Boletín No. 55/10 Secretaria de Gobernación

Posteado en : 12-02-2010 | Por : Monsalvo | En : Noticias SME

México, D.F., a 11 de febrero de 2010 | Boletín No.055-11/02/2010
Boletín Nº 55 /10.

México, D.F., 11 de febrero de 2010.

El día de hoy se celebró en la Secretaría de Gobernación una nueva reunión de trabajo entre funcionarios del Gobierno Federal y representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), encabezados por el señor Martín Esparza. Sobre el particular, la Secretaría de Gobernación informa lo siguiente:

· · Se revisaron los avances en el procedimiento que ha permitido a los ex trabajadores recuperar sus pertenencias que permanecen en las instalaciones de la extinta compañía Luz y Fuerza del Centro ubicadas en el estado de Morelos. En este sentido, ambas partes convinieron agilizar dicho procedimiento.

· · Respecto de la discusión sobre el pago de la parte proporcional de aguinaldo y fondo de ahorro, por parte del Gobierno Federal se informó el estado que guarda el análisis jurídico correspondiente.

· · Igualmente se revisaron los avances en la atención de casos y gestiones relacionados con el seguro sindical, jubilaciones y servicios médicos, entre otros.

Finalmente, el Gobierno Federal reiteró su posición tanto con respecto a legalidad y pertinencia del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, por así convenir al interés público y a la economía nacional, así como las alternativas laborales y productivas que están disponibles para los ex trabajadores del extinto Organismo.

Las partes mantendrán comunicación a fin de acordar la fecha para la próxima reunión.

Estuvieron 5 días sin electricidad las compuertas del drenaje: experto

Los actuales operadores de la CFE no conocen la importancia del sistema, asegura


Mario Govea, ex operador del Sistema del Control Central de LFC, señala que desde hace años se maneja un calendario de inundaciones

Apagones han afectado a 364 mil usuarios, dice

Israel Rodríguez J.

Periódico La Jornada
Viernes 12 de febrero de 2010, p. 36
Las inundaciones que afectan a diversas zonas del valle de México y de la zona conurbada del Distrito Federal desde hace 10 días fueron ocasionadas por haber dejado sin energía eléctrica por más de cinco días la alimentación de las compuertas de los cárcamos del Sistema de Drenaje Profundo, aseguró Mario Govea, ingeniero jubilado de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

El también integrante del Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE), que aglutina a analistas, ex trabajadores y especialistas del sector energético, señaló que con LFC jamás se dejaba una falla de este tipo ni por un turno de ocho horas.

Afirmó que cuando LFC operaba el suministro de energía en la zona central del país, “los compañeros de líneas no podían retirarse hasta no haber arreglado la falla, porque desde hace muchos años ya se manejaba un calendario de inundaciones en el que se establecía la apertura de compuertas para evitar alguna catástrofe”.

Govea Sansón, quien laboró en diferentes áreas de la Subdirección de Producción, y cuyo último trabajo en LFC fue operador del Sistema del Área de Control Central, aseveró que los más de 2 mil trabajadores que laboran para los contratistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no conocen el sistema ni la importancia de dejar a las redes de bombeo sin energía eléctrica.
El actual Coordinador de Energía Eléctrica en el Instituto de Estudios Energéticos de los Trabajadores de América Latina y el Caribe (capítulo México), mencionó que los apagones que se han presentado en varios puntos de la ciudad han afectado a más de 364 mil usuarios.

“Sinceramente no creo que cuando se tomó la decisión de extinguir a LFC se consideró que la CFE no tenía la infraestructura para atender a la población. No dudo que sea una buena empresa en obras de gran magnitud, pero para el servicio a la comunidad no tiene todavía la logística y la infraestructura para atender nuestras necesidades. En ese aspecto Luz y Fuerza nos atendía en horas.”

