Antonio Gershenson
Llevamos décadas sin nuevas plantas de generación en la zona central del sistema eléctrico. Luz y Fuerza del Centro (LFC) no instaló centrales generadoras desde 1974, año en que entraron en servicio las plantas de turbogás de Nonoalco, Lechería y valle de México. Éstas, más que aumentar la potencia, cubren momentos difíciles.
LFC informó en diferentes momentos que la generación “cercana”, de menos de 200 kilómetros, ha sido la tercera parte del total, o menos. Ha señalado que con menos de 50 por ciento de generación cercana hay un riesgo permanente de colapso de voltaje.
Para generar electricidad en la zona central con las fuentes existentes de energía para este propósito, tenemos una primera limitación: la insuficiencia de las fuentes hidráulica, eólica y en general renovable.
Hay más problemas para la intención de usar en el valle de México plantas de gas natural, ciclo combinado. Además de los problemas generales, como las fluctuaciones de precios y el porcentaje de importaciones, están las pérdidas derivadas de la altura sobre el nivel del mar y de la temperatura, y la contaminación del gas natural de Pemex con nitrógeno, que resta potencia al metro cúbico del gas.
Hay un antecedente: la planta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llamada Samalayuca II, muy cerca de Ciudad Juárez. Está a 1,127 metros sobre el nivel del mar. La potencia nominal de la planta es de 690 megavatios. La potencia efectiva, por los factores mencionados, ya medida, es de 505.8 megavatios, o sea, 74 por ciento de la nominal; 26 por ciento de pérdida de potencia. ¿Cómo estarán las cosas en el valle de México, a más de 2,000 metros de altura?
Si se van a Cuernavaca, algo ganan en altura, pero pierden al subir considerablemente la temperatura. Necaxa, en los límites de los 200 kilómetros, está a 1,338 metros, más alta que Samalayuca. De modo que este tipo de plantas, en el altiplano u otras áreas de la zona central, no representa ninguna solución.
La alternativa que se propone es el uso de un tipo de planta con caldera y turbina de vapor tipo ultra supercrítica. Esta alternativa no es sólo un avance técnico y económico, sino una necesidad ante la situación crítica del sistema eléctrico en la parte central del país. Es parte de una serie de plantas que se basan en una caldera y luego una turbina de vapor. Se usan combustibles relativamente baratos, como carbón y los residuales de las refinerías, como el combustóleo, pero no sólo éste.
En plantas llamadas subcríticas, ya puede haber avances. Se eleva la temperatura, frente a los 538 grados centígrados convencionales, se llegó a un rango de 540 a 565 grados, y la presión hasta 180 bars (un bar es aproximadamente una atmósfera de presión). Los cambios en la planta son menores. La eficiencia va subiendo hasta 36 por ciento. Luego, se usan las plantas supercríticas, reinyectando el vapor de salida de la planta y aumentando con ello la eficiencia. El rango de temperaturas no cambia con el anterior, pero la presión sí aumenta hasta 240 bars. La eficiencia va subiendo hasta 41 por ciento.
Las plantas ultra supercríticas ya usan aleaciones más resistentes, en lo químico y en lo mecánico. Su rango de temperaturas de operación es ya de 585 a 620 grados, y el rango de presiones, de 250 a 280 bars. La eficiencia ya va de 43 a 45 por ciento. Ya rebasan a las plantas de gas ciclo combinado, especialmente con nuestras alturas sobre el nivel del mar.
Entrarían en operación en unos años más las ultra supercríticas avanzadas. Estas últimas trabajarán a mayores presiones y temperaturas, y usarán superaleaciones más resistentes. El fierro desaparecerá de las aleaciones, y los elementos más usados, pero junto con otros, serán el níquel y el cromo. La eficiencia llegaría hasta 60 por ciento, rebasando a cualquier otra termoeléctrica.
Es preciso tomar en cuenta la cuestión ambiental y usar los medios necesarios. Pero el que la combustión se produzca a temperaturas más altas hace que sea más completa y que los residuos sean menores.
Nos resultan varias ventajas. Uso de combustóleo u otros residuales, ambos de producción nacional. Tenemos la posibilidad de fabricación nacional de componentes importantes de las plantas. No dependemos de gas natural en parte importado, ni contaminado con nitrógeno si es nacional, ni con otras pérdidas.
En general, es positivo que se conozca en México esta alternativa, superior frente a los medios convencionales termoeléctricos. Y es una alternativa, primero, para la zona central.
gershen@servidor.unam.mx
fuente: la jornada
EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION SUBESTACIONES TOLUCA CONTINUA EN PIE DE LUCHA CON LA CONVICCION DE OBTENER LA VICTORIA EN LA DEFENSA DE NUESTRO TRABAJO.
EN MEMORIA DE UN MIEMBRO DE OPERACION
DESCANSE EN PAZ EL C. RICARDO GONZALEZ BECERRIL
domingo, 11 de abril de 2010
Cierre de LFC genera ola de apagones que ha costado millones al sector productivo
En seis meses, el servicio ha fallado en 30% de los días, asegura la Coparmex-DF
El órgano empresarial señala que la CFE debería indemnizar a quienes han tenido afectaciones
El Pedregal de Santo Domingo es una zona que ha sido afectada por los apagones. Imagen de archivoFoto Víctor Camacho
Laura Gómez y Alejandro Cruz
Periódico La Jornada
Domingo 11 de abril de 2010, p. 31
Desde que el gobierno federal decidió liquidar a Luz y Fuerza del Centro (LFC) hace seis meses, los problemas de apagones, que van de horas a hasta más de una semana, se agudizaron en toda la ciudad de México, que han provocado pérdidas por 350 millones de pesos en el sector productivo, además de la inconformidad de los vecinos quienes han cerrado vialidades por la falta del servicio.
Los sectores más afectados han sido servicios financieros, restaurantes y comercios, ante la imposibilidad de efectuar transacciones bancarias, pérdida de información en sistemas informáticos, además del caos vial e inseguridad que provoca carecer de energía eléctrica.
El presidente de Coparmex-DF, Juan de Dios Barba Nava, explicó que a raíz de la liquidación en octubre pasado de LFC, en 30 por ciento de los días han habido apagones, que van desde una a más de seis de horas, lo cual ha derivado en pérdidas para el sector productivo de hasta 20 millones de pesos, sin que proceda una indemnización.
Dicho pago, consideró en entrevista, debería cubrirlo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la precariedad del suministro de energía, que ha sido evidente en toda la ciudad, pero con mayor impacto en las delegaciones Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc e Iztapalapa, donde se concentran los servicios financieros, restaurantes, tiendas comerciales, centros de entretenimiento y la industria.
Los más afectados son los micro, pequeños y medianos negocios que carecen de recursos económicos para adquirir una planta de emergencia. En enero pasado, recordó, los vientos que azotaron a la ciudad interrumpieron el servicio eléctrico, afectaron y dañaron instalaciones y equipos, lo cual se tradujo en una pérdida de 100 millones de pesos.
Hoy, las pérdidas derivadas de estas fallas suman 350 millones de pesos, 250 por ciento más respecto a enero, como resultado de cinco eventos importantes que dejaron en penumbras los negocios y los afectaron económicamente. No existe ningún apoyo económico, cuando un verdadero servicio de calidad mundial debe comprender la garantía de indemnización o pago de daños y perjuicios ocasionados a las empresas como consecuencia de problemas en el suministro eléctrico.
En tanto, los usuarios se quejan de que la CFE ha sido rebasada, al no contar con la infraestructura y por la falta de capacitación de sus trabajadores para resolver la problemática, lo que ha provocado que pierdan aparatos electrodomésticos, además de que se generan cortes de agua potable, pues se requiere de la energía eléctrica para bombear el líquido hasta los tinacos.
Según datos del Sindicato Mexicano de Electricistas, 70 por ciento de las llamadas que se reciben en el 071 son para reportar fallas en el suministro. Tan sólo durante el primer mes del cierre de la paraestatal, en el Gobierno del DF se contabilizaron más de 360 apagones que han afectado a cientos de miles de personas; sin embargo, hasta el momento no se ha presentado un informe oficial sobre los reportes de apagones que se han recibido.
El órgano empresarial señala que la CFE debería indemnizar a quienes han tenido afectaciones
El Pedregal de Santo Domingo es una zona que ha sido afectada por los apagones. Imagen de archivoFoto Víctor Camacho
Laura Gómez y Alejandro Cruz
Periódico La Jornada
Domingo 11 de abril de 2010, p. 31
Desde que el gobierno federal decidió liquidar a Luz y Fuerza del Centro (LFC) hace seis meses, los problemas de apagones, que van de horas a hasta más de una semana, se agudizaron en toda la ciudad de México, que han provocado pérdidas por 350 millones de pesos en el sector productivo, además de la inconformidad de los vecinos quienes han cerrado vialidades por la falta del servicio.
Los sectores más afectados han sido servicios financieros, restaurantes y comercios, ante la imposibilidad de efectuar transacciones bancarias, pérdida de información en sistemas informáticos, además del caos vial e inseguridad que provoca carecer de energía eléctrica.
El presidente de Coparmex-DF, Juan de Dios Barba Nava, explicó que a raíz de la liquidación en octubre pasado de LFC, en 30 por ciento de los días han habido apagones, que van desde una a más de seis de horas, lo cual ha derivado en pérdidas para el sector productivo de hasta 20 millones de pesos, sin que proceda una indemnización.
Dicho pago, consideró en entrevista, debería cubrirlo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la precariedad del suministro de energía, que ha sido evidente en toda la ciudad, pero con mayor impacto en las delegaciones Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc e Iztapalapa, donde se concentran los servicios financieros, restaurantes, tiendas comerciales, centros de entretenimiento y la industria.
Los más afectados son los micro, pequeños y medianos negocios que carecen de recursos económicos para adquirir una planta de emergencia. En enero pasado, recordó, los vientos que azotaron a la ciudad interrumpieron el servicio eléctrico, afectaron y dañaron instalaciones y equipos, lo cual se tradujo en una pérdida de 100 millones de pesos.
Hoy, las pérdidas derivadas de estas fallas suman 350 millones de pesos, 250 por ciento más respecto a enero, como resultado de cinco eventos importantes que dejaron en penumbras los negocios y los afectaron económicamente. No existe ningún apoyo económico, cuando un verdadero servicio de calidad mundial debe comprender la garantía de indemnización o pago de daños y perjuicios ocasionados a las empresas como consecuencia de problemas en el suministro eléctrico.
En tanto, los usuarios se quejan de que la CFE ha sido rebasada, al no contar con la infraestructura y por la falta de capacitación de sus trabajadores para resolver la problemática, lo que ha provocado que pierdan aparatos electrodomésticos, además de que se generan cortes de agua potable, pues se requiere de la energía eléctrica para bombear el líquido hasta los tinacos.
Según datos del Sindicato Mexicano de Electricistas, 70 por ciento de las llamadas que se reciben en el 071 son para reportar fallas en el suministro. Tan sólo durante el primer mes del cierre de la paraestatal, en el Gobierno del DF se contabilizaron más de 360 apagones que han afectado a cientos de miles de personas; sin embargo, hasta el momento no se ha presentado un informe oficial sobre los reportes de apagones que se han recibido.
Huelga de hambre masiva, nueva acción del SME contra el decreto de extinción
La protesta será indefinida y participarán unos 2 mil 300 electricistas, afirma dirigente
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 11 de abril de 2010, p. 15
Hoy se cumplen seis meses de la publicación del decreto presidencial que ordenó el cierre de Luz y Fuerza del Centro (LFC). Alrededor de 17 mil trabajadores (de una plantilla de 44 mil) no han cobrado su liquidación y, para continuar su lucha, cientos de ellos iniciarán en los próximos días una huelga de hambre en el Zócalo capitalino.
