Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), dijo que el monto económico con el que se ha visto afectada la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC) asciende a 5 mil millones de pesos
TOLUCA, Méx.— Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), dijo que el monto económico con el que se ha visto afectada la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC) asciende a 5 mil millones de pesos.
Personas y funcionarios federales que han estado ingresando a los almacenes y han “sustraído” material, vehículos y equipos, por dicho monto, aseguró.
“Tres mil millones de pesos teníamos en los almacenes, mas todo el parque vehicular, herramienta y dinero en efectivo, suma más de 5 mil millones de pesos, lo saqueado”, acusó.
En el interior de la Cámara de Diputados mexiquense y en compañía de Francisco Barragán, diputado local por el Partido del Trabajo (PT), Valentín Pacho, secretario general de la Federación Sindical Mundial, y Luis Zamora, líder del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México, Esparza Flores anunció que en la próxima reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la problemática del SME será un tema central.
Valentín Pacho lamentó el proceder que ha tenido el gobierno mexicano con los trabajadores sindicalizados del SME, que son los productores de la riqueza en empresas públicas y privadas.
“Si la clase dominante piensa que va a ganar, pues se equivocan; en América Latina se vive una nueva situación; en diversos países existen avances por la opción de los cambios y eso es lo que está ocurriendo”, comentó.
Añadió que si la población mexicana tuviera un gobierno que respetara los derechos de las organizaciones sindicales y buscara que el patrimonio de su nación no se privatice y, por el contrario, se nacionalice, se le apoyaría, pero como no es así “ese tipo de gobiernos significa una traición”, comentó el dirigente.
Se congratuló que a más de tres meses de haberse detonado el conflicto en la extinta LyFC, los trabajadores del SME sigan “en pie de lucha”, para exigir sus derechos y buscando que se les restituyan sus fuentes laborales.
EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION SUBESTACIONES TOLUCA CONTINUA EN PIE DE LUCHA CON LA CONVICCION DE OBTENER LA VICTORIA EN LA DEFENSA DE NUESTRO TRABAJO.
EN MEMORIA DE UN MIEMBRO DE OPERACION
DESCANSE EN PAZ EL C. RICARDO GONZALEZ BECERRIL
domingo, 14 de marzo de 2010
colocara el sme el martes las banderas rojinegras en LFC
Se busca resguardar las instalaciones ante el saqueo ilegal, aduce
Prevé intervención policiaca; señala al gobierno si hay “baño de sangre”
Martín Esparza durante la asamblea del SME realizada este sábado en la explanada del estadio AztecaFoto Carlos Cisneros
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 14 de marzo de 2010, p. 7
En un contexto sin precedentes, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) colocará las banderas de huelga el próximo martes en Luz y Fuerza del Centro (LFC), con el fin de “resguardar” las instalaciones de ese organismo, extinto por decreto presidencial hace cinco meses.
Martín Esparza, dirigente del SME, aclaró que no ingresarán a las instalaciones pero se colocarán en las puertas de ellas para evitar la entrada y salida del personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Esa empresa es responsable del suministro de la zona central del país desde el 11 de octubre pasado, y los integrantes del SME advierten que sólo permitirán la entrega de alimentos a los empleados de la CFE que se encuentren adentro al mediodía del martes.
Estas acciones, reconoce el sindicato, harían posible la acción de las fuerzas policiales. “Si quieren baño de sangre, ellos (el gobierno federal) serán los responsables. Nosotros no tenemos armas ni toletes, somos trabajadores luchando para que nos regresen nuestro empleo que nos quitaron de manera fascista, sin derecho de audiencia”, dijo Esparza.
Este sábado los integrantes del SME que permanecen en lucha (sin cobrar su liquidación), así como jubilados de LFC participaron en una magna asamblea general en la explanada del estadio Azteca, donde miles de electricistas aprobaron un plan de acción para estallar la huelga.
También formaron equipos de organización para apersonarse en las entradas de unos 400 centros de operación y administrativos de lo que fue LFC. Durante la asamblea recibieron el apoyo de sindicatos nacionales e internacionales, los cuales los acompañarán en las actividades programadas para el próximo 16 de marzo.
