Redacción Nacional Martes 30 de Marzo, 2010
Hora de creación: 01:36
Ultima modificación: 02:47
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) negó al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) el emplazamiento a huelga presentado contra la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
También rechazó la solicitud de revisión del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) del SME, luego de que el pasado 26 de febrero el gremio presentará ante la JFCA un emplazamiento a huelga por el que pretendía obtener la revisión de dicho contrato que el sindicato tenía con LyFC antes del decreto del decreto presidencial que ordenó su extinción y liquidación.
La JFCA, tras analizar la documentación presentada por el SME, consideró improcedente la solicitud de exigir la revisión del CCT, en virtud de que por decreto del gobierno federal, el 10 de octubre del 2009, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 del mismo mes y año, se extinguió LyFC.
Por tanto, es un hecho público y notorio que no se encuentra a prueba, informó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Al respecto, la Ley Federal del Trabajo establece como condición indispensable para la procedencia de esta tipo de solicitudes que exista un contrato que sea susceptible de ser revisado.
El sindicato de electricistas dirigió sus peticiones indistintamente a LyFC, al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El contrato de LyFC dejó de tener vigencia con motivo del decreto del presidente Felipe Calderón en 2009, y por lo que toca a CFE y SAE, el SME nunca ha tenido una relación contractual con dichos organismos.
A consecuencia de que dicho sindicato no satisfizo los requisitos que señala ley laboral en sus artículos 920 y 923, la JFCA determinó negar el tramite al pretendido emplazamiento a huelga y ordenó el archivo del expediente como asunto definitivamente concluido.
fuente: la cronica
EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION SUBESTACIONES TOLUCA CONTINUA EN PIE DE LUCHA CON LA CONVICCION DE OBTENER LA VICTORIA EN LA DEFENSA DE NUESTRO TRABAJO.
EN MEMORIA DE UN MIEMBRO DE OPERACION
DESCANSE EN PAZ EL C. RICARDO GONZALEZ BECERRIL
martes, 30 de marzo de 2010
México SA
Un deudor en cada hijo te dio
34 mil 577 pesos por cabeza
El histérico candidato panista
Carlos Fernández-Vega
¡Felicidades!, mexicanos creyentes del discurso sobre la recuperación” (léase “lo peor ya pasó”), porque su deuda por cabeza aumentó la friolera de 83 por ciento sólo en el primer trienio del calderonato, es decir, cuando la promesa electoral de “para vivir mejor” es más tangible que nunca. Así es: por cortesía del inquilino de Los Pinos y su “muy buen equipo económico, tal vez el mejor” (adivinen de quién es la frase), cada una de las 107 millones de personas (en números cerrados) que habita esta gloriosa República sobre su espalda obligadamente carga un débito que no solicitó, del que no fue notificado y, lo que es peor, cuyo potencial beneficio no se registra por ninguna parte.
Cómo no recordar a cierto candidato panista que histérico advertía a los electores sobre “el peligro” que para el país representaba “el creciente saldo” de la deuda pública del Distrito Federal. Pues bien, ese mismo personaje terminó en Los Pinos (haiga sido como haiga sido), y por completo “olvidó” aquello de la “enorme deuda”, toda vez que a cada peso que los mexicanos ya debían él hizo la hombrada de aumentarles otros 83 centavos en sólo tres años con el fin, se supone, de “vivir mejor”. (No se incluyen la contratación de una línea de crédito “preventiva” –léase por si las moscas– de 48 mil millones de dólares con el FMI).
Las cifras más recientes de la Secretaría de Hacienda (diciembre de 2009, el año del “catarrito”) revelan que cada uno de los 107 millones de mexicanos (incluidos los recién nacidos) debe 34 mil 577 pesos por concepto de deuda del sector público federal, es decir, 83 por ciento más con respecto a los 18 mil 912 pesos que adeudaba el primer día de diciembre de 2006 (en aquel entonces se contabilizaban 105 millones de paisanos), cuando el histérico candidato panista devino inquilino de Los Pinos. Así es, en tres años este personaje de la zarzuela política mexicana muy cerca estuvo de lograr la duplicación del débito del sector público: de un billón 985 mil 730 millones de pesos aquel primer día de diciembre de 2006, a 3 billones 708.37 millones el último día de 2009 (y contando), sin que para efectos de crecimiento económico y bienestar social de los pagadores se registre para qué se contrató y dónde quedó.
Para efectos de medición, en diciembre de 2006 el débito del sector público federal representó alrededor de 20 por ciento del producto interno bruto; tres años después, esa proporción creció a 30 por ciento, un récord nada despreciable para un histérico que gritaba a los cuatro vientos sobre el “peligro del creciente saldo” de la deuda del Distrito Federal, la cual, dicho sea de paso, se ha incrementado algo así como 7 por ciento en igual periodo, contra 83 por ciento de la relativa al sector público federal. Tan sólo en el año del “catarrito” el saldo de la deuda del sector público federal (sin incluir Pidiregas, que significan poco más de 850 mil millones de pesos) se incrementó en 260 mil millones de pesos, algo así como 2 mil 430 pesos por mexicano. De 2008 a 2009 el débito total –interno y externo– se incrementó en casi 10 puntos porcentuales del PIB; la deuda externa aumentó de 2.7 a 9.8 por ciento como proporción del producto interno bruto.
Por lo que toca al costo financiero de la deuda del sector público federal, en 2009 de las arcas nacionales salieron 263 mil 45.4 millones de pesos (16 por ciento más que en 2008), de los que 88 por ciento (88 centavos por cada peso) se destinó al pago de intereses, comisiones y gastos. Por esta gracia, cada mexicano aportó –con gusto o sin él– casi 2 mil 460 pesos, monto 28 por ciento superior a los mil 933 que por el mismo concepto pagaron en 2006.
