El proyecto no garantiza acceso a una pensión: María A. Morales, de Patrimonio Universitario
Se necesita modificar a fondo la estructura, no sólo “parches”, dice Patricia Kurczyn, del IIJ
Gabriel León Zaragoza
Periódico La Jornada
Viernes 9 de abril de 2010, p. 16
La reforma laboral propuesta por el gobierno de Felipe Calderón es limitada porque no es fuente generadora de empleos “decentes” para la clase trabajadora, ni forma parte de un esquema integral que cambie de fondo las estructuras económicas y fiscales del país, consideró Patricia Kurczyn, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Al participar en la mesa redonda Alcances y límites de la reforma laboral, organizada por la máxima casa de estudios, sostuvo que para alcanzar más fuentes de empleo en el país es necesario reformar la estructura de todo el sistema laboral mexicano y no solamente la Ley Federal del Trabajo (LFT), como ha señalado el gobierno federal que ocurrirá con su iniciativa presentada a través de legisladores del PAN.
Destacó que en los 12 años recientes han habido más de 300 iniciativas para reformar la LFT, pero, dada la experiencia internacional en el tema, en México se requiere de una reforma laboral integral y no sólo “parches” a la ley.
La académica advirtió que en el proyecto federal se excluye el tema de género y de discriminación por responsabilidad familiar, lo cual no debe pasarse por alto debido a que dentro de los capítulos laborales que más ha vivido el país “el que más se conoce es la discriminación hacia la mujer en el trabajo”.
En su turno, María Ascensión Morales, directora general de Patrimonio Universitario de la UNAM, advirtió que en la ley laboral –que plantea cambios a 419 de los mil diez artículos que integran la LFT– no hay una vinculación de ésta con el desarrollo social y económico ni con la generación de empleos.
Para generar empleos, dijo, debe haber competitividad y productividad en el mercado de trabajo y no “varitas mágicas”, como ha tenido lugar en naciones de América Latina, México incluido.
Apuntó que la reforma podrá ser viable sólo si va acompañada de medidas sociales y económicas, debido a que son los elementos que garantizarán desarrollo y crecimiento al sector laboral y productivo del país.
Argumentó que, al estar desvinculada de la protección social, la propuesta federal no garantiza al trabajador acceso a una pensión al término de su vida laboral, puesto que la contratación por periodo de pruebas –aun cuando prevé límites– puede ocasionar que una persona se pase toda la vida en esos esquemas sin nunca poder generar una subvención.
Además, este tipo de contratación no garantiza un trabajo decente ni que haya reducción de la pobreza en el país, como marca en sus lineamientos la Organización Internacional del Trabajo.
Las naciones que han implementado este tipo de subcontratación también han instituido redes de protección social como el seguro del desempleo y créditos de compensación, como medidas para lograr la reinserción al mercado productivo, pero en la reforma laboral “no se ven estos mecanismos”, comentó.
Carlos Reynoso Castillo, investigador de la UAM, se pronunció por una revisión a la propuesta de reforma de la LFT porque presenta “confusiones conceptuales” y en algunas de sus partes es “rica en ambigüedades”.
Sostuvo que de todas las propuestas planteadas en el proyecto “ninguna va en el sentido de modificar o alterar siquiera el modelo de relaciones de producción que se heredó desde la Revolución Mexicana”, sino de una “adecuación utilitaria” a los esquemas de contratación, de prestaciones, disolución y de relaciones colectivas, entre otros.
EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION SUBESTACIONES TOLUCA CONTINUA EN PIE DE LUCHA CON LA CONVICCION DE OBTENER LA VICTORIA EN LA DEFENSA DE NUESTRO TRABAJO.
EN MEMORIA DE UN MIEMBRO DE OPERACION
DESCANSE EN PAZ EL C. RICARDO GONZALEZ BECERRIL
viernes, 9 de abril de 2010
Tribunal invalida desconocimiento de la JFCA a la directiva del SME
Sale al quite la STPS y afirma que no se ha reconocido a Esparza
Foro gremial internacional abordará violaciones a derechos laborales en el país
El secretario general del SME, Martín Esparza, muestra documentación en la conferencia de prensa ofrecida ayerFoto Cristina Rodríguez
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Viernes 9 de abril de 2010, p. 14
Un tribunal colegiado dejó sin efecto la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) de retirar la personalidad jurídica al comité encabezado por Martín Esparza en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
El primero de diciembre pasado la JFCA declaró nulo el proceso electoral en el SME y ordenó la reposición del mismo.