“La huelga será indefinida. Unos 2 mil 300 compañeros se realizan análisis de laboratorio para definir si su estado de salud les permite participar en este esfuerzo, que no es un acto desesperado, sino muestra de que los electricistas lucharemos hasta el final”, señaló Eduardo Bobadilla, secretario de Trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Este nuevo plan se suma a otras acciones que han emprendido, como los juicios y análisis que se realizan en tribunales laborales y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la validez constitucional del decreto del 11 de octubre de 2009.
En la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se han interpuesto miles de demandas por despido injustificado y otras tantas para exigir que se cumpla la ley en términos de “patrón sustituto”.
Es decir, que los integrantes del SME sean recontratados –en bloque– en la Comisión Federal de Electricidad, empresa que hace medio año tomó la operación del servicio público de energía eléctrica en la zona central del país.
Después de decenas de marchas, asambleas, mítines y otras protestas, los 17 mil 247 trabajadores que no han cobrado su liquidación realizaron asambleas departamentales, seccionales, divisionales y una general para definir nuevas formas de protesta, las cuales, definieron ellos mismos, serán “acciones contundentes y riesgosas”.
De acuerdo con la dirigencia del SME, encabezada por Martín Esparza, hubo una respuesta muy amplia a la determinación de realizar una huelga de hambre masiva. En principio se dijo que, durante las asambleas, más de 5 mil habían manifestado su interés por participar, aunque en la fase de inscripción de interesados, para proceder a exámenes médicos, se apuntaron alrededor de 2 mil 300.
Eduardo Bobadilla dijo que un laboratorio particular –del cual se reservó el nombre– otorgó al SME un crédito, pagadero a fecha posterior al término del conflicto, para la realización de exámenes médicos y de química sanguínea a los interesados en participar en la huelga de hambre.
Precisó que hay trabajadores de diversas áreas y puestos inscritos; sin embargo, dijo, han demostrado un ímpetu especial y solidaridad los compañeros de los departamentos y funcionarios de menor nivel salarial en LFC.
Tras medio año sin cobrar salario, los agremiados acordaron realizar la huelga de hambre en la Plaza de la Constitución y, en ese sentido, Bobadilla aseveró que el mandato de las asambleas, desde las departamentales hasta la general, es que esta forma de protesta tenga carácter indefinido pese a los riesgos a la salud que ello implica.
“Los trabajadores dijeron en las asambleas que no se retirarán de la huelga hasta que se resuelva el problema”, precisó.
En tanto, comentó, ha iniciado el contacto con ministros de la SCJN, cuya segunda sala tiene a su cargo el análisis del amparo promovido por el SME en contra del decreto presidencial en referencia, luego de que Guillermina Coutiño Mata, titular del juzgado primero de distrito, resolvió no conceder este recurso a los electricistas, por considerar que el decreto no viola ninguna disposición constitucional.
“A todos, trabajadores y abogados, nos sorprendió la decisión de la juez Coutiño, porque cuando le explicábamos los puntos que demuestran la ilegalidad del decreto, ella movía la cabeza en señal afirmativa, dando la razón a nuestros argumentos”, dijo.
“Nos queda claro que tenemos que seguir hasta el final. Si le dan palo al SME, seguro que mañana seguirá el sindicato del Seguro Social, luego el de los universitarios y así sucesivamente”, señaló, quien ha firmado casi todas las gestiones, amparos y demás litigios porque a este conflicto se agrega que la autoridad laboral no reconoce a Esparza como dirigente del SME.
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 11 de abril de 2010, p. 15
Hoy se cumplen seis meses de la publicación del decreto presidencial que ordenó el cierre de Luz y Fuerza del Centro (LFC). Alrededor de 17 mil trabajadores (de una plantilla de 44 mil) no han cobrado su liquidación y, para continuar su lucha, cientos de ellos iniciarán en los próximos días una huelga de hambre en el Zócalo capitalino.
“La huelga será indefinida. Unos 2 mil 300 compañeros se realizan análisis de laboratorio para definir si su estado de salud les permite participar en este esfuerzo, que no es un acto desesperado, sino muestra de que los electricistas lucharemos hasta el final”, señaló Eduardo Bobadilla, secretario de Trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Este nuevo plan se suma a otras acciones que han emprendido, como los juicios y análisis que se realizan en tribunales laborales y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la validez constitucional del decreto del 11 de octubre de 2009.
En la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se han interpuesto miles de demandas por despido injustificado y otras tantas para exigir que se cumpla la ley en términos de “patrón sustituto”.
Es decir, que los integrantes del SME sean recontratados –en bloque– en la Comisión Federal de Electricidad, empresa que hace medio año tomó la operación del servicio público de energía eléctrica en la zona central del país.
Después de decenas de marchas, asambleas, mítines y otras protestas, los 17 mil 247 trabajadores que no han cobrado su liquidación realizaron asambleas departamentales, seccionales, divisionales y una general para definir nuevas formas de protesta, las cuales, definieron ellos mismos, serán “acciones contundentes y riesgosas”.
De acuerdo con la dirigencia del SME, encabezada por Martín Esparza, hubo una respuesta muy amplia a la determinación de realizar una huelga de hambre masiva. En principio se dijo que, durante las asambleas, más de 5 mil habían manifestado su interés por participar, aunque en la fase de inscripción de interesados, para proceder a exámenes médicos, se apuntaron alrededor de 2 mil 300.
Eduardo Bobadilla dijo que un laboratorio particular –del cual se reservó el nombre– otorgó al SME un crédito, pagadero a fecha posterior al término del conflicto, para la realización de exámenes médicos y de química sanguínea a los interesados en participar en la huelga de hambre.
Precisó que hay trabajadores de diversas áreas y puestos inscritos; sin embargo, dijo, han demostrado un ímpetu especial y solidaridad los compañeros de los departamentos y funcionarios de menor nivel salarial en LFC.
Tras medio año sin cobrar salario, los agremiados acordaron realizar la huelga de hambre en la Plaza de la Constitución y, en ese sentido, Bobadilla aseveró que el mandato de las asambleas, desde las departamentales hasta la general, es que esta forma de protesta tenga carácter indefinido pese a los riesgos a la salud que ello implica.
“Los trabajadores dijeron en las asambleas que no se retirarán de la huelga hasta que se resuelva el problema”, precisó.
En tanto, comentó, ha iniciado el contacto con ministros de la SCJN, cuya segunda sala tiene a su cargo el análisis del amparo promovido por el SME en contra del decreto presidencial en referencia, luego de que Guillermina Coutiño Mata, titular del juzgado primero de distrito, resolvió no conceder este recurso a los electricistas, por considerar que el decreto no viola ninguna disposición constitucional.
“A todos, trabajadores y abogados, nos sorprendió la decisión de la juez Coutiño, porque cuando le explicábamos los puntos que demuestran la ilegalidad del decreto, ella movía la cabeza en señal afirmativa, dando la razón a nuestros argumentos”, dijo.
“Nos queda claro que tenemos que seguir hasta el final. Si le dan palo al SME, seguro que mañana seguirá el sindicato del Seguro Social, luego el de los universitarios y así sucesivamente”, señaló, quien ha firmado casi todas las gestiones, amparos y demás litigios porque a este conflicto se agrega que la autoridad laboral no reconoce a Esparza como dirigente del SME.
sábado, 10 de abril de 2010
viernes, 9 de abril de 2010
La propuesta de reforma laboral no generaría empleos “decentes”: especialistas de la UNAM
El proyecto no garantiza acceso a una pensión: María A. Morales, de Patrimonio Universitario
Se necesita modificar a fondo la estructura, no sólo “parches”, dice Patricia Kurczyn, del IIJ
Gabriel León Zaragoza
Periódico La Jornada
Viernes 9 de abril de 2010, p. 16
La reforma laboral propuesta por el gobierno de Felipe Calderón es limitada porque no es fuente generadora de empleos “decentes” para la clase trabajadora, ni forma parte de un esquema integral que cambie de fondo las estructuras económicas y fiscales del país, consideró Patricia Kurczyn, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Al participar en la mesa redonda Alcances y límites de la reforma laboral, organizada por la máxima casa de estudios, sostuvo que para alcanzar más fuentes de empleo en el país es necesario reformar la estructura de todo el sistema laboral mexicano y no solamente la Ley Federal del Trabajo (LFT), como ha señalado el gobierno federal que ocurrirá con su iniciativa presentada a través de legisladores del PAN.
Destacó que en los 12 años recientes han habido más de 300 iniciativas para reformar la LFT, pero, dada la experiencia internacional en el tema, en México se requiere de una reforma laboral integral y no sólo “parches” a la ley.
La académica advirtió que en el proyecto federal se excluye el tema de género y de discriminación por responsabilidad familiar, lo cual no debe pasarse por alto debido a que dentro de los capítulos laborales que más ha vivido el país “el que más se conoce es la discriminación hacia la mujer en el trabajo”.
En su turno, María Ascensión Morales, directora general de Patrimonio Universitario de la UNAM, advirtió que en la ley laboral –que plantea cambios a 419 de los mil diez artículos que integran la LFT– no hay una vinculación de ésta con el desarrollo social y económico ni con la generación de empleos.
Para generar empleos, dijo, debe haber competitividad y productividad en el mercado de trabajo y no “varitas mágicas”, como ha tenido lugar en naciones de América Latina, México incluido.
Apuntó que la reforma podrá ser viable sólo si va acompañada de medidas sociales y económicas, debido a que son los elementos que garantizarán desarrollo y crecimiento al sector laboral y productivo del país.
Argumentó que, al estar desvinculada de la protección social, la propuesta federal no garantiza al trabajador acceso a una pensión al término de su vida laboral, puesto que la contratación por periodo de pruebas –aun cuando prevé límites– puede ocasionar que una persona se pase toda la vida en esos esquemas sin nunca poder generar una subvención.
Además, este tipo de contratación no garantiza un trabajo decente ni que haya reducción de la pobreza en el país, como marca en sus lineamientos la Organización Internacional del Trabajo.
Las naciones que han implementado este tipo de subcontratación también han instituido redes de protección social como el seguro del desempleo y créditos de compensación, como medidas para lograr la reinserción al mercado productivo, pero en la reforma laboral “no se ven estos mecanismos”, comentó.
Carlos Reynoso Castillo, investigador de la UAM, se pronunció por una revisión a la propuesta de reforma de la LFT porque presenta “confusiones conceptuales” y en algunas de sus partes es “rica en ambigüedades”.
Sostuvo que de todas las propuestas planteadas en el proyecto “ninguna va en el sentido de modificar o alterar siquiera el modelo de relaciones de producción que se heredó desde la Revolución Mexicana”, sino de una “adecuación utilitaria” a los esquemas de contratación, de prestaciones, disolución y de relaciones colectivas, entre otros.
Se necesita modificar a fondo la estructura, no sólo “parches”, dice Patricia Kurczyn, del IIJ
Gabriel León Zaragoza
Periódico La Jornada
Viernes 9 de abril de 2010, p. 16
La reforma laboral propuesta por el gobierno de Felipe Calderón es limitada porque no es fuente generadora de empleos “decentes” para la clase trabajadora, ni forma parte de un esquema integral que cambie de fondo las estructuras económicas y fiscales del país, consideró Patricia Kurczyn, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Al participar en la mesa redonda Alcances y límites de la reforma laboral, organizada por la máxima casa de estudios, sostuvo que para alcanzar más fuentes de empleo en el país es necesario reformar la estructura de todo el sistema laboral mexicano y no solamente la Ley Federal del Trabajo (LFT), como ha señalado el gobierno federal que ocurrirá con su iniciativa presentada a través de legisladores del PAN.
Destacó que en los 12 años recientes han habido más de 300 iniciativas para reformar la LFT, pero, dada la experiencia internacional en el tema, en México se requiere de una reforma laboral integral y no sólo “parches” a la ley.
La académica advirtió que en el proyecto federal se excluye el tema de género y de discriminación por responsabilidad familiar, lo cual no debe pasarse por alto debido a que dentro de los capítulos laborales que más ha vivido el país “el que más se conoce es la discriminación hacia la mujer en el trabajo”.