Pide Esparza audiencia directa y urgente con “nuestro presidente” Felipe Calderón

Alcanzar un convenio de equidad y justicia para que concluya el conflicto, el objetivo


El dirigente del SME se reunió en Gobernación con directores de CFE y de la Secretaría del Trabajo

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Viernes 12 de febrero de 2010, p. 17
El dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, solicitó una “audiencia directa, de carácter urgente”, con el presidente Felipe Calderón, para alcanzar un convenio de “equidad y justicia” con el que concluya el conflicto derivado de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Integrantes del gremio señalaron que el propósito del acercamiento con el Ejecutivo federal es “dejar de dar vueltas y vueltas” al problema que atraviesa el SME, especialmente en el contexto de una espiral inflacionaria que afecta a todos los ciudadanos, y en particular a los asalariados.

Durante un encuentro en la Secretaría de Gobernación (asistieron también directores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de la Secretaría del Trabajo y del órgano liquidador de LFC), el dirigente entregó la carta al subsecretario de Gobernación, Gerónimo Gutiérrez, para que funja como enlace con “nuestro presidente”, como llamó Esparza a Calderón.

El objetivo –sostiene– es que “analice personalmente todos los puntos contenidos en las cuatro misivas que le entregaron el pasado 15 de enero, de las cuales no han tenido respuestas favorables”.

En la reunión, el gobierno federal entregó una nueva propuesta de convenio para el pago de la parte proporcional de aguinaldo a los cerca de 18 mil trabajadores de LFC que no han aceptado su liquidación. La base del eventual acuerdo es que los electricistas cobren esa prestación y firmen, a la vez, el desistimiento de cualquier responsabilidad gubernamental en torno a ese adeudo.

Ofrece asesoría

Esparza comentó en entrevista que a pesar de la negativa gubernamental para proceder a una contratación colectiva en la CFE, buscarán otras alternativas para “asesorar”, inclusive, a los empleados que ha subcontratado la paraestatal para tratar de reparar las fallas en el suministro de energía eléctrica en la zona central del país.

El dirigente aseguró que en los cuatro meses en que la CFE ha estado a cargo del área de influencia de LFC ha habido múltiples accidentes graves que han dejado muchos lesionados y accidentes mortales; hay “cinco muertos, aunque Alfredo Elías Ayub (director de CFE) lo niegue.
Aunque estas aseveraciones sólo las hizo durante la entrevista, señaló que en los próximos días presentará las pruebas documentales y testimoniales de los trabajadores que han sido subcontratados por la CFE; de cómo les brindan la atención médica y después simplemente los regresan a sus lugares de origen. No los llevan al IMSS para evitar el registro de accidentes de trabajo.

Ante las acusaciones de que los electricistas del SME han incurrido en actos de sabotaje, Esparza aseguró que sus representados son ajenos a cualquier situación de esa naturaleza. “Los disturbios son producto de la falta de mantenimiento y operación deficiente en los últimos cuatro meses (...) Ni siquiera son sabotajes; incluso hemos ayudado a los subcontratados de la CFE para que no se sigan matando.”.

En la mesa de discusión con los funcionarios federales, el SME insistió en que se haga un análisis y debate a fondo desde las “verdaderas razones” que llevaron al decreto de extinción, de manera alterna al desenlace del amparo promovido por el SME en los tribunales.

El diálogo continúa y se prevé un nuevo encuentro –la próxima semana– en Gobernación.

Por la noche, la dependencia federal informó del encuentro en el que también se revisaron los avances en el procedimiento “que ha permitido a los ex trabajadores recuperar sus pertenencias que permanecen en las instalaciones de LFC en Morelos”. Las partes acordaron agilizar este procedimiento.

También se revisaron los avances en la atención de casos relativos al seguro sindical, jubilaciones y servicios médicos, entre otros.

El gobierno federal reiteró su postura en la defensa de la “legalidad y pertinencia” del decreto de extinción de LFC.

