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via: la jornada
Arturo Alcalde Justiniani
Al preguntarnos si es necesario reformar el modelo laboral actual para que sea más eficiente y justo, la respuesta sería afirmativa, porque es urgente cambiar una realidad que salta a la vista: el empleo cada vez es más escaso, crece la informalidad, la mayoría de trabajadores perciben salarios por debajo de sus necesidades básicas y se ven obligados a ampliar las jornadas de trabajo para subsistir; a los trabajadores de nuevo ingreso se les despoja de los derechos más elementales; los medios de representación y defensa colectiva se sujetan a controles y prácticas de corrupción y la justicia laboral es lenta y parcial.
Ante la interrogante de si la reforma laboral promovida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) soluciona, al menos parcialmente, estos problemas, la respuesta es no. El proyecto se orienta básicamente a fortalecer, por un lado, los vicios corporativos y reducir derechos colectivos por supuestas razones de seguridad jurídica y, por el otro, a limitar la estabilidad en el empleo, promoviendo el despido libre, el pago por horas y la contratación temporal. Se ofrece precariedad laboral para supuestamente atraer más inversión y productividad.
Uno de las propuestas centrales de la STPS, atendiendo sugerencias de abogados empresariales que buscan por esta vía favorecer sus intereses, se refiere al tema de los salarios caídos, aquellos que los trabajadores dejan de percibir durante el tiempo que dura un juicio por despido. Conforme a nuestra ley laboral vigente, en caso de que éste sea declarado injustificado, corresponde al patrón cubrir el pago. Es importante subrayar que cuando la separación del trabajador es justificada no recibe cantidad alguna por ese concepto.
Los juicios ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje son excesivamente lentos y tortuosos, y tienen una duración promedio de cuatro años, ocasionando graves daños tanto a trabajadores como a patrones, provocándoles temor y desconfianza cuando deben desahogar controversias en estos tribunales tripartitos. Imaginemos la afectación que implica para una persona que vive de su trabajo soportar dicha espera; también para los patrones, sobre todo personas físicas o pequeños empresarios, conlleva un riesgo el verse obligado a cubrir salarios de varios años.
Una verdadera reforma laboral debería lograr que los juicios concluyeran en un periodo corto, en los tiempos que la propia ley señala, de un máximo de tres meses; sin embargo, para lograrlo deben existir órganos de justicia eficientes, imparciales y que cuenten con los medios necesarios para resolver los juicios de manera pronta y expedita como lo señala nuestra Carta Magna. Esas instancias no pueden ser las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que por su composición tripartita, sometimiento al Poder Ejecutivo y falta de presupuesto están condenadas a la ineficacia. Este tripartismo es falso, porque prevalece la voluntad del tercero en discordia, que es el representante del gobierno. Los designados por el sector obrero y patronal están de adorno, su participación se limita a hacer más difícil el proceso, porque no asisten con regularidad, atrasan sus firmas, esconden los expedientes y obstaculizan los procedimientos conforme a sus particulares intereses. Sus salarios podrían ser utilizados para mejorar el servicio.
Lo deseable es que el proyecto de la STPS propusiera un sistema de justicia diferente, apoyado en jueces confiables, imparciales, como operan en cualquier sistema legal para dar certidumbre a patrones y trabajadores. Como dicha dependencia no quiso asumir el reto, optó por otra salida: limitar los salarios caídos hasta un máximo de seis meses más intereses por nueve meses de salarios. De esta manera, los salarios que excedan ese tiempo serán por cuenta de los trabajadores, quienes sufrirán las consecuencias de la lentitud de los juicios, aún cuando el culpable al final, sea el patrón. Una especie de justicia al revés, cuyas consecuencias son evidentes. Si el juicio dura cuatro años, el patrón sólo cubrirá la octava parte de ese periodo y el trabajador, que se friegue: quién le manda andar reclamando justicia.
La propuesta de cubrir salarios hasta seis meses es absurda, lo único que provocaría es que los patrones despidan a los trabajadores sin temor ni recato alguno, ya que en caso de ser demandados por ellos, les ofrecería, si mucho, un par de meses, so pena que les hagan esperar varios años para cobrar, sólo si el despido resulta injustificado y después de amparos y todas las dificultades que en la práctica operan, incluidos los mecanismos del propio cobro.
Los abogados patronales que sustentan la propuesta de limitar el pago a seis meses, sostienen que su origen deviene de la legislación española, donde a los trabajadores se les cubre únicamente tres meses de salario, de manera que los mexicanos saldrían ganando el doble. Sin embargo, una lectura cuidadosa de dicha legislación contradice tal argumento. Primero, porque los órganos de justicia son distintos a los nuestros, se trata de jueces que resuelven con imparcialidad y rapidez y; segundo, porque los salarios caídos que exceden de tres meses los paga el propio Estado porque la lentitud es imputable a éste. El artículo 57 de la ley laboral española denominada Estatuto de los Trabajadores, señala que cuando la sentencia que declare la improcedencia del despido se dicte transcurridos más de 60 días hábiles, el empresario podrá reclamar al Estado los salarios dejados de percibir por el trabajador “correspondiente al tiempo que exceda de dichos 60 días”.
Lo que la reforma debe garantizar, entre otros temas, es que los juicios laborales duren menos de seis meses, así se apoyará a trabajadores, patrones y al país entero, pero de ninguna manera cargarle el costo sólo a los trabajadores cuando no son responsables de su despido, ni de la ineficiencia del sistema de justicia.
EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION SUBESTACIONES TOLUCA CONTINUA EN PIE DE LUCHA CON LA CONVICCION DE OBTENER LA VICTORIA EN LA DEFENSA DE NUESTRO TRABAJO.
EN MEMORIA DE UN MIEMBRO DE OPERACION
DESCANSE EN PAZ EL C. RICARDO GONZALEZ BECERRIL
sábado, 27 de febrero de 2010
Efectúan mítines en respaldo al SME y mineros
De los corresponsales
Periódico La Jornada
Sábado 27 de febrero de 2010, p. 30
Miles de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de organizaciones y sindicatos afines marcharon ayer en Morelia desde la casa de gobierno de Michoacán a la plaza Melchor Ocampo, para respaldar al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y pronunciarse contra las reformas laborales y educativas “que ya cocina” el gobierno.
Jorge Cázares Torres, líder de la sección 18 de la CNTE, dijo que los paros convocados por la corriente democrática del magisterio en apoyo a la próxima huelga nacional del SME serán escalonados, y exigió que se restituya la legalidad constitucional violentada por el gobierno en materia social y educativa, mientras los participantes entonaban consignas a favor de los trabajadores electricistas y mineros, junto a grupos ecologistas opuestos a introducir una vialidad en la reserva Loma de Santa María.
Apoyo de cenecistas
A su vez, el diputado federal priísta Cruz López Aguilar, líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC), anunció en Chilpancingo, Guerrero, que su organización apoyará la huelga nacional convocada por el SME en apoyo a los mineros de Cananea, Sonora.
El dirigente encabezó una reunión de bases cenecistas, y manifestó que si bien los campesinos no pueden ir a la huelga, por no estar sindicalizados, de todos modos “los mineros tienen todo nuestro respaldo, e incluso hemos participado en sus manifestaciones”.
En el acto Jorge Zapata González, nieto del general Emiliano Zapata y representante de la CNC en Anenecuilco, Morelos, reconoció que los campesinos viven ahora la misma situación que dio lugar al alzamiento encabezado por su abuelo, por lo que “hace falta una nueva revolución, pero sin armas”; esta sería una última instancia, porque “hay gente campesina preparada en espera de que los ideales del Plan de Ayala se cumplan algún día...”
Entretanto, en la capital de Oaxaca cientos de estudiantes adheridos a la Coordinadora de Escuelas Normales del Estado (CENEO) retuvieron unidades de transporte urbano y bloquearon la calzada San Felipe y otras vialidades, como medida de presión para que sean cancelados la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) y el Plan Estatal de Fortalecimiento a la Educación Normal (Pefen).
Ernesto Martínez Elorriaga, Octavio Vélez Ascencio y Sergio Ocampo Arista
Periódico La Jornada
Sábado 27 de febrero de 2010, p. 30
Miles de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de organizaciones y sindicatos afines marcharon ayer en Morelia desde la casa de gobierno de Michoacán a la plaza Melchor Ocampo, para respaldar al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y pronunciarse contra las reformas laborales y educativas “que ya cocina” el gobierno.
Jorge Cázares Torres, líder de la sección 18 de la CNTE, dijo que los paros convocados por la corriente democrática del magisterio en apoyo a la próxima huelga nacional del SME serán escalonados, y exigió que se restituya la legalidad constitucional violentada por el gobierno en materia social y educativa, mientras los participantes entonaban consignas a favor de los trabajadores electricistas y mineros, junto a grupos ecologistas opuestos a introducir una vialidad en la reserva Loma de Santa María.
Apoyo de cenecistas
A su vez, el diputado federal priísta Cruz López Aguilar, líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC), anunció en Chilpancingo, Guerrero, que su organización apoyará la huelga nacional convocada por el SME en apoyo a los mineros de Cananea, Sonora.
El dirigente encabezó una reunión de bases cenecistas, y manifestó que si bien los campesinos no pueden ir a la huelga, por no estar sindicalizados, de todos modos “los mineros tienen todo nuestro respaldo, e incluso hemos participado en sus manifestaciones”.
En el acto Jorge Zapata González, nieto del general Emiliano Zapata y representante de la CNC en Anenecuilco, Morelos, reconoció que los campesinos viven ahora la misma situación que dio lugar al alzamiento encabezado por su abuelo, por lo que “hace falta una nueva revolución, pero sin armas”; esta sería una última instancia, porque “hay gente campesina preparada en espera de que los ideales del Plan de Ayala se cumplan algún día...”
Entretanto, en la capital de Oaxaca cientos de estudiantes adheridos a la Coordinadora de Escuelas Normales del Estado (CENEO) retuvieron unidades de transporte urbano y bloquearon la calzada San Felipe y otras vialidades, como medida de presión para que sean cancelados la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) y el Plan Estatal de Fortalecimiento a la Educación Normal (Pefen).
Ernesto Martínez Elorriaga, Octavio Vélez Ascencio y Sergio Ocampo Arista
En 500 mantas piden renuncia de Calderón
PROMUEVEN CONSULTA CIUDADANA Integrantes de las Redes Universitarias colocaron mantas en varios campus de la UNAM para promover una consulta ciudadana –a realizarse en mayo– que abordará la demanda de renuncia del presidente Felipe CalderónFoto Carlos Cisneros
A. Bolaños y E. Olivares
Periódico La Jornada
Sábado 27 de febrero de 2010, p. 9
Con 500 lonas colocadas en diferentes puntos de la ciudad de México con la consigna: “Para vivir mejor, renuncia Calderón”, junto al ideograma que acompaña la frase distintiva del actual gobierno, el PRD local y diputados federales iniciaron una campaña para promover la consulta del 22, 23 y 24 de mayo próximo sobre la revocación de mandato de Felipe Calderón.
El dirigente del PRD-DF, Manuel Oropeza, y los legisladores federales Agustín Guerrero, Leticia Quezada, Balfre Vargas y Rosendo Marín, colgaron la primera lona sobre el puente peatonal que cruza avenida Cuauhtémoc, junto al Centro Médico Nacional.
El PRD se sumó a una iniciativa ciudadana que surgió del congreso social realizado a principios de mes en Querétaro.
Asimismo, estudiantes se adhirieron a estas acciones y colocaron mantas con esa leyenda en campus de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Alumnos de instituciones públicas de educación superior, agrupados en las Redes Universitarias, pusieron cinco lonas en la máxima casa de estudios: tres en CU, una en el CCH Sur y otra en la FES Iztacala, para exhortar a sus compañeros a sumarse a la exigencia por la dimisión del titular del Ejecutivo federal.
El actual gobierno “ha cancelado el futuro de miles de jóvenes, pues no se han creado condiciones para darles estudio o trabajo”. En el país existen 7 millones de ninis, señalaron.
viernes, 26 de febrero de 2010
¿que nuestros gobiernos no son represores?
Colonos de Valle de Chalco exigían ayuda; 9 heridos y 2 detenidos
Damnificados y policías se enfrentan en Edomex
Impiden intento de bloqueo en la México-Puebla
Ningún funcionario acudió a escuchar peticiones de los vecinos
La ASE mantiene guardia
Policías estatales lanzan piedras a vecinos de Chalco y Valle de Chalco que ayer intentaron bloquear la autopista México-Puebla. En el enfrentamiento hubo nueve personas lesionadasFoto René Ramón A.
René Ramón
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 26 de febrero de 2010, p. 31
Valle de Chalco, Méx., 25 de febrero. Ocho colonos y un policía heridos, así como dos personas detenidas, fue el saldo de un enfrentamiento que se produjo cuando policías estatales y federales impidieron a un grupo de vecinos bloquear la autopista México-Puebla a fin de exigir más ayuda para recuperar lo perdido a causa de las inundaciones ocurridas el 5 de febrero por la rotura del bordo del canal La Compañía.
Doscientos elementos de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) y 100 de la Policía Federal (PF) se apostaron en los carriles de baja velocidad en cuanto se supo que vecinos de las colonias El Triunfo, Providencia, Avándaro y San Isidro, municipio de Valle de Chalco, y de Unión de Guadalupe, Chalco, planeaban cerrar la vía.
Más tarde, unas 250 personas marcharon desde el cruce de las avenidas Solidaridad y Adolfo López Mateos, colonia El Triunfo, hacia la autopista México-Puebla. Se quejaben de que fueron excluidas del padrón de beneficiarios y de que los 20 mil pesos que les entregaron los gobiernos estatal y federal son insuficientes para resarcir los daños que sufrieron.
“La televisión engaña. ¡Pago justo!”; “Enrique Peña Nieto, no nos quieras callar la boca con una tarjeta electrónica y una despensa, porque ni con eso nos pagan lo que perdimos”, decían algunas pancartas.
Los vecinos se cansaron de esperar a que llegara algún funcionario. “Les vamos a dar una hora para dialogar”, dijeron, pero nadie se presentó.
Quien prendió la mecha fue Jesús Fernández Arragán, dirigente del Frente Nacional Ciudadano Emiliano Zapata. El también ex regidor del Partido del Trabajo y damnificado, incitó a utilizar dos camionetas para romper la valla de policías que resguardaba los carriles centrales de la autopista.
En el kilómetro 28.5 de la vía, con dirección a Puebla, los policías se abalanzaron por igual contra hombres, mujeres y niños, para lo cual utilizaron toletes, escudos y proyectiles de gases lacrimógenos. La gente respondió con piedras, palos y otros objetos.
Los granaderos arremetieron contra Fernández Arragán y María Antonieta López Aguilar, quien conducía una de las dos camionetas con que embistieron a los policías.
Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que inició una averiguación previa por ataques a las vías de comunicación, daño en propiedad ajena y resistencia de particulares.
También quedaron a disposición de las autoridades las camionetas con matrículas 211 HVK y LSN 8159. Esta última se incendió cuando un proyectil de gas lacrimógeno estalló en su interior. Las patrullas 9810 y 9710 quedaron con los cristales rotos.
En 40 minutos ocurrieron tres choques, el último cuando granaderos de la PF intentaron allanar viviendas y negocios de la avenida Solidaridad en los cuales se refugiaron muchos vecinos. Ahí los federales golpearon a Esmeralda Montes Rodríguez, de 27 años de edad y con dos meses de embarazo.
El policía estatal Jesús Arellano Albarrán sufrió una herida en una pierna y fue internado en una clínica del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.
María Fernández, de la colonia El Triunfo, denunció que la policía golpeó a su su abuelo y a su padre, Jesús Fernández.
Cuando la gente se había dispersado arribaron otros 300 elementos de la PF. A las 15 horas se retiraron los policías y se quedaron de guardia 100 elementos de la Agencia de Seguridad Estatal.
Descarta Luege Tamargo reubicación forzosa
En la ciudad de México, el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege Tamargo, informó que no insistirá en reubicar a las familias cuyas viviendas se encuentran en los bordes del canal de aguas negras La Compañía mientras no se garantice el otorgamiento de viviendas en un zona segura.
Sin embargo, dijo que es necesario liberar esta área, pues hay casas construidas prácticamente sobre los bordos, zona extremadamente peligrosa, pero insistió en que será con negociación y diálogo con los habitantes como se solucionará este problema.
Entrevistado luego de anunciar el programa de modernización del Servicio Meteorológico Nacional, Luege señaló que ya se trabaja en el análisis del canal.
Con información de José Antonio Román
Radio Expresion: Preocupa a la REDDH que encarcelen a más electricistas
Noticias SME / Posteado por SME 26Feb10
0 Comments PILAR RAMÍREZ
La Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH) a través de un comunicado, hizo patente su preocupación ante el posible cumplimiento de nuevas órdenes de aprehensión en contra de los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), “ya que este tipo de actos muestran un carácter intolerante y de falta de voluntad política por parte del Estado mexicano encabezado por Felipe Calderón de dar solución a las demandas de los sindicalizados”.
Así “como garantizar los derechos fundamentales de las familias que han quedado sin sustento ante este despido masivo, por medio de un decreto que violenta flagrantemente la Constitución Mexicana”.