Con el espléndido resultado que en materia de endeudamiento público ofrece el inquilino de Los Pinos, con base en la más reciente numeralia de la Secretaría de Hacienda, cada uno de los mexicanos, amén de feliz, debe apartar 94.73 pesos diarios (incluyendo sábados, domingos y días festivos) para cubrir “su parte” en lo que se refiere a débito del sector público federal (que incluye la deuda neta del gobierno federal, los organismos y empresas controladas y la banca de desarrollo; aparte hay que considerar su rebanada por endeudamiento estatal y municipal). La mayoría de los habitantes de este país no tiene para comer, comprar calzones, pagar sus propias deudas, o vivir medianamente, pero eso sí el susodicho histérico los obliga a destinar una gruesa rebanada de su enclenque ingreso para que el señor pueda repetir incansablemente que la “recuperación” ya llegó, ya está aquí” y que “lo peor ya pasó”. Ustedes dirán.
Desde aquella pomposa ceremonia de febrero de 1990, cuando la dupla Carlos Salinas de Gortari y Pedro Aspe anunció la “renegociación definitiva de la deuda” y que ésta, por lo mismo, era “un problema superado” (frase que repitió Vicente Fox hasta el cansancio), el saldo del débito público no ha dejado de crecer, mucho menos el pago por concepto de intereses. El problema adicional es que el endeudamiento se utiliza para pagar deuda (en realidad intereses de la misma) y el efecto positivo de esta política (crecimiento económico, infraestructura, educación, generación de empleo, beneficio social, desarrollo, pues) no se ve por ninguna parte. Lo anterior, tal vez, porque el gobierno sabe que nadie se queja, nadie pregunta, y que al final de cuentas los mexicanos pagan puntualmente, les guste o no, que para eso están. Total, pienso, ¡oh patria querida!, que el cielo un deudor en cada hijo te dio.
En vía de mientras, mexicanos boyantes, gocen de la “recuperación” calderonista, celebren que “lo peor ya pasó”, que la crisis “es externa”, pero eso sí por favorcito vayan juntando sus 34 mil 577 pesotes por cabeza (más de 600 salarios mínimos del Distrito Federal) para que “vivan mejor”, y de pasadita el gobierno del histérico panista pueda pagar sus crecientes intereses.
Las rebanadas del pastel
Barbarie tras barbarie, la ola de terror recorre el mundo. Como siempre, el objetivo no fue militar, sino civil. Ayer la población estadunidense, española e inglesa; hoy los indefensos usuarios del hermosísimo Metro de Moscú. Y del otro lado, la barbarie institucionalizada; Irak, Afganistán, Chechenia y los que se les ocurran.
cfvmexico_sa@hotmail.com - mexicosa@infinitum.com.mx
34 mil 577 pesos por cabeza
El histérico candidato panista
Carlos Fernández-Vega
¡Felicidades!, mexicanos creyentes del discurso sobre la recuperación” (léase “lo peor ya pasó”), porque su deuda por cabeza aumentó la friolera de 83 por ciento sólo en el primer trienio del calderonato, es decir, cuando la promesa electoral de “para vivir mejor” es más tangible que nunca. Así es: por cortesía del inquilino de Los Pinos y su “muy buen equipo económico, tal vez el mejor” (adivinen de quién es la frase), cada una de las 107 millones de personas (en números cerrados) que habita esta gloriosa República sobre su espalda obligadamente carga un débito que no solicitó, del que no fue notificado y, lo que es peor, cuyo potencial beneficio no se registra por ninguna parte.
Cómo no recordar a cierto candidato panista que histérico advertía a los electores sobre “el peligro” que para el país representaba “el creciente saldo” de la deuda pública del Distrito Federal. Pues bien, ese mismo personaje terminó en Los Pinos (haiga sido como haiga sido), y por completo “olvidó” aquello de la “enorme deuda”, toda vez que a cada peso que los mexicanos ya debían él hizo la hombrada de aumentarles otros 83 centavos en sólo tres años con el fin, se supone, de “vivir mejor”. (No se incluyen la contratación de una línea de crédito “preventiva” –léase por si las moscas– de 48 mil millones de dólares con el FMI).
Las cifras más recientes de la Secretaría de Hacienda (diciembre de 2009, el año del “catarrito”) revelan que cada uno de los 107 millones de mexicanos (incluidos los recién nacidos) debe 34 mil 577 pesos por concepto de deuda del sector público federal, es decir, 83 por ciento más con respecto a los 18 mil 912 pesos que adeudaba el primer día de diciembre de 2006 (en aquel entonces se contabilizaban 105 millones de paisanos), cuando el histérico candidato panista devino inquilino de Los Pinos. Así es, en tres años este personaje de la zarzuela política mexicana muy cerca estuvo de lograr la duplicación del débito del sector público: de un billón 985 mil 730 millones de pesos aquel primer día de diciembre de 2006, a 3 billones 708.37 millones el último día de 2009 (y contando), sin que para efectos de crecimiento económico y bienestar social de los pagadores se registre para qué se contrató y dónde quedó.
Para efectos de medición, en diciembre de 2006 el débito del sector público federal representó alrededor de 20 por ciento del producto interno bruto; tres años después, esa proporción creció a 30 por ciento, un récord nada despreciable para un histérico que gritaba a los cuatro vientos sobre el “peligro del creciente saldo” de la deuda del Distrito Federal, la cual, dicho sea de paso, se ha incrementado algo así como 7 por ciento en igual periodo, contra 83 por ciento de la relativa al sector público federal. Tan sólo en el año del “catarrito” el saldo de la deuda del sector público federal (sin incluir Pidiregas, que significan poco más de 850 mil millones de pesos) se incrementó en 260 mil millones de pesos, algo así como 2 mil 430 pesos por mexicano. De 2008 a 2009 el débito total –interno y externo– se incrementó en casi 10 puntos porcentuales del PIB; la deuda externa aumentó de 2.7 a 9.8 por ciento como proporción del producto interno bruto.