Sin embargo, el quinto tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito resolvió, por unanimidad, declarar fundado el recurso de queja promovido por Esparza y Eduardo Bobadilla, secretario del trabajo del sindicato.
Más tarde, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) emitió un comunicado para afirmar que Esparza no ha sido reconocido como secretario general del SME. Aseguró que el resolutivo del tribunal sólo suspende el acto reclamado y habrá que esperar la decisión final del Poder Judicial en este asunto.
Lo anterior significa –aseveró la STPS– que la nueva elección sindical no se realizará hasta que el Poder Judicial valide el laudo de la JFCA, sin que ello implique que, en virtud de la resolución del tribunal, “el señor Martín Esparza o alguno de los integrantes de la planilla sindical cuya elección fue anulada, hubieran sido reconocidos como tales”.
Por la mañana, Esparza declaró en conferencia de prensa que la respuesta de los magistrados no avala (como pretende la JFCA) que se obligue a reponer el proceso electoral en un sindicato, porque es un asunto interno y no puede dejarse acéfala una organización sindical.
“Para los que insisten en que no hay sindicato, aquí está el registro”, dijo, mostrando el recurso de queja 2/2010, emitido el 19 de marzo pasado.
De acuerdo con el dirigente, la planilla encabezada por él debe entrar en funciones una vez que se resuelva de fondo la impugnación que interpuso su opositor Alejandro Muñoz.
Lo anterior, señaló, para preservar el patrimonio de la organización y defender los derechos de los trabajadores.
El proceso electoral en referencia ocurrió antes del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro.
Esparza dio a conocer la anterior resolución a la Cámara de Diputados, en el contexto de la defensa de la fuente de empleo de los 44 mil trabajadores de LFC.
Dijo que también presentarían este caso ante la Organización Internacional del Trabajo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En tanto, en la misma conferencia se informó que el jurado del Tribunal Internacional de Libertad Sindical, integrado por especialistas en esta materia, emitirá el próximo primero de mayo su resolución acerca de diversas acusaciones al gobierno mexicano sobre violación a los derechos laborales, especialmente el de libertad sindical.
El expediente elaborado por organizaciones civiles, académicas y sindicales será integrado por diversos casos, entre ellos del SME, el sindicato minero, el magisterio disidente, así como grupos de petroleros y de otros gremios afectados en los derechos de contratación colectiva, asociación y huelga, así como despidos injustificados.
Foro gremial internacional abordará violaciones a derechos laborales en el país
El secretario general del SME, Martín Esparza, muestra documentación en la conferencia de prensa ofrecida ayerFoto Cristina Rodríguez
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Viernes 9 de abril de 2010, p. 14
Un tribunal colegiado dejó sin efecto la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) de retirar la personalidad jurídica al comité encabezado por Martín Esparza en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
El primero de diciembre pasado la JFCA declaró nulo el proceso electoral en el SME y ordenó la reposición del mismo.
Sin embargo, el quinto tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito resolvió, por unanimidad, declarar fundado el recurso de queja promovido por Esparza y Eduardo Bobadilla, secretario del trabajo del sindicato.
Más tarde, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) emitió un comunicado para afirmar que Esparza no ha sido reconocido como secretario general del SME. Aseguró que el resolutivo del tribunal sólo suspende el acto reclamado y habrá que esperar la decisión final del Poder Judicial en este asunto.
Lo anterior significa –aseveró la STPS– que la nueva elección sindical no se realizará hasta que el Poder Judicial valide el laudo de la JFCA, sin que ello implique que, en virtud de la resolución del tribunal, “el señor Martín Esparza o alguno de los integrantes de la planilla sindical cuya elección fue anulada, hubieran sido reconocidos como tales”.
Por la mañana, Esparza declaró en conferencia de prensa que la respuesta de los magistrados no avala (como pretende la JFCA) que se obligue a reponer el proceso electoral en un sindicato, porque es un asunto interno y no puede dejarse acéfala una organización sindical.
“Para los que insisten en que no hay sindicato, aquí está el registro”, dijo, mostrando el recurso de queja 2/2010, emitido el 19 de marzo pasado.
De acuerdo con el dirigente, la planilla encabezada por él debe entrar en funciones una vez que se resuelva de fondo la impugnación que interpuso su opositor Alejandro Muñoz.
Lo anterior, señaló, para preservar el patrimonio de la organización y defender los derechos de los trabajadores.
El proceso electoral en referencia ocurrió antes del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro.
