LA REPRESION DEL CABRON IRRESPONSABLE

martes 23 de febrero de 2010

Álvaro Delgado

En un país donde la clase política idolatra la mentira, valor supremo de toda componenda, decir la verdad es blasfemia.

Y eso fue lo que ocurrió con el diputado federal Manuel Clouthier Carrillo, contra quien el gobierno de Felipe Calderón y el Partido Acción Nacional (PAN) activaron, en una estrategia conjunta, un desproporcionado embate para censurarlo y someterlo.

¿La razón? Denunciar públicamente, en una entrevista periodística con este reportero y publicada en el semanario Proceso, que la “guerra” contra el crimen organizado no ha llegado a Sinaloa, cuyo cártel, encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán, goza de la protección institucional del gobierno federal:

“El gobierno federal habla de una guerra contra el narcotráfico que en Sinaloa no se ha visto. Se ha golpeado a todos los cárteles y no ha sido proporcional con el cártel de Sinaloa. ¡Eso es evidente! ¡Y si nos preguntan a los sinaloenses es más evidente!”

No sólo eso, sino que Clouthier --ajeno a los recovecos de los políticos del altiplano y con el lenguaje claridoso de los norteños-- se refirió directamente a Calderón por no atacar la “narcopolítica” en Sinaloa:

”Eso significa que nos va a costar a los sinaloenses generaciones enteras porque un cabrón irresponsable --y digo irresponsable porque es su responsabilidad-- no tuvo el tamaño de hacer lo que le correspondía por mandato.”

Aunque la revista Proceso comienza a circular la noche del sábado, para los suscriptores, el domingo comenzaron a cobrar dimensión las palabras del empresario que fue, durante tres lustros, director del diario El Noroeste, de Culiacán, Sinaloa, e hijo de Manuel Clouthier del Rincón, candidato presidencial del PAN en 1988.

Ese mismo diario sinaloense y otro de la Ciudad de México, La Razón, siguieron la información publicada por el semanario y hablaron con el legislador que ratificó, como en decenas de entrevistas más en casi todos los medios, la médula de su afirmación.

Es decir, que el crimen organizado en Sinaloa cuenta con la protección institucional, a tal punto que existe la posibilidad real de que sea gobernado por un narcotraficante, y este modelo está siendo “clonado” en otras entidades del país. Por eso, dijo, el caso Sinaloa es peor aún que el martirio de Chihuahua, particularmente Ciudad Juárez.

El aludido, lastimado en su sensibilidad por ser exhibido como un “cabrón irresponsable” por el hijo del prócer panista, montó en cólera y, desde el fortín militar que habita transitoriamente, emitió la orden de escarmentar al insolente. Y se activaron los mecanismos de represión.

Los cortesanos de Los Pinos, incluido César Nava, creyeron que con el vapuleo contra Clouthier podían, además, “matar” el escándalo por el deleznable pacto de Fernando Gómez Mont con el PRI para aumentar impuestos a cambio de la orfandad electoral del PAN, que había escalado hasta exhibir a Calderón como inepto, mentiroso y sin palabra.

La estrategia, que fundió al gobierno y al PAN en uno solo, salvó a Nava de aclarar su conocimiento y responsabilidad en el arreglo con el PRI, como afirmó Gómez Mont, y con esta lógica de facción ordenada por el déspota se llegó al extremo del ridículo.

Inició la ofensiva nada menos que el próximo exsecretario de Gobernación, quien exhibió, en una carta que envió el miércoles al semanario, un amasijo de números para dar credibilidad a su aserto de que el gobierno federal combate a todas las bandas por igual.

Le siguió la diligencia y diputación del PAN: No sólo se amenazó a Clouthier con deponerlo como diputado federal si no reculaba, sino que el CEN “desautorizó” sus declaraciones, como si se tratara de un militante, que no lo es, y desconociendo lo que establece el artículo 61 constitucional, que establece que los legisladores no pueden ser reconvenidos por sus opiniones.

La ofuscación de Calderón que activó el embate contra Clouthier ha tenido ya respuesta: El legislador no sólo no se ha desdicho, sino que inclusive ha anunciado que se reafiliará al PAN, en el que dejó de militar en 1994, “cuando tenía chiste ser panista, es decir, cuando era ir en contra de todo el establisment, cuando era un panismo generoso, de entrega, y no un panismo de oportunidad en el poder”.

De hecho, en la entrevista con el reportero, había anticipado que podría haber represión: “Si es real que se me está aplicando un castigo, se equivocan: No voy a aprender con esos castigos. Si alguien cree que con eso van a someterme, se equivocan.”

Advertía: “Primero, tengo una escuela que aplica una tesis distinta y lo decía Maquío. Habemos gentes que somos como los toros de lidia: entre más nos pican más embestimos. Segundo, gozo y amo mi independencia y mi libertad. Y tercero: soy un convencido que aun con todas mis limitantes, algo tendré que aportar.”

Y de plano anticipaba: “No sé tragar mierda sin hacer gestos. Me cuesta mucho callar.”

Apuntes

Vista la represión contra quienes disienten en el PAN, está latente la sanción que padecerá el senador Ricardo García Cervantes quien, en entrevista con Proceso, repudia el pacto de Gómez Mont con el PRI para elevar impuestos y hace responsable también a Nava, así como a Josefina Vázquez Mota y Gustavo Madero, en un arreglito igual al que hicieron Emilio Gamboa con Kamel Nacif… Otra víctima reciente de la intolerancia del PAN es la diputada local Lía Limón, hija de Miguel Limón Rojas, secretario de Educación de Ernesto Zedillo, quien no se sumó a la cruzada de Calderón asociado con el clero católico y El Yunque para atacar el derecho a los matrimonios entre personas del mismo sexo… Mientras, el PAN se regodea con la postulación de puros expriistas…

VOLTAIRE NET: PROYECTO MEXICO 2030: LA VENTA DE UN PAIS

Noticias Mexico / Posteado por Juan Contreras 18Feb10
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Catorce documentos –que forman parte del expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión– revelan los planes del gobierno federal para privatizar los sectores estratégicos y los bienes de la nación.


Energía, agua, zonas de reserva de la biosfera, salud, ciencia y tecnología quedarán en manos de la iniciativa privada; además, se legalizará el lobbyng para que las empresas nacionales y extranjeras hagan prevalecer sus intereses en el Congreso de la Unión. El proyecto de nación de Calderón Hinojosa (en el que destacan la extinción de Luz y Fuerza del Centro, la desaparición de la Secretaría de Energía y la creación de una secretaría o instituto de infraestructura) fue ideado antes del 1 de diciembre de 2006 por altos ejecutivos de trasnacionales, empresarios, políticos del PRI y del PAN y académicos afines. Con este trabajo, Contralínea inicia la publicación de una serie de reportajes que abordan de manera detallada los principales objetivos del plan transexenal: abolir la propiedad pública y legalizar el despojo

Primera parte

Antes de asumir la Presidencia de la República, el 1 de diciembre de 2006, el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa pactó la apertura total del país a los intereses empresariales, nacionales y extranjeros. Su plan privatizador fue nombrado México 2030, Proyecto de Gran Visión.

Catorce documentos de trabajo que forman parte de ese plan –hechos públicos por la Presidencia– revelan las estrategias para abolir la propiedad pública, identificada en el Proyecto como “monopolios públicos”. También, para legalizar el despojo de tierras, costas y recursos naturales en contra de campesinos, ejidatarios, pescadores e indígenas.

Los documentos suman 831 páginas y contienen los resultados de los talleres temáticos convocados por el presidente electo, entre julio y noviembre de 2006, y auspiciados por el Fideicomiso para Apoyar el Cambio de Administración del Ejecutivo Federal.

El Proyecto de Gran Visión se divide en cinco ejes: estado de derecho y seguridad pública; economía competitiva y generadora de empleos; igualdad de oportunidades; desarrollo sustentable; democracia efectiva y política exterior responsable. Sólo el primero estaría exento de privatizaciones.

Bienes de la nación en riesgo
De acuerdo con el plan transexenal impulsado por Calderón Hinojosa, la energía, el agua, los minerales e incluso las zonas de reserva de la biosfera y las playas encabezan la lista de áreas que, “prioritariamente”, obtendrán “inversión privada”.

Ésos no son los únicos beneficios para el sector empresarial, nacional y trasnacional, en este sexenio: proyectos de prestación de servicios a largo plazo, conocidos como PPS, en materia de salud, infraestructura carretera y educación les garantizan desde fines de 2006 contratos multianuales. Como lo ha documentado Contralínea (número 122, “Ssa: contratos millonarios a empresarios panistas”), la vigencia de ésos alcanza hasta 2025 y 2030.

Además, la iniciativa privada y el gobierno de Calderón Hinojosa pactaron que el 70 por ciento de la investigación en ciencia y tecnología se produzca por el sector privado; a cambio, éste seguirá gozando de millonarias exenciones fiscales, se desprende de los 14 informes inicialmente clasificados por la Presidencia como confidenciales.

El doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y posdoctor por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, Francia, Carlos Antonio Aguirre Rojas, explica que la política de Calderón es fundamentalmente una continuidad del neoliberalismo que México ha estado padeciendo desde 1982, cuando gobernaba Miguel de la Madrid.

El también investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM advierte que el problema con los gobiernos panistas, tanto de Vicente Fox como del actual, es la política económica antinacionalista que aplican: “entreguista totalmente”.

Para Aguirre Rojas, “la política de privatizar lo poco que le queda al Estado es una especie de agudización extrema de esas políticas neoliberales. Ellos no se dan cuenta, pero se están arriesgando a que en muy poco (tiempo) se dé en México una situación como la que vivió Argentina en 2001; y lo digo porque una de las fuentes fundamentales de la reproducción económica del Estado es el petróleo”.

Agrega que el presupuesto de México se mantiene en un 50 por ciento de los ingresos petroleros. Sin esos recursos, “el Estado mexicano va a quebrar como quebró el Estado argentino en 2001. Y vamos a vivir una situación de hiperinflación incontrolable, de devaluación brutal: no de 20 o 30 por ciento, como ya la vivimos ahora, sino de 200 o 300 por ciento. La economía mexicana se va a desestructurar como se desestructuró la economía argentina. Estoy preocupado porque vamos caminando hacia eso con esta política privatizadora de Felipe Calderón”.

Energía y agua, objetivos reiterados

Los 14 documentos consultados por Contralínea indican que las “reformas estructurales” impulsadas por el gobierno calderonista desde fines de 2006 facilitarán las “inversiones público privadas” en todos los sectores, pero, con mayor énfasis, en el energético (hidrocarburos, electricidad) y en el hidráulico.