Fallo de tribunal confirma el fin de la relación laboral en minera Cananea

Pierden trabajadores los salarios caídos de 31 meses de huelga, según la sentencia


Latente, un nuevo enfrentamiento entre sindicalistas y fuerzas públicas, temen abogados


Los mineros de Cananea se apostaron ayer en las principales puertas de acceso al socavón, listos para repeler algún intento de desalojo, según dijeronFoto Ulises Gutiérrez
Alfredo Méndez y Patricia Muñoz

Periódico La Jornada
Viernes 12 de febrero de 2010, p. 16
Por unanimidad (tres votos), los integrantes del segundo tribunal colegiado en materia del trabajo en el Distrito Federal negaron este jueves el amparo al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), resolución con la que se confirma que quedaron concluidas las relaciones laborales entre Mexicana de Cananea, de Grupo México, y la organización gremial que encabeza Napoleón Gómez Urrutia.

Con este fallo judicial queda firme un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) que el pasado 14 de abril respaldó la propuesta de Grupo México de liquidar a mil 100 sindicalizados y 100 empleados de confianza que laboraban en la mina de Cananea, la cual lleva 31 meses en huelga.

Como el año pasado otro tribunal colegiado determinó que debía persistir la huelga de Cananea en tanto estuviera vigente el juicio de impugnación al laudo del 14 de abril, lo más probable es que en las próximas horas o días la JFCA emita un acuerdo en el que exponga que en virtud de que se confirmó la conclusión de las relaciones laborales con la empresa, lo procedente es que la huelga también debe quedar sin efectos, explicó a La Jornada Carlos de Buen, uno de los abogados del sindicato minero.

Ante ello, está latente el riesgo de un nuevo enfrentamiento entre trabajadores y fuerzas públicas en esta mina, toda vez que la sección 65 de Cananea ratificó en asamblea que no van a dejar su fuente de trabajo, que “la van a defender con todo”, que “están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias”, según señaló el secretario del Trabajo de esta organización, Javier Zúñiga. Dijo que “si el gobierno quiere que en esta mina se vuelva a dar la chispa de una revolución, lo van a lograr, porque ellos no van a salir”.

Además, se prevé que de un momento a otro, la sección 271, de Lázaro Cárdenas, inicie una huelga “por solidaridad” con Cananea y además, paralice todo el puerto en protesta por “las violaciones al derecho de huelga”, según advirtió Martín Rodríguez Piedra, dirigente de la misma.

Mientras, es probable que Grupo México presione a la JFCA para que esta autorice pedir el uso de la fuerza pública para que la empresa recupere las instalaciones de Cananea. Incluso la junta ya emitió una orden para que pueda ingresar personal del Ejército Mexicano a Cananea, con el pretexto de “buscar explosivos”, según revelaron ayer los abogados del sindicato Néstor de Buen y Marco Antonio del Toro.

Minutos después de enterarse de que el colegiado optó por no conceder el amparo, cerca de las 13:45 horas, Del Toro, expuso a este diario que prepara una demanda por presunta denegación de la justicia que presentará este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ante esa instancia internacional, dijo, se pedirán “medidas cautelares” para evitar que en las próximas horas elementos de la Policía Federal (PF) y efectivos militares intenten desalojar a los mineros que custodian las instalaciones del yacimiento, pues si esto ocurre “lo más probable es que se suscite un enfrentamiento de proporciones incalculables, porque los trabajadores han dicho que están dispuestos a defender con todo su centro de trabajo”.

De acuerdo con información de allegados a la empresa, ésta tiene la intención de recontratar –una vez que se desaloje a los mineros en huelga– al mayor número de personal posible, con un nuevo contrato colectivo y con otro sindicato, y para quienes prefieran su liquidación, ésta será depositada en la JFCA.

En su resolución de ayer, los magistrados federales María Edith Cervantes Ortiz, Elisa Jiménez Aguilar y Jorge Farrera Villalobos avalaron lo resuelto por la JFCA, en el sentido de que la empresa operadora de Cananea exhibió pruebas sobre los daños ocasionados en maquinaria, instalaciones y equipo, lo que imposibilita la reanudación de las labores en la planta.

En el laudo de la JFCA, ahora avalado por el Poder Judicial federal, se instruyó a la indemnización, consistente en tres meses de salario más el pago de 12 días de salario por cada año de servicios prestados por cada trabajador, por tanto los mineros perderían sus salarios caídos durante los casi dos años y medio de huelga.