Los electricistas de esta División Necaxa agradecieron estas manifestaciones de apoyo, así como a las organizaciones que protestaron ante la detención del dirigente Domingo Aguilar Vázquez, ya que fueron “muy oportunas” las presiones del Frente de Organizaciones, Sociales, Sindicales, Populares y Estudiantiles de Puebla (FOSSEP), señalaron.
Por esta situación integrantes del SME están atentos ante cualquier acción que los pudiera afectar, sin embargo, continuarán con las movilizaciones del SME en la región, cada vez se irán incrementando, siempre y cuando “siguiendo los lineamientos del comité central, para ello no tomarán decisiones al vapor, todas las acciones tendrán un sustento”, porque no harán nada que afecte el movimiento ni la integridad física de los militantes, dijeron dirigentes sus dirigentes de esta División.
En los próximos días, adelantaron que regresarán a las calles de la región para hacer públicas sus protestas, especialmente en los municipios de Huauchinango, Ahuazotepec y Juan Galindo.
Asimismo, fuentes internas del gremio electricista revelaron que de ahora en adelante los pasos serán cautelosos pero firmes, siempre enfocados a llegar a la victoria en esta resistencia, para ello, exhortaron a los electricistas a mantener la calma y respetar las decisiones que se planteen en las asambleas, por eso es importante que acudan a ellas.
Por otra parte, mencionaron que aunque “algunos compañeros tengan la intensión de quitar mantas de partidos políticos en el municipio y carretera federal no lo harán, porque es primordial mantener “la cabeza fría y no afectar esta lucha que va por buen camino”.
De igual forma, informaron que, algunos piensan que el ayuntamiento de este lugar no ha apoyado a los electricistas, es falso, porque sí hay apoyos, con despensas, transporte y hasta económicos, sólo que esto “algunos compañeros no lo sabían”, por eso no actuarán de manera que se afecte la imagen del alcalde de este lugar.
Via: Radio Expresion
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La Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH) a través de un comunicado, hizo patente su preocupación ante el posible cumplimiento de nuevas órdenes de aprehensión en contra de los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), “ya que este tipo de actos muestran un carácter intolerante y de falta de voluntad política por parte del Estado mexicano encabezado por Felipe Calderón de dar solución a las demandas de los sindicalizados”.
Así “como garantizar los derechos fundamentales de las familias que han quedado sin sustento ante este despido masivo, por medio de un decreto que violenta flagrantemente la Constitución Mexicana”.
Los electricistas de esta División Necaxa agradecieron estas manifestaciones de apoyo, así como a las organizaciones que protestaron ante la detención del dirigente Domingo Aguilar Vázquez, ya que fueron “muy oportunas” las presiones del Frente de Organizaciones, Sociales, Sindicales, Populares y Estudiantiles de Puebla (FOSSEP), señalaron.
Por esta situación integrantes del SME están atentos ante cualquier acción que los pudiera afectar, sin embargo, continuarán con las movilizaciones del SME en la región, cada vez se irán incrementando, siempre y cuando “siguiendo los lineamientos del comité central, para ello no tomarán decisiones al vapor, todas las acciones tendrán un sustento”, porque no harán nada que afecte el movimiento ni la integridad física de los militantes, dijeron dirigentes sus dirigentes de esta División.
En los próximos días, adelantaron que regresarán a las calles de la región para hacer públicas sus protestas, especialmente en los municipios de Huauchinango, Ahuazotepec y Juan Galindo.
Asimismo, fuentes internas del gremio electricista revelaron que de ahora en adelante los pasos serán cautelosos pero firmes, siempre enfocados a llegar a la victoria en esta resistencia, para ello, exhortaron a los electricistas a mantener la calma y respetar las decisiones que se planteen en las asambleas, por eso es importante que acudan a ellas.
Por otra parte, mencionaron que aunque “algunos compañeros tengan la intensión de quitar mantas de partidos políticos en el municipio y carretera federal no lo harán, porque es primordial mantener “la cabeza fría y no afectar esta lucha que va por buen camino”.
De igual forma, informaron que, algunos piensan que el ayuntamiento de este lugar no ha apoyado a los electricistas, es falso, porque sí hay apoyos, con despensas, transporte y hasta económicos, sólo que esto “algunos compañeros no lo sabían”, por eso no actuarán de manera que se afecte la imagen del alcalde de este lugar.
Via: Radio Expresion
El Economista: Autoridades avalan adelgazamiento del contrato textilero
Noticias SME / Posteado por SME 26Feb10
0 Comments La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) avaló el adelgazamiento del Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de la Seda y toda Clase de Fibras Artificiales y Sintéticas.
A partir del 9 de febrero de este año, los trabajadores que fueron contratados en este sector recibirán un salario de 131 pesos que ya incluye 5% de aumento acordado entre empresas y sindicato, pero también va acompañado de una serie de recortes en sus prestaciones.
María del Pilar Martínez
Este contrato “ampara” a las personas que realizan trabajos o maquilas de preparación de hilados, preparación de tejidos, tejidos estampados y tintorería.
De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), los trabajadores que ingresen a laborar en empresas en las que es aplicable el Contrato Ley del ramo de la seda y toda clase de fibras artificiales y sintéticas “no tendrán derecho a disfrutar el descanso con goce de salario”.
El documento explica que habrá excepciones en los días descansables que establece la Ley Federal del Trabajo, así como el 10 de mayo, 15 de septiembre, 12 y 24 de diciembre.
Además, aclara el nuevo contrato: los trabajadores “tampoco gozarán de los días de aguinaldo y vacaciones que se estipula en el mencionado contrato; no recibirán el bono de ayuda para compra de despensa, ni el fondo de ahorro que se menciona en el contrato”.
La Secretaría del Trabajo informó que a partir de este año “tendrán derecho a recibir las prestaciones económicas contenidas en la Ley Federal del Trabajo; y el contrato seguirá vigente y se aplicará para todos los sindicalizados que se encuentren laborando en las fábricas, ya sean de planta o eventuales, así como los que hayan sido contratados con anterioridad al día 9 de febrero del 2010”.
Via El Economista
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A partir del 9 de febrero de este año, los trabajadores que fueron contratados en este sector recibirán un salario de 131 pesos que ya incluye 5% de aumento acordado entre empresas y sindicato, pero también va acompañado de una serie de recortes en sus prestaciones.
María del Pilar Martínez
Este contrato “ampara” a las personas que realizan trabajos o maquilas de preparación de hilados, preparación de tejidos, tejidos estampados y tintorería.
De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), los trabajadores que ingresen a laborar en empresas en las que es aplicable el Contrato Ley del ramo de la seda y toda clase de fibras artificiales y sintéticas “no tendrán derecho a disfrutar el descanso con goce de salario”.
El documento explica que habrá excepciones en los días descansables que establece la Ley Federal del Trabajo, así como el 10 de mayo, 15 de septiembre, 12 y 24 de diciembre.
Además, aclara el nuevo contrato: los trabajadores “tampoco gozarán de los días de aguinaldo y vacaciones que se estipula en el mencionado contrato; no recibirán el bono de ayuda para compra de despensa, ni el fondo de ahorro que se menciona en el contrato”.
La Secretaría del Trabajo informó que a partir de este año “tendrán derecho a recibir las prestaciones económicas contenidas en la Ley Federal del Trabajo; y el contrato seguirá vigente y se aplicará para todos los sindicalizados que se encuentren laborando en las fábricas, ya sean de planta o eventuales, así como los que hayan sido contratados con anterioridad al día 9 de febrero del 2010”.
Via El Economista
Inegi: en enero, 503 mil mexicanos entraron al desempleo; suman 2 millones 761 mil 360
La desocupación afecta a 5.87% de la PEA; aumentó 79% desde diciembre de 2006
Oferta en la feria del empleo realizada el año pasado en la delegación Venustiano CarranzaFoto Francisco Olvera
Juan Antonio Zúñiga y Patricia Muñoz
Periódico La Jornada
Viernes 26 de febrero de 2010, p. 27
La desocupación afectó a 5.87 por ciento de la población económicamente activa del país el pasado enero, una proporción mayor a la de 5 por ciento observada en el mismo mes de 2009, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Con esto, unas 503 mil personas más se incorporaron a las filas del desempleo en el primer mes de 2010, y con ello el ejército de reserva laboral se elevó a 2 millones 761 mil 360 individuos. De esta manera, la desocupación en México se incrementó 79 por ciento, comparada con la dimensión que tuvo en diciembre de 2006, al comienzo de esta administración gubernamental. La falta de oportunidades ocupacionales elevó el desempleo en todo el país en un millón 212 mil personas en el trienio considerado.
La tasa de desocupación de enero estuvo muy por encima de las estimaciones hechas por los analistas del sector privado, los cuales esperaban que se situara entre 5.27 y 5.35 por ciento como proporción de la población económicamente activa (PEA).
El organismo indicó que en enero de este año el desempleo afectó a 7.13 por ciento de la población mayor de 13 años de edad que busca alguna ocupación sin conseguirla en las 32 principales ciudades de México, una proporción 17 por ciento mayor a la registrada un año antes.
El repunte del desempleo provocó reacciones encontradas entre analistas del sector público y especialistas del sector privado.
Una vez que el organismo responsable de la estadística oficial informó sobre el incremento del desempleo en territorio nacional, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitió un comunicado de prensa en el que apuntó: “El cambio de tendencia de la tasa de desocupación en enero es un efecto que se da todos los años, después de la reducción que se observa en noviembre y diciembre, debido a la alta generación de empleos eventuales de fin de año”.
La dependencia agregó que “posteriormente, en enero, disminuye esta demanda, a la vez que las personas que perdieron su empleo eventual empiezan a buscar trabajo, lo que genera que se eleve la tasa de desocupación a porcentajes similares a la de los meses previos, antes de noviembre”.
Pero esa explicación difirió de la expuesta por Ricardo Aguilar Abe, del departamento de análisis de Invex Casa de Bolsa, quien consideró que la desocupación no disminuirá sustancialmente en 2010, a pesar de que crezca la economía. “El sector manufacturero nacional comienza a recuperarse a tasas importantes, pero no ocurre lo mismo con el comercio y los servicios, que emplean a más de 60 por ciento de la población ocupada del país”, precisó el analista.
Luego, advirtió: “Mientras los principales sectores de la economía no registren mayores tasas de crecimiento, difícilmente las empresas ampliarán su planta laboral. Menos si buscan mantener una estructura de costos bajos. No esperamos que el número de desempleados se reduzca sustancialmente en 2010”.
En sentido similar Arturo Vieyra y Sonia Machain, especialistas del grupo financiero Banamex-Citigroup, señalaron que el aumento de la tasa nacional de desocupación de enero “refleja la debilidad de las actuales condiciones laborales”. Destacaron que sus previsiones “apuntan a que esta tendencia continuará por el resto del año; es decir, un descenso moderado del desempleo (5 por ciento en promedio anual) y un aumento también modesto en el empleo formal (3.1 por ciento en promedio anual)”
Oferta en la feria del empleo realizada el año pasado en la delegación Venustiano CarranzaFoto Francisco Olvera
Juan Antonio Zúñiga y Patricia Muñoz
Periódico La Jornada
Viernes 26 de febrero de 2010, p. 27
La desocupación afectó a 5.87 por ciento de la población económicamente activa del país el pasado enero, una proporción mayor a la de 5 por ciento observada en el mismo mes de 2009, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Con esto, unas 503 mil personas más se incorporaron a las filas del desempleo en el primer mes de 2010, y con ello el ejército de reserva laboral se elevó a 2 millones 761 mil 360 individuos. De esta manera, la desocupación en México se incrementó 79 por ciento, comparada con la dimensión que tuvo en diciembre de 2006, al comienzo de esta administración gubernamental. La falta de oportunidades ocupacionales elevó el desempleo en todo el país en un millón 212 mil personas en el trienio considerado.
La tasa de desocupación de enero estuvo muy por encima de las estimaciones hechas por los analistas del sector privado, los cuales esperaban que se situara entre 5.27 y 5.35 por ciento como proporción de la población económicamente activa (PEA).
El organismo indicó que en enero de este año el desempleo afectó a 7.13 por ciento de la población mayor de 13 años de edad que busca alguna ocupación sin conseguirla en las 32 principales ciudades de México, una proporción 17 por ciento mayor a la registrada un año antes.
El repunte del desempleo provocó reacciones encontradas entre analistas del sector público y especialistas del sector privado.
Una vez que el organismo responsable de la estadística oficial informó sobre el incremento del desempleo en territorio nacional, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitió un comunicado de prensa en el que apuntó: “El cambio de tendencia de la tasa de desocupación en enero es un efecto que se da todos los años, después de la reducción que se observa en noviembre y diciembre, debido a la alta generación de empleos eventuales de fin de año”.
La dependencia agregó que “posteriormente, en enero, disminuye esta demanda, a la vez que las personas que perdieron su empleo eventual empiezan a buscar trabajo, lo que genera que se eleve la tasa de desocupación a porcentajes similares a la de los meses previos, antes de noviembre”.
Pero esa explicación difirió de la expuesta por Ricardo Aguilar Abe, del departamento de análisis de Invex Casa de Bolsa, quien consideró que la desocupación no disminuirá sustancialmente en 2010, a pesar de que crezca la economía. “El sector manufacturero nacional comienza a recuperarse a tasas importantes, pero no ocurre lo mismo con el comercio y los servicios, que emplean a más de 60 por ciento de la población ocupada del país”, precisó el analista.
Luego, advirtió: “Mientras los principales sectores de la economía no registren mayores tasas de crecimiento, difícilmente las empresas ampliarán su planta laboral. Menos si buscan mantener una estructura de costos bajos. No esperamos que el número de desempleados se reduzca sustancialmente en 2010”.
En sentido similar Arturo Vieyra y Sonia Machain, especialistas del grupo financiero Banamex-Citigroup, señalaron que el aumento de la tasa nacional de desocupación de enero “refleja la debilidad de las actuales condiciones laborales”. Destacaron que sus previsiones “apuntan a que esta tendencia continuará por el resto del año; es decir, un descenso moderado del desempleo (5 por ciento en promedio anual) y un aumento también modesto en el empleo formal (3.1 por ciento en promedio anual)”
En 2000-2009, crecimiento exponencial en el pago de sueldos a funcionarios: expertos
Prevalecen opacidad, discrecionalidad, corrupción e impunidad en el uso del erario
El deterioro social y económico del país obedece a la falta de rendición de cuentas, señalan en foro
Elizabeth Velasco C.
Periódico La Jornada
Viernes 26 de febrero de 2010, p. 15
De 2000 a 2009 se ha registrado un “crecimiento exponencial” en el pago de sueldos a funcionarios federales y estatales, además de que prevalece un “alto índice de discrecionalidad, opacidad, corrupción e impunidad” en el ejercicio de los recursos del erario, incluyendo el manejo de la deuda pública y de fondos y fideicomisos.
Coincidieron en lo anterior directivos del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Ernesto Pardinas; del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), Luis Foncerrada; de la Facultad de Economía de la UNAM, Leonardo Lomelí, y de Fundar, centro de análisis e investigación, José María Marín.
Al participar en el foro Propuestas para una efectiva transparencia presupuestaria, organizado por los institutos de Acceso a la Información Pública (IFAI) y de Transparencia del DF (Info-DF), advirtieron que el deterioro social y económico del país obedece en buena parte a la falta de rendición de cuentas en el ejercicio de los presupuestos federal y los asignados a estados y municipios.
Incluso, la presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard, dijo que pese a la promulgación de la Ley de Transparencia –en 2003–, el país registró en años recientes una caída significativa en los indicadores internacionales de corrupción (17 lugares), competitividad (8), transparencia presupuestal (2) y rendición de cuentas.
El director del área de finanzas públicas y buen gobierno del Imco advirtió que los problemas políticos en las entidades “son la punta del iceberg de una crisis fiscal en el país”.
Dicha crisis –dijo– se generó en parte por el “incremento exponencial en los gastos de la nómina” en todos los niveles de gobierno, aunque lo más grave ocurre en estados y municipios.
Pardinas detalló en entrevista: “En el gobierno federal se registra una proliferación de direcciones adjuntas. ¿Para qué, si hay una oficina expresa con el cargo de dirección? Por ejemplo –precisó–, en la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, a cargo del yerno de Elba Esther Gordillo, se da una explosión de direcciones adjuntas”. De ello no informa el gobierno federal de manera consistente.
En su ponencia, Pardinas enfatizó que en Tabasco, Veracruz, Jalisco y Michoacán se vive “una crisis fiscal en potencia por el enorme crecimiento de los salarios a la burocracia”, pero hay una caída en el gasto dirigido a obras públicas. Señaló que “en Tabasco subió 36 por ciento el gasto en salarios a la burocracia y cayó 40 por ciento la inversión en infraestructura”.
Otros casos son Guerrero, que cerró oficinas administrativas por falta de recursos, y los conflictos políticos de Oaxaca, a partir de 2006, cuando el magisterio exigió homologación de salarios. En cambio, de último momento el Congreso de la Unión aprobó al estado de México mil 500 millones de pesos para carreteras (el triple de lo que pidió), cuando hay otras prioridades, como la reparación del canal de la Compañía, que en días recientes se desbordó en Chalco, lo que ya había ocurrido desde la presidencia de Ernesto Zedillo.
“Si no ponemos un alto a la forma en que se distribuye el gasto público en los estados se anticiparán muchas crisis en el país”, advirtió.
