordinado en Petróleos Mexicanos), responsables de las observaciones dictaminadas por la ASF, se les otorgaron jugosas liquidaciones.
FUENTE: CONTRALÍNEA 17 / 11 DE ABRIL DE 2010
11 Abril 2010
Al mando de Jorge Gutiérrez Vera, los directivos de Luz y Fuerza del Centro desviaron, en los últimos meses de su administración, recursos públicos; duplicaron el costo de proyectos y adquisiciones; hicieron pagos irregulares a contratistas, y manejaron discrecionalmente los millonarios ingresos que la compañía obtuvo por el suministro de energía eléctrica a particulares, revela la Auditoría Superior de la Federación en la última revisión que hizo a la extinta paraestatal
La noche del 10 de octubre de 2009, con la ocupación policiaca y militar de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC), Felipe Calderón sepultó la posibilidad de conocer a detalle el manejo de los millonarios recursos públicos que la compañía operó entre el 1 de enero de 2008 y hasta la víspera de aquel fin de semana en que en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto presidencial de su extinción.
En el momento en que Calderón decidió desaparecer esa paraestatal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ejecutaba 10 auditorías a las áreas y programas más importantes, revisiones suspendidas la misma noche en que la Policía Federal Preventiva tomó por asalto la compañía.
Se auditaban los programas de Distribución de la Energía Eléctrica; para la Elaboración de Inventarios, la producción y los servicios de fábricas y talleres; para Desarrollar y Construir Sistemas de Distribución en el Distrito Federal y el Estado de México; el de Modernización del Parque Vehicular y Equipo Pesado; el de Sustitución de los Transformadores y Blindaje de la Red. Se fiscalizaban también los ingresos de los pagos de particulares por el suministro de energía eléctrica, el manejo de recursos en efectivo y en inversiones temporales, además de los egresos presupuestales del capítulo 3000 “Servicios Generales”.
La ocupación policiaca de las instalaciones administrativas y operativas impidió que los auditores concluyeran su trabajo: sus equipos de cómputo, papelería, así como la documentación que revisaban a LFC quedaron incautados. Aunque para esos momentos los fiscalizadores ya habían logrado concluir algunas auditorías en las oficinas centrales del llamado Edificio Verónica (en la avenida Melchor Ocampo), las cuales la ASF incluyó dentro de su Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008 recientemente publicado.
El resultado de tales auditorías evidencia la responsabilidad de la administración de Jorge Gutiérrez Vera en millonarios quebrantos a LFC. Revela lo costoso de la mala planeación en los proyectos medulares, un desmedido sobreejercicio presupuestal, pagos en demasía a terceros, desvío de recursos y peculado, un uso y abuso de millonarios recursos de la paraestatal que, sin duda, contribuyeron a la “quiebra” aludida por Felipe Calderón.
Ante tales hallazgos, el órgano máximo de fiscalización del país solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrir las investigaciones en contra de los funcionarios responsables, en su mayoría, directivos “de confianza” encabezados por Gutiérrez Vera.
Las auditorías
La ASF auditó los recursos en efectivo y las inversiones temporales que manejó la Subdirección de Finanzas de LFC, a cargo de José María Rivera. En 2008, manejó 3 mil 703 millones de pesos en cuatro cuentas: una de inversión por 3 mil 666 millones, otra de fondos fijos por 2 millones 554 mil pesos, una de fondo remesas extraordinarias por 13 millones 369 mil pesos, y una “caja confidencial” por 20 millones 704 mil pesos.
A juicio de la ASF, el subdirector manejó los recursos con deficiencias en el control interno e irregularidades administrativas. Por ejemplo, descubrió que la Subdirección de Finanzas utilizó cuentas contables que no fueron autorizadas por la Secretaría de Hacienda: para “Préstamo de Garantía Antigüedad Sindicalizada, “Anticipos gastos funeral”, “Otros anticipos”, “Salarios no cobrados”, “Anticipos por vacaciones”.
En esta área, la Coordinación de Remuneraciones y Presentaciones al Personal de Confianza manejaba una “caja confidencial” –que a diciembre de 2008, tenía un saldo de 20 mil 704 millones de pesos–. De ésta se hacían transferencias bancarias a personal activo y jubilados, préstamos a cuenta de antigüedad, pensiones alimenticias, finiquitos, liquidaciones y laudos, principalmente. En tales operaciones, la ASF acreditó transferencias irregulares que contravienen la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), por ello, solicitó al Órgano Interno de Control abrir las indagatorias respectivas.