Esparza dio a conocer la anterior resolución a la Cámara de Diputados, en el contexto de la defensa de la fuente de empleo de los 44 mil trabajadores de LFC.
Dijo que también presentarían este caso ante la Organización Internacional del Trabajo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En tanto, en la misma conferencia se informó que el jurado del Tribunal Internacional de Libertad Sindical, integrado por especialistas en esta materia, emitirá el próximo primero de mayo su resolución acerca de diversas acusaciones al gobierno mexicano sobre violación a los derechos laborales, especialmente el de libertad sindical.
El expediente elaborado por organizaciones civiles, académicas y sindicales será integrado por diversos casos, entre ellos del SME, el sindicato minero, el magisterio disidente, así como grupos de petroleros y de otros gremios afectados en los derechos de contratación colectiva, asociación y huelga, así como despidos injustificados.
Denuncian política laboral de FCH ante tribunal internacional
Jueves, 08 de Abril de 2010 21:35
MEXICO, DF (Apro).— Un puñado de organizaciones sociales presentaron ayer ante el Tribunal Internacional de Libertad Sindical una denuncia contra el gobierno de Felipe Calderón por la violación sistemática a los derechos laborales de los trabajadores mexicanos.
Representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Centro de Investigación y Acción Laboral, y la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas de Pemex, entre otros grupos, señalaron que con ello se busca sentar un precedente para evidenciar los casos en los que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha intervenido haciendo caso omiso de la autonomía sindical.
En un comunicado, dieron a conocer que esos asuntos se darán a conocer en sesiones públicas que se realizarán del 28 al 30 de abril próximo, y añadieron que será el jurado del Comité Organizador del Tribunal Internacional de Libertad Sindical el que revise los contenidos.
“El fallo final que emita este jurado será leído el primero de mayo, en el marco de las manifestaciones por el Día del Trabajo” que se realizarán en el Zócalo capitalino, se lee en el texto.
Además, añade, “este uno de mayo concluirá un largo proceso de análisis, que comenzó en octubre pasado, en torno de los casos de sindicatos y grupos de trabajadores que han visto coartada su libertad de asociación, a pesar de que está garantizada por las leyes mexicanas”.
Según los denunciantes, el principal acusado es el Gobierno mexicano, “que de manera reiterada, y en complicidad con los empresarios, atenta contra los derechos laborales de millones”.La acusación va en el sentido de que la STPS abandonó su papel de vigilante para que se respeten las leyes laborales, además de que incumplió su tarea de árbitro imparcial en los conflictos derivados de la relación obrero-patronal en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).
En octubre de 2009 se realizaron las primeras sesiones públicas del Tribunal Internacional, ocasión en que el SME, así como el Sindicato Nacional de Mineros de la República Mexicana, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación-Sección IX, la Unión de Técnicos y Profesionistas Petroleros, y el Sindicato de Trabajadores del Instituto Federal Electoral, entre otros, se quejaron de las prácticas antidemocráticas de la STPS.
De acuerdo con el comunicado, a ello se suma que el Gobierno mexicano ha lanzado una nueva ofensiva contra los derechos laborales a través de la presentación de la reforma laboral, que impone condiciones de flexibilidad contractual que precarizan todavía más la situación laboral de millones de mexicanos y los arrastran a la miseria.En el jurado del Tribunal Internacional destacan intelectuales como Dean Hubbard, de Estados Unidos, y Laura Mora y Amparo Merino, de España.
Además, participan Horacio Meguira, de Argentina; Hugo Barreto, de Uruguay; Kjeld Jakobsen y Luiz Salvador, de Brasil; Luis Guillermo Pérez, de Colombia, y Lidia Guevara, de Cuba.
A nivel nacional colaboran el obispo dominico y defensor de los derechos humanos Raúl Vera, así como Alfredo Sánchez Alvarado, Ana Colchero, Enrique Larios, Miguel Angel Granados Chapa, Miguel Concha Malo, Oscar Alzaga y la senadora Rosario Ibarra de Piedra
MEXICO, DF (Apro).— Un puñado de organizaciones sociales presentaron ayer ante el Tribunal Internacional de Libertad Sindical una denuncia contra el gobierno de Felipe Calderón por la violación sistemática a los derechos laborales de los trabajadores mexicanos.
Representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Centro de Investigación y Acción Laboral, y la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas de Pemex, entre otros grupos, señalaron que con ello se busca sentar un precedente para evidenciar los casos en los que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha intervenido haciendo caso omiso de la autonomía sindical.
