Autor: Nydia Egremy Sección: Sociedad
11 Abril 2010 1
Cada año, México aporta de manera “voluntaria” 50 mil euros al grupo Horizontal en Salud de la OCDE; sin embargo, se sitúa entre los países que menos recursos per cápita designan internamente a la sanidad. Apenas dispone de dos médicos por cada 1 mil habitantes, una cama de hospital por cada 1 mil personas y 1.5 unidades de resonancia magnética por 1 millón de habitantes. Los mexicanos tienen la menor expectativa de vida respecto de los demás miembros del organismo; mientras que la incidencia de dengue, tracoma, lepra y desnutrición –consideradas enfermedades de la pobreza– aumenta
La presencia de México en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a partir del 18 de mayo de 1994 no se ha traducido en mejores niveles de salud para su población, muestran los sucesivos informes de ése y otros organismos internacionales. En 2009, México destinó el 5.9 por ciento de su producto interno bruto a la salud, uno de los más bajos entre los 30 países de la OCDE, cuya tasa de mortalidad infantil es de 15.7 muertes por cada 1 mil nacidos vivos, muy lejos del promedio de 4.9; la expectativa de vida es de 75 años, cuatro menos que la media, según el informe Panorama de la salud 2009, del llamado “club de París”.
A pesar de que México es una de las 15 principales economías del mundo, su población ostenta niveles de salud muy bajos en todas las evaluaciones de los organismos nacionales e internacionales. El informe Indicadores del desarrollo mundial 2009, del Banco Mundial, destaca que en 2006 –última etapa de medición con la que cuenta–, el gasto per cápita de México en ese rubro fue de 527 dólares, un monto que sitúa al país debajo de otros 37 en una escala de 152. Por su parte, las Estadísticas 2009, de la Organización Mundial de la Salud, colocan al país en el último lugar de América en número de partos atendidos por personal de salud calificado, superado por Antigua y Cuba, que tienen el ciento por ciento de atención.
Ese estudio revela que sólo en Chiapas hay 15 mil afectados de tracoma –un mal causado por la bacteria Clamidia trachomatis– que les provocará ceguera antes de los 50 años. Dos años atrás también detectó 243 casos de lepra. Entretanto, se intensificó el dengue, enfermedad causada por el mosquito Aedes aegypty y para la que no hay vacuna, según declaró Miguel Ángel Lezana, director del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud (Ssa), en mayo de 2009.
La prevalencia en México del virus de inmunodeficiencia adquirida es de 267 personas de 15 años por cada 100 mil habitantes, que supera a Cuba, con una tasa de 67, y a Bolivia, con 132, cita el informe de la OCDE. La incidencia de tuberculosis sumó 20 casos por cada 100 mil habitantes en enero de 2009; el año anterior, la Secretaría de Salud de Sonora descubrió 600 nuevos casos, indicó Mauricio Castañón, investigador de ciencias genómicas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Además, la desnutrición crónica y la obesidad infantil constituyen un doble problema de salud pública, pues en una persona coexisten las enfermedades ocasionadas por la nutrición deficiente y las ocasionadas por el sobrepeso y la obesidad, como manifestó Salvador Villalpando Hernández, director de Vigilancia de la Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública, en agosto de 2009.Al respecto, el informe de 2009 de la OCDE mostró que la tasa de obesidad de los mexicanos era del 30 por ciento de la población, la segunda más alta después de Estados Unidos. Como ese mal causa diabetes o asma, el estudio advierte que en el futuro se presentarán problemas sustantivos de salud, “así como un mayor gasto relacionado con ese problema”.
Al pasar revista a los recursos humanos, físicos y tecnológicos que el gobierno mexicano destina a la salud, el análisis de esa organización refiere: “Virtualmente, en todas las dimensiones para las que existen datos disponibles, México permanece abajo del promedio”. Aunque en la década pasada aumentó el número de doctores per cápita, de un médico por 1 mil habitantes en 1990 a dos en 2007, aún está lejos de la media de otros países, con 3.1, y el número de camas en hospitales era de una por 1 mil habitantes, casi un cuarto del promedio de la OCDE, de 3.8 camas por 1 mil habitantes.
En la década pasada, en la mayoría de los países de la OCDE, creció la disponibilidad de tecnologías para el diagnóstico, como unidades para tomografía computarizada, escáneres y resonancia magnética (MRI). En contraste, el número de unidades de MRI en México fue el más bajo de los 30 miembros de esa organización, con 1.5 por 1 millón de habitantes, comparado con un 11 unidades por 1 millón de personas en promedio; el número de escáneres en este país fue de cuatro por 1 millón contra una media de 20.
Sin derecho a la salud
El estudio Evolución del gasto en salud 2003-2009, elaborado por Elsa García y Krystian Méndez, del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados (septiembre de 2009), indica que la asignación al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud de 2009 fue de 48 mil 617 millones de pesos, una asignación que presenta una variación negativa de 2.7 por ciento respecto de 2008.
Con datos del Consejo Nacional de Población y del Segundo informe de gobierno 2008, el CEFP estimó que del total de la población a enero de 2009 (106.2 millones de personas), 63 millones de personas tenían protección en salud, y de ese universo, el 47.8 por ciento de derechohabientes pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 10.5 por ciento, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y el resto, a las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y Petróleos Mexicanos.
En contraste, el estudio admite que 43.2 millones de mexicanos no están afiliados a ninguna de las instituciones de salud mencionadas ni al Seguro Popular o al Seguro Médico para una Nueva Generación. En sus comentarios finales, el CEFP advierte que “el gasto en salud enfrentará nuevos retos, como destinar mayores recursos para la atención oportuna de enfermedades que antes no se habían presentado”, por ejemplo la influenza A/H1N1.
Al respecto, el ingeniero químico Ernesto Saro Boardman, presidente de la Comisión de Salud del Senado, explica que “lamentablemente la desnutrición se encuentra en muchas regiones del país” porque México es un país de contrastes, por esa razón, “tenemos el primero o segundo deshonroso lugar en niños obesos y también en desnutridos”. Opina que el origen de esa situación radica en que “algunas entidades” no prestan atención a ese rubro y destinan a “otras cosas” los recursos que les hace llegar la federación, “como lo que estamos viendo en Oaxaca”.
El legislador por Coahuila del Partido Acción Nacional subraya que, pese a tal rezago, “ha habido avances en este campo desde hace seis años”, cuando el Seguro Popular comenzó a operar a nivel federal. Comenta que antes de esa fecha, “era impensable” que quienes tienen menos recursos accediesen a los servicios de salud si no eran derechohabientes, pues “tenían que pagar de su bolsa toda atención; ahora gran parte del presupuesto se ha ido a ese programa”.
Saro Boardman sostiene que, actualmente, el 85 por ciento de la población está protegido por el Seguro Popular. Anticipa que para 2012 tendrá una cobertura del 95 por ciento. Considera que el desafío mayor para el sistema de salud es que “está fraccionado”: el IMSS por un lado, el ISSSTE por otro, con estructuras distintas y con excesos, como las “altísimas” pensiones con edades de jubilación muy tempranas.
Negado el derecho a la información
La posibilidad de conocer las aportaciones de la Ssa a la OCDE desde 1994, por concepto de compromisos, proyectos y programas, así como los nombres de los comisionados a la sede de ese organismo para asistir a sus reuniones, se dificultó cuando la dependencia negó poseer esa información.
Esto ocurrió cuando el abogado Humberto Hernández Haddad presentó la solicitud de información pública, con folio 001200187509, el 13 de julio de 2009. Seis meses después, el solicitante interpuso un recurso ante el Instituto Federal de Acceso a la Información, que resolvió que todos esos datos debían ser accesibles. Sin embargo, la documentación que proporcionó la dependencia fue escasa.
En su respuesta, distintas direcciones de la Ssa afirman que no poseen los datos o cifras solicitadas; pero se pudo conocer que anualmente esa dependencia federal aporta 50 mil euros a la OCDE. También indica que funcionarios de alto nivel asisten a reuniones en París, Francia.
El desglose que proporcionó la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Ssa muestra que, entre 2002 y 2008, esa dependencia aportó a la OCDE 3 millones 910 mil 947 pesos. A su vez, el oficio DA/1918/09 del 17 de julio de 2009, del director administrativo de la Ssa, dirigido al titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social, indica que esa dirección sólo tramita el pago de la contribución voluntaria dirigida a la OCDE, “cuyo monto asciende a 50 mil euros”, aunque resalta que a esa fecha no se había efectuado el pago correspondiente a 2009.
La información de la Ssa sobre los funcionarios que han asistido a reuniones en la sede de la OCDE carece del cargo y unidad administrativa a la que pertenecen y no detalla los viajes realizados en el periodo comprendido entre 1994 y 2007, sólo se desglosan las comisiones de 2008 y 2009, y no fue proporcionado ningún informe de esas comisiones.
Para identificar el rango y unidad administrativa a la que pertenecen los funcionarios comisionados a la sede de la OCDE, se consultó el portal de la Ssa: una leyenda advierte que la “reestructuración” en esa dependencia afecta la “estructura no básica” de las unidades administrativas, por lo que en el directorio “aparecen áreas no habilitadas”. En realidad, no aparece ningún dato. Sólo se tienen los datos que proporcionó la encargada de la Unidad de Análisis Económico de la Ssa (cuyo nombre tampoco aparece), quien envió el oficio UAE/091/09 al director del Centro de Documentación Institucional el 29 de julio de 2009. Ahí se indica que Jacqueline Arzoz Padrés, economista y doctora en ciencias políticas, de la Unidad de Análisis Económico, acudió a la reunión “Cobertura de la salud universal ¿Quién debe pagar?”, del 5 al 17 mayo de 2008.
Cinco meses después, del 24 al 28 de octubre, Arzoz regresó a París para asistir a la reunión “Políticas de precios en el mercado global: asegurando el acceso promoviendo la innovación valorada”. Casi en los mismos días (del 25 al 28 de octubre de 2008), la licenciada Mariana Barraza Llorens, directora general adjunta de Políticas de Financiamiento, acudió al “Simposio de alto nivel sobre políticas de precios de productos farmacéuticos”.
