MVS Noticias
El presidente del Grupo de Trabajo que dará Seguimiento al Conflicto entre el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el Gobierno federal, Amador Monroy Estrada (PRI), anticipó que la próxima semana se reunirán con Martín Esparza Flores, dirigente del SME, para conocer la situación de los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
Luego de que este grupo de trabajo se reunió con el subsecretario de Gobernación, Roberto Gil, el legislador Monroy Estrada señaló que es necesario conocer la situación que enfrenta el SME a partir de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, al considerar que la reunión estaría programada para el día 7 u 8 de abril próximos.
“…Lo que se pretende es establecer un diálogo con ambas partes del conflicto para escuchar sus posturas y posteriormente deliberar. Toda vez que se cuente con todos los argumentos se tomará una decisión, en tanto vamos a escuchar y a dialogar entre los integrantes del grupo para ver que solución puede tener el conflicto laboral…”.
Aseguró que es un conflicto que se le debe dar solución pacífica, ordenada y civilizada. “No vamos a buscar culpables, sino soluciones, esa debe ser la intención”, precisó.
Por su parte, el secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Francisco Hernández Juárez del PRD, hizo un llamado al Gobierno federal para que no vaya a propiciar un evento que violente aún más el conflicto con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Señaló que “solamente a través de la suma de esfuerzos de los integrantes del grupo plural de legisladores que media entre el SME y el gobierno federal en la Cámara de Diputados, así como la comisión que también está en el Senado, se hará sentir la fuerza de todos los que estamos interesados en una solución”.
El también integrante de ese grupo de trabajo, Rodolfo Lara Lagunas (PRD) manifestó su confianza en que esa instancia legislativa sirva realmente para lo que fue creada, sea un puente de diálogo y se resuelva definitivamente este tema, que a su juicio se ha prolongado demasiado, lo que prueba que no hubo razón jurídica ni ética para hacer
EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION SUBESTACIONES TOLUCA CONTINUA EN PIE DE LUCHA CON LA CONVICCION DE OBTENER LA VICTORIA EN LA DEFENSA DE NUESTRO TRABAJO.
EN MEMORIA DE UN MIEMBRO DE OPERACION
DESCANSE EN PAZ EL C. RICARDO GONZALEZ BECERRIL
sábado, 3 de abril de 2010
Si hay huelga de hambre no presionará a funcionarios
La huelga de hambre masiva que integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) prevén en los próximos días, no ejercerá presión a los funcionarios federales, pues su posición es inamovible, advirtió el secretario del Trabajo, Javier Lozano.
“Lamentaría mucho que se den este tipo de expresiones (la huelga de hambre), pero por otro lado, quiero dejar en claro que las decisiones que se han tomado no tienen reversa”.
A pregunta sobre si la restricción de alimento a decenas de personas que buscan la recontratación colectiva lo presionará para buscar una salida al conflicto, el encargado de la política laboral aclaró que ninguna acción logrará que se revoque el decreto de extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
En conferencia de prensa consideró que sería “muy lamentable que tengan que recurrir a una medida de esa naturaleza; desafortunadamente, las decisiones que se han tomado están apegadas a derecho y con base en las instituciones”.
Insistió en que la “voluntad” de diálogo con los líderes del SME “se mantiene abierta”, incluso, informó que la próxima semana dialogará con Martín Esparza, quien forma parte de las mesas de negociación del “diálogo nacional por la soberanía alimentaria”. En la que se abordarán temas como la extinción de la compañía y los casos de los mineros de Cananea y Pasta de Conchos.
“He tenido dos reuniones en la Secretaría de Gobernación en las que estuvo presente Martín Esparza y la próxima semana vamos a instalar la mesa de los asuntos laborales en Gobernación”.
Aseguró que abordarán todos los temas, pero “siempre con apego a Derecho y dejando muy en claro que las medidas que hemos tomado no tienen marcha atrás”.
“Lamentaría mucho que se den este tipo de expresiones (la huelga de hambre), pero por otro lado, quiero dejar en claro que las decisiones que se han tomado no tienen reversa”.
A pregunta sobre si la restricción de alimento a decenas de personas que buscan la recontratación colectiva lo presionará para buscar una salida al conflicto, el encargado de la política laboral aclaró que ninguna acción logrará que se revoque el decreto de extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
En conferencia de prensa consideró que sería “muy lamentable que tengan que recurrir a una medida de esa naturaleza; desafortunadamente, las decisiones que se han tomado están apegadas a derecho y con base en las instituciones”.
Insistió en que la “voluntad” de diálogo con los líderes del SME “se mantiene abierta”, incluso, informó que la próxima semana dialogará con Martín Esparza, quien forma parte de las mesas de negociación del “diálogo nacional por la soberanía alimentaria”. En la que se abordarán temas como la extinción de la compañía y los casos de los mineros de Cananea y Pasta de Conchos.
“He tenido dos reuniones en la Secretaría de Gobernación en las que estuvo presente Martín Esparza y la próxima semana vamos a instalar la mesa de los asuntos laborales en Gobernación”.
Aseguró que abordarán todos los temas, pero “siempre con apego a Derecho y dejando muy en claro que las medidas que hemos tomado no tienen marcha atrás”.
Para “apretar” a la Corte, el SME va a huelga de hambre
El líder pone como ejemplo el ayuno del cubano anticastrista Guillermo Fariñas.
México.- Para “apretar” a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Sindicato Mexicano de Electricistas iniciará una huelga de hambre masiva en el Zócalo del Distrito Federal, que se sostendrá “hasta sus últimas consecuencias”.
Durante la asamblea nacional, la dirigencia del SME, encabezada por Martín Esparza y Humberto Montes de Oca, propuso a los agremiados endurecer las acciones de resistencia, aunque ello implique que decenas de personas “arriesguen la vida”.
Esparza dijo que para “apretar” a la Corte —que revisará el amparo del sindicato contra la extinción de Luz y Fuerza del Centro— y a todos los actores políticos involucrados, la huelga de hambre significa una “medida extrema”, pero necesaria ante la cerrazón del gobierno federal.
Incluso, puso como ejemplo el caso del cubano Guillermo Fariñas ya que, dijo, la restricción de alimentos a los manifestantes pone en evidencia las acciones de los gobiernos a escala nacional e internacional; además, insistió, la huelga de hambre de 11 mujeres electricistas también trajo ganancias para el movimiento, como el seguro social para los no liquidados durante un año.
Ante decenas de agremiados en el edificio sede del SME, Esparza expuso que la huelga de hambre “no es fácil”, toda vez que pone en riesgo la vida de los participantes, pero forma parte de las actividades urgentes para presionar a los ministros de la Corte, encargada de establecer el Estado de Derecho y “obligar a (Felipe) Calderón a que respete la Constitución”.
Sin embargo, en entrevista posterior, se negó a dar a conocer la fecha precisa del inicio de la huelga de hambre masiva, pero advirtió que se llevará a cabo antes del 1 de mayo, fecha en la que se tiene contemplada una movilización masiva en la Ciudad de México.
En voz de Hugo Ortega, integrante del SME, se delineó la forma de accionar esta estrategia, que advertirá a la Suprema Corte “que nuestras vidas dependen de ellos”.
A partir de hoy, los interesados en participar en la huelga de hambre deberán acudir a chequeos médicos para confirmar que su estado de salud les permite la restricción de alimentos.
El documento de propuesta expone que en el Zócalo capitalino se establecerán tres áreas. En el centro se ubicará el “punto rojo” que incluirá a los “cientos o miles” en huelga de hambre; estarán resguardados por los integrantes del “cordón blanco”, es decir, aquellos que padecen enfermedades crónicas y no puedan participar en la huelga, pero estarán en el campamento haciendo guardias para evitar disturbios.
El tercer punto, denominado “el cordón de la paz”, estará integrado por integrantes de organizaciones civiles, nacionales e internacionales y el último, nombrado “el cordón religioso” estará encabezado por los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera que darán “apoyo espiritual”.
Las demandas de esta medida es derogar el decreto de extinción, la contratación de los 17 mil trabajadores que no han aceptado la liquidación y el respeto a los derechos laborales.
También sumaron las peticiones de otros movimientos sociales como la justicia y castigo a los responsables por las muertes de los niños en la guardería ABC, solución al conflicto en Ciudad Juárez, la liberación de los presos políticos de Atenco y el recato a la reforma laboral del PAN además de exigir la renuncia del secretario del Trabajo, Javier Lozano.
- Claves
Arranca con marcha
• El día de inicio de la huelga de hambre masiva se realizará una marcha que partirá del Zócalo capitalino hacia la Basílica de Guadalupe, encabezada por los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera.
• El SME pretende invitar de observadores a Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Médicos Sin Fronteras y a la Cruz Roja Mexicana, quienes revisarán el estado de salud de los manifestantes.
• Una vez instalado el campamento en el Zócalo, los electricistas invitarán a los líderes de los movimientos de Atenco, Pasta de Conchos, Cananea y a los padres de los niños fallecidos en la guardería ABC.
Nayeli Roldán
México.- Para “apretar” a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Sindicato Mexicano de Electricistas iniciará una huelga de hambre masiva en el Zócalo del Distrito Federal, que se sostendrá “hasta sus últimas consecuencias”.
Durante la asamblea nacional, la dirigencia del SME, encabezada por Martín Esparza y Humberto Montes de Oca, propuso a los agremiados endurecer las acciones de resistencia, aunque ello implique que decenas de personas “arriesguen la vida”.
Esparza dijo que para “apretar” a la Corte —que revisará el amparo del sindicato contra la extinción de Luz y Fuerza del Centro— y a todos los actores políticos involucrados, la huelga de hambre significa una “medida extrema”, pero necesaria ante la cerrazón del gobierno federal.
Incluso, puso como ejemplo el caso del cubano Guillermo Fariñas ya que, dijo, la restricción de alimentos a los manifestantes pone en evidencia las acciones de los gobiernos a escala nacional e internacional; además, insistió, la huelga de hambre de 11 mujeres electricistas también trajo ganancias para el movimiento, como el seguro social para los no liquidados durante un año.
Ante decenas de agremiados en el edificio sede del SME, Esparza expuso que la huelga de hambre “no es fácil”, toda vez que pone en riesgo la vida de los participantes, pero forma parte de las actividades urgentes para presionar a los ministros de la Corte, encargada de establecer el Estado de Derecho y “obligar a (Felipe) Calderón a que respete la Constitución”.
Sin embargo, en entrevista posterior, se negó a dar a conocer la fecha precisa del inicio de la huelga de hambre masiva, pero advirtió que se llevará a cabo antes del 1 de mayo, fecha en la que se tiene contemplada una movilización masiva en la Ciudad de México.
En voz de Hugo Ortega, integrante del SME, se delineó la forma de accionar esta estrategia, que advertirá a la Suprema Corte “que nuestras vidas dependen de ellos”.
A partir de hoy, los interesados en participar en la huelga de hambre deberán acudir a chequeos médicos para confirmar que su estado de salud les permite la restricción de alimentos.
El documento de propuesta expone que en el Zócalo capitalino se establecerán tres áreas. En el centro se ubicará el “punto rojo” que incluirá a los “cientos o miles” en huelga de hambre; estarán resguardados por los integrantes del “cordón blanco”, es decir, aquellos que padecen enfermedades crónicas y no puedan participar en la huelga, pero estarán en el campamento haciendo guardias para evitar disturbios.
El tercer punto, denominado “el cordón de la paz”, estará integrado por integrantes de organizaciones civiles, nacionales e internacionales y el último, nombrado “el cordón religioso” estará encabezado por los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera que darán “apoyo espiritual”.
Las demandas de esta medida es derogar el decreto de extinción, la contratación de los 17 mil trabajadores que no han aceptado la liquidación y el respeto a los derechos laborales.
También sumaron las peticiones de otros movimientos sociales como la justicia y castigo a los responsables por las muertes de los niños en la guardería ABC, solución al conflicto en Ciudad Juárez, la liberación de los presos políticos de Atenco y el recato a la reforma laboral del PAN además de exigir la renuncia del secretario del Trabajo, Javier Lozano.
- Claves
Arranca con marcha
• El día de inicio de la huelga de hambre masiva se realizará una marcha que partirá del Zócalo capitalino hacia la Basílica de Guadalupe, encabezada por los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera.
• El SME pretende invitar de observadores a Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Médicos Sin Fronteras y a la Cruz Roja Mexicana, quienes revisarán el estado de salud de los manifestantes.
• Una vez instalado el campamento en el Zócalo, los electricistas invitarán a los líderes de los movimientos de Atenco, Pasta de Conchos, Cananea y a los padres de los niños fallecidos en la guardería ABC.
Nayeli Roldán
miércoles, 31 de marzo de 2010
El SME entregará a diputados informe sobre 6 meses de conflicto
Redacción
Nacional Miércoles 31 de Marzo, 2010
Hora de creación: 02:13
Ultima modificación: 02:13
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) entregará el martes próximo a la Comisión Plural de la Cámara de Diputados un documento con los aspectos más relevantes del conflicto que el gremio mantiene con el gobierno federal desde la extinción de LyFC, en octubre del año pasado.