En un comunicado, dieron a conocer que esos asuntos se darán a conocer en sesiones públicas que se realizarán del 28 al 30 de abril próximo, y añadieron que será el jurado del Comité Organizador del Tribunal Internacional de Libertad Sindical el que revise los contenidos.
“El fallo final que emita este jurado será leído el primero de mayo, en el marco de las manifestaciones por el Día del Trabajo” que se realizarán en el Zócalo capitalino, se lee en el texto.
Además, añade, “este uno de mayo concluirá un largo proceso de análisis, que comenzó en octubre pasado, en torno de los casos de sindicatos y grupos de trabajadores que han visto coartada su libertad de asociación, a pesar de que está garantizada por las leyes mexicanas”.
Según los denunciantes, el principal acusado es el Gobierno mexicano, “que de manera reiterada, y en complicidad con los empresarios, atenta contra los derechos laborales de millones”.La acusación va en el sentido de que la STPS abandonó su papel de vigilante para que se respeten las leyes laborales, además de que incumplió su tarea de árbitro imparcial en los conflictos derivados de la relación obrero-patronal en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).
En octubre de 2009 se realizaron las primeras sesiones públicas del Tribunal Internacional, ocasión en que el SME, así como el Sindicato Nacional de Mineros de la República Mexicana, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación-Sección IX, la Unión de Técnicos y Profesionistas Petroleros, y el Sindicato de Trabajadores del Instituto Federal Electoral, entre otros, se quejaron de las prácticas antidemocráticas de la STPS.
De acuerdo con el comunicado, a ello se suma que el Gobierno mexicano ha lanzado una nueva ofensiva contra los derechos laborales a través de la presentación de la reforma laboral, que impone condiciones de flexibilidad contractual que precarizan todavía más la situación laboral de millones de mexicanos y los arrastran a la miseria.En el jurado del Tribunal Internacional destacan intelectuales como Dean Hubbard, de Estados Unidos, y Laura Mora y Amparo Merino, de España.
Además, participan Horacio Meguira, de Argentina; Hugo Barreto, de Uruguay; Kjeld Jakobsen y Luiz Salvador, de Brasil; Luis Guillermo Pérez, de Colombia, y Lidia Guevara, de Cuba.
A nivel nacional colaboran el obispo dominico y defensor de los derechos humanos Raúl Vera, así como Alfredo Sánchez Alvarado, Ana Colchero, Enrique Larios, Miguel Angel Granados Chapa, Miguel Concha Malo, Oscar Alzaga y la senadora Rosario Ibarra de Piedra
Contratará CFE en forma eventual a 400 ex empleados de LFC: Muñoz Reséndiz
El ex tesorero del SME, destituido en asamblea, se reúne con Gómez Mont y Lozano
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Jueves 8 de abril de 2010, p. 11
Los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y del Trabajo, Javier Lozano, se reunieron con Alejandro Muñoz Reséndiz, opositor a Martín Esparza en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), con el fin de dar seguimiento al proceso de contratación de ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC) como proveedores del gobierno federal mediante empresas nuevas y operación de franquicias.
De acuerdo con la versión de Muñoz, ofrecida al término del encuentro en Bucareli, para la primera etapa se acordó la contratación individual y temporal de 400 ex trabajadores de LFC –compañía extinta por decreto presidencial el 11 de octubre pasado–, quienes realizarán trabajos de poda en “20 mil árboles”, ubicados en la zona central del país, con el fin de que no obstruyan el cableado eléctrico.
Agregó que en la amplia lista de propuestas –en torno a lo que fue LFC o en otras áreas– se encuentra la posibilidad de que operen, como asociados, la hidroeléctrica Necaxa, una de las más importantes, creada en los primeros años del siglo pasado, para lo cual buscan un socio inversionista.
“No podemos atragantarnos –con la oferta para dar servicio en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o en otra área del gobierno–; vamos paso por paso y todo va bien”, aseguró Muñoz.
Lo anterior es independiente del proceso de capacitación, selección y adiestramiento, a cargo de la Secretaría del Trabajo, y del cual, supuestamente, surgirán las contrataciones por la CFE de ex trabajadores de LFC.
A prácticamente seis meses del cierre de Luz y Fuerza no se conoce de ningún ex empleado que haya sido contratado por la CFE.
Por lo pronto, Muñoz afirmó que avanza la negociación para firmar convenios de prestación de servicios (calculó que hasta el momento los ex trabajadores han formado 25 empresas), generadas con apoyo del erario.
