Las abajo firmantes ciudadanas mexicanas en el ejercicio
Plenos de nuestros derechos constitucionales demandamos lo
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A quien corresponda:
Hoy vemos con tristeza como nuestro país esta convulsionado, despidos masivos (SME, Huelga de mineros,), violencia indiscriminada, derechos mutilados, niños muertos, el narco sin freno, el ejercito de la policía vejando a la población, la prensa escrita (con honrosas excepciones), la televisión y la radio vendida de los poderoso. Las mentiras se vuelven verdades y las verdades mentiras.
Da indignación ver como no hay ninguna institución que esté del lado del pueblo no con paternalismo ni populismo, sino por justicia.
Con decepción vemos que las instituciones son parte de esta maquiavélica situación, se escudan en que solo pueden dar recomendaciones para lavarse las manos y no asumir su responsabilidad ante la grave situación que vive el país.
Tal vez asumen. Esa actitud por que a ustedes no les han matado un hijo, tienen un empleo seguro y bien pagado, además de una vivienda digna y que comer.
Nosotros las abajo firmantes somos esposas, madres, hijas, tías, sobrinas, hermanas, suegras, cuñadas, abuelas y amigas de los trabajadores y trabajadoras del Sindicato Mexicano de Electricistas, denunciamos que a 6 meses del inconstitucional decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, el gobierno de Felipe Calderón con sus funcionarios no han tenido la voluntad política para dar una salida al conflicto que ellos crearon, también denunciamos que ustedes se han convertido en cómplices al no denunciar la violación sistemática de los derechos de los trabajadores y sus familias, como son el derecho de un trabajo digno, los trabajadores electricistas son obreros calificados, por eso rechazamos la salida de Javier Lozano de quererlos convertir en subempleados, no vivimos en una economía de trueque de lo que genera riquezas en un país, es el empleo.
Han violentado el derecho de decidir el rumbo de nuestra vida, cambiando de la noche a la mañana nuestra forma de vida diciéndonos en que debemos trabajar y ahora como debemos vivir.
Sabían que compañeros se han suicidado por desesperanza, que hay parejas que se han separado por la disyuntiva de liquidarse o no, que los niños y los jóvenes han sido blanco de burla en las escuelas, nos han dicho rateros, flojos, abusivos, corruptos y mal nacidos, además que por esto familias enteras han caído en depresión.
¿Quién va a responder por este daño? ¿Ustedes que van a hacer? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Callan por que el dinero pesa y vale más que la dignidad? ¿A quien representan y a quien defienden?
Es cómodo decir que nos hacemos las victimas, los invitas a que vallan y pidan trabajo y digan que trabajaron en Luz y Fuerza y se los nieguen así como a sus esposas y familiares.
Los funcionarios de esto no saben por que ganan sueldos millonarios, sus hijos van a escuelas exclusivas y sus despensas se desparraman. Nos gustaría que por un día vivieran con $50 o menos, que los hijos dejaran de estudiar por que no hay para los pasajes ni para una buena alimentación. Los retamos a hacer una comparación de su calidad de vida con la de la clase trabajadora.
Nosotros no queremos privilegios ni trato preferencial lo único que exigimos es que devuelvan el empleo que injustificadamente se les quito, así como el respeto a las leyes de este país.
No entendemos por que en una Comisión de Derechos Humanos donde la empatía con el otro es importante, donde los principios humanos y morales son indispensables, no hay eco a los reclamos de la gente, o acaso su empatía es solo con el poder, sus principios son, que lo que, se compra esta en una alta estima, nosotras les decimos que todo lo barato es lo que lo que se compra con dinero lo caro es la dignidad el amor a los electricistas y al pueblo, la solidaridad con las muertas de Juárez, con los familiares de los jóvenes asesinados, de los bebes muertos en la guardería ABC, los indígenas, los que están en huelga y muchos otros.
Todo lo anterior hace que nos levantemos y podamos mirarnos al espejo y mirar a nuestras familias a la cara, ojala ustedes hacer lo mismo sin que les de vergüenza.
Aclaramos, nosotras no vivimos en Calderolandia, no nos tragamos las mentiras de este gobierno fascista. Ustedes forman parte de este gobierno ¿hasta donde nos van a llevar?
El país es un polvorín ustedes pueden contribuir a ir desactivando tanto enojo de la sociedad, esperemos que no estén maquilando consciente e inconscientemente la destrucción irreversible de nuestro país, y si el puesto les queda grande renuncien.
Si un dejo de dignidad hay en ustedes esperemos que tomen cartas en este y otros asuntos y nos sintamos orgullosos de ustedes.