Martín Esparza Flores, dirigente del sindicato, explicó que en dicho documento se proponen una serie de puntos de acuerdo a presentarse en el pleno de la Cámara baja, en los que se incluyen una serie de comparecencias de los secretarios de Energía, Georgina Kessel; Hacienda, Ernesto Cordero; del Trabajo, Javier Lozano, y de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, para que expliquen las irregularidades y violaciones a los derechos humanos que han surgido con la citada extinción.
Aseguró que la presentación de los documentos y acuerdos firmados por las autoridades, demostrarán la ilegalidad de dicho decreto y el fraude cometido por LyFC en lo que se refiere al sistema de pensiones.
Además, adelantó que para el 1 de mayo próximo el SME realizará una serie de movilizaciones a nivel nacional.
Fuente: la cronica
Nacional Miércoles 31 de Marzo, 2010
Hora de creación: 02:13
Ultima modificación: 02:13
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) entregará el martes próximo a la Comisión Plural de la Cámara de Diputados un documento con los aspectos más relevantes del conflicto que el gremio mantiene con el gobierno federal desde la extinción de LyFC, en octubre del año pasado.
Martín Esparza Flores, dirigente del sindicato, explicó que en dicho documento se proponen una serie de puntos de acuerdo a presentarse en el pleno de la Cámara baja, en los que se incluyen una serie de comparecencias de los secretarios de Energía, Georgina Kessel; Hacienda, Ernesto Cordero; del Trabajo, Javier Lozano, y de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, para que expliquen las irregularidades y violaciones a los derechos humanos que han surgido con la citada extinción.
Aseguró que la presentación de los documentos y acuerdos firmados por las autoridades, demostrarán la ilegalidad de dicho decreto y el fraude cometido por LyFC en lo que se refiere al sistema de pensiones.
Además, adelantó que para el 1 de mayo próximo el SME realizará una serie de movilizaciones a nivel nacional.
Fuente: la cronica
Enfrenta la CFE unas 13 mil demandas; 7 mil sólo en 2009, según reveló al IFAI
Cayeron 35% sus ventas por desconexión de grandes usuarios y menor consumo: Moody’s
Elizabeth Velasco y Víctor Cardoso
Periódico La Jornada
Miércoles 31 de marzo de 2010, p. 19
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) enfrenta al menos 13 mil demandas por tres causas principales: impugnación de la tarifa que se cobra en el recibo, licitaciones otorgadas por la paraestatal en materia de obra pública y adquisiciones, y rescisión de contratos con empresas, reveló al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) en los expedientes 5712/09 y los que se acumulan al 5987/09.
Aunado a ello, la CFE indicó que sólo en 2009 enfrentó 7 mil demandas (que menciona como juicios de nulidad o amparo) presentadas por empresas “medianas y grandes” para impugnar los montos de cobro por la tarifa eléctrica.
De ese total, 3 mil 684 juicios de nulidad se encuentran “en trámite o concluidos sustanciados” en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, bajo el concepto de tarifas eléctricas.
Sobre el número de casos en los cuales la paraestatal ha perdido las demandas, la CFE refirió que no cuenta con la información sistematizada.
“Otorgar acceso a una sentencia en la que perdió la Comisión Federal de Electricidad supondría hacer una investigación ad hoc para entregar al recurrente (ciudadano que se quejó ante el IFAI) la información de su interés”. Es decir, “implicaría un trabajo de consulta y análisis en cada sentencia”.
Aun cuando la CFE había reservado por 12 años el número de expediente, el juzgado y tribunal donde se litigan los juicios, las reclamaciones y su importe, así como el nombre del actor, los argumentos de la demanda y de la defensa, pruebas, fechas de audiencias, desahogo de audiencias, sentencias y recursos, el IFAI dejó sin efecto la clasificación de los tres primeros conceptos.
De acuerdo con la resolución a cargo de la comisionada María Marván, en audiencia en las oficinas del IFAI funcionarios de la paraestatal habían argumentado que dar a conocer sólo el número del expediente y el tribunal, daría a “la parte interesada la posibilidad de accesar (sic) a la consulta del propio expediente, por sí o por interpósita persona, conocer de manera privilegiada los argumentos presentados en la demanda y la defensa de la CFE, así como las pruebas que ofrecen ambas partes”.
Sin embargo, aceptaron que los contenidos de la información de los 3 mil 684 juicios de nulidad o amparo son “de naturaleza pública”, dado que han sido concluidos o están en trámite, motivo por el cual los propios juzgados difunden el número de expediente. Por tanto, accedieron a remitir la información al solicitante de los datos.
Sin embargo, Marván señaló que la CFE omitió entregar los juicios de amparo sustanciados en los juzgados de distrito de toda la república mexicana, por lo cual le ordena que realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Gerencia de Asuntos Contenciosos, que administra el “sistema jurismática” de la paraestatal, a fin de que entregue una lista con el número de expediente y el nombre del juzgado de distrito o tribunal del Poder Judicial, donde se han radicado las demandas para reclamar la supuesta ilegalidad del cobro de las tarifas eléctricas, bajo los conceptos de “cargo por demanda o cargo por demanda facturable”. En cambio, avaló la imposibilidad de la CFE para precisar el número de juicios que ha perdido.
Desempeño operativo, bajo presión
Un menor ingreso, tanto por la desconexión de grandes usuarios como por la baja en el consumo provocó en 2009 una caída de 35 por ciento en las ventas de la CFE, comparado con 2008.
Además, señala un reporte de la agencia calificadora Moody’s, el año pasado el desempeño operativo de esta paraestatal estuvo “bajo presion” por los efectos negativos de asumir la operación de Luz y Fuerza del Centro (LFC), “dado que tendrá que absorber el históricamente elevado nivel de pérdidas técnicas en la zona metropolitana de la ciudad de México”.
Con base en información financiera de la CFE, Moody’s informó que para 2010 el presupuesto combinado para las inversiones y gastos de mantenimiento requeridos para los activos de LFC debe ser por 5 mil millones de pesos. Esta cifra coincide con la intención de la empresa eléctrica de colocar certificados bursátiles para financiar inversiones y proyectos de obra pública financiada.
Las ventas de la CFE también se vieron afectadas por un creciente número de clientes que, en busca de menores precios por el suministro eléctrico, han preferido incursionar en el modelo de autoabasto. De acuerdo con reportes de la CFE, de 2003 a marzo de 2010 perdió 119 mil 110 grandes consumidores de los sectores comercial y servicios. Además, más de la mitad de la generación termoeléctrica es realizada por productores independientes.
Elizabeth Velasco y Víctor Cardoso
Periódico La Jornada
Miércoles 31 de marzo de 2010, p. 19
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) enfrenta al menos 13 mil demandas por tres causas principales: impugnación de la tarifa que se cobra en el recibo, licitaciones otorgadas por la paraestatal en materia de obra pública y adquisiciones, y rescisión de contratos con empresas, reveló al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) en los expedientes 5712/09 y los que se acumulan al 5987/09.
Aunado a ello, la CFE indicó que sólo en 2009 enfrentó 7 mil demandas (que menciona como juicios de nulidad o amparo) presentadas por empresas “medianas y grandes” para impugnar los montos de cobro por la tarifa eléctrica.
De ese total, 3 mil 684 juicios de nulidad se encuentran “en trámite o concluidos sustanciados” en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, bajo el concepto de tarifas eléctricas.
Sobre el número de casos en los cuales la paraestatal ha perdido las demandas, la CFE refirió que no cuenta con la información sistematizada.
“Otorgar acceso a una sentencia en la que perdió la Comisión Federal de Electricidad supondría hacer una investigación ad hoc para entregar al recurrente (ciudadano que se quejó ante el IFAI) la información de su interés”. Es decir, “implicaría un trabajo de consulta y análisis en cada sentencia”.
Aun cuando la CFE había reservado por 12 años el número de expediente, el juzgado y tribunal donde se litigan los juicios, las reclamaciones y su importe, así como el nombre del actor, los argumentos de la demanda y de la defensa, pruebas, fechas de audiencias, desahogo de audiencias, sentencias y recursos, el IFAI dejó sin efecto la clasificación de los tres primeros conceptos.
De acuerdo con la resolución a cargo de la comisionada María Marván, en audiencia en las oficinas del IFAI funcionarios de la paraestatal habían argumentado que dar a conocer sólo el número del expediente y el tribunal, daría a “la parte interesada la posibilidad de accesar (sic) a la consulta del propio expediente, por sí o por interpósita persona, conocer de manera privilegiada los argumentos presentados en la demanda y la defensa de la CFE, así como las pruebas que ofrecen ambas partes”.
Sin embargo, aceptaron que los contenidos de la información de los 3 mil 684 juicios de nulidad o amparo son “de naturaleza pública”, dado que han sido concluidos o están en trámite, motivo por el cual los propios juzgados difunden el número de expediente. Por tanto, accedieron a remitir la información al solicitante de los datos.
Sin embargo, Marván señaló que la CFE omitió entregar los juicios de amparo sustanciados en los juzgados de distrito de toda la república mexicana, por lo cual le ordena que realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Gerencia de Asuntos Contenciosos, que administra el “sistema jurismática” de la paraestatal, a fin de que entregue una lista con el número de expediente y el nombre del juzgado de distrito o tribunal del Poder Judicial, donde se han radicado las demandas para reclamar la supuesta ilegalidad del cobro de las tarifas eléctricas, bajo los conceptos de “cargo por demanda o cargo por demanda facturable”. En cambio, avaló la imposibilidad de la CFE para precisar el número de juicios que ha perdido.
Desempeño operativo, bajo presión
Un menor ingreso, tanto por la desconexión de grandes usuarios como por la baja en el consumo provocó en 2009 una caída de 35 por ciento en las ventas de la CFE, comparado con 2008.
Además, señala un reporte de la agencia calificadora Moody’s, el año pasado el desempeño operativo de esta paraestatal estuvo “bajo presion” por los efectos negativos de asumir la operación de Luz y Fuerza del Centro (LFC), “dado que tendrá que absorber el históricamente elevado nivel de pérdidas técnicas en la zona metropolitana de la ciudad de México”.
Con base en información financiera de la CFE, Moody’s informó que para 2010 el presupuesto combinado para las inversiones y gastos de mantenimiento requeridos para los activos de LFC debe ser por 5 mil millones de pesos. Esta cifra coincide con la intención de la empresa eléctrica de colocar certificados bursátiles para financiar inversiones y proyectos de obra pública financiada.
Las ventas de la CFE también se vieron afectadas por un creciente número de clientes que, en busca de menores precios por el suministro eléctrico, han preferido incursionar en el modelo de autoabasto. De acuerdo con reportes de la CFE, de 2003 a marzo de 2010 perdió 119 mil 110 grandes consumidores de los sectores comercial y servicios. Además, más de la mitad de la generación termoeléctrica es realizada por productores independientes.
Electricistas de Morelos se sumarán a ayuno
Rubicela Morelos, corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 31 de marzo de 2010, p. 28
Cuernavaca, Mor. Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas división Cuernavaca anunciaron que se sumarán a la huelga de hambre que emprenderá la dirigencia nacional en la Plaza de la Constitución. El dirigente Héctor Salazar Porcayo, informó que un grupo de ex trabajadores se harán exámenes médicos para saber si pueden participar en la protesta contra la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Denunció que personal de la Comisión Federal de Electricidad y de empresas contratadas han sustraído material de las subestaciones
Periódico La Jornada
Miércoles 31 de marzo de 2010, p. 28
Cuernavaca, Mor. Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas división Cuernavaca anunciaron que se sumarán a la huelga de hambre que emprenderá la dirigencia nacional en la Plaza de la Constitución. El dirigente Héctor Salazar Porcayo, informó que un grupo de ex trabajadores se harán exámenes médicos para saber si pueden participar en la protesta contra la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Denunció que personal de la Comisión Federal de Electricidad y de empresas contratadas han sustraído material de las subestaciones
"REIR O LLORAR"
Asegura que ciudades como Washington enfrentan índices más elevados de criminalidad
La violencia en México es en gran parte “problema de percepción”, dice Calderón
Jesús Aranda
Enviado
Periódico La Jornada
Miércoles 31 de marzo de 2010, p. 9
Cancún, Quintana Roo, 20 de marzo. La violencia en México es “un problema real” que estamos combatiendo, que enfrentamos y estamos resolviendo, pero además “tenemos un problema de percepción que también hay que corregir”, sostuvo el presidente Felipe Calderón tras rechazar que en México exista un “Estado fallido” como lo auguró en su momento la revista Foreign Policy, la cual aseguró que México no sería capaz de salir adelante de la crisis económica ni en su lucha contra el crimen organizado. “Así que de lo de fallido, fue el pronóstico”, indicó.
Al encabezar la inauguración de un lujoso desarrollo turístico en la Riviera Maya, en donde aprovechó la oportunidad para cuestionar la “percepción” que se tiene en el medio turístico internacional sobre la violencia y la criminalidad en el país.
Asimismo, tres días después de que la opinión pública se conmocionó por el asesinato de 10 jóvenes en Pueblo Nuevo, Durango, Calderón indicó que “la violencia impactante” por su “virulencia” es la que se produce “entre los grupos del crimen organizado que se disputan plazas y territorios de una manera muy agresiva.