En 2009, la doctora María Cristina Gutiérrez Delgado, de la Unidad de Análisis Económico, participó en la reunión de expertos para el “Análisis del efecto de la obesidad en la salud poblacional”, del 27 al 30 de abril. Y del 8 al 12 de junio, la doctora Arzoz formó parte de la delegación mexicana que participó en el examen sobre el estudio económico actual de ese organismo.
En cuanto a las erogaciones de la Ssa por los viajes de sus funcionarios a actividades de la OCDE, sólo se obtuvo información correspondiente a 2007 y 2009. Ahí se observa que el doctor Eduardo González Pier, coordinador de Planeación Estratégica, asistió del 18 al 27 de mayo de 2007 a la “Tercera reunión del comité de salud”, cuya comisión significó una erogación por 33 mil 525 pesos.
Del 21 al 25 de septiembre de ese año, la licenciada Mariana Barraza Llorens asistió a la “Tercera reunión de expertos sobre políticas de medicamentos”: la Ssa pagó 14 mil 637 pesos. La comisión del doctor González Pier a la reunión “Fuerza de trabajo de salud y migración internacional”, del 15 de noviembre de 2007, y a la segunda sesión del “Comité de salud”, del 19 al 20, representó un costo de 51 mil 497 pesos.
En mayo de 2008, la Ssa erogó 49 mil 916 pesos por el viaje de la doctora Jacqueline Arzoz Padrés, que asistió a la conferencia “Cobertura de la salud universal ¿Quién debe pagar?”. En octubre, esta funcionaria asistió a la reunión “Asegurar el acceso promoviendo la innovación valorada”, que representó una erogación por 18 mil 375 pesos. La asistencia de la licenciada Barraza Llorens al simposio de alto nivel sobre políticas de productos farmacéuticos, que se celebró con un día de diferencia de la anterior funcionaria, representó un gasto de 7 mil 291 pesos.
En el curso de 2009, la actuaria María Cristina Gutiérrez Delgado asistió del 27 al 30 de abril a la reunión de expertos para el “Análisis de la obesidad en la salud poblacional”: la Ssa erogó 19 mil 199 pesos. La doctora Arzoz Padrés viajó del 8 al 12 de junio en la delegación que participó en el examen sobre el estudio económico global: la dependencia erogó 18 mil 660 pesos. El último dato que aporta la Ssa es el viaje de Panagiota Panapoulou a la reunión del Comité de Expertos en Indicadores de Características de Sistemas, que se realizó del 12 al 16 de septiembre, por un monto de 10 mil 397 pesos.
Entre los beneficios de ser miembro de ese organismo, la Ssa destaca “el intercambio de información y experiencias” en políticas de salud y la identificación de mejores prácticas. Refiere que México también participa en la definición de estrategias de precios de medicamentos, pues es el país dentro de la OCDE con el consumo farmacéutico per cápita más bajo –menos de una cuarta parte de la media–; señala que, a pesar de los bajos ingresos per cápita, los precios de los fármacos en México son relativamente altos.
Para Hernández Haddad, la presencia de México en el llamado “club de París” constituye una “extravagancia onerosa que consume enormes recursos financieros”. Aprecia que esa membresía debería ajustarse a “nuestra realidad”, acreditando a un vocero que auspicie la revisión del modelo económico vigente y cancelar los gastos excesivos que ahí se realizan.
Los secretos del Libro Blanco
La respuesta de la Secretaría de Salud (Ssa) sobre sus erogaciones ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) refiere que los países miembros proporcionan contribuciones voluntarias adicionales para apoyar el trabajo en salud del Comité de Salud. Tanto la Dirección Administrativa de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social como la Dirección General de Relaciones Internacionales manifestaron que México realiza contribuciones voluntarias, a partir de 2003, por 50 mil euros, para apoyar las actividades del Grupo Horizontal en Salud.
Adicionalmente, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) indica en la página 26 de su respuesta al solicitante que, al buscar información relativa a la materia, “pudo localizar el Libro Blanco de la Secretaría de Salud”, que se denomina “Aportaciones a Organismos Internacionales”, correspondiente al periodo comprendido del 1 de diciembre de 2001 al 30 de noviembre de 2006.
Según el IFAI, ese libro, cuya finalidad es exponer la situación del cumplimiento de los compromisos contraídos por la Ssa en aportaciones a organismos, programas y proyectos internacionales, describe, en el apartado correspondiente a la OCDE, que “dicha organización, por conducto del Grupo Horizontal de Salud, lleva a cabo” las tareas de análisis de las políticas nacionales de salud, elaboración de recomendaciones para mejorar dichas políticas, publicaciones relativas a temas específicos de políticas de salud y desarrollo de bases de datos con información de los países miembros.
Agrega el IFAI que el apartado denominado “OCDE” señala que el beneficio de que México participe en el Grupo Horizontal de Salud “es fundamentalmente el intercambio de información y experiencia en materias de políticas de salud”. Agrega que, en 2005, la OCDE realizó un estudio sobre el sistema de salud de México e hizo recomendaciones para mejorar su sistema.
FUENTE: CONTRALÍNEA 17 / 11 DE ABRIL DE 2010
EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION SUBESTACIONES TOLUCA CONTINUA EN PIE DE LUCHA CON LA CONVICCION DE OBTENER LA VICTORIA EN LA DEFENSA DE NUESTRO TRABAJO.
EN MEMORIA DE UN MIEMBRO DE OPERACION
DESCANSE EN PAZ EL C. RICARDO GONZALEZ BECERRIL
domingo, 11 de abril de 2010
El año de hidalgo en Luz y Fuerza del Centro
Autor: Ana Lilia Pérez
11 Abril 2010
Al mando de Jorge Gutiérrez Vera, los directivos de Luz y Fuerza del Centro desviaron, en los últimos meses de su administración, recursos públicos; duplicaron el costo de proyectos y adquisiciones; hicieron pagos irregulares a contratistas, y manejaron discrecionalmente los millonarios ingresos que la compañía obtuvo por el suministro de energía eléctrica a particulares, revela la Auditoría Superior de la Federación en la última revisión que hizo a la extinta paraestatal
La noche del 10 de octubre de 2009, con la ocupación policiaca y militar de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC), Felipe Calderón sepultó la posibilidad de conocer a detalle el manejo de los millonarios recursos públicos que la compañía operó entre el 1 de enero de 2008 y hasta la víspera de aquel fin de semana en que en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto presidencial de su extinción.
En el momento en que Calderón decidió desaparecer esa paraestatal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ejecutaba 10 auditorías a las áreas y programas más importantes, revisiones suspendidas la misma noche en que la Policía Federal Preventiva tomó por asalto la compañía.
Se auditaban los programas de Distribución de la Energía Eléctrica; para la Elaboración de Inventarios, la producción y los servicios de fábricas y talleres; para Desarrollar y Construir Sistemas de Distribución en el Distrito Federal y el Estado de México; el de Modernización del Parque Vehicular y Equipo Pesado; el de Sustitución de los Transformadores y Blindaje de la Red. Se fiscalizaban también los ingresos de los pagos de particulares por el suministro de energía eléctrica, el manejo de recursos en efectivo y en inversiones temporales, además de los egresos presupuestales del capítulo 3000 “Servicios Generales”.
La ocupación policiaca de las instalaciones administrativas y operativas impidió que los auditores concluyeran su trabajo: sus equipos de cómputo, papelería, así como la documentación que revisaban a LFC quedaron incautados. Aunque para esos momentos los fiscalizadores ya habían logrado concluir algunas auditorías en las oficinas centrales del llamado Edificio Verónica (en la avenida Melchor Ocampo), las cuales la ASF incluyó dentro de su Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008 recientemente publicado.
El resultado de tales auditorías evidencia la responsabilidad de la administración de Jorge Gutiérrez Vera en millonarios quebrantos a LFC. Revela lo costoso de la mala planeación en los proyectos medulares, un desmedido sobreejercicio presupuestal, pagos en demasía a terceros, desvío de recursos y peculado, un uso y abuso de millonarios recursos de la paraestatal que, sin duda, contribuyeron a la “quiebra” aludida por Felipe Calderón.
Ante tales hallazgos, el órgano máximo de fiscalización del país solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrir las investigaciones en contra de los funcionarios responsables, en su mayoría, directivos “de confianza” encabezados por Gutiérrez Vera.
Las auditorías
La ASF auditó los recursos en efectivo y las inversiones temporales que manejó la Subdirección de Finanzas de LFC, a cargo de José María Rivera. En 2008, manejó 3 mil 703 millones de pesos en cuatro cuentas: una de inversión por 3 mil 666 millones, otra de fondos fijos por 2 millones 554 mil pesos, una de fondo remesas extraordinarias por 13 millones 369 mil pesos, y una “caja confidencial” por 20 millones 704 mil pesos.
A juicio de la ASF, el subdirector manejó los recursos con deficiencias en el control interno e irregularidades administrativas. Por ejemplo, descubrió que la Subdirección de Finanzas utilizó cuentas contables que no fueron autorizadas por la Secretaría de Hacienda: para “Préstamo de Garantía Antigüedad Sindicalizada, “Anticipos gastos funeral”, “Otros anticipos”, “Salarios no cobrados”, “Anticipos por vacaciones”.
En esta área, la Coordinación de Remuneraciones y Presentaciones al Personal de Confianza manejaba una “caja confidencial” –que a diciembre de 2008, tenía un saldo de 20 mil 704 millones de pesos–. De ésta se hacían transferencias bancarias a personal activo y jubilados, préstamos a cuenta de antigüedad, pensiones alimenticias, finiquitos, liquidaciones y laudos, principalmente. En tales operaciones, la ASF acreditó transferencias irregulares que contravienen la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), por ello, solicitó al Órgano Interno de Control abrir las indagatorias respectivas.
La auditoría evidencia un verdadero caos fiscal en el manejo financiero de LFC. Por ejemplo, ninguno de sus registros contables ni estados financieros recibió el visto bueno de la SHCP. Apenas intervenida LFC, Felipe Calderón dispuso clasificar como confidencial toda la información y documentación de la compañía.