La colocación de banderas rojinegras se sustenta en la certeza del SME de que LFC ha sido saqueada por el propio gobierno, en una estrategia ilegal, porque su definición jurídica, así como el destino de las relaciones laborales en ese organismo es aún materia de análisis en el Poder Judicial.
También argumentan que tienen derecho a estallar la huelga porque hay violaciones a los derechos de más de 20 mil jubilados de LFC, cuyos pagos carecen de garantía financiera para el futuro.
El SME afirmó que el expediente del amparo solicitado ya se encuentra en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esparza aseguró que cuentan con fotos, videos y otras pruebas certificadas ante notario público que evidencian el saqueo, lo cual es motivo suficiente para resguardar las instalaciones.
Previo al estallamiento, el SME entregará a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje un documento con el reglamento para operar esta huelga y, posteriormente, se distribuirán en cada uno de los ingresos de las instalaciones del organismo extinto.
Tanto en entrevista como en las intervenciones de la asamblea, los electricistas ratificaron que el movimiento es pacífico y que ante una tentativa de represión la responsabilidad será del gobierno federal y de sus fuerzas armadas, que tienen la orden de cuidar las instalaciones “sólo de la puerta para atrás”.
Destacaron que los afiliados que no han cobrado su liquidación no son ex empleados, sino trabajadores que mantienen una lucha jurídica en tribunales, mientras que el gobierno se ha dedicado a cometer abusos de autoridad.
La dirigencia del SME, encabezada por Esparza, y sus representados afirmaron que a cinco meses de lucha se encuentran en la “hora decisiva” y continuarán en este movimiento con el apoyo de otras organizaciones, en lo que han denominado huelga política nacional.
Anunciaron que habrá actividades en todas las entidades del país, de quienes apoyan a los electricistas y a los mineros de Cananea, que defienden el derecho a la huelga.
Frente a miles de electricistas, Esparza pidió que vayan “con la frente en alto y el corazón caliente, porque Felipe Calderón no va a pasar sobre este sindicato de 95 años de lucha e historia.
“Hagámoslo por nuestros fundadores, por quienes han muerto, por las compañeras que estuvieron en huelga de hambre, por todos nosotros, sigamos adelante”, expresó.
Hubo diversas propuestas de los oradores, desde algunas para buscar un “pacto de amistad” con el sindicato de la CFE (SUTERM), hasta ser cuidadosos y tomar fotografías y videos al advertir una posible “represión” gubernamental.
Prevé intervención policiaca; señala al gobierno si hay “baño de sangre”
Martín Esparza durante la asamblea del SME realizada este sábado en la explanada del estadio AztecaFoto Carlos Cisneros
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 14 de marzo de 2010, p. 7
En un contexto sin precedentes, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) colocará las banderas de huelga el próximo martes en Luz y Fuerza del Centro (LFC), con el fin de “resguardar” las instalaciones de ese organismo, extinto por decreto presidencial hace cinco meses.
Martín Esparza, dirigente del SME, aclaró que no ingresarán a las instalaciones pero se colocarán en las puertas de ellas para evitar la entrada y salida del personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Esa empresa es responsable del suministro de la zona central del país desde el 11 de octubre pasado, y los integrantes del SME advierten que sólo permitirán la entrega de alimentos a los empleados de la CFE que se encuentren adentro al mediodía del martes.
Estas acciones, reconoce el sindicato, harían posible la acción de las fuerzas policiales. “Si quieren baño de sangre, ellos (el gobierno federal) serán los responsables. Nosotros no tenemos armas ni toletes, somos trabajadores luchando para que nos regresen nuestro empleo que nos quitaron de manera fascista, sin derecho de audiencia”, dijo Esparza.
Este sábado los integrantes del SME que permanecen en lucha (sin cobrar su liquidación), así como jubilados de LFC participaron en una magna asamblea general en la explanada del estadio Azteca, donde miles de electricistas aprobaron un plan de acción para estallar la huelga.