Calderón sostuvo que “en México hay 11.5 muertos por cada 100 mil habitantes, mientras que en ciudades de Estados Unidos como Washington o Nueva Orleáns el promedio es de 31 y 95, respectivamente. Dijo que estas cifras están respaldadas por la Brooklyn Institution.
Hay ciudades nacionales cuyos índices de violencia son comparables con los de naciones europeas.
También retomó el caso de Brasil, en donde señaló que, a pesar de que en Río de Janeiro la mortandad es de 22 por cada 100 mil habitantes, en un futuro se celebrarán ahí las Olimpiadas y el Campeonato Mundial de Futbol.
Por otra parte, después de asegurar que “hemos iniciado” una nueva época en materia de turismo que se reflejará en mayor flujo de turistas nacionales e internacionales, Calderón destacó que ya se empiezan a sentir los síntomas de recuperación en este sector, después de que 2009 fue un año particularmente difícil, por la emergencia sanitaria, la sequía, la crisis económica mundial y por la percepción que se tiene en el exterior respecto de que México es un país violento.
Como parte de la recuperación que ya está en marcha, anunció que del primero de enero al 15 de marzo de este año, se generaron en México 234 mil nuevos empleos “netos”.
La violencia en México es en gran parte “problema de percepción”, dice Calderón
Jesús Aranda
Enviado
Periódico La Jornada
Miércoles 31 de marzo de 2010, p. 9
Cancún, Quintana Roo, 20 de marzo. La violencia en México es “un problema real” que estamos combatiendo, que enfrentamos y estamos resolviendo, pero además “tenemos un problema de percepción que también hay que corregir”, sostuvo el presidente Felipe Calderón tras rechazar que en México exista un “Estado fallido” como lo auguró en su momento la revista Foreign Policy, la cual aseguró que México no sería capaz de salir adelante de la crisis económica ni en su lucha contra el crimen organizado. “Así que de lo de fallido, fue el pronóstico”, indicó.
Al encabezar la inauguración de un lujoso desarrollo turístico en la Riviera Maya, en donde aprovechó la oportunidad para cuestionar la “percepción” que se tiene en el medio turístico internacional sobre la violencia y la criminalidad en el país.
Asimismo, tres días después de que la opinión pública se conmocionó por el asesinato de 10 jóvenes en Pueblo Nuevo, Durango, Calderón indicó que “la violencia impactante” por su “virulencia” es la que se produce “entre los grupos del crimen organizado que se disputan plazas y territorios de una manera muy agresiva.
Calderón sostuvo que “en México hay 11.5 muertos por cada 100 mil habitantes, mientras que en ciudades de Estados Unidos como Washington o Nueva Orleáns el promedio es de 31 y 95, respectivamente. Dijo que estas cifras están respaldadas por la Brooklyn Institution.
Hay ciudades nacionales cuyos índices de violencia son comparables con los de naciones europeas.
También retomó el caso de Brasil, en donde señaló que, a pesar de que en Río de Janeiro la mortandad es de 22 por cada 100 mil habitantes, en un futuro se celebrarán ahí las Olimpiadas y el Campeonato Mundial de Futbol.
Por otra parte, después de asegurar que “hemos iniciado” una nueva época en materia de turismo que se reflejará en mayor flujo de turistas nacionales e internacionales, Calderón destacó que ya se empiezan a sentir los síntomas de recuperación en este sector, después de que 2009 fue un año particularmente difícil, por la emergencia sanitaria, la sequía, la crisis económica mundial y por la percepción que se tiene en el exterior respecto de que México es un país violento.
Como parte de la recuperación que ya está en marcha, anunció que del primero de enero al 15 de marzo de este año, se generaron en México 234 mil nuevos empleos “netos”.
La fallida estrategia antinarco alienta el intervencionismo de EU: PRI y PRD
Calderón, “cómplice silencioso” de la muerte de civiles, afirman diputados de oposición
Rechazan senadores la propuesta de Mac Cain de enviar tropas a la frontera con México
Andrea Becerril, Enrique Méndez, Roberto Garduño y Alma Muñoz
Periódico La Jornada
Miércoles 31 de marzo de 2010, p. 8
El fracaso en la estrategia de seguridad del gobierno de Felipe Calderón estimula las ambiciones intervencionistas de Estados Unidos, afirmaron senadores perredistas. En tanto, diputados de PRD y PT lamentaron que entre los daños colaterales de la lucha contra el crimen organizado esté la muerte de jóvenes y niños.
El senador Tomás Torres, del PRD, manifestó que la falta de autoridad del gobierno calderonista y el fracaso de su política de combate al crimen organizado “alientan las pretensiones intervencionistas de Estados Unidos”.
Sostuvo que la propuesta del senador republicano por Arizona, John MacCain, de enviar militares a la frontera entre ambos países, debe ser rechazada por todos los sectores en México.
Torres solicitó valorar que la violencia provocada por el narcotráfico no ha podido frenarse e instó a Calderón a replantear la estrategia de seguridad que “no funciona”.
La panista Adriana González, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores, indicó que la propuesta de MacCain “quizá ayude a que se atiendan problemas, como el tráfico ilegal de armas” que pasan por esa zona.
Consideró que el envío de la Guardia Nacional de Estados Unidos a la frontera puede ser parte de una nueva estrategia de cooperación, siempre y cuando no se violen derechos humanos y no se aproveche la presencia de militares contra los migrantes.
El vocero del PRI en el Senado, Carlos Jiménez Macías, consideró que la propuesta del legislador estadunidense es un exceso y una señal de hostilidad, que choca con lo expresado por la secretaria de Estado, Hillary Clinton, durante su reciente visita de trabajo a México.
En la Cámara de Diputados los grupos parlamentarios de PRD y PT consideraron inaceptables las disculpas y condolencias ofrecidas por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en nombre del gobierno federal, por los asesinatos de menores de edad víctimas de la guerra del Ejecutivo federal contra el narcotráfico; la más reciente, por la ejecución de diez jóvenes en Durango.
“Los crímenes se explican por la pésima estrategia del gobierno federal y ahora son contra jóvenes y niños. Ya hay hartazgo”, manifestó la vocera del PRD en la Cámara de Diputados, Leticia Quezada Contreras.
Agregó que la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional del Congreso debe “sesionar lo más rápido posible y revisar la pésima estrategia contra el narcotráfico” del gobierno federal.
Con los asesinatos de Durango “Calderón se ha convertido en cómplice silencioso de la muerte de menores de edad y jóvenes en el país. Es una vergüenza que apueste más a combatir el narcotráfico en una guerra de balas a –como hemos planteado– con una política integral de prevención que repare el daño y el tejido social”.
El coordinador del PT, Pedro Vázquez González, sostuvo que Calderón debe ordenar el retiro del Ejército a los cuarteles para replantear la estrategia de seguridad. Dijo que las disculpas ofrecidas por Gómez Mont “carecen de validez, ya que la lucha desigual contra el crimen organizado está cobrando vidas de inocentes”.
El presidente del PRD, Jesús Ortega Martínez, cuestionó que el gobierno federal insista en aplicar una estrategia de combate a la delincuencia organizada cuyos resultados son ejecuciones y ataques contra la sociedad civil.
En un comunicado, criticó que la autoridad federal permita que la delincuencia afecte a la ciudadanía y no detenga a los responsables o evite que estos hechos se repitan. “Hay tozudez del gobierno federal para reconocer que la estrategia contra los grupos delictivos no es efectiva. Las víctimas están resultando jóvenes y niños; la guerra de Calderón ya se trasladó a las escuelas, a los domicilios, a los centros de trabajo y a las familias. Como en las peores guerras, la sociedad civil está siendo vulnerada en sus derechos fundamentales y, lo peor, está siendo asesinada”, afirmó.
Rechazan senadores la propuesta de Mac Cain de enviar tropas a la frontera con México
Andrea Becerril, Enrique Méndez, Roberto Garduño y Alma Muñoz
Periódico La Jornada
Miércoles 31 de marzo de 2010, p. 8
El fracaso en la estrategia de seguridad del gobierno de Felipe Calderón estimula las ambiciones intervencionistas de Estados Unidos, afirmaron senadores perredistas. En tanto, diputados de PRD y PT lamentaron que entre los daños colaterales de la lucha contra el crimen organizado esté la muerte de jóvenes y niños.
El senador Tomás Torres, del PRD, manifestó que la falta de autoridad del gobierno calderonista y el fracaso de su política de combate al crimen organizado “alientan las pretensiones intervencionistas de Estados Unidos”.
Sostuvo que la propuesta del senador republicano por Arizona, John MacCain, de enviar militares a la frontera entre ambos países, debe ser rechazada por todos los sectores en México.
Torres solicitó valorar que la violencia provocada por el narcotráfico no ha podido frenarse e instó a Calderón a replantear la estrategia de seguridad que “no funciona”.
La panista Adriana González, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores, indicó que la propuesta de MacCain “quizá ayude a que se atiendan problemas, como el tráfico ilegal de armas” que pasan por esa zona.
Consideró que el envío de la Guardia Nacional de Estados Unidos a la frontera puede ser parte de una nueva estrategia de cooperación, siempre y cuando no se violen derechos humanos y no se aproveche la presencia de militares contra los migrantes.
El vocero del PRI en el Senado, Carlos Jiménez Macías, consideró que la propuesta del legislador estadunidense es un exceso y una señal de hostilidad, que choca con lo expresado por la secretaria de Estado, Hillary Clinton, durante su reciente visita de trabajo a México.
En la Cámara de Diputados los grupos parlamentarios de PRD y PT consideraron inaceptables las disculpas y condolencias ofrecidas por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en nombre del gobierno federal, por los asesinatos de menores de edad víctimas de la guerra del Ejecutivo federal contra el narcotráfico; la más reciente, por la ejecución de diez jóvenes en Durango.
“Los crímenes se explican por la pésima estrategia del gobierno federal y ahora son contra jóvenes y niños. Ya hay hartazgo”, manifestó la vocera del PRD en la Cámara de Diputados, Leticia Quezada Contreras.
Agregó que la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional del Congreso debe “sesionar lo más rápido posible y revisar la pésima estrategia contra el narcotráfico” del gobierno federal.
Con los asesinatos de Durango “Calderón se ha convertido en cómplice silencioso de la muerte de menores de edad y jóvenes en el país. Es una vergüenza que apueste más a combatir el narcotráfico en una guerra de balas a –como hemos planteado– con una política integral de prevención que repare el daño y el tejido social”.
El coordinador del PT, Pedro Vázquez González, sostuvo que Calderón debe ordenar el retiro del Ejército a los cuarteles para replantear la estrategia de seguridad. Dijo que las disculpas ofrecidas por Gómez Mont “carecen de validez, ya que la lucha desigual contra el crimen organizado está cobrando vidas de inocentes”.
El presidente del PRD, Jesús Ortega Martínez, cuestionó que el gobierno federal insista en aplicar una estrategia de combate a la delincuencia organizada cuyos resultados son ejecuciones y ataques contra la sociedad civil.
En un comunicado, criticó que la autoridad federal permita que la delincuencia afecte a la ciudadanía y no detenga a los responsables o evite que estos hechos se repitan. “Hay tozudez del gobierno federal para reconocer que la estrategia contra los grupos delictivos no es efectiva. Las víctimas están resultando jóvenes y niños; la guerra de Calderón ya se trasladó a las escuelas, a los domicilios, a los centros de trabajo y a las familias. Como en las peores guerras, la sociedad civil está siendo vulnerada en sus derechos fundamentales y, lo peor, está siendo asesinada”, afirmó.
Piden legisladores a Calderón no usar el asueto para reprimir a electricistas
Hasta ahora no hay órdenes de aprehensión contra el líder gremial
Alfredo Méndez, Patricia Muñoz, Roberto Garduño y Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Miércoles 31 de marzo de 2010, p. 11
Los informes previos enviados hasta la tarde de ayer por jueces del Distrito Federal a la juez federal en materia de amparo Sandra Leticia Robledo Magaña aseguran que por el momento no existe ninguna orden de aprehensión en contra de Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). En tanto, diputados que forman parte del grupo de mediación entre el SME y el gobierno federal solicitaron, en un comunicado, que la administración de Felipe Calderón no aplique en los días de asueto una acción de fuerza contra los ex trabajadores electricistas.
Fuentes del Poder Judicial Federal (PJF) cercanas al amparo tramitado por los abogados de Esparza indicaron ayer que el líder sindical cuenta por el momento con una suspensión provisional vigente que le concedió la juez Robledo, titular del juzgado primero de distrito en materia de amparo de la ciudad de México.
Sin embargo, aclararon que esa protección provisional dejará de surtir efecto si los jueces locales que han negado la existencia de alguna orden de captura contra el quejoso confirman su dicho. Si sus abogados quieren evitar que pueda ser detenido –en caso de que en los próximos días se emita una orden de aprehensión– es necesario que al menos una vez por semana presenten nuevos amparos contra cualquier posible medida cautelar, recomendaron las fuentes.