La misma Subdirección manejó una cuenta de “Bancos Fondos de Inversión”, en la cual el dinero de LFC se invirtió sin que hubiese una estrategia financiera. Para el 31 de diciembre de 2008, presentaba un saldo de 3 mil 666 millones de pesos en 10 cuentas en HSBC, Santander, Banorte, Ixe, Bancomext, y en las instituciones financieras Monex Inversiones, ING Inversiones, Accival y GB.
Descubrió que no había documento ni análisis que justificara la estrategia financiera de los directivos de LFC para tales inversiones. Tampoco información sobre tasas de liquidez, interés, solvencia, incertidumbre, inflación, condiciones de mercado y vialidad de las inversiones en las instituciones financieras.
Tampoco había indicadores que permitieran verificar en qué medida la estrategia financiera, adoptada por la Subdirección de Finanzas, fue adecuada, considerando la naturaleza de la operación, factores externos objetivos cualitativos y cuantitativos, y cumplimiento de metas. Por ello, la ASF determinó que el subdirector violó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
En algunos fondos se hizo uso de recursos bajo el argumento de que se trataba de “gastos menores, urgentes e inaplazables”, sin que existiera el soporte documental que lo acreditara. Respecto del uso de chequeras, se encontró que no había una actualización de autorizaciones para de fondos, destinadas a pagos menores de proveedores.
De la “caja chica”, utilizada para cubrir sueldos no reclamados, gastos de trabajo, anticipos de salario, pensión alimenticia, entre otros, se encontraron erogaciones sin la comprobación debida.
Por ejemplo, sin tener la autorización correspondiente, el 29 de octubre de 2008 los directivos dispusieron de 1 millón de pesos para un “operativo emergente llevado a cabo con motivo de la posible suspensión de labores masivas de los operativos de clase A”. En el manejo de estos recursos, no hubo evidencia operativa ni control de los gastos; en algunas facturas que se presentaron a cuenta de este gasto, se encontraron artículos no justificados; por ello, la ASF pidió al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Sae), en su carácter de liquidador de LFC, revisar este caso.
Sobreejercicio presupuestal
Dentro de los proyectos de inversión de LFC, la SHCP le autorizó 467 millones de pesos para “desarrollar y construir sistemas de distribución en el Distrito Federal”. El proyecto consistía en instalar transformadores, construir alimentadores para la red de distribución y sustituir equipo obsoleto. Los directivos gastaron 580 millones de pesos, por lo que la ASF determinó un sobreejercicio de 113 millones de pesos “como resultado de una mala planeación del ejercicio del gasto”.
Pidió a la SFP fincar responsabilidades a los funcionarios que violaron la Ley de Obras Públicas y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, porque además, a cuenta de este mismo proyecto, se pagaron 14 contratos de adquisiciones sin la autorización presupuestal correspondiente.
En el proyecto de desarrollo y construcción de los sistemas de distribución en el Estado de México, se descubrieron irregularidades en el manejo presupuestal, en los procesos de licitación, en la adjudicación de los contratos y un daño patrimonial de 127 millones de pesos.
El proyecto costaría 267 millones de pesos, según explicaron los directivos de LFC ante la SHCP, la cual les autorizó dicho monto. LFC comprobó un gasto de 189 millones, pero no pudo acreditar el destino de los otros 78 millones 406 mil 868 pesos. La ASF dictaminó daño patrimonial por esa cantidad.
El proyecto para “Desarrollar y construir sistemas de distribución en el Estado de México” consistió en instalar transformadores y construir alimentadores para la red de distribución, además de sustituir el equipo obsoleto. Durante su desarrollo, hubo mala planeación, subejercicio, sobreprecios, entre otras irregularidades. En 26 contratos con terceros para adquisiciones y obra relacionadas con este proyecto, no se incluyó la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso de pagos.
Ya en la ejecución hubo gastos “inflados”. Por ejemplo, el “cambio de voltaje” costaría 3 millones 110 mil pesos, pero los directivos de LFC dijeron que gastaron 8 millones 401 mil pesos. La mano de obra costaría 110 millones de pesos, pero se gastaron 180 millones 706 mil pesos; de éstos no hubo comprobación documental por 48 millones 808 mil 262 pesos; por ello, la ASF determinó un daño patrimonial por esta última cantidad y pidió a la SFP fincar las responsabilidades administrativas sancionatorias.
El proyecto de sustitución y blindaje de la red -que tenía por objeto disminuir las pérdidas de energía por medio de la sustitución de transformadores aéreos de gran capacidad por transformadores de bajas capacidades asociados con la reducción de la longitud de las redes de baja tensión-, costaría 97 millones de pesos, que autorizó la SHCP. Los directivos de LFC gastaron 119 millones 705 mil pesos.
La ASF dictaminó que hubo un sobreejercicio de 21 millones 798 mil pesos, “derivado de una mala planeación del ejercicio del gasto sin la autorización correspondiente y sin la acreditación de haberlo informado en su oportunidad a la Secretaría de Hacienda”.
Además, al auditar el pagó por mano de obra, la ASF no pudo comprobar tales pagos, así que se determinó que hubo un daño patrimonial por los 59 millones 383 mil 164 pesos. En este caso se acreditaron violaciones a la Ley de Obra Pública y a la LFPRH.
En las adquisiciones que LFC hizo en 2008, se detectaron siete contratos que se habían pactado un año atrás, cuyo monto ascendió a 4 millones 129 mil pesos, con fecha de compromiso de entrega para ese mismo año. LFC no pudo justificar el atraso, que en algunos casos debieron rescindirse. En otros, no impuso las penalizaciones correspondientes. Por ejemplo, por los atrasos en sus entregas, a Prolec GE Internacional, se le penalizó por sólo siete días, en lugar de 21.
Compras sospechosas
De los gastos que a partir del 1 de enero de 2008 y hasta la víspera de la liquidación de LFC se hicieron a cuenta de los “Fondos fijos”, se descubrieron numerosas compras realizadas por adjudicación directa, aunque el monto obligaba a los funcionarios a licitarlas, pero además, en muchas de ellas se pagó dos y hasta tres veces más de lo autorizado.
Por ejemplo, en papelería y artículos de oficina se gastaron 8 millones 393 mil 100 pesos, contra 2 millones 300 mil pesos autorizados, es decir, gastaron 300 por ciento más de lo aprobado por Hacienda. En artículos de cómputo, 776 mil 300 pesos, contra lo autorizado de 330 mil. Compra de garrafones de agua por 4 millones 377 mil pesos, cuando era de 2 millones 300 mil.
En utensilios de limpieza, 3 millones 402 mil 800 pesos, contra 2 millones 300 mil autorizados. Compra de refacciones por 2 millones 819 mil 400 pesos, 500 mil pesos más. En lubricantes y aditivos de vehículos, 773 mil pesos, contra 330 mil.
Más pérdidas
El 14 de noviembre de 2005, Luz y Fuerza compró a General Electric International Operations Company 14 plantas generadoras de energía eléctrica. La adquisición incluía el mantenimiento “en garantía” (preventivo y correctivo), por el que se pagaron 770 millones de pesos. Hasta el momento de auditar el contrato (agosto de 2009), el mantenimiento no se había proporcionado.
Dos de las 14 plantas (Coapa y Aragón), no entraron en operación comercial, ello por deficiencias acreditadas a General Electric, ya que los estudios de suelo “no fueron los adecuados”, para ambos casos, porque al instalarse, la planta no funcionó.
Al analizar los egresos del rubro “Servicios generales”, que durante el último año de operación de LFC manejó 1 mil 391 millones de pesos, se detectaron “debilidades y deficiencias” en el control interno.
A cuenta de éste, se compraron licencias de software a Microsoft, pero los auditores de la ASF no pudieron identificar en qué equipos de instalaron. De la misma partida se pagaron los seguros de bienes muebles e inmuebles contratados con Inbursa; Grupo Financiero Inbursa, y Axxa. Se descubrió que, irregularmente, se adquirieron tomando como base un avalúo de los bienes muebles e inmuebles en 2005 y no al 2008, que era el que correspondía, lo cual repercutirá, a juicio de la ASF, “en una recuperación menor de los bienes asegurados”.
Vigilancia, fuga de recursos
De la partida presupuestal de “Servicios generales” se pagó también el servicio de vigilancia contratado a corporaciones policiacas. En nueve contratos vigentes desde 2007, se aplicaron montos adicionales “sin la debida justificación”, hasta por el 45 por ciento más del pactado en el contrato inicial.
En abril de 2006, Contralínea (número 53) documentó diversas irregularidades en los servicios de vigilancia que LFC contrataba a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Distrito Federal para todas sus instalaciones. En los años posteriores, las deficiencias continuaron, según lo documentó la ASF en sus auditorías.
Los manuales mediante los que se contrataba el servicio carecían de validez oficial y no contaban con el visto bueno de la “Sugerencia de normatividad” de la Subdirección de Abastecimiento y Transporte ni con la autorización respectiva de la Comisión de Mejora Regulatoria Interna. El programa de supervisión, con el cual operaban las corporaciones policiacas para LFC, tampoco estaba autorizado.
Respecto de los pagos por servicios se revisaron sólo algunos, cuyo monto ascendía a 146 millones de pesos. Se encontró que dicho pago no había sido validado por la Gerencia de Contabilidad de LFC. Los servicios en las instalaciones de LFC en Morelos, Puebla, Hidalgo, el Estado de México y el Distrito Federal no habían sido aprobados ni validados para su pago. Además, al revisar algunas pólizas se detectaron pagos en demasía. Por ejemplo, en la subestación Nonoalco, la SSP cobraba por 21 elementos, y sólo laboraban 10. Ante ello, la ASF dictaminó un daño patrimonial que deberá ser investigado por la SFP.
En los últimos años, LFC también contrató a terceros la custodia de valores. La última fue con Banco Santander Mexicano, mediante el contrato SS-013/2008, vigente del 1 de abril al 31 de diciembre de 2008. Se encontró que se le pagó el mismo servicio para los meses de enero a marzo, es decir, cuando el servicio aún no se licitaba.