También formaron equipos de organización para apersonarse en las entradas de unos 400 centros de operación y administrativos de lo que fue LFC. Durante la asamblea recibieron el apoyo de sindicatos nacionales e internacionales, los cuales los acompañarán en las actividades programadas para el próximo 16 de marzo.
La colocación de banderas rojinegras se sustenta en la certeza del SME de que LFC ha sido saqueada por el propio gobierno, en una estrategia ilegal, porque su definición jurídica, así como el destino de las relaciones laborales en ese organismo es aún materia de análisis en el Poder Judicial.
También argumentan que tienen derecho a estallar la huelga porque hay violaciones a los derechos de más de 20 mil jubilados de LFC, cuyos pagos carecen de garantía financiera para el futuro.
El SME afirmó que el expediente del amparo solicitado ya se encuentra en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esparza aseguró que cuentan con fotos, videos y otras pruebas certificadas ante notario público que evidencian el saqueo, lo cual es motivo suficiente para resguardar las instalaciones.
Previo al estallamiento, el SME entregará a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje un documento con el reglamento para operar esta huelga y, posteriormente, se distribuirán en cada uno de los ingresos de las instalaciones del organismo extinto.
Tanto en entrevista como en las intervenciones de la asamblea, los electricistas ratificaron que el movimiento es pacífico y que ante una tentativa de represión la responsabilidad será del gobierno federal y de sus fuerzas armadas, que tienen la orden de cuidar las instalaciones “sólo de la puerta para atrás”.
Destacaron que los afiliados que no han cobrado su liquidación no son ex empleados, sino trabajadores que mantienen una lucha jurídica en tribunales, mientras que el gobierno se ha dedicado a cometer abusos de autoridad.
La dirigencia del SME, encabezada por Esparza, y sus representados afirmaron que a cinco meses de lucha se encuentran en la “hora decisiva” y continuarán en este movimiento con el apoyo de otras organizaciones, en lo que han denominado huelga política nacional.
Anunciaron que habrá actividades en todas las entidades del país, de quienes apoyan a los electricistas y a los mineros de Cananea, que defienden el derecho a la huelga.
Frente a miles de electricistas, Esparza pidió que vayan “con la frente en alto y el corazón caliente, porque Felipe Calderón no va a pasar sobre este sindicato de 95 años de lucha e historia.
“Hagámoslo por nuestros fundadores, por quienes han muerto, por las compañeras que estuvieron en huelga de hambre, por todos nosotros, sigamos adelante”, expresó.
Hubo diversas propuestas de los oradores, desde algunas para buscar un “pacto de amistad” con el sindicato de la CFE (SUTERM), hasta ser cuidadosos y tomar fotografías y videos al advertir una posible “represión” gubernamental.
La acción del sindicato, legítima al seguir vigente el contrato: abogado
La relación laboral sigue en tanto la Corte no resuelva lo contrario
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 14 de marzo de 2010, p. 7
Cada dos años, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) emplazaba a huelga a Luz y Fuerza del Centro (LFC) por revisión de contrato colectivo, violaciones al mismo o por aumento salarial.
Este año, frente a un decreto presidencial que extinguió LFC, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) rechazó la solicitud del SME y mandó el caso al archivo.
Los electricistas se ampararon el viernes ante un juzgado federal y, con base en ello, irán a huelga.
En un escenario ordinario, actuarios de la JFCA supervisarían, incluso, junto con los trabajadores y representantes de la empresa, la colocación de sellos para suspender las actividades y designar a un grupo que garantizara la continuidad del suministro en áreas y servicios básicos.
Sin embargo, hoy los trabajadores planean estar afuera de las instalaciones de la extinta LFC con sus banderas rojinegras porque, afirman, la relación laboral continúa, en tanto que el Poder Judicial, a través de un fallo inapelable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no resuelva en sentido contrario.
Carlos de Buen, del equipo de abogados del SME, dijo que este movimiento será “extraño, anómalo”, porque la Ley Federal del Trabajo establece que una huelga es la suspensión de actividades y, en este caso, los integrantes del SME actualmente no están prestando sus servicios.