Descubren que, para ello, entre otras acciones será necesario eliminar la Secretaría de Energía, “integrar” Luz y Fuerza del Centro a la Comisión Federal de Electricidad –fusión impuesta el 11 de octubre de 2009 por medio del decreto presidencial que extinguió a la primera compañía–, permitir que Petróleos Mexicanos cuente con “participación accionaria del Estado, de fondos de pensión (e) inversión de particulares, sindicatos y otros actores sociales”, y crear la secretaría o el instituto de infraestructura.

Aguirre Rojas explica que los proyectos de privatización han sido parcialmente exitosos, porque entregan los bienes de la nación “de una manera secreta, encubierta”. Pone como ejemplo la venta de la fibra óptica, “para lo cual fue necesario dar este golpe artero al Sindicato Mexicano de Electricistas”.

En el ámbito del agua, los documentos del plan de “Gran Visión” indican que se debe “invertir inicialmente en proyectos ejecutivos del sector hidráulico, después en saneamiento de cuencas”. En este último rubro, la “meta” es que “el 75 por ciento de las cuencas hidráulicas del país estén limpias; ser líderes en el uso eficiente del agua, del equilibrio de los acuíferos y la rentabilidad de los productos” asociados.

En el eje de economía, el proyecto reitera que el sector privado debe participar en la infraestructura hidráulica para “reducir” las brechas de acceso al servicio de agua potable.

Los informes también detallan una mayor incidencia de la iniciativa privada incluso en las áreas de reserva de la biosfera, por medio de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre y el ecoturismo.

El economista e historiador Aguirre Rojas advierte que, bajo el falso manto del ecoturismo y de la recuperación de los recursos naturales, el gobierno está despojando a las comunidades indígenas de los recursos que les pertenecen y que han cuidado durante siglos.

Por ello, recuerda, fueron violados los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, “porque la concepción de los compañeros indígenas neozapatistas era: ‘Si somos autónomos, tenemos capacidad de decidir sobre nuestros propios recursos’; pero ahí el Estado iba a perder justamente la capacidad de privatizar todos los bosques del sureste de Chiapas, todos los recursos de uranio, minerales, la inmensa cantidad de agua que hay ahí y que genera la tercera parte de la energía eléctrica de este país”.

Los propios documentos de la Presidencia de la República revelan un interés especial en el “desarrollo del sur-sureste para reducir la desigualdad con el centro-norte”. Los planes de intervención no sólo se limitan a Chiapas, donde se ubica el Ejército Zapatista de Liberación Nacional; también abarcan Oaxaca (Ejército Popular Revolucionario) y Guerrero (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente).

Y aunque el Proyecto México 2030 asegura que se respetarán a los legítimos propietarios de las tierras y los recursos naturales, también revela que se creará una normatividad que permita el despojo: “Una ley que impida que los expropiados o antiguos propietarios de la tierra puedan oponerse o bloquear el proyecto. Esta ley debe normar que estas personas podrán exigir un pago mayor mediante un procedimiento establecido pero en ningún caso obstaculizar el desarrollo del proyecto”.

Previsible, más pobreza

De 1982 a la fecha se han privatizado, extinto, desincorporado y enajenado 585 entidades, 431 empresas públicas y 18 instituciones bancarias, indican datos otorgados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a Contralínea, mediante la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Al referirse a la experiencia de las privatizaciones en México, Ana Luisa Nerio Monroy, maestra en relaciones internacionales por la UNAM y coordinadora general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, dice que el sistema capitalista viola todos los derechos sociales.

“La política neoliberal –señala– tiene muchos años de haber probado que no beneficia a la población general; hay escasos beneficiarios: pequeñas elites que se enriquecen. Por eso genera descontento social.”

Para la activista, en México no hay una visión de Estado. “Calderón no es un estadista político; si lo fuera, estaría viendo por las generaciones futuras, por lo que va a ocurrir en años subsiguientes a su gobierno. Las estrategias que aplica son inadecuadas: está priorizando la seguridad represiva y las privatizaciones, no el tema de los derechos humanos, de los derechos sociales ni de la vida digna de los mexicanos. Y es claro que con esas estrategias sólo está generando descontento social”.

El doctor Aguirre Rojas coincide: “Los que pagan la factura, como siempre, son los obreros, los campesinos, los indígenas, la gente que es expropiada de su tierra, a la que le roban el agua, a la que no le respetan sus recursos, a la que le destruyen el bosque, a la que le inundan un pueblo entero para crear una presa que ingenieros decidieron hacer sin tomar en cuenta a las propias comunidades ni las condiciones del terreno. Eso que hemos estado viviendo en México en el último tiempo”.

Añade que la crisis económica que está padeciendo el país es producto de las políticas privatizadoras, “de la idea de decir: hay que privatizar hasta el agua, hay que expropiarles las tierras a los campesinos y a los indígenas y volverlas propiedad privada, hay que expropiar todos los recursos y venderlos; lo cual explica, entre muchas otras cosas, la ofensiva terrible que ha estado desarrollando el gobierno contra las comunidades neozapatistas en Chiapas. Éste es un proceso que se está dando en todo el país”.

Puntualiza que México está aplicando “las peores políticas y está tomando las salidas más absurdas y más anacrónicas” respecto de la crisis cíclica que inició a mediados de 2008: “Una crisis de ciclos económicos Kondratieff”. Agrega que, “cuando se comparan las cifras de cómo se reaccionó o cómo impactó esta crisis económica mundial de fines de 2008 hasta hoy en toda América Latina, el país que más sufrió y que menos pudo enfrentarla fue México”.

El doctor en economía subraya que el mundo en su conjunto ya está volviendo a lo que sería la fase A de Kondratieff, con la aplicación de políticas neokeynesianas. Por ello, tras criticar el atraso de México, que sigue aplicando políticas neoliberales, recomienda tomar el ejemplo de Francia y de Estados Unidos, países donde el Estado vuelve a intervenir y a regular el mercado.

La maestra Nerio Monroy recuerda que “el mal manejo de la economía” ha derivado en el aumento en el precio de la canasta básica. Además, “en el caso de los derechos civiles, estamos observando que no se están generando empleos suficientes para tener una vida digna”. Con ello, se restringe el acceso a otros derechos sociales como la alimentación, la salud, la vivienda, la educación y el bienestar social.

La activista de los derechos humanos considera que la política neoliberal de Calderón y de los gobiernos que lo precedieron han incubado una serie de problemas sociales que van a estallar en algún momento. “Ahora lo estamos viendo con el problema del crimen organizado, que ya está afectando a personas inocentes”.

Agrega que “mientras no haya una construcción distinta de la política neoliberal en México, una verdadera transparencia en el uso de los recursos, mientras las elites políticas no dejen de imponer sus intereses y no pongan como prioridad a las personas que representan, se seguirán afectando los derechos sociales de la mayoría”.

Imposiciones autoritarias

La segunda ola de privatizaciones se gestó mientras un amplio sector de la sociedad exigía el recuento de los votos y llamaba “espurio” al presidente electo Calderón Hinojosa, por el presunto fraude en el que habría incurrido en los entonces recién concluidos comicios.

Para el historiador y economista Aguirre Rojas, ante la falta de legitimidad del actual gobierno federal, las privatizaciones sólo son y serán posibles por la vía de la imposición y la represión.

“Como lo dijo Gramsci y muchos teóricos políticos: para gobernar, los Estados se apoyan en dos cosas, por un lado en los elementos de la fuerza, la policías y el Ejército; por otro, en los elementos del consenso, es decir, en la credibilidad que pueden crear en la población de que lo que están haciendo es necesario, legítimo, válido, y por tanto les da un cierto apoyo social. El gobierno de Felipe Calderón, que llegó con ese monumental fraude, tenía cero consenso. Las bases de apoyo social de Felipe Calderón (actualmente) son superfrágiles”.

Agrega que el presidente de México ha venido gobernando exclusivamente a través de la fuerza. “Por eso el país está militarizado, por eso hoy tenemos ese triste liderazgo de Ciudad Juárez, que es la ciudad más violenta no de México ni de América Latina, sino del mundo entero: es más violenta que Bagdad, que la capital de Líbano, que las ciudades palestinas de la Franja de Gaza, que están en guerra permanente”.

El autor de América Latina en la encrucijada: los movimientos sociales y la muerte de la política moderna se pregunta “cómo puede ser que hayamos llegado a grados de violencia peores que los de Medellín en el peor momento de las décadas de 1970 y 1980, de su historia violenta. Eso –explica– se debe a que Felipe Calderón está gobernando sobre todo con el elemento de la fuerza y por eso ha sacado al Ejército en todas las ciudades del país y utiliza a la Policía Federal y a las policías estatales y municipales; por eso está criminalizando toda la protesta social, lo cual también anuncia un colapso del propio Estado en términos de su función política”.

Indica que no es una casualidad que se haya puesto de moda el discurso de que México es un Estado fallido, en crisis, inexistente, que no gobierna. Es un Estado que efectivamente está en una situación de colapso, que está apoyado sólo en elemento de la fuerza, con un consenso hiperfrágil y muy pequeño.

El historiador identifica que es esa fuerza la que se está usando para imponer las medidas neoliberales. “Por eso se le da ese ataque artero al Sindicato Mexicano de Electricistas y después la privatización (de la fibra óptica). Por eso, de repente, se inunda Juárez de soldados. Él está interviniendo del lado de unos; no es que esté realmente combatiendo al narcotráfico: está combatiendo a ciertos grupos del narcotráfico para beneficiar a otros.

“Él está usando al Ejército y a la policía en Ciudad Juárez para beneficiar a un grupo y atacar a otros; para golpear al SME y privatizar; para asustar a la gente y hacer pasar sus reformas petrolera, laboral, fiscal”.

—¿Sería previsible más represión?

—Desafortunadamente sí. En la medida en que él no tiene consenso social, no hay sectores importantes de clases que realmente lo apoyen. Entonces sólo le quedan estas medidas por la fuerza.

El historiador y economista observa, sin embargo, que “esto va a hacer que la protesta crezca, que la gente empiece a movilizarse, que los movimientos se organicen más de manera vertical y horizontal y que, espero, a partir de esto seamos capaces de ponerle un alto a Felipe Calderón”.