Con el encuentro se confirmó que la Secretaría de Gobernación mantiene dos estrategias de negociación respecto al conflicto derivado del cierre de LFC.
Por un lado, alienta al grupo de Muñoz, quien fue destituido como tesorero del SME en asamblea encabezada por Esparza y su comité, aunque para el gobierno sigue siendo parte de la dirigencia del sindicato, con reconocimiento oficial (toma de nota) vigente del 24 de mayo de 2009 al 14 de julio de 2010.
En tanto, recibe también a Esparza; mantiene contacto telefónico con éste e, incluso, trascendió en Bucareli, hay encuentros informales con el subsecretario de Gobierno, Roberto Gil.
Sin embargo, Esparza prepara una huelga de hambre colectiva en la que están interesados en participar cerca de 6 mil electricistas, quienes, en principio, serán evaluados en instituciones de salud para determinar si pueden participar en esta protesta.
Los futuros huelguistas de hambre, opositores al cierre de LFC y parte de un grupo de 18 mil empleados de ese organismo que no se han liquidado, exigen también la reinstalación en su empleo y la contratación colectiva en CFE, por conducto del SME. A la vez, la solicitud de amparo contra el decreto de extinción es analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En el encuentro de ayer con Muñoz participaron, además de Gómez Mont y Lozano, funcionarios de las secretarías de Economía, de Energía y de Hacienda, así como de la Comisión Federal de Electricidad y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (liquidador de LFC).
Gobernación emitió un comunicado para referirse a la constitución de empresas de ex trabajadores de LFC “que se encuentran ya proveyendo diversos servicios a la CFE”, así como la integración de 28 franquicias.
“El gobierno federal, consciente de la calidad humana y profesional de muchos de los ex trabajadores de LFC, externó ante los agremiados la necesidad de generar y abrir los espacios que permitan a los integrantes del SME demostrar su capacidad para trabajar de manera responsable, comprometida y con los más altos niveles de competitividad”, señaló la dependencia.
Esta “mesa central de diálogo” en Gobernación tendrá reuniones semanales.
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Jueves 8 de abril de 2010, p. 11
Los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y del Trabajo, Javier Lozano, se reunieron con Alejandro Muñoz Reséndiz, opositor a Martín Esparza en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), con el fin de dar seguimiento al proceso de contratación de ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC) como proveedores del gobierno federal mediante empresas nuevas y operación de franquicias.
De acuerdo con la versión de Muñoz, ofrecida al término del encuentro en Bucareli, para la primera etapa se acordó la contratación individual y temporal de 400 ex trabajadores de LFC –compañía extinta por decreto presidencial el 11 de octubre pasado–, quienes realizarán trabajos de poda en “20 mil árboles”, ubicados en la zona central del país, con el fin de que no obstruyan el cableado eléctrico.
Agregó que en la amplia lista de propuestas –en torno a lo que fue LFC o en otras áreas– se encuentra la posibilidad de que operen, como asociados, la hidroeléctrica Necaxa, una de las más importantes, creada en los primeros años del siglo pasado, para lo cual buscan un socio inversionista.
“No podemos atragantarnos –con la oferta para dar servicio en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o en otra área del gobierno–; vamos paso por paso y todo va bien”, aseguró Muñoz.
Lo anterior es independiente del proceso de capacitación, selección y adiestramiento, a cargo de la Secretaría del Trabajo, y del cual, supuestamente, surgirán las contrataciones por la CFE de ex trabajadores de LFC.
A prácticamente seis meses del cierre de Luz y Fuerza no se conoce de ningún ex empleado que haya sido contratado por la CFE.
Por lo pronto, Muñoz afirmó que avanza la negociación para firmar convenios de prestación de servicios (calculó que hasta el momento los ex trabajadores han formado 25 empresas), generadas con apoyo del erario.
Con el encuentro se confirmó que la Secretaría de Gobernación mantiene dos estrategias de negociación respecto al conflicto derivado del cierre de LFC.
Por un lado, alienta al grupo de Muñoz, quien fue destituido como tesorero del SME en asamblea encabezada por Esparza y su comité, aunque para el gobierno sigue siendo parte de la dirigencia del sindicato, con reconocimiento oficial (toma de nota) vigente del 24 de mayo de 2009 al 14 de julio de 2010.
En tanto, recibe también a Esparza; mantiene contacto telefónico con éste e, incluso, trascendió en Bucareli, hay encuentros informales con el subsecretario de Gobierno, Roberto Gil.