No obstante, señaló, se trata de una lucha legítima del sindicato y de sus integrantes porque existe un “decreto subjudice”, es decir, no se ha definido si se concede o no el amparo a los electricistas, de ahí que la empresa existe y el contrato colectivo tiene vigencia hasta el 16 de marzo.
En cambio, el gobierno considera que el contrato colectivo se extinguió junto con LFC y, por lo tanto, no existe sustento alguno para iniciar una huelga.
De Buen explicó que la huelga forma parte de una medida de presión política para demostrar que continúan aquí y la gente sigue nutriendo a ese movimiento.
En curso también está el análisis respecto al papel de la Comisión Federal de Electricidad como patrón sustituto, porque el Ejecutivo le entregó directamente la operación de LFC y no se ha interrumpido el suministro de energía eléctrica en la zona central del país.
A diferencia de lo que ocurriría en un contexto normal, la JFCA no hará nada por garantizar los derechos de los trabajadores porque se trata de un tribunal parcial, protector de los intereses gubernamentales, agregó el abogado.
Es decir, estamos ante un “absurdo generado por el propio gobierno. Se trata de una lucha política del sindicato porque la lucha jurídica está en la SCJN, la cual, ha incurrido en situaciones anómalas al pedirle al tribunal colegiado que le envíe el expediente con los temas que dejó pendientes el juzgado federal. El problema es que cuando resuelva la Corte no habrá a quién reclamarle”.
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 14 de marzo de 2010, p. 7
Cada dos años, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) emplazaba a huelga a Luz y Fuerza del Centro (LFC) por revisión de contrato colectivo, violaciones al mismo o por aumento salarial.
Este año, frente a un decreto presidencial que extinguió LFC, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) rechazó la solicitud del SME y mandó el caso al archivo.
Los electricistas se ampararon el viernes ante un juzgado federal y, con base en ello, irán a huelga.
En un escenario ordinario, actuarios de la JFCA supervisarían, incluso, junto con los trabajadores y representantes de la empresa, la colocación de sellos para suspender las actividades y designar a un grupo que garantizara la continuidad del suministro en áreas y servicios básicos.
Sin embargo, hoy los trabajadores planean estar afuera de las instalaciones de la extinta LFC con sus banderas rojinegras porque, afirman, la relación laboral continúa, en tanto que el Poder Judicial, a través de un fallo inapelable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no resuelva en sentido contrario.
Carlos de Buen, del equipo de abogados del SME, dijo que este movimiento será “extraño, anómalo”, porque la Ley Federal del Trabajo establece que una huelga es la suspensión de actividades y, en este caso, los integrantes del SME actualmente no están prestando sus servicios.
No obstante, señaló, se trata de una lucha legítima del sindicato y de sus integrantes porque existe un “decreto subjudice”, es decir, no se ha definido si se concede o no el amparo a los electricistas, de ahí que la empresa existe y el contrato colectivo tiene vigencia hasta el 16 de marzo.
En cambio, el gobierno considera que el contrato colectivo se extinguió junto con LFC y, por lo tanto, no existe sustento alguno para iniciar una huelga.
De Buen explicó que la huelga forma parte de una medida de presión política para demostrar que continúan aquí y la gente sigue nutriendo a ese movimiento.
En curso también está el análisis respecto al papel de la Comisión Federal de Electricidad como patrón sustituto, porque el Ejecutivo le entregó directamente la operación de LFC y no se ha interrumpido el suministro de energía eléctrica en la zona central del país.
A diferencia de lo que ocurriría en un contexto normal, la JFCA no hará nada por garantizar los derechos de los trabajadores porque se trata de un tribunal parcial, protector de los intereses gubernamentales, agregó el abogado.
Es decir, estamos ante un “absurdo generado por el propio gobierno. Se trata de una lucha política del sindicato porque la lucha jurídica está en la SCJN, la cual, ha incurrido en situaciones anómalas al pedirle al tribunal colegiado que le envíe el expediente con los temas que dejó pendientes el juzgado federal. El problema es que cuando resuelva la Corte no habrá a quién reclamarle”.
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