Deploran PRI, AN y PRD que desdeñe el Presidente a víctimas del fuego cruzado Injustificable, disparar a personas inermes que no entienden que se les pide detenerse, señalan

Andrea Becerril Periódico La Jornada Sábado 17 de abril de 2010, p. 3 El coordinador de los senadores priístas, Manlio Fabio Beltrones, lamentó que el presidente Felipe Calderón “trate de minimizar un asunto de tan alta gravedad” como la muerte de civiles en operativos contra el narcotráfico, sobre todo cuando las víctimas son niños, y advirtió que por eso en la ley de seguridad nacional, que se dictamina actualmente, se incluirán medidas que garanticen que en el combate al crimen organizado se respetarán irrestrictamente los derechos humanos. A su vez, el coordinador perredista en Xicoténcatl, Carlos Navarrete, aseveró que “es inaceptable que sigan cayendo civiles por errores en los retenes o atrapados en el fuego cruzado”. También el coordinador de los senadores panistas, Gustavo Madero, se refirió a las declaraciones que horas antes formuló el Ejecutivo federal de que las muertes de civiles “son las menos”. Comentó que nunca hay que minimizar los decesos de civiles, aunque no puede dejar de reconocerse que el Estado enfrenta una lucha violenta contra bandas criminales. Resaltó que cuando por desgracia fallecen civiles, se debe garantizar una investigación plena y resarcir en lo posible los daños. Los coordinadores de las tres principales fuerzas políticas en el Senado resaltaron que en el dictamen de la ley de seguridad nacional se reglamentan los retenes mediante un protocolo que señala muy claramente en qué condiciones pueden establecerse. Justicia castrense y militar Beltrones resaltó que otro de los puntos en que trabajan es el relativo al fuero militar, con base en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referente al caso de Rosendo Radilla, en la cual se especificó cuándo es aplicable la jurisdicción castrense y en qué momento la civil. El priísta resaltó que hay además una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitida en 2000, de acuerdo con la cual cuando las fuerzas armadas participen en apoyo a autoridades civiles deberán someterse a la competencia de estas últimas. Por lo que toca a los retenes –en varios de los cuales ha habido problemas y muertes de civiles–, Beltrones detalló que en el proyecto de dictamen de ley de seguridad nacional se establece un protocolo en el que se precisan las condiciones en que actuarán militares e instancias de seguridad pública, con respeto a las garantías individuales y los derechos humanos de las personas que estén sujetas a revisión. Navarrete comentó que hay avance para instaurar ese protocolo de comportamiento, con parámetros y puntos de referencia de todo lo que está permitido y de lo que no debe pasar. Explicó que en ninguno de los retenes instalados en todas las carreteras del país existe un protocolo que determine las normas, por ejemplo, de las señales de alto y el trato que tanto militares como policías federales deben dar a los ciudadanos. No se justifica, resaltó, que a gente inerme se le dispare sólo porque no entendió que le hacían señas de que detuviera el vehículo. Madero explicó que hay puntos de acuerdo entre las fuerzas políticas en torno a este tema, que tiene que ver con la participación del Ejército en la persecución de bandas criminales. Resaltó que su bancada apoya la propuesta de que haya retenes en los lugares que sean necesarios, pero siempre que exista una reglamentación adecuada.