Ayer en conferencia, Esparza aseguró que se promovió el amparo “para evitar que nos detengan de manera ilegal”. Dijo que la PGR no le ha notificado de alguna averiguación previa en su contra, y sólo sabe de éstas por algunos medios de comunicación.
Por su parte, el grupo de diputados perredistas que forman parte de la comisión mediadora entre SME y autoridades federales llamó a no usar la fuerza contra los electricistas en estas vacaciones.
“Que no propicie un asunto que se salga de control y vaya a ocurrir un evento que violente aún más el conflicto, pues suele ocurrir así cuando la gente se va a descansar”, dijo el líder de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez. Rodolfo Lara consideró que sería lamentable “que pudiera darse un golpe artero” al gremio, cuando los legisladores buscan contribuir al diálogo para la solución del conflicto.
Alfredo Méndez, Patricia Muñoz, Roberto Garduño y Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Miércoles 31 de marzo de 2010, p. 11
Los informes previos enviados hasta la tarde de ayer por jueces del Distrito Federal a la juez federal en materia de amparo Sandra Leticia Robledo Magaña aseguran que por el momento no existe ninguna orden de aprehensión en contra de Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). En tanto, diputados que forman parte del grupo de mediación entre el SME y el gobierno federal solicitaron, en un comunicado, que la administración de Felipe Calderón no aplique en los días de asueto una acción de fuerza contra los ex trabajadores electricistas.
Fuentes del Poder Judicial Federal (PJF) cercanas al amparo tramitado por los abogados de Esparza indicaron ayer que el líder sindical cuenta por el momento con una suspensión provisional vigente que le concedió la juez Robledo, titular del juzgado primero de distrito en materia de amparo de la ciudad de México.
Sin embargo, aclararon que esa protección provisional dejará de surtir efecto si los jueces locales que han negado la existencia de alguna orden de captura contra el quejoso confirman su dicho. Si sus abogados quieren evitar que pueda ser detenido –en caso de que en los próximos días se emita una orden de aprehensión– es necesario que al menos una vez por semana presenten nuevos amparos contra cualquier posible medida cautelar, recomendaron las fuentes.
Ayer en conferencia, Esparza aseguró que se promovió el amparo “para evitar que nos detengan de manera ilegal”. Dijo que la PGR no le ha notificado de alguna averiguación previa en su contra, y sólo sabe de éstas por algunos medios de comunicación.
Por su parte, el grupo de diputados perredistas que forman parte de la comisión mediadora entre SME y autoridades federales llamó a no usar la fuerza contra los electricistas en estas vacaciones.
“Que no propicie un asunto que se salga de control y vaya a ocurrir un evento que violente aún más el conflicto, pues suele ocurrir así cuando la gente se va a descansar”, dijo el líder de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez. Rodolfo Lara consideró que sería lamentable “que pudiera darse un golpe artero” al gremio, cuando los legisladores buscan contribuir al diálogo para la solución del conflicto.
Activos de LFC, saqueados por contratistas, con anuencia oficial: Martín Esparza
El director del SAE deberá rendir cuentas por este enorme desfalco al erario, sostiene
Afirma que el organismo ya firmó escrituras públicas para entregar “en bloque” bienes a CFE
El pasado 4 de marzo elementos de la Policía Federal retiraron de la sucursal 05 de Luz y Fuerza del Centro, ubicada en la delegación Tlalpan, más de 10 camionetas que se encontraban en el interior, pese a los intentos de integrantes del SME por evitarlo, lo que generó un conato de enfrentamiento en la calle Puente de PiedraFoto Alfredo Domínguez
Patricia Muñoz
Periódico La Jornada
Miércoles 31 de marzo de 2010, p. 11
A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha resuelto sobre el amparo del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) ha permitido y autorizado “que se abran de par en par las puertas de la paraestatal para que las empresas contratistas saquearan camionetas, vehículos, maquinaria, herramienta, materiales como cable en rollo y demás”.
“El saqueo de estos bienes públicos representa un desfalco de millones de pesos al erario” que está siendo aprovechado por estas empresas privadas, aseguró el secretario general del SME, Martín Esparza Flores, y sostuvo que el director del SAE tendrá que rendir cuentas de ello ante los legisladores que integran la comisión especial para revisar el caso del SME en la Cámara de Diputados.
El dirigente explicó que el SME tendrá una reunión el martes próximo con los legisladores que conforman esta comisión, y ahí se presentará esta denuncia. También a esta mesa se llevarán pruebas de que aun cuando continúan diversos procesos legales de este conflicto, los cuales no se han resuelto en forma definitiva, el SAE, adelantándose a las resoluciones judiciales, ya firmó escrituras públicas para entregar “en bloque” todos los activos fijos y bienes muebles de LFC a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En conferencia de prensa, Martín Esparza presentó copia de dichas escrituras, y según aseguró, éstas se hicieron sin inventariar nada, sin cuantificar los bienes, sin hacer avalúos de los terrenos y edificios, ni de los bienes muebles, lo que está totalmente fuera de cualquier normatividad, según sostuvo.
Incluso comentó que además, “en uno de los documentos notariados ya se otorga poderes a la CFE para que pueda realizar los cobros del servicio de energía eléctrica en la zona centro del país”.
Por estas acciones, que “representan un desfalco y robo a la nación”, no sólo deberá dar explicaciones el director del SAE, sino que se pedirá a los legisladores que emitan un punto de acuerdo para que éste comparezca en San Lázaro, al igual que los secretarios de Energía, Georgina Kessel; Hacienda, Ernesto Cordero; del Trabajo, Javier Lozano, y de Economía, Gerardo Ruiz Mateos.
Reinician movilizaciones
Por otra parte, informó que en los próximos días el SME reiniciará movilizaciones. Sólo que ahora serán de trabajadores que marcharán del interior del país al Distrito Federal. Además, van a llevar a cabo una gran movilización nacional con motivo del primero de mayo, Día del Trabajo, en reclamo de que se frene la política antilaboral de este gobierno, y se respeten los derechos de los trabajadores, consagrados en la Constitución y la Ley Federal del Trabajo.
Señaló que el SME no está solo y ahora el gobierno federal ha logrado poner más organizaciones en su contra por la reforma laboral propuesta, en la que prácticamente se reconoce que los trabajadores mexicanos se tienen que resignar a perder prestaciones, derechos, y tener malos salarios, que es lo único que puede ofrecer este gobierno.
El plan de movilizaciones será aprobado este miércoles en la asamblea general convocada por el SME, la cual se llevará a cabo por la tarde en su sede gremial.
Afirma que el organismo ya firmó escrituras públicas para entregar “en bloque” bienes a CFE
El pasado 4 de marzo elementos de la Policía Federal retiraron de la sucursal 05 de Luz y Fuerza del Centro, ubicada en la delegación Tlalpan, más de 10 camionetas que se encontraban en el interior, pese a los intentos de integrantes del SME por evitarlo, lo que generó un conato de enfrentamiento en la calle Puente de PiedraFoto Alfredo Domínguez
Patricia Muñoz
Periódico La Jornada
Miércoles 31 de marzo de 2010, p. 11
A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha resuelto sobre el amparo del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) ha permitido y autorizado “que se abran de par en par las puertas de la paraestatal para que las empresas contratistas saquearan camionetas, vehículos, maquinaria, herramienta, materiales como cable en rollo y demás”.
“El saqueo de estos bienes públicos representa un desfalco de millones de pesos al erario” que está siendo aprovechado por estas empresas privadas, aseguró el secretario general del SME, Martín Esparza Flores, y sostuvo que el director del SAE tendrá que rendir cuentas de ello ante los legisladores que integran la comisión especial para revisar el caso del SME en la Cámara de Diputados.
El dirigente explicó que el SME tendrá una reunión el martes próximo con los legisladores que conforman esta comisión, y ahí se presentará esta denuncia. También a esta mesa se llevarán pruebas de que aun cuando continúan diversos procesos legales de este conflicto, los cuales no se han resuelto en forma definitiva, el SAE, adelantándose a las resoluciones judiciales, ya firmó escrituras públicas para entregar “en bloque” todos los activos fijos y bienes muebles de LFC a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En conferencia de prensa, Martín Esparza presentó copia de dichas escrituras, y según aseguró, éstas se hicieron sin inventariar nada, sin cuantificar los bienes, sin hacer avalúos de los terrenos y edificios, ni de los bienes muebles, lo que está totalmente fuera de cualquier normatividad, según sostuvo.
Incluso comentó que además, “en uno de los documentos notariados ya se otorga poderes a la CFE para que pueda realizar los cobros del servicio de energía eléctrica en la zona centro del país”.
Por estas acciones, que “representan un desfalco y robo a la nación”, no sólo deberá dar explicaciones el director del SAE, sino que se pedirá a los legisladores que emitan un punto de acuerdo para que éste comparezca en San Lázaro, al igual que los secretarios de Energía, Georgina Kessel; Hacienda, Ernesto Cordero; del Trabajo, Javier Lozano, y de Economía, Gerardo Ruiz Mateos.
Reinician movilizaciones
Por otra parte, informó que en los próximos días el SME reiniciará movilizaciones. Sólo que ahora serán de trabajadores que marcharán del interior del país al Distrito Federal. Además, van a llevar a cabo una gran movilización nacional con motivo del primero de mayo, Día del Trabajo, en reclamo de que se frene la política antilaboral de este gobierno, y se respeten los derechos de los trabajadores, consagrados en la Constitución y la Ley Federal del Trabajo.
Señaló que el SME no está solo y ahora el gobierno federal ha logrado poner más organizaciones en su contra por la reforma laboral propuesta, en la que prácticamente se reconoce que los trabajadores mexicanos se tienen que resignar a perder prestaciones, derechos, y tener malos salarios, que es lo único que puede ofrecer este gobierno.
El plan de movilizaciones será aprobado este miércoles en la asamblea general convocada por el SME, la cual se llevará a cabo por la tarde en su sede gremial.
martes, 30 de marzo de 2010
Conciliación y Arbitraje niega emplazamiento a huelga del SME
Redacción Nacional Martes 30 de Marzo, 2010
Hora de creación: 01:36
Ultima modificación: 02:47
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) negó al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) el emplazamiento a huelga presentado contra la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
También rechazó la solicitud de revisión del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) del SME, luego de que el pasado 26 de febrero el gremio presentará ante la JFCA un emplazamiento a huelga por el que pretendía obtener la revisión de dicho contrato que el sindicato tenía con LyFC antes del decreto del decreto presidencial que ordenó su extinción y liquidación.
La JFCA, tras analizar la documentación presentada por el SME, consideró improcedente la solicitud de exigir la revisión del CCT, en virtud de que por decreto del gobierno federal, el 10 de octubre del 2009, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 del mismo mes y año, se extinguió LyFC.
Por tanto, es un hecho público y notorio que no se encuentra a prueba, informó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Al respecto, la Ley Federal del Trabajo establece como condición indispensable para la procedencia de esta tipo de solicitudes que exista un contrato que sea susceptible de ser revisado.
El sindicato de electricistas dirigió sus peticiones indistintamente a LyFC, al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El contrato de LyFC dejó de tener vigencia con motivo del decreto del presidente Felipe Calderón en 2009, y por lo que toca a CFE y SAE, el SME nunca ha tenido una relación contractual con dichos organismos.
A consecuencia de que dicho sindicato no satisfizo los requisitos que señala ley laboral en sus artículos 920 y 923, la JFCA determinó negar el tramite al pretendido emplazamiento a huelga y ordenó el archivo del expediente como asunto definitivamente concluido.
fuente: la cronica
Hora de creación: 01:36
Ultima modificación: 02:47
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) negó al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) el emplazamiento a huelga presentado contra la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
También rechazó la solicitud de revisión del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) del SME, luego de que el pasado 26 de febrero el gremio presentará ante la JFCA un emplazamiento a huelga por el que pretendía obtener la revisión de dicho contrato que el sindicato tenía con LyFC antes del decreto del decreto presidencial que ordenó su extinción y liquidación.
La JFCA, tras analizar la documentación presentada por el SME, consideró improcedente la solicitud de exigir la revisión del CCT, en virtud de que por decreto del gobierno federal, el 10 de octubre del 2009, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 del mismo mes y año, se extinguió LyFC.
Por tanto, es un hecho público y notorio que no se encuentra a prueba, informó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Al respecto, la Ley Federal del Trabajo establece como condición indispensable para la procedencia de esta tipo de solicitudes que exista un contrato que sea susceptible de ser revisado.
El sindicato de electricistas dirigió sus peticiones indistintamente a LyFC, al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El contrato de LyFC dejó de tener vigencia con motivo del decreto del presidente Felipe Calderón en 2009, y por lo que toca a CFE y SAE, el SME nunca ha tenido una relación contractual con dichos organismos.
