AVISO

A TODOS LOS COMPAÑEROS ACTIVOS, JUBILADOS Y PROVISIONALES DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION TOLUCA.

SE LES PARTICIPA DEL SENSIBLE FALLECIMIENTO DEL:

COMPAÑERO WILIAM CEBALLOS URBINA.

SUS RESTOS ESTAN SIENDO VELADOS EN FUNERALES DEL CNTE. UBICADO A UN COSTADO DE LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED EN LA CALLE MORELOS, EN LA CIUDAD DE TOLUCA ESTADO DE MEXICO.
AGRADECEMOS SU PRESENCIA.

ATT:EL DEPARTAMENTO DE OPERACION DIV. TOLUCA

POR EL DERECHO Y LA JUSTICIA DEL TRABAJADOR

RECIBAN UN FRATERNAL SALUDO

OPERACION TOLUCA




EN MEMORIA DE UN MIEMBRO DE OPERACION

EN MEMORIA  DE  UN MIEMBRO DE  OPERACION
DESCANSE EN PAZ EL C. RICARDO GONZALEZ BECERRIL

presa la que denuncio la corrupcion en CFE

lunes, 1 de marzo de 2010

Tomará SME instalaciones ante negativa de huelga

México

Organización Editorial Mexicana
1 de marzo de 2010




Carlos Lara / El Sol de México

Ciudad de México.- Ante la decisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), de negar el emplazamiento a huelga por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra la extinta Luz y Fuerza del Centro, Martín Esparza Flores, líder este gremio, dijo que con esta decisión "queda de manifiesto que la Junta hay línea y está al servicio de Javier Lozano; demuestra que es enemiga de los trabajadores, ya que su objetivo es quitar el derecho de huelga a los sindicatos, además de que nuestro Contrato Colectivo de Trabajo sigue vigente".

En entrevista con El Sol de México, Esparza Flores dijo que "solicitarán un 40 por ciento de aumento salarial, similar al que se le concedió al Ejército, ya que somos los que generamos la riqueza en nuestro país".

Comentó que para este 16 de marzo al mediodía tomarán las instalaciones "con el objetivo de resguardarlas; nadie entra y nadie sale de las mismas hasta que se resuelva el conflicto".

Y es que a cuatro meses de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, el líder gremial añadió que en torno al tema de la revisión contractual, "la decisión de la JFCA no es la única ni la definitiva, ya que es una vía administrativa y esto se resolverá en el Tribunal Judicial y nos vamos a ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

En torno a lo anunciado por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), solicitará la intervención de los jueces de lo familiar para que las exesposas e hijos menores de edad de los extrabajadores del extinto organismo, reciban su pensión alimenticia.

Esparza Flores aseveró que "este tema es muy importante, ya que las esposas de los trabajadores o las exesposas de los trabajadores puedan cobrar lo que les corresponde".

Por último, convocó a "las esposas de los 44 mil 600 trabajadores que fueron liquidados a que acudan a la Secretaria del Trabajo para que exijan lo que les corresponde".

Legitimidad y ruptura social

La identidad nacional y lo social
Mario Luis Fuentes
01-Mar-2010
La nación mexicana se encuentra fragmentada porque no hay suficientes canales de diálogo.


El intento de linchamiento de dos policías federales y el posterior enfrentamiento de la población con la policía del Distrito Federal en Milpa Alta; y el violento enfrentamiento entre los damnificados de Chalco y la policía, tienen un factor común: muestran que lo que se ha llamado el “estallido social” está en proceso y que el Estado no cuenta con mecanismos de interlocución legítimos con la ciudadanía.

La imposibilidad de un diálogo y un acuerdo racional y pacífico entre las fuerzas del orden y los gobernados implica un asunto mayor que exige una urgente reflexión, dirigida a reconstituir los puentes sociales de comunicación.