Tras cuestionar la poca claridad en el rubro de gastos personales en la Secretaría de Educación Pública (SEP) y otras dependencias, refirió que Jalisco desglosa mejor los datos de la deuda pública que el gobierno federal. “No hay siquiera un mapa de la deuda pública del país”. De no aclarar esos rubros, “continuará el gasto sin saber cómo y para qué”, pero tal situación ocurre porque “se responde a intereses políticos”.
Foncerrada, director general del CEESP; Lomelí, de la UNAM, y Marín, de Fundar, coincidieron en que la aplicación del presupuesto está desvinculado a las prioridades del país, y persisten la “opacidad, la impunidad, la discrecionalidad y la falta de mecanismos de control efectivo”.
Foncerrada exigió que “se diseñe un modelo de presupuesto donde haya castigo y responsabilidad a quien ejerza el gasto”, y desaparezca la Función Pública (SFP) porque “no hace su trabajo. Sería mejor adquirir el software que usa el gobierno de Estados Unidos para dar a conocer cada centavo que del presupuesto se asigna a programas, proyectos y grupos de ese país”, sugirió.
El deterioro social y económico del país obedece a la falta de rendición de cuentas, señalan en foro
Elizabeth Velasco C.
Periódico La Jornada
Viernes 26 de febrero de 2010, p. 15
De 2000 a 2009 se ha registrado un “crecimiento exponencial” en el pago de sueldos a funcionarios federales y estatales, además de que prevalece un “alto índice de discrecionalidad, opacidad, corrupción e impunidad” en el ejercicio de los recursos del erario, incluyendo el manejo de la deuda pública y de fondos y fideicomisos.
Coincidieron en lo anterior directivos del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Ernesto Pardinas; del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), Luis Foncerrada; de la Facultad de Economía de la UNAM, Leonardo Lomelí, y de Fundar, centro de análisis e investigación, José María Marín.
Al participar en el foro Propuestas para una efectiva transparencia presupuestaria, organizado por los institutos de Acceso a la Información Pública (IFAI) y de Transparencia del DF (Info-DF), advirtieron que el deterioro social y económico del país obedece en buena parte a la falta de rendición de cuentas en el ejercicio de los presupuestos federal y los asignados a estados y municipios.
Incluso, la presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard, dijo que pese a la promulgación de la Ley de Transparencia –en 2003–, el país registró en años recientes una caída significativa en los indicadores internacionales de corrupción (17 lugares), competitividad (8), transparencia presupuestal (2) y rendición de cuentas.
El director del área de finanzas públicas y buen gobierno del Imco advirtió que los problemas políticos en las entidades “son la punta del iceberg de una crisis fiscal en el país”.
Dicha crisis –dijo– se generó en parte por el “incremento exponencial en los gastos de la nómina” en todos los niveles de gobierno, aunque lo más grave ocurre en estados y municipios.
Pardinas detalló en entrevista: “En el gobierno federal se registra una proliferación de direcciones adjuntas. ¿Para qué, si hay una oficina expresa con el cargo de dirección? Por ejemplo –precisó–, en la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, a cargo del yerno de Elba Esther Gordillo, se da una explosión de direcciones adjuntas”. De ello no informa el gobierno federal de manera consistente.
En su ponencia, Pardinas enfatizó que en Tabasco, Veracruz, Jalisco y Michoacán se vive “una crisis fiscal en potencia por el enorme crecimiento de los salarios a la burocracia”, pero hay una caída en el gasto dirigido a obras públicas. Señaló que “en Tabasco subió 36 por ciento el gasto en salarios a la burocracia y cayó 40 por ciento la inversión en infraestructura”.
Otros casos son Guerrero, que cerró oficinas administrativas por falta de recursos, y los conflictos políticos de Oaxaca, a partir de 2006, cuando el magisterio exigió homologación de salarios. En cambio, de último momento el Congreso de la Unión aprobó al estado de México mil 500 millones de pesos para carreteras (el triple de lo que pidió), cuando hay otras prioridades, como la reparación del canal de la Compañía, que en días recientes se desbordó en Chalco, lo que ya había ocurrido desde la presidencia de Ernesto Zedillo.
“Si no ponemos un alto a la forma en que se distribuye el gasto público en los estados se anticiparán muchas crisis en el país”, advirtió.
Tras cuestionar la poca claridad en el rubro de gastos personales en la Secretaría de Educación Pública (SEP) y otras dependencias, refirió que Jalisco desglosa mejor los datos de la deuda pública que el gobierno federal. “No hay siquiera un mapa de la deuda pública del país”. De no aclarar esos rubros, “continuará el gasto sin saber cómo y para qué”, pero tal situación ocurre porque “se responde a intereses políticos”.
Foncerrada, director general del CEESP; Lomelí, de la UNAM, y Marín, de Fundar, coincidieron en que la aplicación del presupuesto está desvinculado a las prioridades del país, y persisten la “opacidad, la impunidad, la discrecionalidad y la falta de mecanismos de control efectivo”.
Foncerrada exigió que “se diseñe un modelo de presupuesto donde haya castigo y responsabilidad a quien ejerza el gasto”, y desaparezca la Función Pública (SFP) porque “no hace su trabajo. Sería mejor adquirir el software que usa el gobierno de Estados Unidos para dar a conocer cada centavo que del presupuesto se asigna a programas, proyectos y grupos de ese país”, sugirió.
Aclarar datos sobre LFC, ordena el IFAI a Presidencia
Le pide informar bases de la extinción
Elizabeth Velasco C.
Periódico La Jornada
Viernes 26 de febrero de 2010, p. 18
El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó a la Presidencia de la República rendir cuentas y/o entregar los documentos en los cuales Felipe Calderón se basó para sostener que la “corrupción e ineficiencia” motivaron la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), en octubre pasado.
De acuerdo con la resolución 5843/09 del IFAI, a cargo de la comisionada ponente María Elena Pérez-Jaén, la Presidencia declaró la “inexistencia” de esa información en sus archivos y remitió al solicitante de los documentos a las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Energía (Sener) y de la Función Pública (SFP).
Derivado de las consultas documentales que realizó el IFAI –entre ellas el decreto de liquidación de LFC y la información difundida por la Presidencia y las declaraciones de Calderón, en octubre pasado–, “se pudo comprobar que el mandatario se refirió en reiteradas ocasiones a la supuesta corrupción e ineficiencia en las operaciones de la paraestatal como las principales causas del declive del organismo”.
En el recurso referido se asienta también que, efectivamente, por los ámbitos de su competencia, la SHCP, la Sener y la SFP estuvieron involucradas en la extinción de la paraestatal, tanto en el acto mismo como en el proceso correspondiente, por lo que resultan ser las indicadas para conocer del tema. Sin embargo, la Presidencia deberá buscar los elementos o datos sobre los cuales en su momento se construyó el discurso que emitió Calderón ante la nación, aunque declare formalmente la inexistencia de documentos en sus archivos, consignó la comisionada presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard.
En la resolución avalada por los cinco comisionados del IFAI, en reunión previa a la sesión pública de este miércoles, esa entidad del Ejecutivo debe dirigirse a la Consejería Jurídica para obtener la información referida o cualquier registro oficial sobre el tema.
Elizabeth Velasco C.
Periódico La Jornada
Viernes 26 de febrero de 2010, p. 18
El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó a la Presidencia de la República rendir cuentas y/o entregar los documentos en los cuales Felipe Calderón se basó para sostener que la “corrupción e ineficiencia” motivaron la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), en octubre pasado.
De acuerdo con la resolución 5843/09 del IFAI, a cargo de la comisionada ponente María Elena Pérez-Jaén, la Presidencia declaró la “inexistencia” de esa información en sus archivos y remitió al solicitante de los documentos a las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Energía (Sener) y de la Función Pública (SFP).
Derivado de las consultas documentales que realizó el IFAI –entre ellas el decreto de liquidación de LFC y la información difundida por la Presidencia y las declaraciones de Calderón, en octubre pasado–, “se pudo comprobar que el mandatario se refirió en reiteradas ocasiones a la supuesta corrupción e ineficiencia en las operaciones de la paraestatal como las principales causas del declive del organismo”.
En el recurso referido se asienta también que, efectivamente, por los ámbitos de su competencia, la SHCP, la Sener y la SFP estuvieron involucradas en la extinción de la paraestatal, tanto en el acto mismo como en el proceso correspondiente, por lo que resultan ser las indicadas para conocer del tema. Sin embargo, la Presidencia deberá buscar los elementos o datos sobre los cuales en su momento se construyó el discurso que emitió Calderón ante la nación, aunque declare formalmente la inexistencia de documentos en sus archivos, consignó la comisionada presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard.
En la resolución avalada por los cinco comisionados del IFAI, en reunión previa a la sesión pública de este miércoles, esa entidad del Ejecutivo debe dirigirse a la Consejería Jurídica para obtener la información referida o cualquier registro oficial sobre el tema.
Exhorta el Congreso a Felipe Calderón a terminar con la represión contra el SME
José Manuel Pérez Vega señaló que con el encarcelamiento de Domingo Aguilar, Javier Lozano cumplió sus amenazas de interponer denuncias penales contra líderes sindicales de la resistencia / Foto Rafael García Otero
MÓNICA CAMACHO
En medio de protestas de los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC), el Congreso local aprobó un punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal a cesar la represión contra los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Aunque la mayoría priista respaldó el proyecto, diputados de oposición y los mismos trabajadores criticaron que su voto tuvo fines electorales, pues en los momentos neurálgicos de la batalla contra la desaparición de la paraestatal dejó solo al SME.
La propuesta fue aprobada luego de que el fin de semana pasado el subsecretario general de la División Nuevo Necaxa del sindicato de electricistas, Domingo Aguilar Vázquez, fue encarcelado por el delito de robo con agravio cometido en contra de la empresa Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El punto de acuerdo fue propuesto por el diputado del PT José Manuel Benigno Pérez Vega, y aprobado con 32 votos a favor de los legisladores del PRI, del PRD y de los partidos Nueva Alianza (Panal), Convergencia (PC) y del Trabajo (PT). Los únicos que se opusieron fueron los ocho integrantes de la bancada del PAN.
En la exposición de motivos, Pérez Vega señaló que con el encarcelamiento de Domingo Aguilar el secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, cumplió sus amenazas de interponer denuncias penales contra líderes sindicales de la resistencia.
Los diputados Irma Ramos Galindo y Melitón Lozano Pérez, del PRD; Carolina O’Farril Tapia, del PC; Manuel Fernández García, del PT, y Carlos Martínez Amador, del PRI, subieron a la tribuna para respaldar el punto acuerdo.
“Son más de 8 mil familias las que viven en la zozobra, en la pesadumbre. Le pedimos al gobierno federal que pare la represión, porque es una reacción excesiva la que está teniendo. Basta a la insensibilidad e intolerancia”, expresó Martínez Amador.
Melitón Lozano pidió la palabra para felicitar a la mayoría priista por respaldar el proyecto y lamentar que no adoptara la misma postura el 22 de octubre pasado, cuando desecharon un exhorto del PT que demandaba al presidente del país, Felipe Calderón Hinojosa, derogar el decreto de extinción del organismo público descentralizado.
“Le pegunto –a Carlos Martínez– si por estar en elecciones votan a favor, pues en el momento más neurálgico y más clave de la batalla debieron colocarse a favor de los trabajadores y no lo hicieron”, amonestó.
El comentario de Melitón Lozano enardeció los ánimos de los líderes del SME que asistieron a la sesión ordinaria del Congreso local para atestiguar la postura que adoptarían los legisladores sobre el punto de acuerdo.
El grupo de cinco trabajadores que encabezó el prosecretario de Divisiones del Comité Central del SME, Miguel Márquez Ríos, se levantó de los asientos que ocupó en las galerías del salón para acusar a los priistas de traidores. Los ánimos se desbordaron en el momento en que se sometió el proyecto a consideración del pleno, ante el temor de que no fuera aprobado.
Mientras el presidente de la mesa directiva y del Poder Legislativo estatal, el priista Humberto Aguilar Viveros, recogía la votación, los inconformes exigían a gritos a los diputados que no fueran “agachones”.
Aunque Aguilar Viveros pidió respeto al Congreso, la protesta no sólo se mantuvo, sino que aumentó con la participación de los defraudados de Grupo Sitma, quienes también estaban en el pleno, manteniéndose al margen de las protestas hasta ese momento.
“¡Si quieren respeto gánenselo y dejen de apuñalar a la gente, cabrones!”, “¡nosotros pagamos sus sueldos, así que son nuestros gatos!”, “quieren continuar con el marinismo, pues dígannos en dónde está nuestro dinero”, fueron algunos de los reclamos que se pudieron escuchar de los defraudados en medio del alboroto.
via: la jornada de oriente
MÓNICA CAMACHO
En medio de protestas de los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC), el Congreso local aprobó un punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal a cesar la represión contra los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Aunque la mayoría priista respaldó el proyecto, diputados de oposición y los mismos trabajadores criticaron que su voto tuvo fines electorales, pues en los momentos neurálgicos de la batalla contra la desaparición de la paraestatal dejó solo al SME.
La propuesta fue aprobada luego de que el fin de semana pasado el subsecretario general de la División Nuevo Necaxa del sindicato de electricistas, Domingo Aguilar Vázquez, fue encarcelado por el delito de robo con agravio cometido en contra de la empresa Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El punto de acuerdo fue propuesto por el diputado del PT José Manuel Benigno Pérez Vega, y aprobado con 32 votos a favor de los legisladores del PRI, del PRD y de los partidos Nueva Alianza (Panal), Convergencia (PC) y del Trabajo (PT). Los únicos que se opusieron fueron los ocho integrantes de la bancada del PAN.
En la exposición de motivos, Pérez Vega señaló que con el encarcelamiento de Domingo Aguilar el secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, cumplió sus amenazas de interponer denuncias penales contra líderes sindicales de la resistencia.
Los diputados Irma Ramos Galindo y Melitón Lozano Pérez, del PRD; Carolina O’Farril Tapia, del PC; Manuel Fernández García, del PT, y Carlos Martínez Amador, del PRI, subieron a la tribuna para respaldar el punto acuerdo.
“Son más de 8 mil familias las que viven en la zozobra, en la pesadumbre. Le pedimos al gobierno federal que pare la represión, porque es una reacción excesiva la que está teniendo. Basta a la insensibilidad e intolerancia”, expresó Martínez Amador.
Melitón Lozano pidió la palabra para felicitar a la mayoría priista por respaldar el proyecto y lamentar que no adoptara la misma postura el 22 de octubre pasado, cuando desecharon un exhorto del PT que demandaba al presidente del país, Felipe Calderón Hinojosa, derogar el decreto de extinción del organismo público descentralizado.
“Le pegunto –a Carlos Martínez– si por estar en elecciones votan a favor, pues en el momento más neurálgico y más clave de la batalla debieron colocarse a favor de los trabajadores y no lo hicieron”, amonestó.
El comentario de Melitón Lozano enardeció los ánimos de los líderes del SME que asistieron a la sesión ordinaria del Congreso local para atestiguar la postura que adoptarían los legisladores sobre el punto de acuerdo.
El grupo de cinco trabajadores que encabezó el prosecretario de Divisiones del Comité Central del SME, Miguel Márquez Ríos, se levantó de los asientos que ocupó en las galerías del salón para acusar a los priistas de traidores. Los ánimos se desbordaron en el momento en que se sometió el proyecto a consideración del pleno, ante el temor de que no fuera aprobado.
Mientras el presidente de la mesa directiva y del Poder Legislativo estatal, el priista Humberto Aguilar Viveros, recogía la votación, los inconformes exigían a gritos a los diputados que no fueran “agachones”.
Aunque Aguilar Viveros pidió respeto al Congreso, la protesta no sólo se mantuvo, sino que aumentó con la participación de los defraudados de Grupo Sitma, quienes también estaban en el pleno, manteniéndose al margen de las protestas hasta ese momento.
“¡Si quieren respeto gánenselo y dejen de apuñalar a la gente, cabrones!”, “¡nosotros pagamos sus sueldos, así que son nuestros gatos!”, “quieren continuar con el marinismo, pues dígannos en dónde está nuestro dinero”, fueron algunos de los reclamos que se pudieron escuchar de los defraudados en medio del alboroto.
via: la jornada de oriente
CANANEA; GOLPE DE ESTADO?
Rogelio Gómez Mejía
La Región
Jueves, 25 de Febrero de 2010
“No hay que buscarle ruido al chicharrón…
Cuando en días pasados el diputado federal Petista, Gerardo Fernández Noroña, afamado y ridicularizado por la “prensa grande” como protagonista de escandalosas protestas contra acciones y políticos de “primer nivel”, declaró en asistida conferencia de prensa después de advertir el peligro de la militarización del país; “yo creo que Calderón este año se va” “Voy a decir, apuntó, algo muy fuerte que antes no había querido decir a los medios; el tema no es si Calderón se va o no, el tema es quien lo quita, si nosotros o el ejército. Ese es el tema, porque veo muy peligrosa la presencia del ejército en la política del país, y lo digo con toda responsabilidad, es muy grave lo que está pasando en el país, el avance del ejército es muy serio y no debemos permitir que siga en esa línea, es muy peligroso”.
Antes había relatado que al acudir a Cananea en apoyo a los mineros del Grupo México de Germán Larrea (el mismo que impidió el rescate de mineros muertos en otras de sus minas en Pasta de Conchos) fue interceptado en un retén de los muchos que tiene en el país el ejército, y maltratado por unos soldados que trataron de someterlo a revisión a lo que se negó, no tanto por ser diputado federal y contar con fuero, si no porque es una violación al artículo 16 Constitucional que cometen con todos los viajeros y transportistas que encuentran.