Por lo que toca al costo financiero de la deuda del sector público federal, en 2009 de las arcas nacionales salieron 263 mil 45.4 millones de pesos (16 por ciento más que en 2008), de los que 88 por ciento (88 centavos por cada peso) se destinó al pago de intereses, comisiones y gastos. Por esta gracia, cada mexicano aportó –con gusto o sin él– casi 2 mil 460 pesos, monto 28 por ciento superior a los mil 933 que por el mismo concepto pagaron en 2006.
Con el espléndido resultado que en materia de endeudamiento público ofrece el inquilino de Los Pinos, con base en la más reciente numeralia de la Secretaría de Hacienda, cada uno de los mexicanos, amén de feliz, debe apartar 94.73 pesos diarios (incluyendo sábados, domingos y días festivos) para cubrir “su parte” en lo que se refiere a débito del sector público federal (que incluye la deuda neta del gobierno federal, los organismos y empresas controladas y la banca de desarrollo; aparte hay que considerar su rebanada por endeudamiento estatal y municipal). La mayoría de los habitantes de este país no tiene para comer, comprar calzones, pagar sus propias deudas, o vivir medianamente, pero eso sí el susodicho histérico los obliga a destinar una gruesa rebanada de su enclenque ingreso para que el señor pueda repetir incansablemente que la “recuperación” ya llegó, ya está aquí” y que “lo peor ya pasó”. Ustedes dirán.
Desde aquella pomposa ceremonia de febrero de 1990, cuando la dupla Carlos Salinas de Gortari y Pedro Aspe anunció la “renegociación definitiva de la deuda” y que ésta, por lo mismo, era “un problema superado” (frase que repitió Vicente Fox hasta el cansancio), el saldo del débito público no ha dejado de crecer, mucho menos el pago por concepto de intereses. El problema adicional es que el endeudamiento se utiliza para pagar deuda (en realidad intereses de la misma) y el efecto positivo de esta política (crecimiento económico, infraestructura, educación, generación de empleo, beneficio social, desarrollo, pues) no se ve por ninguna parte. Lo anterior, tal vez, porque el gobierno sabe que nadie se queja, nadie pregunta, y que al final de cuentas los mexicanos pagan puntualmente, les guste o no, que para eso están. Total, pienso, ¡oh patria querida!, que el cielo un deudor en cada hijo te dio.
En vía de mientras, mexicanos boyantes, gocen de la “recuperación” calderonista, celebren que “lo peor ya pasó”, que la crisis “es externa”, pero eso sí por favorcito vayan juntando sus 34 mil 577 pesotes por cabeza (más de 600 salarios mínimos del Distrito Federal) para que “vivan mejor”, y de pasadita el gobierno del histérico panista pueda pagar sus crecientes intereses.
Las rebanadas del pastel
Barbarie tras barbarie, la ola de terror recorre el mundo. Como siempre, el objetivo no fue militar, sino civil. Ayer la población estadunidense, española e inglesa; hoy los indefensos usuarios del hermosísimo Metro de Moscú. Y del otro lado, la barbarie institucionalizada; Irak, Afganistán, Chechenia y los que se les ocurran.
cfvmexico_sa@hotmail.com - mexicosa@infinitum.com.mx
El taxi, tabla de salvación para profesionistas, amas de casa y ex trabajadores de LFC
Egresa primer grupo de operadores del transporte público en el Distrito Federal
En este medio han encontrado la forma de salir adelante o completar sus ingresos: Rocío Mejía
Para poder manejar un taxi, o cualquier otro medio de transporte público, los aspirantes deben presentar primero diversos exámenes, como el médico, capacitación en desarrollo humano, educación vial, funcionamiento de los vehículos, normatividad y habilidades de conducciónFoto Marco Peláez
Laura Gómez Flores
Periódico La Jornada
Martes 30 de marzo de 2010, p. 32
El taxi se convirtió en refugio o tabla de salvación para profesionistas, amas de casa y, más recientemente, ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC), que encontraron en este medio de transporte una forma de salir adelante o completar sus ingresos, señaló la directora del Centro para el Fomento de la Educación y Salud de los Operarios del Transporte Público de la Ciudad de México (Cenfes), Rocío Mejía Flores.
La crisis económica provocó que en los meses recientes decenas de personas de entre 18 y 80 años de edad se incorporarán a este sector “pulverizado y ninguneado”, ante el continúo cierre de empresas, despidos o rotación de personal, aunque su número fue menor respecto del universo de solicitantes, al presentar problemas de obesidad, sobrepeso, presión alta, colesterol y/o consumir mariguana o cocaína.
La evaluación médica integral que se les realiza en el módulo de la Secretaría de Transporte y Vialidad de El Coyol permitió detectar esos problemas y canalizarlos a instituciones de salud acreditadas para atenderse o integrarse a un proceso de rehabilitación.
Los que cumplieron con su tratamiento pudieron continuar su proceso de capacitación en desarrollo humano, educación vial, funcionamiento de los vehículos, salud laboral y normatividad, en el módulo de La Virgen, y de habilidades en el paradero de Santa Anita, donde algunos de los aspirantes tuvieron que presentarlo hasta tres veces, sin costo extra.
Hasta el momento, destacó, 76 mil 738 operadores de taxis, colectivos, especializados, carga, transporte escolar y de valores –de un total de 250 mil– han cumplido con este proceso para obtener su licencia tarjetón, que les ha implicado “estar en las aulas entre ocho y 14 horas, dependiendo si se trata de su expedición por primera vez o revalidación, y un pago promedio de tres mil pesos entre derechos y evaluaciones”.