Al revisar el contrato, los auditores detectaron que carecía de cláusulas relativas a la prohibición de hacer transferencias a cuentas de terceros y la obligación del custodio de enviar mensualmente el detalle de todos los valores gubernamentales a su cargo, es decir, se operó sin que el custodio (Banco Santander) tuviera ninguna responsabilidad sobre los valores que custodiaba. Ante la gravedad, la ASF pidió a la SFP abrir la investigación y fincar las responsabilidades correspondientes.
Irregularidades en inmuebles
Al momento de su extinción, LFC era propietaria de 489 inmuebles. La ASF alcanzó a revisar los expedientes relativos a 75 de ellos, es decir, apenas el 15 por ciento de las propiedades. Algunas de las irregularidades encontradas fueron: la mitad tenía incompleta la escrituración; sólo 47 estaban a nombre de LFC; 31 a nombre de LM Guibara Sucesores Sociedad en Comandita; tres a nombre de la Compañía de Fuerza del Suroeste de México, uno a nombre de la compañía Hidroeléctrica del Río Alameda.
Todas ellas son las empresas propietarias de los inmuebles antes de que se nacionalizara la industria eléctrica, lo que significa que, pese a que hubo contratos de compra venta, nunca se formalizó la propiedad de todos los inmuebles a nombre de Luz y Fuerza del Centro, incluso tres de ellos estaban a nombre de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Las escrituras de 34 bienes inmuebles de LFC no contaban con el sello del Registro Público de la Propiedad, y 69 no fueron inscritas al Registro, por lo que los directivos de LFC violaron la Ley General de Bienes Nacionales, el Código Civil Federal y el Reglamento del Registro Público de la Propiedad Federal, dictaminó la ASF.
El mismo desorden era extensivo a todo el registro e inventarios de inmuebles, muebles y plantas de LFC. Al auditar el Programa para la Elaboración de Inventarios, el cual tenía como objetivo acreditar la propiedad, actualizar registros y resguardo de bienes y el inventario de plantas, instalaciones y equipos en operación valuados en 80 mil 806 millones de pesos, la ASF detectó “debilidades” y “deficiencias” en el control interno, ya que la Gerencia de Contabilidad no tenía los inventarios físicos de bienes inmuebles, líneas de distribución y transmisión, equipo de cómputo y telecomunicaciones, y plantas de generación.
Al respecto, en julio de 2008 la Junta de Gobierno de Luz y Fuerza había señalado la necesidad de que el titular de la dependencia tuviera al día los inventarios en cumplimiento al programa; sin embargo, éstos no se efectuaron, por lo que “se determinó que no se cumplió con las actividades”.
Decreto de opacidad
El carácter de confidencialidad que Calderón Hinojosa le dio a las operaciones administrativas y financieras de LFC tras su extinción contribuyó a la opacidad en torno al manejo que Jorge Gutiérrez Vera dio a los millonarios recursos públicos de la paraestatal y el destino del dinero que no pudo acreditarse. Quedó en el aire información tan relevante como el destino de 2 mil 960 millones de pesos que LFC manejó en el Programa de Distribución de Energía Eléctrica en el ejercicio fiscal 2008.
La ocupación de la PFP impidió también que la ASF auditara las operaciones, registros y movimientos de los 16 mil 35 millones de pesos que ingresaron a la compañía LFC por el pago del suministro de energía eléctrica. La ASF había planteado que constataría si la recaudación se había efectuado oportunamente y si los particulares pagaron el monto correspondiente, cotejándolo con la documentación que LFC poseía en las instalaciones de Melchor Ocampo.
Sobre este tema, en noviembre pasado, el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza Flores, denunció la existencia de 6 mil 500 “cuentas especiales” de empresas, compañías, embajadas, y diversas áreas de gobierno federal, incluida la residencial oficial de Los Pinos, secretarías de Estado, además de dependencias de gobiernos estatales y municipales que desde hacía años no pagaban energía eléctrica, y reveló los nombres de algunos de los beneficiados.
Éste sería precisamente uno de los rubros que auditaría la ASF, de acuerdo con un oficio que el 2 de septiembre la Auditoría le envió a Gutiérrez Vera. La revisión incluiría identificar a unas 500 empresas a las cuales, según información que poseía la ASF, extraoficialmente se les permitía conectarse a las redes de LFC sin pagar el suministro.
La auditoría comenzó a finales de septiembre. Dos semanas después sería interrumpida por la ocupación policiaca. Dada la relevancia del tema, la directora general jurídica de la ASF solicitó al director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes que se les permitiera a los auditores concluir su revisión, de acuerdo con documentos remitidos por la ASF el 18 de noviembre. Se les permitió rescatar sus equipos de cómputo, pero no continuar la fiscalización.
La ASF destaca que “no se dieron las condiciones” para auditar las aportaciones de particulares. El decreto de Calderón y la reticencia a la transparencia por parte del equipo, designado por su gobierno para el “Proceso de desincorporación del extinto organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro”, impidieron tener claridad sobre el manejo que Gutiérrez Vera dio a los 16 mil 35 millones que en 2008 ingresaron a las arcas de LFC vía pagos del suministro de energía eléctrica.
Pero no fue el único rubro sin auditar. Durante la ocupación policiaca, el personal de la ASF fiscalizaba los 2 mil 52 millones de pesos que ingresaron por producción y servicios de fábricas y talleres de LFC. La víspera de la publicación del decreto presidencial en el Diario Oficial de la Federación se detuvo la auditoría. Aunque el jurídico de la ASF pugnó también porque el Sae le permitiera auditar tales recursos, éste se negó. De tal manera que “no se contó con los elementos para cumplir con el objetivo de la auditoría”, resolvió el órgano de vigilancia.
Otra revisión no realizada fue la de los 334 millones 760 mil pesos que se gastaron en la renovación del parque vehicular y el equipo pesado.
Extrañamente Calderón no permitió a la ASF concluir las auditorías y dictámenes para identificar a los responsables de la quiebra que, según dijo, motivó la decisión de liquidarla. Por el contrario, a Gutiérrez Vera y otros directivos de la compañía, como José Antonio Prado Carranza, titular jurídico (excompañero de César Nava Vázquez en la Universidad Panamericana y su exsubordinado en Petróleos Mexicanos), responsables de las observaciones dictaminadas por la ASF, se les otorgaron jugosas liquidaciones.
FUENTE: CONTRALÍNEA 17 / 11 DE ABRIL DE 2010
11 Abril 2010
Al mando de Jorge Gutiérrez Vera, los directivos de Luz y Fuerza del Centro desviaron, en los últimos meses de su administración, recursos públicos; duplicaron el costo de proyectos y adquisiciones; hicieron pagos irregulares a contratistas, y manejaron discrecionalmente los millonarios ingresos que la compañía obtuvo por el suministro de energía eléctrica a particulares, revela la Auditoría Superior de la Federación en la última revisión que hizo a la extinta paraestatal
La noche del 10 de octubre de 2009, con la ocupación policiaca y militar de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC), Felipe Calderón sepultó la posibilidad de conocer a detalle el manejo de los millonarios recursos públicos que la compañía operó entre el 1 de enero de 2008 y hasta la víspera de aquel fin de semana en que en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto presidencial de su extinción.
En el momento en que Calderón decidió desaparecer esa paraestatal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ejecutaba 10 auditorías a las áreas y programas más importantes, revisiones suspendidas la misma noche en que la Policía Federal Preventiva tomó por asalto la compañía.
Se auditaban los programas de Distribución de la Energía Eléctrica; para la Elaboración de Inventarios, la producción y los servicios de fábricas y talleres; para Desarrollar y Construir Sistemas de Distribución en el Distrito Federal y el Estado de México; el de Modernización del Parque Vehicular y Equipo Pesado; el de Sustitución de los Transformadores y Blindaje de la Red. Se fiscalizaban también los ingresos de los pagos de particulares por el suministro de energía eléctrica, el manejo de recursos en efectivo y en inversiones temporales, además de los egresos presupuestales del capítulo 3000 “Servicios Generales”.
La ocupación policiaca de las instalaciones administrativas y operativas impidió que los auditores concluyeran su trabajo: sus equipos de cómputo, papelería, así como la documentación que revisaban a LFC quedaron incautados. Aunque para esos momentos los fiscalizadores ya habían logrado concluir algunas auditorías en las oficinas centrales del llamado Edificio Verónica (en la avenida Melchor Ocampo), las cuales la ASF incluyó dentro de su Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008 recientemente publicado.
El resultado de tales auditorías evidencia la responsabilidad de la administración de Jorge Gutiérrez Vera en millonarios quebrantos a LFC. Revela lo costoso de la mala planeación en los proyectos medulares, un desmedido sobreejercicio presupuestal, pagos en demasía a terceros, desvío de recursos y peculado, un uso y abuso de millonarios recursos de la paraestatal que, sin duda, contribuyeron a la “quiebra” aludida por Felipe Calderón.
Ante tales hallazgos, el órgano máximo de fiscalización del país solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrir las investigaciones en contra de los funcionarios responsables, en su mayoría, directivos “de confianza” encabezados por Gutiérrez Vera.
Las auditorías
La ASF auditó los recursos en efectivo y las inversiones temporales que manejó la Subdirección de Finanzas de LFC, a cargo de José María Rivera. En 2008, manejó 3 mil 703 millones de pesos en cuatro cuentas: una de inversión por 3 mil 666 millones, otra de fondos fijos por 2 millones 554 mil pesos, una de fondo remesas extraordinarias por 13 millones 369 mil pesos, y una “caja confidencial” por 20 millones 704 mil pesos.
A juicio de la ASF, el subdirector manejó los recursos con deficiencias en el control interno e irregularidades administrativas. Por ejemplo, descubrió que la Subdirección de Finanzas utilizó cuentas contables que no fueron autorizadas por la Secretaría de Hacienda: para “Préstamo de Garantía Antigüedad Sindicalizada, “Anticipos gastos funeral”, “Otros anticipos”, “Salarios no cobrados”, “Anticipos por vacaciones”.