Fuente: Contralínea 170 / 21 de febrero de 2010


Algunas acciones privatizadoras aún no concretadas

Crear “una ley que, en relación al derecho de vía de una carretera o al derecho de paso de una línea de transmisión, impida que los expropiados o antiguos propietarios de la tierra puedan oponerse o bloquear el proyecto. Esta ley debe normar que estas personas puedan exigir un pago mayor mediante un procedimiento establecido pero en ningún caso obstaculizar el desarrollo del proyecto”

Instaurar legalmente el lobbyng o cabildeo legislativo, por medio del cual las empresas nacionales y extranjeras harán prevalecer sus intereses en los temas que legisle el Congreso de la Unión

Desaparecer la Secretaría de Energía o rediseñarla y “fortalecerla”

Constituir una secretaría o instituto de infraestructura

Abolir los “monopolios públicos”

Abrir totalmente Petróleos Mexicanos a la iniciativa privada para que cuente con “participación accionaria del Estado, de fondos de pensión (e) inversión de particulares, sindicatos y otros actores sociales”

Abrir totalmente la Comisión Federal de Electricidad a la iniciativa privada, en el mismo esquema de Pemex con inversionistas privados y generadores de electricidad del sector empresarial

Permitir la inversión indiscriminada en proyectos ejecutivos del sector hidráulico y saneamiento de cuencas. Generar “liderazgo” en el uso eficiente del agua, del equilibrio de los acuíferos y la rentabilidad de los productos asociados

Privatizar todas las áreas de reserva de la biosfera por medio de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre y el ecoturismo

Desarrollar el “sur-sureste para reducir la desigualdad con el centro-norte”

Los convidados del poder

Detrás de las principales estrategias privatizadoras del plan México 2030, Proyecto de Gran Visión, hay apenas 420 personas, no sólo de nacionalidad mexicana, también extranjeras. En esencia, se trata de políticos del Partido Acción Nacional y del Revolucionario Institucional, empresarios, altos ejecutivos de trasnacionales, representantes de instituciones financieras y académicos afines.

Entre los empresarios, altos ejecutivos de trasnacionales e instituciones financieras destacan: Juan Mijares, director de Asuntos Jurídicos Corporativos de Microsoft México; Lawrence Harrington, exrepresentante del BID en México; Cintia Angulo de Leiseigneur, presidenta y directora general de Alstom Mexicana; Luis Farías Martínez, vicepresidente de Energía de Cemex; Tania Ortiz Mena, directora de proyectos en Sempra Energy; Javier Elguea Solís, rector del Instituto Tecnológico de Teléfonos de México y coordinador general de Bienestar Social Telmex; Lorenzo Servitje, cofundador de Bimbo (beneficiado con contratos tipo PPS en el ámbito de la salud, Contralínea 122).

Además, Ricardo Pérez Schulz, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Concreto Premezclado y director de clientes especializados de Holcim Apasco; Enrique Hidalgo, vicepresidente de Exxon Mobil en México; Ricardo Hernández Murillo, especialista ambiental del Banco Mundial en México; Gabriel Ibarra, director corporativo de Promoción del grupo ICA.

Federico Martínez Urmeneta, fundador de la empresa Tradeco; Francisco Mota Velasco Torres Landa, subdirector de Proyectos y Desarrollo Industrial de Ferromex; Guillermo Guerrero Villalobos, director de la Empresa de Estudios Económicos y de Ingenierái; Iñigo de la Borbolla Rivero, director de Proyectos Financieros del Grupo Financiero Santander-México; entre otros. (NF)

“El México que queremos”, según Calderón

El 21 de mayo de 2007, Felipe Calderón dio a conocer la versión pública de México 2030, Proyecto de Gran Visión. Éstos son fragmentos del discurso del presidente, destacados por la Presidencia de la República en el boletín entregado a los medios de comunicación:

• “Hicimos esta convocatoria con la firme convicción de que una perspectiva de largo plazo es la única que puede abrir el espacio para la confluencia de distintos puntos de vista, porque abre así el camino para los acuerdos que México necesita”.

• “Gracias a la colaboración de todos, hoy podemos compartir con la sociedad una imagen de México con vistas al futuro, sin ignorar nuestra historia, sin pretender reinventar a la nación. Hacia el año 2030, cuando los niños que nazcan este año cumplan 23, cuando los niños que están aquí cumplan 20 o 21 años, México tendrá que ser distinto y mejor, tendrá que haber avanzado significativamente en todos los sectores, tendrá que ser mejor y no en base a la casualidad (sic), sino en base a la determinación, a la puesta en claro de lo que queremos y a la discusión ordenada de cómo debemos hacerlo”.

• “La Visión México 2030 es una puesta en común por un desarrollo humano sustentable, una descripción del México deseable y del México posible por encima de diferencias de partido, de región o de religión”.

• “En el mundo del siglo XXI no hay cabida para la improvisación o el azar, la velocidad de los cambios nos obliga a anticipar el futuro no sólo para prevenir adversidades, riesgos y obstáculos, sino también para aprovechar las oportunidades que se nos presentan”.

• “México requiere reformas que nos permitan acelerar el paso y alcanzar nuestras metas, reformas que permitan lograr mayores tasas de crecimiento, mejores condiciones de vida, mayores niveles de calidad educativa”.

• “Mi gobierno ha tomado la decisión de que tanto el Plan Nacional de Desarrollo que habremos de presentar este mes de mayo como los programas sectoriales que de él se deriven tomen como punto de partida la visión México 2030, así habremos de hacer del periodo 2006-2012 el primer gran paso hacia esa patria fortalecida, generosa, justa y solidaria que todos anhelamos”. (NF)

Vía: voltairenet

REPRESIÓN CONTRA EL SME

Lunes, 22 de febrero de 2010
La Jornada de Oriente
EDITORIAL


En la tarde de este domingo el subsecretario general de la división Nuevo Necaxa del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Domingo Aguilar Vázquez, fue detenido por un grupo fuertemente armado de la Policía Federal y posteriormente ingresado al penal de la ciudad de Puebla para que enfrente una acusación penal por el delito de robo en contra de las instalaciones de la desaparecida compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC).


Aunque exista un proceso legal en contra de Domingo Aguilar, es claro que esa acción constituye un acto de represión e intimidación contra los electricistas que siguen luchando contra la arbitraria desaparición de LFC. El gobierno federal ha utilizado como estrategia emplear a los trabajadores del SME como conejillos de indias para justificar el cierre de esa paraestatal y no proceder contra los funcionarios públicos, del PRI y del PAN, que fueron los auténticos saqueadores de dicha compañía.


Tal vez algunas instalaciones de LFC sufrieron algún robo o sabotaje luego de que se ordenó el cierre de la empresa. Sin embargo, esos actos no se comparan con la violencia con que ha actuado el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, por medio de su secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, al haber dejado de un día para otro a 40 mil trabajadores sin fuente de empleo, sin seguridad social y que fueron tachados de ineficientes y corruptos, cuando ellos no fueron los verdaderos destructores de Luz y Fuerza del Centro.


Lo más deleznable es que la persecución que se ha desatado contra los miembros del SME tiene como fondo el proyecto de Felipe Calderón de ir entregando, de manera gradual, el sector energético del país al capital privado y extranjero, sin importar el costo social que ello provoque.

Solidaridad con electricistas mexicanos

2010.02.22 - 11:59:34 / web@radiorebelde.icrt.cu / Orestes Eugellés Mena





La Habana, Cuba.- La Federación Sindical Mundial y organizaciones del sector de la energía convocan a la Conferencia Internacional de Solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricista (SME), para el 11 y 12 de marzo en Ciudad México.
El llamamiento recibido en la Central de Trabajadores de Cuba, expresa la necesidad de responder con la hermandad de clase a las maniobras neoliberales que se utilizan para hacer desaparecer la organización obrera de ese hermano país.
Son auspiciadores del evento, la Federación de la Industria Eléctrica de Venezuela, la Red de la Energía Eléctrica y la Federación Unitaria de Trabajadores del sector en Ecuador, así como la Federación de Petroleros y el Sindicato Eléctrico de Brasil.
La Conferencia Internacional de Solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricista tiene como objetivos brindar fuerza moral de las organizaciones del orbe a los miembros del SME y exigir el diálogo oficial con los representantes de los trabajadores del sector para dar solución satisfactoria a sus demandas.
Otros propósitos son llevar a cabo una movilización de los que laboran en el sector de la energía, miembros de la UIS-Energía y otras instituciones solidarias en sus respectivos países para la reposición a sus puestos laborales de los despedidos.
En la convocatoria a la Conferencia Internacional de Solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricista se destaca la trayectoria de 95 años de lucha consecuente y de solidaridad e internacionalista de esa organización.

McKinsey, que desmanteló Pemex, redacta la estrategia de energía

Libro de periodistas de EU documenta errores y catástrofes por culpa de la consultora


Sus recomendaciones llevaron a la ruina a la ferroviaria británica Railtrack

La propuesta será anticonstitucional, privatizadora y desnacionalizante, advierten especialistas y académicos


Chimenea de la refinería de Salina Cruz en Oaxaca. McKinsey & Company es la encargada de desarrollar el plan para unificar las cuatro subsidiarias de Pemex en una sola empresaFoto José Antonio López
Israel Rodríguez

Periódico La Jornada
Lunes 22 de febrero de 2010, p. 18
La Estrategia Nacional de Energía, que será presentada por la Secretaría de Energía (Sener) a fines de este mes, fue elaborada por la empresa consultora estadunidense McKinsey, vinculada a diversos funcionarios del sector energético mexicano.

El documento realizado por la consultora regirá la política energética en los próximos 15 años y contendrá las perspectivas energéticas de producción y la plataforma de exportación, entre otros indicadores claves para la industria.

Entre los funcionarios que provienen de esta consultoría destacan Carlos Rafael Murrieta Cummings, director corporativo de operaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), y Esteban Levin Balcells, actual director corporativo de finanzas de Pemex.

La Sener confirmó que se contrató a la consultoría internacional McKinsey. “El Consejo Nacional de Energía (presidido por la titular de la Sener, Georgina Kessel) decidió que era necesario desarrollar un modelo de optimización para el sistema energético mexicano, incorporando una curva de abatimiento de emisiones de gases efecto invernadero, que sirva para analizar las opciones de política energética y llevar a cabo la planeación integral”.

La Estrategia Nacional de Energía será entregada al Congreso de la Unión el 26 de febrero para su análisis, observaciones y posterior aprobación en marzo de este año. La Sener destacó que “la empresa McKinsey ha desarrollado las curvas de abatimiento de emisiones para diversos países”.

A McKinsey se le atribuye la autoría intelectual del desmantelamiento de Pemex, con lo que ha migrado de ser una empresa operadora a solamente una administradora de contratos. La participación de la consultora estadunidense se remonta a la década de los noventas, cuando comenzaron los primeros intentos del proceso de privatización del sector energético mexicano.