1.-Por la intervención de las instituciones correspondientes para la pronta solución del conflicto de las y los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas.
2.-Por el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia para que se detenga la sistemática violación de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes.
3.-Por una salida pacifica, digna y sin humillación para los trabajadores y sus familias.
4.-Por la no represión a nuestro movimiento y el alto a cualquier intento de sacar ordenes de aprehensión contra integrantes del SME y organizaciones solidarias.
ATTE: “FAMILIAS EN PIE DE LUCHA CON EL S.M.E”
EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION SUBESTACIONES TOLUCA CONTINUA EN PIE DE LUCHA CON LA CONVICCION DE OBTENER LA VICTORIA EN LA DEFENSA DE NUESTRO TRABAJO.
EN MEMORIA DE UN MIEMBRO DE OPERACION
DESCANSE EN PAZ EL C. RICARDO GONZALEZ BECERRIL
domingo, 18 de abril de 2010
la sensura en mexico por temor a que el pueblo despierte
Publicado por Zusauker
El 7 de abril, el presidente Kurmanbek Bakiyev fue derrocado por su ex Ministra de Asuntos Exteriores quien le acusa de querer provocar una guerra civil.
Esta noticia fue públicada en varios periodicos y transmitida en varias televisoras, lo que provocó descontento por parte del Gobierno Mexicano.
El Gobierno de México decidio sensurar esta noticia calificandola de inapropiada para la situación que se vive en el país y en cambio nos sigue regalando una obra de teatro llamada "EL ASESINATO DE PAULETTE" que su única finalidad es la de justificar la entrada del FBI a la Ciudad de México.
Cabe mencionar que el golpe de estado sufrido en Kirguistán, casualmente fue provocado por la falta de empleo, la corrupción en votaciones presidenciales, la entrada a ese país de fuerzas armadas estadounidenses, la inseguridad y la militarización y uso de la fuerza poiliciaca para reprimir a manifestantes.
Esta noticia la sensuraron ¿ por que no es apta para la situación que enfrenta el país o por que no le conviene que la gente se entere que en México está pasando lo mismo que en Kirguistán y el Gobierno teme una respuesta similar por parte de los habitantes ?
El 7 de abril, el presidente Kurmanbek Bakiyev fue derrocado por su ex Ministra de Asuntos Exteriores quien le acusa de querer provocar una guerra civil.
Esta noticia fue públicada en varios periodicos y transmitida en varias televisoras, lo que provocó descontento por parte del Gobierno Mexicano.
El Gobierno de México decidio sensurar esta noticia calificandola de inapropiada para la situación que se vive en el país y en cambio nos sigue regalando una obra de teatro llamada "EL ASESINATO DE PAULETTE" que su única finalidad es la de justificar la entrada del FBI a la Ciudad de México.
Cabe mencionar que el golpe de estado sufrido en Kirguistán, casualmente fue provocado por la falta de empleo, la corrupción en votaciones presidenciales, la entrada a ese país de fuerzas armadas estadounidenses, la inseguridad y la militarización y uso de la fuerza poiliciaca para reprimir a manifestantes.
Esta noticia la sensuraron ¿ por que no es apta para la situación que enfrenta el país o por que no le conviene que la gente se entere que en México está pasando lo mismo que en Kirguistán y el Gobierno teme una respuesta similar por parte de los habitantes ?
Las fuerzas armadas a los cuarteles
Arnaldo Córdova
Una percepción generalizada en la sociedad sobre la guerra en contra del narcotráfico indica que es muy claro que esa guerra se ha convertido en una guerra en contra de la sociedad en su conjunto. No hay otro modo de verlo. Lo que nuestros generales llaman bajas o daños colaterales” es una gringada inventada para justificar las atrocidades que algunos militares cometen en contra de la sociedad. Esa llamada “guerra” es ya, en sí misma, un problema atroz para todos nosotros. Se ha sustituido otra gringada como lo es la guerra en contra del terrorismo en un concepto que niega no sólo el estado de derecho en nuestro país, sino la misma idea de la convivencia y de la vida social. Los narcos no son marcianos. Muchos podrán ser extranjeros, pero son casi todos mexicanos.
En todo caso, es un concepto arraigado en la mente de los gobernantes panistas muy desafortunado. Los delincuentes mexicanos deben ser punidos por la ley porque son infractores de la misma. No se trata, empero, de una “guerra”. Ésta se da contra enemigos de la nación y en los disturbios internos que contempla el artículo 29 constitucional no se trata de una guerra, sino de la represión o la punición de actos que van en contra del orden establecido y de la legalidad. Toda proclamada “guerra” en contra de delincuentes mexicanos (aunque, hoy por hoy, sean los reyes del narcotráfico internacional), como lo ha hecho Felipe Calderón, es una declaración franca y abierta de guerra civil.