Como para tener pruebas de su detención tomó fotografías con su celular de la estación “Precos” construida con un edificio de tres pisos, un soldado de unos 300 que había en el lugar perfectamente armados lo despojó del aparato con un manotazo y al caer le dio una patada para lanzarlo a la carretera. Un oficial, el único que se identificó como J. Olmos R. se disculpo por el extravío de su compañero, pero aún así le impidieron el paso más de una hora por lo que perdió su participación en el Foro al que fue invitado.
El incidente le permitió al también sociólogo Fernández Noroña advertir la peligrosidad de la iniciativa del ejecutivo sobre la Ley de Seguridad Nacional, porque asumió que es totalmente fascista, pues avanza en el camino de la militarización, es violatoria de los derechos humanos y pretende el control militar del país, lo cual es muy grave y consideró como ejemplo que en Ciudad Juárez lo único que les falta es el toque de queda, y en Torreón y La Laguna están en la misma situación, pues ya nadie puede salir después de las 10 de la noche porque peligra su vida.
Sobra decir que las declaraciones del diputado Fernández apenas aparecieron en algunos periódicos del interior de la República enviados por la Agencia Notimex y en La Jornada parcialmente, destacando el propósito de denunciar en la PGR el atropello al polémico legislador, pero guardando las distancias en cuanto a los no tan infundados temores de éste por el posicionamiento de las fuerzas militares y la posibilidad del estallido social en Cananea como ocurrió en 1º. de junio de 1906, previó al derrocamiento de Porfirio Díaz y al inició de nuestra centenaria revolución. Pero eso sí la mejoría del futbolista Salvador Cabañas, la obesidad infantil, “el Chapo” y las sanciones a Tv Azteca, ocuparon las principales notas y de Cananea…nada!!
La Región
Jueves, 25 de Febrero de 2010
“No hay que buscarle ruido al chicharrón…
Cuando en días pasados el diputado federal Petista, Gerardo Fernández Noroña, afamado y ridicularizado por la “prensa grande” como protagonista de escandalosas protestas contra acciones y políticos de “primer nivel”, declaró en asistida conferencia de prensa después de advertir el peligro de la militarización del país; “yo creo que Calderón este año se va” “Voy a decir, apuntó, algo muy fuerte que antes no había querido decir a los medios; el tema no es si Calderón se va o no, el tema es quien lo quita, si nosotros o el ejército. Ese es el tema, porque veo muy peligrosa la presencia del ejército en la política del país, y lo digo con toda responsabilidad, es muy grave lo que está pasando en el país, el avance del ejército es muy serio y no debemos permitir que siga en esa línea, es muy peligroso”.
Antes había relatado que al acudir a Cananea en apoyo a los mineros del Grupo México de Germán Larrea (el mismo que impidió el rescate de mineros muertos en otras de sus minas en Pasta de Conchos) fue interceptado en un retén de los muchos que tiene en el país el ejército, y maltratado por unos soldados que trataron de someterlo a revisión a lo que se negó, no tanto por ser diputado federal y contar con fuero, si no porque es una violación al artículo 16 Constitucional que cometen con todos los viajeros y transportistas que encuentran.
Como para tener pruebas de su detención tomó fotografías con su celular de la estación “Precos” construida con un edificio de tres pisos, un soldado de unos 300 que había en el lugar perfectamente armados lo despojó del aparato con un manotazo y al caer le dio una patada para lanzarlo a la carretera. Un oficial, el único que se identificó como J. Olmos R. se disculpo por el extravío de su compañero, pero aún así le impidieron el paso más de una hora por lo que perdió su participación en el Foro al que fue invitado.
El incidente le permitió al también sociólogo Fernández Noroña advertir la peligrosidad de la iniciativa del ejecutivo sobre la Ley de Seguridad Nacional, porque asumió que es totalmente fascista, pues avanza en el camino de la militarización, es violatoria de los derechos humanos y pretende el control militar del país, lo cual es muy grave y consideró como ejemplo que en Ciudad Juárez lo único que les falta es el toque de queda, y en Torreón y La Laguna están en la misma situación, pues ya nadie puede salir después de las 10 de la noche porque peligra su vida.
Sobra decir que las declaraciones del diputado Fernández apenas aparecieron en algunos periódicos del interior de la República enviados por la Agencia Notimex y en La Jornada parcialmente, destacando el propósito de denunciar en la PGR el atropello al polémico legislador, pero guardando las distancias en cuanto a los no tan infundados temores de éste por el posicionamiento de las fuerzas militares y la posibilidad del estallido social en Cananea como ocurrió en 1º. de junio de 1906, previó al derrocamiento de Porfirio Díaz y al inició de nuestra centenaria revolución. Pero eso sí la mejoría del futbolista Salvador Cabañas, la obesidad infantil, “el Chapo” y las sanciones a Tv Azteca, ocuparon las principales notas y de Cananea…nada!!
Arriba marcha de organizaciones sociales al Zócalo capitalino
jueves 25 de febrero de 2010
La movilización está integrada por transportistas de las rutas 62 y 50, de comerciantes ambulantes, del Sindicato Mexicano de Electricistas. Se realizaron cortes a la circulación sobre Calzada de Tlalpan y su continuación San Antonio Abad.
Notimex
La Jornada en Línea
Publicado: 25/02/2010
México, DF. El grupo de manifestantes que partió de la estación Viaducto del Metro arribó al Zócalo capitalino, por lo que se encuentra cerrada la circulación en el circuito de la Plaza de la Constitución.
El grupo de manifestantes continúa arribando al primer cuadro de la ciudad por la calle 20 de Noviembre y avanza alrededor del Zócalo capitalino.
Otro grupo de inconformes se encuentra frente a las instalaciones del Gobierno del Distrito Federal efectuando un mitin contra diversas políticas aplicadas por las autoridades locales.
En el lugar se observa una discreta presencia policiaca mientras que los arcos del Antiguo Palacio del Ayuntamiento están también protegidos por uniformados capitalinos.
La movilización está integrada por transportistas de las rutas 62 y 50, de comerciantes ambulantes, del Sindicato Mexicano de Electricistas, de algunas instituciones educativas y miembros de la Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales.
Elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito llevaron a cabo cortes a la circulación al paso de los inconformes sobre Calzada de Tlalpan y su continuación San Antonio Abad, sin que hasta el momento se haya reportado incidente alguno de consideración.
La movilización está integrada por transportistas de las rutas 62 y 50, de comerciantes ambulantes, del Sindicato Mexicano de Electricistas. Se realizaron cortes a la circulación sobre Calzada de Tlalpan y su continuación San Antonio Abad.
Notimex
La Jornada en Línea
Publicado: 25/02/2010
México, DF. El grupo de manifestantes que partió de la estación Viaducto del Metro arribó al Zócalo capitalino, por lo que se encuentra cerrada la circulación en el circuito de la Plaza de la Constitución.
El grupo de manifestantes continúa arribando al primer cuadro de la ciudad por la calle 20 de Noviembre y avanza alrededor del Zócalo capitalino.
Otro grupo de inconformes se encuentra frente a las instalaciones del Gobierno del Distrito Federal efectuando un mitin contra diversas políticas aplicadas por las autoridades locales.
En el lugar se observa una discreta presencia policiaca mientras que los arcos del Antiguo Palacio del Ayuntamiento están también protegidos por uniformados capitalinos.
La movilización está integrada por transportistas de las rutas 62 y 50, de comerciantes ambulantes, del Sindicato Mexicano de Electricistas, de algunas instituciones educativas y miembros de la Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales.
Elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito llevaron a cabo cortes a la circulación al paso de los inconformes sobre Calzada de Tlalpan y su continuación San Antonio Abad, sin que hasta el momento se haya reportado incidente alguno de consideración.
jueves, 25 de febrero de 2010
REPRESION DEL GOBIERNO POR QUE LES DUELE QUE LES DIGAN SUS VERDADES
Hace unos instantes del dia 25 de febrero de 2010 a las 11:15 am la policia municipal de Toluca comenso a quitar las placas de los automoviles de los compañeros que se encuentran en el planton, en la plaza de los martires de toluca. los cuales se ubicaban en una sola fila al borde de la acera de este lugar, respetando un acuerdo anterior. mientras los compañeros se encontraban platicando con los oficiales de que nos dieran chance de estar a un costado del zocalo uno de los oficiales empeso a discutir con los compañeros y agredio a un compañero. y casi de inmediato terminaron llevandoselo sus otros compañeros en una patrulla como un cobarde. enseguida salio un trabajador de palacio de gobierno tratandonos de intimidar. pero les hemos dicho que nuestro movimiento es pacifico pero creo que eso no lo entiende el gobierno de enrique peña y de calderon. o ustedes que creen...
miércoles, 24 de febrero de 2010
SUBÍO INFLACIÓN 0.18% LA QUINCENA PASADA; A TASA ANUAL, EN 4.76: BdeM
Según el primer reporte de febrero del banco central, el incremento estuvo debajo de lo esperado.
Reuters
Publicado: 24/02/2010 09:21
México, DF. Los precios al consumidor de México subieron un 0.18 por ciento en la primera quincena de febrero, informó el miércoles el Banco de México, por abajo de lo esperado por el mercado.
La inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina algunos productos volátiles, fue del 0.17 por ciento en los primeros 15 días de febrero, según el reporte del banco.
Analistas esperaban una subida del 0.24 por ciento en el índice general de precios al consumidor, según el promedio y la mediana de un sondeo de Reuters entre 17 especialistas.
Medida a tasa anual, la inflación se ubicó en un 4.76 por ciento hasta la primera quincena de febrero, arriba de la meta del banco central del 3.0 por ciento +/- un punto porcentual.
Reuters
Publicado: 24/02/2010 09:21
México, DF. Los precios al consumidor de México subieron un 0.18 por ciento en la primera quincena de febrero, informó el miércoles el Banco de México, por abajo de lo esperado por el mercado.
La inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina algunos productos volátiles, fue del 0.17 por ciento en los primeros 15 días de febrero, según el reporte del banco.
Analistas esperaban una subida del 0.24 por ciento en el índice general de precios al consumidor, según el promedio y la mediana de un sondeo de Reuters entre 17 especialistas.
Medida a tasa anual, la inflación se ubicó en un 4.76 por ciento hasta la primera quincena de febrero, arriba de la meta del banco central del 3.0 por ciento +/- un punto porcentual.
LOS GOBIERNOS PANISTAS HAN SISDO " HOSTILES" AL SECTOR OBRERO: PAREDES
La dirigente priísta confió en que su partido seguirá por la ruta de los triunfos electorales hasta recuperar la presidencia de la República.
Patricia Muñoz, Ciro Pérez y Notimex
Publicado: 24/02/2010 12:58
México, DF. Las administraciones panistas han sido “hostiles” hacia el sector obrero y sus organizaciones, además de que en 10 años han evidenciado su incapacidad para gobernador el país, sostuvo Beatriz Paredes, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En el 15 Congreso Nacional de la CTM, la dirigente del tricolor afirmó que su partido y la Confederación de Trabajadores de México (CTM) no avalarán una reforma laboral que atente contra los derechos fundamentales de los trabajadores y que ponga en riesgo las conquistas históricas de este sector.
Al inaugurar el XV Consejo General Ordinario de la CTM, en el que Joaquín Gamboa Pascoe fue reelegido como dirigente para el periodo 2010-2016, la dirigente priísta confió en que su partido seguirá por la ruta de los triunfos electorales hasta recuperar la presidencia de la República.
Patricia Muñoz, Ciro Pérez y Notimex
Publicado: 24/02/2010 12:58
México, DF. Las administraciones panistas han sido “hostiles” hacia el sector obrero y sus organizaciones, además de que en 10 años han evidenciado su incapacidad para gobernador el país, sostuvo Beatriz Paredes, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En el 15 Congreso Nacional de la CTM, la dirigente del tricolor afirmó que su partido y la Confederación de Trabajadores de México (CTM) no avalarán una reforma laboral que atente contra los derechos fundamentales de los trabajadores y que ponga en riesgo las conquistas históricas de este sector.
Al inaugurar el XV Consejo General Ordinario de la CTM, en el que Joaquín Gamboa Pascoe fue reelegido como dirigente para el periodo 2010-2016, la dirigente priísta confió en que su partido seguirá por la ruta de los triunfos electorales hasta recuperar la presidencia de la República.
ACUERDA CFE REGULARIZACION PRORRATEO EN UNIDAES HABITACIONALES
La paraestatal respetará el esquema de pago convenido con LFC, no realizará cortes de luz e iniciará un proceso de actualización del servicio en esos conjuntos de interés social.
Bertha Teresa Ramírez
Publicado: 24/02/2010 12:42
México; DF. Durante una reunión celebrada en la Procuraduría Federal del Consumidor en la que estuvo presente el procurador social del Distrito Federal, Cuauhtémoc López Casillas, con el fin de analizar la situación de las unidades habitacionales que tenían convenios con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, los cuales no habían sido reconocidos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la paraestatal llegó a cuatro acuerdos básicos con ambas procuradurías.
Como parte de éstos, la CFE acordó respetar el esquema de pago por prorrateo, en lo que se refiere al consumo de energía eléctrica en áreas comunes de unidades habitacionales de interés social, confirmó a La Jornada la Procuraduría Social del Distrito Federal (Prosoc DF).
Además la paraestatal se comprometió a no realizar cortes de luz en estas unidades habitacionales hasta que con ese carácter se encuentren inscritas en el sistema de prorrateo, de la misma forma CFE acordó revisar el consumo de estos conjuntos del primero de octubre de 2009 a la fecha a fin de que los adeudos que existan por concepto del consumo de áreas comunes se incorporen al bimestre que sigue.
Durante la reunión CFE acordó iniciar un proceso de actualización y regulación del consumo en estas unidades, mismo que iniciaría en marzo por medio de la visita a los mismo con el fin de regularizar los medidores y atender posibles fallas.
Por su parte la Procuraduría Social del DF coordinará los trabajos de manera permanente para revisar caso por caso relacionado con este asunto, agregó la dependencia local.
Bertha Teresa Ramírez
Publicado: 24/02/2010 12:42
México; DF. Durante una reunión celebrada en la Procuraduría Federal del Consumidor en la que estuvo presente el procurador social del Distrito Federal, Cuauhtémoc López Casillas, con el fin de analizar la situación de las unidades habitacionales que tenían convenios con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, los cuales no habían sido reconocidos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la paraestatal llegó a cuatro acuerdos básicos con ambas procuradurías.
Como parte de éstos, la CFE acordó respetar el esquema de pago por prorrateo, en lo que se refiere al consumo de energía eléctrica en áreas comunes de unidades habitacionales de interés social, confirmó a La Jornada la Procuraduría Social del Distrito Federal (Prosoc DF).
Además la paraestatal se comprometió a no realizar cortes de luz en estas unidades habitacionales hasta que con ese carácter se encuentren inscritas en el sistema de prorrateo, de la misma forma CFE acordó revisar el consumo de estos conjuntos del primero de octubre de 2009 a la fecha a fin de que los adeudos que existan por concepto del consumo de áreas comunes se incorporen al bimestre que sigue.
Durante la reunión CFE acordó iniciar un proceso de actualización y regulación del consumo en estas unidades, mismo que iniciaría en marzo por medio de la visita a los mismo con el fin de regularizar los medidores y atender posibles fallas.
Por su parte la Procuraduría Social del DF coordinará los trabajos de manera permanente para revisar caso por caso relacionado con este asunto, agregó la dependencia local.
martes, 23 de febrero de 2010
LA REPRESION DEL CABRON IRRESPONSABLE
martes 23 de febrero de 2010
Álvaro Delgado
En un país donde la clase política idolatra la mentira, valor supremo de toda componenda, decir la verdad es blasfemia.
Y eso fue lo que ocurrió con el diputado federal Manuel Clouthier Carrillo, contra quien el gobierno de Felipe Calderón y el Partido Acción Nacional (PAN) activaron, en una estrategia conjunta, un desproporcionado embate para censurarlo y someterlo.
¿La razón? Denunciar públicamente, en una entrevista periodística con este reportero y publicada en el semanario Proceso, que la “guerra” contra el crimen organizado no ha llegado a Sinaloa, cuyo cártel, encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán, goza de la protección institucional del gobierno federal:
“El gobierno federal habla de una guerra contra el narcotráfico que en Sinaloa no se ha visto. Se ha golpeado a todos los cárteles y no ha sido proporcional con el cártel de Sinaloa. ¡Eso es evidente! ¡Y si nos preguntan a los sinaloenses es más evidente!”
No sólo eso, sino que Clouthier --ajeno a los recovecos de los políticos del altiplano y con el lenguaje claridoso de los norteños-- se refirió directamente a Calderón por no atacar la “narcopolítica” en Sinaloa:
”Eso significa que nos va a costar a los sinaloenses generaciones enteras porque un cabrón irresponsable --y digo irresponsable porque es su responsabilidad-- no tuvo el tamaño de hacer lo que le correspondía por mandato.”
Aunque la revista Proceso comienza a circular la noche del sábado, para los suscriptores, el domingo comenzaron a cobrar dimensión las palabras del empresario que fue, durante tres lustros, director del diario El Noroeste, de Culiacán, Sinaloa, e hijo de Manuel Clouthier del Rincón, candidato presidencial del PAN en 1988.