Sin embargo, Esparza prepara una huelga de hambre colectiva en la que están interesados en participar cerca de 6 mil electricistas, quienes, en principio, serán evaluados en instituciones de salud para determinar si pueden participar en esta protesta.
Los futuros huelguistas de hambre, opositores al cierre de LFC y parte de un grupo de 18 mil empleados de ese organismo que no se han liquidado, exigen también la reinstalación en su empleo y la contratación colectiva en CFE, por conducto del SME. A la vez, la solicitud de amparo contra el decreto de extinción es analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En el encuentro de ayer con Muñoz participaron, además de Gómez Mont y Lozano, funcionarios de las secretarías de Economía, de Energía y de Hacienda, así como de la Comisión Federal de Electricidad y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (liquidador de LFC).
Gobernación emitió un comunicado para referirse a la constitución de empresas de ex trabajadores de LFC “que se encuentran ya proveyendo diversos servicios a la CFE”, así como la integración de 28 franquicias.
“El gobierno federal, consciente de la calidad humana y profesional de muchos de los ex trabajadores de LFC, externó ante los agremiados la necesidad de generar y abrir los espacios que permitan a los integrantes del SME demostrar su capacidad para trabajar de manera responsable, comprometida y con los más altos niveles de competitividad”, señaló la dependencia.
Esta “mesa central de diálogo” en Gobernación tendrá reuniones semanales.
A mitad del sexenio sólo “daños colaterales”, ¿los principales estarán por venir?
WULFRANO TORRES PÉREZ
Tres años no son suficientes para convencernos de las limitaciones, la incompetencia, la falta de experiencia y la incapacidad del actual grupo en el poder encabezado por Calderón?; a pesar de lo cual, son de los funcionarios mejor retribuidos en el mundo. ¿Es tan difícil, gracias a la televisión, reconocer los costos (sociales, económicos, políticos, de inseguridad, violencia, desempleo, etc.) que estamos pagando la mayoría de los mexicanos por sus malas decisiones? ¿Alguna empresa aguantaría mantener esta situación tan absurda como costosa?, ¿los ciudadanos tendríamos que pedirles su renuncia?, ¿o ellos, en un acto de vergüenza pública, lucidez moral e intelectual, y por el bien de todos, tendrían que hacerlo? ¿Estamos condenados, por la imperfección de nuestro sistema democrático, y nuestra escasa participación, a aceptar el inminente fracaso que se avecina en la siguiente mitad del sexenio?, ¿otra década perdida? ¿Cuál será el tamaño del desastre nacional que en los próximos tres años acabará por heredarnos este gobierno panista?
A continuación se describen sólo algunos de los daños colaterales del fraude electoral consumado “haya sido como haya sido”, entre el IFE, el Tribunal Federal Electoral, la maestra, algunos gobernadores priistas, los grandes empresarios y la alta jerarquía católica (santa patrona de los pederastas), para imponernos a Calderón, cuyo principal atributo para autodescribirse no era su inteligencia sino “las manos limpias” que ha usado, entre otras cosas, para gastar millones de pesos en tratar de convencernos a punta de masivos mensajes publicitarios, que gobierna “para vivir mejor”, aunque la realidad lo desmienta todos los días: En estos tres años su principal objetivo como “estadista” militar ha sido su guerra contra el narcotráfico.
Como candidato nunca mencionó que militarizaría al país, tampoco que declararía una guerra que nos ha colocado como uno de los países más inseguros y violentos en el mundo. El saldo: miles de personas asesinadas, el mayor número en la historia reciente del país, que ha cobrado la vida particularmente de niños y jóvenes en manos de la delincuencia organizada y de las fuerzas gubernamentales.
A pesar de la grave situación a la que Calderón ha llevado al país con su guerra, paradójicamente según la PGR, el consumo de drogas entre jóvenes mexicanos ha aumentado 127 por ciento durante su administración. Ahora son miles los niños y jóvenes que alimentan diariamente las páginas de la nota roja en los periódicos, sea como víctimas o como victimarios.
Otro de los “daños colaterales” de su incapacidad para gobernar, tiene que ver con la economía del país. El diagnóstico del tristemente famoso “catarrito”, nos ha costado entre otras cosas: que el año pasado hayamos sido el país con el peor índice de crecimiento en América Latina; además de 6 millones de nuevos pobres (dos por cada año), ¿a este ritmo logrará alcanzar 12 millones a final de su sexenio? Junto con el PRI, en un arreglo vergonzante, nos incrementó el IVA del 15 al 16 por ciento; y en estos tres años fatídicos ha hecho posible un aumento acumulado de más de 60 por ciento a los precios de los productos de la canasta básica; así como el permanente aumento a los energéticos (contraviniendo a lo que prometió en campaña).