Con ello se garantiza que son aptos para conducir y reducir el número de accidentes viales, lo cual se ha logrado, y el primer grupo de taxistas egresados de este sistema de valoración pionero en el país, que regresará en octubre por su nuevo tarjetón, podrá acceder a una certificación de competencia laboral, documento que “les permitirá ingresar a una empresa o simplemente que su labor de 10 o 25 años sea reconocida por las autoridades”.
En muchos casos, comentó, “ser taxista es una tradición familiar, en otros una necesidad para salir adelante, ante la falta de oportunidades en el mercado laboral, por falta de experiencia o estudios, pues 67 por ciento cuentan con primaria y secundaria; 25 por ciento, preparatoria, y sólo ocho por ciento tiene una carrera técnica o universitaria, y requieren completar sus ingresos”.
Tan sólo en los meses recientes se detectó un número importante de ex trabajadores de Luz y Fuerza que solicitaron su licencia tarjetón, para conducir un taxi, que “se ha convertido en un escape laboral para cientos de personas, lo que nos obliga a elevar su autoestima. Estar detrás del volante hasta 18 horas al día ha permitido a cientos de familias que dependen de esta actividad darles una carrera a sus hijos y permitirles que sobresalgan en el ámbito financiero, cultural o industrial. Por lo que no debe ser ninguneada nunca mas”, afirmó.
En este medio han encontrado la forma de salir adelante o completar sus ingresos: Rocío Mejía
Para poder manejar un taxi, o cualquier otro medio de transporte público, los aspirantes deben presentar primero diversos exámenes, como el médico, capacitación en desarrollo humano, educación vial, funcionamiento de los vehículos, normatividad y habilidades de conducciónFoto Marco Peláez
Laura Gómez Flores
Periódico La Jornada
Martes 30 de marzo de 2010, p. 32
El taxi se convirtió en refugio o tabla de salvación para profesionistas, amas de casa y, más recientemente, ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC), que encontraron en este medio de transporte una forma de salir adelante o completar sus ingresos, señaló la directora del Centro para el Fomento de la Educación y Salud de los Operarios del Transporte Público de la Ciudad de México (Cenfes), Rocío Mejía Flores.
La crisis económica provocó que en los meses recientes decenas de personas de entre 18 y 80 años de edad se incorporarán a este sector “pulverizado y ninguneado”, ante el continúo cierre de empresas, despidos o rotación de personal, aunque su número fue menor respecto del universo de solicitantes, al presentar problemas de obesidad, sobrepeso, presión alta, colesterol y/o consumir mariguana o cocaína.
La evaluación médica integral que se les realiza en el módulo de la Secretaría de Transporte y Vialidad de El Coyol permitió detectar esos problemas y canalizarlos a instituciones de salud acreditadas para atenderse o integrarse a un proceso de rehabilitación.
Los que cumplieron con su tratamiento pudieron continuar su proceso de capacitación en desarrollo humano, educación vial, funcionamiento de los vehículos, salud laboral y normatividad, en el módulo de La Virgen, y de habilidades en el paradero de Santa Anita, donde algunos de los aspirantes tuvieron que presentarlo hasta tres veces, sin costo extra.
Hasta el momento, destacó, 76 mil 738 operadores de taxis, colectivos, especializados, carga, transporte escolar y de valores –de un total de 250 mil– han cumplido con este proceso para obtener su licencia tarjetón, que les ha implicado “estar en las aulas entre ocho y 14 horas, dependiendo si se trata de su expedición por primera vez o revalidación, y un pago promedio de tres mil pesos entre derechos y evaluaciones”.
Con ello se garantiza que son aptos para conducir y reducir el número de accidentes viales, lo cual se ha logrado, y el primer grupo de taxistas egresados de este sistema de valoración pionero en el país, que regresará en octubre por su nuevo tarjetón, podrá acceder a una certificación de competencia laboral, documento que “les permitirá ingresar a una empresa o simplemente que su labor de 10 o 25 años sea reconocida por las autoridades”.
En muchos casos, comentó, “ser taxista es una tradición familiar, en otros una necesidad para salir adelante, ante la falta de oportunidades en el mercado laboral, por falta de experiencia o estudios, pues 67 por ciento cuentan con primaria y secundaria; 25 por ciento, preparatoria, y sólo ocho por ciento tiene una carrera técnica o universitaria, y requieren completar sus ingresos”.
Tan sólo en los meses recientes se detectó un número importante de ex trabajadores de Luz y Fuerza que solicitaron su licencia tarjetón, para conducir un taxi, que “se ha convertido en un escape laboral para cientos de personas, lo que nos obliga a elevar su autoestima. Estar detrás del volante hasta 18 horas al día ha permitido a cientos de familias que dependen de esta actividad darles una carrera a sus hijos y permitirles que sobresalgan en el ámbito financiero, cultural o industrial. Por lo que no debe ser ninguneada nunca mas”, afirmó.
Burócratas arremeten contra la propuesta panista de reforma laboral
Denuncian que es una transgresión a la autonomía de los sindicatos
El 18 de marzo pasado, diputados y senadores panistas presentaron su iniciativa de reforma laboral en San Lázaro. Desde entonces ha ocasionado reacciones encontradas, aunque las críticas son mayoríaFoto Cristina Rodríguez
Patricia Muñoz Ríos y Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Martes 30 de marzo de 2010, p. 11
“Transgrede la autonomía de los sindicatos” la propuesta de reforma laboral presentada por el Partido Acción Nacional (PAN), señaló el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), José Luis Rodríguez Camacho, luego de sostener que esta iniciativa propone aspectos jurídicos que afectan a los trabajadores del apartado B, es decir, a los que están al servicio del Estado.
