Rechazo a la reforma laboral, otra de las demandas
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Jueves 29 de abril de 2010, p. 43
Las principales consignas de la marcha de este primero de mayo son el rechazo total a la reforma laboral del PAN y el repudio a la política en el rubro del presidente Felipe Calderón y de su secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, “quien ha criminalizado la protesta obrera y cancelado, con procedimientos arbitrarios inconstitucionales e ilegales, las conquistas sociales contenidas en los contratos colectivos”.
A esta movilización concurrirán organizaciones sindicales, campesinas y sociales, que marcharán desde el Ángel de la Independencia, la Glorieta de Colón y el Hemiciclo a Juárez, hasta el Zócalo, informaron ayer organizaciones que integran la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), que hicieron además un diagnóstico de cómo llega el sector a este día y lo resumieron en una sola frase: “muy golpeado”.
En la sesión plenaria de la UNT, esta central dio a conocer los planteamientos que se llevarán en el Día del Trabajo, y sostuvo que hay coincidencia de las organizaciones en demandar que “renuncie” el secretario del Trabajo, Javier Lozano; señalaron que la posición antisindical del actual gobierno tiene su expresión más acabada en la iniciativa de reforma laboral que el PAN presentó en la Cámara de Diputados, a la que todas las organizaciones de esta unión se oponen.
Los dirigentes informaron que en el Día del Trabajo de este año marcharán todas las agrupaciones que conforman el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos y las Libertades Democráticas, entre los que están además de la UNT, la Confederación Nacional Campesina; la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación; la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios y de Educación Superior, el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros y el Frente Sindical Mexicano, entre otras organizaciones.
Para la UNT, también es fundamental dejar en claro en este primero de mayo que hay respaldo total de las organizaciones a los sindicatos de electricistas y de mineros, e incluso se estima que un representante de este último sindicato tome la palabra en el mitin que iniciará a las 11 de la mañana en el Zócalo.
Al respecto, Agustín Rodríguez, de la presidencia colegiada de la UNT, explicó que se trata de dar en esta fecha un posicionamiento político más enérgico de las organizaciones sindicales, campesinas y sociales, pues “no se puede mantener una postura pasiva”, ante los posibles “funerales” de la Ley Federal del Trabajo y de los propios trabajadores.
Se cuestionó que el gobierno no vea lo que está pasando en el sector laboral, en el que continúa la cancelación de plazas de trabajo y ya hay más de un millón de personas que han perdido su empleo en este sexenio. “Los salarios están en el piso, hay una migración permanente de desempleados hacia el sector informal de la economía, ya que no hay, por más que se insista en el discurso oficial, un palpable crecimiento económico”, finalizó Rodríguez.
EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION SUBESTACIONES TOLUCA CONTINUA EN PIE DE LUCHA CON LA CONVICCION DE OBTENER LA VICTORIA EN LA DEFENSA DE NUESTRO TRABAJO.
EN MEMORIA DE UN MIEMBRO DE OPERACION
DESCANSE EN PAZ EL C. RICARDO GONZALEZ BECERRIL
jueves, 29 de abril de 2010
Martín Esparza no será detenido
Alejandro Cruz Flores
Periódico La Jornada
Jueves 29 de abril de 2010, p. 43
El juez 32 de lo penal negó la solicitud de orden de aprehensión contra el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores, al considerar que no hay delito en la denuncia que en su contra presentó la Coalición de Miembros de ese gremio por supuesto uso de documentos falsos, informó el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Distrito Federal (TSJDF), Édgar Elías Azar.
El dirigente de la citada coalición, Alejandro Muñoz, acusó a Esparza Flores ante la Procuraduría General de la República por supuesto cobro de una factura apócrifa, por 138 mil pesos, razón por la cual la dependencia federal solicitó la aprehensión del líder electricista, petición que el juez desechó al considerar que “no había fundamentos para la acusación”.