En esta consultora, que opera en más de 40 países y con más de 4 mil consultores y casi la misma cantidad de personal de apoyo, también laboran ex directores generales de Pemex que se desempeñan ahora como asesores senior de McKinsey & Company.

Esta empresa es la encargada de desarrollar el Plan SUMA en Pemex para unificar las cuatro subsidiarias de la paraestatal en una sola empresa integrada.

Antes de que Carlos Murrieta Cummings fuera nombrado director de operaciones de Pemex en sustitución de Raúl Livas, en octubre de 2009, se desempeñaba como representante en México de la consultora estadunidense.

Carlos Murrieta es primo de Fausto Barajas Cummings, titular del gabinete de infraestructura del gobierno de Felipe Calderón. Su hermano Raúl Murrieta Cummings es el secretario de Finanzas del estado de México.
La reputación de McKinsey ha estado bajo severo escrutinio en diversas ocasiones en los últimos años. En México algunos de los contratos a McKinsey fueron severamente cuestionados por la comisión de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, debido a que Pemex no cumplió con las disposiciones normativas para realizar el proceso de adjudicación, ejecución y control de servicios técnicos, y el correcto registro en la contabilidad y en la cuenta pública.

A nivel internacional, el libro Los hechiceros, escrito por los periodistas John Micklethwait y Adrian Woolddrige, documenta una serie de errores y catástrofes que presuntamente han sido culpa de los consultores de McKinsey.

Otras investigaciones dan cuenta de que el derrumbe de la empresa ferroviaria británica Railtrack, después de diversos accidentes, fue resultado de las recomendaciones de McKinsey, la cual sugirió reducir el gasto en mantenimiento de infraestructura y el pago de dividendos a los inversionistas.

Recientemente McKinsey trabajó para las escuelas públicas de Minneápolis, Minnesota, donde recomendó recortar gastos en la atención de la salud docente y privatizar la educación.

Las organizaciones, que aglutinan a especialistas, académicos, ex trabajadores y consultores del sector energético, como el Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE) y el Grupo de Ingenieros Pemex Constitución de 1917, aseguraron y advirtieron que la próxima Estrategia Nacional de Energía tendrá el mismo sentido anticonstitucional, privatizador y desnacionalizante con el que se han conducido las industrias petrolera y eléctrica, “como hemos podido constatar en las leyes y los reglamentos petroleros y eléctricos, las resoluciones de la Comisión Reguladora de Energía y las recientes disposiciones de contratación emitidas por el consejo de administración de Pemex”.

Francisco Javier Carrillo Soberón y Francisco Garaicochea Petrirena, integrantes de ambas organizaciones civiles, anunciaron la realización de un Foro Energético Público Nacional Alternativo para discutir las propuestas que pretenda imponer la Estrategia Nacional de Energía.

Por su parte, la Sener aseguró que el Consejo Nacional de Energía y el foro consultivo tomaron en cuenta las opiniones vertidas en el ejercicio para la elaboración de la Visión 2030, los foros del Plan Nacional de Desarrollo y los foros de la reforma energética para contribuir y enriquecer el contenido final de la estrategia.

La insurrección en curso

Gustavo Esteva
Se multiplican las agresiones a los pueblos: Chiapas, Cananea, Juárez. Es un estado de cosas insoportable que aparece como clara expresión de la incompetencia política, la corrupción estatal y la compulsión reaccionaria que padecemos, las cuales se profundizan junto con la degradación moral de las clases políticas. Pero es también, acaso, manifestación de una estrategia que busca abortar la insurrección en curso.

El Comité Invisible, un colectivo francés imaginario, publicó hace un par de años L’insurrection qui vient (Google aporta versiones pobres en español e inglés). Al leer este libro fascinante y examinar las “verdades necesarias” que establece, no puedo evitar la impresión de que la insurrección “que viene” ya llegó. No sé si en París, pero sin duda en Oaxaca, en Chiapas, en México. Estamos en ella.

No se anuncia con fanfarrias. No consiste en marchas, plantones, manifiestos o proclamas. Elude movilizaciones colgadas de líderes y lemas. No apela a las armas, aunque puede apoyarse en la autodefensa armada. Se encuentra en todas partes y en ninguna; desde cualquier posición, en el lugar en que se encuentre, la gente impulsa con dignidad y coraje sus formas propias de vida. Hay quienes lo hacen por razones de estricta supervivencia. Otros apelan a antiguos ideales. Todos desafían radicalmente el estado de cosas, el sistema dominante, el régimen político y económico que ha llevado a la catástrofe actual. Se ocupan, ni más ni menos, de generar nuevas relaciones sociales y políticas, más allá de la explotación económica y del control político o policiaco. Esta rebelión de los descontentos es también la insurrección de los saberes sometidos y las imaginaciones reprimidas que saben llegado el momento de la verdad.

Habrá que hablar de ella, aprender a verla, de-velarla. El libro La insurrección que viene contribuye a esa tarea. “Sus redactores no son sus autores”, aclara el Comité Invisible. “Han puesto algo de orden en lugares comunes de la época, lo que se murmura en las mesas de los cafés o tras las puertas de los dormitorios. No han hecho sino precisar las verdades necesarias, las que ante el rechazo general llenan los hospitales siquiátricos y las miradas compasivas. Son los escribas de la situación. El privilegio de las circunstancias radicales es que la precisión conduce en buena lógica a la revolución. Basta decir lo que tenemos ante nuestros ojos y no eludir las consecuencias.” Y es esto, en realidad, lo más difícil. Reconocer con entereza la gravedad del estado de cosas y enfrentar a pie firme lo que eso significa.
El libro empieza con una provocación que describe muy puntualmente lo que pasa entre nosotros: “Desde cualquier ángulo que se le observe el presente no tiene salida. No es la menor de sus virtudes. Quita todo sostén a quienes se empeñan en esperar a como dé lugar… Todo mundo sabe que las cosas no pueden sino ir de mal en peor. ‘El futuro no tiene porvenir’ expresa la sabiduría de una época que ha llegado, como si fuese extrema normalidad, al nivel de conciencia de los primeros punks… Pero el impasse actual, perceptible en todas partes, en todas partes es negado.”

Necesitamos aprender a ver, con ojos menos empañados, lo que la gente común está haciendo ante las dificultades del día, ante esa perspectiva cada vez más oscura. Necesitamos reconocer los rasgos de esta insurrección que hasta ahora ha resultado invisible. Pero antes aquilatemos el significado de lo que está ocurriendo. Chiapas y Cananea tienen un signo común: son provocaciones abiertas, tratan de inducir un comportamiento específico. Se busca con ellas intimidar hasta la parálisis o bien estimular reacciones descontroladas y agresivas. Estas reacciones permitirían dar apariencia de justificación al aplastamiento policiaco que se intenta realizar, el cual podría conducir más temprano que tarde a una especie de guerra civil que pudiera abortar la insurrección.

Ésa sería la estrategia. Provocar alguna forma de violencia popular espontánea y caótica. Que la gente, harta de tanta provocación o de los callejones sin salida a los que se la conduce continuamente, estallara sin orden ni concierto. Se estarían buscando pretextos para profundizar el autoritarismo actual y llevarlo hasta el punto en que fuera capaz de evitar que la insurrección se ampliara y profundizara hasta cumplir su destino: liquidar sin violencia el régimen dominante.

Socavar esta perversa estrategia, impedir que triunfe, es hoy condición de supervivencia tanto de la insurrección en curso como de la vida social misma, que ha entrado en un grave proceso de descomposición. Para todo esto necesitamos, más que ninguna otra cosa, miradas claras e imaginaciones lúcidas.

gustavoesteva@gmail.com

“En 72 horas se operó la liquidación de Luz y Fuerza”: Héctor Orozco, director del SAE

Tras la expedición del decreto de extinción, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes sólo contó con tres días para elaborar casi 90 mil cheques para indemnizar a 44 mil ex trabajadores y 24 horas para pagar a 20 mil jubilados.

Lun, 22/02/2010 - 09:53

Foto: Nelly SalasLa madrugada del domingo 11 de octubre de 2009 significó para todos la hora cero. “Nosotros nos enteramos prácticamente al igual que todo el mundo, con la expedición del decreto”, revela Héctor Orozco, directivo del SAE, dependencia encargada de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro.

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), sólo tuvo 72 horas para elaborar casi 90 mil cheques para indemnizar a 44 mil ex trabajadores y 24 horas para el pago de los 20 mil jubilados.

Esta fue la primera experiencia de una liquidación sin un diagnóstico previo, sin un acto de entrega-recepción, sin inventario; en sí, sin información, sólo existía una lista de los trabajadores con su salario y antigüedad. Así inició el proceso de liquidación de Luz y Fuerza del Centro, todavía muy pronto para determinar cuándo culminará.

Héctor Orozco, director corporativo del Proceso de Empresas del SAE, explica en entrevista con MILENIO cómo fueron esos primeros momentos en los que, al igual que el resto de la población, ellos se dan cuenta de lo que será su trabajo con la lectura del decreto.

¿Con cuánta anticipación les avisaron?
Para fines prácticos, nosotros nos enteramos al igual que todo el mundo con la expedición del decreto.

¿No se trabajó nada antes?
Sí, sabíamos que pudiera venir un proceso de desincorporación importante, que teníamos que estar listos y preparados para coordinarnos con otras instancias del gobierno en alguna operación que involucraba alguna empresa y en ese sentido sí tomamos algún tipo de previsión administrativa.

¿En qué se prepararon?
Nos preparamos para hacer un diagnóstico, pero cuando leemos el decreto entendemos que las circunstancias son diferentes que no hay espacios, ni tiempos para hacer diagnósticos, que hay que operar.

¿Es la primera vez que sucede así?
Sí, en la noche en que se publica el decreto leemos las bases, y entonces entendemos claramente que se trata de un tema muy importante muy diferente a los que habíamos operado, que el SAE tenía enfrente una gran responsabilidad, y por lo tanto teníamos que actuar coordinadamente con otras instancias para que en el granito de arena que le toca al SAE actuara a la altura de las circunstancias.

¿Hubo algún momento de un acto de entrega recepción del entonces director de Luz y Fuerza?
No.

¿De alguna otra autoridad?
No.

¿Con quién trató?
Nos entregaron ex funcionarios de Luz y Fuerza una lista de nómina con los trabajadores que estaban dados de alta y se elaboraron las indemnizaciones, que significaron 90 mil cheques en tres días.