En cambio, para el coordinador de los senadores del PAN, Gustavo Madero, la reforma a la Ley Federal del Trabajo busca modernizar el marco regulatorio para los sectores laboral y productivo, para generar mejores oportunidades de crecimiento, y sostuvo que el artículo 123 constitucional “es intocable”.
El dirigente sindical señaló que se creó un grupo de trabajo que analizará a fondo la iniciativa, para ver el alcance de las repercusiones jurídicas que tendría para los trabajadores del sector gubernamental los cambios que plantean los legisladores panistas, y no descartó que la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) presente su propia propuesta de ley.
Tras informar que el ISSSTE autorizará la contratación de 2 mil 500 nuevas plazas para este año, Rodríguez Camacho expuso que no están dadas las condiciones para que la reforma propuesta por legisladores de Acción Nacional pueda discutirse en el pleno de la Cámara de Diputados.
El plan del PAN “toca aspectos como los estatutos de las organizaciones sindicales, con lo que obviamente no estamos de acuerdo” y consideró difícil que se concrete pronto una nueva reforma laboral.
Madero, por su lado, llamó a no confundir a la opinión pública, ya que, dijo, la reforma propuesta no contiene ningún apartado de modificaciones al 123 constitucional, por ello no permitiremos que “los detractores de esta modificación, traten de confundir a la población con argumentos sin sustento”.
La reforma laboral “es precisa y transparente”, los posicionamientos de los diputados federales de Acción Nacional son claros y congruentes con la propuesta y sólo se busca modernizar el marco legal para mejorar las condiciones de empleo y de competitividad”.
Sostuvo que por lo que respecta a los trabajadores sindicalizados, la reforma incluye mecanismos de transparencia para que los agremiados tengan acceso e información de la situación que guardan las aportaciones de sus cuotas y para que tengan plena certeza del destino final que se les da.
El 18 de marzo pasado, diputados y senadores panistas presentaron su iniciativa de reforma laboral en San Lázaro. Desde entonces ha ocasionado reacciones encontradas, aunque las críticas son mayoríaFoto Cristina Rodríguez
Patricia Muñoz Ríos y Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Martes 30 de marzo de 2010, p. 11
“Transgrede la autonomía de los sindicatos” la propuesta de reforma laboral presentada por el Partido Acción Nacional (PAN), señaló el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), José Luis Rodríguez Camacho, luego de sostener que esta iniciativa propone aspectos jurídicos que afectan a los trabajadores del apartado B, es decir, a los que están al servicio del Estado.
En cambio, para el coordinador de los senadores del PAN, Gustavo Madero, la reforma a la Ley Federal del Trabajo busca modernizar el marco regulatorio para los sectores laboral y productivo, para generar mejores oportunidades de crecimiento, y sostuvo que el artículo 123 constitucional “es intocable”.
El dirigente sindical señaló que se creó un grupo de trabajo que analizará a fondo la iniciativa, para ver el alcance de las repercusiones jurídicas que tendría para los trabajadores del sector gubernamental los cambios que plantean los legisladores panistas, y no descartó que la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) presente su propia propuesta de ley.
Tras informar que el ISSSTE autorizará la contratación de 2 mil 500 nuevas plazas para este año, Rodríguez Camacho expuso que no están dadas las condiciones para que la reforma propuesta por legisladores de Acción Nacional pueda discutirse en el pleno de la Cámara de Diputados.
El plan del PAN “toca aspectos como los estatutos de las organizaciones sindicales, con lo que obviamente no estamos de acuerdo” y consideró difícil que se concrete pronto una nueva reforma laboral.
Madero, por su lado, llamó a no confundir a la opinión pública, ya que, dijo, la reforma propuesta no contiene ningún apartado de modificaciones al 123 constitucional, por ello no permitiremos que “los detractores de esta modificación, traten de confundir a la población con argumentos sin sustento”.
La reforma laboral “es precisa y transparente”, los posicionamientos de los diputados federales de Acción Nacional son claros y congruentes con la propuesta y sólo se busca modernizar el marco legal para mejorar las condiciones de empleo y de competitividad”.
Sostuvo que por lo que respecta a los trabajadores sindicalizados, la reforma incluye mecanismos de transparencia para que los agremiados tengan acceso e información de la situación que guardan las aportaciones de sus cuotas y para que tengan plena certeza del destino final que se les da.
El gobierno de Calderón mantiene a la baja la generación de energía eléctrica
Su estrategia ha consistido en incrementar sus compras a empresas privadas: ASF
La auditoría superior alerta sobre la creciente ociosidad de las plantas instaladas en el país
Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Martes 30 de marzo de 2010, p. 10
El gobierno de Felipe Calderón ha reducido la generación de energía eléctrica por conducto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que sólo en 2008 incrementó 6.9 por ciento la ociosidad de sus plantas instaladas en el país, mientras que los productores privados aumentaron su participación en el mercado, al generar la mitad de gigavatios distribuidos por la paraestatal, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Como resultado de la revisión al Informe de la cuenta pública 2008, la auditoría encontró que, en ese año, 87.5 por ciento de la capacidad instalada de la CFE estuvo disponible para generar energía, pero sólo operó 45.4 por ciento, lo cual refleja que 42.1 por ciento no se utilizó.
Al respecto, el diputado José Narro Céspedes (PRD) refirió que la administración calderonista persiste en la práctica iniciada en el sexenio de Vicente Fox Quesada de privatizar la generación de energía eléctrica.
“De acuerdo con la capacidad de generación comprometida del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), en el periodo 2003-2008 la capacidad de generación comprometida disminuyó 74.1 por ciento”, refirió en entrevista.