El juzgador, explicó Elías Azar, “determinó que no hay documento falso”, aunque, advirtió que el Ministerio Público Federal puede apelar del fallo, y de ser así, corresponderá a una sala penal del TSJDF conocer del caso. “En este momento está negada la orden de aprehensión, porque el juez no encontró elementos y consideró que era un asunto menor”.
Periódico La Jornada
Jueves 29 de abril de 2010, p. 43
El juez 32 de lo penal negó la solicitud de orden de aprehensión contra el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores, al considerar que no hay delito en la denuncia que en su contra presentó la Coalición de Miembros de ese gremio por supuesto uso de documentos falsos, informó el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Distrito Federal (TSJDF), Édgar Elías Azar.
El dirigente de la citada coalición, Alejandro Muñoz, acusó a Esparza Flores ante la Procuraduría General de la República por supuesto cobro de una factura apócrifa, por 138 mil pesos, razón por la cual la dependencia federal solicitó la aprehensión del líder electricista, petición que el juez desechó al considerar que “no había fundamentos para la acusación”.
El juzgador, explicó Elías Azar, “determinó que no hay documento falso”, aunque, advirtió que el Ministerio Público Federal puede apelar del fallo, y de ser así, corresponderá a una sala penal del TSJDF conocer del caso. “En este momento está negada la orden de aprehensión, porque el juez no encontró elementos y consideró que era un asunto menor”.
Se suman seis trabajadores más a la huelga de hambre del SME
Siguen las movilizaciones de electricistas por varios puntos de la ciudad
Directivos de la CFE suspenden reunión con inversionistas privados ante protesta
Demanda de integrantes del SME frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la NaciónFoto Yazmín Ortega Cortés
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Jueves 29 de abril de 2010, p. 43
Son ya 36 los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en huelga de hambre, luego de que ayer seis más se sumaron al ayuno en el Zócalo. En paralelo a esta protesta, integrantes del gremio han emprendido movilizaciones e incluso ayer mismo marcharon hasta la Torre Mayor para impedir una reunión en la que directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentaban a inversionistas privados “propuestas de negocios en áreas que pertenecieron a Luz y Fuerza del Centro (LFC)”.
Este gobierno está subastando el sector y sus bienes, las empresas públicas y el país, denunció el dirigente del SME, Martín Esparza, en este acto que provocó la movilización inmediata de la policía capitalina, la cual les impidió el paso al edificio al que pretendían ingresar. No obstante, la reunión que se realizaba en el noveno piso se suspendió.
Los electricistas han emprendido diversas acciones para acompañar la huelga de hambre de sus compañeros. También este miércoles realizaron una marcha en las inmediaciones del Zócalo; rodearon de flores blancas la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la víspera hicieron un camino de velas blancas que iba desde su campamento hasta el máximo tribunal.
Para hoy, señaló Esparza, se tiene previsto que los jubilados realicen un mitin en el Senado “en protesta porque quieren pasar sus regímenes jubilatorios al esquema del IMSS”. En tanto, en la Cámara de Diputados, legisladores están impulsando un punto de acuerdo para llamar a rendir cuentas al director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) por el enorme saqueo que ha permitido en LFC.
No puede quedar impune el saqueo que se ha cometido contra la paraestatal, el SME tiene el inventario de los vehículos, materiales y herramientas que debería haber en cada uno de los centros de trabajo, los cuales prácticamente ya fueron vaciados, y de ello tendrá que responder el encargado del SAE, aseguró el dirigente.
Defendió que en este cuarto día de huelga de hambre, los trabajadores están realizando una acción extrema para sensibilizar a la SCJN y al pueblo de que es necesario restablecer el estado de derecho en el país y devolver a los ciudadanos las garantías individuales secuestradas por los gobernantes, quienes están representando sólo los intereses de la oligarquía del país.
Llamó la atención respecto de que este gobierno ha puesto un sinnúmero de “cortinas de humo” para que la población no vea el saqueo que está cometiendo con los bienes nacionales, la venta de los sectores estratégicos y el posicionamiento económico y negocios de los amigos del régimen. Dijo en este sentido que los problemas nacionales del país han sido relegados por el régimen y hay un verdadero rezago de las tareas gubernamentales, así como un desprecio a temas sensibles.