En esta área, la Coordinación de Remuneraciones y Presentaciones al Personal de Confianza manejaba una “caja confidencial” –que a diciembre de 2008, tenía un saldo de 20 mil 704 millones de pesos–. De ésta se hacían transferencias bancarias a personal activo y jubilados, préstamos a cuenta de antigüedad, pensiones alimenticias, finiquitos, liquidaciones y laudos, principalmente. En tales operaciones, la ASF acreditó transferencias irregulares que contravienen la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), por ello, solicitó al Órgano Interno de Control abrir las indagatorias respectivas.
La auditoría evidencia un verdadero caos fiscal en el manejo financiero de LFC. Por ejemplo, ninguno de sus registros contables ni estados financieros recibió el visto bueno de la SHCP. Apenas intervenida LFC, Felipe Calderón dispuso clasificar como confidencial toda la información y documentación de la compañía.
La misma Subdirección manejó una cuenta de “Bancos Fondos de Inversión”, en la cual el dinero de LFC se invirtió sin que hubiese una estrategia financiera. Para el 31 de diciembre de 2008, presentaba un saldo de 3 mil 666 millones de pesos en 10 cuentas en HSBC, Santander, Banorte, Ixe, Bancomext, y en las instituciones financieras Monex Inversiones, ING Inversiones, Accival y GB.
Descubrió que no había documento ni análisis que justificara la estrategia financiera de los directivos de LFC para tales inversiones. Tampoco información sobre tasas de liquidez, interés, solvencia, incertidumbre, inflación, condiciones de mercado y vialidad de las inversiones en las instituciones financieras.
Tampoco había indicadores que permitieran verificar en qué medida la estrategia financiera, adoptada por la Subdirección de Finanzas, fue adecuada, considerando la naturaleza de la operación, factores externos objetivos cualitativos y cuantitativos, y cumplimiento de metas. Por ello, la ASF determinó que el subdirector violó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
En algunos fondos se hizo uso de recursos bajo el argumento de que se trataba de “gastos menores, urgentes e inaplazables”, sin que existiera el soporte documental que lo acreditara. Respecto del uso de chequeras, se encontró que no había una actualización de autorizaciones para de fondos, destinadas a pagos menores de proveedores.
De la “caja chica”, utilizada para cubrir sueldos no reclamados, gastos de trabajo, anticipos de salario, pensión alimenticia, entre otros, se encontraron erogaciones sin la comprobación debida.
Por ejemplo, sin tener la autorización correspondiente, el 29 de octubre de 2008 los directivos dispusieron de 1 millón de pesos para un “operativo emergente llevado a cabo con motivo de la posible suspensión de labores masivas de los operativos de clase A”. En el manejo de estos recursos, no hubo evidencia operativa ni control de los gastos; en algunas facturas que se presentaron a cuenta de este gasto, se encontraron artículos no justificados; por ello, la ASF pidió al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Sae), en su carácter de liquidador de LFC, revisar este caso.
Sobreejercicio presupuestal
Dentro de los proyectos de inversión de LFC, la SHCP le autorizó 467 millones de pesos para “desarrollar y construir sistemas de distribución en el Distrito Federal”. El proyecto consistía en instalar transformadores, construir alimentadores para la red de distribución y sustituir equipo obsoleto. Los directivos gastaron 580 millones de pesos, por lo que la ASF determinó un sobreejercicio de 113 millones de pesos “como resultado de una mala planeación del ejercicio del gasto”.
Pidió a la SFP fincar responsabilidades a los funcionarios que violaron la Ley de Obras Públicas y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, porque además, a cuenta de este mismo proyecto, se pagaron 14 contratos de adquisiciones sin la autorización presupuestal correspondiente.
En el proyecto de desarrollo y construcción de los sistemas de distribución en el Estado de México, se descubrieron irregularidades en el manejo presupuestal, en los procesos de licitación, en la adjudicación de los contratos y un daño patrimonial de 127 millones de pesos.
El proyecto costaría 267 millones de pesos, según explicaron los directivos de LFC ante la SHCP, la cual les autorizó dicho monto. LFC comprobó un gasto de 189 millones, pero no pudo acreditar el destino de los otros 78 millones 406 mil 868 pesos. La ASF dictaminó daño patrimonial por esa cantidad.
El proyecto para “Desarrollar y construir sistemas de distribución en el Estado de México” consistió en instalar transformadores y construir alimentadores para la red de distribución, además de sustituir el equipo obsoleto. Durante su desarrollo, hubo mala planeación, subejercicio, sobreprecios, entre otras irregularidades. En 26 contratos con terceros para adquisiciones y obra relacionadas con este proyecto, no se incluyó la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso de pagos.
Ya en la ejecución hubo gastos “inflados”. Por ejemplo, el “cambio de voltaje” costaría 3 millones 110 mil pesos, pero los directivos de LFC dijeron que gastaron 8 millones 401 mil pesos. La mano de obra costaría 110 millones de pesos, pero se gastaron 180 millones 706 mil pesos; de éstos no hubo comprobación documental por 48 millones 808 mil 262 pesos; por ello, la ASF determinó un daño patrimonial por esta última cantidad y pidió a la SFP fincar las responsabilidades administrativas sancionatorias.
El proyecto de sustitución y blindaje de la red -que tenía por objeto disminuir las pérdidas de energía por medio de la sustitución de transformadores aéreos de gran capacidad por transformadores de bajas capacidades asociados con la reducción de la longitud de las redes de baja tensión-, costaría 97 millones de pesos, que autorizó la SHCP. Los directivos de LFC gastaron 119 millones 705 mil pesos.
La ASF dictaminó que hubo un sobreejercicio de 21 millones 798 mil pesos, “derivado de una mala planeación del ejercicio del gasto sin la autorización correspondiente y sin la acreditación de haberlo informado en su oportunidad a la Secretaría de Hacienda”.
Además, al auditar el pagó por mano de obra, la ASF no pudo comprobar tales pagos, así que se determinó que hubo un daño patrimonial por los 59 millones 383 mil 164 pesos. En este caso se acreditaron violaciones a la Ley de Obra Pública y a la LFPRH.
En las adquisiciones que LFC hizo en 2008, se detectaron siete contratos que se habían pactado un año atrás, cuyo monto ascendió a 4 millones 129 mil pesos, con fecha de compromiso de entrega para ese mismo año. LFC no pudo justificar el atraso, que en algunos casos debieron rescindirse. En otros, no impuso las penalizaciones correspondientes. Por ejemplo, por los atrasos en sus entregas, a Prolec GE Internacional, se le penalizó por sólo siete días, en lugar de 21.
Compras sospechosas
De los gastos que a partir del 1 de enero de 2008 y hasta la víspera de la liquidación de LFC se hicieron a cuenta de los “Fondos fijos”, se descubrieron numerosas compras realizadas por adjudicación directa, aunque el monto obligaba a los funcionarios a licitarlas, pero además, en muchas de ellas se pagó dos y hasta tres veces más de lo autorizado.
Por ejemplo, en papelería y artículos de oficina se gastaron 8 millones 393 mil 100 pesos, contra 2 millones 300 mil pesos autorizados, es decir, gastaron 300 por ciento más de lo aprobado por Hacienda. En artículos de cómputo, 776 mil 300 pesos, contra lo autorizado de 330 mil. Compra de garrafones de agua por 4 millones 377 mil pesos, cuando era de 2 millones 300 mil.
En utensilios de limpieza, 3 millones 402 mil 800 pesos, contra 2 millones 300 mil autorizados. Compra de refacciones por 2 millones 819 mil 400 pesos, 500 mil pesos más. En lubricantes y aditivos de vehículos, 773 mil pesos, contra 330 mil.
Más pérdidas
El 14 de noviembre de 2005, Luz y Fuerza compró a General Electric International Operations Company 14 plantas generadoras de energía eléctrica. La adquisición incluía el mantenimiento “en garantía” (preventivo y correctivo), por el que se pagaron 770 millones de pesos. Hasta el momento de auditar el contrato (agosto de 2009), el mantenimiento no se había proporcionado.
Dos de las 14 plantas (Coapa y Aragón), no entraron en operación comercial, ello por deficiencias acreditadas a General Electric, ya que los estudios de suelo “no fueron los adecuados”, para ambos casos, porque al instalarse, la planta no funcionó.
Al analizar los egresos del rubro “Servicios generales”, que durante el último año de operación de LFC manejó 1 mil 391 millones de pesos, se detectaron “debilidades y deficiencias” en el control interno.
A cuenta de éste, se compraron licencias de software a Microsoft, pero los auditores de la ASF no pudieron identificar en qué equipos de instalaron. De la misma partida se pagaron los seguros de bienes muebles e inmuebles contratados con Inbursa; Grupo Financiero Inbursa, y Axxa. Se descubrió que, irregularmente, se adquirieron tomando como base un avalúo de los bienes muebles e inmuebles en 2005 y no al 2008, que era el que correspondía, lo cual repercutirá, a juicio de la ASF, “en una recuperación menor de los bienes asegurados”.
Vigilancia, fuga de recursos
De la partida presupuestal de “Servicios generales” se pagó también el servicio de vigilancia contratado a corporaciones policiacas. En nueve contratos vigentes desde 2007, se aplicaron montos adicionales “sin la debida justificación”, hasta por el 45 por ciento más del pactado en el contrato inicial.
En abril de 2006, Contralínea (número 53) documentó diversas irregularidades en los servicios de vigilancia que LFC contrataba a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Distrito Federal para todas sus instalaciones. En los años posteriores, las deficiencias continuaron, según lo documentó la ASF en sus auditorías.
Los manuales mediante los que se contrataba el servicio carecían de validez oficial y no contaban con el visto bueno de la “Sugerencia de normatividad” de la Subdirección de Abastecimiento y Transporte ni con la autorización respectiva de la Comisión de Mejora Regulatoria Interna. El programa de supervisión, con el cual operaban las corporaciones policiacas para LFC, tampoco estaba autorizado.