Ese mismo diario sinaloense y otro de la Ciudad de México, La Razón, siguieron la información publicada por el semanario y hablaron con el legislador que ratificó, como en decenas de entrevistas más en casi todos los medios, la médula de su afirmación.
Es decir, que el crimen organizado en Sinaloa cuenta con la protección institucional, a tal punto que existe la posibilidad real de que sea gobernado por un narcotraficante, y este modelo está siendo “clonado” en otras entidades del país. Por eso, dijo, el caso Sinaloa es peor aún que el martirio de Chihuahua, particularmente Ciudad Juárez.
El aludido, lastimado en su sensibilidad por ser exhibido como un “cabrón irresponsable” por el hijo del prócer panista, montó en cólera y, desde el fortín militar que habita transitoriamente, emitió la orden de escarmentar al insolente. Y se activaron los mecanismos de represión.
Los cortesanos de Los Pinos, incluido César Nava, creyeron que con el vapuleo contra Clouthier podían, además, “matar” el escándalo por el deleznable pacto de Fernando Gómez Mont con el PRI para aumentar impuestos a cambio de la orfandad electoral del PAN, que había escalado hasta exhibir a Calderón como inepto, mentiroso y sin palabra.
La estrategia, que fundió al gobierno y al PAN en uno solo, salvó a Nava de aclarar su conocimiento y responsabilidad en el arreglo con el PRI, como afirmó Gómez Mont, y con esta lógica de facción ordenada por el déspota se llegó al extremo del ridículo.
Inició la ofensiva nada menos que el próximo exsecretario de Gobernación, quien exhibió, en una carta que envió el miércoles al semanario, un amasijo de números para dar credibilidad a su aserto de que el gobierno federal combate a todas las bandas por igual.
Le siguió la diligencia y diputación del PAN: No sólo se amenazó a Clouthier con deponerlo como diputado federal si no reculaba, sino que el CEN “desautorizó” sus declaraciones, como si se tratara de un militante, que no lo es, y desconociendo lo que establece el artículo 61 constitucional, que establece que los legisladores no pueden ser reconvenidos por sus opiniones.
La ofuscación de Calderón que activó el embate contra Clouthier ha tenido ya respuesta: El legislador no sólo no se ha desdicho, sino que inclusive ha anunciado que se reafiliará al PAN, en el que dejó de militar en 1994, “cuando tenía chiste ser panista, es decir, cuando era ir en contra de todo el establisment, cuando era un panismo generoso, de entrega, y no un panismo de oportunidad en el poder”.
De hecho, en la entrevista con el reportero, había anticipado que podría haber represión: “Si es real que se me está aplicando un castigo, se equivocan: No voy a aprender con esos castigos. Si alguien cree que con eso van a someterme, se equivocan.”
Advertía: “Primero, tengo una escuela que aplica una tesis distinta y lo decía Maquío. Habemos gentes que somos como los toros de lidia: entre más nos pican más embestimos. Segundo, gozo y amo mi independencia y mi libertad. Y tercero: soy un convencido que aun con todas mis limitantes, algo tendré que aportar.”
Y de plano anticipaba: “No sé tragar mierda sin hacer gestos. Me cuesta mucho callar.”
Apuntes
Vista la represión contra quienes disienten en el PAN, está latente la sanción que padecerá el senador Ricardo García Cervantes quien, en entrevista con Proceso, repudia el pacto de Gómez Mont con el PRI para elevar impuestos y hace responsable también a Nava, así como a Josefina Vázquez Mota y Gustavo Madero, en un arreglito igual al que hicieron Emilio Gamboa con Kamel Nacif… Otra víctima reciente de la intolerancia del PAN es la diputada local Lía Limón, hija de Miguel Limón Rojas, secretario de Educación de Ernesto Zedillo, quien no se sumó a la cruzada de Calderón asociado con el clero católico y El Yunque para atacar el derecho a los matrimonios entre personas del mismo sexo… Mientras, el PAN se regodea con la postulación de puros expriistas…
lunes, 22 de febrero de 2010
VOLTAIRE NET: PROYECTO MEXICO 2030: LA VENTA DE UN PAIS
Noticias Mexico / Posteado por Juan Contreras 18Feb10
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Catorce documentos –que forman parte del expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión– revelan los planes del gobierno federal para privatizar los sectores estratégicos y los bienes de la nación.
Energía, agua, zonas de reserva de la biosfera, salud, ciencia y tecnología quedarán en manos de la iniciativa privada; además, se legalizará el lobbyng para que las empresas nacionales y extranjeras hagan prevalecer sus intereses en el Congreso de la Unión. El proyecto de nación de Calderón Hinojosa (en el que destacan la extinción de Luz y Fuerza del Centro, la desaparición de la Secretaría de Energía y la creación de una secretaría o instituto de infraestructura) fue ideado antes del 1 de diciembre de 2006 por altos ejecutivos de trasnacionales, empresarios, políticos del PRI y del PAN y académicos afines. Con este trabajo, Contralínea inicia la publicación de una serie de reportajes que abordan de manera detallada los principales objetivos del plan transexenal: abolir la propiedad pública y legalizar el despojo
Primera parte
Antes de asumir la Presidencia de la República, el 1 de diciembre de 2006, el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa pactó la apertura total del país a los intereses empresariales, nacionales y extranjeros. Su plan privatizador fue nombrado México 2030, Proyecto de Gran Visión.
Catorce documentos de trabajo que forman parte de ese plan –hechos públicos por la Presidencia– revelan las estrategias para abolir la propiedad pública, identificada en el Proyecto como “monopolios públicos”. También, para legalizar el despojo de tierras, costas y recursos naturales en contra de campesinos, ejidatarios, pescadores e indígenas.
Los documentos suman 831 páginas y contienen los resultados de los talleres temáticos convocados por el presidente electo, entre julio y noviembre de 2006, y auspiciados por el Fideicomiso para Apoyar el Cambio de Administración del Ejecutivo Federal.
El Proyecto de Gran Visión se divide en cinco ejes: estado de derecho y seguridad pública; economía competitiva y generadora de empleos; igualdad de oportunidades; desarrollo sustentable; democracia efectiva y política exterior responsable. Sólo el primero estaría exento de privatizaciones.
Bienes de la nación en riesgo
De acuerdo con el plan transexenal impulsado por Calderón Hinojosa, la energía, el agua, los minerales e incluso las zonas de reserva de la biosfera y las playas encabezan la lista de áreas que, “prioritariamente”, obtendrán “inversión privada”.
Ésos no son los únicos beneficios para el sector empresarial, nacional y trasnacional, en este sexenio: proyectos de prestación de servicios a largo plazo, conocidos como PPS, en materia de salud, infraestructura carretera y educación les garantizan desde fines de 2006 contratos multianuales. Como lo ha documentado Contralínea (número 122, “Ssa: contratos millonarios a empresarios panistas”), la vigencia de ésos alcanza hasta 2025 y 2030.
Además, la iniciativa privada y el gobierno de Calderón Hinojosa pactaron que el 70 por ciento de la investigación en ciencia y tecnología se produzca por el sector privado; a cambio, éste seguirá gozando de millonarias exenciones fiscales, se desprende de los 14 informes inicialmente clasificados por la Presidencia como confidenciales.
El doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y posdoctor por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, Francia, Carlos Antonio Aguirre Rojas, explica que la política de Calderón es fundamentalmente una continuidad del neoliberalismo que México ha estado padeciendo desde 1982, cuando gobernaba Miguel de la Madrid.
El también investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM advierte que el problema con los gobiernos panistas, tanto de Vicente Fox como del actual, es la política económica antinacionalista que aplican: “entreguista totalmente”.
Para Aguirre Rojas, “la política de privatizar lo poco que le queda al Estado es una especie de agudización extrema de esas políticas neoliberales. Ellos no se dan cuenta, pero se están arriesgando a que en muy poco (tiempo) se dé en México una situación como la que vivió Argentina en 2001; y lo digo porque una de las fuentes fundamentales de la reproducción económica del Estado es el petróleo”.
Agrega que el presupuesto de México se mantiene en un 50 por ciento de los ingresos petroleros. Sin esos recursos, “el Estado mexicano va a quebrar como quebró el Estado argentino en 2001. Y vamos a vivir una situación de hiperinflación incontrolable, de devaluación brutal: no de 20 o 30 por ciento, como ya la vivimos ahora, sino de 200 o 300 por ciento. La economía mexicana se va a desestructurar como se desestructuró la economía argentina. Estoy preocupado porque vamos caminando hacia eso con esta política privatizadora de Felipe Calderón”.
Energía y agua, objetivos reiterados
Los 14 documentos consultados por Contralínea indican que las “reformas estructurales” impulsadas por el gobierno calderonista desde fines de 2006 facilitarán las “inversiones público privadas” en todos los sectores, pero, con mayor énfasis, en el energético (hidrocarburos, electricidad) y en el hidráulico.
Descubren que, para ello, entre otras acciones será necesario eliminar la Secretaría de Energía, “integrar” Luz y Fuerza del Centro a la Comisión Federal de Electricidad –fusión impuesta el 11 de octubre de 2009 por medio del decreto presidencial que extinguió a la primera compañía–, permitir que Petróleos Mexicanos cuente con “participación accionaria del Estado, de fondos de pensión (e) inversión de particulares, sindicatos y otros actores sociales”, y crear la secretaría o el instituto de infraestructura.
Aguirre Rojas explica que los proyectos de privatización han sido parcialmente exitosos, porque entregan los bienes de la nación “de una manera secreta, encubierta”. Pone como ejemplo la venta de la fibra óptica, “para lo cual fue necesario dar este golpe artero al Sindicato Mexicano de Electricistas”.
En el ámbito del agua, los documentos del plan de “Gran Visión” indican que se debe “invertir inicialmente en proyectos ejecutivos del sector hidráulico, después en saneamiento de cuencas”. En este último rubro, la “meta” es que “el 75 por ciento de las cuencas hidráulicas del país estén limpias; ser líderes en el uso eficiente del agua, del equilibrio de los acuíferos y la rentabilidad de los productos” asociados.
En el eje de economía, el proyecto reitera que el sector privado debe participar en la infraestructura hidráulica para “reducir” las brechas de acceso al servicio de agua potable.
Los informes también detallan una mayor incidencia de la iniciativa privada incluso en las áreas de reserva de la biosfera, por medio de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre y el ecoturismo.
El economista e historiador Aguirre Rojas advierte que, bajo el falso manto del ecoturismo y de la recuperación de los recursos naturales, el gobierno está despojando a las comunidades indígenas de los recursos que les pertenecen y que han cuidado durante siglos.
Por ello, recuerda, fueron violados los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, “porque la concepción de los compañeros indígenas neozapatistas era: ‘Si somos autónomos, tenemos capacidad de decidir sobre nuestros propios recursos’; pero ahí el Estado iba a perder justamente la capacidad de privatizar todos los bosques del sureste de Chiapas, todos los recursos de uranio, minerales, la inmensa cantidad de agua que hay ahí y que genera la tercera parte de la energía eléctrica de este país”.
Los propios documentos de la Presidencia de la República revelan un interés especial en el “desarrollo del sur-sureste para reducir la desigualdad con el centro-norte”. Los planes de intervención no sólo se limitan a Chiapas, donde se ubica el Ejército Zapatista de Liberación Nacional; también abarcan Oaxaca (Ejército Popular Revolucionario) y Guerrero (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente).
Y aunque el Proyecto México 2030 asegura que se respetarán a los legítimos propietarios de las tierras y los recursos naturales, también revela que se creará una normatividad que permita el despojo: “Una ley que impida que los expropiados o antiguos propietarios de la tierra puedan oponerse o bloquear el proyecto. Esta ley debe normar que estas personas podrán exigir un pago mayor mediante un procedimiento establecido pero en ningún caso obstaculizar el desarrollo del proyecto”.
Previsible, más pobreza
De 1982 a la fecha se han privatizado, extinto, desincorporado y enajenado 585 entidades, 431 empresas públicas y 18 instituciones bancarias, indican datos otorgados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a Contralínea, mediante la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Al referirse a la experiencia de las privatizaciones en México, Ana Luisa Nerio Monroy, maestra en relaciones internacionales por la UNAM y coordinadora general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, dice que el sistema capitalista viola todos los derechos sociales.
“La política neoliberal –señala– tiene muchos años de haber probado que no beneficia a la población general; hay escasos beneficiarios: pequeñas elites que se enriquecen. Por eso genera descontento social.”
Para la activista, en México no hay una visión de Estado. “Calderón no es un estadista político; si lo fuera, estaría viendo por las generaciones futuras, por lo que va a ocurrir en años subsiguientes a su gobierno. Las estrategias que aplica son inadecuadas: está priorizando la seguridad represiva y las privatizaciones, no el tema de los derechos humanos, de los derechos sociales ni de la vida digna de los mexicanos. Y es claro que con esas estrategias sólo está generando descontento social”.
El doctor Aguirre Rojas coincide: “Los que pagan la factura, como siempre, son los obreros, los campesinos, los indígenas, la gente que es expropiada de su tierra, a la que le roban el agua, a la que no le respetan sus recursos, a la que le destruyen el bosque, a la que le inundan un pueblo entero para crear una presa que ingenieros decidieron hacer sin tomar en cuenta a las propias comunidades ni las condiciones del terreno. Eso que hemos estado viviendo en México en el último tiempo”.
Añade que la crisis económica que está padeciendo el país es producto de las políticas privatizadoras, “de la idea de decir: hay que privatizar hasta el agua, hay que expropiarles las tierras a los campesinos y a los indígenas y volverlas propiedad privada, hay que expropiar todos los recursos y venderlos; lo cual explica, entre muchas otras cosas, la ofensiva terrible que ha estado desarrollando el gobierno contra las comunidades neozapatistas en Chiapas. Éste es un proceso que se está dando en todo el país”.
Puntualiza que México está aplicando “las peores políticas y está tomando las salidas más absurdas y más anacrónicas” respecto de la crisis cíclica que inició a mediados de 2008: “Una crisis de ciclos económicos Kondratieff”. Agrega que, “cuando se comparan las cifras de cómo se reaccionó o cómo impactó esta crisis económica mundial de fines de 2008 hasta hoy en toda América Latina, el país que más sufrió y que menos pudo enfrentarla fue México”.
El doctor en economía subraya que el mundo en su conjunto ya está volviendo a lo que sería la fase A de Kondratieff, con la aplicación de políticas neokeynesianas. Por ello, tras criticar el atraso de México, que sigue aplicando políticas neoliberales, recomienda tomar el ejemplo de Francia y de Estados Unidos, países donde el Estado vuelve a intervenir y a regular el mercado.
La maestra Nerio Monroy recuerda que “el mal manejo de la economía” ha derivado en el aumento en el precio de la canasta básica. Además, “en el caso de los derechos civiles, estamos observando que no se están generando empleos suficientes para tener una vida digna”. Con ello, se restringe el acceso a otros derechos sociales como la alimentación, la salud, la vivienda, la educación y el bienestar social.
La activista de los derechos humanos considera que la política neoliberal de Calderón y de los gobiernos que lo precedieron han incubado una serie de problemas sociales que van a estallar en algún momento. “Ahora lo estamos viendo con el problema del crimen organizado, que ya está afectando a personas inocentes”.
Agrega que “mientras no haya una construcción distinta de la política neoliberal en México, una verdadera transparencia en el uso de los recursos, mientras las elites políticas no dejen de imponer sus intereses y no pongan como prioridad a las personas que representan, se seguirán afectando los derechos sociales de la mayoría”.
Imposiciones autoritarias
La segunda ola de privatizaciones se gestó mientras un amplio sector de la sociedad exigía el recuento de los votos y llamaba “espurio” al presidente electo Calderón Hinojosa, por el presunto fraude en el que habría incurrido en los entonces recién concluidos comicios.
Para el historiador y economista Aguirre Rojas, ante la falta de legitimidad del actual gobierno federal, las privatizaciones sólo son y serán posibles por la vía de la imposición y la represión.
“Como lo dijo Gramsci y muchos teóricos políticos: para gobernar, los Estados se apoyan en dos cosas, por un lado en los elementos de la fuerza, la policías y el Ejército; por otro, en los elementos del consenso, es decir, en la credibilidad que pueden crear en la población de que lo que están haciendo es necesario, legítimo, válido, y por tanto les da un cierto apoyo social. El gobierno de Felipe Calderón, que llegó con ese monumental fraude, tenía cero consenso. Las bases de apoyo social de Felipe Calderón (actualmente) son superfrágiles”.
Agrega que el presidente de México ha venido gobernando exclusivamente a través de la fuerza. “Por eso el país está militarizado, por eso hoy tenemos ese triste liderazgo de Ciudad Juárez, que es la ciudad más violenta no de México ni de América Latina, sino del mundo entero: es más violenta que Bagdad, que la capital de Líbano, que las ciudades palestinas de la Franja de Gaza, que están en guerra permanente”.
El autor de América Latina en la encrucijada: los movimientos sociales y la muerte de la política moderna se pregunta “cómo puede ser que hayamos llegado a grados de violencia peores que los de Medellín en el peor momento de las décadas de 1970 y 1980, de su historia violenta. Eso –explica– se debe a que Felipe Calderón está gobernando sobre todo con el elemento de la fuerza y por eso ha sacado al Ejército en todas las ciudades del país y utiliza a la Policía Federal y a las policías estatales y municipales; por eso está criminalizando toda la protesta social, lo cual también anuncia un colapso del propio Estado en términos de su función política”.