Por su parte, el secretario del Interior del SME, Humberto Montes de Oca, dio a conocer los nombres de los seis trabajadores que ayer se integraron a la huelga de hambre y que son: Rodolfo Cisneros Reza, Gerardo del Canto Pérez, Marco Antonio Moreno Aranda, Miguel Ángel Domínguez León, Miguel Ángel Pérez López y David Guzmán Rojas.
También informó que el SME está invitado a participar en la conmemoración del primero de Mayo en Chicago, precisamente “la cuna de la defensa de los derechos laborales”, y en este acto se llevará la denuncia de lo que está pasando en México en materia laboral.
Directivos de la CFE suspenden reunión con inversionistas privados ante protesta
Demanda de integrantes del SME frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la NaciónFoto Yazmín Ortega Cortés
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Jueves 29 de abril de 2010, p. 43
Son ya 36 los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en huelga de hambre, luego de que ayer seis más se sumaron al ayuno en el Zócalo. En paralelo a esta protesta, integrantes del gremio han emprendido movilizaciones e incluso ayer mismo marcharon hasta la Torre Mayor para impedir una reunión en la que directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentaban a inversionistas privados “propuestas de negocios en áreas que pertenecieron a Luz y Fuerza del Centro (LFC)”.
Este gobierno está subastando el sector y sus bienes, las empresas públicas y el país, denunció el dirigente del SME, Martín Esparza, en este acto que provocó la movilización inmediata de la policía capitalina, la cual les impidió el paso al edificio al que pretendían ingresar. No obstante, la reunión que se realizaba en el noveno piso se suspendió.
Los electricistas han emprendido diversas acciones para acompañar la huelga de hambre de sus compañeros. También este miércoles realizaron una marcha en las inmediaciones del Zócalo; rodearon de flores blancas la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la víspera hicieron un camino de velas blancas que iba desde su campamento hasta el máximo tribunal.
Para hoy, señaló Esparza, se tiene previsto que los jubilados realicen un mitin en el Senado “en protesta porque quieren pasar sus regímenes jubilatorios al esquema del IMSS”. En tanto, en la Cámara de Diputados, legisladores están impulsando un punto de acuerdo para llamar a rendir cuentas al director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) por el enorme saqueo que ha permitido en LFC.
No puede quedar impune el saqueo que se ha cometido contra la paraestatal, el SME tiene el inventario de los vehículos, materiales y herramientas que debería haber en cada uno de los centros de trabajo, los cuales prácticamente ya fueron vaciados, y de ello tendrá que responder el encargado del SAE, aseguró el dirigente.
Defendió que en este cuarto día de huelga de hambre, los trabajadores están realizando una acción extrema para sensibilizar a la SCJN y al pueblo de que es necesario restablecer el estado de derecho en el país y devolver a los ciudadanos las garantías individuales secuestradas por los gobernantes, quienes están representando sólo los intereses de la oligarquía del país.
Llamó la atención respecto de que este gobierno ha puesto un sinnúmero de “cortinas de humo” para que la población no vea el saqueo que está cometiendo con los bienes nacionales, la venta de los sectores estratégicos y el posicionamiento económico y negocios de los amigos del régimen. Dijo en este sentido que los problemas nacionales del país han sido relegados por el régimen y hay un verdadero rezago de las tareas gubernamentales, así como un desprecio a temas sensibles.
Por su parte, el secretario del Interior del SME, Humberto Montes de Oca, dio a conocer los nombres de los seis trabajadores que ayer se integraron a la huelga de hambre y que son: Rodolfo Cisneros Reza, Gerardo del Canto Pérez, Marco Antonio Moreno Aranda, Miguel Ángel Domínguez León, Miguel Ángel Pérez López y David Guzmán Rojas.