Respecto de los pagos por servicios se revisaron sólo algunos, cuyo monto ascendía a 146 millones de pesos. Se encontró que dicho pago no había sido validado por la Gerencia de Contabilidad de LFC. Los servicios en las instalaciones de LFC en Morelos, Puebla, Hidalgo, el Estado de México y el Distrito Federal no habían sido aprobados ni validados para su pago. Además, al revisar algunas pólizas se detectaron pagos en demasía. Por ejemplo, en la subestación Nonoalco, la SSP cobraba por 21 elementos, y sólo laboraban 10. Ante ello, la ASF dictaminó un daño patrimonial que deberá ser investigado por la SFP.
En los últimos años, LFC también contrató a terceros la custodia de valores. La última fue con Banco Santander Mexicano, mediante el contrato SS-013/2008, vigente del 1 de abril al 31 de diciembre de 2008. Se encontró que se le pagó el mismo servicio para los meses de enero a marzo, es decir, cuando el servicio aún no se licitaba.
Al revisar el contrato, los auditores detectaron que carecía de cláusulas relativas a la prohibición de hacer transferencias a cuentas de terceros y la obligación del custodio de enviar mensualmente el detalle de todos los valores gubernamentales a su cargo, es decir, se operó sin que el custodio (Banco Santander) tuviera ninguna responsabilidad sobre los valores que custodiaba. Ante la gravedad, la ASF pidió a la SFP abrir la investigación y fincar las responsabilidades correspondientes.
Irregularidades en inmuebles
Al momento de su extinción, LFC era propietaria de 489 inmuebles. La ASF alcanzó a revisar los expedientes relativos a 75 de ellos, es decir, apenas el 15 por ciento de las propiedades. Algunas de las irregularidades encontradas fueron: la mitad tenía incompleta la escrituración; sólo 47 estaban a nombre de LFC; 31 a nombre de LM Guibara Sucesores Sociedad en Comandita; tres a nombre de la Compañía de Fuerza del Suroeste de México, uno a nombre de la compañía Hidroeléctrica del Río Alameda.
Todas ellas son las empresas propietarias de los inmuebles antes de que se nacionalizara la industria eléctrica, lo que significa que, pese a que hubo contratos de compra venta, nunca se formalizó la propiedad de todos los inmuebles a nombre de Luz y Fuerza del Centro, incluso tres de ellos estaban a nombre de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Las escrituras de 34 bienes inmuebles de LFC no contaban con el sello del Registro Público de la Propiedad, y 69 no fueron inscritas al Registro, por lo que los directivos de LFC violaron la Ley General de Bienes Nacionales, el Código Civil Federal y el Reglamento del Registro Público de la Propiedad Federal, dictaminó la ASF.
El mismo desorden era extensivo a todo el registro e inventarios de inmuebles, muebles y plantas de LFC. Al auditar el Programa para la Elaboración de Inventarios, el cual tenía como objetivo acreditar la propiedad, actualizar registros y resguardo de bienes y el inventario de plantas, instalaciones y equipos en operación valuados en 80 mil 806 millones de pesos, la ASF detectó “debilidades” y “deficiencias” en el control interno, ya que la Gerencia de Contabilidad no tenía los inventarios físicos de bienes inmuebles, líneas de distribución y transmisión, equipo de cómputo y telecomunicaciones, y plantas de generación.
Al respecto, en julio de 2008 la Junta de Gobierno de Luz y Fuerza había señalado la necesidad de que el titular de la dependencia tuviera al día los inventarios en cumplimiento al programa; sin embargo, éstos no se efectuaron, por lo que “se determinó que no se cumplió con las actividades”.
Decreto de opacidad
El carácter de confidencialidad que Calderón Hinojosa le dio a las operaciones administrativas y financieras de LFC tras su extinción contribuyó a la opacidad en torno al manejo que Jorge Gutiérrez Vera dio a los millonarios recursos públicos de la paraestatal y el destino del dinero que no pudo acreditarse. Quedó en el aire información tan relevante como el destino de 2 mil 960 millones de pesos que LFC manejó en el Programa de Distribución de Energía Eléctrica en el ejercicio fiscal 2008.
La ocupación de la PFP impidió también que la ASF auditara las operaciones, registros y movimientos de los 16 mil 35 millones de pesos que ingresaron a la compañía LFC por el pago del suministro de energía eléctrica. La ASF había planteado que constataría si la recaudación se había efectuado oportunamente y si los particulares pagaron el monto correspondiente, cotejándolo con la documentación que LFC poseía en las instalaciones de Melchor Ocampo.
Sobre este tema, en noviembre pasado, el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza Flores, denunció la existencia de 6 mil 500 “cuentas especiales” de empresas, compañías, embajadas, y diversas áreas de gobierno federal, incluida la residencial oficial de Los Pinos, secretarías de Estado, además de dependencias de gobiernos estatales y municipales que desde hacía años no pagaban energía eléctrica, y reveló los nombres de algunos de los beneficiados.
Éste sería precisamente uno de los rubros que auditaría la ASF, de acuerdo con un oficio que el 2 de septiembre la Auditoría le envió a Gutiérrez Vera. La revisión incluiría identificar a unas 500 empresas a las cuales, según información que poseía la ASF, extraoficialmente se les permitía conectarse a las redes de LFC sin pagar el suministro.
La auditoría comenzó a finales de septiembre. Dos semanas después sería interrumpida por la ocupación policiaca. Dada la relevancia del tema, la directora general jurídica de la ASF solicitó al director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes que se les permitiera a los auditores concluir su revisión, de acuerdo con documentos remitidos por la ASF el 18 de noviembre. Se les permitió rescatar sus equipos de cómputo, pero no continuar la fiscalización.
La ASF destaca que “no se dieron las condiciones” para auditar las aportaciones de particulares. El decreto de Calderón y la reticencia a la transparencia por parte del equipo, designado por su gobierno para el “Proceso de desincorporación del extinto organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro”, impidieron tener claridad sobre el manejo que Gutiérrez Vera dio a los 16 mil 35 millones que en 2008 ingresaron a las arcas de LFC vía pagos del suministro de energía eléctrica.
Pero no fue el único rubro sin auditar. Durante la ocupación policiaca, el personal de la ASF fiscalizaba los 2 mil 52 millones de pesos que ingresaron por producción y servicios de fábricas y talleres de LFC. La víspera de la publicación del decreto presidencial en el Diario Oficial de la Federación se detuvo la auditoría. Aunque el jurídico de la ASF pugnó también porque el Sae le permitiera auditar tales recursos, éste se negó. De tal manera que “no se contó con los elementos para cumplir con el objetivo de la auditoría”, resolvió el órgano de vigilancia.
Otra revisión no realizada fue la de los 334 millones 760 mil pesos que se gastaron en la renovación del parque vehicular y el equipo pesado.
Extrañamente Calderón no permitió a la ASF concluir las auditorías y dictámenes para identificar a los responsables de la quiebra que, según dijo, motivó la decisión de liquidarla. Por el contrario, a Gutiérrez Vera y otros directivos de la compañía, como José Antonio Prado Carranza, titular jurídico (excompañero de César Nava Vázquez en la Universidad Panamericana y su exsubordinado en Petróleos Mexicanos), responsables de las observaciones dictaminadas por la ASF, se les otorgaron jugosas liquidaciones.
FUENTE: CONTRALÍNEA 17 / 11 DE ABRIL DE 2010
¿Qué solución eléctrica a la zona central?
Antonio Gershenson
Llevamos décadas sin nuevas plantas de generación en la zona central del sistema eléctrico. Luz y Fuerza del Centro (LFC) no instaló centrales generadoras desde 1974, año en que entraron en servicio las plantas de turbogás de Nonoalco, Lechería y valle de México. Éstas, más que aumentar la potencia, cubren momentos difíciles.
LFC informó en diferentes momentos que la generación “cercana”, de menos de 200 kilómetros, ha sido la tercera parte del total, o menos. Ha señalado que con menos de 50 por ciento de generación cercana hay un riesgo permanente de colapso de voltaje.
Para generar electricidad en la zona central con las fuentes existentes de energía para este propósito, tenemos una primera limitación: la insuficiencia de las fuentes hidráulica, eólica y en general renovable.
Hay más problemas para la intención de usar en el valle de México plantas de gas natural, ciclo combinado. Además de los problemas generales, como las fluctuaciones de precios y el porcentaje de importaciones, están las pérdidas derivadas de la altura sobre el nivel del mar y de la temperatura, y la contaminación del gas natural de Pemex con nitrógeno, que resta potencia al metro cúbico del gas.
Hay un antecedente: la planta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llamada Samalayuca II, muy cerca de Ciudad Juárez. Está a 1,127 metros sobre el nivel del mar. La potencia nominal de la planta es de 690 megavatios. La potencia efectiva, por los factores mencionados, ya medida, es de 505.8 megavatios, o sea, 74 por ciento de la nominal; 26 por ciento de pérdida de potencia. ¿Cómo estarán las cosas en el valle de México, a más de 2,000 metros de altura?
Si se van a Cuernavaca, algo ganan en altura, pero pierden al subir considerablemente la temperatura. Necaxa, en los límites de los 200 kilómetros, está a 1,338 metros, más alta que Samalayuca. De modo que este tipo de plantas, en el altiplano u otras áreas de la zona central, no representa ninguna solución.
La alternativa que se propone es el uso de un tipo de planta con caldera y turbina de vapor tipo ultra supercrítica. Esta alternativa no es sólo un avance técnico y económico, sino una necesidad ante la situación crítica del sistema eléctrico en la parte central del país. Es parte de una serie de plantas que se basan en una caldera y luego una turbina de vapor. Se usan combustibles relativamente baratos, como carbón y los residuales de las refinerías, como el combustóleo, pero no sólo éste.
En plantas llamadas subcríticas, ya puede haber avances. Se eleva la temperatura, frente a los 538 grados centígrados convencionales, se llegó a un rango de 540 a 565 grados, y la presión hasta 180 bars (un bar es aproximadamente una atmósfera de presión). Los cambios en la planta son menores. La eficiencia va subiendo hasta 36 por ciento. Luego, se usan las plantas supercríticas, reinyectando el vapor de salida de la planta y aumentando con ello la eficiencia. El rango de temperaturas no cambia con el anterior, pero la presión sí aumenta hasta 240 bars. La eficiencia va subiendo hasta 41 por ciento.