En una revisión de los informes de la ASF, a partir de las auditorías practicadas a la CFE y a la extinta Luz y Fuerza del Centro, Narro Céspedes sostuvo que a pesar de la deliberada disminución en la generación de energía, el sector eléctrico mexicano “se encuentra operando con niveles altos de márgenes de reserva”.
En el periodo enero-junio de 2008 se registró un margen de reserva de 42.5 por ciento, mientras que el operativo fue 15.4 por ciento, lo cual representa –dijo– un superávit en la disponibilidad de capacidad de generación de electricidad. Esa situación, explicó, implica capacidad instalada ociosa que puede representar altos costos de producción.
Sobre este punto, en la auditoría que practicó la ASF a la disponibilidad de centrales de generación de la CFE, se detalló que durante 2008 la demanda de energía eléctrica no evolucionó conforme a las perspectivas del Plan Nacional de Desarrollo, lo cual explica los márgenes de reserva.
En una gráfica incluida en el informe, el órgano fiscalizador refirió que el consumo de energía programada para ese año fue de 206 mil 704 gigavatios, y el consumo fue de 196 mil 381.
Aun así, refirió, el gobierno echó a andar la construcción de cinco proyectos más de centrales generadoras de energía, con lo cual la CFE incrementará en 2 mil 239.2 megavatios su capacidad de producción, 4.4 por ciento más, entre marzo de 2009 y junio de 2012.
Durante 2008, refirió la auditoría, la CFE contó con un presupuesto de 79 mil 36 millones 920 mil pesos, con la finalidad de “contar con suficiente capacidad de generación de energía eléctrica, mediante un adecuado mantenimiento en su infraestructura para garantizar su operación en el SEN”.
En el desagregado por tipo de generación, la ASF informó que las unidades hidroeléctricas tuvieron una eficiencia de 42.6 por ciento, las térmicas de 56.1 y las eólicas 34.2 por ciento.
En el caso de las hidroeléctricas, tuvieron una capacidad efectiva de generación de 88 mil 735.5 megavatios y sólo generó 37 mil 839, por lo que sólo utilizó 42.6 por ciento de la energía disponible.
Las centrales térmicas tuvieron una capacidad de generación de 194 mil 893.3 megavatios y generaron 109 mil 267, 56.1 por ciento; las eoloeléctricas 745.3 gigavatios y sólo produjeron 245, 34.2 por ciento. En total, la Subdirección de Generación de la CFE reportó una generación de 137 mil 13.7 gigavatios.
En contraste, los productores independientes –que además de generar la energía que consumen venden sus excedentes a la CFE– contaron con una capacidad de generación de 88 mil 108.01 gigavatios y produjeron 74 mil 232, una utilización de 84.3 por ciento.
Esto representó 50.4 por ciento de los gigavatios reportados por la Subdirección de Generación de CFE.
La auditoría superior alerta sobre la creciente ociosidad de las plantas instaladas en el país
Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Martes 30 de marzo de 2010, p. 10
El gobierno de Felipe Calderón ha reducido la generación de energía eléctrica por conducto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que sólo en 2008 incrementó 6.9 por ciento la ociosidad de sus plantas instaladas en el país, mientras que los productores privados aumentaron su participación en el mercado, al generar la mitad de gigavatios distribuidos por la paraestatal, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Como resultado de la revisión al Informe de la cuenta pública 2008, la auditoría encontró que, en ese año, 87.5 por ciento de la capacidad instalada de la CFE estuvo disponible para generar energía, pero sólo operó 45.4 por ciento, lo cual refleja que 42.1 por ciento no se utilizó.
Al respecto, el diputado José Narro Céspedes (PRD) refirió que la administración calderonista persiste en la práctica iniciada en el sexenio de Vicente Fox Quesada de privatizar la generación de energía eléctrica.
“De acuerdo con la capacidad de generación comprometida del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), en el periodo 2003-2008 la capacidad de generación comprometida disminuyó 74.1 por ciento”, refirió en entrevista.
En una revisión de los informes de la ASF, a partir de las auditorías practicadas a la CFE y a la extinta Luz y Fuerza del Centro, Narro Céspedes sostuvo que a pesar de la deliberada disminución en la generación de energía, el sector eléctrico mexicano “se encuentra operando con niveles altos de márgenes de reserva”.
En el periodo enero-junio de 2008 se registró un margen de reserva de 42.5 por ciento, mientras que el operativo fue 15.4 por ciento, lo cual representa –dijo– un superávit en la disponibilidad de capacidad de generación de electricidad. Esa situación, explicó, implica capacidad instalada ociosa que puede representar altos costos de producción.
Sobre este punto, en la auditoría que practicó la ASF a la disponibilidad de centrales de generación de la CFE, se detalló que durante 2008 la demanda de energía eléctrica no evolucionó conforme a las perspectivas del Plan Nacional de Desarrollo, lo cual explica los márgenes de reserva.
En una gráfica incluida en el informe, el órgano fiscalizador refirió que el consumo de energía programada para ese año fue de 206 mil 704 gigavatios, y el consumo fue de 196 mil 381.
Aun así, refirió, el gobierno echó a andar la construcción de cinco proyectos más de centrales generadoras de energía, con lo cual la CFE incrementará en 2 mil 239.2 megavatios su capacidad de producción, 4.4 por ciento más, entre marzo de 2009 y junio de 2012.
Durante 2008, refirió la auditoría, la CFE contó con un presupuesto de 79 mil 36 millones 920 mil pesos, con la finalidad de “contar con suficiente capacidad de generación de energía eléctrica, mediante un adecuado mantenimiento en su infraestructura para garantizar su operación en el SEN”.