También informó que el SME está invitado a participar en la conmemoración del primero de Mayo en Chicago, precisamente “la cuna de la defensa de los derechos laborales”, y en este acto se llevará la denuncia de lo que está pasando en México en materia laboral.
Presiona sindicato de la PGR a trabajadores
Gustavo Castillo GarcíaPeriódico La Jornada
Jueves 29 de abril de 2010, p. 42
Sin esperar a que se resuelvan todos los juicios de amparo en contra de la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR), que obliga a que todos los trabajadores sean de confianza y se sometan, entre otras pruebas, al polígrafo, la dependencia ha comenzado a repartir los formatos para que los empleados decidan si se acogen a un programa de retiro voluntario –supuestamente se pasan a otra dependencia aunque no hay ningún convenio para ello– o dejan de pertenecer a la base laboral, informó Sergio Chico Méndez, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la PGR.
Chico Méndez puntualizó que “a través del Sindicato Nacional de Trabajadores de la PGR, dirigido por Humberto Nava, se están distribuyendo los formatos para que los sindicalizados decidan su suerte como trabajadores, situación que es totalmente ilegal y contra los derechos laborales”.
Señaló que “actualmente existen decenas de solicitudes de amparo, que se desahogan en tribunales de primera instancia, y también han llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación diversos recursos para que se analice la constitucionalidad de las reformas que ahora obligan a los empleados de la PGR a dejar de ser trabajadores de base y ser sujetos a exámenes de confianza”.
Jueves 29 de abril de 2010, p. 42
Sin esperar a que se resuelvan todos los juicios de amparo en contra de la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR), que obliga a que todos los trabajadores sean de confianza y se sometan, entre otras pruebas, al polígrafo, la dependencia ha comenzado a repartir los formatos para que los empleados decidan si se acogen a un programa de retiro voluntario –supuestamente se pasan a otra dependencia aunque no hay ningún convenio para ello– o dejan de pertenecer a la base laboral, informó Sergio Chico Méndez, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la PGR.
Chico Méndez puntualizó que “a través del Sindicato Nacional de Trabajadores de la PGR, dirigido por Humberto Nava, se están distribuyendo los formatos para que los sindicalizados decidan su suerte como trabajadores, situación que es totalmente ilegal y contra los derechos laborales”.
Señaló que “actualmente existen decenas de solicitudes de amparo, que se desahogan en tribunales de primera instancia, y también han llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación diversos recursos para que se analice la constitucionalidad de las reformas que ahora obligan a los empleados de la PGR a dejar de ser trabajadores de base y ser sujetos a exámenes de confianza”.
En el Senado, ley que busca rematar los bienes de la nación, denuncia Monreal
A escondidas pretenden aprobar la iniciativa que permite la privatización de la electricidad, dice
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Jueves 29 de abril de 2010, p. 19
En el penúltimo día de sesiones, este jueves, el Senado votará la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas, por la que se abre el camino a la privatización total de la electricidad y se posibilita la intervención de trasnacionales en la prestación de servicios en todos los sectores, fundamentalmente el educativo, de salud, carretero, hidráulico, entre otros.
“Quieren aprovechar el cierre del periodo para sacar casi a escondidas esa ley, que no es otra cosa que una venta de garaje de los bienes de la nación”, advirtió el coordinador de los senadores del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Monreal, quien hoy presentará un voto particular sobre esa reforma.
El dictamen de esa reforma presidencial, que ayer quedó en primera lectura, permite a las dependencias gubernamentales adjudicar contratos de manera directa y hasta por 40 años a la iniciativa privada y extranjera, para obras que serán financiadas con recursos presupuestales.
En el mismo, Monreal denuncia que nunca fue convocado a discutir el dictamen que se pretende aprobar.
Igualmente, el senador Alfonso Sánchez Anaya del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que su bancada votará en contra de la iniciativa presidencial, ya que legaliza la “entrega de la áreas estratégicas y los bienes de la nación” a consorcios nacionales y multinacionales que podrán construir escuelas, hospitales y cárceles y administrarlos, comprometiendo las finanzas públicas por casi medio siglo.