En su turno, María Ascensión Morales, directora general de Patrimonio Universitario de la UNAM, advirtió que en la ley laboral –que plantea cambios a 419 de los mil diez artículos que integran la LFT– no hay una vinculación de ésta con el desarrollo social y económico ni con la generación de empleos.
Para generar empleos, dijo, debe haber competitividad y productividad en el mercado de trabajo y no “varitas mágicas”, como ha tenido lugar en naciones de América Latina, México incluido.
Apuntó que la reforma podrá ser viable sólo si va acompañada de medidas sociales y económicas, debido a que son los elementos que garantizarán desarrollo y crecimiento al sector laboral y productivo del país.
Argumentó que, al estar desvinculada de la protección social, la propuesta federal no garantiza al trabajador acceso a una pensión al término de su vida laboral, puesto que la contratación por periodo de pruebas –aun cuando prevé límites– puede ocasionar que una persona se pase toda la vida en esos esquemas sin nunca poder generar una subvención.
Además, este tipo de contratación no garantiza un trabajo decente ni que haya reducción de la pobreza en el país, como marca en sus lineamientos la Organización Internacional del Trabajo.
Las naciones que han implementado este tipo de subcontratación también han instituido redes de protección social como el seguro del desempleo y créditos de compensación, como medidas para lograr la reinserción al mercado productivo, pero en la reforma laboral “no se ven estos mecanismos”, comentó.
Carlos Reynoso Castillo, investigador de la UAM, se pronunció por una revisión a la propuesta de reforma de la LFT porque presenta “confusiones conceptuales” y en algunas de sus partes es “rica en ambigüedades”.
Sostuvo que de todas las propuestas planteadas en el proyecto “ninguna va en el sentido de modificar o alterar siquiera el modelo de relaciones de producción que se heredó desde la Revolución Mexicana”, sino de una “adecuación utilitaria” a los esquemas de contratación, de prestaciones, disolución y de relaciones colectivas, entre otros.
Tribunal invalida desconocimiento de la JFCA a la directiva del SME
Sale al quite la STPS y afirma que no se ha reconocido a Esparza
Foro gremial internacional abordará violaciones a derechos laborales en el país
El secretario general del SME, Martín Esparza, muestra documentación en la conferencia de prensa ofrecida ayerFoto Cristina Rodríguez
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Viernes 9 de abril de 2010, p. 14
Un tribunal colegiado dejó sin efecto la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) de retirar la personalidad jurídica al comité encabezado por Martín Esparza en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
El primero de diciembre pasado la JFCA declaró nulo el proceso electoral en el SME y ordenó la reposición del mismo.
Sin embargo, el quinto tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito resolvió, por unanimidad, declarar fundado el recurso de queja promovido por Esparza y Eduardo Bobadilla, secretario del trabajo del sindicato.
Más tarde, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) emitió un comunicado para afirmar que Esparza no ha sido reconocido como secretario general del SME. Aseguró que el resolutivo del tribunal sólo suspende el acto reclamado y habrá que esperar la decisión final del Poder Judicial en este asunto.
Lo anterior significa –aseveró la STPS– que la nueva elección sindical no se realizará hasta que el Poder Judicial valide el laudo de la JFCA, sin que ello implique que, en virtud de la resolución del tribunal, “el señor Martín Esparza o alguno de los integrantes de la planilla sindical cuya elección fue anulada, hubieran sido reconocidos como tales”.
Por la mañana, Esparza declaró en conferencia de prensa que la respuesta de los magistrados no avala (como pretende la JFCA) que se obligue a reponer el proceso electoral en un sindicato, porque es un asunto interno y no puede dejarse acéfala una organización sindical.
“Para los que insisten en que no hay sindicato, aquí está el registro”, dijo, mostrando el recurso de queja 2/2010, emitido el 19 de marzo pasado.
De acuerdo con el dirigente, la planilla encabezada por él debe entrar en funciones una vez que se resuelva de fondo la impugnación que interpuso su opositor Alejandro Muñoz.
Lo anterior, señaló, para preservar el patrimonio de la organización y defender los derechos de los trabajadores.
El proceso electoral en referencia ocurrió antes del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro.
Esparza dio a conocer la anterior resolución a la Cámara de Diputados, en el contexto de la defensa de la fuente de empleo de los 44 mil trabajadores de LFC.
Dijo que también presentarían este caso ante la Organización Internacional del Trabajo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En tanto, en la misma conferencia se informó que el jurado del Tribunal Internacional de Libertad Sindical, integrado por especialistas en esta materia, emitirá el próximo primero de mayo su resolución acerca de diversas acusaciones al gobierno mexicano sobre violación a los derechos laborales, especialmente el de libertad sindical.
El expediente elaborado por organizaciones civiles, académicas y sindicales será integrado por diversos casos, entre ellos del SME, el sindicato minero, el magisterio disidente, así como grupos de petroleros y de otros gremios afectados en los derechos de contratación colectiva, asociación y huelga, así como despidos injustificados.
Foro gremial internacional abordará violaciones a derechos laborales en el país
El secretario general del SME, Martín Esparza, muestra documentación en la conferencia de prensa ofrecida ayerFoto Cristina Rodríguez
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Viernes 9 de abril de 2010, p. 14
Un tribunal colegiado dejó sin efecto la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) de retirar la personalidad jurídica al comité encabezado por Martín Esparza en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
El primero de diciembre pasado la JFCA declaró nulo el proceso electoral en el SME y ordenó la reposición del mismo.
Sin embargo, el quinto tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito resolvió, por unanimidad, declarar fundado el recurso de queja promovido por Esparza y Eduardo Bobadilla, secretario del trabajo del sindicato.
Más tarde, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) emitió un comunicado para afirmar que Esparza no ha sido reconocido como secretario general del SME. Aseguró que el resolutivo del tribunal sólo suspende el acto reclamado y habrá que esperar la decisión final del Poder Judicial en este asunto.
Lo anterior significa –aseveró la STPS– que la nueva elección sindical no se realizará hasta que el Poder Judicial valide el laudo de la JFCA, sin que ello implique que, en virtud de la resolución del tribunal, “el señor Martín Esparza o alguno de los integrantes de la planilla sindical cuya elección fue anulada, hubieran sido reconocidos como tales”.
Por la mañana, Esparza declaró en conferencia de prensa que la respuesta de los magistrados no avala (como pretende la JFCA) que se obligue a reponer el proceso electoral en un sindicato, porque es un asunto interno y no puede dejarse acéfala una organización sindical.
“Para los que insisten en que no hay sindicato, aquí está el registro”, dijo, mostrando el recurso de queja 2/2010, emitido el 19 de marzo pasado.
De acuerdo con el dirigente, la planilla encabezada por él debe entrar en funciones una vez que se resuelva de fondo la impugnación que interpuso su opositor Alejandro Muñoz.
Lo anterior, señaló, para preservar el patrimonio de la organización y defender los derechos de los trabajadores.
El proceso electoral en referencia ocurrió antes del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro.
Esparza dio a conocer la anterior resolución a la Cámara de Diputados, en el contexto de la defensa de la fuente de empleo de los 44 mil trabajadores de LFC.
Dijo que también presentarían este caso ante la Organización Internacional del Trabajo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En tanto, en la misma conferencia se informó que el jurado del Tribunal Internacional de Libertad Sindical, integrado por especialistas en esta materia, emitirá el próximo primero de mayo su resolución acerca de diversas acusaciones al gobierno mexicano sobre violación a los derechos laborales, especialmente el de libertad sindical.
El expediente elaborado por organizaciones civiles, académicas y sindicales será integrado por diversos casos, entre ellos del SME, el sindicato minero, el magisterio disidente, así como grupos de petroleros y de otros gremios afectados en los derechos de contratación colectiva, asociación y huelga, así como despidos injustificados.
Denuncian política laboral de FCH ante tribunal internacional
Jueves, 08 de Abril de 2010 21:35
MEXICO, DF (Apro).— Un puñado de organizaciones sociales presentaron ayer ante el Tribunal Internacional de Libertad Sindical una denuncia contra el gobierno de Felipe Calderón por la violación sistemática a los derechos laborales de los trabajadores mexicanos.
Representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Centro de Investigación y Acción Laboral, y la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas de Pemex, entre otros grupos, señalaron que con ello se busca sentar un precedente para evidenciar los casos en los que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha intervenido haciendo caso omiso de la autonomía sindical.
En un comunicado, dieron a conocer que esos asuntos se darán a conocer en sesiones públicas que se realizarán del 28 al 30 de abril próximo, y añadieron que será el jurado del Comité Organizador del Tribunal Internacional de Libertad Sindical el que revise los contenidos.
“El fallo final que emita este jurado será leído el primero de mayo, en el marco de las manifestaciones por el Día del Trabajo” que se realizarán en el Zócalo capitalino, se lee en el texto.
Además, añade, “este uno de mayo concluirá un largo proceso de análisis, que comenzó en octubre pasado, en torno de los casos de sindicatos y grupos de trabajadores que han visto coartada su libertad de asociación, a pesar de que está garantizada por las leyes mexicanas”.
Según los denunciantes, el principal acusado es el Gobierno mexicano, “que de manera reiterada, y en complicidad con los empresarios, atenta contra los derechos laborales de millones”.La acusación va en el sentido de que la STPS abandonó su papel de vigilante para que se respeten las leyes laborales, además de que incumplió su tarea de árbitro imparcial en los conflictos derivados de la relación obrero-patronal en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).
En octubre de 2009 se realizaron las primeras sesiones públicas del Tribunal Internacional, ocasión en que el SME, así como el Sindicato Nacional de Mineros de la República Mexicana, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación-Sección IX, la Unión de Técnicos y Profesionistas Petroleros, y el Sindicato de Trabajadores del Instituto Federal Electoral, entre otros, se quejaron de las prácticas antidemocráticas de la STPS.
De acuerdo con el comunicado, a ello se suma que el Gobierno mexicano ha lanzado una nueva ofensiva contra los derechos laborales a través de la presentación de la reforma laboral, que impone condiciones de flexibilidad contractual que precarizan todavía más la situación laboral de millones de mexicanos y los arrastran a la miseria.En el jurado del Tribunal Internacional destacan intelectuales como Dean Hubbard, de Estados Unidos, y Laura Mora y Amparo Merino, de España.
Además, participan Horacio Meguira, de Argentina; Hugo Barreto, de Uruguay; Kjeld Jakobsen y Luiz Salvador, de Brasil; Luis Guillermo Pérez, de Colombia, y Lidia Guevara, de Cuba.
A nivel nacional colaboran el obispo dominico y defensor de los derechos humanos Raúl Vera, así como Alfredo Sánchez Alvarado, Ana Colchero, Enrique Larios, Miguel Angel Granados Chapa, Miguel Concha Malo, Oscar Alzaga y la senadora Rosario Ibarra de Piedra
MEXICO, DF (Apro).— Un puñado de organizaciones sociales presentaron ayer ante el Tribunal Internacional de Libertad Sindical una denuncia contra el gobierno de Felipe Calderón por la violación sistemática a los derechos laborales de los trabajadores mexicanos.
Representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Centro de Investigación y Acción Laboral, y la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas de Pemex, entre otros grupos, señalaron que con ello se busca sentar un precedente para evidenciar los casos en los que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha intervenido haciendo caso omiso de la autonomía sindical.
En un comunicado, dieron a conocer que esos asuntos se darán a conocer en sesiones públicas que se realizarán del 28 al 30 de abril próximo, y añadieron que será el jurado del Comité Organizador del Tribunal Internacional de Libertad Sindical el que revise los contenidos.
“El fallo final que emita este jurado será leído el primero de mayo, en el marco de las manifestaciones por el Día del Trabajo” que se realizarán en el Zócalo capitalino, se lee en el texto.
Además, añade, “este uno de mayo concluirá un largo proceso de análisis, que comenzó en octubre pasado, en torno de los casos de sindicatos y grupos de trabajadores que han visto coartada su libertad de asociación, a pesar de que está garantizada por las leyes mexicanas”.