A consecuencia de que dicho sindicato no satisfizo los requisitos que señala ley laboral en sus artículos 920 y 923, la JFCA determinó negar el tramite al pretendido emplazamiento a huelga y ordenó el archivo del expediente como asunto definitivamente concluido.
fuente: la cronica
México SA
Un deudor en cada hijo te dio
34 mil 577 pesos por cabeza
El histérico candidato panista
Carlos Fernández-Vega
¡Felicidades!, mexicanos creyentes del discurso sobre la recuperación” (léase “lo peor ya pasó”), porque su deuda por cabeza aumentó la friolera de 83 por ciento sólo en el primer trienio del calderonato, es decir, cuando la promesa electoral de “para vivir mejor” es más tangible que nunca. Así es: por cortesía del inquilino de Los Pinos y su “muy buen equipo económico, tal vez el mejor” (adivinen de quién es la frase), cada una de las 107 millones de personas (en números cerrados) que habita esta gloriosa República sobre su espalda obligadamente carga un débito que no solicitó, del que no fue notificado y, lo que es peor, cuyo potencial beneficio no se registra por ninguna parte.
Cómo no recordar a cierto candidato panista que histérico advertía a los electores sobre “el peligro” que para el país representaba “el creciente saldo” de la deuda pública del Distrito Federal. Pues bien, ese mismo personaje terminó en Los Pinos (haiga sido como haiga sido), y por completo “olvidó” aquello de la “enorme deuda”, toda vez que a cada peso que los mexicanos ya debían él hizo la hombrada de aumentarles otros 83 centavos en sólo tres años con el fin, se supone, de “vivir mejor”. (No se incluyen la contratación de una línea de crédito “preventiva” –léase por si las moscas– de 48 mil millones de dólares con el FMI).
Las cifras más recientes de la Secretaría de Hacienda (diciembre de 2009, el año del “catarrito”) revelan que cada uno de los 107 millones de mexicanos (incluidos los recién nacidos) debe 34 mil 577 pesos por concepto de deuda del sector público federal, es decir, 83 por ciento más con respecto a los 18 mil 912 pesos que adeudaba el primer día de diciembre de 2006 (en aquel entonces se contabilizaban 105 millones de paisanos), cuando el histérico candidato panista devino inquilino de Los Pinos. Así es, en tres años este personaje de la zarzuela política mexicana muy cerca estuvo de lograr la duplicación del débito del sector público: de un billón 985 mil 730 millones de pesos aquel primer día de diciembre de 2006, a 3 billones 708.37 millones el último día de 2009 (y contando), sin que para efectos de crecimiento económico y bienestar social de los pagadores se registre para qué se contrató y dónde quedó.
Para efectos de medición, en diciembre de 2006 el débito del sector público federal representó alrededor de 20 por ciento del producto interno bruto; tres años después, esa proporción creció a 30 por ciento, un récord nada despreciable para un histérico que gritaba a los cuatro vientos sobre el “peligro del creciente saldo” de la deuda del Distrito Federal, la cual, dicho sea de paso, se ha incrementado algo así como 7 por ciento en igual periodo, contra 83 por ciento de la relativa al sector público federal. Tan sólo en el año del “catarrito” el saldo de la deuda del sector público federal (sin incluir Pidiregas, que significan poco más de 850 mil millones de pesos) se incrementó en 260 mil millones de pesos, algo así como 2 mil 430 pesos por mexicano. De 2008 a 2009 el débito total –interno y externo– se incrementó en casi 10 puntos porcentuales del PIB; la deuda externa aumentó de 2.7 a 9.8 por ciento como proporción del producto interno bruto.
Por lo que toca al costo financiero de la deuda del sector público federal, en 2009 de las arcas nacionales salieron 263 mil 45.4 millones de pesos (16 por ciento más que en 2008), de los que 88 por ciento (88 centavos por cada peso) se destinó al pago de intereses, comisiones y gastos. Por esta gracia, cada mexicano aportó –con gusto o sin él– casi 2 mil 460 pesos, monto 28 por ciento superior a los mil 933 que por el mismo concepto pagaron en 2006.
Con el espléndido resultado que en materia de endeudamiento público ofrece el inquilino de Los Pinos, con base en la más reciente numeralia de la Secretaría de Hacienda, cada uno de los mexicanos, amén de feliz, debe apartar 94.73 pesos diarios (incluyendo sábados, domingos y días festivos) para cubrir “su parte” en lo que se refiere a débito del sector público federal (que incluye la deuda neta del gobierno federal, los organismos y empresas controladas y la banca de desarrollo; aparte hay que considerar su rebanada por endeudamiento estatal y municipal). La mayoría de los habitantes de este país no tiene para comer, comprar calzones, pagar sus propias deudas, o vivir medianamente, pero eso sí el susodicho histérico los obliga a destinar una gruesa rebanada de su enclenque ingreso para que el señor pueda repetir incansablemente que la “recuperación” ya llegó, ya está aquí” y que “lo peor ya pasó”. Ustedes dirán.
Desde aquella pomposa ceremonia de febrero de 1990, cuando la dupla Carlos Salinas de Gortari y Pedro Aspe anunció la “renegociación definitiva de la deuda” y que ésta, por lo mismo, era “un problema superado” (frase que repitió Vicente Fox hasta el cansancio), el saldo del débito público no ha dejado de crecer, mucho menos el pago por concepto de intereses. El problema adicional es que el endeudamiento se utiliza para pagar deuda (en realidad intereses de la misma) y el efecto positivo de esta política (crecimiento económico, infraestructura, educación, generación de empleo, beneficio social, desarrollo, pues) no se ve por ninguna parte. Lo anterior, tal vez, porque el gobierno sabe que nadie se queja, nadie pregunta, y que al final de cuentas los mexicanos pagan puntualmente, les guste o no, que para eso están. Total, pienso, ¡oh patria querida!, que el cielo un deudor en cada hijo te dio.
En vía de mientras, mexicanos boyantes, gocen de la “recuperación” calderonista, celebren que “lo peor ya pasó”, que la crisis “es externa”, pero eso sí por favorcito vayan juntando sus 34 mil 577 pesotes por cabeza (más de 600 salarios mínimos del Distrito Federal) para que “vivan mejor”, y de pasadita el gobierno del histérico panista pueda pagar sus crecientes intereses.
Las rebanadas del pastel
Barbarie tras barbarie, la ola de terror recorre el mundo. Como siempre, el objetivo no fue militar, sino civil. Ayer la población estadunidense, española e inglesa; hoy los indefensos usuarios del hermosísimo Metro de Moscú. Y del otro lado, la barbarie institucionalizada; Irak, Afganistán, Chechenia y los que se les ocurran.
cfvmexico_sa@hotmail.com - mexicosa@infinitum.com.mx
34 mil 577 pesos por cabeza
El histérico candidato panista
Carlos Fernández-Vega
¡Felicidades!, mexicanos creyentes del discurso sobre la recuperación” (léase “lo peor ya pasó”), porque su deuda por cabeza aumentó la friolera de 83 por ciento sólo en el primer trienio del calderonato, es decir, cuando la promesa electoral de “para vivir mejor” es más tangible que nunca. Así es: por cortesía del inquilino de Los Pinos y su “muy buen equipo económico, tal vez el mejor” (adivinen de quién es la frase), cada una de las 107 millones de personas (en números cerrados) que habita esta gloriosa República sobre su espalda obligadamente carga un débito que no solicitó, del que no fue notificado y, lo que es peor, cuyo potencial beneficio no se registra por ninguna parte.
Cómo no recordar a cierto candidato panista que histérico advertía a los electores sobre “el peligro” que para el país representaba “el creciente saldo” de la deuda pública del Distrito Federal. Pues bien, ese mismo personaje terminó en Los Pinos (haiga sido como haiga sido), y por completo “olvidó” aquello de la “enorme deuda”, toda vez que a cada peso que los mexicanos ya debían él hizo la hombrada de aumentarles otros 83 centavos en sólo tres años con el fin, se supone, de “vivir mejor”. (No se incluyen la contratación de una línea de crédito “preventiva” –léase por si las moscas– de 48 mil millones de dólares con el FMI).
Las cifras más recientes de la Secretaría de Hacienda (diciembre de 2009, el año del “catarrito”) revelan que cada uno de los 107 millones de mexicanos (incluidos los recién nacidos) debe 34 mil 577 pesos por concepto de deuda del sector público federal, es decir, 83 por ciento más con respecto a los 18 mil 912 pesos que adeudaba el primer día de diciembre de 2006 (en aquel entonces se contabilizaban 105 millones de paisanos), cuando el histérico candidato panista devino inquilino de Los Pinos. Así es, en tres años este personaje de la zarzuela política mexicana muy cerca estuvo de lograr la duplicación del débito del sector público: de un billón 985 mil 730 millones de pesos aquel primer día de diciembre de 2006, a 3 billones 708.37 millones el último día de 2009 (y contando), sin que para efectos de crecimiento económico y bienestar social de los pagadores se registre para qué se contrató y dónde quedó.
Para efectos de medición, en diciembre de 2006 el débito del sector público federal representó alrededor de 20 por ciento del producto interno bruto; tres años después, esa proporción creció a 30 por ciento, un récord nada despreciable para un histérico que gritaba a los cuatro vientos sobre el “peligro del creciente saldo” de la deuda del Distrito Federal, la cual, dicho sea de paso, se ha incrementado algo así como 7 por ciento en igual periodo, contra 83 por ciento de la relativa al sector público federal. Tan sólo en el año del “catarrito” el saldo de la deuda del sector público federal (sin incluir Pidiregas, que significan poco más de 850 mil millones de pesos) se incrementó en 260 mil millones de pesos, algo así como 2 mil 430 pesos por mexicano. De 2008 a 2009 el débito total –interno y externo– se incrementó en casi 10 puntos porcentuales del PIB; la deuda externa aumentó de 2.7 a 9.8 por ciento como proporción del producto interno bruto.
Por lo que toca al costo financiero de la deuda del sector público federal, en 2009 de las arcas nacionales salieron 263 mil 45.4 millones de pesos (16 por ciento más que en 2008), de los que 88 por ciento (88 centavos por cada peso) se destinó al pago de intereses, comisiones y gastos. Por esta gracia, cada mexicano aportó –con gusto o sin él– casi 2 mil 460 pesos, monto 28 por ciento superior a los mil 933 que por el mismo concepto pagaron en 2006.
Con el espléndido resultado que en materia de endeudamiento público ofrece el inquilino de Los Pinos, con base en la más reciente numeralia de la Secretaría de Hacienda, cada uno de los mexicanos, amén de feliz, debe apartar 94.73 pesos diarios (incluyendo sábados, domingos y días festivos) para cubrir “su parte” en lo que se refiere a débito del sector público federal (que incluye la deuda neta del gobierno federal, los organismos y empresas controladas y la banca de desarrollo; aparte hay que considerar su rebanada por endeudamiento estatal y municipal). La mayoría de los habitantes de este país no tiene para comer, comprar calzones, pagar sus propias deudas, o vivir medianamente, pero eso sí el susodicho histérico los obliga a destinar una gruesa rebanada de su enclenque ingreso para que el señor pueda repetir incansablemente que la “recuperación” ya llegó, ya está aquí” y que “lo peor ya pasó”. Ustedes dirán.
Desde aquella pomposa ceremonia de febrero de 1990, cuando la dupla Carlos Salinas de Gortari y Pedro Aspe anunció la “renegociación definitiva de la deuda” y que ésta, por lo mismo, era “un problema superado” (frase que repitió Vicente Fox hasta el cansancio), el saldo del débito público no ha dejado de crecer, mucho menos el pago por concepto de intereses. El problema adicional es que el endeudamiento se utiliza para pagar deuda (en realidad intereses de la misma) y el efecto positivo de esta política (crecimiento económico, infraestructura, educación, generación de empleo, beneficio social, desarrollo, pues) no se ve por ninguna parte. Lo anterior, tal vez, porque el gobierno sabe que nadie se queja, nadie pregunta, y que al final de cuentas los mexicanos pagan puntualmente, les guste o no, que para eso están. Total, pienso, ¡oh patria querida!, que el cielo un deudor en cada hijo te dio.
En vía de mientras, mexicanos boyantes, gocen de la “recuperación” calderonista, celebren que “lo peor ya pasó”, que la crisis “es externa”, pero eso sí por favorcito vayan juntando sus 34 mil 577 pesotes por cabeza (más de 600 salarios mínimos del Distrito Federal) para que “vivan mejor”, y de pasadita el gobierno del histérico panista pueda pagar sus crecientes intereses.
Las rebanadas del pastel
Barbarie tras barbarie, la ola de terror recorre el mundo. Como siempre, el objetivo no fue militar, sino civil. Ayer la población estadunidense, española e inglesa; hoy los indefensos usuarios del hermosísimo Metro de Moscú. Y del otro lado, la barbarie institucionalizada; Irak, Afganistán, Chechenia y los que se les ocurran.
cfvmexico_sa@hotmail.com - mexicosa@infinitum.com.mx
El taxi, tabla de salvación para profesionistas, amas de casa y ex trabajadores de LFC
Egresa primer grupo de operadores del transporte público en el Distrito Federal
En este medio han encontrado la forma de salir adelante o completar sus ingresos: Rocío Mejía
Para poder manejar un taxi, o cualquier otro medio de transporte público, los aspirantes deben presentar primero diversos exámenes, como el médico, capacitación en desarrollo humano, educación vial, funcionamiento de los vehículos, normatividad y habilidades de conducciónFoto Marco Peláez
Laura Gómez Flores
Periódico La Jornada
Martes 30 de marzo de 2010, p. 32
El taxi se convirtió en refugio o tabla de salvación para profesionistas, amas de casa y, más recientemente, ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC), que encontraron en este medio de transporte una forma de salir adelante o completar sus ingresos, señaló la directora del Centro para el Fomento de la Educación y Salud de los Operarios del Transporte Público de la Ciudad de México (Cenfes), Rocío Mejía Flores.