La auditoría evidencia un verdadero caos fiscal en el manejo financiero de LFC. Por ejemplo, ninguno de sus registros contables ni estados financieros recibió el visto bueno de la SHCP. Apenas intervenida LFC, Felipe Calderón dispuso clasificar como confidencial toda la información y documentación de la compañía.
La misma Subdirección manejó una cuenta de “Bancos Fondos de Inversión”, en la cual el dinero de LFC se invirtió sin que hubiese una estrategia financiera. Para el 31 de diciembre de 2008, presentaba un saldo de 3 mil 666 millones de pesos en 10 cuentas en HSBC, Santander, Banorte, Ixe, Bancomext, y en las instituciones financieras Monex Inversiones, ING Inversiones, Accival y GB.
Descubrió que no había documento ni análisis que justificara la estrategia financiera de los directivos de LFC para tales inversiones. Tampoco información sobre tasas de liquidez, interés, solvencia, incertidumbre, inflación, condiciones de mercado y vialidad de las inversiones en las instituciones financieras.
Tampoco había indicadores que permitieran verificar en qué medida la estrategia financiera, adoptada por la Subdirección de Finanzas, fue adecuada, considerando la naturaleza de la operación, factores externos objetivos cualitativos y cuantitativos, y cumplimiento de metas. Por ello, la ASF determinó que el subdirector violó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
En algunos fondos se hizo uso de recursos bajo el argumento de que se trataba de “gastos menores, urgentes e inaplazables”, sin que existiera el soporte documental que lo acreditara. Respecto del uso de chequeras, se encontró que no había una actualización de autorizaciones para de fondos, destinadas a pagos menores de proveedores.
De la “caja chica”, utilizada para cubrir sueldos no reclamados, gastos de trabajo, anticipos de salario, pensión alimenticia, entre otros, se encontraron erogaciones sin la comprobación debida.
Por ejemplo, sin tener la autorización correspondiente, el 29 de octubre de 2008 los directivos dispusieron de 1 millón de pesos para un “operativo emergente llevado a cabo con motivo de la posible suspensión de labores masivas de los operativos de clase A”. En el manejo de estos recursos, no hubo evidencia operativa ni control de los gastos; en algunas facturas que se presentaron a cuenta de este gasto, se encontraron artículos no justificados; por ello, la ASF pidió al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Sae), en su carácter de liquidador de LFC, revisar este caso.
Sobreejercicio presupuestal
Dentro de los proyectos de inversión de LFC, la SHCP le autorizó 467 millones de pesos para “desarrollar y construir sistemas de distribución en el Distrito Federal”. El proyecto consistía en instalar transformadores, construir alimentadores para la red de distribución y sustituir equipo obsoleto. Los directivos gastaron 580 millones de pesos, por lo que la ASF determinó un sobreejercicio de 113 millones de pesos “como resultado de una mala planeación del ejercicio del gasto”.
Pidió a la SFP fincar responsabilidades a los funcionarios que violaron la Ley de Obras Públicas y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, porque además, a cuenta de este mismo proyecto, se pagaron 14 contratos de adquisiciones sin la autorización presupuestal correspondiente.
En el proyecto de desarrollo y construcción de los sistemas de distribución en el Estado de México, se descubrieron irregularidades en el manejo presupuestal, en los procesos de licitación, en la adjudicación de los contratos y un daño patrimonial de 127 millones de pesos.
El proyecto costaría 267 millones de pesos, según explicaron los directivos de LFC ante la SHCP, la cual les autorizó dicho monto. LFC comprobó un gasto de 189 millones, pero no pudo acreditar el destino de los otros 78 millones 406 mil 868 pesos. La ASF dictaminó daño patrimonial por esa cantidad.
El proyecto para “Desarrollar y construir sistemas de distribución en el Estado de México” consistió en instalar transformadores y construir alimentadores para la red de distribución, además de sustituir el equipo obsoleto. Durante su desarrollo, hubo mala planeación, subejercicio, sobreprecios, entre otras irregularidades. En 26 contratos con terceros para adquisiciones y obra relacionadas con este proyecto, no se incluyó la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso de pagos.