Uno de los principales retos a resolver por el gobierno federal es el fondo de pensiones que “estimo debe valer algo superior a los 200 mil millones de pesos”, mientras que los activos de Luz y Fuerza que pudieran realizarse ascenderán a 100 mil millones, comenta Orozco y acota que esto es una demostración de que la empresa no era financieramente viable.

Los funcionarios del SAE han liquidado 17 empresas públicas, pero Luz y Fuerza tenía sus propias complicaciones. No se contaba con un registro de los activos, no se dio un tiempo previo para hacer un diagnóstico y es la que ha tenido un “impacto mediático mayor”, reconoce el funcionario.

Y así comienza una carrera que en sus inicios tiene totalmente claros los plazos fatales, el primero, el lunes 12 de octubre que hay que pagar a los 20 mil jubilados , y el segundo, el miércoles 14 que hay que empezar las liquidaciones de los 44 mil ex trabajadores.

¿Qué implicó esta logística?
Imprimir 90 mil cheques en 72 horas no es una cosa fácil. Teníamos que estar listos para pagarles a todos el primer día. Escoger los lugares que cumplieran con condiciones mínimas; que tuvieran condiciones mínimas de seguridad y las facilidades administrativas del caso.

Cada uno de estos centros de pago debía tener un representante liquidador, uno de la Junta de Conciliación y Arbitraje, personal administrativo; cada uno de estos pagos debía tener un convenio y la gente tenía que aprender a hacerlo, porque no era experta.

Además, teníamos que tener una comunicación permanente, porque fue un tema que ocupó un espacio importante en la opinión pública y en la prensa.

Con proporciones guardadas, es como armar un banco de pago con 23 sucursales, fueron 23 centros de pago y somos funcionarios públicos que tenemos que dar cuenta de cada peso y centavo.

La empresa, que de acuerdo con el Diario Oficial, “tendrá las más amplias facultades” para la liquidación de la CFE partía de cero el 11 de octubre.

Orozco explica que tradicionalmente para recibir una liquidación se elabora un diagnóstico previo que puede tardar más de un mes, en el que se deja clara “la situación financiera, jurídica, fiscal, administrativa o incluso, si hay residuales operativos, contingencias, es decir el estatus de la empresa, su alcance nacional, dónde están sus recursos. Pero aquí no hay eso, esa es la gran diferencia en el proceso de liquidación de Luz y Fuerza”.

¿Se les entrega un listado de los activos o se responsabilizan de un fantasma?
Es muy complejo. El problema siempre ha existido, no se tenía un registro detallado de los activos, esa es la verdad; no es una opinión, es un hecho, así lo dicen los informes de auditoría.

El directivo del SAE explica que ha tenido entrevistas con ex funcionarios de Luz y Fuerza del Centro para que le informen de los temas urgentes e importantes, como qué juicios había, con qué abogados, dónde están las bóvedas de seguridad, etcétera.

Ahora, comenta, las cosas se han ido acomodando. A cuatro meses de esa noche en que la Policía Federal tomó las instalaciones de Luz y Fuerza ni siquiera es posible determinar cuándo culminará el proceso.
Georgina Morett
Milenio.com
Edición Nacional
lunes 22 de febrero de 2010

El Estado como parte de los conflictos laborales

Néstor de Buen
21 de febrero

No cabe duda de que en estos tiempos hemos presenciado la manera como el Estado se convierte en parte en los conflictos laborales que le interesan. Usualmente utiliza los instrumentos tradicionales: la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de manera preferente en los asuntos laborales, y si se ofrece, como ha ocurrido últimamente, a jueces federales propicios a atender sus intereses.


De ello resulta, ciertamente, que en materia laboral no basta tener la razón si del otro lado hay intereses empresariales o del Estado mismo que anulan, en cierto modo, la autonomía del Poder Judicial, para someterlo a los requerimientos del Estado y sus aliados, las empresas que representan valores con los que el Estado coincide.


En estos tiempos la primera manifestación ha consistido en la expedición del Decreto de 9 de octubre de 2009 mediante el cual, asumiendo facultades que no le corresponden, el Ejecutivo, con el pretexto de su responsabilidad reglamentaria, dictó una ley de hecho mediante la cual ordenó la liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Es sabido que la facultad reglamentaria prevista en el artículo 89 constitucional que se otorga al Ejecutivo está subordinada a la existencia de una ley dictada por el Congreso de la Unión. En el caso no existe tal ley que faculte para liquidar a Luz y Fuerza del Centro. Sin embargo, una juez de Distrito negó el amparo al SME y el tema se encuentra a la espera de la solución del recurso de revisión por un tribunal colegiado.


El segundo tema, de la misma o mayor importancia, se ha dado con motivo de la huelga de Cananea, que sin fundamento alguno fue invocada como pretexto para promover la terminación de las relaciones de trabajo por supuesta fuerza mayor y en la que el segundo tribunal colegiado del primer circuito en materia de trabajo, por mayoría de votos en contra de la ponencia de la presidenta del tribunal resolvió negar el amparo al sindicato minero. Lo único cierto es que el procedimiento especial que siguió la empresa con la total simpatía de la JFCA no tiene fundamento alguno.


Está pendiente la entrega de la copia de la sentencia. El tribunal se está tomando su tiempo. Pero lo que es evidente es que el supuesto despido de los trabajadores mineros de Cananea no tiene fundamento alguno. Tan es así que la empresa –como ya lo ha dicho su principal aliado, el secretario del Trabajo, Javier Lozano– se apresta a reanudar los trabajos, con lo que pone en evidencia que no existió, salvo en la imaginación de las autoridades, la fuerza mayor: destrucción de sus instalaciones, que se alegó como motivo.


Lo curioso es que el secretario del Trabajo, personaje principal en todo este drama, en una circular fechada el día 14 de este mismo mes se ha encargado de afirmar que la consecuencia del despido es el fin de la huelga, en lo que, como en tantas otras cosas, está rotundamente equivocado. No sería malo regalarle una Ley Federal del Trabajo para que lea su artículo 469, en el que se precisan los motivos de terminación de una huelga, entre los que no se encuentra el invocado por el señor ministro. Cabe recordar que la LFT establece que si un trabajador es despedido en el periodo de prehuelga, tiene derecho a participar en el recuento, en su caso (artículo 931-III).


El asunto no ha llegado a su final. Falta mucho por recorrer. Ya nos llegará el anteproyecto de LFT que anuncia el propio secretario, y podemos imaginar con qué intención ha sido preparado.


La solidaridad de los sindicatos independientes se hace cada vez más necesaria. Si los conflictos laborales se deben resolver por organismos dependientes de los poderes ejecutivos, nunca será posible, al menos en este régimen reaccionario, mantener los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Si el Congreso lo tolerara, la ambición de quienes tienen el poder sería derogar el artículo 123 constitucional y la LFT.


Hay, naturalmente, los obstáculos tradicionales. El principal desde el punto de vista sindical es nuestra tradición de confederaciones sindicales aliadas con el Estado. Serían capaces de participar en la eliminación de las disposiciones constitucionales y reglamentarias propicias a los derechos fundamentales de los trabajadores. Por lo mismo, lo indispensable es la unidad de los sindicatos democráticos y el apoyo de los organismos internacionales. Afortunadamente, se cuenta con ellos.
http://www.jornada.unam.mx/2010/02/21/index.php?section=politica&article=020a1pol

la PFP vocero del gobierno: represion su mensaje

Toluca México, a 20 de febrero de 2010
cerca de las 23:30 hrs. del día viernes 19 de febrero, como es costumbre de este gobierno opresor, al amparo de la obscuridad cual viles criminales tomaron por asalto la central de servicios de la División Toluca; bajo el pretexto de cambio de guardia, mas de 200 efectivos de la PFP con todo su equipo de robocop, además de estar respaldados por elementos de la agencia de seguridad estatal (ASE) y policía municipal, quienes acordonaron las calles aledañas impidiendo el paso de propios y extraños.
Mientras tanto los “pfpos” (PFP) desalojaban a los compañeros que vigilában dicho centro de trabajo y ordenaron que se procediera a desarmar el campamento, todo esto bajo el argumento de que se impedía el acceso para el cambio de guardia de la PFP…
Hacemos notar que tal despliegue de elementos solo se justifica cuando se captura a peligrosos criminales y es injustificable tal cantidad de fuerza para desalojar a unos trabajadores que se encuentran en una lucha justa por su empleo.
¿No será que sus intenciones sean las de maquillar oficinas, bodegas y vestidores, para que no se encuentren las mismas irregularidades que en la División Cuernavaca?
¿O será tal vez el robo de material?
¿O quizá somos de plano muy mal pensados…
Reportándose con saldo blanco gracias a la disciplina de los camaradas.

Sindicato Mexicano de Electricistas Ayer, Hoy y Siempre.

Operación Subestaciones División Toluca

La burla de los cortes de la CFE (POCO A POCO LA VERDAD SALE A LA LUZ)

16/02/2010

De frente y de perfil
Ramón Zurita Sahagún DIARIO IMPACTO

Lo que parecía un logro del gobierno federal, mejorar el servicio de suministro de energía eléctrica, parece hundirse en la mediocridad del servicio que proporciona la Comisión Federal de Electricidad.

La desaparición de Luz y Fuerza del Centro abrió un oasis de esperanza en los usuarios de esa empresa, sujeto a maltrato, chantaje, extorsión, ya que incluso el propio gobierno federal se encargó de difundir esos conceptos como parte del servicio que otorgaba CLyFC.

Se inició una campaña de desprestigio en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas como responsables del mal servicio y de la cantidad de problemas que aquejaban a la extinta empresa.

La intención era de marcar la diferencia entre la empresa que daba el servicio en los estados de México, Hidalgo, Morelos, parte de Puebla y el Distrito Federal y la que, supuestamente, alcanzaba altos de grados de eficacia en el resto del país.

El director de la CFE fue exaltado como uno de los funcionarios más eficientes del país, el que, gracias a su manejo, consiguió ubicar a la Comisión Federal de Electricidad en estados de excelencia y con certificaciones de ISO en todos sus departamentos.

Al margen quedaron las situaciones de indefinición que se viven en diversos estados del país, donde existe un gran rezago en lo tocante a pagos y demandas por servicio ineficiente y por responsabilidad en una serie de inundaciones provocadas por el manejo de las presas y las hidroeléctricas.

Todo eso quedó en el olvido en el marco comparativo que se intentó hacer entre la eficacia de una y otra empresa.

Sin embargo, al poco tiempo de la extinción de Luz y Fuerza del Centro y de pasar sus activos a la Comisión Federal de Electricidad estalló un megaescándalo en torno a fraudes y manejos irregulares, de los que pronto se deslindó el director de la CFE, Alfredo Elías Ayub.