La crisis económica provocó que en los meses recientes decenas de personas de entre 18 y 80 años de edad se incorporarán a este sector “pulverizado y ninguneado”, ante el continúo cierre de empresas, despidos o rotación de personal, aunque su número fue menor respecto del universo de solicitantes, al presentar problemas de obesidad, sobrepeso, presión alta, colesterol y/o consumir mariguana o cocaína.
La evaluación médica integral que se les realiza en el módulo de la Secretaría de Transporte y Vialidad de El Coyol permitió detectar esos problemas y canalizarlos a instituciones de salud acreditadas para atenderse o integrarse a un proceso de rehabilitación.
Los que cumplieron con su tratamiento pudieron continuar su proceso de capacitación en desarrollo humano, educación vial, funcionamiento de los vehículos, salud laboral y normatividad, en el módulo de La Virgen, y de habilidades en el paradero de Santa Anita, donde algunos de los aspirantes tuvieron que presentarlo hasta tres veces, sin costo extra.
Hasta el momento, destacó, 76 mil 738 operadores de taxis, colectivos, especializados, carga, transporte escolar y de valores –de un total de 250 mil– han cumplido con este proceso para obtener su licencia tarjetón, que les ha implicado “estar en las aulas entre ocho y 14 horas, dependiendo si se trata de su expedición por primera vez o revalidación, y un pago promedio de tres mil pesos entre derechos y evaluaciones”.
Con ello se garantiza que son aptos para conducir y reducir el número de accidentes viales, lo cual se ha logrado, y el primer grupo de taxistas egresados de este sistema de valoración pionero en el país, que regresará en octubre por su nuevo tarjetón, podrá acceder a una certificación de competencia laboral, documento que “les permitirá ingresar a una empresa o simplemente que su labor de 10 o 25 años sea reconocida por las autoridades”.
En muchos casos, comentó, “ser taxista es una tradición familiar, en otros una necesidad para salir adelante, ante la falta de oportunidades en el mercado laboral, por falta de experiencia o estudios, pues 67 por ciento cuentan con primaria y secundaria; 25 por ciento, preparatoria, y sólo ocho por ciento tiene una carrera técnica o universitaria, y requieren completar sus ingresos”.
Tan sólo en los meses recientes se detectó un número importante de ex trabajadores de Luz y Fuerza que solicitaron su licencia tarjetón, para conducir un taxi, que “se ha convertido en un escape laboral para cientos de personas, lo que nos obliga a elevar su autoestima. Estar detrás del volante hasta 18 horas al día ha permitido a cientos de familias que dependen de esta actividad darles una carrera a sus hijos y permitirles que sobresalgan en el ámbito financiero, cultural o industrial. Por lo que no debe ser ninguneada nunca mas”, afirmó.
En este medio han encontrado la forma de salir adelante o completar sus ingresos: Rocío Mejía
Para poder manejar un taxi, o cualquier otro medio de transporte público, los aspirantes deben presentar primero diversos exámenes, como el médico, capacitación en desarrollo humano, educación vial, funcionamiento de los vehículos, normatividad y habilidades de conducciónFoto Marco Peláez
Laura Gómez Flores
Periódico La Jornada
Martes 30 de marzo de 2010, p. 32
El taxi se convirtió en refugio o tabla de salvación para profesionistas, amas de casa y, más recientemente, ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC), que encontraron en este medio de transporte una forma de salir adelante o completar sus ingresos, señaló la directora del Centro para el Fomento de la Educación y Salud de los Operarios del Transporte Público de la Ciudad de México (Cenfes), Rocío Mejía Flores.
La crisis económica provocó que en los meses recientes decenas de personas de entre 18 y 80 años de edad se incorporarán a este sector “pulverizado y ninguneado”, ante el continúo cierre de empresas, despidos o rotación de personal, aunque su número fue menor respecto del universo de solicitantes, al presentar problemas de obesidad, sobrepeso, presión alta, colesterol y/o consumir mariguana o cocaína.
La evaluación médica integral que se les realiza en el módulo de la Secretaría de Transporte y Vialidad de El Coyol permitió detectar esos problemas y canalizarlos a instituciones de salud acreditadas para atenderse o integrarse a un proceso de rehabilitación.
Los que cumplieron con su tratamiento pudieron continuar su proceso de capacitación en desarrollo humano, educación vial, funcionamiento de los vehículos, salud laboral y normatividad, en el módulo de La Virgen, y de habilidades en el paradero de Santa Anita, donde algunos de los aspirantes tuvieron que presentarlo hasta tres veces, sin costo extra.
Hasta el momento, destacó, 76 mil 738 operadores de taxis, colectivos, especializados, carga, transporte escolar y de valores –de un total de 250 mil– han cumplido con este proceso para obtener su licencia tarjetón, que les ha implicado “estar en las aulas entre ocho y 14 horas, dependiendo si se trata de su expedición por primera vez o revalidación, y un pago promedio de tres mil pesos entre derechos y evaluaciones”.
Con ello se garantiza que son aptos para conducir y reducir el número de accidentes viales, lo cual se ha logrado, y el primer grupo de taxistas egresados de este sistema de valoración pionero en el país, que regresará en octubre por su nuevo tarjetón, podrá acceder a una certificación de competencia laboral, documento que “les permitirá ingresar a una empresa o simplemente que su labor de 10 o 25 años sea reconocida por las autoridades”.
En muchos casos, comentó, “ser taxista es una tradición familiar, en otros una necesidad para salir adelante, ante la falta de oportunidades en el mercado laboral, por falta de experiencia o estudios, pues 67 por ciento cuentan con primaria y secundaria; 25 por ciento, preparatoria, y sólo ocho por ciento tiene una carrera técnica o universitaria, y requieren completar sus ingresos”.
Tan sólo en los meses recientes se detectó un número importante de ex trabajadores de Luz y Fuerza que solicitaron su licencia tarjetón, para conducir un taxi, que “se ha convertido en un escape laboral para cientos de personas, lo que nos obliga a elevar su autoestima. Estar detrás del volante hasta 18 horas al día ha permitido a cientos de familias que dependen de esta actividad darles una carrera a sus hijos y permitirles que sobresalgan en el ámbito financiero, cultural o industrial. Por lo que no debe ser ninguneada nunca mas”, afirmó.
Burócratas arremeten contra la propuesta panista de reforma laboral
Denuncian que es una transgresión a la autonomía de los sindicatos
El 18 de marzo pasado, diputados y senadores panistas presentaron su iniciativa de reforma laboral en San Lázaro. Desde entonces ha ocasionado reacciones encontradas, aunque las críticas son mayoríaFoto Cristina Rodríguez
Patricia Muñoz Ríos y Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Martes 30 de marzo de 2010, p. 11
“Transgrede la autonomía de los sindicatos” la propuesta de reforma laboral presentada por el Partido Acción Nacional (PAN), señaló el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), José Luis Rodríguez Camacho, luego de sostener que esta iniciativa propone aspectos jurídicos que afectan a los trabajadores del apartado B, es decir, a los que están al servicio del Estado.
En cambio, para el coordinador de los senadores del PAN, Gustavo Madero, la reforma a la Ley Federal del Trabajo busca modernizar el marco regulatorio para los sectores laboral y productivo, para generar mejores oportunidades de crecimiento, y sostuvo que el artículo 123 constitucional “es intocable”.
El dirigente sindical señaló que se creó un grupo de trabajo que analizará a fondo la iniciativa, para ver el alcance de las repercusiones jurídicas que tendría para los trabajadores del sector gubernamental los cambios que plantean los legisladores panistas, y no descartó que la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) presente su propia propuesta de ley.
Tras informar que el ISSSTE autorizará la contratación de 2 mil 500 nuevas plazas para este año, Rodríguez Camacho expuso que no están dadas las condiciones para que la reforma propuesta por legisladores de Acción Nacional pueda discutirse en el pleno de la Cámara de Diputados.
El plan del PAN “toca aspectos como los estatutos de las organizaciones sindicales, con lo que obviamente no estamos de acuerdo” y consideró difícil que se concrete pronto una nueva reforma laboral.
Madero, por su lado, llamó a no confundir a la opinión pública, ya que, dijo, la reforma propuesta no contiene ningún apartado de modificaciones al 123 constitucional, por ello no permitiremos que “los detractores de esta modificación, traten de confundir a la población con argumentos sin sustento”.
La reforma laboral “es precisa y transparente”, los posicionamientos de los diputados federales de Acción Nacional son claros y congruentes con la propuesta y sólo se busca modernizar el marco legal para mejorar las condiciones de empleo y de competitividad”.
Sostuvo que por lo que respecta a los trabajadores sindicalizados, la reforma incluye mecanismos de transparencia para que los agremiados tengan acceso e información de la situación que guardan las aportaciones de sus cuotas y para que tengan plena certeza del destino final que se les da.
El 18 de marzo pasado, diputados y senadores panistas presentaron su iniciativa de reforma laboral en San Lázaro. Desde entonces ha ocasionado reacciones encontradas, aunque las críticas son mayoríaFoto Cristina Rodríguez
Patricia Muñoz Ríos y Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Martes 30 de marzo de 2010, p. 11
“Transgrede la autonomía de los sindicatos” la propuesta de reforma laboral presentada por el Partido Acción Nacional (PAN), señaló el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), José Luis Rodríguez Camacho, luego de sostener que esta iniciativa propone aspectos jurídicos que afectan a los trabajadores del apartado B, es decir, a los que están al servicio del Estado.
En cambio, para el coordinador de los senadores del PAN, Gustavo Madero, la reforma a la Ley Federal del Trabajo busca modernizar el marco regulatorio para los sectores laboral y productivo, para generar mejores oportunidades de crecimiento, y sostuvo que el artículo 123 constitucional “es intocable”.
El dirigente sindical señaló que se creó un grupo de trabajo que analizará a fondo la iniciativa, para ver el alcance de las repercusiones jurídicas que tendría para los trabajadores del sector gubernamental los cambios que plantean los legisladores panistas, y no descartó que la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) presente su propia propuesta de ley.
Tras informar que el ISSSTE autorizará la contratación de 2 mil 500 nuevas plazas para este año, Rodríguez Camacho expuso que no están dadas las condiciones para que la reforma propuesta por legisladores de Acción Nacional pueda discutirse en el pleno de la Cámara de Diputados.
El plan del PAN “toca aspectos como los estatutos de las organizaciones sindicales, con lo que obviamente no estamos de acuerdo” y consideró difícil que se concrete pronto una nueva reforma laboral.
Madero, por su lado, llamó a no confundir a la opinión pública, ya que, dijo, la reforma propuesta no contiene ningún apartado de modificaciones al 123 constitucional, por ello no permitiremos que “los detractores de esta modificación, traten de confundir a la población con argumentos sin sustento”.
La reforma laboral “es precisa y transparente”, los posicionamientos de los diputados federales de Acción Nacional son claros y congruentes con la propuesta y sólo se busca modernizar el marco legal para mejorar las condiciones de empleo y de competitividad”.
Sostuvo que por lo que respecta a los trabajadores sindicalizados, la reforma incluye mecanismos de transparencia para que los agremiados tengan acceso e información de la situación que guardan las aportaciones de sus cuotas y para que tengan plena certeza del destino final que se les da.
El gobierno de Calderón mantiene a la baja la generación de energía eléctrica
Su estrategia ha consistido en incrementar sus compras a empresas privadas: ASF
La auditoría superior alerta sobre la creciente ociosidad de las plantas instaladas en el país
Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Martes 30 de marzo de 2010, p. 10
El gobierno de Felipe Calderón ha reducido la generación de energía eléctrica por conducto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que sólo en 2008 incrementó 6.9 por ciento la ociosidad de sus plantas instaladas en el país, mientras que los productores privados aumentaron su participación en el mercado, al generar la mitad de gigavatios distribuidos por la paraestatal, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Como resultado de la revisión al Informe de la cuenta pública 2008, la auditoría encontró que, en ese año, 87.5 por ciento de la capacidad instalada de la CFE estuvo disponible para generar energía, pero sólo operó 45.4 por ciento, lo cual refleja que 42.1 por ciento no se utilizó.
Al respecto, el diputado José Narro Céspedes (PRD) refirió que la administración calderonista persiste en la práctica iniciada en el sexenio de Vicente Fox Quesada de privatizar la generación de energía eléctrica.
“De acuerdo con la capacidad de generación comprometida del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), en el periodo 2003-2008 la capacidad de generación comprometida disminuyó 74.1 por ciento”, refirió en entrevista.
En una revisión de los informes de la ASF, a partir de las auditorías practicadas a la CFE y a la extinta Luz y Fuerza del Centro, Narro Céspedes sostuvo que a pesar de la deliberada disminución en la generación de energía, el sector eléctrico mexicano “se encuentra operando con niveles altos de márgenes de reserva”.