Ya en la ejecución hubo gastos “inflados”. Por ejemplo, el “cambio de voltaje” costaría 3 millones 110 mil pesos, pero los directivos de LFC dijeron que gastaron 8 millones 401 mil pesos. La mano de obra costaría 110 millones de pesos, pero se gastaron 180 millones 706 mil pesos; de éstos no hubo comprobación documental por 48 millones 808 mil 262 pesos; por ello, la ASF determinó un daño patrimonial por esta última cantidad y pidió a la SFP fincar las responsabilidades administrativas sancionatorias.
El proyecto de sustitución y blindaje de la red -que tenía por objeto disminuir las pérdidas de energía por medio de la sustitución de transformadores aéreos de gran capacidad por transformadores de bajas capacidades asociados con la reducción de la longitud de las redes de baja tensión-, costaría 97 millones de pesos, que autorizó la SHCP. Los directivos de LFC gastaron 119 millones 705 mil pesos.
La ASF dictaminó que hubo un sobreejercicio de 21 millones 798 mil pesos, “derivado de una mala planeación del ejercicio del gasto sin la autorización correspondiente y sin la acreditación de haberlo informado en su oportunidad a la Secretaría de Hacienda”.
Además, al auditar el pagó por mano de obra, la ASF no pudo comprobar tales pagos, así que se determinó que hubo un daño patrimonial por los 59 millones 383 mil 164 pesos. En este caso se acreditaron violaciones a la Ley de Obra Pública y a la LFPRH.
En las adquisiciones que LFC hizo en 2008, se detectaron siete contratos que se habían pactado un año atrás, cuyo monto ascendió a 4 millones 129 mil pesos, con fecha de compromiso de entrega para ese mismo año. LFC no pudo justificar el atraso, que en algunos casos debieron rescindirse. En otros, no impuso las penalizaciones correspondientes. Por ejemplo, por los atrasos en sus entregas, a Prolec GE Internacional, se le penalizó por sólo siete días, en lugar de 21.
Compras sospechosas
De los gastos que a partir del 1 de enero de 2008 y hasta la víspera de la liquidación de LFC se hicieron a cuenta de los “Fondos fijos”, se descubrieron numerosas compras realizadas por adjudicación directa, aunque el monto obligaba a los funcionarios a licitarlas, pero además, en muchas de ellas se pagó dos y hasta tres veces más de lo autorizado.
Por ejemplo, en papelería y artículos de oficina se gastaron 8 millones 393 mil 100 pesos, contra 2 millones 300 mil pesos autorizados, es decir, gastaron 300 por ciento más de lo aprobado por Hacienda. En artículos de cómputo, 776 mil 300 pesos, contra lo autorizado de 330 mil. Compra de garrafones de agua por 4 millones 377 mil pesos, cuando era de 2 millones 300 mil.
En utensilios de limpieza, 3 millones 402 mil 800 pesos, contra 2 millones 300 mil autorizados. Compra de refacciones por 2 millones 819 mil 400 pesos, 500 mil pesos más. En lubricantes y aditivos de vehículos, 773 mil pesos, contra 330 mil.
Más pérdidas
El 14 de noviembre de 2005, Luz y Fuerza compró a General Electric International Operations Company 14 plantas generadoras de energía eléctrica. La adquisición incluía el mantenimiento “en garantía” (preventivo y correctivo), por el que se pagaron 770 millones de pesos. Hasta el momento de auditar el contrato (agosto de 2009), el mantenimiento no se había proporcionado.
Dos de las 14 plantas (Coapa y Aragón), no entraron en operación comercial, ello por deficiencias acreditadas a General Electric, ya que los estudios de suelo “no fueron los adecuados”, para ambos casos, porque al instalarse, la planta no funcionó.
Al analizar los egresos del rubro “Servicios generales”, que durante el último año de operación de LFC manejó 1 mil 391 millones de pesos, se detectaron “debilidades y deficiencias” en el control interno.
A cuenta de éste, se compraron licencias de software a Microsoft, pero los auditores de la ASF no pudieron identificar en qué equipos de instalaron. De la misma partida se pagaron los seguros de bienes muebles e inmuebles contratados con Inbursa; Grupo Financiero Inbursa, y Axxa. Se descubrió que, irregularmente, se adquirieron tomando como base un avalúo de los bienes muebles e inmuebles en 2005 y no al 2008, que era el que correspondía, lo cual repercutirá, a juicio de la ASF, “en una recuperación menor de los bienes asegurados”.