Al parejo del escándalo se iniciaron los problemas en el suministro de energía eléctrica a los nuevos usuarios, con cortes frecuentes en diversas colonias del Distrito Federal, los que pasaban de horas a días.

Fue entonces cuando el gobierno federal intentó vender la idea de supuestos sabotajes por parte de los trabajadores pertenecientes al SME, versión que pronto se extinguió.
Fuertes vientos acusaron mayor desazón en los nuevos usuarios de la poderosa CFE y nuevamente transcurrieron varios días para que el suministro de electricidad llegara a esas zonas afectadas.
Inundaciones recientes mostraron que la capacidad de la CFE no es suficiente para atender la necesidad de los usuarios del servicio eléctrico y, otra vez, los paganos fueron los vecinos de diversas colonias.

Aquí ya no cupieron las responsabilidades que se le pretendió endosar a las acciones de resistencia emprendidas por los sindicalistas del SME y con la idea de desdibujar el movimiento del SME, mejor dejaron de culparlos de actos de sabotaje.

Cuatro meses después de la acción gubernamental de mostrar los efectos descarnados de la corrupción que motivaron la desaparición de LyFC, la inoperatividad de la CFE queda patente con las grandes fallas y la carencia de operatividad de la empresa que dirige a control remoto Alfredo Elías Ayub.

Son diversas las delegaciones que sufren de los cortes constantes de luz por parte de la CFE, sin que medie explicación alguna y para colmo de males, los encargados de informar sobre las causas de las fallas eléctricas no contestan jamás los teléfonos designados para ello.
En la delegación Magdalena Contreras como en otras más las fallas se acumulan y hasta tres o cuatro ocasiones por día sufren variaciones en las entradas y salidas de luz, con apagones constantes por varias horas, sin importar si es de día o de noche.

Como si el deterioro de los aparatos eléctricos no les importara en lo absoluto, los trabajadores de la CFE muestran un total cinismo en cuanto a los costos del servicio, argumentando que los cobros serán los mismos que se venían pagando, sin importar si el uso de la energía eléctrica es mayor o menor, hasta que las cosas se regularicen.

Y la pregunta que surge es si para empeorar el servicio fue que se extinguió una empresa casi centenaria y se lanzó a la calle a cuarenta mil trabajadores o es que detrás de esa decisión gubernamental se encuentran otras razones, hasta el momento ocultas.

Pese a CFE, sufre IP por deficiente servicio de luz

Milenio

A pesar que el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEEM) estuvo de acuerdo con la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, ahora sufre por problemas en el suministro de energía eléctrica el cual se incrementó a causa de las lluvias de semanas atrás.

El vicepresidente de Infraestructura y Parques Industriales, Marcelo Quiroz Cañas, refutó al Presidente Felipe Calderón en torno a que se han mejorado las condiciones del servicio que es malo y limita la inversión.

Aunque el presidente Calderón argumentó este lunes que la extinción de LFC el pasado 11 de octubre de 2009, aumentó la competitividad de la industria en el centro del país, así como la producción, las exportaciones, la creación de empleos y la atracción de inversión privada,"lo cierto es que los parques industriales de la entidad se han visto afectados por la falta de suministro eléctrico, lo que ahuyenta a los inversionistas”.

Algunos de los problemas a los que las empresas se han enfrentado se refieren a fallas locales en los transformadores, el robo de cable y la demora en la recepción de los recibos, lo que ha traído como consecuencia que las empresas paguen lo doble de su cuota que antes cubrían.

Debido a esas dificultades, se instaló la comisión de electrificación, integrada por miembros del propio Consejo Coordinador, que tiene como objetivo recibir solicitudes de apoyo de las empresas afectadas.

En este sentido Quiroz Cañas reiteró que la zona industrial que está dañada en mayor medida es el oriente del estado.

La semana pasada, recordó, sostuvo una reunión con el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, en la que exigió respuesta a los problemas por los que aún atraviesan los empresarios, pues con las condiciones meteorológicas que se presentaron días pasados se complicó la dotación del servicio, principalmente en el oriente, en los municipios de Chalco, Ecatepec y Nezahualcóyotl.

Hay empresas que se han quedado sin suministro dos días o más, además de faltas intermitentes de energía eléctrica, provocando que el reinicio de operaciones implique un gasto mayor.

La problemática ha llegado tan lejos que por ello se creó la comisión de electrificación y la mesa de quejas, y se exhortó a la paraestatal a resolver la situación.

Estalla la huelga en el Colegio de Posgraduados

Hacienda no entregó los recursos para el proceso de homologación, alegan autoridades


Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada
Sábado 20 de febrero de 2010, p. 30
Debido a que las autoridades del Colegio de Posgraduados “se echaron para atrás con los recursos destinados a la homologación salarial”, el Sindicato Independiente de Académicos del Colegio de Posgraduados (Siacop) estalló ayer la huelga.

La institución cuenta con siete campus y prepara a 2 mil alumnos en doctorados y maestrías relacionadas con el agro.

Lenin Guajardo, secretario general del Siacop, precisó que restando “50 minutos” para el término del plazo de la negociación, las autoridades del Colpos, encabezadas por Félix González Cossío, les señalaron que se retiraba la propuesta de canalizar 24.3 millones de pesos para continuar con el proceso de homologación y que sólo quedaba en la mesa la oferta de 4 por ciento de incremento salarial.
La explicación dada al gremio fue que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no había autorizado el monto y por tanto se cancelaba la homologación. Ante esto, los 619 académicos del Colpos acordaron colocar las banderas rojinegras en los planteles.

El año pasado la institución estuvo en paro de labores durante 97 días debido a la negativa del Colpos de acceder a la homologación; finalmente las partes acordaron realizar dicho proceso en un plazo de cinco años. Sólo un año se cumplió el acuerdo.

Fustiga el obispo Vera al gobierno porque “destruye” a trabajadores

Cinismo e impunidad, sello oficial a 4 años de la tragedia en Pasta de Conchos, expresa


Descalifica la STPS al prelado por hablar “sin sustento técnico, científico y legal”


Aspecto de la misa de este viernes por los 65 mineros muertos en Pasta de Conchos, Coahuila, hace cuatro añosFoto Carlos Ramos Mamahua
Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Sábado 20 de febrero de 2010, p. 29
Corrupción, impunidad, mentira y cinismo integran el símbolo de la actitud gubernamental en los cuatro años transcurridos desde el accidente en la mina Pasta de Conchos, que causó la muerte de 65 mineros, advirtió el obispo de Saltillo, Raúl Vera.

Durante los actos para recordar la tragedia, lamentó que el gobierno de Felipe Calderón esté creando un “polvorín” por aferrarse a una “ceguera” para conducir la nación.

“Están desbaratando las fuentes de vida. Están creando un polvorín. ¡Una tras otra, una tras otra! Ahí está lo que hicieron en Cananea [con la huelga minera], en Luz y Fuerza, en Pasta de Conchos, en la lucha contra el narcotráfico, que genera más violencia. Es inaudito.

“El responsable es el equipo que tiene [Calderón] quien, pese a ello, no quiere cambiar su estrategia”, dijo el prelado ante familiares de las víctimas en la mina 8, unidad Pasta de Conchos.

Mesa de trabajo por plantón

Antes, el dirigente de El Barzón Popular, Crescencio Morales, anunció que establecerían un plantón permanente frente al domicilio particular del secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano, como medida de presión para que se autorice el rescate de los cuerpos en Pasta de Conchos.

De inmediato, el secretario particular del funcionario llamó al líder barzonista por teléfono y al anochecer se reunieron con el subsecretario de Trabajo, Álvaro Castro, quien se comprometió a establecer una mesa de trabajo para analizar los problemas en materia de seguridad e higiene en la zona carbonífera y, además, abordar ahí el caso Pasta de Conchos.

Con esa “apertura”, refirió Manuel Fuentes, abogado del colectivo Familia Pasta de Conchos, se desactivó el plan de acción de los barzonistas, a la espera de resultados del análisis conjunto con los funcionarios de la STPS.

Junto con integrantes de organizaciones sociales, Vera y el obispo emérito Samuel Ruiz encabezaron una homilía frente a las oficinas corporativas del Grupo México, concesionario de las minas más importantes del país, entre éstas donde ocurrió el accidente el 19 de febrero de 2006.

Desde ahí, frente al inmueble central del corporativo, ubicado en Polanco, el obispo Vera reiteró sus declaraciones de que el gobierno federal no permite el rescate de los cuerpos sepultados en Pasta de Conchos porque con ello quedaría al descubierto que gran parte de los mineros no murieron al momento del desplome de las estructuras internas del socavón, sino que perdieron la vida ante la cancelación de las tareas de rescate, ordenada precisamente por las autoridades federales.
“¿Qué están escondiendo? Lo que pretenden es que no se conozca la verdad acerca de las causas y la fecha exacta de la muerte de nuestros hermanos. Los huesos tienen memoria y eso es lo que están ocultando, y eso se llama corrupción, impunidad y mentira: durante cuatro años, la misma actitud de desprecio a la vida humana.

“¿Qué nos espera mañana? Ahí está Cananea, el SME, ahora van por los telefonistas; es una actitud de destrucción [del gobierno] contra los trabajadores, quienes son los que construyen la riqueza del país. ¿Adónde irán cuando terminen [la actual administración calderonista]? ¿Se irán a Irlanda otra vez?”, expresó Vera, al tiempo de instar a la organización del pueblo “dentro de los límites éticos” para destrabar las estructuras de corrupción.

Sin responsabilidad ética

Lo dijimos hace cuatro años y tuvimos razón, agregó. “Pasta de Conchos era un paradigma. No hay responsabilidad ética del gobierno, sino un cinismo tremendo, expresó, luego de conocer un comunicado de la STPS en el que la dependencia afirma que las declaraciones de “monseñor Vera son juicios de valor, basados en conjeturas que carecen de sustento técnico, científico y legal.

“Si él contara con estudios serios sobre el asunto –anota el boletín de la STPS– lo lógico sería que los presentara ante las autoridades competentes, lo cual no ha sucedido después de cuatro años de la tragedia.”

Familiares, organizaciones civiles, sindicales, ministros de culto y trabajadores afirman que existen las condiciones para rescatar los restos de los mineros.

Después de la concentración frente a las oficinas de Grupo México, mineros, integrantes del SME y familiares, entre otros, marcharon del Monumento a la Revolución al Zócalo, donde celebraron un mitin para exigir justicia y, sobre todo, la reactivación de las tareas de rescate de los cuerpos.