Según los denunciantes, el principal acusado es el Gobierno mexicano, “que de manera reiterada, y en complicidad con los empresarios, atenta contra los derechos laborales de millones”.La acusación va en el sentido de que la STPS abandonó su papel de vigilante para que se respeten las leyes laborales, además de que incumplió su tarea de árbitro imparcial en los conflictos derivados de la relación obrero-patronal en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).
En octubre de 2009 se realizaron las primeras sesiones públicas del Tribunal Internacional, ocasión en que el SME, así como el Sindicato Nacional de Mineros de la República Mexicana, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación-Sección IX, la Unión de Técnicos y Profesionistas Petroleros, y el Sindicato de Trabajadores del Instituto Federal Electoral, entre otros, se quejaron de las prácticas antidemocráticas de la STPS.
De acuerdo con el comunicado, a ello se suma que el Gobierno mexicano ha lanzado una nueva ofensiva contra los derechos laborales a través de la presentación de la reforma laboral, que impone condiciones de flexibilidad contractual que precarizan todavía más la situación laboral de millones de mexicanos y los arrastran a la miseria.En el jurado del Tribunal Internacional destacan intelectuales como Dean Hubbard, de Estados Unidos, y Laura Mora y Amparo Merino, de España.
Además, participan Horacio Meguira, de Argentina; Hugo Barreto, de Uruguay; Kjeld Jakobsen y Luiz Salvador, de Brasil; Luis Guillermo Pérez, de Colombia, y Lidia Guevara, de Cuba.
A nivel nacional colaboran el obispo dominico y defensor de los derechos humanos Raúl Vera, así como Alfredo Sánchez Alvarado, Ana Colchero, Enrique Larios, Miguel Angel Granados Chapa, Miguel Concha Malo, Oscar Alzaga y la senadora Rosario Ibarra de Piedra
Contratará CFE en forma eventual a 400 ex empleados de LFC: Muñoz Reséndiz
El ex tesorero del SME, destituido en asamblea, se reúne con Gómez Mont y Lozano
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Jueves 8 de abril de 2010, p. 11
Los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y del Trabajo, Javier Lozano, se reunieron con Alejandro Muñoz Reséndiz, opositor a Martín Esparza en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), con el fin de dar seguimiento al proceso de contratación de ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC) como proveedores del gobierno federal mediante empresas nuevas y operación de franquicias.
De acuerdo con la versión de Muñoz, ofrecida al término del encuentro en Bucareli, para la primera etapa se acordó la contratación individual y temporal de 400 ex trabajadores de LFC –compañía extinta por decreto presidencial el 11 de octubre pasado–, quienes realizarán trabajos de poda en “20 mil árboles”, ubicados en la zona central del país, con el fin de que no obstruyan el cableado eléctrico.
Agregó que en la amplia lista de propuestas –en torno a lo que fue LFC o en otras áreas– se encuentra la posibilidad de que operen, como asociados, la hidroeléctrica Necaxa, una de las más importantes, creada en los primeros años del siglo pasado, para lo cual buscan un socio inversionista.
“No podemos atragantarnos –con la oferta para dar servicio en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o en otra área del gobierno–; vamos paso por paso y todo va bien”, aseguró Muñoz.
Lo anterior es independiente del proceso de capacitación, selección y adiestramiento, a cargo de la Secretaría del Trabajo, y del cual, supuestamente, surgirán las contrataciones por la CFE de ex trabajadores de LFC.
A prácticamente seis meses del cierre de Luz y Fuerza no se conoce de ningún ex empleado que haya sido contratado por la CFE.
Por lo pronto, Muñoz afirmó que avanza la negociación para firmar convenios de prestación de servicios (calculó que hasta el momento los ex trabajadores han formado 25 empresas), generadas con apoyo del erario.
Con el encuentro se confirmó que la Secretaría de Gobernación mantiene dos estrategias de negociación respecto al conflicto derivado del cierre de LFC.
Por un lado, alienta al grupo de Muñoz, quien fue destituido como tesorero del SME en asamblea encabezada por Esparza y su comité, aunque para el gobierno sigue siendo parte de la dirigencia del sindicato, con reconocimiento oficial (toma de nota) vigente del 24 de mayo de 2009 al 14 de julio de 2010.
En tanto, recibe también a Esparza; mantiene contacto telefónico con éste e, incluso, trascendió en Bucareli, hay encuentros informales con el subsecretario de Gobierno, Roberto Gil.
Sin embargo, Esparza prepara una huelga de hambre colectiva en la que están interesados en participar cerca de 6 mil electricistas, quienes, en principio, serán evaluados en instituciones de salud para determinar si pueden participar en esta protesta.
Los futuros huelguistas de hambre, opositores al cierre de LFC y parte de un grupo de 18 mil empleados de ese organismo que no se han liquidado, exigen también la reinstalación en su empleo y la contratación colectiva en CFE, por conducto del SME. A la vez, la solicitud de amparo contra el decreto de extinción es analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En el encuentro de ayer con Muñoz participaron, además de Gómez Mont y Lozano, funcionarios de las secretarías de Economía, de Energía y de Hacienda, así como de la Comisión Federal de Electricidad y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (liquidador de LFC).
Gobernación emitió un comunicado para referirse a la constitución de empresas de ex trabajadores de LFC “que se encuentran ya proveyendo diversos servicios a la CFE”, así como la integración de 28 franquicias.
“El gobierno federal, consciente de la calidad humana y profesional de muchos de los ex trabajadores de LFC, externó ante los agremiados la necesidad de generar y abrir los espacios que permitan a los integrantes del SME demostrar su capacidad para trabajar de manera responsable, comprometida y con los más altos niveles de competitividad”, señaló la dependencia.
Esta “mesa central de diálogo” en Gobernación tendrá reuniones semanales.
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Jueves 8 de abril de 2010, p. 11
Los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y del Trabajo, Javier Lozano, se reunieron con Alejandro Muñoz Reséndiz, opositor a Martín Esparza en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), con el fin de dar seguimiento al proceso de contratación de ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC) como proveedores del gobierno federal mediante empresas nuevas y operación de franquicias.
De acuerdo con la versión de Muñoz, ofrecida al término del encuentro en Bucareli, para la primera etapa se acordó la contratación individual y temporal de 400 ex trabajadores de LFC –compañía extinta por decreto presidencial el 11 de octubre pasado–, quienes realizarán trabajos de poda en “20 mil árboles”, ubicados en la zona central del país, con el fin de que no obstruyan el cableado eléctrico.
Agregó que en la amplia lista de propuestas –en torno a lo que fue LFC o en otras áreas– se encuentra la posibilidad de que operen, como asociados, la hidroeléctrica Necaxa, una de las más importantes, creada en los primeros años del siglo pasado, para lo cual buscan un socio inversionista.
“No podemos atragantarnos –con la oferta para dar servicio en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o en otra área del gobierno–; vamos paso por paso y todo va bien”, aseguró Muñoz.
Lo anterior es independiente del proceso de capacitación, selección y adiestramiento, a cargo de la Secretaría del Trabajo, y del cual, supuestamente, surgirán las contrataciones por la CFE de ex trabajadores de LFC.
A prácticamente seis meses del cierre de Luz y Fuerza no se conoce de ningún ex empleado que haya sido contratado por la CFE.
Por lo pronto, Muñoz afirmó que avanza la negociación para firmar convenios de prestación de servicios (calculó que hasta el momento los ex trabajadores han formado 25 empresas), generadas con apoyo del erario.
Con el encuentro se confirmó que la Secretaría de Gobernación mantiene dos estrategias de negociación respecto al conflicto derivado del cierre de LFC.
Por un lado, alienta al grupo de Muñoz, quien fue destituido como tesorero del SME en asamblea encabezada por Esparza y su comité, aunque para el gobierno sigue siendo parte de la dirigencia del sindicato, con reconocimiento oficial (toma de nota) vigente del 24 de mayo de 2009 al 14 de julio de 2010.
En tanto, recibe también a Esparza; mantiene contacto telefónico con éste e, incluso, trascendió en Bucareli, hay encuentros informales con el subsecretario de Gobierno, Roberto Gil.
Sin embargo, Esparza prepara una huelga de hambre colectiva en la que están interesados en participar cerca de 6 mil electricistas, quienes, en principio, serán evaluados en instituciones de salud para determinar si pueden participar en esta protesta.
Los futuros huelguistas de hambre, opositores al cierre de LFC y parte de un grupo de 18 mil empleados de ese organismo que no se han liquidado, exigen también la reinstalación en su empleo y la contratación colectiva en CFE, por conducto del SME. A la vez, la solicitud de amparo contra el decreto de extinción es analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En el encuentro de ayer con Muñoz participaron, además de Gómez Mont y Lozano, funcionarios de las secretarías de Economía, de Energía y de Hacienda, así como de la Comisión Federal de Electricidad y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (liquidador de LFC).
Gobernación emitió un comunicado para referirse a la constitución de empresas de ex trabajadores de LFC “que se encuentran ya proveyendo diversos servicios a la CFE”, así como la integración de 28 franquicias.
“El gobierno federal, consciente de la calidad humana y profesional de muchos de los ex trabajadores de LFC, externó ante los agremiados la necesidad de generar y abrir los espacios que permitan a los integrantes del SME demostrar su capacidad para trabajar de manera responsable, comprometida y con los más altos niveles de competitividad”, señaló la dependencia.
Esta “mesa central de diálogo” en Gobernación tendrá reuniones semanales.
A mitad del sexenio sólo “daños colaterales”, ¿los principales estarán por venir?
WULFRANO TORRES PÉREZ
Tres años no son suficientes para convencernos de las limitaciones, la incompetencia, la falta de experiencia y la incapacidad del actual grupo en el poder encabezado por Calderón?; a pesar de lo cual, son de los funcionarios mejor retribuidos en el mundo. ¿Es tan difícil, gracias a la televisión, reconocer los costos (sociales, económicos, políticos, de inseguridad, violencia, desempleo, etc.) que estamos pagando la mayoría de los mexicanos por sus malas decisiones? ¿Alguna empresa aguantaría mantener esta situación tan absurda como costosa?, ¿los ciudadanos tendríamos que pedirles su renuncia?, ¿o ellos, en un acto de vergüenza pública, lucidez moral e intelectual, y por el bien de todos, tendrían que hacerlo? ¿Estamos condenados, por la imperfección de nuestro sistema democrático, y nuestra escasa participación, a aceptar el inminente fracaso que se avecina en la siguiente mitad del sexenio?, ¿otra década perdida? ¿Cuál será el tamaño del desastre nacional que en los próximos tres años acabará por heredarnos este gobierno panista?
A continuación se describen sólo algunos de los daños colaterales del fraude electoral consumado “haya sido como haya sido”, entre el IFE, el Tribunal Federal Electoral, la maestra, algunos gobernadores priistas, los grandes empresarios y la alta jerarquía católica (santa patrona de los pederastas), para imponernos a Calderón, cuyo principal atributo para autodescribirse no era su inteligencia sino “las manos limpias” que ha usado, entre otras cosas, para gastar millones de pesos en tratar de convencernos a punta de masivos mensajes publicitarios, que gobierna “para vivir mejor”, aunque la realidad lo desmienta todos los días: En estos tres años su principal objetivo como “estadista” militar ha sido su guerra contra el narcotráfico.
Como candidato nunca mencionó que militarizaría al país, tampoco que declararía una guerra que nos ha colocado como uno de los países más inseguros y violentos en el mundo. El saldo: miles de personas asesinadas, el mayor número en la historia reciente del país, que ha cobrado la vida particularmente de niños y jóvenes en manos de la delincuencia organizada y de las fuerzas gubernamentales.
A pesar de la grave situación a la que Calderón ha llevado al país con su guerra, paradójicamente según la PGR, el consumo de drogas entre jóvenes mexicanos ha aumentado 127 por ciento durante su administración. Ahora son miles los niños y jóvenes que alimentan diariamente las páginas de la nota roja en los periódicos, sea como víctimas o como victimarios.