Eso es lo que estamos viviendo, una verdadera guerra civil y, lo que es peor, sin una causa política que sea identificable. La acción represiva y correccional del Estado no es una guerra sino una acción de gobierno. Cuesta trabajo advertirlo, porque se nos han olvidado los principios fundadores del derecho penal moderno a los que nos debemos institucionalmente. Vivimos una guerra civil declarada por el Estado gobernado por los panistas a la que se han prestado alegremente nuestras fuerzas armadas. Muchos funcionarios, incluso, se alegran de que haya tantas muertes. Después de todo, dicen, los narcos se están matando entre ellos. Los hechos muestran que no es así y que la mayoría de los muertos son inocentes.
Con nuestros militares tenemos varios graves problemas. En primer lugar, sólo sus oficialidades forman lo que más se parece a un esprit de corp, lo que quiere decir conciencia de pertenecer a un organismo especial, pero no así la tropa. Ésta está formada, como lo ha señalado con atingencia el joven investigador Raúl Benítez, por individuos de muy baja escolaridad y de muy rústica formación cultural. Él ha encontrado que la mayoría de sus elementos entran al Ejército para hacer ahorros y luego emigrar como trabajadores a Estados Unidos. Muchos se enrolan en las filas de la delincuencia organizada; pero no son una mayoría. Eso es una creencia que debe corregirse.
Yo me inclino a pensar que esa no es una situación general. No creo que lo sea en la Marina ni en la Fuerza Aérea. En ellas se hacen especialidades que forman oficios más sofisticados que el mero uso de las armas. Pero en el ejército de tierra la situación prevaleciente se da como un ente informe que tiene cabeza pero un cuerpo fluido y sin contextura. Una cabeza, los mandos militares, que no cuentan con una fuerza permanente, sino una especie de canal por el que pasan continuamente hombres y mujeres que no aspiran de verdad a ser militares de carrera, sino que buscan sólo una ocupación ocasional.
Hubo una época en nuestra historia, durante la Revolución y las tres décadas que le siguieron, en la que nuestros militares eran, a la vez, los mejores políticos del país. Tal vez fue porque ninguno de ellos era militar de carrera sino políticos civiles que tuvieron que meterse a militares. Pero hoy, con un Ejército sometido a las autoridades civiles, aunque sólo sus comandantes puedan ejercer los ministerios de gobierno de las fuerzas armadas (indebidamente, por cierto), se muestra cada vez más que nuestros militares, de política, no saben mucho.
La demanda del general Galván de un marco jurídico que regule la participación de los militares en el combate al narcotráfico es ociosa por sí misma, pues ese marco ya existe, sólo que, por principio, no contempla esa participación porque el Ejército no está hecho para ese tipo de lucha. Se ha dicho hasta el cansancio y, la verdad sea dicha, el verdadero interés de los generales es que no haya modo de juzgarlos en el futuro por las violaciones a los derechos humanos y a la Constitución y sus leyes en sus operativos en contra del crimen organizado.
Menos mal que comienzan a aceptar que los militares infractores del orden jurídico deben ser juzgados por jueces naturales, vale decir, civiles, y que el fuero de guerra, como se le llama, debe circunscribirse exclusivamente a faltas en contra de la disciplina militar. La demanda generalizada de la sociedad en el sentido de que los militares deben volver a sus cuarteles y dedicarse sólo a las tareas que la Constitución y el derecho les asignan ha encontrado eco en el Senado, que se ha declarado, primero, porque en sesenta días se retiren los soldados de las calles y de los pueblos y, luego, que ello ocurra en no más de treinta. El hecho patente es que desde que se aparecen los militares en algún lugar comienza la carnicería de civiles que se presumen inocentes.
Si el espíritu institucional de las fuerzas armadas se diera no únicamente como devoción al titular del Ejecutivo sino, y sobre todo, a las instituciones de la República, el general Galván no debería temer que en el futuro se juzgue a sus colegas por los delitos en que hoy puedan incurrir, sino más bien a que se les involucre en una batalla que no es de ellos y, lo que es peor, está corrompiendo y degradando a nuestro instituto armado. Claro que no pueden hacer a menos obedecer al jefe supremo de las fuerzas armadas en cuanto éste les ordena entrar en operativos en contra de la delincuencia organizada; pero podrían mostrar su desacuerdo, en caso de que se diera, y el mismo Presidente estaría obligado a atenderlos.