Día negro para la justicia laboral

La resolución de ayer fue calificada como “burla” del Poder Judicial y “vergüenza histórica” para esta instancia, que asestó un golpe criminal al estado de derecho y a la legalidad, por el abogado laboralista Arturo Alcalde y dijo que “éste es un día negro” para la historia del movimiento laboral mexicano.

El fallo contra los trabajadores se da luego de una batalla legal del sindicato para sostener la huelga, que inició en agosto de 2007, por una demanda de violaciones al contrato colectivo. Posteriormente, la empresa presentó en tres ocasiones demandas ante la JFCA para que se declarará inexistente la huelga y esta instancia se lo concedió las tres veces. Fueron los tribunales colegiados los que declararon la legalidad del paro.

Incluso, en enero de 2008 fuerzas policiacas y militares buscaron romper la huelga y ocuparon la mina luego de un enfrentamiento en que resultaron heridos una decena de sindicalizados.

Discúlpeme, Presidente, no le puedo dar la bienvenida: madre de dos ejecutados

Todos somos Juárez se convirtió en foro de protestas ciudadanas contra la violencia

“Vivimos los efectos de una guerra que no pedimos”, reclaman a los funcionarios federales


Foto: Reuters

Foto: Ap

Foto: Ap
Foto: Reuters
Claudia Herrera Beltrán
Enviada
Periódico La Jornada
Viernes 12 de febrero de 2010, p. 5
Ciudad Juárez, Chih., 11 de febrero. La mujer menuda, de baja estatura, caminó hacia el presidium y llorando encaró al presidente Felipe Calderón: “Le apuesto a que si hubiera sido uno de sus hijos, usted se habría metido hasta debajo de las piedras y hubiera buscado al asesino; pero como no tengo los recursos, no lo puedo buscar”.

Luz María Dávila perdió a sus hijos Marcos y José Luis Piña durante la matanza del 31 de enero y fue quien desde que empezó el foro Todos somos Juárez. Reconstruyamos la ciudad, marcó la pauta de las protestas que cercaron al Presidente, a los secretarios de Estado y a las autoridades locales.

Junto con otras cinco señoras, Dávila le dio la espalda al michoacano cuando comenzó a hablar ante un grupo de representantes de la sociedad civil.

Mientras Calderón ofrecía disculpas por haber dicho que el homicidio de los adolescentes fue en un pleito entre pandillas, la señora negaba con la cabeza todo lo que escuchaba, mientras era vigilada por escoltas del Estado Mayor Presidencial (EMP).

El Presidente no volteó a ver a las mujeres, entre las que estaba Olga Esparza, de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, cuya descendiente Janette Alanís está en la lista de cientos de jovencitas que han sido desaparecidas o asesinadas en esta ciudad de la maquila.

“Vengo a escuchar a los juarenses”

La ejecución de los adolescentes en una fiesta de cumpleaños hizo que los juarenses reclamaran justicia. En el Centro de Convenciones Cibeles no tuvieron paciencia y apenas los funcionarios exponían los puntos de su estrategia para recuperar la paz, eran increpados.

El “yo vengo a escuchar a los juarenses” fue seguido fielmente por los representantes de las organizaciones civiles que habían pasado retenes militares y vallas para llegar al foro.

Estaba claro que la señora Dávila no se quedaría callada. Llegó temprano y narró a los reporteros que el Presidente rehuyó reunirse con los familiares donde ocurrieron los asesinatos.

“Nosotros queríamos que se presentara, que diera la cara y que ahí mismo, públicamente, se retractara de todo lo que dijo.”

Mientras otras voces reclamaban por la violencia en Juárez, Dávila se escabulló del EMP y caminó hasta el presidium. Ahí estaban Calderón; cinco secretarios de Estado; el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, y el alcalde José Reyes Ferriz, quienes utilizaron la tribuna para pronunciar largos discursos y prometer “jalar” juntos sin importar las diferencias de partido.