En el periodo enero-junio de 2008 se registró un margen de reserva de 42.5 por ciento, mientras que el operativo fue 15.4 por ciento, lo cual representa –dijo– un superávit en la disponibilidad de capacidad de generación de electricidad. Esa situación, explicó, implica capacidad instalada ociosa que puede representar altos costos de producción.
Sobre este punto, en la auditoría que practicó la ASF a la disponibilidad de centrales de generación de la CFE, se detalló que durante 2008 la demanda de energía eléctrica no evolucionó conforme a las perspectivas del Plan Nacional de Desarrollo, lo cual explica los márgenes de reserva.
En una gráfica incluida en el informe, el órgano fiscalizador refirió que el consumo de energía programada para ese año fue de 206 mil 704 gigavatios, y el consumo fue de 196 mil 381.
Aun así, refirió, el gobierno echó a andar la construcción de cinco proyectos más de centrales generadoras de energía, con lo cual la CFE incrementará en 2 mil 239.2 megavatios su capacidad de producción, 4.4 por ciento más, entre marzo de 2009 y junio de 2012.
Durante 2008, refirió la auditoría, la CFE contó con un presupuesto de 79 mil 36 millones 920 mil pesos, con la finalidad de “contar con suficiente capacidad de generación de energía eléctrica, mediante un adecuado mantenimiento en su infraestructura para garantizar su operación en el SEN”.
En el desagregado por tipo de generación, la ASF informó que las unidades hidroeléctricas tuvieron una eficiencia de 42.6 por ciento, las térmicas de 56.1 y las eólicas 34.2 por ciento.
En el caso de las hidroeléctricas, tuvieron una capacidad efectiva de generación de 88 mil 735.5 megavatios y sólo generó 37 mil 839, por lo que sólo utilizó 42.6 por ciento de la energía disponible.
Las centrales térmicas tuvieron una capacidad de generación de 194 mil 893.3 megavatios y generaron 109 mil 267, 56.1 por ciento; las eoloeléctricas 745.3 gigavatios y sólo produjeron 245, 34.2 por ciento. En total, la Subdirección de Generación de la CFE reportó una generación de 137 mil 13.7 gigavatios.
En contraste, los productores independientes –que además de generar la energía que consumen venden sus excedentes a la CFE– contaron con una capacidad de generación de 88 mil 108.01 gigavatios y produjeron 74 mil 232, una utilización de 84.3 por ciento.
Esto representó 50.4 por ciento de los gigavatios reportados por la Subdirección de Generación de CFE.
La auditoría superior alerta sobre la creciente ociosidad de las plantas instaladas en el país
Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Martes 30 de marzo de 2010, p. 10
El gobierno de Felipe Calderón ha reducido la generación de energía eléctrica por conducto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que sólo en 2008 incrementó 6.9 por ciento la ociosidad de sus plantas instaladas en el país, mientras que los productores privados aumentaron su participación en el mercado, al generar la mitad de gigavatios distribuidos por la paraestatal, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Como resultado de la revisión al Informe de la cuenta pública 2008, la auditoría encontró que, en ese año, 87.5 por ciento de la capacidad instalada de la CFE estuvo disponible para generar energía, pero sólo operó 45.4 por ciento, lo cual refleja que 42.1 por ciento no se utilizó.
Al respecto, el diputado José Narro Céspedes (PRD) refirió que la administración calderonista persiste en la práctica iniciada en el sexenio de Vicente Fox Quesada de privatizar la generación de energía eléctrica.
“De acuerdo con la capacidad de generación comprometida del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), en el periodo 2003-2008 la capacidad de generación comprometida disminuyó 74.1 por ciento”, refirió en entrevista.
En una revisión de los informes de la ASF, a partir de las auditorías practicadas a la CFE y a la extinta Luz y Fuerza del Centro, Narro Céspedes sostuvo que a pesar de la deliberada disminución en la generación de energía, el sector eléctrico mexicano “se encuentra operando con niveles altos de márgenes de reserva”.
En el periodo enero-junio de 2008 se registró un margen de reserva de 42.5 por ciento, mientras que el operativo fue 15.4 por ciento, lo cual representa –dijo– un superávit en la disponibilidad de capacidad de generación de electricidad. Esa situación, explicó, implica capacidad instalada ociosa que puede representar altos costos de producción.
Sobre este punto, en la auditoría que practicó la ASF a la disponibilidad de centrales de generación de la CFE, se detalló que durante 2008 la demanda de energía eléctrica no evolucionó conforme a las perspectivas del Plan Nacional de Desarrollo, lo cual explica los márgenes de reserva.
En una gráfica incluida en el informe, el órgano fiscalizador refirió que el consumo de energía programada para ese año fue de 206 mil 704 gigavatios, y el consumo fue de 196 mil 381.
Aun así, refirió, el gobierno echó a andar la construcción de cinco proyectos más de centrales generadoras de energía, con lo cual la CFE incrementará en 2 mil 239.2 megavatios su capacidad de producción, 4.4 por ciento más, entre marzo de 2009 y junio de 2012.
Durante 2008, refirió la auditoría, la CFE contó con un presupuesto de 79 mil 36 millones 920 mil pesos, con la finalidad de “contar con suficiente capacidad de generación de energía eléctrica, mediante un adecuado mantenimiento en su infraestructura para garantizar su operación en el SEN”.
En el desagregado por tipo de generación, la ASF informó que las unidades hidroeléctricas tuvieron una eficiencia de 42.6 por ciento, las térmicas de 56.1 y las eólicas 34.2 por ciento.
En el caso de las hidroeléctricas, tuvieron una capacidad efectiva de generación de 88 mil 735.5 megavatios y sólo generó 37 mil 839, por lo que sólo utilizó 42.6 por ciento de la energía disponible.
Las centrales térmicas tuvieron una capacidad de generación de 194 mil 893.3 megavatios y generaron 109 mil 267, 56.1 por ciento; las eoloeléctricas 745.3 gigavatios y sólo produjeron 245, 34.2 por ciento. En total, la Subdirección de Generación de la CFE reportó una generación de 137 mil 13.7 gigavatios.
En contraste, los productores independientes –que además de generar la energía que consumen venden sus excedentes a la CFE– contaron con una capacidad de generación de 88 mil 108.01 gigavatios y produjeron 74 mil 232, una utilización de 84.3 por ciento.
Esto representó 50.4 por ciento de los gigavatios reportados por la Subdirección de Generación de CFE.
AI insta a México a acatar fallo del Comité de Derechos Humanos de la ONU
Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Martes 30 de marzo de 2010, p. 6
Amnistía Internacional (AI) instó al Estado mexicano a dar cumplimiento efectivo a las 19 recomendaciones que le formuló el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre ellas: reformar la Constitución para que esté en consonancia con las normas internacionales en la materia e impedir que cualquier modificación a la Ley Nacional de Seguridad Pública debilite las garantías consagradas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El Estado mexicano, insistió AI, debe modificar el Código de Justicia Militar con el fin de que todas las violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas armadas sean juzgadas por autoridades civiles.
Asimismo, debe tipificar los delitos de desaparición forzada y tortura, “tal como se define en los instrumentos internacionales”, así como armonizar con dicho pacto la legislación sobre el aborto en todos los estados y asegurar la aplicación de la norma oficial mexicana 046 (sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres).
Además, debe acelerar la reforma del sistema de justicia para acabar con el uso de la tortura y garantizar la presunción de inocencia, así como evitar que cualquier reforma a la Ley Nacional de Seguridad Pública debilite los derechos consagrados en el pacto mencionado.
Preocupa falta de progreso en la aplicación de recomendaciones
El 26 de marzo pasado, el Comité de Derechos Humanos de la ONU manifestó su preocupación por la falta de progresos significativos en la aplicación de las recomendaciones que hizo llegar al Estado mexicano, incluidas las relativas a la violencia contra las mujeres, el despliegue de las fuerzas armadas para garantizar la seguridad pública y la falta de protección a los defensores de las garantías fundamentales, así como a los periodistas.
El comité lamentó que subsistan muchos motivos de preocupación, y recordó que “las disposiciones del pacto serán aplicables a todas las partes componentes de los estados federales, sin limitación ni excepción alguna”, y deploró que “la delegación –del gobierno mexicano ante el comité– no haya podido indicar un plazo específico para terminar la propuesta de reformas a la Constitución”.
AI subraya que las recomendaciones que se hicieron a México son un llamado más a las autoridades para cumplir con sus obligaciones adquiridas mediante distintos instrumentos internacionales de garantías.
Recuerda la organización internacional de derechos humanos que el comité, además, requiere un informe del gobierno dentro de un año sobre la aplicación de las medidas recomendadas para combatir la violencia contra las mujeres, en particular en Ciudad Juárez, Chihuahua, así como eliminar la figura del arraigo, tanto en la legislación como en la práctica, a escalas federal y estatal, así como proporcionar protección eficaz a los defensores de los derechos humanos y los periodistas cuya seguridad corra peligro.
Periódico La Jornada
Martes 30 de marzo de 2010, p. 6
Amnistía Internacional (AI) instó al Estado mexicano a dar cumplimiento efectivo a las 19 recomendaciones que le formuló el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre ellas: reformar la Constitución para que esté en consonancia con las normas internacionales en la materia e impedir que cualquier modificación a la Ley Nacional de Seguridad Pública debilite las garantías consagradas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El Estado mexicano, insistió AI, debe modificar el Código de Justicia Militar con el fin de que todas las violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas armadas sean juzgadas por autoridades civiles.
Asimismo, debe tipificar los delitos de desaparición forzada y tortura, “tal como se define en los instrumentos internacionales”, así como armonizar con dicho pacto la legislación sobre el aborto en todos los estados y asegurar la aplicación de la norma oficial mexicana 046 (sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres).
Además, debe acelerar la reforma del sistema de justicia para acabar con el uso de la tortura y garantizar la presunción de inocencia, así como evitar que cualquier reforma a la Ley Nacional de Seguridad Pública debilite los derechos consagrados en el pacto mencionado.
Preocupa falta de progreso en la aplicación de recomendaciones
El 26 de marzo pasado, el Comité de Derechos Humanos de la ONU manifestó su preocupación por la falta de progresos significativos en la aplicación de las recomendaciones que hizo llegar al Estado mexicano, incluidas las relativas a la violencia contra las mujeres, el despliegue de las fuerzas armadas para garantizar la seguridad pública y la falta de protección a los defensores de las garantías fundamentales, así como a los periodistas.
El comité lamentó que subsistan muchos motivos de preocupación, y recordó que “las disposiciones del pacto serán aplicables a todas las partes componentes de los estados federales, sin limitación ni excepción alguna”, y deploró que “la delegación –del gobierno mexicano ante el comité– no haya podido indicar un plazo específico para terminar la propuesta de reformas a la Constitución”.
AI subraya que las recomendaciones que se hicieron a México son un llamado más a las autoridades para cumplir con sus obligaciones adquiridas mediante distintos instrumentos internacionales de garantías.
Recuerda la organización internacional de derechos humanos que el comité, además, requiere un informe del gobierno dentro de un año sobre la aplicación de las medidas recomendadas para combatir la violencia contra las mujeres, en particular en Ciudad Juárez, Chihuahua, así como eliminar la figura del arraigo, tanto en la legislación como en la práctica, a escalas federal y estatal, así como proporcionar protección eficaz a los defensores de los derechos humanos y los periodistas cuya seguridad corra peligro.
La CFE corrompe al SUTERM para lograr la privatización: Martín Esparza
El sindicato recibe 2% de cada contrato que se firma, asegura
Martín Esparza Flores y Humberto Montes de Oca ofrecieron una conferencia de prensa en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas para difundir pruebas de que la Comisión Federal de Electricidad entrega dinero al SUTERM para que sea cómplice de la privatización del sectorFoto María Luisa Severiano
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Martes 30 de marzo de 2010, p. 10
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) entrega al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), que dirige Víctor Fuentes del Villar, montos equivalentes a 2 por ciento de cada contrato que firma con las empresas “contratistas”, con la finalidad de que deje operar a estas compañías y se fomente la privatización.
Se trata de una “compensación monetaria” a ese sindicato por aceptar la privatización del sector eléctrico en el país, denunció el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores. En conferencia de prensa ofrecida en la sede del SME planteó que “el actual secretario general del SUTERM, Víctor Fuentes, acepta la cantidad de 2 por ciento sobre el monto de cada obra, así como 2 por ciento del costo de los 773 permisos otorgados a las empresas trasnacionales para la generación de energía eléctrica, siendo cómplice de la privatización, junto con el director general de la CFE, Alfredo Elías Ayub”.
Esparza dijo que de esta acción fue informado por el anterior subsecretario de Gobernación Gerónimo Gutiérrez, quien incluso señaló que la entrega de estos recursos no está admitidos en el contrato colectivo de trabajo y se brinda de manera directa al sindicato. Pero sobre todo, le dijo que “se puede legalizar el contratismo”.