Otro de los “daños colaterales” de su incapacidad para gobernar, tiene que ver con la economía del país. El diagnóstico del tristemente famoso “catarrito”, nos ha costado entre otras cosas: que el año pasado hayamos sido el país con el peor índice de crecimiento en América Latina; además de 6 millones de nuevos pobres (dos por cada año), ¿a este ritmo logrará alcanzar 12 millones a final de su sexenio? Junto con el PRI, en un arreglo vergonzante, nos incrementó el IVA del 15 al 16 por ciento; y en estos tres años fatídicos ha hecho posible un aumento acumulado de más de 60 por ciento a los precios de los productos de la canasta básica; así como el permanente aumento a los energéticos (contraviniendo a lo que prometió en campaña).
La promesa de empleos es la otra gran mentira de un gobierno que no sólo resultó del fraude, sino que eso mismo ha sido desde que se adueñó del poder.
El saldo de los “daños colaterales” en este renglón es dramáticamente negativo: más de 12 millones de personas laboran en la informalidad, según la Encuesta Nacional de la Juventud 58.3 por ciento de los jóvenes que tiene un trabajo no cuentan con un contrato laboral, a pesar de trabajar más de 40 horas, y reciben un pago que en promedio no supera los tres salarios mínimos; además de millones de jóvenes que ni trabajan ni estudian; más de 4 millones de mujeres que laboran fuera de casa no recibe ninguna remuneración.
En el colmo de la incoherencia y el doble lenguaje entre lo que dice y lo que hace, el “presidente del empleo” decidió arbitrariamente despedir a más de 40 mil trabajadores del SME, y ahora amenaza con imponernos una nueva Ley Federal del Trabajo para institucionalizar la política laboral depredadora a favor de los empresarios, que en los hechos ya ha venido aplicando.
Hay otro tipo de “costos colaterales” que suelen ser poco visibles porque los medios no hablan de ellos, pero cuyos efectos son todavía más graves porque condicionan la solución de los problemas anteriormente señalados, me refiero a la generación, y el desarrollo de emociones negativas que vulneran la salud mental de un buen sector de la población, especialmente de los niños, los jóvenes y las mujeres, tales como el miedo, la desesperanza, la desconfianza, la indiferencia, el enojo, la frustración, la depresión, la angustia, la ansiedad y el estrés, entre otros; emociones o estados de ánimo que suelen acompañar a ciertos comportamientos psicosociales sintomáticos como las adicciones, la violencia, el suicidio, la pobre orientación al logro, la conformidad y una tendencia a la sumisión que nos aleja cada vez más de una participación ciudadana.
¿A este incompleto, pero grave balance de la situación en la que está nuestro país, se le puede llamar “daños colaterales” como lo nombra irresponsablemente el gobierno panista? ¿Esta realidad no representa en sí misma “un peligro para México”? ¿Son necesarios otros tres años para suponer que las cosas pueden mejorar con los mismos actores, sus mismos aliados y sus mismas decisiones?, ¿no será demasiado tarde? Sabemos quiénes estamos pagando estos altos “costos colaterales” de la incompetencia e irresponsabilidad de los gobernantes, lo que no sabemos es si algún día podremos juzgar y castigar a los responsables del desastre, mientras el país se nos va de las manos. ¿Será posible evitar esta catástrofe anunciada sin la participación de nosotros los ciudadanos?
torresw55@hotmail.com Fuente: la jornada de oriente
Tres años no son suficientes para convencernos de las limitaciones, la incompetencia, la falta de experiencia y la incapacidad del actual grupo en el poder encabezado por Calderón?; a pesar de lo cual, son de los funcionarios mejor retribuidos en el mundo. ¿Es tan difícil, gracias a la televisión, reconocer los costos (sociales, económicos, políticos, de inseguridad, violencia, desempleo, etc.) que estamos pagando la mayoría de los mexicanos por sus malas decisiones? ¿Alguna empresa aguantaría mantener esta situación tan absurda como costosa?, ¿los ciudadanos tendríamos que pedirles su renuncia?, ¿o ellos, en un acto de vergüenza pública, lucidez moral e intelectual, y por el bien de todos, tendrían que hacerlo? ¿Estamos condenados, por la imperfección de nuestro sistema democrático, y nuestra escasa participación, a aceptar el inminente fracaso que se avecina en la siguiente mitad del sexenio?, ¿otra década perdida? ¿Cuál será el tamaño del desastre nacional que en los próximos tres años acabará por heredarnos este gobierno panista?
A continuación se describen sólo algunos de los daños colaterales del fraude electoral consumado “haya sido como haya sido”, entre el IFE, el Tribunal Federal Electoral, la maestra, algunos gobernadores priistas, los grandes empresarios y la alta jerarquía católica (santa patrona de los pederastas), para imponernos a Calderón, cuyo principal atributo para autodescribirse no era su inteligencia sino “las manos limpias” que ha usado, entre otras cosas, para gastar millones de pesos en tratar de convencernos a punta de masivos mensajes publicitarios, que gobierna “para vivir mejor”, aunque la realidad lo desmienta todos los días: En estos tres años su principal objetivo como “estadista” militar ha sido su guerra contra el narcotráfico.
Como candidato nunca mencionó que militarizaría al país, tampoco que declararía una guerra que nos ha colocado como uno de los países más inseguros y violentos en el mundo. El saldo: miles de personas asesinadas, el mayor número en la historia reciente del país, que ha cobrado la vida particularmente de niños y jóvenes en manos de la delincuencia organizada y de las fuerzas gubernamentales.
A pesar de la grave situación a la que Calderón ha llevado al país con su guerra, paradójicamente según la PGR, el consumo de drogas entre jóvenes mexicanos ha aumentado 127 por ciento durante su administración. Ahora son miles los niños y jóvenes que alimentan diariamente las páginas de la nota roja en los periódicos, sea como víctimas o como victimarios.
Otro de los “daños colaterales” de su incapacidad para gobernar, tiene que ver con la economía del país. El diagnóstico del tristemente famoso “catarrito”, nos ha costado entre otras cosas: que el año pasado hayamos sido el país con el peor índice de crecimiento en América Latina; además de 6 millones de nuevos pobres (dos por cada año), ¿a este ritmo logrará alcanzar 12 millones a final de su sexenio? Junto con el PRI, en un arreglo vergonzante, nos incrementó el IVA del 15 al 16 por ciento; y en estos tres años fatídicos ha hecho posible un aumento acumulado de más de 60 por ciento a los precios de los productos de la canasta básica; así como el permanente aumento a los energéticos (contraviniendo a lo que prometió en campaña).
La promesa de empleos es la otra gran mentira de un gobierno que no sólo resultó del fraude, sino que eso mismo ha sido desde que se adueñó del poder.
El saldo de los “daños colaterales” en este renglón es dramáticamente negativo: más de 12 millones de personas laboran en la informalidad, según la Encuesta Nacional de la Juventud 58.3 por ciento de los jóvenes que tiene un trabajo no cuentan con un contrato laboral, a pesar de trabajar más de 40 horas, y reciben un pago que en promedio no supera los tres salarios mínimos; además de millones de jóvenes que ni trabajan ni estudian; más de 4 millones de mujeres que laboran fuera de casa no recibe ninguna remuneración.
En el colmo de la incoherencia y el doble lenguaje entre lo que dice y lo que hace, el “presidente del empleo” decidió arbitrariamente despedir a más de 40 mil trabajadores del SME, y ahora amenaza con imponernos una nueva Ley Federal del Trabajo para institucionalizar la política laboral depredadora a favor de los empresarios, que en los hechos ya ha venido aplicando.
Hay otro tipo de “costos colaterales” que suelen ser poco visibles porque los medios no hablan de ellos, pero cuyos efectos son todavía más graves porque condicionan la solución de los problemas anteriormente señalados, me refiero a la generación, y el desarrollo de emociones negativas que vulneran la salud mental de un buen sector de la población, especialmente de los niños, los jóvenes y las mujeres, tales como el miedo, la desesperanza, la desconfianza, la indiferencia, el enojo, la frustración, la depresión, la angustia, la ansiedad y el estrés, entre otros; emociones o estados de ánimo que suelen acompañar a ciertos comportamientos psicosociales sintomáticos como las adicciones, la violencia, el suicidio, la pobre orientación al logro, la conformidad y una tendencia a la sumisión que nos aleja cada vez más de una participación ciudadana.
¿A este incompleto, pero grave balance de la situación en la que está nuestro país, se le puede llamar “daños colaterales” como lo nombra irresponsablemente el gobierno panista? ¿Esta realidad no representa en sí misma “un peligro para México”? ¿Son necesarios otros tres años para suponer que las cosas pueden mejorar con los mismos actores, sus mismos aliados y sus mismas decisiones?, ¿no será demasiado tarde? Sabemos quiénes estamos pagando estos altos “costos colaterales” de la incompetencia e irresponsabilidad de los gobernantes, lo que no sabemos es si algún día podremos juzgar y castigar a los responsables del desastre, mientras el país se nos va de las manos. ¿Será posible evitar esta catástrofe anunciada sin la participación de nosotros los ciudadanos?
torresw55@hotmail.com Fuente: la jornada de oriente
martes, 6 de abril de 2010
Demasiados frentes abiertos
MonterreyJaliscoVeracruzOaxacaPueblaNacionalEstadosCiudad de MéxicoInternacionalCulturaDeportesColumnasGaleríaMonosTv. .
Polimnia Romana Envía.06 de April, 2010 - 00:00
2 comentarios
La guerra declarada al narco encubre en realidad la guerra no declarada por el “gobierno” federal al pueblo de México.
Son muchos los frentes abiertos y pocas las posibilidades de aniquilar la esperanza de ese pueblo noble y trabajador.
Entre los más agraviados se encuentran los mexicanos más pobres, los familiares de niños y jóvenes que murieron en total indefensión, los trabajadores que han sido despojados de su empleo, especialmente, los mineros y los electricistas que siguen en pie de lucha.
No conformes con los golpes que le han asestado a la población, los legisladores del PRI y del PAN que apoyaron más impuestos, aumentos a la gasolina, al diesel, a la energía eléctrica y a los bienes y servicios, ahora se perfilan para apoyar una “reforma laboral” que pretende impedir el ejercicio de los derechos conquistados por los trabajadores, como la contratación colectiva, la titularidad contractual y la libre sindicalización, e impedir la defensa legal de los trabajadores. Su propuesta busca entorpecer nuevos registros sindicales y la operatividad de los sindicatos formados, burlando la Constitución.
Esta reforma neoliberal, ideada por la derecha, incumple los convenios internacionales 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, y propicia el trabajo precario y el llamado outsourcing, que elimina responsabilidades patronales y deja en la incertidumbre a los trabajadores.
Al disminuir la seguridad social, eliminar pensiones y jubilaciones, más una cadena de limitaciones y perjuicios al trabajo, los grandes beneficiados seguirán siendo los patrones.
Su “reforma” no habla de incrementos salariales que alivien la precariedad de las familias de los trabajadores. Se trata de una propuesta patronal puesta en boca del devaluado secretario del Trabajo, que con agresiones verbales y aberraciones conceptuales trata de hacer nulo lo establecido en el Artículo 123 Constitucional.
En la guerra contra el narco la derecha se ha topado con poderosas armas que han llegado de manera ilegal por la frontera norte.
En la guerra contra el pueblo las armas son la justicia y la razón, y aunque no hieren como los misiles que incrementan las bajas del ejército y la policía, son poderosas también.
Organizaciones sindicales, clase trabajadora, pueblo de México y legisladores nacionalistas y patriotas se han sumado ya a la contienda contra la imposición de esta “reforma” laboral.
Luchar pacíficamente no significa claudicar, al contrario, es la defensa inteligente de las conquistas laborales que en otro momento de la historia costaron sangre y sufrimiento.
Polimnia Romana Envía.06 de April, 2010 - 00:00
2 comentarios
La guerra declarada al narco encubre en realidad la guerra no declarada por el “gobierno” federal al pueblo de México.