La mujer que se puso de espaldas al jefe del Ejecutivo federal lo confrontó:

“Discúlpeme, señor Presidente. Yo no le puedo decir bienvenido, porque para mí no lo es, nadie lo es. Porque aquí hay asesinatos hace dos años y nadie ni nada han querido hacer justicia. Juárez está de luto.

“Les dijeron pandilleros a mis hijos. Es mentira. Uno estaba en la prepa y el otro en la universidad, y no tenían tiempo para andar en la calle. Ellos estudiaban y trabajaban. Y lo que quiero es justicia. Le apuesto que si hubiera sido uno de sus hijos, usted se habría metido hasta debajo de las piedras y hubiera buscado al asesino, pero como no tengo los recursos, no lo puedo buscar.”

Relató que en su casa estaban rezando el novenario y clamó: “quiero justicia, pónganse en mi lugar, a ver qué sienten”.

Las autoridades veían con sorpresa y desconcierto el rostro y los gestos de impotencia de Dávila, quien finalmente regresó a la esquina del salón en medio de aplausos, incluso del Presidente. Hasta ahí fue Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, protegida por escoltas y asistentes para intentar consolarla. A ella y a otras madres que lloraban les daban agua y trataban de imbuirles alivio con promesas y palabras, pero las voces de protesta siguieron.
Después vendría el no rotundo de Calderón a la salida del Ejército.

Esto, porque antes Patricia Galarza, representante de la mesa de derechos humanos, exigió: “Que salga el Ejército”.

Hubo aplausos, y denunció que hay más de mil casos documentados de desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales y robos cometidos por elementos del Ejército y de las fuerzas federales. “Lo que ocurre en Juárez –afirmó– es delito de lesa humanidad.”

Explicó: porque Ciudad Juárez está viviendo una catástrofe: impunidad, violación a los derechos humanos, indolencia, corrupción y la incorrecta intervención de políticas públicas.

“Vivimos los efectos de una guerra que no pedimos”, sostuvo Galarza, y destacó que ante las próximas elecciones “no podemos ser botín político”.

Entre aplausos, Julia Monárrez Fragoso, representante de la mesa social, había planteado que “combatir la violencia con violencia ha tenido altísimo costo en vidas humanas y dolor para nuestra ciudad”. Nuestros jóvenes, manifestó, están desolados y hay juvenicidio generalizado.

Algunos asistentes, hartos de los discursos, se lo hicieron ver al alcalde José Reyes Ferriz cuando éste aseguró que estaban ahí para cuidar la ciudad.

“¡Miente, miente!”, gritaron y lo abuchearon.

Apenas proponían algo los funcionarios, los increpaban, como cuando una señora demandó que los policías dejaran de trabajar encapuchados y denunció que las cámaras para vigilar las calles no sirven.

Otros interrumpieron varias veces a Calderón. Alegaron que un grupo de jóvenes hizo una manifestación y fue reprimido. “No podemos construir con la macana en la mano”, exclamó un hombre que se puso de pie para exigir que los muchachos fueran escuchados, por lo que el Presidente envió al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a atenderlos.

Así transcurrió la sesión. Entre discursos, promesas y la impaciencia de la gente. Como cuando un joven felicitó a Calderón porque tenía planes para ellos, sólo que le hizo ver que “aquí no hay jóvenes. Vea cuántos estamos aquí. Hay miles que quieren hablar”. El Presidente propuso: “hagamos un chat para que platiquemos”.

Teresa Almada, defensora de los derechos de los jóvenes, se declaró “desmoralizada” porque el secretario de Educación Pública planteó fortalecer Escuela Segura cuando los juarenses tienen sus propios programas, y lo invitó a asomarse a una preparatoria para que conozca la “represión y el hostigamiento” que sufre ese sector.

Cuando el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, prometió que habría “cero tolerancia” a la delincuencia, otra mujer le respondió: “es a la gente a la que hostigan”.

Otra persona relató que un colega suyo, de profesión médico, había sido secuestrado en la mañana. “No se vale, Presidente, y apoye a la sociedad, porque usted está por nosotros”, exigió otra voz.