La Revolución Mexicana nos heredó la idea que luego se arraigó en la conciencia ciudadana de que el nuestro había dejado de ser un ejército de casta para convertirse en un ejército del pueblo, de ciudadanos armados, como decía el general Cárdenas. Para todos fue un orgullo ver marchar en los desfiles a nuestros soldados y a nuestros marinos y, fuera de eso, no se les veía más que en los cuarteles o los campos militares. Hoy esa percepción se ha tornado algo de verdad lastimoso. Ahora nos aterrorizan cuando nos los encontramos en las calles o las carreteras. Y es de eso de lo que los generales deberían estar preocupados, no de ser juzgados por sus delitos en el futuro.
Una percepción generalizada en la sociedad sobre la guerra en contra del narcotráfico indica que es muy claro que esa guerra se ha convertido en una guerra en contra de la sociedad en su conjunto. No hay otro modo de verlo. Lo que nuestros generales llaman bajas o daños colaterales” es una gringada inventada para justificar las atrocidades que algunos militares cometen en contra de la sociedad. Esa llamada “guerra” es ya, en sí misma, un problema atroz para todos nosotros. Se ha sustituido otra gringada como lo es la guerra en contra del terrorismo en un concepto que niega no sólo el estado de derecho en nuestro país, sino la misma idea de la convivencia y de la vida social. Los narcos no son marcianos. Muchos podrán ser extranjeros, pero son casi todos mexicanos.
En todo caso, es un concepto arraigado en la mente de los gobernantes panistas muy desafortunado. Los delincuentes mexicanos deben ser punidos por la ley porque son infractores de la misma. No se trata, empero, de una “guerra”. Ésta se da contra enemigos de la nación y en los disturbios internos que contempla el artículo 29 constitucional no se trata de una guerra, sino de la represión o la punición de actos que van en contra del orden establecido y de la legalidad. Toda proclamada “guerra” en contra de delincuentes mexicanos (aunque, hoy por hoy, sean los reyes del narcotráfico internacional), como lo ha hecho Felipe Calderón, es una declaración franca y abierta de guerra civil.
Eso es lo que estamos viviendo, una verdadera guerra civil y, lo que es peor, sin una causa política que sea identificable. La acción represiva y correccional del Estado no es una guerra sino una acción de gobierno. Cuesta trabajo advertirlo, porque se nos han olvidado los principios fundadores del derecho penal moderno a los que nos debemos institucionalmente. Vivimos una guerra civil declarada por el Estado gobernado por los panistas a la que se han prestado alegremente nuestras fuerzas armadas. Muchos funcionarios, incluso, se alegran de que haya tantas muertes. Después de todo, dicen, los narcos se están matando entre ellos. Los hechos muestran que no es así y que la mayoría de los muertos son inocentes.
Con nuestros militares tenemos varios graves problemas. En primer lugar, sólo sus oficialidades forman lo que más se parece a un esprit de corp, lo que quiere decir conciencia de pertenecer a un organismo especial, pero no así la tropa. Ésta está formada, como lo ha señalado con atingencia el joven investigador Raúl Benítez, por individuos de muy baja escolaridad y de muy rústica formación cultural. Él ha encontrado que la mayoría de sus elementos entran al Ejército para hacer ahorros y luego emigrar como trabajadores a Estados Unidos. Muchos se enrolan en las filas de la delincuencia organizada; pero no son una mayoría. Eso es una creencia que debe corregirse.
Yo me inclino a pensar que esa no es una situación general. No creo que lo sea en la Marina ni en la Fuerza Aérea. En ellas se hacen especialidades que forman oficios más sofisticados que el mero uso de las armas. Pero en el ejército de tierra la situación prevaleciente se da como un ente informe que tiene cabeza pero un cuerpo fluido y sin contextura. Una cabeza, los mandos militares, que no cuentan con una fuerza permanente, sino una especie de canal por el que pasan continuamente hombres y mujeres que no aspiran de verdad a ser militares de carrera, sino que buscan sólo una ocupación ocasional.
Hubo una época en nuestra historia, durante la Revolución y las tres décadas que le siguieron, en la que nuestros militares eran, a la vez, los mejores políticos del país. Tal vez fue porque ninguno de ellos era militar de carrera sino políticos civiles que tuvieron que meterse a militares. Pero hoy, con un Ejército sometido a las autoridades civiles, aunque sólo sus comandantes puedan ejercer los ministerios de gobierno de las fuerzas armadas (indebidamente, por cierto), se muestra cada vez más que nuestros militares, de política, no saben mucho.