En el desagregado por tipo de generación, la ASF informó que las unidades hidroeléctricas tuvieron una eficiencia de 42.6 por ciento, las térmicas de 56.1 y las eólicas 34.2 por ciento.
En el caso de las hidroeléctricas, tuvieron una capacidad efectiva de generación de 88 mil 735.5 megavatios y sólo generó 37 mil 839, por lo que sólo utilizó 42.6 por ciento de la energía disponible.
Las centrales térmicas tuvieron una capacidad de generación de 194 mil 893.3 megavatios y generaron 109 mil 267, 56.1 por ciento; las eoloeléctricas 745.3 gigavatios y sólo produjeron 245, 34.2 por ciento. En total, la Subdirección de Generación de la CFE reportó una generación de 137 mil 13.7 gigavatios.
En contraste, los productores independientes –que además de generar la energía que consumen venden sus excedentes a la CFE– contaron con una capacidad de generación de 88 mil 108.01 gigavatios y produjeron 74 mil 232, una utilización de 84.3 por ciento.
Esto representó 50.4 por ciento de los gigavatios reportados por la Subdirección de Generación de CFE.
AI insta a México a acatar fallo del Comité de Derechos Humanos de la ONU
Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Martes 30 de marzo de 2010, p. 6
Amnistía Internacional (AI) instó al Estado mexicano a dar cumplimiento efectivo a las 19 recomendaciones que le formuló el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre ellas: reformar la Constitución para que esté en consonancia con las normas internacionales en la materia e impedir que cualquier modificación a la Ley Nacional de Seguridad Pública debilite las garantías consagradas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El Estado mexicano, insistió AI, debe modificar el Código de Justicia Militar con el fin de que todas las violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas armadas sean juzgadas por autoridades civiles.
Asimismo, debe tipificar los delitos de desaparición forzada y tortura, “tal como se define en los instrumentos internacionales”, así como armonizar con dicho pacto la legislación sobre el aborto en todos los estados y asegurar la aplicación de la norma oficial mexicana 046 (sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres).
Además, debe acelerar la reforma del sistema de justicia para acabar con el uso de la tortura y garantizar la presunción de inocencia, así como evitar que cualquier reforma a la Ley Nacional de Seguridad Pública debilite los derechos consagrados en el pacto mencionado.
Preocupa falta de progreso en la aplicación de recomendaciones
El 26 de marzo pasado, el Comité de Derechos Humanos de la ONU manifestó su preocupación por la falta de progresos significativos en la aplicación de las recomendaciones que hizo llegar al Estado mexicano, incluidas las relativas a la violencia contra las mujeres, el despliegue de las fuerzas armadas para garantizar la seguridad pública y la falta de protección a los defensores de las garantías fundamentales, así como a los periodistas.
El comité lamentó que subsistan muchos motivos de preocupación, y recordó que “las disposiciones del pacto serán aplicables a todas las partes componentes de los estados federales, sin limitación ni excepción alguna”, y deploró que “la delegación –del gobierno mexicano ante el comité– no haya podido indicar un plazo específico para terminar la propuesta de reformas a la Constitución”.
AI subraya que las recomendaciones que se hicieron a México son un llamado más a las autoridades para cumplir con sus obligaciones adquiridas mediante distintos instrumentos internacionales de garantías.
Recuerda la organización internacional de derechos humanos que el comité, además, requiere un informe del gobierno dentro de un año sobre la aplicación de las medidas recomendadas para combatir la violencia contra las mujeres, en particular en Ciudad Juárez, Chihuahua, así como eliminar la figura del arraigo, tanto en la legislación como en la práctica, a escalas federal y estatal, así como proporcionar protección eficaz a los defensores de los derechos humanos y los periodistas cuya seguridad corra peligro.
Periódico La Jornada
Martes 30 de marzo de 2010, p. 6
Amnistía Internacional (AI) instó al Estado mexicano a dar cumplimiento efectivo a las 19 recomendaciones que le formuló el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre ellas: reformar la Constitución para que esté en consonancia con las normas internacionales en la materia e impedir que cualquier modificación a la Ley Nacional de Seguridad Pública debilite las garantías consagradas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El Estado mexicano, insistió AI, debe modificar el Código de Justicia Militar con el fin de que todas las violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas armadas sean juzgadas por autoridades civiles.
Asimismo, debe tipificar los delitos de desaparición forzada y tortura, “tal como se define en los instrumentos internacionales”, así como armonizar con dicho pacto la legislación sobre el aborto en todos los estados y asegurar la aplicación de la norma oficial mexicana 046 (sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres).
Además, debe acelerar la reforma del sistema de justicia para acabar con el uso de la tortura y garantizar la presunción de inocencia, así como evitar que cualquier reforma a la Ley Nacional de Seguridad Pública debilite los derechos consagrados en el pacto mencionado.
Preocupa falta de progreso en la aplicación de recomendaciones
El 26 de marzo pasado, el Comité de Derechos Humanos de la ONU manifestó su preocupación por la falta de progresos significativos en la aplicación de las recomendaciones que hizo llegar al Estado mexicano, incluidas las relativas a la violencia contra las mujeres, el despliegue de las fuerzas armadas para garantizar la seguridad pública y la falta de protección a los defensores de las garantías fundamentales, así como a los periodistas.
El comité lamentó que subsistan muchos motivos de preocupación, y recordó que “las disposiciones del pacto serán aplicables a todas las partes componentes de los estados federales, sin limitación ni excepción alguna”, y deploró que “la delegación –del gobierno mexicano ante el comité– no haya podido indicar un plazo específico para terminar la propuesta de reformas a la Constitución”.
AI subraya que las recomendaciones que se hicieron a México son un llamado más a las autoridades para cumplir con sus obligaciones adquiridas mediante distintos instrumentos internacionales de garantías.