Por ejemplo, mencionó que las asociaciones público-privadas para el desarrollo carretero que operarán en este 2010 significarán un costo elevado, de casi 38 millones por cada kilómetro, lo que representa un costo 65 por ciento superior a lo que se erogaría si esa infraestructura fuera levantada únicamente con recursos públicos.
El presidente de la Comisión de Comercio del Senado, Eloy Cantú, sostuvo que los cambios a la iniciativa original que el presidente Felipe Calderón hizo llegar a esa cámara en noviembre de 2008 permitirán que la iniciativa privada participe en la construcción de infraestructura nueva, no la ya existente, además de que en ningún caso se permitirán capitales de particulares donde “las leyes sustantivas lo prohíben”.
Por separado, los senadores Anaya y Monreal lo refutaron y advirtieron que el primer sector que se quiere “poner en bandeja” a las trasnacionales es el eléctrico, por el mismo camino seguido hasta el momento de aprovechar una ley secundaria.
En la exposición de motivos del dictamen, elaborado por el priísta Cantú, se detalla que se consideró necesario señalar expresamente que, “tratándose de hidrocarburos, no podrán emplearse en las actividades sustantivas de carácter productivo, ni en las de petroquímica distinta a la básica”.
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Jueves 29 de abril de 2010, p. 19
En el penúltimo día de sesiones, este jueves, el Senado votará la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas, por la que se abre el camino a la privatización total de la electricidad y se posibilita la intervención de trasnacionales en la prestación de servicios en todos los sectores, fundamentalmente el educativo, de salud, carretero, hidráulico, entre otros.
“Quieren aprovechar el cierre del periodo para sacar casi a escondidas esa ley, que no es otra cosa que una venta de garaje de los bienes de la nación”, advirtió el coordinador de los senadores del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Monreal, quien hoy presentará un voto particular sobre esa reforma.
El dictamen de esa reforma presidencial, que ayer quedó en primera lectura, permite a las dependencias gubernamentales adjudicar contratos de manera directa y hasta por 40 años a la iniciativa privada y extranjera, para obras que serán financiadas con recursos presupuestales.
En el mismo, Monreal denuncia que nunca fue convocado a discutir el dictamen que se pretende aprobar.
Igualmente, el senador Alfonso Sánchez Anaya del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que su bancada votará en contra de la iniciativa presidencial, ya que legaliza la “entrega de la áreas estratégicas y los bienes de la nación” a consorcios nacionales y multinacionales que podrán construir escuelas, hospitales y cárceles y administrarlos, comprometiendo las finanzas públicas por casi medio siglo.
Por ejemplo, mencionó que las asociaciones público-privadas para el desarrollo carretero que operarán en este 2010 significarán un costo elevado, de casi 38 millones por cada kilómetro, lo que representa un costo 65 por ciento superior a lo que se erogaría si esa infraestructura fuera levantada únicamente con recursos públicos.
El presidente de la Comisión de Comercio del Senado, Eloy Cantú, sostuvo que los cambios a la iniciativa original que el presidente Felipe Calderón hizo llegar a esa cámara en noviembre de 2008 permitirán que la iniciativa privada participe en la construcción de infraestructura nueva, no la ya existente, además de que en ningún caso se permitirán capitales de particulares donde “las leyes sustantivas lo prohíben”.
Por separado, los senadores Anaya y Monreal lo refutaron y advirtieron que el primer sector que se quiere “poner en bandeja” a las trasnacionales es el eléctrico, por el mismo camino seguido hasta el momento de aprovechar una ley secundaria.
En la exposición de motivos del dictamen, elaborado por el priísta Cantú, se detalla que se consideró necesario señalar expresamente que, “tratándose de hidrocarburos, no podrán emplearse en las actividades sustantivas de carácter productivo, ni en las de petroquímica distinta a la básica”.
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