Son muchos los frentes abiertos y pocas las posibilidades de aniquilar la esperanza de ese pueblo noble y trabajador.
Entre los más agraviados se encuentran los mexicanos más pobres, los familiares de niños y jóvenes que murieron en total indefensión, los trabajadores que han sido despojados de su empleo, especialmente, los mineros y los electricistas que siguen en pie de lucha.
No conformes con los golpes que le han asestado a la población, los legisladores del PRI y del PAN que apoyaron más impuestos, aumentos a la gasolina, al diesel, a la energía eléctrica y a los bienes y servicios, ahora se perfilan para apoyar una “reforma laboral” que pretende impedir el ejercicio de los derechos conquistados por los trabajadores, como la contratación colectiva, la titularidad contractual y la libre sindicalización, e impedir la defensa legal de los trabajadores. Su propuesta busca entorpecer nuevos registros sindicales y la operatividad de los sindicatos formados, burlando la Constitución.
Esta reforma neoliberal, ideada por la derecha, incumple los convenios internacionales 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, y propicia el trabajo precario y el llamado outsourcing, que elimina responsabilidades patronales y deja en la incertidumbre a los trabajadores.
Al disminuir la seguridad social, eliminar pensiones y jubilaciones, más una cadena de limitaciones y perjuicios al trabajo, los grandes beneficiados seguirán siendo los patrones.
Su “reforma” no habla de incrementos salariales que alivien la precariedad de las familias de los trabajadores. Se trata de una propuesta patronal puesta en boca del devaluado secretario del Trabajo, que con agresiones verbales y aberraciones conceptuales trata de hacer nulo lo establecido en el Artículo 123 Constitucional.
En la guerra contra el narco la derecha se ha topado con poderosas armas que han llegado de manera ilegal por la frontera norte.
En la guerra contra el pueblo las armas son la justicia y la razón, y aunque no hieren como los misiles que incrementan las bajas del ejército y la policía, son poderosas también.
Organizaciones sindicales, clase trabajadora, pueblo de México y legisladores nacionalistas y patriotas se han sumado ya a la contienda contra la imposición de esta “reforma” laboral.
Luchar pacíficamente no significa claudicar, al contrario, es la defensa inteligente de las conquistas laborales que en otro momento de la historia costaron sangre y sufrimiento.
lunes, 5 de abril de 2010
La reforma laboral panista termina con la estabilidad del empleo, advierte la ANAD
Alfredo Mendez La jornada
Después de estudiar las 130 páginas en que se expone la propuesta de reforma laboral del Partido Acción Nacional (PAN), el laboralista Manuel Fuentes Muñiz, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), concluyó que el objetivo de esa iniciativa es “terminar con la estabilidad del empleo, y una de las vías para lograrlo es legalizando el contrato por horas”.
Ese tipo de contratos, tal como están diseñados en la propuesta panista, “son violatorios de la Constitución, en su artículo 123 fracción 21, porque inhiben la responsabilidad patronal ante despidos y acabarían con los contratos de planta”, expuso.
Fuentes Muñiz, quien encabeza una de las agrupaciones de abogados de corte progresista más representativas del país, sostuvo en un documento, respaldado por los integrantes de la ANAD, que dicha reforma, que busca modificar 419 artículos de la Ley Federal del Trabajo, traería más costos que beneficios a los trabajadores.
“Entre las afectaciones podemos destacar que anularía responsabilidades por generación de antigüedad y se reducirían prestaciones, beneficios pensionarios en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y, en el caso de las mujeres, afectaría sus derechos, protegidos en el artículo 123 constitucional fracción quinta”, destacó el especialista en derecho laboral.
La iniciativa del gobierno del presidente Felipe Calderón fue presentada en la Cámara de Diputados el pasado 18 de marzo, y entre sus principales propuestas destaca el pago por hora, la modificación de reglas sobre el derecho de huelga, plazos límite en el pago de salarios caídos, mayor transparencia y democracia sindical y regulación del esquema de subcontratación.
En su análisis, Fuentes Muñiz –quien ha sido asesor jurídico de diversos sindicatos mexicanos– señaló que en la actualidad la legislación en la materia contempla que los contratos “deben ser de planta o fijos”, y excepcionalmente por obra o tiempo determinado.
El abogado indicó que “la tesis central plasmada en la actual ley para la permanencia de un contrato laboral es la existencia de la materia de trabajo, independientemente de lo acordado por las partes.
“Ahora, con la propuesta panista, los contratos por horas se apoyarían únicamente en ‘la voluntad de las partes’, lo que en materia laboral es un acto simulado y no tiene relación en la existencia de la materia de trabajo.
“De esta forma, serían los ‘contratos de adhesión’ los que imperarían en perjuicio de los empleados, quienes no tendrían más remedio que admitirlos ante la condición de obtener un puesto.
“Ello puede traer como consecuencia en la vida diaria, por ejemplo, que a los trabajadores se les puedan imponer contratos por 80 horas totales y al término del periodo convenido cesaría toda responsabilidad del patrón. Ello se traduciría en que habría empleados que laborarían cuatro horas diarias, por ejemplo, durante cuatro semanas, y al computarse las 80 horas no podrían reclamar pago alguno por indemnización o derecho a reinstalarse cuando terminara el contrato ‘convenido’”, puntualizó.
En el mismo análisis, del que tiene copia La Jornada y será entregado a la Cámara de Diputados, la ANAD destaca que la propuesta pone un candado en el artículo 39 de la ley laboral, que legitima los contratos siempre que subsista la materia de trabajo. “Ahora la prórroga de un contrato se podría dar únicamente por la duración del último contrato laboral.”
Por ejemplo, si fue de 80 horas el contrato sólo podría renovarse previo juicio ante la Junta de Conciliación y Arbitraje después de cinco años sin pago de salarios caídos. Con ello desaparecerían, en los hechos, los contratos de planta, explicó Fuentes Muñiz.
De esta forma, la reforma “traería un cambio significativo en las relaciones de trabajo, ya que si ahora 80 por ciento de puestos creados en el sexenio calderonista son contratos temporales, ese porcentaje sería sustituido por los llamados ‘contratos por horas’ y al término de los mismos no habría responsabilidad alguna para los patrones”.
Después de estudiar las 130 páginas en que se expone la propuesta de reforma laboral del Partido Acción Nacional (PAN), el laboralista Manuel Fuentes Muñiz, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), concluyó que el objetivo de esa iniciativa es “terminar con la estabilidad del empleo, y una de las vías para lograrlo es legalizando el contrato por horas”.
Ese tipo de contratos, tal como están diseñados en la propuesta panista, “son violatorios de la Constitución, en su artículo 123 fracción 21, porque inhiben la responsabilidad patronal ante despidos y acabarían con los contratos de planta”, expuso.
Fuentes Muñiz, quien encabeza una de las agrupaciones de abogados de corte progresista más representativas del país, sostuvo en un documento, respaldado por los integrantes de la ANAD, que dicha reforma, que busca modificar 419 artículos de la Ley Federal del Trabajo, traería más costos que beneficios a los trabajadores.
“Entre las afectaciones podemos destacar que anularía responsabilidades por generación de antigüedad y se reducirían prestaciones, beneficios pensionarios en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y, en el caso de las mujeres, afectaría sus derechos, protegidos en el artículo 123 constitucional fracción quinta”, destacó el especialista en derecho laboral.
La iniciativa del gobierno del presidente Felipe Calderón fue presentada en la Cámara de Diputados el pasado 18 de marzo, y entre sus principales propuestas destaca el pago por hora, la modificación de reglas sobre el derecho de huelga, plazos límite en el pago de salarios caídos, mayor transparencia y democracia sindical y regulación del esquema de subcontratación.
En su análisis, Fuentes Muñiz –quien ha sido asesor jurídico de diversos sindicatos mexicanos– señaló que en la actualidad la legislación en la materia contempla que los contratos “deben ser de planta o fijos”, y excepcionalmente por obra o tiempo determinado.
El abogado indicó que “la tesis central plasmada en la actual ley para la permanencia de un contrato laboral es la existencia de la materia de trabajo, independientemente de lo acordado por las partes.
“Ahora, con la propuesta panista, los contratos por horas se apoyarían únicamente en ‘la voluntad de las partes’, lo que en materia laboral es un acto simulado y no tiene relación en la existencia de la materia de trabajo.
“De esta forma, serían los ‘contratos de adhesión’ los que imperarían en perjuicio de los empleados, quienes no tendrían más remedio que admitirlos ante la condición de obtener un puesto.
“Ello puede traer como consecuencia en la vida diaria, por ejemplo, que a los trabajadores se les puedan imponer contratos por 80 horas totales y al término del periodo convenido cesaría toda responsabilidad del patrón. Ello se traduciría en que habría empleados que laborarían cuatro horas diarias, por ejemplo, durante cuatro semanas, y al computarse las 80 horas no podrían reclamar pago alguno por indemnización o derecho a reinstalarse cuando terminara el contrato ‘convenido’”, puntualizó.
En el mismo análisis, del que tiene copia La Jornada y será entregado a la Cámara de Diputados, la ANAD destaca que la propuesta pone un candado en el artículo 39 de la ley laboral, que legitima los contratos siempre que subsista la materia de trabajo. “Ahora la prórroga de un contrato se podría dar únicamente por la duración del último contrato laboral.”
Por ejemplo, si fue de 80 horas el contrato sólo podría renovarse previo juicio ante la Junta de Conciliación y Arbitraje después de cinco años sin pago de salarios caídos. Con ello desaparecerían, en los hechos, los contratos de planta, explicó Fuentes Muñiz.
De esta forma, la reforma “traería un cambio significativo en las relaciones de trabajo, ya que si ahora 80 por ciento de puestos creados en el sexenio calderonista son contratos temporales, ese porcentaje sería sustituido por los llamados ‘contratos por horas’ y al término de los mismos no habría responsabilidad alguna para los patrones”.
Contra la reforma laboral Lozano-Calderón
Correo Ilustrado/ La jornada
Nuestros derechos son irrenunciables, inherentes a nuestra condición de trabajadores, inembargables, intransferibles e inalienables. Por ejemplo, en el convenio 87 de la OIT, dice que los trabajadores no tenemos por que registrarnos ante nadie y en el artículo 123 se sustenta el derecho histórico de huelga por las razones que los trabajadores acuerden. La contrarreforma Lozano-Calderón pretende dar mayores beneficios a los patrones, limitar el ejercicio del derecho de huelga, legalizar la práctica de la subcontratación (outsourcing) para no generar derechos laborales e imponer los denominados períodos de prueba.
La contrarreforma autoriza a los patrones pedir revisión del contrato colectivo para reducir prestaciones y cambiar condiciones de trabajo; busca imponer el despido libre; extender el trabajo eventual y por temporada, a la vez de acabar con el puesto fijo de trabajo y la plaza de base. Tal pretensión busca anular el sentido del trabajo digno establecido en la actual legislación e imponer la idea del trabajo como mercancía; el eje principal de la contrarreforma es acabar con la plaza de base e imponer el contrato mercerizado, sin derechos y ni prestaciones. El empleo a prueba, los ilegales exámenes de ingreso, los cursos de capacitación condicionados a la certificación son parte de ese perverso sistema de adelgazamiento acelerado de la plantilla de personal de base, suplido por personal de confianza. La contrarreforma de Lozano-Calderón es para legalizar lo que en décadas los neoliberales han hecho. ¡No pasará!
Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE. Responsable: Daniel Ávila Chávez
Nuestros derechos son irrenunciables, inherentes a nuestra condición de trabajadores, inembargables, intransferibles e inalienables. Por ejemplo, en el convenio 87 de la OIT, dice que los trabajadores no tenemos por que registrarnos ante nadie y en el artículo 123 se sustenta el derecho histórico de huelga por las razones que los trabajadores acuerden. La contrarreforma Lozano-Calderón pretende dar mayores beneficios a los patrones, limitar el ejercicio del derecho de huelga, legalizar la práctica de la subcontratación (outsourcing) para no generar derechos laborales e imponer los denominados períodos de prueba.