La ley laboral, lastre para la productividad: Lozano

De la redacción

Periódico La Jornada
Jueves 18 de febrero de 2010, p. 18
El titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, señaló ayer que “el marco jurídico vigente en materia laboral es un lastre para la productividad”, por lo que, en su opinión, ya “es inaplazable sacar adelante las reformas estructurales”, en referencia al proyecto de modificación a la Ley Federal del Trabajo que empezó a impulsar en este periodo legislativo.

Dijo que dicha reforma podrá realizarse “con la voluntad política” de los tres órdenes de gobierno, de los poderes de la Unión, los órganos autónomos de Estado y las organizaciones civiles y sociales.

En su opinión, las leyes laborales vigentes “son un pesado fardo para la productividad”. Dijo que a pesar de las 321 iniciativas que se han revisado en la materia, no se ha podido concretar los cambios. Por ello, urgió a sumar esfuerzos para llegar a acuerdos que permitan hacer la modificación legal necesaria para –por ejemplo– crear esquemas de “contratación flexibles que faciliten el acceso al mercado de trabajo a jóvenes, mujeres y hombres mayores de 40 años que tienen dificultad para insertarse a los diversos sectores productivos”.
Junto con el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, Lozano encabezó la instalación del Consejo Consultivo Ciudadano de Empleo y Desarrollo Económico en la entidad. En este contexto, señaló que “debemos apostar por la productividad y hacernos más competitivos”, ya que, según reconoció, la mejor manera de acabar con la pobreza es crear oportunidades de empleo para todos, “no sólo con programas asistenciales o apostando a transferencias inagotables, sino con políticas públicas más eficaces y procesos productivos con mayor valor agregado”.

Acuerda el SUTERM no exhibir corrupción interna; reinstala a empleada corrida por CFE

En asamblea acatan orden del líder nacional Víctor Fuentes; “podría pasarnos como al SME”


Rossana Jaramillo recibió instrucciones de Urbina Domínguez de alterar la nómina y darle 6.7% más

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Jueves 18 de febrero de 2010, p. 17
La dirigencia del sindicato de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) revirtió la sanción impuesta por la paraestatal contra una empleada que alteró la nómina en favor del sueldo de su líder gremial.

La maquinaria del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) se movió para hacer una asamblea a modo en la sección del valle de México y restar valor al oficio HH001/0022/ 2010, con el acta administrativa del 18 de diciembre, en el que la CFE comprueba la irregularidad administrativa detectada en el Sistema Integral de Recursos Humanos.

A mano alzada, se instó a los electricistas a votar por la permanencia de su dirigente seccional, Mario Urbina Domínguez, quien había ordenado a la trabajadora –despedida por la CFE– incrementarle el salario 6.7 por ciento, equivalente a un brinco de tres escalones en la nómina de la paraestatal, cuyo lema es “una empresa de clase mundial”.

En particular, las huestes que encabeza Víctor Fuentes, líder del SUTERM, operaron para no exhibir la corrupción interna en esta organización gremial porque –argumentaron algunos de los oradores– “con ello se da carne fresca a los enemigos del sindicato para que nos destruyan, y al rato, con ese pretexto, nos van a dejar sin empleo, como hicieron con los del Sindicato Mexicano de Electricistas (trabajadores de la desaparecida Luz y Fuerza del Centro)”.

Molestia por ventilar casos en la prensa

La cúpula gremial y sus seguidores exigieron además que “den la cara” quienes están difundiendo en la prensa los asuntos internos del SUTERM. La Jornada publicó el mes pasado el caso en que los gerentes de la CFE acordaron el despido de Rossana Jaramillo Hernández y la emisión de una “severa llamada de atención por escrito” al mencionado líder seccional.

De acuerdo con trabajadores asistentes a la asamblea –realizada la tarde del pasado martes–, “por orden de Víctor Fuentes” se autorizó la reinstalación de Jaramillo Hernández. De 280 empleados que acudieron a dicha reunión, sólo unos cuantos se atrevieron a advertir acerca de “los riesgos de solapar la falta de honradez y los excesos” en el sindicato.
Sin embargo, señaló uno de los trabajadores consultados, “operó todo el aparato. Echaron a andar toda la maquinaria del Comité Ejecutivo Nacional del gremio de la CFE para manipular. Fue una mascarada lo que hicieron en la asamblea. De la dirigencia nacional asistieron Alejandro Chávez Anguiano, secretario de previsión social, y Carlos Ortega, secretario de Educación. No acudió José Tobón, coordinador regional del SUTERM, quien solapa a Urbina”.

Otro de los asistentes comentó: “Chávez Anguiano se aventó un discurso barato con el que manipuló la asamblea. Las intervenciones de los oradores fueron limitadas, y los pocos que emitieron algunas críticas trataron de hacer conciencia en los compañeros de que Víctor Fuentes siempre habló de honestidad y trabajo, y con esos actos se contradice la supuesta línea del dirigente nacional.

“Hicieron operación zurcido. Remendaron todas las irregularidades y se ordenó el regreso inmediato –por encargo de Víctor– de la compañera rescindida. Según ellos, al devolver el dinero de la nómina alterada el daño ya está reparado”.

Es decir –comentó otro electricista–, si hubo un desfalco se ordenó que se regresara el dinero y con eso sepultaron el caso. “La gente no quiere problemas con los dirigentes porque en el SUTERM hay cláusula de exclusión (si te expulsan del sindicato te corren de la empresa en automático). Se votó a mano alzada. Ya luego en privado siguieron las quejas, pero ahí, en la asamblea, había que aplaudir y dar por terminado el asunto”.

BOLETÍN DE PRENSA SME

A las organizaciones sindicales, sociales y políticas,
A la opinión pública nacional e internacional,

No habían pasado 48 horas, después de que Felipe Calderón Hinojosa se había desvivido en elogios a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y hacia sí mismo, por haber tomado la decisión de decretar la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), cuando la terca y necia realidad lo ha puesto nuevamente en su lugar, extensas zonas de la capital y el Estado de México se encuentran sin energía eléctrica.

Es el caso de los pueblos de Parrés, San Pedro Mártir, San Andrés Totoltepéc, San Miguel Ajusco y las colonias María Esther Zuno y Tlamille, además de una extensa área de la calzada de Tlalpan en el sur de la ciudad. La segunda y tercera sección de Lomas Verdes y Santa Mónica, así como la colonia Benito Juárez, en el Estado de México. Y finalmente, las colonias: Reforma Iztaccihuatl, Iztacalco, Morelos, Condesa y la Roma de esta ciudad.

La grave alteración de las actividades económicas, sociales y culturales de los habitantes de nuestra urbe, es más que evidente, amén de la creciente irritación de cada vez más extensas capas de la población, provocadas por ese grupo de saboteadores de la Industria Eléctrica Nacionalizada, de la economía de la zona metropolitana y de la estabilidad ciudadana en la zona central del país, que integran Felipe Calderón Hinojosa, Javier Lozano Alarcón y Alfredo Elías Ayub.

Los severos daños a la prestación del servicio público de energía eléctrica en la zona central del país, realizados por Calderón y su grupo, muestran que están incurriendo en el delito de sabotaje, pues han entorpecido peligrosamente este servicio. En consecuencia, se les debe aplicar lo que textualmente establece el artículo 140 del Código Penal Federal, “Artículo 140.- Se impondrá pena de dos a veinte años de prisión y multa de mil a cincuenta mil pesos, al que dañe, destruya o ilícitamente entorpezca vías de comunicación, servicios públicos, funciones de las dependencias del Estado, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal o sus instalaciones; plantas siderúrgicas, eléctricas o de las industrias básicas; centros de producción o distribución de artículos de consumo necesarios de armas, municiones o implementos bélicos, con el fin de trastornar la vida económica del país o afectar su capacidad de defensa.”

Al señor Calderón solo le quedan dos caminos: el primero sería, el retorno inmediato a la Legalidad Constitucional, es decir, dar marcha atrás en su decreto de extinción de LyFC, para permitir el regreso a sus labores de los trabajadores agremiados al SME, y con ello, llevar a cabo los urgentes programas de mantenimiento preventivo y correctivo, mediante los cuales contribuiríamos al abatimiento del tiempo de interrupción al usuario, y la segunda, congruente con la política neoliberal sería emitir dos decretos más, con el objeto de extinguir a Tlaloc y Eolo, dioses de la lluvia y el viento respectivamente.

En todo caso, el titular del ejecutivo federal, tiene la palabra. Desde luego, debe apresurarse antes de que la paciencia popular y ciudadana estalle y lo haga renunciar por ineficiente, ineficaz, por llevar al país al caos económico y a la confrontación social. Por ello, tenemos que organizar esa irritación social creciente para que juntos vayamos a la huelga política nacional que estallaremos este próximo 16 de marzo a las 12 horas, en todo el país.


Fraternalmente


“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”


México D.F. a 17 de febrero de 2010


Fernando Amezcua Castillo

Las fallas en el suministro demuestran que fue un error desaparecer LFC, dice el SME

Exhorta a encauzar el disgusto hacia la huelga política nacional, a realizarse el 16 de marzo
Patricia Muñoz Ríos


Periódico La Jornada
Jueves 18 de febrero de 2010


El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) señaló que no habían pasado 48 horas desde que el presidente Felipe Calderón "se había desvivido en elogios a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y hacia sí mismo", cuando la "terca y necia realidad" evidenciaron que extensas zonas de la capital y el estado de México se encuentran nuevamente sin energía eléctrica.


Tal son los casos de los pueblos de Parrés, San Pedro Mártir, San Andrés Totoltepec, San Miguel Ajusco, o colonias como Tlamille, extensas áreas de la Calzada de Tlalpan, la segunda y tercera sección de Lomas Verdes y Santa Mónica, así como en áreas de Reforma Iztaccihuatl, Morelos y amplias zonas de la Condesa y la Roma en esta ciudad, apuntó esta organización.


"La grave alteración de las actividades económicas, sociales y culturales de los habitantes de esta ciudad es más que evidente, amén de la creciente irritación social de extensas capas de la población", sostuvo. El gremio añadió que este enojo se deberá encausar y organizar para estallar la huelga política nacional el próximo 16 de marzo.


Este sindicato expuso que los verdaderos saboteadores del servicio de energía eléctrica en la zona central del país son el propio presidente Calderón; el secretario del Trabajo, Javier Lozano, y el director de la CFE, Elías Ayub.


También calificó como una burla lo dicho por el Presidente hace unos días, cuando señaló que "la CFE ha resuelto los problemas de falta de suministro de energía, que en su momento Luz y Fuerza del Centro no pudo solucionar", ya que la triste realidad es que la ciudadanía vive un calvario por los incesantes cortes de luz, las permanentes variaciones de voltajes y la impericia e incapacidad de las empresas privadas contratadas para atender las urgencias.