Indica que no es una casualidad que se haya puesto de moda el discurso de que México es un Estado fallido, en crisis, inexistente, que no gobierna. Es un Estado que efectivamente está en una situación de colapso, que está apoyado sólo en elemento de la fuerza, con un consenso hiperfrágil y muy pequeño.
El historiador identifica que es esa fuerza la que se está usando para imponer las medidas neoliberales. “Por eso se le da ese ataque artero al Sindicato Mexicano de Electricistas y después la privatización (de la fibra óptica). Por eso, de repente, se inunda Juárez de soldados. Él está interviniendo del lado de unos; no es que esté realmente combatiendo al narcotráfico: está combatiendo a ciertos grupos del narcotráfico para beneficiar a otros.
“Él está usando al Ejército y a la policía en Ciudad Juárez para beneficiar a un grupo y atacar a otros; para golpear al SME y privatizar; para asustar a la gente y hacer pasar sus reformas petrolera, laboral, fiscal”.
—¿Sería previsible más represión?
—Desafortunadamente sí. En la medida en que él no tiene consenso social, no hay sectores importantes de clases que realmente lo apoyen. Entonces sólo le quedan estas medidas por la fuerza.
El historiador y economista observa, sin embargo, que “esto va a hacer que la protesta crezca, que la gente empiece a movilizarse, que los movimientos se organicen más de manera vertical y horizontal y que, espero, a partir de esto seamos capaces de ponerle un alto a Felipe Calderón”.
Fuente: Contralínea 170 / 21 de febrero de 2010
Algunas acciones privatizadoras aún no concretadas
Crear “una ley que, en relación al derecho de vía de una carretera o al derecho de paso de una línea de transmisión, impida que los expropiados o antiguos propietarios de la tierra puedan oponerse o bloquear el proyecto. Esta ley debe normar que estas personas puedan exigir un pago mayor mediante un procedimiento establecido pero en ningún caso obstaculizar el desarrollo del proyecto”
Instaurar legalmente el lobbyng o cabildeo legislativo, por medio del cual las empresas nacionales y extranjeras harán prevalecer sus intereses en los temas que legisle el Congreso de la Unión
Desaparecer la Secretaría de Energía o rediseñarla y “fortalecerla”
Constituir una secretaría o instituto de infraestructura
Abolir los “monopolios públicos”
Abrir totalmente Petróleos Mexicanos a la iniciativa privada para que cuente con “participación accionaria del Estado, de fondos de pensión (e) inversión de particulares, sindicatos y otros actores sociales”
Abrir totalmente la Comisión Federal de Electricidad a la iniciativa privada, en el mismo esquema de Pemex con inversionistas privados y generadores de electricidad del sector empresarial
Permitir la inversión indiscriminada en proyectos ejecutivos del sector hidráulico y saneamiento de cuencas. Generar “liderazgo” en el uso eficiente del agua, del equilibrio de los acuíferos y la rentabilidad de los productos asociados
Privatizar todas las áreas de reserva de la biosfera por medio de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre y el ecoturismo
Desarrollar el “sur-sureste para reducir la desigualdad con el centro-norte”
Los convidados del poder
Detrás de las principales estrategias privatizadoras del plan México 2030, Proyecto de Gran Visión, hay apenas 420 personas, no sólo de nacionalidad mexicana, también extranjeras. En esencia, se trata de políticos del Partido Acción Nacional y del Revolucionario Institucional, empresarios, altos ejecutivos de trasnacionales, representantes de instituciones financieras y académicos afines.
Entre los empresarios, altos ejecutivos de trasnacionales e instituciones financieras destacan: Juan Mijares, director de Asuntos Jurídicos Corporativos de Microsoft México; Lawrence Harrington, exrepresentante del BID en México; Cintia Angulo de Leiseigneur, presidenta y directora general de Alstom Mexicana; Luis Farías Martínez, vicepresidente de Energía de Cemex; Tania Ortiz Mena, directora de proyectos en Sempra Energy; Javier Elguea Solís, rector del Instituto Tecnológico de Teléfonos de México y coordinador general de Bienestar Social Telmex; Lorenzo Servitje, cofundador de Bimbo (beneficiado con contratos tipo PPS en el ámbito de la salud, Contralínea 122).
Además, Ricardo Pérez Schulz, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Concreto Premezclado y director de clientes especializados de Holcim Apasco; Enrique Hidalgo, vicepresidente de Exxon Mobil en México; Ricardo Hernández Murillo, especialista ambiental del Banco Mundial en México; Gabriel Ibarra, director corporativo de Promoción del grupo ICA.
Federico Martínez Urmeneta, fundador de la empresa Tradeco; Francisco Mota Velasco Torres Landa, subdirector de Proyectos y Desarrollo Industrial de Ferromex; Guillermo Guerrero Villalobos, director de la Empresa de Estudios Económicos y de Ingenierái; Iñigo de la Borbolla Rivero, director de Proyectos Financieros del Grupo Financiero Santander-México; entre otros. (NF)
“El México que queremos”, según Calderón
El 21 de mayo de 2007, Felipe Calderón dio a conocer la versión pública de México 2030, Proyecto de Gran Visión. Éstos son fragmentos del discurso del presidente, destacados por la Presidencia de la República en el boletín entregado a los medios de comunicación:
• “Hicimos esta convocatoria con la firme convicción de que una perspectiva de largo plazo es la única que puede abrir el espacio para la confluencia de distintos puntos de vista, porque abre así el camino para los acuerdos que México necesita”.
• “Gracias a la colaboración de todos, hoy podemos compartir con la sociedad una imagen de México con vistas al futuro, sin ignorar nuestra historia, sin pretender reinventar a la nación. Hacia el año 2030, cuando los niños que nazcan este año cumplan 23, cuando los niños que están aquí cumplan 20 o 21 años, México tendrá que ser distinto y mejor, tendrá que haber avanzado significativamente en todos los sectores, tendrá que ser mejor y no en base a la casualidad (sic), sino en base a la determinación, a la puesta en claro de lo que queremos y a la discusión ordenada de cómo debemos hacerlo”.
• “La Visión México 2030 es una puesta en común por un desarrollo humano sustentable, una descripción del México deseable y del México posible por encima de diferencias de partido, de región o de religión”.
• “En el mundo del siglo XXI no hay cabida para la improvisación o el azar, la velocidad de los cambios nos obliga a anticipar el futuro no sólo para prevenir adversidades, riesgos y obstáculos, sino también para aprovechar las oportunidades que se nos presentan”.
• “México requiere reformas que nos permitan acelerar el paso y alcanzar nuestras metas, reformas que permitan lograr mayores tasas de crecimiento, mejores condiciones de vida, mayores niveles de calidad educativa”.
• “Mi gobierno ha tomado la decisión de que tanto el Plan Nacional de Desarrollo que habremos de presentar este mes de mayo como los programas sectoriales que de él se deriven tomen como punto de partida la visión México 2030, así habremos de hacer del periodo 2006-2012 el primer gran paso hacia esa patria fortalecida, generosa, justa y solidaria que todos anhelamos”. (NF)
Vía: voltairenet
REPRESIÓN CONTRA EL SME
Lunes, 22 de febrero de 2010
La Jornada de Oriente
EDITORIAL
En la tarde de este domingo el subsecretario general de la división Nuevo Necaxa del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Domingo Aguilar Vázquez, fue detenido por un grupo fuertemente armado de la Policía Federal y posteriormente ingresado al penal de la ciudad de Puebla para que enfrente una acusación penal por el delito de robo en contra de las instalaciones de la desaparecida compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Aunque exista un proceso legal en contra de Domingo Aguilar, es claro que esa acción constituye un acto de represión e intimidación contra los electricistas que siguen luchando contra la arbitraria desaparición de LFC. El gobierno federal ha utilizado como estrategia emplear a los trabajadores del SME como conejillos de indias para justificar el cierre de esa paraestatal y no proceder contra los funcionarios públicos, del PRI y del PAN, que fueron los auténticos saqueadores de dicha compañía.
Tal vez algunas instalaciones de LFC sufrieron algún robo o sabotaje luego de que se ordenó el cierre de la empresa. Sin embargo, esos actos no se comparan con la violencia con que ha actuado el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, por medio de su secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, al haber dejado de un día para otro a 40 mil trabajadores sin fuente de empleo, sin seguridad social y que fueron tachados de ineficientes y corruptos, cuando ellos no fueron los verdaderos destructores de Luz y Fuerza del Centro.
Lo más deleznable es que la persecución que se ha desatado contra los miembros del SME tiene como fondo el proyecto de Felipe Calderón de ir entregando, de manera gradual, el sector energético del país al capital privado y extranjero, sin importar el costo social que ello provoque.
La Jornada de Oriente
EDITORIAL
En la tarde de este domingo el subsecretario general de la división Nuevo Necaxa del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Domingo Aguilar Vázquez, fue detenido por un grupo fuertemente armado de la Policía Federal y posteriormente ingresado al penal de la ciudad de Puebla para que enfrente una acusación penal por el delito de robo en contra de las instalaciones de la desaparecida compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Aunque exista un proceso legal en contra de Domingo Aguilar, es claro que esa acción constituye un acto de represión e intimidación contra los electricistas que siguen luchando contra la arbitraria desaparición de LFC. El gobierno federal ha utilizado como estrategia emplear a los trabajadores del SME como conejillos de indias para justificar el cierre de esa paraestatal y no proceder contra los funcionarios públicos, del PRI y del PAN, que fueron los auténticos saqueadores de dicha compañía.
Tal vez algunas instalaciones de LFC sufrieron algún robo o sabotaje luego de que se ordenó el cierre de la empresa. Sin embargo, esos actos no se comparan con la violencia con que ha actuado el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, por medio de su secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, al haber dejado de un día para otro a 40 mil trabajadores sin fuente de empleo, sin seguridad social y que fueron tachados de ineficientes y corruptos, cuando ellos no fueron los verdaderos destructores de Luz y Fuerza del Centro.
Lo más deleznable es que la persecución que se ha desatado contra los miembros del SME tiene como fondo el proyecto de Felipe Calderón de ir entregando, de manera gradual, el sector energético del país al capital privado y extranjero, sin importar el costo social que ello provoque.
Solidaridad con electricistas mexicanos
2010.02.22 - 11:59:34 / web@radiorebelde.icrt.cu / Orestes Eugellés Mena
La Habana, Cuba.- La Federación Sindical Mundial y organizaciones del sector de la energía convocan a la Conferencia Internacional de Solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricista (SME), para el 11 y 12 de marzo en Ciudad México.
El llamamiento recibido en la Central de Trabajadores de Cuba, expresa la necesidad de responder con la hermandad de clase a las maniobras neoliberales que se utilizan para hacer desaparecer la organización obrera de ese hermano país.
Son auspiciadores del evento, la Federación de la Industria Eléctrica de Venezuela, la Red de la Energía Eléctrica y la Federación Unitaria de Trabajadores del sector en Ecuador, así como la Federación de Petroleros y el Sindicato Eléctrico de Brasil.
La Conferencia Internacional de Solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricista tiene como objetivos brindar fuerza moral de las organizaciones del orbe a los miembros del SME y exigir el diálogo oficial con los representantes de los trabajadores del sector para dar solución satisfactoria a sus demandas.
Otros propósitos son llevar a cabo una movilización de los que laboran en el sector de la energía, miembros de la UIS-Energía y otras instituciones solidarias en sus respectivos países para la reposición a sus puestos laborales de los despedidos.
En la convocatoria a la Conferencia Internacional de Solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricista se destaca la trayectoria de 95 años de lucha consecuente y de solidaridad e internacionalista de esa organización.
La Habana, Cuba.- La Federación Sindical Mundial y organizaciones del sector de la energía convocan a la Conferencia Internacional de Solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricista (SME), para el 11 y 12 de marzo en Ciudad México.
El llamamiento recibido en la Central de Trabajadores de Cuba, expresa la necesidad de responder con la hermandad de clase a las maniobras neoliberales que se utilizan para hacer desaparecer la organización obrera de ese hermano país.
Son auspiciadores del evento, la Federación de la Industria Eléctrica de Venezuela, la Red de la Energía Eléctrica y la Federación Unitaria de Trabajadores del sector en Ecuador, así como la Federación de Petroleros y el Sindicato Eléctrico de Brasil.
La Conferencia Internacional de Solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricista tiene como objetivos brindar fuerza moral de las organizaciones del orbe a los miembros del SME y exigir el diálogo oficial con los representantes de los trabajadores del sector para dar solución satisfactoria a sus demandas.
Otros propósitos son llevar a cabo una movilización de los que laboran en el sector de la energía, miembros de la UIS-Energía y otras instituciones solidarias en sus respectivos países para la reposición a sus puestos laborales de los despedidos.
En la convocatoria a la Conferencia Internacional de Solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricista se destaca la trayectoria de 95 años de lucha consecuente y de solidaridad e internacionalista de esa organización.
McKinsey, que desmanteló Pemex, redacta la estrategia de energía
Libro de periodistas de EU documenta errores y catástrofes por culpa de la consultora
Sus recomendaciones llevaron a la ruina a la ferroviaria británica Railtrack
La propuesta será anticonstitucional, privatizadora y desnacionalizante, advierten especialistas y académicos
Chimenea de la refinería de Salina Cruz en Oaxaca. McKinsey & Company es la encargada de desarrollar el plan para unificar las cuatro subsidiarias de Pemex en una sola empresaFoto José Antonio López
Israel Rodríguez
Periódico La Jornada
Lunes 22 de febrero de 2010, p. 18
La Estrategia Nacional de Energía, que será presentada por la Secretaría de Energía (Sener) a fines de este mes, fue elaborada por la empresa consultora estadunidense McKinsey, vinculada a diversos funcionarios del sector energético mexicano.
El documento realizado por la consultora regirá la política energética en los próximos 15 años y contendrá las perspectivas energéticas de producción y la plataforma de exportación, entre otros indicadores claves para la industria.
Entre los funcionarios que provienen de esta consultoría destacan Carlos Rafael Murrieta Cummings, director corporativo de operaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), y Esteban Levin Balcells, actual director corporativo de finanzas de Pemex.
La Sener confirmó que se contrató a la consultoría internacional McKinsey. “El Consejo Nacional de Energía (presidido por la titular de la Sener, Georgina Kessel) decidió que era necesario desarrollar un modelo de optimización para el sistema energético mexicano, incorporando una curva de abatimiento de emisiones de gases efecto invernadero, que sirva para analizar las opciones de política energética y llevar a cabo la planeación integral”.
La Estrategia Nacional de Energía será entregada al Congreso de la Unión el 26 de febrero para su análisis, observaciones y posterior aprobación en marzo de este año. La Sener destacó que “la empresa McKinsey ha desarrollado las curvas de abatimiento de emisiones para diversos países”.
A McKinsey se le atribuye la autoría intelectual del desmantelamiento de Pemex, con lo que ha migrado de ser una empresa operadora a solamente una administradora de contratos. La participación de la consultora estadunidense se remonta a la década de los noventas, cuando comenzaron los primeros intentos del proceso de privatización del sector energético mexicano.
En esta consultora, que opera en más de 40 países y con más de 4 mil consultores y casi la misma cantidad de personal de apoyo, también laboran ex directores generales de Pemex que se desempeñan ahora como asesores senior de McKinsey & Company.
Esta empresa es la encargada de desarrollar el Plan SUMA en Pemex para unificar las cuatro subsidiarias de la paraestatal en una sola empresa integrada.
Antes de que Carlos Murrieta Cummings fuera nombrado director de operaciones de Pemex en sustitución de Raúl Livas, en octubre de 2009, se desempeñaba como representante en México de la consultora estadunidense.
Carlos Murrieta es primo de Fausto Barajas Cummings, titular del gabinete de infraestructura del gobierno de Felipe Calderón. Su hermano Raúl Murrieta Cummings es el secretario de Finanzas del estado de México.
La reputación de McKinsey ha estado bajo severo escrutinio en diversas ocasiones en los últimos años. En México algunos de los contratos a McKinsey fueron severamente cuestionados por la comisión de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, debido a que Pemex no cumplió con las disposiciones normativas para realizar el proceso de adjudicación, ejecución y control de servicios técnicos, y el correcto registro en la contabilidad y en la cuenta pública.
A nivel internacional, el libro Los hechiceros, escrito por los periodistas John Micklethwait y Adrian Woolddrige, documenta una serie de errores y catástrofes que presuntamente han sido culpa de los consultores de McKinsey.
Otras investigaciones dan cuenta de que el derrumbe de la empresa ferroviaria británica Railtrack, después de diversos accidentes, fue resultado de las recomendaciones de McKinsey, la cual sugirió reducir el gasto en mantenimiento de infraestructura y el pago de dividendos a los inversionistas.
Recientemente McKinsey trabajó para las escuelas públicas de Minneápolis, Minnesota, donde recomendó recortar gastos en la atención de la salud docente y privatizar la educación.