Recuerda la organización internacional de derechos humanos que el comité, además, requiere un informe del gobierno dentro de un año sobre la aplicación de las medidas recomendadas para combatir la violencia contra las mujeres, en particular en Ciudad Juárez, Chihuahua, así como eliminar la figura del arraigo, tanto en la legislación como en la práctica, a escalas federal y estatal, así como proporcionar protección eficaz a los defensores de los derechos humanos y los periodistas cuya seguridad corra peligro.
La CFE corrompe al SUTERM para lograr la privatización: Martín Esparza
El sindicato recibe 2% de cada contrato que se firma, asegura
Martín Esparza Flores y Humberto Montes de Oca ofrecieron una conferencia de prensa en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas para difundir pruebas de que la Comisión Federal de Electricidad entrega dinero al SUTERM para que sea cómplice de la privatización del sectorFoto María Luisa Severiano
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Martes 30 de marzo de 2010, p. 10
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) entrega al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), que dirige Víctor Fuentes del Villar, montos equivalentes a 2 por ciento de cada contrato que firma con las empresas “contratistas”, con la finalidad de que deje operar a estas compañías y se fomente la privatización.
Se trata de una “compensación monetaria” a ese sindicato por aceptar la privatización del sector eléctrico en el país, denunció el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores. En conferencia de prensa ofrecida en la sede del SME planteó que “el actual secretario general del SUTERM, Víctor Fuentes, acepta la cantidad de 2 por ciento sobre el monto de cada obra, así como 2 por ciento del costo de los 773 permisos otorgados a las empresas trasnacionales para la generación de energía eléctrica, siendo cómplice de la privatización, junto con el director general de la CFE, Alfredo Elías Ayub”.
Esparza dijo que de esta acción fue informado por el anterior subsecretario de Gobernación Gerónimo Gutiérrez, quien incluso señaló que la entrega de estos recursos no está admitidos en el contrato colectivo de trabajo y se brinda de manera directa al sindicato. Pero sobre todo, le dijo que “se puede legalizar el contratismo”.
El dirigente dio a conocer ayer fotografías con las que quiere demostrar que una de las instalaciones donde están las secciones 57, 123 y 186 del SUTERM en el estado de Hidalgo, ubicadas en la colonia Montecillo, en Tula, se ha convertido en el centro de operación de empresas contratistas y tienen ahí un amplio parque vehicular de camionetas que pertenecían a Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Además de las camionetas, también hay material y equipo de LFC, según sostuvo.
Calificó de “esquirolaje” lo que está haciendo el SUTERM y dijo que este sindicato está permitiendo el robo de la materia de trabajo del SME; además de que está vigente el convenio de delimitación de zonas firmado desde 1985 entre la CFE y LFC. Responsabilizó al secretario del Trabajo, Javier Lozano, de las confrontaciones entre los grupos de trabajadores de ambos gremios, por la defensa de la materia de trabajo.
En su opinión, la serie de violaciones laborales cometidas por el gobierno contra los trabajadores de LFC, no tienen otra motivación que los intereses económicos de grupos empresariales sobre las áreas de distribución y comercialización del servicio de energía eléctrica, de la fibra óptica y del power light comunication en el centro del país.
Martín Esparza Flores y Humberto Montes de Oca ofrecieron una conferencia de prensa en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas para difundir pruebas de que la Comisión Federal de Electricidad entrega dinero al SUTERM para que sea cómplice de la privatización del sectorFoto María Luisa Severiano
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Martes 30 de marzo de 2010, p. 10
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) entrega al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), que dirige Víctor Fuentes del Villar, montos equivalentes a 2 por ciento de cada contrato que firma con las empresas “contratistas”, con la finalidad de que deje operar a estas compañías y se fomente la privatización.
Se trata de una “compensación monetaria” a ese sindicato por aceptar la privatización del sector eléctrico en el país, denunció el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores. En conferencia de prensa ofrecida en la sede del SME planteó que “el actual secretario general del SUTERM, Víctor Fuentes, acepta la cantidad de 2 por ciento sobre el monto de cada obra, así como 2 por ciento del costo de los 773 permisos otorgados a las empresas trasnacionales para la generación de energía eléctrica, siendo cómplice de la privatización, junto con el director general de la CFE, Alfredo Elías Ayub”.
Esparza dijo que de esta acción fue informado por el anterior subsecretario de Gobernación Gerónimo Gutiérrez, quien incluso señaló que la entrega de estos recursos no está admitidos en el contrato colectivo de trabajo y se brinda de manera directa al sindicato. Pero sobre todo, le dijo que “se puede legalizar el contratismo”.
El dirigente dio a conocer ayer fotografías con las que quiere demostrar que una de las instalaciones donde están las secciones 57, 123 y 186 del SUTERM en el estado de Hidalgo, ubicadas en la colonia Montecillo, en Tula, se ha convertido en el centro de operación de empresas contratistas y tienen ahí un amplio parque vehicular de camionetas que pertenecían a Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Además de las camionetas, también hay material y equipo de LFC, según sostuvo.
Calificó de “esquirolaje” lo que está haciendo el SUTERM y dijo que este sindicato está permitiendo el robo de la materia de trabajo del SME; además de que está vigente el convenio de delimitación de zonas firmado desde 1985 entre la CFE y LFC. Responsabilizó al secretario del Trabajo, Javier Lozano, de las confrontaciones entre los grupos de trabajadores de ambos gremios, por la defensa de la materia de trabajo.
En su opinión, la serie de violaciones laborales cometidas por el gobierno contra los trabajadores de LFC, no tienen otra motivación que los intereses económicos de grupos empresariales sobre las áreas de distribución y comercialización del servicio de energía eléctrica, de la fibra óptica y del power light comunication en el centro del país.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)