Vigilancia, fuga de recursos
De la partida presupuestal de “Servicios generales” se pagó también el servicio de vigilancia contratado a corporaciones policiacas. En nueve contratos vigentes desde 2007, se aplicaron montos adicionales “sin la debida justificación”, hasta por el 45 por ciento más del pactado en el contrato inicial.
En abril de 2006, Contralínea (número 53) documentó diversas irregularidades en los servicios de vigilancia que LFC contrataba a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Distrito Federal para todas sus instalaciones. En los años posteriores, las deficiencias continuaron, según lo documentó la ASF en sus auditorías.
Los manuales mediante los que se contrataba el servicio carecían de validez oficial y no contaban con el visto bueno de la “Sugerencia de normatividad” de la Subdirección de Abastecimiento y Transporte ni con la autorización respectiva de la Comisión de Mejora Regulatoria Interna. El programa de supervisión, con el cual operaban las corporaciones policiacas para LFC, tampoco estaba autorizado.
Respecto de los pagos por servicios se revisaron sólo algunos, cuyo monto ascendía a 146 millones de pesos. Se encontró que dicho pago no había sido validado por la Gerencia de Contabilidad de LFC. Los servicios en las instalaciones de LFC en Morelos, Puebla, Hidalgo, el Estado de México y el Distrito Federal no habían sido aprobados ni validados para su pago. Además, al revisar algunas pólizas se detectaron pagos en demasía. Por ejemplo, en la subestación Nonoalco, la SSP cobraba por 21 elementos, y sólo laboraban 10. Ante ello, la ASF dictaminó un daño patrimonial que deberá ser investigado por la SFP.
En los últimos años, LFC también contrató a terceros la custodia de valores. La última fue con Banco Santander Mexicano, mediante el contrato SS-013/2008, vigente del 1 de abril al 31 de diciembre de 2008. Se encontró que se le pagó el mismo servicio para los meses de enero a marzo, es decir, cuando el servicio aún no se licitaba.
Al revisar el contrato, los auditores detectaron que carecía de cláusulas relativas a la prohibición de hacer transferencias a cuentas de terceros y la obligación del custodio de enviar mensualmente el detalle de todos los valores gubernamentales a su cargo, es decir, se operó sin que el custodio (Banco Santander) tuviera ninguna responsabilidad sobre los valores que custodiaba. Ante la gravedad, la ASF pidió a la SFP abrir la investigación y fincar las responsabilidades correspondientes.
Irregularidades en inmuebles
Al momento de su extinción, LFC era propietaria de 489 inmuebles. La ASF alcanzó a revisar los expedientes relativos a 75 de ellos, es decir, apenas el 15 por ciento de las propiedades. Algunas de las irregularidades encontradas fueron: la mitad tenía incompleta la escrituración; sólo 47 estaban a nombre de LFC; 31 a nombre de LM Guibara Sucesores Sociedad en Comandita; tres a nombre de la Compañía de Fuerza del Suroeste de México, uno a nombre de la compañía Hidroeléctrica del Río Alameda.
Todas ellas son las empresas propietarias de los inmuebles antes de que se nacionalizara la industria eléctrica, lo que significa que, pese a que hubo contratos de compra venta, nunca se formalizó la propiedad de todos los inmuebles a nombre de Luz y Fuerza del Centro, incluso tres de ellos estaban a nombre de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Las escrituras de 34 bienes inmuebles de LFC no contaban con el sello del Registro Público de la Propiedad, y 69 no fueron inscritas al Registro, por lo que los directivos de LFC violaron la Ley General de Bienes Nacionales, el Código Civil Federal y el Reglamento del Registro Público de la Propiedad Federal, dictaminó la ASF.
El mismo desorden era extensivo a todo el registro e inventarios de inmuebles, muebles y plantas de LFC. Al auditar el Programa para la Elaboración de Inventarios, el cual tenía como objetivo acreditar la propiedad, actualizar registros y resguardo de bienes y el inventario de plantas, instalaciones y equipos en operación valuados en 80 mil 806 millones de pesos, la ASF detectó “debilidades” y “deficiencias” en el control interno, ya que la Gerencia de Contabilidad no tenía los inventarios físicos de bienes inmuebles, líneas de distribución y transmisión, equipo de cómputo y telecomunicaciones, y plantas de generación.