A partir de la década de los 80, en el siglo pasado, el “adelgazamiento” del Estado en lo administrativo y lo económico fue acompañado de un proceso paralelo de ruptura de los mecanismos “tradicionales” de mediación social: sindicatos, organizaciones campesinas y obreras, organizaciones sociales de base y otras estructuras comunitarias de participación o fueron desmanteladas o simplemente dejó de apoyárseles.

El problema es que desde una idea del poder basada en el individualismo a ultranza, las estructuras de mediación han sido consideradas como innecesarias y hoy hemos llegado a una compleja situación en la que, ante la ruptura del orden social y legal, el Estado no cuenta con los instrumentos ni las capacidades de interlocución para procesar las demandas ciudadanas y para restablecer el orden con base en criterios de justicia y equidad.

Erosionar o abandonar desde la autoridad a las estructuras comunitarias ha tenido como contraparte el surgimiento de formas autónomas de gestión y organización social, que incluso han sido capaces de generar redes de protección social, al margen del ámbito institucional.

¿Cómo procesar y comprender estas nuevas formas de organización y participación comunitaria? ¿Cómo darle sentido y cómo darle cause a la acción institucional para apoyar y respaldar a estas nuevas estructuras?

Quizá lo más complejo sea comprender cómo la violencia está presente y latente en muchos de estos espacios, y cómo comprender incluso la interacción que el crimen organizado ha establecido en distintos ámbitos territoriales, construyendo mecanismos de gestión social, tales como el establecimiento de dispensarios médicos, consultorios y construcción de infraestructura social.

Hay muchas preguntas por plantear y muchas respuestas que construir. Sin embargo, el tiempo apremia y es urgente que las instituciones del Estado, en todos sus ámbitos y niveles, implementen nuevos mecanismos de mediación para procesar el conflicto, pero que sobre todo tengan la capacidad de reconducir el pacto social.

La nación mexicana se encuentra fragmentada porque no hay suficientes canales de diálogo y, como consecuencia, se ha perdido la capacidad de, en la diversidad y la pluralidad, construir un sentido compartido de presente y futuro.

Estamos ya ente una disyuntiva que en general tiene dos vertientes: o permitimos que la violencia y la fragmentación social se agudicen o reconstruimos un intenso diálogo público social en aras de intentar rediseñar al Estado para que encuentre en la interlocución social nuevas estrategias compartidas de desarrollo, inclusión y equidad.

Lo evidente es que la primera ruta no es transitable. El problema está en que carecemos de los liderazgos suficientes para articular un proceso para enfilarnos hacia la segunda; lo cierto es que urge actuar, y ante la magnitud de nuestros problemas nadie puede ya sustraerse de cumplir con su respons

Alarma al CILAS el “cinismo y la impunidad” de Javier Lozano

Para el secretario, el desempleo en el país es “normal”


Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Lunes 1º de marzo de 2010, p. 12
Hay “cinismo e impunidad” del gobierno mexicano frente a las cifras alarmantes del desempleo y de mexicanos en condición de pobreza, señaló el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), y planteó que es indignante que el secretario del Trabajo, Javier Lozano, califique de “normal” que en enero de este año unas 500 mil personas perdieran su trabajo, aumentando así a 2.7 millones la cifra de desempleados en el país.

“Por ridículo que parezca, para la Secretaría del Trabajo el desempleo es normal y por lo tanto no hay de que preocuparse, porque es un fenómeno que se presenta año con año con la desaparición de los empleos temporales de la época navideña. Esto significa que la pobreza y la desesperación de la gente es un fenómeno natural contenido en el proyecto económico neoliberal del gobierno mexicano.”

Consideró que lo que menos importa a las autoridades federales es que los mexicanos tengan empleo y salario digno y, en cambio, están empeñadas en criminalizar los movimientos obreros y sociales del país, así como en usar la fuerza contra los que se manifiestan contra sus políticas.