La demanda del general Galván de un marco jurídico que regule la participación de los militares en el combate al narcotráfico es ociosa por sí misma, pues ese marco ya existe, sólo que, por principio, no contempla esa participación porque el Ejército no está hecho para ese tipo de lucha. Se ha dicho hasta el cansancio y, la verdad sea dicha, el verdadero interés de los generales es que no haya modo de juzgarlos en el futuro por las violaciones a los derechos humanos y a la Constitución y sus leyes en sus operativos en contra del crimen organizado.
Menos mal que comienzan a aceptar que los militares infractores del orden jurídico deben ser juzgados por jueces naturales, vale decir, civiles, y que el fuero de guerra, como se le llama, debe circunscribirse exclusivamente a faltas en contra de la disciplina militar. La demanda generalizada de la sociedad en el sentido de que los militares deben volver a sus cuarteles y dedicarse sólo a las tareas que la Constitución y el derecho les asignan ha encontrado eco en el Senado, que se ha declarado, primero, porque en sesenta días se retiren los soldados de las calles y de los pueblos y, luego, que ello ocurra en no más de treinta. El hecho patente es que desde que se aparecen los militares en algún lugar comienza la carnicería de civiles que se presumen inocentes.
Si el espíritu institucional de las fuerzas armadas se diera no únicamente como devoción al titular del Ejecutivo sino, y sobre todo, a las instituciones de la República, el general Galván no debería temer que en el futuro se juzgue a sus colegas por los delitos en que hoy puedan incurrir, sino más bien a que se les involucre en una batalla que no es de ellos y, lo que es peor, está corrompiendo y degradando a nuestro instituto armado. Claro que no pueden hacer a menos obedecer al jefe supremo de las fuerzas armadas en cuanto éste les ordena entrar en operativos en contra de la delincuencia organizada; pero podrían mostrar su desacuerdo, en caso de que se diera, y el mismo Presidente estaría obligado a atenderlos.
La Revolución Mexicana nos heredó la idea que luego se arraigó en la conciencia ciudadana de que el nuestro había dejado de ser un ejército de casta para convertirse en un ejército del pueblo, de ciudadanos armados, como decía el general Cárdenas. Para todos fue un orgullo ver marchar en los desfiles a nuestros soldados y a nuestros marinos y, fuera de eso, no se les veía más que en los cuarteles o los campos militares. Hoy esa percepción se ha tornado algo de verdad lastimoso. Ahora nos aterrorizan cuando nos los encontramos en las calles o las carreteras. Y es de eso de lo que los generales deberían estar preocupados, no de ser juzgados por sus delitos en el futuro.
Ilegal, contratar a particulares para generar energía: SME
Se viola el artículo 27 constitucional, asegura el sindicato
El SME alertó a diputados sobre violaciones a la Carta Magna. La imagen corresponde a una marcha de electricistas en marzo pasadoFoto Yazmín Ortega Cortés
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 18 de abril de 2010, p. 17
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) alertó a la comisión especial de diputados que atiende el caso de Luz y Fuerza del Centro (LFC) que el otorgamiento de contratos a empresas privadas para operar directamente el suministro de energía eléctrica en la zona central del país viola la Constitución y las leyes que rigen este sector.
Este mes, el gobierno federal anunció que ya había unas 30 franquicias listas para operar como proveedores y prestadores de servicio que pueden ser entregados a trabajadores de LFC. Además, un grupo de empleados, encabezado por Alejandro Muñoz, dijo que hay más de 20 empresas constituidas para empezar a laborar lo mismo en la poda de árboles que en planes para invertir en la hidroeléctrica Necaxa.
En tanto, los electricistas encabezados por Martín Esparza alertaron que el 13 de octubre pasado, el actual subsecretario de Gobierno, Roberto Gil, entonces diputado del PAN, presentó una iniciativa de reforma para regular a prestadores de servicio en energía eléctrica.
Aunque hasta el momento no ha prosperado tal propuesta, el SME pidió a la comisión legislativa citada tomar en cuenta este punto que, en su opinión, violaría flagrantemente el artículo 27 de la Constitución, el cual señala que “corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieren para dichos fines”.
El SME insistió ante la comisión plural, encabezada por el diputado Amador Monroy, que se llame a comparecer al titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, órgano liquidador de LFC, porque hay un “desmantelamiento ilegal del organismo”.