Las plantas ultra supercríticas ya usan aleaciones más resistentes, en lo químico y en lo mecánico. Su rango de temperaturas de operación es ya de 585 a 620 grados, y el rango de presiones, de 250 a 280 bars. La eficiencia ya va de 43 a 45 por ciento. Ya rebasan a las plantas de gas ciclo combinado, especialmente con nuestras alturas sobre el nivel del mar.
Entrarían en operación en unos años más las ultra supercríticas avanzadas. Estas últimas trabajarán a mayores presiones y temperaturas, y usarán superaleaciones más resistentes. El fierro desaparecerá de las aleaciones, y los elementos más usados, pero junto con otros, serán el níquel y el cromo. La eficiencia llegaría hasta 60 por ciento, rebasando a cualquier otra termoeléctrica.
Es preciso tomar en cuenta la cuestión ambiental y usar los medios necesarios. Pero el que la combustión se produzca a temperaturas más altas hace que sea más completa y que los residuos sean menores.
Nos resultan varias ventajas. Uso de combustóleo u otros residuales, ambos de producción nacional. Tenemos la posibilidad de fabricación nacional de componentes importantes de las plantas. No dependemos de gas natural en parte importado, ni contaminado con nitrógeno si es nacional, ni con otras pérdidas.
En general, es positivo que se conozca en México esta alternativa, superior frente a los medios convencionales termoeléctricos. Y es una alternativa, primero, para la zona central.
gershen@servidor.unam.mx
fuente: la jornada
Llevamos décadas sin nuevas plantas de generación en la zona central del sistema eléctrico. Luz y Fuerza del Centro (LFC) no instaló centrales generadoras desde 1974, año en que entraron en servicio las plantas de turbogás de Nonoalco, Lechería y valle de México. Éstas, más que aumentar la potencia, cubren momentos difíciles.
LFC informó en diferentes momentos que la generación “cercana”, de menos de 200 kilómetros, ha sido la tercera parte del total, o menos. Ha señalado que con menos de 50 por ciento de generación cercana hay un riesgo permanente de colapso de voltaje.
Para generar electricidad en la zona central con las fuentes existentes de energía para este propósito, tenemos una primera limitación: la insuficiencia de las fuentes hidráulica, eólica y en general renovable.
Hay más problemas para la intención de usar en el valle de México plantas de gas natural, ciclo combinado. Además de los problemas generales, como las fluctuaciones de precios y el porcentaje de importaciones, están las pérdidas derivadas de la altura sobre el nivel del mar y de la temperatura, y la contaminación del gas natural de Pemex con nitrógeno, que resta potencia al metro cúbico del gas.
Hay un antecedente: la planta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llamada Samalayuca II, muy cerca de Ciudad Juárez. Está a 1,127 metros sobre el nivel del mar. La potencia nominal de la planta es de 690 megavatios. La potencia efectiva, por los factores mencionados, ya medida, es de 505.8 megavatios, o sea, 74 por ciento de la nominal; 26 por ciento de pérdida de potencia. ¿Cómo estarán las cosas en el valle de México, a más de 2,000 metros de altura?
Si se van a Cuernavaca, algo ganan en altura, pero pierden al subir considerablemente la temperatura. Necaxa, en los límites de los 200 kilómetros, está a 1,338 metros, más alta que Samalayuca. De modo que este tipo de plantas, en el altiplano u otras áreas de la zona central, no representa ninguna solución.
La alternativa que se propone es el uso de un tipo de planta con caldera y turbina de vapor tipo ultra supercrítica. Esta alternativa no es sólo un avance técnico y económico, sino una necesidad ante la situación crítica del sistema eléctrico en la parte central del país. Es parte de una serie de plantas que se basan en una caldera y luego una turbina de vapor. Se usan combustibles relativamente baratos, como carbón y los residuales de las refinerías, como el combustóleo, pero no sólo éste.
En plantas llamadas subcríticas, ya puede haber avances. Se eleva la temperatura, frente a los 538 grados centígrados convencionales, se llegó a un rango de 540 a 565 grados, y la presión hasta 180 bars (un bar es aproximadamente una atmósfera de presión). Los cambios en la planta son menores. La eficiencia va subiendo hasta 36 por ciento. Luego, se usan las plantas supercríticas, reinyectando el vapor de salida de la planta y aumentando con ello la eficiencia. El rango de temperaturas no cambia con el anterior, pero la presión sí aumenta hasta 240 bars. La eficiencia va subiendo hasta 41 por ciento.
Las plantas ultra supercríticas ya usan aleaciones más resistentes, en lo químico y en lo mecánico. Su rango de temperaturas de operación es ya de 585 a 620 grados, y el rango de presiones, de 250 a 280 bars. La eficiencia ya va de 43 a 45 por ciento. Ya rebasan a las plantas de gas ciclo combinado, especialmente con nuestras alturas sobre el nivel del mar.
Entrarían en operación en unos años más las ultra supercríticas avanzadas. Estas últimas trabajarán a mayores presiones y temperaturas, y usarán superaleaciones más resistentes. El fierro desaparecerá de las aleaciones, y los elementos más usados, pero junto con otros, serán el níquel y el cromo. La eficiencia llegaría hasta 60 por ciento, rebasando a cualquier otra termoeléctrica.
Es preciso tomar en cuenta la cuestión ambiental y usar los medios necesarios. Pero el que la combustión se produzca a temperaturas más altas hace que sea más completa y que los residuos sean menores.
Nos resultan varias ventajas. Uso de combustóleo u otros residuales, ambos de producción nacional. Tenemos la posibilidad de fabricación nacional de componentes importantes de las plantas. No dependemos de gas natural en parte importado, ni contaminado con nitrógeno si es nacional, ni con otras pérdidas.
En general, es positivo que se conozca en México esta alternativa, superior frente a los medios convencionales termoeléctricos. Y es una alternativa, primero, para la zona central.
gershen@servidor.unam.mx
fuente: la jornada
Cierre de LFC genera ola de apagones que ha costado millones al sector productivo
En seis meses, el servicio ha fallado en 30% de los días, asegura la Coparmex-DF
El órgano empresarial señala que la CFE debería indemnizar a quienes han tenido afectaciones
El Pedregal de Santo Domingo es una zona que ha sido afectada por los apagones. Imagen de archivoFoto Víctor Camacho
Laura Gómez y Alejandro Cruz
Periódico La Jornada
Domingo 11 de abril de 2010, p. 31
Desde que el gobierno federal decidió liquidar a Luz y Fuerza del Centro (LFC) hace seis meses, los problemas de apagones, que van de horas a hasta más de una semana, se agudizaron en toda la ciudad de México, que han provocado pérdidas por 350 millones de pesos en el sector productivo, además de la inconformidad de los vecinos quienes han cerrado vialidades por la falta del servicio.
Los sectores más afectados han sido servicios financieros, restaurantes y comercios, ante la imposibilidad de efectuar transacciones bancarias, pérdida de información en sistemas informáticos, además del caos vial e inseguridad que provoca carecer de energía eléctrica.
El presidente de Coparmex-DF, Juan de Dios Barba Nava, explicó que a raíz de la liquidación en octubre pasado de LFC, en 30 por ciento de los días han habido apagones, que van desde una a más de seis de horas, lo cual ha derivado en pérdidas para el sector productivo de hasta 20 millones de pesos, sin que proceda una indemnización.
Dicho pago, consideró en entrevista, debería cubrirlo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la precariedad del suministro de energía, que ha sido evidente en toda la ciudad, pero con mayor impacto en las delegaciones Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc e Iztapalapa, donde se concentran los servicios financieros, restaurantes, tiendas comerciales, centros de entretenimiento y la industria.
Los más afectados son los micro, pequeños y medianos negocios que carecen de recursos económicos para adquirir una planta de emergencia. En enero pasado, recordó, los vientos que azotaron a la ciudad interrumpieron el servicio eléctrico, afectaron y dañaron instalaciones y equipos, lo cual se tradujo en una pérdida de 100 millones de pesos.
Hoy, las pérdidas derivadas de estas fallas suman 350 millones de pesos, 250 por ciento más respecto a enero, como resultado de cinco eventos importantes que dejaron en penumbras los negocios y los afectaron económicamente. No existe ningún apoyo económico, cuando un verdadero servicio de calidad mundial debe comprender la garantía de indemnización o pago de daños y perjuicios ocasionados a las empresas como consecuencia de problemas en el suministro eléctrico.
En tanto, los usuarios se quejan de que la CFE ha sido rebasada, al no contar con la infraestructura y por la falta de capacitación de sus trabajadores para resolver la problemática, lo que ha provocado que pierdan aparatos electrodomésticos, además de que se generan cortes de agua potable, pues se requiere de la energía eléctrica para bombear el líquido hasta los tinacos.
Según datos del Sindicato Mexicano de Electricistas, 70 por ciento de las llamadas que se reciben en el 071 son para reportar fallas en el suministro. Tan sólo durante el primer mes del cierre de la paraestatal, en el Gobierno del DF se contabilizaron más de 360 apagones que han afectado a cientos de miles de personas; sin embargo, hasta el momento no se ha presentado un informe oficial sobre los reportes de apagones que se han recibido.
El órgano empresarial señala que la CFE debería indemnizar a quienes han tenido afectaciones
El Pedregal de Santo Domingo es una zona que ha sido afectada por los apagones. Imagen de archivoFoto Víctor Camacho
Laura Gómez y Alejandro Cruz
Periódico La Jornada
Domingo 11 de abril de 2010, p. 31
Desde que el gobierno federal decidió liquidar a Luz y Fuerza del Centro (LFC) hace seis meses, los problemas de apagones, que van de horas a hasta más de una semana, se agudizaron en toda la ciudad de México, que han provocado pérdidas por 350 millones de pesos en el sector productivo, además de la inconformidad de los vecinos quienes han cerrado vialidades por la falta del servicio.
Los sectores más afectados han sido servicios financieros, restaurantes y comercios, ante la imposibilidad de efectuar transacciones bancarias, pérdida de información en sistemas informáticos, además del caos vial e inseguridad que provoca carecer de energía eléctrica.