Según planteó esta organización, la insensibilidad del gobierno calderonista y de su secretario del Trabajo, Javier Lozano, es sabida, pero llama a la indignación que el funcionario que por mandato constitucional debiera preocuparse por fomentar el empleo sea precisamente quien se ocupe de justificar que no lo haya.
El CILAS propuso preguntar al funcionario si es normal también la pobreza de 50 millones de mexicanas y mexicanos, y la miseria absoluta en que vive un tercio de la población. “Habrá que cuestionar si también es un fenómeno natural que no solamente no se cree el millón de empleos necesarios cada año, sino que medio millón se pierda en un mes”.

Para esta organización el cinismo y la impunidad de la Secretaría del Trabajo se evidencian cuando sin ningún recato ofrece todo el apoyo a Grupo México, o cuando, en contraparte a la imposición del tope salarial de 4.8 por ciento al salario mínimo, a los miembros del Ejército se les aumenta 40 por ciento.

Por ello “a las y los trabajadores mexicanos, a la ciudadanía en general, no nos queda más camino que el de la organización y la resistencia para obligar cambios sustanciales en favor de los millones que siguen en la miseria”, señaló.

Anuncia Lozano nuevo plan de presión para que electricistas acepten liquidarse

Un grupo de mujeres sin identificar solicita se les paguen pensiones alimentarias


Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Lunes 1º de marzo de 2010, p. 13
El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, pedirá la intervención de jueces de lo familiar para que a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que no han aceptado liquidarse y que tienen ex cónyuges e hijos menores de edad que reclaman la pensión alimentaria, les descuenten de los finiquitos que les corresponden el pago de dichas pensiones.

La medida es a solicitud de un grupo de mujeres, según se informó ayer en un comunicado de prensa, sin especificar quiénes hicieron tal petición.

Sostuvo que la finalidad de esta acción es presionar a los electricistas que se rehúsan a cobrar sus liquidaciones para que se les quite lo correspondiente a la pensión alimentaria que tienen que entregar a sus ex esposas, las cuales han resultado afectadas al no poder recibir estos recursos, debido a que los ex trabajadores que tienen que cumplir la obligación se han negado a recibir la indemnización ofrecida por el gobierno federal.

La STPS, encabezada por Javier Lozano Alarcón, por conducto de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), solicitará la intervención de los jueces de lo familiar para que ex cónyuges e hijos menores de edad de los ex trabajadores del extinto organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro, que no han aceptado su liquidación, reciban el pago de la pensión alimentaria que por ley les corresponde.

De esta manera se responde a la solicitud de un grupo de mujeres que no ha recibido los recursos correspondientes a dichas pensiones, a pesar de que existe una orden de la autoridad judicial que les confiere ese derecho, indicó la dependencia.

Por lo pronto, la STPS ya instruyó a la Profedet para que coadyuve a resolver este problema y, según advirtió, “se procederá a ejercitar las acciones jurídicas orientadas a solicitar a los jueces de lo familiar que en su momento ordenaron decretar el pago de dicha pensión que, por su conducto, se decrete el aseguramiento de alimentos y se ordene el pago correspondiente, sin importar el hecho de que el ex cónyuge hubiere aceptado o no la indemnización”.
Ante esta disposición, la Profedet ya reúne la información de los expedientes de las ex cónyuges y/o hijos menores que se encuentran en ese supuesto, para solicitar al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, liquidador federal de Luz y Fuerza del Centro, el aseguramiento y pago de dicha obligación.

La dependencia informó que sólo se requiere de una carta poder firmada por las ex cónyuges con el fin de que sean representadas por esa procuraduría, así como una fotocopia simple de la sentencia firme, por virtud de la cual el respectivo juez de lo familiar decretó en su favor la pensión alimentaria.

Asimismo, la procuraduría realizará dichas acciones en el Distrito Federal y en las entidades federativas donde se encuentren los afectados, por conducto de los procuradores federales de la defensa del trabajo, y en la unidad vehicular procuraduría móvil, para efectos de reunir la documentación necesaria.

Según arguye la secretaría, con esta disposición reitera su compromiso de garantizar a los familiares la protección de sus derechos y, con ello, contribuir al bienestar de las familias de los ex trabajadores que no han querido cobrar su liquidación por decisión personal o por presión de sus representantes.