A ello se suma el hecho de que está en ciernes un incremento considerable al precio de la energía eléctrica, pues "ya sin los subsidios" el servicio se va a elevar en forma contundente para los ciudadanos, así como el cambio de medidores bajo el costo de los usuarios.


Todas estas situaciones crean problemas a las familias de decenas de colonias que han tenido que salir a la calle a manifestarse y bloquear vialidades para que atiendan sus quejas, o bien aguantarse 3, 4 días y hasta una semana sin luz; incluso se han presentado cientos de quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), pero Felipe Calderón parece no estar enterado de todo ello, ni que se que ha generado entre la ciudadanía "extrema zozobra sobre el servicio", incluso para los pequeños y medianos empresarios, indicó el sindicato.


En un documento firmado por el secretario del exterior, Fernando Amézcua, esta organización plantea que “la privatización del sector energético marcha viento en popa, la Carta Magna es sólo un papel sin significado para los oligarcas y sus palafreneros. El desmantelamiento de nuestra soberanía y patrimonio nacionales es cosa de todos los días. La electricidad y el petróleo son sólo monedas de cambio en la macro plaza neoliberal a la que son tan adictos los miembros de este gobierno y son las últimas que le quedan a los yuppies mexicanos, pues ya no habrá más”.
http://www.jornada.unam.mx/2010/02/18/index.php?section=politica&article=016n1pol

Ordena IFAI tener un año en reserva los nombres de quienes aceptaron liquidarse

Elizabeth Velasco C.


Periódico La Jornada
Jueves 18 de febrero de 2010


Para evitar que "se ponga en riesgo la integridad física" de 28 mil 190 ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC) que ya cobraron su liquidación (que ascendió a más de 12 mil millones de pesos), el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó de manera "excepcional" mantener bajo reserva sus nombres por un año, así como cualquier dato que pueda "hacer identificables" a los liquidados.


Al debatir el recurso de revisión 6027/09, interpuesto contra el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), la comisionada ponente María Marván revocó la confidencialidad que ese órgano liquidador de LFC ordenó sobre los nombres de los electricistas que ya hicieron efectivos sus cheques, el cargo que desempeñaron, años laborados y el monto de indemnización recibido, pero la comisionada Sigrid Arzt pidió aplicar la reserva del nombre de los ex trabajadores por la "violencia de algunos integrantes del sindicato (Mexicano de Electricistas) contra los trabajadores que han cobrado su finiquito".


Arzt admitió que aun cuando "el nombre de un servidor público no es confidencial, en este caso es procedente clasificarlo, porque se podría poner en riesgo la seguridad e integridad personal de cada uno de ellos".


La ex artífice del modelo de seguridad en los inicios de la gestión de Felipe Calderón sostuvo que las notas periodísticas han dado cuenta de la "violencia" con que actúan los miembros del SME contra los disidentes, así como de los "daños a inmuebles, vehículos. Incluso, a esta fecha, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se ha visto en la necesidad de abrir averiguaciones previas contra quienes pudieran resultar responsables" por esos hechos.


Difundir los nombres –sostuvo Arzt– "agudizaría los roces entre el SME y los disidentes", y, con ello, "se pondría en riesgo la vida e integridad física tanto de los trabajadores como de sus familiares".


María Marván precisó que contrario a lo que afirmó el SAE, el nombre de un servidor público no es confidencial, pero por las "circunstancias de modo, tiempo y lugar" que privan por la liquidación de LFC, se reservará el dato un año, periodo sujeto a revisión en caso de persistir las actuales circunstancias.


Jacqueline Peschard propuso la reserva también de cualquier otro dato que pueda identificar a los ex electricistas que han cobrado. Por tanto, se determinó la entrega de versión pública de las pólizas de los finiquitos, lo que significa que se eliminarán además del nombre, antigüedad y otros datos que pudieran hacer "identificables" a los ex trabajadores de LFC.


"La versión pública que debe entregarse al solicitante (de la información) se refiere a las 28 mil 190 pólizas, en las que se pueda ver el monto de todos y cada uno de los cheques expedidos. Se dará 30 días para su elaboración. Es importante hacer consciente al pleno que estamos en una situación clara de excepción con respecto a los nombres de quienes reciben recursos públicos", subrayó Marván.


La comisionada ponente ordenó también al SAE entregar documentos específicos sobre los oficios que recibió de Hacienda para autorizar el pago de cheques y otras operaciones, justificación para emitir el pago de cheques de los 44 mil 511 ex trabajadores de LFC, y otros documentos que acrediten la transferencia de los recursos públicos para la liquidación referida. Otro dato que dio el SAE, fue que se utilizó la partida presupuestal 23 para el pago del finiquito de la relación laboral.
http://www.jornada.unam.mx/2010/02/18/index.php?section=politica&article=016n2pol

Integrantes del SME encaran a personal de CFE

Personal de la Comisión Federal de Electricidad irrumpió a la sucursal administrativa de Cuernavaca, lo que provocó el enfrentamiento


JUSTINO MIRANDA
El Universal
Cuernavaca Miércoles 17 de febrero de 2010


Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) violó los sellos de aseguramiento de la sucursal administrativa de la extinta Compañía de Luz y Fuerza Centro (LyFC) e ingresó a bordo de un camión de turismo.


Los trabajadores del extinto Sindicato Mexicano de Electricistas se percataron de la acción y encararon al grupo de la CFE, lo cual desencadenó un conato de violencia.


Héctor Salazar Porcayo, líder del SME sección Cuernavaca, denunció que el grupo de la Comisión rompió los acuerdos pactados con el secretario de Gobernación, Francisco Gómez Mont, quien prometió que las sucursales y las instalaciones que ocupaban los ex obreros estarían bajo resguardo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, así como de la CFE.


Ante la acción los ex trabajadores de la LyFC bloquearon los accesos de la sucursal para impedir la salida de los empleados de la CFE, hasta que llegaron notarios para dar fe de la violación de los sellos y levantar un acta para fincar responsabilidades por los posibles extravíos de pertenencias así como de dinero que dejó el SME en una caja fuerte y una tómbola.
http://www.eluniversal.com.mx/notas/659627.html

BOLETÍN DE PRENSA DEL SME

17feb

A las organizaciones sindicales, sociales y políticas,


A la opinión pública nacional e internacional


Al pueblo mexicano:


El 15 de febrero del año en curso, en un acto en los Pinos con empresarios brasileros de la empresa Praxair, Felipe Calderón Hinojosa de nueva cuenta, y con una actitud francamente enfermiza, arremete contra Luz y Fuerza del Centro y de nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas.


Al parecer el Señor Calderón está perdiendo severamente el juicio, viviendo en su propia burbuja agrede la inteligencia de los mexicanos, al decir que “la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha resuelto una serie de problemas como la falta de suministro de energía que en su momento Luz y Fuerza del Centro (LFC) no pudo solucionar”.


El Sr. Calderón afirma, mintiendo flagrante e, impunemente a la ciudadanía que si acaso se dejó de atender oportunamente el otorgamiento de energía eléctrica a los usuarios que así lo solicitaban, fue por varias razones, entre ellas: la prohibición expresa de que nuestra empresa (LyFC) pudiera generar su propia energía eléctrica, condenándonos a comprarla a la CFE a precios altos y venderla precios subsidiados, y por lo tanto, por debajo de su precio de compra; la ausencia de recursos suficientes para modernizar nuestras redes de transmisión y distribución del fluido eléctrico, a partir de una política deliberada de asfixia presupuestal que tenía por objeto justificar la “ineficiencia e ineficacia de LyFC”, como hasta la fecha siguen repitiendo como loros en todos los niveles gubernamentales, en una campaña mediática, infame e infamante, muy al estilo de la guerra de baja intensidad practicada por los ejércitos: norteamericano en Viet Nam y mexicano en Chiapas.


Haciendo tabla rasa del calvario de los ciudadanos de la zona centro del país, que día con día padecen los incesantes cortes de energía eléctrica, las permanentes variaciones de voltajes, la impericia e incapacidad de las empresas privadas contratadas por la CFE y losnuevos recibos de Luz (que ya sin los subsidios, se han incrementado de manera considerable). Todas estas cuestiones, han creado ya una situación verdaderamente insostenible, angustiante y de extrema zozobra para la ciudadanía e incluso a no pocos pequeños y medianos empresarios.


Calderón Hinojosa comete un sueño fallido cuando se refiere a los empresarios para pedirles encarecidamente que “Tengan la certeza por favor de que estaremos junto con ustedes trabajando codo con codo a fin de generar las mejores condiciones posibles para que ustedes y cualquier empresa que se establezca en México tenga éxito”. A confesión de parte relevo de pruebas, a los empresarios todo a los trabajadores con todo, esa es su divisa. Nos queda perfectamente claro.


La privatización del sector energético marcha viento en popa, la Carta Magna es solo un papel sin significado alguno para los oligarcas y sus palafreneros. El desmantelamiento de nuestra Soberanía y Patrimonio nacionales es cosa de todos los días. La electricidad y el petróleo, son solo piezas de cambio en la macro plaza neoliberal a la que son tan adictos los miembros de este gobierno, el ultimo que le queda a la “modernidad” de los yuppies mexicanos, pues ya no habrá más. La decisión popular así lo siente, lo dice, lo grita, y sobre todo, trabaja para que se termine la noche negra de estos apátridas insensatos, neoliberales y de derecha.


Por nuestra parte, insistiremos en la organización y movilización de los de abajo; de los que tengan nombre y rostro; de los que merecemos vivir con empleo, tierra y casa; de los que soñamos con la esperanza, el presente y el futuro, de los que sienten, viven y aman el aroma de la clase y la Patria, con el verdadero sentido de pertenencia e identidad clasista y nacionalista.


Nos reconocemos innegable e irreductiblemente en los Programas, Conductas y Acciones de nuestros Padres Fundadores: Ricardo Flores Magon, de nuestros Generales: del Ejército Liberador del Sur, Emiliano Zapata y de la División del Norte, Francisco Villa. Para asumir su infinita aspiración, de construir una patria con Justicia, Libertad y Democracia, para vivir con pleno derecho a la dignidad y la felicidad. En esos propósitos nos reconocemos y habremos de luchar por ellos, hasta el límite de nuestras vidas.


Fraternalmente
“Por el Derecho y la Justicia del trabajador”
México D.F. a 17 de febrero de 2010


Fernando Amezcua Castillo
Secretario del Exterior