La promesa de empleos es la otra gran mentira de un gobierno que no sólo resultó del fraude, sino que eso mismo ha sido desde que se adueñó del poder.
El saldo de los “daños colaterales” en este renglón es dramáticamente negativo: más de 12 millones de personas laboran en la informalidad, según la Encuesta Nacional de la Juventud 58.3 por ciento de los jóvenes que tiene un trabajo no cuentan con un contrato laboral, a pesar de trabajar más de 40 horas, y reciben un pago que en promedio no supera los tres salarios mínimos; además de millones de jóvenes que ni trabajan ni estudian; más de 4 millones de mujeres que laboran fuera de casa no recibe ninguna remuneración.
En el colmo de la incoherencia y el doble lenguaje entre lo que dice y lo que hace, el “presidente del empleo” decidió arbitrariamente despedir a más de 40 mil trabajadores del SME, y ahora amenaza con imponernos una nueva Ley Federal del Trabajo para institucionalizar la política laboral depredadora a favor de los empresarios, que en los hechos ya ha venido aplicando.
Hay otro tipo de “costos colaterales” que suelen ser poco visibles porque los medios no hablan de ellos, pero cuyos efectos son todavía más graves porque condicionan la solución de los problemas anteriormente señalados, me refiero a la generación, y el desarrollo de emociones negativas que vulneran la salud mental de un buen sector de la población, especialmente de los niños, los jóvenes y las mujeres, tales como el miedo, la desesperanza, la desconfianza, la indiferencia, el enojo, la frustración, la depresión, la angustia, la ansiedad y el estrés, entre otros; emociones o estados de ánimo que suelen acompañar a ciertos comportamientos psicosociales sintomáticos como las adicciones, la violencia, el suicidio, la pobre orientación al logro, la conformidad y una tendencia a la sumisión que nos aleja cada vez más de una participación ciudadana.
¿A este incompleto, pero grave balance de la situación en la que está nuestro país, se le puede llamar “daños colaterales” como lo nombra irresponsablemente el gobierno panista? ¿Esta realidad no representa en sí misma “un peligro para México”? ¿Son necesarios otros tres años para suponer que las cosas pueden mejorar con los mismos actores, sus mismos aliados y sus mismas decisiones?, ¿no será demasiado tarde? Sabemos quiénes estamos pagando estos altos “costos colaterales” de la incompetencia e irresponsabilidad de los gobernantes, lo que no sabemos es si algún día podremos juzgar y castigar a los responsables del desastre, mientras el país se nos va de las manos. ¿Será posible evitar esta catástrofe anunciada sin la participación de nosotros los ciudadanos?
torresw55@hotmail.com Fuente: la jornada de oriente
Tres años no son suficientes para convencernos de las limitaciones, la incompetencia, la falta de experiencia y la incapacidad del actual grupo en el poder encabezado por Calderón?; a pesar de lo cual, son de los funcionarios mejor retribuidos en el mundo. ¿Es tan difícil, gracias a la televisión, reconocer los costos (sociales, económicos, políticos, de inseguridad, violencia, desempleo, etc.) que estamos pagando la mayoría de los mexicanos por sus malas decisiones? ¿Alguna empresa aguantaría mantener esta situación tan absurda como costosa?, ¿los ciudadanos tendríamos que pedirles su renuncia?, ¿o ellos, en un acto de vergüenza pública, lucidez moral e intelectual, y por el bien de todos, tendrían que hacerlo? ¿Estamos condenados, por la imperfección de nuestro sistema democrático, y nuestra escasa participación, a aceptar el inminente fracaso que se avecina en la siguiente mitad del sexenio?, ¿otra década perdida? ¿Cuál será el tamaño del desastre nacional que en los próximos tres años acabará por heredarnos este gobierno panista?
A continuación se describen sólo algunos de los daños colaterales del fraude electoral consumado “haya sido como haya sido”, entre el IFE, el Tribunal Federal Electoral, la maestra, algunos gobernadores priistas, los grandes empresarios y la alta jerarquía católica (santa patrona de los pederastas), para imponernos a Calderón, cuyo principal atributo para autodescribirse no era su inteligencia sino “las manos limpias” que ha usado, entre otras cosas, para gastar millones de pesos en tratar de convencernos a punta de masivos mensajes publicitarios, que gobierna “para vivir mejor”, aunque la realidad lo desmienta todos los días: En estos tres años su principal objetivo como “estadista” militar ha sido su guerra contra el narcotráfico.