Corregir la plana
A seis meses del decreto presidencial de extinción de LFC, los electricistas que no han aceptado su liquidación (poco más de 17 mil, de una plantilla de 44 mil 900 trabajadores) reiteraron su oposición a que se otorguen contratos a particulares “llámense como se llamen”.
En una carta enviada al diputado Monroy, el SME –a través de su comisión autónoma de justicia– señala que ante los planes del Ejecutivo para entregar contratos queda al Poder Legislativo “corregir la plana a quienes están empeñados en destruir a nuestra industria eléctrica nacionalizada”.
Una gran cantidad de trabajadores, agregan en la carta, decidimos mantenernos dentro de las filas del SME porque creemos que aún es posible el respeto a la legalidad constitucional.
En tanto, luego del anuncio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, respecto al aumento a las cuotas de jubilación de los trabajadores en retiro de LFC, sólo con base en el porcentaje de inflación, integrantes de diversos grupos de electricistas en esta condición se reunirán este lunes para definir una estrategia en defensa de los beneficios que les otorgaban, a través del contrato colectivo firmado entre su sindicato y LFC.
El SME alertó a diputados sobre violaciones a la Carta Magna. La imagen corresponde a una marcha de electricistas en marzo pasadoFoto Yazmín Ortega Cortés
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 18 de abril de 2010, p. 17
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) alertó a la comisión especial de diputados que atiende el caso de Luz y Fuerza del Centro (LFC) que el otorgamiento de contratos a empresas privadas para operar directamente el suministro de energía eléctrica en la zona central del país viola la Constitución y las leyes que rigen este sector.
Este mes, el gobierno federal anunció que ya había unas 30 franquicias listas para operar como proveedores y prestadores de servicio que pueden ser entregados a trabajadores de LFC. Además, un grupo de empleados, encabezado por Alejandro Muñoz, dijo que hay más de 20 empresas constituidas para empezar a laborar lo mismo en la poda de árboles que en planes para invertir en la hidroeléctrica Necaxa.
En tanto, los electricistas encabezados por Martín Esparza alertaron que el 13 de octubre pasado, el actual subsecretario de Gobierno, Roberto Gil, entonces diputado del PAN, presentó una iniciativa de reforma para regular a prestadores de servicio en energía eléctrica.
Aunque hasta el momento no ha prosperado tal propuesta, el SME pidió a la comisión legislativa citada tomar en cuenta este punto que, en su opinión, violaría flagrantemente el artículo 27 de la Constitución, el cual señala que “corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieren para dichos fines”.
El SME insistió ante la comisión plural, encabezada por el diputado Amador Monroy, que se llame a comparecer al titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, órgano liquidador de LFC, porque hay un “desmantelamiento ilegal del organismo”.
Corregir la plana
A seis meses del decreto presidencial de extinción de LFC, los electricistas que no han aceptado su liquidación (poco más de 17 mil, de una plantilla de 44 mil 900 trabajadores) reiteraron su oposición a que se otorguen contratos a particulares “llámense como se llamen”.
En una carta enviada al diputado Monroy, el SME –a través de su comisión autónoma de justicia– señala que ante los planes del Ejecutivo para entregar contratos queda al Poder Legislativo “corregir la plana a quienes están empeñados en destruir a nuestra industria eléctrica nacionalizada”.
Una gran cantidad de trabajadores, agregan en la carta, decidimos mantenernos dentro de las filas del SME porque creemos que aún es posible el respeto a la legalidad constitucional.
En tanto, luego del anuncio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, respecto al aumento a las cuotas de jubilación de los trabajadores en retiro de LFC, sólo con base en el porcentaje de inflación, integrantes de diversos grupos de electricistas en esta condición se reunirán este lunes para definir una estrategia en defensa de los beneficios que les otorgaban, a través del contrato colectivo firmado entre su sindicato y LFC.
Mentira, que la mayoría de víctimas de la violencia sean delincuentes, señalan ONG
En Ciudad Juárez “vivimos con miedo a los fuegos cruzados”, sostienen activistas
Critican a Calderón por minimizar las muertes de civiles derivadas del combate al narcotráfico
Los restos de Alexander Cervantes Elena, comandante de la Policía Municipal de Guadalajara, Jalisco, asesinado el jueves por la noche, fueron sepultados ayer en esa ciudad, luego de una misa de cuerpo presenteFoto Notimex
Carolina Gómez Mena
Periódico La Jornada
Domingo 18 de abril de 2010, p. 6
En Ciudad Juárez, Chihuahua, las cifras de las muertes derivadas de la guerra contra el narcotráfico “hablan por sí solas respecto de que ésta no está dando resultados, pues la violencia y las violaciones a los derechos humanos continúan”, criticaron defensores de garantías fundamentales. Expusieron que en la urbe fronteriza “se vive con vulnerabilidad y miedo”, así como “en estado de pánico” constantes.