La contrarreforma autoriza a los patrones pedir revisión del contrato colectivo para reducir prestaciones y cambiar condiciones de trabajo; busca imponer el despido libre; extender el trabajo eventual y por temporada, a la vez de acabar con el puesto fijo de trabajo y la plaza de base. Tal pretensión busca anular el sentido del trabajo digno establecido en la actual legislación e imponer la idea del trabajo como mercancía; el eje principal de la contrarreforma es acabar con la plaza de base e imponer el contrato mercerizado, sin derechos y ni prestaciones. El empleo a prueba, los ilegales exámenes de ingreso, los cursos de capacitación condicionados a la certificación son parte de ese perverso sistema de adelgazamiento acelerado de la plantilla de personal de base, suplido por personal de confianza. La contrarreforma de Lozano-Calderón es para legalizar lo que en décadas los neoliberales han hecho. ¡No pasará!
Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE. Responsable: Daniel Ávila Chávez
La economía mexicana es “muy mala o bastante mala”, opina 62% de encuestados
La percepción negativa sube hasta 70% entre mujeres y jóvenes, revela consultoría
Siete de cada diez mexicanos afirman que existen “pocos o muy pocos” empleos disponibles
Descendió el número de mexicanos que piensa que México va “en la dirección correcta”: así pensaba 42 por ciento de los entrevistados en 2009, pero este año sólo lo considera 27 por cientoFoto Luis Humberto González
Susana González
Periódico La Jornada
Lunes 5 de abril de 2010, p. 23
Apenas 2 por ciento de los mexicanos considera que la economía del país “es buena”, mientras 62 por ciento asegura que “es muy mala o bastante mala”.
La percepción negativa se eleva hasta 70 por ciento en el caso de las mujeres, quienes junto con los jóvenes tienen la peor opinión sobre el empleo, revela un sondeo de la consultoría TNS Research International, especializada en encuestas de mercado y hábitos de compra.
“En general son prácticamente nulas las opiniones de que la economía actual es buena”, y el 62 por ciento que ahora considera que es “muy mala o bastante mala” contrasta con el 56 por ciento registrado a principios de 2009, indica la firma.
Las opiniones negativas se concentran más entre las personas que pertenecen a niveles socioeconómicos bajos y medios, según el sondeo telefónico aplicado entre habitantes de las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey.
En cuanto a los empleos, siete de cada diez mexicanos consideran que existen “pocos o muy pocos puestos de trabajo disponibles”, opinión que se acentúa entre las mujeres. En tanto, los jóvenes de 18 a 25 años resienten más el desempleo este año que durante 2009, ya que las opiniones negativas se elevaron de 53 a 61 por ciento.
TNS Research International subraya que los entrevistados de todos los sectores socioeconómicos, sin excepción, tuvieron opiniones negativas sobre el empleo, e incluso los del nivel más alto pasaron de 59 a 69 por ciento en sólo un año, principalmente entre los habitantes de las ciudades de México y Guadalajara.
Frente a las aseveraciones de funcionarios del gobierno federal de que la economía nacional comenzó a recuperarse desde el segundo semestre del año pasado, el sondeo de TNS Research International muestra que decreció el número de mexicanos que piensa que México va “en la dirección correcta”: así pensaba 42 por ciento de los entrevistados en 2009, pero en este año sólo lo considera 27 por ciento.
“El peor balance lo hacen las mujeres, las personas entre 18 y 34 años, los capitalinos (que pasaron de 57 a 71 por ciento) y, sin duda, el nivel socioeconómico más alto, que pasó de 38 a 60 por ciento en menciones de que el país está yendo en la dirección equivocada”, sentencia.
Más de la mitad de los mexicanos entrevistados consideró que es “mal o muy mal momento para comprar”, y aunque la consultoría indica que las cifras muestran una ligera mejoría respecto al año pasado, “los resultados no son muy alentadores”.
Quienes más reservas tienen para hacer gastos no básicos, como la compra de productos electrodomésticos, son las mujeres, las clases media y baja, así como las personas de más de 45 años, según el sondeo aplicado a principios de año para conocer la percepción de los mexicanos sobre la situación económica y el empleo durante el primer semestre de 2010 y cuyos resultados apenas se dieron a conocer.
No obstante el pesimismo sobre la situación actual, el porcentaje de mexicanos que considera que la economía mejorará en los próximos seis meses subió de 16 a 24 por ciento del año pasado al actual, pero se concentra en los grupos socioeconómicos medio alto y alto.
Siete de cada diez mexicanos afirman que existen “pocos o muy pocos” empleos disponibles
Descendió el número de mexicanos que piensa que México va “en la dirección correcta”: así pensaba 42 por ciento de los entrevistados en 2009, pero este año sólo lo considera 27 por cientoFoto Luis Humberto González
Susana González
Periódico La Jornada
Lunes 5 de abril de 2010, p. 23
Apenas 2 por ciento de los mexicanos considera que la economía del país “es buena”, mientras 62 por ciento asegura que “es muy mala o bastante mala”.
La percepción negativa se eleva hasta 70 por ciento en el caso de las mujeres, quienes junto con los jóvenes tienen la peor opinión sobre el empleo, revela un sondeo de la consultoría TNS Research International, especializada en encuestas de mercado y hábitos de compra.
“En general son prácticamente nulas las opiniones de que la economía actual es buena”, y el 62 por ciento que ahora considera que es “muy mala o bastante mala” contrasta con el 56 por ciento registrado a principios de 2009, indica la firma.
Las opiniones negativas se concentran más entre las personas que pertenecen a niveles socioeconómicos bajos y medios, según el sondeo telefónico aplicado entre habitantes de las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey.
En cuanto a los empleos, siete de cada diez mexicanos consideran que existen “pocos o muy pocos puestos de trabajo disponibles”, opinión que se acentúa entre las mujeres. En tanto, los jóvenes de 18 a 25 años resienten más el desempleo este año que durante 2009, ya que las opiniones negativas se elevaron de 53 a 61 por ciento.
TNS Research International subraya que los entrevistados de todos los sectores socioeconómicos, sin excepción, tuvieron opiniones negativas sobre el empleo, e incluso los del nivel más alto pasaron de 59 a 69 por ciento en sólo un año, principalmente entre los habitantes de las ciudades de México y Guadalajara.
Frente a las aseveraciones de funcionarios del gobierno federal de que la economía nacional comenzó a recuperarse desde el segundo semestre del año pasado, el sondeo de TNS Research International muestra que decreció el número de mexicanos que piensa que México va “en la dirección correcta”: así pensaba 42 por ciento de los entrevistados en 2009, pero en este año sólo lo considera 27 por ciento.
“El peor balance lo hacen las mujeres, las personas entre 18 y 34 años, los capitalinos (que pasaron de 57 a 71 por ciento) y, sin duda, el nivel socioeconómico más alto, que pasó de 38 a 60 por ciento en menciones de que el país está yendo en la dirección equivocada”, sentencia.
Más de la mitad de los mexicanos entrevistados consideró que es “mal o muy mal momento para comprar”, y aunque la consultoría indica que las cifras muestran una ligera mejoría respecto al año pasado, “los resultados no son muy alentadores”.
Quienes más reservas tienen para hacer gastos no básicos, como la compra de productos electrodomésticos, son las mujeres, las clases media y baja, así como las personas de más de 45 años, según el sondeo aplicado a principios de año para conocer la percepción de los mexicanos sobre la situación económica y el empleo durante el primer semestre de 2010 y cuyos resultados apenas se dieron a conocer.
No obstante el pesimismo sobre la situación actual, el porcentaje de mexicanos que considera que la economía mejorará en los próximos seis meses subió de 16 a 24 por ciento del año pasado al actual, pero se concentra en los grupos socioeconómicos medio alto y alto.
Planea SME huelga de hambre masiva en Zócalo capitalino
Noticias »Caso Luz y Fuerza del Centro »
05 de abril de 2010 • 15:43 Comentarios
13Noticia
México.- Sin dar una fecha exacta, Martín Esparza, secretario del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), anunció que en los próximos días se montará en el zócalo una huelga de hambre masiva como parte de las acciones de resistencia.
El líder sindical dijo que en esta ocasión activarán la misma huelga en la plaza de Toluca, Estado de México.
"(Se realizará también) en Toluca, en la plaza principal, que son de los lugares principales para dar a conocer al Estado de México y al resto del País todos los acuerdos que se firmaron utilizando recursos que Luz y Fuerza tenía para el año 2010", dijo en conferencia de prensa.
También demandó que el Gobierno de México debería estar inscrito en la lista negra de países que no respetan los derechos laborales.
Insistió en que al Secretario de Trabajo, Javier Lozano, debería iniciársele un juicio político por las denuncias interpuestas por el sindicato minero y otra por el mismo SME ante las presuntas intromisiones a la libertad sindical.
Con información de Grupo Reforma.
05 de abril de 2010 • 15:43 Comentarios
13Noticia
México.- Sin dar una fecha exacta, Martín Esparza, secretario del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), anunció que en los próximos días se montará en el zócalo una huelga de hambre masiva como parte de las acciones de resistencia.
El líder sindical dijo que en esta ocasión activarán la misma huelga en la plaza de Toluca, Estado de México.
"(Se realizará también) en Toluca, en la plaza principal, que son de los lugares principales para dar a conocer al Estado de México y al resto del País todos los acuerdos que se firmaron utilizando recursos que Luz y Fuerza tenía para el año 2010", dijo en conferencia de prensa.
También demandó que el Gobierno de México debería estar inscrito en la lista negra de países que no respetan los derechos laborales.
Insistió en que al Secretario de Trabajo, Javier Lozano, debería iniciársele un juicio político por las denuncias interpuestas por el sindicato minero y otra por el mismo SME ante las presuntas intromisiones a la libertad sindical.
Con información de Grupo Reforma.
sábado, 3 de abril de 2010
Afinan diputados una reunión con Esparza
MVS Noticias
El presidente del Grupo de Trabajo que dará Seguimiento al Conflicto entre el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el Gobierno federal, Amador Monroy Estrada (PRI), anticipó que la próxima semana se reunirán con Martín Esparza Flores, dirigente del SME, para conocer la situación de los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
Luego de que este grupo de trabajo se reunió con el subsecretario de Gobernación, Roberto Gil, el legislador Monroy Estrada señaló que es necesario conocer la situación que enfrenta el SME a partir de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, al considerar que la reunión estaría programada para el día 7 u 8 de abril próximos.
“…Lo que se pretende es establecer un diálogo con ambas partes del conflicto para escuchar sus posturas y posteriormente deliberar. Toda vez que se cuente con todos los argumentos se tomará una decisión, en tanto vamos a escuchar y a dialogar entre los integrantes del grupo para ver que solución puede tener el conflicto laboral…”.
Aseguró que es un conflicto que se le debe dar solución pacífica, ordenada y civilizada. “No vamos a buscar culpables, sino soluciones, esa debe ser la intención”, precisó.
Por su parte, el secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Francisco Hernández Juárez del PRD, hizo un llamado al Gobierno federal para que no vaya a propiciar un evento que violente aún más el conflicto con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Señaló que “solamente a través de la suma de esfuerzos de los integrantes del grupo plural de legisladores que media entre el SME y el gobierno federal en la Cámara de Diputados, así como la comisión que también está en el Senado, se hará sentir la fuerza de todos los que estamos interesados en una solución”.
El también integrante de ese grupo de trabajo, Rodolfo Lara Lagunas (PRD) manifestó su confianza en que esa instancia legislativa sirva realmente para lo que fue creada, sea un puente de diálogo y se resuelva definitivamente este tema, que a su juicio se ha prolongado demasiado, lo que prueba que no hubo razón jurídica ni ética para hacer
El presidente del Grupo de Trabajo que dará Seguimiento al Conflicto entre el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el Gobierno federal, Amador Monroy Estrada (PRI), anticipó que la próxima semana se reunirán con Martín Esparza Flores, dirigente del SME, para conocer la situación de los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
Luego de que este grupo de trabajo se reunió con el subsecretario de Gobernación, Roberto Gil, el legislador Monroy Estrada señaló que es necesario conocer la situación que enfrenta el SME a partir de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, al considerar que la reunión estaría programada para el día 7 u 8 de abril próximos.