Las organizaciones, que aglutinan a especialistas, académicos, ex trabajadores y consultores del sector energético, como el Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE) y el Grupo de Ingenieros Pemex Constitución de 1917, aseguraron y advirtieron que la próxima Estrategia Nacional de Energía tendrá el mismo sentido anticonstitucional, privatizador y desnacionalizante con el que se han conducido las industrias petrolera y eléctrica, “como hemos podido constatar en las leyes y los reglamentos petroleros y eléctricos, las resoluciones de la Comisión Reguladora de Energía y las recientes disposiciones de contratación emitidas por el consejo de administración de Pemex”.
Francisco Javier Carrillo Soberón y Francisco Garaicochea Petrirena, integrantes de ambas organizaciones civiles, anunciaron la realización de un Foro Energético Público Nacional Alternativo para discutir las propuestas que pretenda imponer la Estrategia Nacional de Energía.
Por su parte, la Sener aseguró que el Consejo Nacional de Energía y el foro consultivo tomaron en cuenta las opiniones vertidas en el ejercicio para la elaboración de la Visión 2030, los foros del Plan Nacional de Desarrollo y los foros de la reforma energética para contribuir y enriquecer el contenido final de la estrategia.
Sus recomendaciones llevaron a la ruina a la ferroviaria británica Railtrack
La propuesta será anticonstitucional, privatizadora y desnacionalizante, advierten especialistas y académicos
Chimenea de la refinería de Salina Cruz en Oaxaca. McKinsey & Company es la encargada de desarrollar el plan para unificar las cuatro subsidiarias de Pemex en una sola empresaFoto José Antonio López
Israel Rodríguez
Periódico La Jornada
Lunes 22 de febrero de 2010, p. 18
La Estrategia Nacional de Energía, que será presentada por la Secretaría de Energía (Sener) a fines de este mes, fue elaborada por la empresa consultora estadunidense McKinsey, vinculada a diversos funcionarios del sector energético mexicano.
El documento realizado por la consultora regirá la política energética en los próximos 15 años y contendrá las perspectivas energéticas de producción y la plataforma de exportación, entre otros indicadores claves para la industria.
Entre los funcionarios que provienen de esta consultoría destacan Carlos Rafael Murrieta Cummings, director corporativo de operaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), y Esteban Levin Balcells, actual director corporativo de finanzas de Pemex.
La Sener confirmó que se contrató a la consultoría internacional McKinsey. “El Consejo Nacional de Energía (presidido por la titular de la Sener, Georgina Kessel) decidió que era necesario desarrollar un modelo de optimización para el sistema energético mexicano, incorporando una curva de abatimiento de emisiones de gases efecto invernadero, que sirva para analizar las opciones de política energética y llevar a cabo la planeación integral”.
La Estrategia Nacional de Energía será entregada al Congreso de la Unión el 26 de febrero para su análisis, observaciones y posterior aprobación en marzo de este año. La Sener destacó que “la empresa McKinsey ha desarrollado las curvas de abatimiento de emisiones para diversos países”.
A McKinsey se le atribuye la autoría intelectual del desmantelamiento de Pemex, con lo que ha migrado de ser una empresa operadora a solamente una administradora de contratos. La participación de la consultora estadunidense se remonta a la década de los noventas, cuando comenzaron los primeros intentos del proceso de privatización del sector energético mexicano.
En esta consultora, que opera en más de 40 países y con más de 4 mil consultores y casi la misma cantidad de personal de apoyo, también laboran ex directores generales de Pemex que se desempeñan ahora como asesores senior de McKinsey & Company.
Esta empresa es la encargada de desarrollar el Plan SUMA en Pemex para unificar las cuatro subsidiarias de la paraestatal en una sola empresa integrada.
Antes de que Carlos Murrieta Cummings fuera nombrado director de operaciones de Pemex en sustitución de Raúl Livas, en octubre de 2009, se desempeñaba como representante en México de la consultora estadunidense.
Carlos Murrieta es primo de Fausto Barajas Cummings, titular del gabinete de infraestructura del gobierno de Felipe Calderón. Su hermano Raúl Murrieta Cummings es el secretario de Finanzas del estado de México.
La reputación de McKinsey ha estado bajo severo escrutinio en diversas ocasiones en los últimos años. En México algunos de los contratos a McKinsey fueron severamente cuestionados por la comisión de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, debido a que Pemex no cumplió con las disposiciones normativas para realizar el proceso de adjudicación, ejecución y control de servicios técnicos, y el correcto registro en la contabilidad y en la cuenta pública.
A nivel internacional, el libro Los hechiceros, escrito por los periodistas John Micklethwait y Adrian Woolddrige, documenta una serie de errores y catástrofes que presuntamente han sido culpa de los consultores de McKinsey.
Otras investigaciones dan cuenta de que el derrumbe de la empresa ferroviaria británica Railtrack, después de diversos accidentes, fue resultado de las recomendaciones de McKinsey, la cual sugirió reducir el gasto en mantenimiento de infraestructura y el pago de dividendos a los inversionistas.
Recientemente McKinsey trabajó para las escuelas públicas de Minneápolis, Minnesota, donde recomendó recortar gastos en la atención de la salud docente y privatizar la educación.
Las organizaciones, que aglutinan a especialistas, académicos, ex trabajadores y consultores del sector energético, como el Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE) y el Grupo de Ingenieros Pemex Constitución de 1917, aseguraron y advirtieron que la próxima Estrategia Nacional de Energía tendrá el mismo sentido anticonstitucional, privatizador y desnacionalizante con el que se han conducido las industrias petrolera y eléctrica, “como hemos podido constatar en las leyes y los reglamentos petroleros y eléctricos, las resoluciones de la Comisión Reguladora de Energía y las recientes disposiciones de contratación emitidas por el consejo de administración de Pemex”.
Francisco Javier Carrillo Soberón y Francisco Garaicochea Petrirena, integrantes de ambas organizaciones civiles, anunciaron la realización de un Foro Energético Público Nacional Alternativo para discutir las propuestas que pretenda imponer la Estrategia Nacional de Energía.
Por su parte, la Sener aseguró que el Consejo Nacional de Energía y el foro consultivo tomaron en cuenta las opiniones vertidas en el ejercicio para la elaboración de la Visión 2030, los foros del Plan Nacional de Desarrollo y los foros de la reforma energética para contribuir y enriquecer el contenido final de la estrategia.
La insurrección en curso
Gustavo Esteva
Se multiplican las agresiones a los pueblos: Chiapas, Cananea, Juárez. Es un estado de cosas insoportable que aparece como clara expresión de la incompetencia política, la corrupción estatal y la compulsión reaccionaria que padecemos, las cuales se profundizan junto con la degradación moral de las clases políticas. Pero es también, acaso, manifestación de una estrategia que busca abortar la insurrección en curso.
El Comité Invisible, un colectivo francés imaginario, publicó hace un par de años L’insurrection qui vient (Google aporta versiones pobres en español e inglés). Al leer este libro fascinante y examinar las “verdades necesarias” que establece, no puedo evitar la impresión de que la insurrección “que viene” ya llegó. No sé si en París, pero sin duda en Oaxaca, en Chiapas, en México. Estamos en ella.
No se anuncia con fanfarrias. No consiste en marchas, plantones, manifiestos o proclamas. Elude movilizaciones colgadas de líderes y lemas. No apela a las armas, aunque puede apoyarse en la autodefensa armada. Se encuentra en todas partes y en ninguna; desde cualquier posición, en el lugar en que se encuentre, la gente impulsa con dignidad y coraje sus formas propias de vida. Hay quienes lo hacen por razones de estricta supervivencia. Otros apelan a antiguos ideales. Todos desafían radicalmente el estado de cosas, el sistema dominante, el régimen político y económico que ha llevado a la catástrofe actual. Se ocupan, ni más ni menos, de generar nuevas relaciones sociales y políticas, más allá de la explotación económica y del control político o policiaco. Esta rebelión de los descontentos es también la insurrección de los saberes sometidos y las imaginaciones reprimidas que saben llegado el momento de la verdad.
Habrá que hablar de ella, aprender a verla, de-velarla. El libro La insurrección que viene contribuye a esa tarea. “Sus redactores no son sus autores”, aclara el Comité Invisible. “Han puesto algo de orden en lugares comunes de la época, lo que se murmura en las mesas de los cafés o tras las puertas de los dormitorios. No han hecho sino precisar las verdades necesarias, las que ante el rechazo general llenan los hospitales siquiátricos y las miradas compasivas. Son los escribas de la situación. El privilegio de las circunstancias radicales es que la precisión conduce en buena lógica a la revolución. Basta decir lo que tenemos ante nuestros ojos y no eludir las consecuencias.” Y es esto, en realidad, lo más difícil. Reconocer con entereza la gravedad del estado de cosas y enfrentar a pie firme lo que eso significa.
El libro empieza con una provocación que describe muy puntualmente lo que pasa entre nosotros: “Desde cualquier ángulo que se le observe el presente no tiene salida. No es la menor de sus virtudes. Quita todo sostén a quienes se empeñan en esperar a como dé lugar… Todo mundo sabe que las cosas no pueden sino ir de mal en peor. ‘El futuro no tiene porvenir’ expresa la sabiduría de una época que ha llegado, como si fuese extrema normalidad, al nivel de conciencia de los primeros punks… Pero el impasse actual, perceptible en todas partes, en todas partes es negado.”
Necesitamos aprender a ver, con ojos menos empañados, lo que la gente común está haciendo ante las dificultades del día, ante esa perspectiva cada vez más oscura. Necesitamos reconocer los rasgos de esta insurrección que hasta ahora ha resultado invisible. Pero antes aquilatemos el significado de lo que está ocurriendo. Chiapas y Cananea tienen un signo común: son provocaciones abiertas, tratan de inducir un comportamiento específico. Se busca con ellas intimidar hasta la parálisis o bien estimular reacciones descontroladas y agresivas. Estas reacciones permitirían dar apariencia de justificación al aplastamiento policiaco que se intenta realizar, el cual podría conducir más temprano que tarde a una especie de guerra civil que pudiera abortar la insurrección.
Ésa sería la estrategia. Provocar alguna forma de violencia popular espontánea y caótica. Que la gente, harta de tanta provocación o de los callejones sin salida a los que se la conduce continuamente, estallara sin orden ni concierto. Se estarían buscando pretextos para profundizar el autoritarismo actual y llevarlo hasta el punto en que fuera capaz de evitar que la insurrección se ampliara y profundizara hasta cumplir su destino: liquidar sin violencia el régimen dominante.
Socavar esta perversa estrategia, impedir que triunfe, es hoy condición de supervivencia tanto de la insurrección en curso como de la vida social misma, que ha entrado en un grave proceso de descomposición. Para todo esto necesitamos, más que ninguna otra cosa, miradas claras e imaginaciones lúcidas.
gustavoesteva@gmail.com
Se multiplican las agresiones a los pueblos: Chiapas, Cananea, Juárez. Es un estado de cosas insoportable que aparece como clara expresión de la incompetencia política, la corrupción estatal y la compulsión reaccionaria que padecemos, las cuales se profundizan junto con la degradación moral de las clases políticas. Pero es también, acaso, manifestación de una estrategia que busca abortar la insurrección en curso.
El Comité Invisible, un colectivo francés imaginario, publicó hace un par de años L’insurrection qui vient (Google aporta versiones pobres en español e inglés). Al leer este libro fascinante y examinar las “verdades necesarias” que establece, no puedo evitar la impresión de que la insurrección “que viene” ya llegó. No sé si en París, pero sin duda en Oaxaca, en Chiapas, en México. Estamos en ella.
No se anuncia con fanfarrias. No consiste en marchas, plantones, manifiestos o proclamas. Elude movilizaciones colgadas de líderes y lemas. No apela a las armas, aunque puede apoyarse en la autodefensa armada. Se encuentra en todas partes y en ninguna; desde cualquier posición, en el lugar en que se encuentre, la gente impulsa con dignidad y coraje sus formas propias de vida. Hay quienes lo hacen por razones de estricta supervivencia. Otros apelan a antiguos ideales. Todos desafían radicalmente el estado de cosas, el sistema dominante, el régimen político y económico que ha llevado a la catástrofe actual. Se ocupan, ni más ni menos, de generar nuevas relaciones sociales y políticas, más allá de la explotación económica y del control político o policiaco. Esta rebelión de los descontentos es también la insurrección de los saberes sometidos y las imaginaciones reprimidas que saben llegado el momento de la verdad.
Habrá que hablar de ella, aprender a verla, de-velarla. El libro La insurrección que viene contribuye a esa tarea. “Sus redactores no son sus autores”, aclara el Comité Invisible. “Han puesto algo de orden en lugares comunes de la época, lo que se murmura en las mesas de los cafés o tras las puertas de los dormitorios. No han hecho sino precisar las verdades necesarias, las que ante el rechazo general llenan los hospitales siquiátricos y las miradas compasivas. Son los escribas de la situación. El privilegio de las circunstancias radicales es que la precisión conduce en buena lógica a la revolución. Basta decir lo que tenemos ante nuestros ojos y no eludir las consecuencias.” Y es esto, en realidad, lo más difícil. Reconocer con entereza la gravedad del estado de cosas y enfrentar a pie firme lo que eso significa.
El libro empieza con una provocación que describe muy puntualmente lo que pasa entre nosotros: “Desde cualquier ángulo que se le observe el presente no tiene salida. No es la menor de sus virtudes. Quita todo sostén a quienes se empeñan en esperar a como dé lugar… Todo mundo sabe que las cosas no pueden sino ir de mal en peor. ‘El futuro no tiene porvenir’ expresa la sabiduría de una época que ha llegado, como si fuese extrema normalidad, al nivel de conciencia de los primeros punks… Pero el impasse actual, perceptible en todas partes, en todas partes es negado.”
Necesitamos aprender a ver, con ojos menos empañados, lo que la gente común está haciendo ante las dificultades del día, ante esa perspectiva cada vez más oscura. Necesitamos reconocer los rasgos de esta insurrección que hasta ahora ha resultado invisible. Pero antes aquilatemos el significado de lo que está ocurriendo. Chiapas y Cananea tienen un signo común: son provocaciones abiertas, tratan de inducir un comportamiento específico. Se busca con ellas intimidar hasta la parálisis o bien estimular reacciones descontroladas y agresivas. Estas reacciones permitirían dar apariencia de justificación al aplastamiento policiaco que se intenta realizar, el cual podría conducir más temprano que tarde a una especie de guerra civil que pudiera abortar la insurrección.
Ésa sería la estrategia. Provocar alguna forma de violencia popular espontánea y caótica. Que la gente, harta de tanta provocación o de los callejones sin salida a los que se la conduce continuamente, estallara sin orden ni concierto. Se estarían buscando pretextos para profundizar el autoritarismo actual y llevarlo hasta el punto en que fuera capaz de evitar que la insurrección se ampliara y profundizara hasta cumplir su destino: liquidar sin violencia el régimen dominante.
Socavar esta perversa estrategia, impedir que triunfe, es hoy condición de supervivencia tanto de la insurrección en curso como de la vida social misma, que ha entrado en un grave proceso de descomposición. Para todo esto necesitamos, más que ninguna otra cosa, miradas claras e imaginaciones lúcidas.
gustavoesteva@gmail.com
“En 72 horas se operó la liquidación de Luz y Fuerza”: Héctor Orozco, director del SAE
Tras la expedición del decreto de extinción, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes sólo contó con tres días para elaborar casi 90 mil cheques para indemnizar a 44 mil ex trabajadores y 24 horas para pagar a 20 mil jubilados.
Lun, 22/02/2010 - 09:53
Foto: Nelly SalasLa madrugada del domingo 11 de octubre de 2009 significó para todos la hora cero. “Nosotros nos enteramos prácticamente al igual que todo el mundo, con la expedición del decreto”, revela Héctor Orozco, directivo del SAE, dependencia encargada de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro.
El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), sólo tuvo 72 horas para elaborar casi 90 mil cheques para indemnizar a 44 mil ex trabajadores y 24 horas para el pago de los 20 mil jubilados.
Esta fue la primera experiencia de una liquidación sin un diagnóstico previo, sin un acto de entrega-recepción, sin inventario; en sí, sin información, sólo existía una lista de los trabajadores con su salario y antigüedad. Así inició el proceso de liquidación de Luz y Fuerza del Centro, todavía muy pronto para determinar cuándo culminará.
Héctor Orozco, director corporativo del Proceso de Empresas del SAE, explica en entrevista con MILENIO cómo fueron esos primeros momentos en los que, al igual que el resto de la población, ellos se dan cuenta de lo que será su trabajo con la lectura del decreto.
¿Con cuánta anticipación les avisaron?
Para fines prácticos, nosotros nos enteramos al igual que todo el mundo con la expedición del decreto.
¿No se trabajó nada antes?
Sí, sabíamos que pudiera venir un proceso de desincorporación importante, que teníamos que estar listos y preparados para coordinarnos con otras instancias del gobierno en alguna operación que involucraba alguna empresa y en ese sentido sí tomamos algún tipo de previsión administrativa.
¿En qué se prepararon?
Nos preparamos para hacer un diagnóstico, pero cuando leemos el decreto entendemos que las circunstancias son diferentes que no hay espacios, ni tiempos para hacer diagnósticos, que hay que operar.
¿Es la primera vez que sucede así?
Sí, en la noche en que se publica el decreto leemos las bases, y entonces entendemos claramente que se trata de un tema muy importante muy diferente a los que habíamos operado, que el SAE tenía enfrente una gran responsabilidad, y por lo tanto teníamos que actuar coordinadamente con otras instancias para que en el granito de arena que le toca al SAE actuara a la altura de las circunstancias.