Evodia Chaparro, integrante del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, refirió en conferencia de prensa que los decesos de civiles evidencian, más allá de los discursos, lo que ocurre en esa ciudad tras la llegada del Ejército en 2008 para combatir el narcotráfico, tarea que ahora comanda la Policía Federal.
“En 2007, antes de la llegada del Ejército, aproximadamente fueron 307 muertes. En 2008 aumentaron a mil 607, y el año pasado fueron 2 mil 600. Esto nos demuestra claramente que el Ejército no está dando resultados”, se afirmó durante la clausura del tercer Encuentro Nacional de Defensores(as) de Derechos Humanos: La labor de los defensores de derechos humanos, una tarea peligrosa.
Chaparro apuntó que “Ciudad Juárez no es un lugar donde puedas estar tranquilo, y por eso ocurre un éxodo enorme; ahora, aparte de estar tomada por militares, también están los federales. Vivimos en el terror del narcotráfico, las violaciones de militares y policías y con miedo por los fuegos cruzados. Dicen que Ciudad Juárez no vive un estado de guerra, pero si no es así, no sé cómo llamarlo”.
Patricia Galarza, integrante del mismo centro de derechos humanos, lamentó: “estamos en una ciudad militarizada; de ahí deriva el miedo a estar fuera (en las calles)”.
Según datos de ese organismo, hasta el 15 de abril “van más de 630 muertes” y de 2008 a la fecha “15 por ciento de los decesos son de niños”.
Ante a esa situación, los defensores de los derechos humanos criticaron que el titular del Ejecutivo “minimice” los fallecimientos de civiles.
Calificaron lo dicho por el presidente Felipe Calderón respecto de que 90 por ciento de las muertes son de delincuentes, como una declaración “desafortunada”, porque lo que hay que entender es que “ninguna vida puede ser considerada menor.
“Esta supuesta guerra contra el narco ha traído más amenazas, más violencia a la sociedad, y ha provocado que el número de muertes sea muy elevado.”
Evodia Chaparro; José Blanco Urbina, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, y Sandra Salcedo, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, lamentaron el comentario de Felipe Calderón, el cual calificaron de falsear el porcentaje.
“Aunque las personas fueran delincuentes, el Estado mexicano tiene la obligación de respetar los derechos humanos de todas las personas que se encuentran en su territorio; esta una justificación fácil (...) una justificación para salir del paso; además, no es verdad que la mayoría sean delincuentes”, consideraron.
Critican a Calderón por minimizar las muertes de civiles derivadas del combate al narcotráfico
Los restos de Alexander Cervantes Elena, comandante de la Policía Municipal de Guadalajara, Jalisco, asesinado el jueves por la noche, fueron sepultados ayer en esa ciudad, luego de una misa de cuerpo presenteFoto Notimex
Carolina Gómez Mena
Periódico La Jornada
Domingo 18 de abril de 2010, p. 6
En Ciudad Juárez, Chihuahua, las cifras de las muertes derivadas de la guerra contra el narcotráfico “hablan por sí solas respecto de que ésta no está dando resultados, pues la violencia y las violaciones a los derechos humanos continúan”, criticaron defensores de garantías fundamentales. Expusieron que en la urbe fronteriza “se vive con vulnerabilidad y miedo”, así como “en estado de pánico” constantes.
Evodia Chaparro, integrante del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, refirió en conferencia de prensa que los decesos de civiles evidencian, más allá de los discursos, lo que ocurre en esa ciudad tras la llegada del Ejército en 2008 para combatir el narcotráfico, tarea que ahora comanda la Policía Federal.
“En 2007, antes de la llegada del Ejército, aproximadamente fueron 307 muertes. En 2008 aumentaron a mil 607, y el año pasado fueron 2 mil 600. Esto nos demuestra claramente que el Ejército no está dando resultados”, se afirmó durante la clausura del tercer Encuentro Nacional de Defensores(as) de Derechos Humanos: La labor de los defensores de derechos humanos, una tarea peligrosa.
Chaparro apuntó que “Ciudad Juárez no es un lugar donde puedas estar tranquilo, y por eso ocurre un éxodo enorme; ahora, aparte de estar tomada por militares, también están los federales. Vivimos en el terror del narcotráfico, las violaciones de militares y policías y con miedo por los fuegos cruzados. Dicen que Ciudad Juárez no vive un estado de guerra, pero si no es así, no sé cómo llamarlo”.