Al respecto, en julio de 2008 la Junta de Gobierno de Luz y Fuerza había señalado la necesidad de que el titular de la dependencia tuviera al día los inventarios en cumplimiento al programa; sin embargo, éstos no se efectuaron, por lo que “se determinó que no se cumplió con las actividades”.
Decreto de opacidad
El carácter de confidencialidad que Calderón Hinojosa le dio a las operaciones administrativas y financieras de LFC tras su extinción contribuyó a la opacidad en torno al manejo que Jorge Gutiérrez Vera dio a los millonarios recursos públicos de la paraestatal y el destino del dinero que no pudo acreditarse. Quedó en el aire información tan relevante como el destino de 2 mil 960 millones de pesos que LFC manejó en el Programa de Distribución de Energía Eléctrica en el ejercicio fiscal 2008.
La ocupación de la PFP impidió también que la ASF auditara las operaciones, registros y movimientos de los 16 mil 35 millones de pesos que ingresaron a la compañía LFC por el pago del suministro de energía eléctrica. La ASF había planteado que constataría si la recaudación se había efectuado oportunamente y si los particulares pagaron el monto correspondiente, cotejándolo con la documentación que LFC poseía en las instalaciones de Melchor Ocampo.
Sobre este tema, en noviembre pasado, el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza Flores, denunció la existencia de 6 mil 500 “cuentas especiales” de empresas, compañías, embajadas, y diversas áreas de gobierno federal, incluida la residencial oficial de Los Pinos, secretarías de Estado, además de dependencias de gobiernos estatales y municipales que desde hacía años no pagaban energía eléctrica, y reveló los nombres de algunos de los beneficiados.
Éste sería precisamente uno de los rubros que auditaría la ASF, de acuerdo con un oficio que el 2 de septiembre la Auditoría le envió a Gutiérrez Vera. La revisión incluiría identificar a unas 500 empresas a las cuales, según información que poseía la ASF, extraoficialmente se les permitía conectarse a las redes de LFC sin pagar el suministro.
La auditoría comenzó a finales de septiembre. Dos semanas después sería interrumpida por la ocupación policiaca. Dada la relevancia del tema, la directora general jurídica de la ASF solicitó al director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes que se les permitiera a los auditores concluir su revisión, de acuerdo con documentos remitidos por la ASF el 18 de noviembre. Se les permitió rescatar sus equipos de cómputo, pero no continuar la fiscalización.
La ASF destaca que “no se dieron las condiciones” para auditar las aportaciones de particulares. El decreto de Calderón y la reticencia a la transparencia por parte del equipo, designado por su gobierno para el “Proceso de desincorporación del extinto organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro”, impidieron tener claridad sobre el manejo que Gutiérrez Vera dio a los 16 mil 35 millones que en 2008 ingresaron a las arcas de LFC vía pagos del suministro de energía eléctrica.
Pero no fue el único rubro sin auditar. Durante la ocupación policiaca, el personal de la ASF fiscalizaba los 2 mil 52 millones de pesos que ingresaron por producción y servicios de fábricas y talleres de LFC. La víspera de la publicación del decreto presidencial en el Diario Oficial de la Federación se detuvo la auditoría. Aunque el jurídico de la ASF pugnó también porque el Sae le permitiera auditar tales recursos, éste se negó. De tal manera que “no se contó con los elementos para cumplir con el objetivo de la auditoría”, resolvió el órgano de vigilancia.
Otra revisión no realizada fue la de los 334 millones 760 mil pesos que se gastaron en la renovación del parque vehicular y el equipo pesado.
Extrañamente Calderón no permitió a la ASF concluir las auditorías y dictámenes para identificar a los responsables de la quiebra que, según dijo, motivó la decisión de liquidarla. Por el contrario, a Gutiérrez Vera y otros directivos de la compañía, como José Antonio Prado Carranza, titular jurídico (excompañero de César Nava Vázquez en la Universidad Panamericana y su exsubordinado en Petróleos Mexicanos), responsables de las observaciones dictaminadas por la ASF, se les otorgaron jugosas liquidaciones.
FUENTE: CONTRALÍNEA 17 / 11 DE ABRIL DE 2010
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