“…Lo que se pretende es establecer un diálogo con ambas partes del conflicto para escuchar sus posturas y posteriormente deliberar. Toda vez que se cuente con todos los argumentos se tomará una decisión, en tanto vamos a escuchar y a dialogar entre los integrantes del grupo para ver que solución puede tener el conflicto laboral…”.
Aseguró que es un conflicto que se le debe dar solución pacífica, ordenada y civilizada. “No vamos a buscar culpables, sino soluciones, esa debe ser la intención”, precisó.
Por su parte, el secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Francisco Hernández Juárez del PRD, hizo un llamado al Gobierno federal para que no vaya a propiciar un evento que violente aún más el conflicto con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Señaló que “solamente a través de la suma de esfuerzos de los integrantes del grupo plural de legisladores que media entre el SME y el gobierno federal en la Cámara de Diputados, así como la comisión que también está en el Senado, se hará sentir la fuerza de todos los que estamos interesados en una solución”.
El también integrante de ese grupo de trabajo, Rodolfo Lara Lagunas (PRD) manifestó su confianza en que esa instancia legislativa sirva realmente para lo que fue creada, sea un puente de diálogo y se resuelva definitivamente este tema, que a su juicio se ha prolongado demasiado, lo que prueba que no hubo razón jurídica ni ética para hacer
Si hay huelga de hambre no presionará a funcionarios
La huelga de hambre masiva que integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) prevén en los próximos días, no ejercerá presión a los funcionarios federales, pues su posición es inamovible, advirtió el secretario del Trabajo, Javier Lozano.
“Lamentaría mucho que se den este tipo de expresiones (la huelga de hambre), pero por otro lado, quiero dejar en claro que las decisiones que se han tomado no tienen reversa”.
A pregunta sobre si la restricción de alimento a decenas de personas que buscan la recontratación colectiva lo presionará para buscar una salida al conflicto, el encargado de la política laboral aclaró que ninguna acción logrará que se revoque el decreto de extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
En conferencia de prensa consideró que sería “muy lamentable que tengan que recurrir a una medida de esa naturaleza; desafortunadamente, las decisiones que se han tomado están apegadas a derecho y con base en las instituciones”.
Insistió en que la “voluntad” de diálogo con los líderes del SME “se mantiene abierta”, incluso, informó que la próxima semana dialogará con Martín Esparza, quien forma parte de las mesas de negociación del “diálogo nacional por la soberanía alimentaria”. En la que se abordarán temas como la extinción de la compañía y los casos de los mineros de Cananea y Pasta de Conchos.
“He tenido dos reuniones en la Secretaría de Gobernación en las que estuvo presente Martín Esparza y la próxima semana vamos a instalar la mesa de los asuntos laborales en Gobernación”.
Aseguró que abordarán todos los temas, pero “siempre con apego a Derecho y dejando muy en claro que las medidas que hemos tomado no tienen marcha atrás”.
“Lamentaría mucho que se den este tipo de expresiones (la huelga de hambre), pero por otro lado, quiero dejar en claro que las decisiones que se han tomado no tienen reversa”.
A pregunta sobre si la restricción de alimento a decenas de personas que buscan la recontratación colectiva lo presionará para buscar una salida al conflicto, el encargado de la política laboral aclaró que ninguna acción logrará que se revoque el decreto de extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
En conferencia de prensa consideró que sería “muy lamentable que tengan que recurrir a una medida de esa naturaleza; desafortunadamente, las decisiones que se han tomado están apegadas a derecho y con base en las instituciones”.
Insistió en que la “voluntad” de diálogo con los líderes del SME “se mantiene abierta”, incluso, informó que la próxima semana dialogará con Martín Esparza, quien forma parte de las mesas de negociación del “diálogo nacional por la soberanía alimentaria”. En la que se abordarán temas como la extinción de la compañía y los casos de los mineros de Cananea y Pasta de Conchos.
“He tenido dos reuniones en la Secretaría de Gobernación en las que estuvo presente Martín Esparza y la próxima semana vamos a instalar la mesa de los asuntos laborales en Gobernación”.
Aseguró que abordarán todos los temas, pero “siempre con apego a Derecho y dejando muy en claro que las medidas que hemos tomado no tienen marcha atrás”.
Para “apretar” a la Corte, el SME va a huelga de hambre
El líder pone como ejemplo el ayuno del cubano anticastrista Guillermo Fariñas.
México.- Para “apretar” a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Sindicato Mexicano de Electricistas iniciará una huelga de hambre masiva en el Zócalo del Distrito Federal, que se sostendrá “hasta sus últimas consecuencias”.
Durante la asamblea nacional, la dirigencia del SME, encabezada por Martín Esparza y Humberto Montes de Oca, propuso a los agremiados endurecer las acciones de resistencia, aunque ello implique que decenas de personas “arriesguen la vida”.
Esparza dijo que para “apretar” a la Corte —que revisará el amparo del sindicato contra la extinción de Luz y Fuerza del Centro— y a todos los actores políticos involucrados, la huelga de hambre significa una “medida extrema”, pero necesaria ante la cerrazón del gobierno federal.
Incluso, puso como ejemplo el caso del cubano Guillermo Fariñas ya que, dijo, la restricción de alimentos a los manifestantes pone en evidencia las acciones de los gobiernos a escala nacional e internacional; además, insistió, la huelga de hambre de 11 mujeres electricistas también trajo ganancias para el movimiento, como el seguro social para los no liquidados durante un año.
Ante decenas de agremiados en el edificio sede del SME, Esparza expuso que la huelga de hambre “no es fácil”, toda vez que pone en riesgo la vida de los participantes, pero forma parte de las actividades urgentes para presionar a los ministros de la Corte, encargada de establecer el Estado de Derecho y “obligar a (Felipe) Calderón a que respete la Constitución”.
Sin embargo, en entrevista posterior, se negó a dar a conocer la fecha precisa del inicio de la huelga de hambre masiva, pero advirtió que se llevará a cabo antes del 1 de mayo, fecha en la que se tiene contemplada una movilización masiva en la Ciudad de México.
En voz de Hugo Ortega, integrante del SME, se delineó la forma de accionar esta estrategia, que advertirá a la Suprema Corte “que nuestras vidas dependen de ellos”.
A partir de hoy, los interesados en participar en la huelga de hambre deberán acudir a chequeos médicos para confirmar que su estado de salud les permite la restricción de alimentos.
El documento de propuesta expone que en el Zócalo capitalino se establecerán tres áreas. En el centro se ubicará el “punto rojo” que incluirá a los “cientos o miles” en huelga de hambre; estarán resguardados por los integrantes del “cordón blanco”, es decir, aquellos que padecen enfermedades crónicas y no puedan participar en la huelga, pero estarán en el campamento haciendo guardias para evitar disturbios.
El tercer punto, denominado “el cordón de la paz”, estará integrado por integrantes de organizaciones civiles, nacionales e internacionales y el último, nombrado “el cordón religioso” estará encabezado por los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera que darán “apoyo espiritual”.
Las demandas de esta medida es derogar el decreto de extinción, la contratación de los 17 mil trabajadores que no han aceptado la liquidación y el respeto a los derechos laborales.
También sumaron las peticiones de otros movimientos sociales como la justicia y castigo a los responsables por las muertes de los niños en la guardería ABC, solución al conflicto en Ciudad Juárez, la liberación de los presos políticos de Atenco y el recato a la reforma laboral del PAN además de exigir la renuncia del secretario del Trabajo, Javier Lozano.
- Claves
Arranca con marcha
• El día de inicio de la huelga de hambre masiva se realizará una marcha que partirá del Zócalo capitalino hacia la Basílica de Guadalupe, encabezada por los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera.
• El SME pretende invitar de observadores a Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Médicos Sin Fronteras y a la Cruz Roja Mexicana, quienes revisarán el estado de salud de los manifestantes.
• Una vez instalado el campamento en el Zócalo, los electricistas invitarán a los líderes de los movimientos de Atenco, Pasta de Conchos, Cananea y a los padres de los niños fallecidos en la guardería ABC.
Nayeli Roldán
México.- Para “apretar” a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Sindicato Mexicano de Electricistas iniciará una huelga de hambre masiva en el Zócalo del Distrito Federal, que se sostendrá “hasta sus últimas consecuencias”.
Durante la asamblea nacional, la dirigencia del SME, encabezada por Martín Esparza y Humberto Montes de Oca, propuso a los agremiados endurecer las acciones de resistencia, aunque ello implique que decenas de personas “arriesguen la vida”.
Esparza dijo que para “apretar” a la Corte —que revisará el amparo del sindicato contra la extinción de Luz y Fuerza del Centro— y a todos los actores políticos involucrados, la huelga de hambre significa una “medida extrema”, pero necesaria ante la cerrazón del gobierno federal.
Incluso, puso como ejemplo el caso del cubano Guillermo Fariñas ya que, dijo, la restricción de alimentos a los manifestantes pone en evidencia las acciones de los gobiernos a escala nacional e internacional; además, insistió, la huelga de hambre de 11 mujeres electricistas también trajo ganancias para el movimiento, como el seguro social para los no liquidados durante un año.
Ante decenas de agremiados en el edificio sede del SME, Esparza expuso que la huelga de hambre “no es fácil”, toda vez que pone en riesgo la vida de los participantes, pero forma parte de las actividades urgentes para presionar a los ministros de la Corte, encargada de establecer el Estado de Derecho y “obligar a (Felipe) Calderón a que respete la Constitución”.
Sin embargo, en entrevista posterior, se negó a dar a conocer la fecha precisa del inicio de la huelga de hambre masiva, pero advirtió que se llevará a cabo antes del 1 de mayo, fecha en la que se tiene contemplada una movilización masiva en la Ciudad de México.
En voz de Hugo Ortega, integrante del SME, se delineó la forma de accionar esta estrategia, que advertirá a la Suprema Corte “que nuestras vidas dependen de ellos”.
A partir de hoy, los interesados en participar en la huelga de hambre deberán acudir a chequeos médicos para confirmar que su estado de salud les permite la restricción de alimentos.
El documento de propuesta expone que en el Zócalo capitalino se establecerán tres áreas. En el centro se ubicará el “punto rojo” que incluirá a los “cientos o miles” en huelga de hambre; estarán resguardados por los integrantes del “cordón blanco”, es decir, aquellos que padecen enfermedades crónicas y no puedan participar en la huelga, pero estarán en el campamento haciendo guardias para evitar disturbios.
El tercer punto, denominado “el cordón de la paz”, estará integrado por integrantes de organizaciones civiles, nacionales e internacionales y el último, nombrado “el cordón religioso” estará encabezado por los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera que darán “apoyo espiritual”.
Las demandas de esta medida es derogar el decreto de extinción, la contratación de los 17 mil trabajadores que no han aceptado la liquidación y el respeto a los derechos laborales.
También sumaron las peticiones de otros movimientos sociales como la justicia y castigo a los responsables por las muertes de los niños en la guardería ABC, solución al conflicto en Ciudad Juárez, la liberación de los presos políticos de Atenco y el recato a la reforma laboral del PAN además de exigir la renuncia del secretario del Trabajo, Javier Lozano.
- Claves
Arranca con marcha
• El día de inicio de la huelga de hambre masiva se realizará una marcha que partirá del Zócalo capitalino hacia la Basílica de Guadalupe, encabezada por los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera.
• El SME pretende invitar de observadores a Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Médicos Sin Fronteras y a la Cruz Roja Mexicana, quienes revisarán el estado de salud de los manifestantes.
• Una vez instalado el campamento en el Zócalo, los electricistas invitarán a los líderes de los movimientos de Atenco, Pasta de Conchos, Cananea y a los padres de los niños fallecidos en la guardería ABC.
Nayeli Roldán
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