¿Hubo algún momento de un acto de entrega recepción del entonces director de Luz y Fuerza?
No.
¿De alguna otra autoridad?
No.
¿Con quién trató?
Nos entregaron ex funcionarios de Luz y Fuerza una lista de nómina con los trabajadores que estaban dados de alta y se elaboraron las indemnizaciones, que significaron 90 mil cheques en tres días.
Uno de los principales retos a resolver por el gobierno federal es el fondo de pensiones que “estimo debe valer algo superior a los 200 mil millones de pesos”, mientras que los activos de Luz y Fuerza que pudieran realizarse ascenderán a 100 mil millones, comenta Orozco y acota que esto es una demostración de que la empresa no era financieramente viable.
Los funcionarios del SAE han liquidado 17 empresas públicas, pero Luz y Fuerza tenía sus propias complicaciones. No se contaba con un registro de los activos, no se dio un tiempo previo para hacer un diagnóstico y es la que ha tenido un “impacto mediático mayor”, reconoce el funcionario.
Y así comienza una carrera que en sus inicios tiene totalmente claros los plazos fatales, el primero, el lunes 12 de octubre que hay que pagar a los 20 mil jubilados , y el segundo, el miércoles 14 que hay que empezar las liquidaciones de los 44 mil ex trabajadores.
¿Qué implicó esta logística?
Imprimir 90 mil cheques en 72 horas no es una cosa fácil. Teníamos que estar listos para pagarles a todos el primer día. Escoger los lugares que cumplieran con condiciones mínimas; que tuvieran condiciones mínimas de seguridad y las facilidades administrativas del caso.
Cada uno de estos centros de pago debía tener un representante liquidador, uno de la Junta de Conciliación y Arbitraje, personal administrativo; cada uno de estos pagos debía tener un convenio y la gente tenía que aprender a hacerlo, porque no era experta.
Además, teníamos que tener una comunicación permanente, porque fue un tema que ocupó un espacio importante en la opinión pública y en la prensa.
Con proporciones guardadas, es como armar un banco de pago con 23 sucursales, fueron 23 centros de pago y somos funcionarios públicos que tenemos que dar cuenta de cada peso y centavo.
La empresa, que de acuerdo con el Diario Oficial, “tendrá las más amplias facultades” para la liquidación de la CFE partía de cero el 11 de octubre.
Orozco explica que tradicionalmente para recibir una liquidación se elabora un diagnóstico previo que puede tardar más de un mes, en el que se deja clara “la situación financiera, jurídica, fiscal, administrativa o incluso, si hay residuales operativos, contingencias, es decir el estatus de la empresa, su alcance nacional, dónde están sus recursos. Pero aquí no hay eso, esa es la gran diferencia en el proceso de liquidación de Luz y Fuerza”.
¿Se les entrega un listado de los activos o se responsabilizan de un fantasma?
Es muy complejo. El problema siempre ha existido, no se tenía un registro detallado de los activos, esa es la verdad; no es una opinión, es un hecho, así lo dicen los informes de auditoría.
El directivo del SAE explica que ha tenido entrevistas con ex funcionarios de Luz y Fuerza del Centro para que le informen de los temas urgentes e importantes, como qué juicios había, con qué abogados, dónde están las bóvedas de seguridad, etcétera.
Ahora, comenta, las cosas se han ido acomodando. A cuatro meses de esa noche en que la Policía Federal tomó las instalaciones de Luz y Fuerza ni siquiera es posible determinar cuándo culminará el proceso.
Georgina Morett
Milenio.com
Edición Nacional
lunes 22 de febrero de 2010
Lun, 22/02/2010 - 09:53
Foto: Nelly SalasLa madrugada del domingo 11 de octubre de 2009 significó para todos la hora cero. “Nosotros nos enteramos prácticamente al igual que todo el mundo, con la expedición del decreto”, revela Héctor Orozco, directivo del SAE, dependencia encargada de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro.
El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), sólo tuvo 72 horas para elaborar casi 90 mil cheques para indemnizar a 44 mil ex trabajadores y 24 horas para el pago de los 20 mil jubilados.
Esta fue la primera experiencia de una liquidación sin un diagnóstico previo, sin un acto de entrega-recepción, sin inventario; en sí, sin información, sólo existía una lista de los trabajadores con su salario y antigüedad. Así inició el proceso de liquidación de Luz y Fuerza del Centro, todavía muy pronto para determinar cuándo culminará.
Héctor Orozco, director corporativo del Proceso de Empresas del SAE, explica en entrevista con MILENIO cómo fueron esos primeros momentos en los que, al igual que el resto de la población, ellos se dan cuenta de lo que será su trabajo con la lectura del decreto.
¿Con cuánta anticipación les avisaron?
Para fines prácticos, nosotros nos enteramos al igual que todo el mundo con la expedición del decreto.
¿No se trabajó nada antes?
Sí, sabíamos que pudiera venir un proceso de desincorporación importante, que teníamos que estar listos y preparados para coordinarnos con otras instancias del gobierno en alguna operación que involucraba alguna empresa y en ese sentido sí tomamos algún tipo de previsión administrativa.
¿En qué se prepararon?
Nos preparamos para hacer un diagnóstico, pero cuando leemos el decreto entendemos que las circunstancias son diferentes que no hay espacios, ni tiempos para hacer diagnósticos, que hay que operar.
¿Es la primera vez que sucede así?
Sí, en la noche en que se publica el decreto leemos las bases, y entonces entendemos claramente que se trata de un tema muy importante muy diferente a los que habíamos operado, que el SAE tenía enfrente una gran responsabilidad, y por lo tanto teníamos que actuar coordinadamente con otras instancias para que en el granito de arena que le toca al SAE actuara a la altura de las circunstancias.
¿Hubo algún momento de un acto de entrega recepción del entonces director de Luz y Fuerza?
No.
¿De alguna otra autoridad?
No.
¿Con quién trató?
Nos entregaron ex funcionarios de Luz y Fuerza una lista de nómina con los trabajadores que estaban dados de alta y se elaboraron las indemnizaciones, que significaron 90 mil cheques en tres días.
Uno de los principales retos a resolver por el gobierno federal es el fondo de pensiones que “estimo debe valer algo superior a los 200 mil millones de pesos”, mientras que los activos de Luz y Fuerza que pudieran realizarse ascenderán a 100 mil millones, comenta Orozco y acota que esto es una demostración de que la empresa no era financieramente viable.
Los funcionarios del SAE han liquidado 17 empresas públicas, pero Luz y Fuerza tenía sus propias complicaciones. No se contaba con un registro de los activos, no se dio un tiempo previo para hacer un diagnóstico y es la que ha tenido un “impacto mediático mayor”, reconoce el funcionario.
Y así comienza una carrera que en sus inicios tiene totalmente claros los plazos fatales, el primero, el lunes 12 de octubre que hay que pagar a los 20 mil jubilados , y el segundo, el miércoles 14 que hay que empezar las liquidaciones de los 44 mil ex trabajadores.
¿Qué implicó esta logística?
Imprimir 90 mil cheques en 72 horas no es una cosa fácil. Teníamos que estar listos para pagarles a todos el primer día. Escoger los lugares que cumplieran con condiciones mínimas; que tuvieran condiciones mínimas de seguridad y las facilidades administrativas del caso.
Cada uno de estos centros de pago debía tener un representante liquidador, uno de la Junta de Conciliación y Arbitraje, personal administrativo; cada uno de estos pagos debía tener un convenio y la gente tenía que aprender a hacerlo, porque no era experta.
Además, teníamos que tener una comunicación permanente, porque fue un tema que ocupó un espacio importante en la opinión pública y en la prensa.
Con proporciones guardadas, es como armar un banco de pago con 23 sucursales, fueron 23 centros de pago y somos funcionarios públicos que tenemos que dar cuenta de cada peso y centavo.
La empresa, que de acuerdo con el Diario Oficial, “tendrá las más amplias facultades” para la liquidación de la CFE partía de cero el 11 de octubre.
Orozco explica que tradicionalmente para recibir una liquidación se elabora un diagnóstico previo que puede tardar más de un mes, en el que se deja clara “la situación financiera, jurídica, fiscal, administrativa o incluso, si hay residuales operativos, contingencias, es decir el estatus de la empresa, su alcance nacional, dónde están sus recursos. Pero aquí no hay eso, esa es la gran diferencia en el proceso de liquidación de Luz y Fuerza”.
¿Se les entrega un listado de los activos o se responsabilizan de un fantasma?
Es muy complejo. El problema siempre ha existido, no se tenía un registro detallado de los activos, esa es la verdad; no es una opinión, es un hecho, así lo dicen los informes de auditoría.
El directivo del SAE explica que ha tenido entrevistas con ex funcionarios de Luz y Fuerza del Centro para que le informen de los temas urgentes e importantes, como qué juicios había, con qué abogados, dónde están las bóvedas de seguridad, etcétera.
Ahora, comenta, las cosas se han ido acomodando. A cuatro meses de esa noche en que la Policía Federal tomó las instalaciones de Luz y Fuerza ni siquiera es posible determinar cuándo culminará el proceso.
Georgina Morett
Milenio.com
Edición Nacional
lunes 22 de febrero de 2010
domingo, 21 de febrero de 2010
El Estado como parte de los conflictos laborales
Néstor de Buen
21 de febrero
No cabe duda de que en estos tiempos hemos presenciado la manera como el Estado se convierte en parte en los conflictos laborales que le interesan. Usualmente utiliza los instrumentos tradicionales: la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de manera preferente en los asuntos laborales, y si se ofrece, como ha ocurrido últimamente, a jueces federales propicios a atender sus intereses.
De ello resulta, ciertamente, que en materia laboral no basta tener la razón si del otro lado hay intereses empresariales o del Estado mismo que anulan, en cierto modo, la autonomía del Poder Judicial, para someterlo a los requerimientos del Estado y sus aliados, las empresas que representan valores con los que el Estado coincide.
En estos tiempos la primera manifestación ha consistido en la expedición del Decreto de 9 de octubre de 2009 mediante el cual, asumiendo facultades que no le corresponden, el Ejecutivo, con el pretexto de su responsabilidad reglamentaria, dictó una ley de hecho mediante la cual ordenó la liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Es sabido que la facultad reglamentaria prevista en el artículo 89 constitucional que se otorga al Ejecutivo está subordinada a la existencia de una ley dictada por el Congreso de la Unión. En el caso no existe tal ley que faculte para liquidar a Luz y Fuerza del Centro. Sin embargo, una juez de Distrito negó el amparo al SME y el tema se encuentra a la espera de la solución del recurso de revisión por un tribunal colegiado.
El segundo tema, de la misma o mayor importancia, se ha dado con motivo de la huelga de Cananea, que sin fundamento alguno fue invocada como pretexto para promover la terminación de las relaciones de trabajo por supuesta fuerza mayor y en la que el segundo tribunal colegiado del primer circuito en materia de trabajo, por mayoría de votos en contra de la ponencia de la presidenta del tribunal resolvió negar el amparo al sindicato minero. Lo único cierto es que el procedimiento especial que siguió la empresa con la total simpatía de la JFCA no tiene fundamento alguno.
Está pendiente la entrega de la copia de la sentencia. El tribunal se está tomando su tiempo. Pero lo que es evidente es que el supuesto despido de los trabajadores mineros de Cananea no tiene fundamento alguno. Tan es así que la empresa –como ya lo ha dicho su principal aliado, el secretario del Trabajo, Javier Lozano– se apresta a reanudar los trabajos, con lo que pone en evidencia que no existió, salvo en la imaginación de las autoridades, la fuerza mayor: destrucción de sus instalaciones, que se alegó como motivo.
Lo curioso es que el secretario del Trabajo, personaje principal en todo este drama, en una circular fechada el día 14 de este mismo mes se ha encargado de afirmar que la consecuencia del despido es el fin de la huelga, en lo que, como en tantas otras cosas, está rotundamente equivocado. No sería malo regalarle una Ley Federal del Trabajo para que lea su artículo 469, en el que se precisan los motivos de terminación de una huelga, entre los que no se encuentra el invocado por el señor ministro. Cabe recordar que la LFT establece que si un trabajador es despedido en el periodo de prehuelga, tiene derecho a participar en el recuento, en su caso (artículo 931-III).
El asunto no ha llegado a su final. Falta mucho por recorrer. Ya nos llegará el anteproyecto de LFT que anuncia el propio secretario, y podemos imaginar con qué intención ha sido preparado.
La solidaridad de los sindicatos independientes se hace cada vez más necesaria. Si los conflictos laborales se deben resolver por organismos dependientes de los poderes ejecutivos, nunca será posible, al menos en este régimen reaccionario, mantener los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Si el Congreso lo tolerara, la ambición de quienes tienen el poder sería derogar el artículo 123 constitucional y la LFT.
Hay, naturalmente, los obstáculos tradicionales. El principal desde el punto de vista sindical es nuestra tradición de confederaciones sindicales aliadas con el Estado. Serían capaces de participar en la eliminación de las disposiciones constitucionales y reglamentarias propicias a los derechos fundamentales de los trabajadores. Por lo mismo, lo indispensable es la unidad de los sindicatos democráticos y el apoyo de los organismos internacionales. Afortunadamente, se cuenta con ellos.
http://www.jornada.unam.mx/2010/02/21/index.php?section=politica&article=020a1pol
21 de febrero
No cabe duda de que en estos tiempos hemos presenciado la manera como el Estado se convierte en parte en los conflictos laborales que le interesan. Usualmente utiliza los instrumentos tradicionales: la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de manera preferente en los asuntos laborales, y si se ofrece, como ha ocurrido últimamente, a jueces federales propicios a atender sus intereses.
De ello resulta, ciertamente, que en materia laboral no basta tener la razón si del otro lado hay intereses empresariales o del Estado mismo que anulan, en cierto modo, la autonomía del Poder Judicial, para someterlo a los requerimientos del Estado y sus aliados, las empresas que representan valores con los que el Estado coincide.
En estos tiempos la primera manifestación ha consistido en la expedición del Decreto de 9 de octubre de 2009 mediante el cual, asumiendo facultades que no le corresponden, el Ejecutivo, con el pretexto de su responsabilidad reglamentaria, dictó una ley de hecho mediante la cual ordenó la liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Es sabido que la facultad reglamentaria prevista en el artículo 89 constitucional que se otorga al Ejecutivo está subordinada a la existencia de una ley dictada por el Congreso de la Unión. En el caso no existe tal ley que faculte para liquidar a Luz y Fuerza del Centro. Sin embargo, una juez de Distrito negó el amparo al SME y el tema se encuentra a la espera de la solución del recurso de revisión por un tribunal colegiado.
El segundo tema, de la misma o mayor importancia, se ha dado con motivo de la huelga de Cananea, que sin fundamento alguno fue invocada como pretexto para promover la terminación de las relaciones de trabajo por supuesta fuerza mayor y en la que el segundo tribunal colegiado del primer circuito en materia de trabajo, por mayoría de votos en contra de la ponencia de la presidenta del tribunal resolvió negar el amparo al sindicato minero. Lo único cierto es que el procedimiento especial que siguió la empresa con la total simpatía de la JFCA no tiene fundamento alguno.
Está pendiente la entrega de la copia de la sentencia. El tribunal se está tomando su tiempo. Pero lo que es evidente es que el supuesto despido de los trabajadores mineros de Cananea no tiene fundamento alguno. Tan es así que la empresa –como ya lo ha dicho su principal aliado, el secretario del Trabajo, Javier Lozano– se apresta a reanudar los trabajos, con lo que pone en evidencia que no existió, salvo en la imaginación de las autoridades, la fuerza mayor: destrucción de sus instalaciones, que se alegó como motivo.
Lo curioso es que el secretario del Trabajo, personaje principal en todo este drama, en una circular fechada el día 14 de este mismo mes se ha encargado de afirmar que la consecuencia del despido es el fin de la huelga, en lo que, como en tantas otras cosas, está rotundamente equivocado. No sería malo regalarle una Ley Federal del Trabajo para que lea su artículo 469, en el que se precisan los motivos de terminación de una huelga, entre los que no se encuentra el invocado por el señor ministro. Cabe recordar que la LFT establece que si un trabajador es despedido en el periodo de prehuelga, tiene derecho a participar en el recuento, en su caso (artículo 931-III).
El asunto no ha llegado a su final. Falta mucho por recorrer. Ya nos llegará el anteproyecto de LFT que anuncia el propio secretario, y podemos imaginar con qué intención ha sido preparado.
La solidaridad de los sindicatos independientes se hace cada vez más necesaria. Si los conflictos laborales se deben resolver por organismos dependientes de los poderes ejecutivos, nunca será posible, al menos en este régimen reaccionario, mantener los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Si el Congreso lo tolerara, la ambición de quienes tienen el poder sería derogar el artículo 123 constitucional y la LFT.
Hay, naturalmente, los obstáculos tradicionales. El principal desde el punto de vista sindical es nuestra tradición de confederaciones sindicales aliadas con el Estado. Serían capaces de participar en la eliminación de las disposiciones constitucionales y reglamentarias propicias a los derechos fundamentales de los trabajadores. Por lo mismo, lo indispensable es la unidad de los sindicatos democráticos y el apoyo de los organismos internacionales. Afortunadamente, se cuenta con ellos.
http://www.jornada.unam.mx/2010/02/21/index.php?section=politica&article=020a1pol
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