El presidente de Coparmex-DF, Juan de Dios Barba Nava, explicó que a raíz de la liquidación en octubre pasado de LFC, en 30 por ciento de los días han habido apagones, que van desde una a más de seis de horas, lo cual ha derivado en pérdidas para el sector productivo de hasta 20 millones de pesos, sin que proceda una indemnización.
Dicho pago, consideró en entrevista, debería cubrirlo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la precariedad del suministro de energía, que ha sido evidente en toda la ciudad, pero con mayor impacto en las delegaciones Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc e Iztapalapa, donde se concentran los servicios financieros, restaurantes, tiendas comerciales, centros de entretenimiento y la industria.
Los más afectados son los micro, pequeños y medianos negocios que carecen de recursos económicos para adquirir una planta de emergencia. En enero pasado, recordó, los vientos que azotaron a la ciudad interrumpieron el servicio eléctrico, afectaron y dañaron instalaciones y equipos, lo cual se tradujo en una pérdida de 100 millones de pesos.
Hoy, las pérdidas derivadas de estas fallas suman 350 millones de pesos, 250 por ciento más respecto a enero, como resultado de cinco eventos importantes que dejaron en penumbras los negocios y los afectaron económicamente. No existe ningún apoyo económico, cuando un verdadero servicio de calidad mundial debe comprender la garantía de indemnización o pago de daños y perjuicios ocasionados a las empresas como consecuencia de problemas en el suministro eléctrico.
En tanto, los usuarios se quejan de que la CFE ha sido rebasada, al no contar con la infraestructura y por la falta de capacitación de sus trabajadores para resolver la problemática, lo que ha provocado que pierdan aparatos electrodomésticos, además de que se generan cortes de agua potable, pues se requiere de la energía eléctrica para bombear el líquido hasta los tinacos.
Según datos del Sindicato Mexicano de Electricistas, 70 por ciento de las llamadas que se reciben en el 071 son para reportar fallas en el suministro. Tan sólo durante el primer mes del cierre de la paraestatal, en el Gobierno del DF se contabilizaron más de 360 apagones que han afectado a cientos de miles de personas; sin embargo, hasta el momento no se ha presentado un informe oficial sobre los reportes de apagones que se han recibido.
Huelga de hambre masiva, nueva acción del SME contra el decreto de extinción
La protesta será indefinida y participarán unos 2 mil 300 electricistas, afirma dirigente
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 11 de abril de 2010, p. 15
Hoy se cumplen seis meses de la publicación del decreto presidencial que ordenó el cierre de Luz y Fuerza del Centro (LFC). Alrededor de 17 mil trabajadores (de una plantilla de 44 mil) no han cobrado su liquidación y, para continuar su lucha, cientos de ellos iniciarán en los próximos días una huelga de hambre en el Zócalo capitalino.
“La huelga será indefinida. Unos 2 mil 300 compañeros se realizan análisis de laboratorio para definir si su estado de salud les permite participar en este esfuerzo, que no es un acto desesperado, sino muestra de que los electricistas lucharemos hasta el final”, señaló Eduardo Bobadilla, secretario de Trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Este nuevo plan se suma a otras acciones que han emprendido, como los juicios y análisis que se realizan en tribunales laborales y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la validez constitucional del decreto del 11 de octubre de 2009.
En la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se han interpuesto miles de demandas por despido injustificado y otras tantas para exigir que se cumpla la ley en términos de “patrón sustituto”.
Es decir, que los integrantes del SME sean recontratados –en bloque– en la Comisión Federal de Electricidad, empresa que hace medio año tomó la operación del servicio público de energía eléctrica en la zona central del país.
Después de decenas de marchas, asambleas, mítines y otras protestas, los 17 mil 247 trabajadores que no han cobrado su liquidación realizaron asambleas departamentales, seccionales, divisionales y una general para definir nuevas formas de protesta, las cuales, definieron ellos mismos, serán “acciones contundentes y riesgosas”.
De acuerdo con la dirigencia del SME, encabezada por Martín Esparza, hubo una respuesta muy amplia a la determinación de realizar una huelga de hambre masiva. En principio se dijo que, durante las asambleas, más de 5 mil habían manifestado su interés por participar, aunque en la fase de inscripción de interesados, para proceder a exámenes médicos, se apuntaron alrededor de 2 mil 300.
Eduardo Bobadilla dijo que un laboratorio particular –del cual se reservó el nombre– otorgó al SME un crédito, pagadero a fecha posterior al término del conflicto, para la realización de exámenes médicos y de química sanguínea a los interesados en participar en la huelga de hambre.
Precisó que hay trabajadores de diversas áreas y puestos inscritos; sin embargo, dijo, han demostrado un ímpetu especial y solidaridad los compañeros de los departamentos y funcionarios de menor nivel salarial en LFC.
Tras medio año sin cobrar salario, los agremiados acordaron realizar la huelga de hambre en la Plaza de la Constitución y, en ese sentido, Bobadilla aseveró que el mandato de las asambleas, desde las departamentales hasta la general, es que esta forma de protesta tenga carácter indefinido pese a los riesgos a la salud que ello implica.
“Los trabajadores dijeron en las asambleas que no se retirarán de la huelga hasta que se resuelva el problema”, precisó.
En tanto, comentó, ha iniciado el contacto con ministros de la SCJN, cuya segunda sala tiene a su cargo el análisis del amparo promovido por el SME en contra del decreto presidencial en referencia, luego de que Guillermina Coutiño Mata, titular del juzgado primero de distrito, resolvió no conceder este recurso a los electricistas, por considerar que el decreto no viola ninguna disposición constitucional.
“A todos, trabajadores y abogados, nos sorprendió la decisión de la juez Coutiño, porque cuando le explicábamos los puntos que demuestran la ilegalidad del decreto, ella movía la cabeza en señal afirmativa, dando la razón a nuestros argumentos”, dijo.
“Nos queda claro que tenemos que seguir hasta el final. Si le dan palo al SME, seguro que mañana seguirá el sindicato del Seguro Social, luego el de los universitarios y así sucesivamente”, señaló, quien ha firmado casi todas las gestiones, amparos y demás litigios porque a este conflicto se agrega que la autoridad laboral no reconoce a Esparza como dirigente del SME.
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 11 de abril de 2010, p. 15
Hoy se cumplen seis meses de la publicación del decreto presidencial que ordenó el cierre de Luz y Fuerza del Centro (LFC). Alrededor de 17 mil trabajadores (de una plantilla de 44 mil) no han cobrado su liquidación y, para continuar su lucha, cientos de ellos iniciarán en los próximos días una huelga de hambre en el Zócalo capitalino.
“La huelga será indefinida. Unos 2 mil 300 compañeros se realizan análisis de laboratorio para definir si su estado de salud les permite participar en este esfuerzo, que no es un acto desesperado, sino muestra de que los electricistas lucharemos hasta el final”, señaló Eduardo Bobadilla, secretario de Trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Este nuevo plan se suma a otras acciones que han emprendido, como los juicios y análisis que se realizan en tribunales laborales y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la validez constitucional del decreto del 11 de octubre de 2009.
En la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se han interpuesto miles de demandas por despido injustificado y otras tantas para exigir que se cumpla la ley en términos de “patrón sustituto”.
Es decir, que los integrantes del SME sean recontratados –en bloque– en la Comisión Federal de Electricidad, empresa que hace medio año tomó la operación del servicio público de energía eléctrica en la zona central del país.
Después de decenas de marchas, asambleas, mítines y otras protestas, los 17 mil 247 trabajadores que no han cobrado su liquidación realizaron asambleas departamentales, seccionales, divisionales y una general para definir nuevas formas de protesta, las cuales, definieron ellos mismos, serán “acciones contundentes y riesgosas”.
De acuerdo con la dirigencia del SME, encabezada por Martín Esparza, hubo una respuesta muy amplia a la determinación de realizar una huelga de hambre masiva. En principio se dijo que, durante las asambleas, más de 5 mil habían manifestado su interés por participar, aunque en la fase de inscripción de interesados, para proceder a exámenes médicos, se apuntaron alrededor de 2 mil 300.
Eduardo Bobadilla dijo que un laboratorio particular –del cual se reservó el nombre– otorgó al SME un crédito, pagadero a fecha posterior al término del conflicto, para la realización de exámenes médicos y de química sanguínea a los interesados en participar en la huelga de hambre.
Precisó que hay trabajadores de diversas áreas y puestos inscritos; sin embargo, dijo, han demostrado un ímpetu especial y solidaridad los compañeros de los departamentos y funcionarios de menor nivel salarial en LFC.
Tras medio año sin cobrar salario, los agremiados acordaron realizar la huelga de hambre en la Plaza de la Constitución y, en ese sentido, Bobadilla aseveró que el mandato de las asambleas, desde las departamentales hasta la general, es que esta forma de protesta tenga carácter indefinido pese a los riesgos a la salud que ello implica.
“Los trabajadores dijeron en las asambleas que no se retirarán de la huelga hasta que se resuelva el problema”, precisó.
En tanto, comentó, ha iniciado el contacto con ministros de la SCJN, cuya segunda sala tiene a su cargo el análisis del amparo promovido por el SME en contra del decreto presidencial en referencia, luego de que Guillermina Coutiño Mata, titular del juzgado primero de distrito, resolvió no conceder este recurso a los electricistas, por considerar que el decreto no viola ninguna disposición constitucional.
“A todos, trabajadores y abogados, nos sorprendió la decisión de la juez Coutiño, porque cuando le explicábamos los puntos que demuestran la ilegalidad del decreto, ella movía la cabeza en señal afirmativa, dando la razón a nuestros argumentos”, dijo.
“Nos queda claro que tenemos que seguir hasta el final. Si le dan palo al SME, seguro que mañana seguirá el sindicato del Seguro Social, luego el de los universitarios y así sucesivamente”, señaló, quien ha firmado casi todas las gestiones, amparos y demás litigios porque a este conflicto se agrega que la autoridad laboral no reconoce a Esparza como dirigente del SME.
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