Patricia Galarza, integrante del mismo centro de derechos humanos, lamentó: “estamos en una ciudad militarizada; de ahí deriva el miedo a estar fuera (en las calles)”.
Según datos de ese organismo, hasta el 15 de abril “van más de 630 muertes” y de 2008 a la fecha “15 por ciento de los decesos son de niños”.
Ante a esa situación, los defensores de los derechos humanos criticaron que el titular del Ejecutivo “minimice” los fallecimientos de civiles.
Calificaron lo dicho por el presidente Felipe Calderón respecto de que 90 por ciento de las muertes son de delincuentes, como una declaración “desafortunada”, porque lo que hay que entender es que “ninguna vida puede ser considerada menor.
“Esta supuesta guerra contra el narco ha traído más amenazas, más violencia a la sociedad, y ha provocado que el número de muertes sea muy elevado.”
Evodia Chaparro; José Blanco Urbina, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, y Sandra Salcedo, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, lamentaron el comentario de Felipe Calderón, el cual calificaron de falsear el porcentaje.
“Aunque las personas fueran delincuentes, el Estado mexicano tiene la obligación de respetar los derechos humanos de todas las personas que se encuentran en su territorio; esta una justificación fácil (...) una justificación para salir del paso; además, no es verdad que la mayoría sean delincuentes”, consideraron.
Fernando Gómez Mont espera resolver el conflicto con el SME antes del 7 de mayo
Fernando Gómez Mont espera resolver el conflicto con el SME antes del 7 de mayo
Fernando Gómez Mont desplegó un documento a nivel director-empresarial, en donde se compromete a terminar con el conflicto arrastrado por el decreto que extingue a Luz y Fuerza del Centro y llegar a un arreglo con el SME (Sindicato Mexicano de Electricistas) en donde todas las partes queden conformes y puedan recontratarse a la brevedad posible.
Se espera que antes del día 7 de mayo el conflicto se dé por finalizado y los ex-trabajadores de la extinta paraestatal puedan ser recontratados y asi reintegrarse a sus labores y comenzar con el reestablecimiento del suministro eléctrico en la zona centro que es donde mas fallas se han reportado.
Publicado el 16 Apr 2010 por screamradio
Fernando Gómez Mont desplegó un documento a nivel director-empresarial, en donde se compromete a terminar con el conflicto arrastrado por el decreto que extingue a Luz y Fuerza del Centro y llegar a un arreglo con el SME (Sindicato Mexicano de Electricistas) en donde todas las partes queden conformes y puedan recontratarse a la brevedad posible.
Se espera que antes del día 7 de mayo el conflicto se dé por finalizado y los ex-trabajadores de la extinta paraestatal puedan ser recontratados y asi reintegrarse a sus labores y comenzar con el reestablecimiento del suministro eléctrico en la zona centro que es donde mas fallas se han reportado.
Publicado el 16 Apr 2010 por screamradio
Contratistas de CFE sin trabajo
Empresas contratistas al servicio de CFE han quedado paralizadas debido a la falta de presupuesto por parte del Gobierno Federal y CFE (Comisión Federal de Electricidad).
Cientos de trabajadores esperan en sus camionetas a que les sea autorizado salir a laborar, ya que CFE se ha quedado sin recursos para pagarles a dichas empresas, por lo que ingenieros a cargo de las empresas han decidido paralizar los trabajos.
Al preguntarles a ingenieros y trabajadores el motivo por el cual dejaron de laborar para CFE nos contestaron: CFE dice no tener mas presupuesto para pagarnos, que sigamos trabajando y que se nos irá pagando conforme le vayan autorizando más presupuesto.
Con esto lo único que se puede esperar son más apagones, así que a preparar velas, lámparas y un radio de pilas para estar informados.
0 ComentariosPublicado el 16 Apr 2010 por screamradio
Cientos de trabajadores esperan en sus camionetas a que les sea autorizado salir a laborar, ya que CFE se ha quedado sin recursos para pagarles a dichas empresas, por lo que ingenieros a cargo de las empresas han decidido paralizar los trabajos.
Al preguntarles a ingenieros y trabajadores el motivo por el cual dejaron de laborar para CFE nos contestaron: CFE dice no tener mas presupuesto para pagarnos, que sigamos trabajando y que se nos irá pagando conforme le vayan autorizando más presupuesto.
Con esto lo único que se puede esperar son más apagones, así que a preparar velas, lámparas y un radio de pilas para estar informados.
0 ComentariosPublicado el 16 Apr 2010 por screamradio
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