Como candidato nunca mencionó que militarizaría al país, tampoco que declararía una guerra que nos ha colocado como uno de los países más inseguros y violentos en el mundo. El saldo: miles de personas asesinadas, el mayor número en la historia reciente del país, que ha cobrado la vida particularmente de niños y jóvenes en manos de la delincuencia organizada y de las fuerzas gubernamentales.
A pesar de la grave situación a la que Calderón ha llevado al país con su guerra, paradójicamente según la PGR, el consumo de drogas entre jóvenes mexicanos ha aumentado 127 por ciento durante su administración. Ahora son miles los niños y jóvenes que alimentan diariamente las páginas de la nota roja en los periódicos, sea como víctimas o como victimarios.
Otro de los “daños colaterales” de su incapacidad para gobernar, tiene que ver con la economía del país. El diagnóstico del tristemente famoso “catarrito”, nos ha costado entre otras cosas: que el año pasado hayamos sido el país con el peor índice de crecimiento en América Latina; además de 6 millones de nuevos pobres (dos por cada año), ¿a este ritmo logrará alcanzar 12 millones a final de su sexenio? Junto con el PRI, en un arreglo vergonzante, nos incrementó el IVA del 15 al 16 por ciento; y en estos tres años fatídicos ha hecho posible un aumento acumulado de más de 60 por ciento a los precios de los productos de la canasta básica; así como el permanente aumento a los energéticos (contraviniendo a lo que prometió en campaña).
La promesa de empleos es la otra gran mentira de un gobierno que no sólo resultó del fraude, sino que eso mismo ha sido desde que se adueñó del poder.
El saldo de los “daños colaterales” en este renglón es dramáticamente negativo: más de 12 millones de personas laboran en la informalidad, según la Encuesta Nacional de la Juventud 58.3 por ciento de los jóvenes que tiene un trabajo no cuentan con un contrato laboral, a pesar de trabajar más de 40 horas, y reciben un pago que en promedio no supera los tres salarios mínimos; además de millones de jóvenes que ni trabajan ni estudian; más de 4 millones de mujeres que laboran fuera de casa no recibe ninguna remuneración.
En el colmo de la incoherencia y el doble lenguaje entre lo que dice y lo que hace, el “presidente del empleo” decidió arbitrariamente despedir a más de 40 mil trabajadores del SME, y ahora amenaza con imponernos una nueva Ley Federal del Trabajo para institucionalizar la política laboral depredadora a favor de los empresarios, que en los hechos ya ha venido aplicando.
Hay otro tipo de “costos colaterales” que suelen ser poco visibles porque los medios no hablan de ellos, pero cuyos efectos son todavía más graves porque condicionan la solución de los problemas anteriormente señalados, me refiero a la generación, y el desarrollo de emociones negativas que vulneran la salud mental de un buen sector de la población, especialmente de los niños, los jóvenes y las mujeres, tales como el miedo, la desesperanza, la desconfianza, la indiferencia, el enojo, la frustración, la depresión, la angustia, la ansiedad y el estrés, entre otros; emociones o estados de ánimo que suelen acompañar a ciertos comportamientos psicosociales sintomáticos como las adicciones, la violencia, el suicidio, la pobre orientación al logro, la conformidad y una tendencia a la sumisión que nos aleja cada vez más de una participación ciudadana.
¿A este incompleto, pero grave balance de la situación en la que está nuestro país, se le puede llamar “daños colaterales” como lo nombra irresponsablemente el gobierno panista? ¿Esta realidad no representa en sí misma “un peligro para México”? ¿Son necesarios otros tres años para suponer que las cosas pueden mejorar con los mismos actores, sus mismos aliados y sus mismas decisiones?, ¿no será demasiado tarde? Sabemos quiénes estamos pagando estos altos “costos colaterales” de la incompetencia e irresponsabilidad de los gobernantes, lo que no sabemos es si algún día podremos juzgar y castigar a los responsables del desastre, mientras el país se nos va de las manos. ¿Será posible evitar esta catástrofe anunciada sin la participación de nosotros los ciudadanos?
torresw55@hotmail.com Fuente: la jornada de oriente
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