El dirigente dio a conocer ayer fotografías con las que quiere demostrar que una de las instalaciones donde están las secciones 57, 123 y 186 del SUTERM en el estado de Hidalgo, ubicadas en la colonia Montecillo, en Tula, se ha convertido en el centro de operación de empresas contratistas y tienen ahí un amplio parque vehicular de camionetas que pertenecían a Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Además de las camionetas, también hay material y equipo de LFC, según sostuvo.
Calificó de “esquirolaje” lo que está haciendo el SUTERM y dijo que este sindicato está permitiendo el robo de la materia de trabajo del SME; además de que está vigente el convenio de delimitación de zonas firmado desde 1985 entre la CFE y LFC. Responsabilizó al secretario del Trabajo, Javier Lozano, de las confrontaciones entre los grupos de trabajadores de ambos gremios, por la defensa de la materia de trabajo.
En su opinión, la serie de violaciones laborales cometidas por el gobierno contra los trabajadores de LFC, no tienen otra motivación que los intereses económicos de grupos empresariales sobre las áreas de distribución y comercialización del servicio de energía eléctrica, de la fibra óptica y del power light comunication en el centro del país.
Martín Esparza Flores y Humberto Montes de Oca ofrecieron una conferencia de prensa en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas para difundir pruebas de que la Comisión Federal de Electricidad entrega dinero al SUTERM para que sea cómplice de la privatización del sectorFoto María Luisa Severiano
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Martes 30 de marzo de 2010, p. 10
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) entrega al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), que dirige Víctor Fuentes del Villar, montos equivalentes a 2 por ciento de cada contrato que firma con las empresas “contratistas”, con la finalidad de que deje operar a estas compañías y se fomente la privatización.
Se trata de una “compensación monetaria” a ese sindicato por aceptar la privatización del sector eléctrico en el país, denunció el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores. En conferencia de prensa ofrecida en la sede del SME planteó que “el actual secretario general del SUTERM, Víctor Fuentes, acepta la cantidad de 2 por ciento sobre el monto de cada obra, así como 2 por ciento del costo de los 773 permisos otorgados a las empresas trasnacionales para la generación de energía eléctrica, siendo cómplice de la privatización, junto con el director general de la CFE, Alfredo Elías Ayub”.
Esparza dijo que de esta acción fue informado por el anterior subsecretario de Gobernación Gerónimo Gutiérrez, quien incluso señaló que la entrega de estos recursos no está admitidos en el contrato colectivo de trabajo y se brinda de manera directa al sindicato. Pero sobre todo, le dijo que “se puede legalizar el contratismo”.
El dirigente dio a conocer ayer fotografías con las que quiere demostrar que una de las instalaciones donde están las secciones 57, 123 y 186 del SUTERM en el estado de Hidalgo, ubicadas en la colonia Montecillo, en Tula, se ha convertido en el centro de operación de empresas contratistas y tienen ahí un amplio parque vehicular de camionetas que pertenecían a Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Además de las camionetas, también hay material y equipo de LFC, según sostuvo.
Calificó de “esquirolaje” lo que está haciendo el SUTERM y dijo que este sindicato está permitiendo el robo de la materia de trabajo del SME; además de que está vigente el convenio de delimitación de zonas firmado desde 1985 entre la CFE y LFC. Responsabilizó al secretario del Trabajo, Javier Lozano, de las confrontaciones entre los grupos de trabajadores de ambos gremios, por la defensa de la materia de trabajo.
En su opinión, la serie de violaciones laborales cometidas por el gobierno contra los trabajadores de LFC, no tienen otra motivación que los intereses económicos de grupos empresariales sobre las áreas de distribución y comercialización del servicio de energía eléctrica, de la fibra óptica y del power light comunication en el centro del país.
lunes, 29 de marzo de 2010
Peticiones de pago de liquidaciones, prestaciones, jubilaciones y otros conceptos
Lozano: 20 mil quejas por la extinción de LFC
En entrevista con MILENIO Diario, el secretario del Trabajo señala que los imprevistos se desahogarán paulatinamente; anuncia que habrá un plan para que los despedidos reestructuren sus créditos de vivienda.
2010-03-29•Política
El funcionario federal no indicó cuándo subsanarán las inconsistencias. Foto: René Soto El proceso de extinción de Luz y Fuerza del Centro ha generado quejas y peticiones de pago de liquidaciones, prestaciones, jubilaciones y otros conceptos de al menos 20 mil ex trabajadores; sin embargo, éstos se irán desahogando paulatinamente dado que se estudia el caso particular de cada uno de ellos, señaló el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón.
Sin embargo, no hay una fecha establecida para subsanar todas las inconsistencias, pues la diversidad de los casos hace muy compleja la tarea, por lo que tanto el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), como la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) seguirán atendiendo y canalizando a dichos trabajadores, según sea su asunto.
En entrevista con MILENIO Diario, el encargado de la política laboral del país dijo que además de resolver dichos asuntos, en breve se dará a conocer a los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC), un plan de reestructuración de sus créditos de vivienda.
Asimismo, afirmó que la recontratación de trabajadores en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comenzará durante la próxima semana de Pascua, mientras que 4 mil 559 trabajadores se encuentran dentro del proceso de evaluación para ingresar a la paraestatal.
Otros 6 mil 964 electricistas, ingresaron a los programas de reconversión laboral que ofrece el Servicio Nacional del Empleo (SNE), y se han conformado cuatro empresas para dar servicios a la CFE, mientras que el número de compañías integradas por ex trabajadores de LFC sumará nueve en los próximos días.
Lozano adelantó que el SAE cuenta con 110 instalaciones que los trabajadores podrán adquirir para establecer sus empresas, de las que 19 son talleres o fábricas.
“Para adquirir estos bienes tienen que ser trabajadores, solos o asociados con empresas, tendrán contratos de adjudicación directa, y en estas fábricas estimamos que habrá la mayor contratación de personas, la cual será de miles”.
“Falsificación, tema delicado”
En otro orden de ideas, Javier Lozano calificó de “tema muy delicado” la presunta falsificación de un poder notarial que miembros del SME realizaron para cobrar 21 millones de pesos.
“El notario público, de donde provendría el documento, notificó al SAE por escrito que el documento no pasó por su fe notarial, lo que constituye una cuestión muy delicada y grave, porque están falsificando poderes para representar a una persona moral y con base en ello recoger billetes de depósito por 21 millones de pesos”.
Dijo que los billetes de depósito ya son un elemento de prueba dentro de una averiguación previa, además de que fue muy grave que la Dirección de Consignaciones del TSJDF los haya entregado, cuando la dependencia federal le notificó que no debía proceder en tal sentido.
“Tenían la advertencia del tesorero de que no podía darse el dinero a quien no tuviera representación jurídica, había una solicitud de amparo, fueron advertidos por nosotros, y aún así se los entregaron. Sus razones tendrán, pero creo que eso no va a acabar bien”.
Numeralia
Empleados en evaluación para ingresar a la CFE
4 mil 559
Electricistas en los programas de reconversión laboral
6 mil 964
fuente:Milenio
¿como que los numeros no concuerdan? ademas no mencionan si se ha contratado a uno solo
Lozano: 20 mil quejas por la extinción de LFC
En entrevista con MILENIO Diario, el secretario del Trabajo señala que los imprevistos se desahogarán paulatinamente; anuncia que habrá un plan para que los despedidos reestructuren sus créditos de vivienda.
2010-03-29•Política
El funcionario federal no indicó cuándo subsanarán las inconsistencias. Foto: René Soto El proceso de extinción de Luz y Fuerza del Centro ha generado quejas y peticiones de pago de liquidaciones, prestaciones, jubilaciones y otros conceptos de al menos 20 mil ex trabajadores; sin embargo, éstos se irán desahogando paulatinamente dado que se estudia el caso particular de cada uno de ellos, señaló el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón.
Sin embargo, no hay una fecha establecida para subsanar todas las inconsistencias, pues la diversidad de los casos hace muy compleja la tarea, por lo que tanto el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), como la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) seguirán atendiendo y canalizando a dichos trabajadores, según sea su asunto.
En entrevista con MILENIO Diario, el encargado de la política laboral del país dijo que además de resolver dichos asuntos, en breve se dará a conocer a los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC), un plan de reestructuración de sus créditos de vivienda.
Asimismo, afirmó que la recontratación de trabajadores en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comenzará durante la próxima semana de Pascua, mientras que 4 mil 559 trabajadores se encuentran dentro del proceso de evaluación para ingresar a la paraestatal.
Otros 6 mil 964 electricistas, ingresaron a los programas de reconversión laboral que ofrece el Servicio Nacional del Empleo (SNE), y se han conformado cuatro empresas para dar servicios a la CFE, mientras que el número de compañías integradas por ex trabajadores de LFC sumará nueve en los próximos días.
Lozano adelantó que el SAE cuenta con 110 instalaciones que los trabajadores podrán adquirir para establecer sus empresas, de las que 19 son talleres o fábricas.
“Para adquirir estos bienes tienen que ser trabajadores, solos o asociados con empresas, tendrán contratos de adjudicación directa, y en estas fábricas estimamos que habrá la mayor contratación de personas, la cual será de miles”.
“Falsificación, tema delicado”
En otro orden de ideas, Javier Lozano calificó de “tema muy delicado” la presunta falsificación de un poder notarial que miembros del SME realizaron para cobrar 21 millones de pesos.
“El notario público, de donde provendría el documento, notificó al SAE por escrito que el documento no pasó por su fe notarial, lo que constituye una cuestión muy delicada y grave, porque están falsificando poderes para representar a una persona moral y con base en ello recoger billetes de depósito por 21 millones de pesos”.
Dijo que los billetes de depósito ya son un elemento de prueba dentro de una averiguación previa, además de que fue muy grave que la Dirección de Consignaciones del TSJDF los haya entregado, cuando la dependencia federal le notificó que no debía proceder en tal sentido.
“Tenían la advertencia del tesorero de que no podía darse el dinero a quien no tuviera representación jurídica, había una solicitud de amparo, fueron advertidos por nosotros, y aún así se los entregaron. Sus razones tendrán, pero creo que eso no va a acabar bien”.
Numeralia
Empleados en evaluación para ingresar a la CFE
4 mil 559
Electricistas en los programas de reconversión laboral
6 mil 964
fuente:Milenio
¿como que los numeros no concuerdan? ademas no mencionan si se ha contratado a uno solo
Jubilados, casi seis meses sin pago
El grupo de trabajadores jubilados de Luz y Fuerza del Centro (LFC), que desde la extinción de la paraestatal no ha recibido el pago de su pensión, denunció que hasta el momento el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) no ha otorgado ningún informe sobre la condición en que se encuentra su trámite durante casi seis meses.
Un grupo de jubilados del SME se presentó en las oficinas principales del SAE para solicitar el nombre de las personas que empezarán a recibir el pago de sus pensiones durante abril, así como el estado que guardan los trámites para acceder a tal derecho; sin embargo, los funcionarios del organismo no tenían la información solicitada, por lo que les pidieron regresar mañana, martes 30 de marzo.
Cabe recordar que el pasado miércoles 24 de marzo el dirigente de la disidencia del SME, Alejandro Muñoz, anunció que el SAE se comprometió a comenzar con el pago de dichas pensiones durante abril.
Ante el anuncio, el grupo de trabajadores jubilados acudió a solicitar informes, los cuales no pudo conseguir.
“Acudimos el 26 de marzo pasado para solicitar información de la fecha en que nos realizarán el pago de todas las prestaciones a los que tenemos derecho; sin embargo, la respuesta del personal que nos atendió fue que no tenían información de ninguna fecha programada. Ello, a pesar de que insistimos para que nos atendiera un funcionario de mayor jerarquía, lo cual nos fue negado”; señaló Enrique Camacho, tutor de cinco menores que no ha recibido pago alguno en casi un semestre.
Los trabajadores han buscado por varias vías obtener los recursos, pero ante su insistencia y constante presencia en las oficinas del SAE temen que existan represalias contra ellos, como alargar el tiempo para recibir sus pagos o algunas prestaciones que también solicitan se subsanen.
Publicado por Grupo de Ingenieros
Un grupo de jubilados del SME se presentó en las oficinas principales del SAE para solicitar el nombre de las personas que empezarán a recibir el pago de sus pensiones durante abril, así como el estado que guardan los trámites para acceder a tal derecho; sin embargo, los funcionarios del organismo no tenían la información solicitada, por lo que les pidieron regresar mañana, martes 30 de marzo.
Cabe recordar que el pasado miércoles 24 de marzo el dirigente de la disidencia del SME, Alejandro Muñoz, anunció que el SAE se comprometió a comenzar con el pago de dichas pensiones durante abril.
Ante el anuncio, el grupo de trabajadores jubilados acudió a solicitar informes, los cuales no pudo conseguir.
“Acudimos el 26 de marzo pasado para solicitar información de la fecha en que nos realizarán el pago de todas las prestaciones a los que tenemos derecho; sin embargo, la respuesta del personal que nos atendió fue que no tenían información de ninguna fecha programada. Ello, a pesar de que insistimos para que nos atendiera un funcionario de mayor jerarquía, lo cual nos fue negado”; señaló Enrique Camacho, tutor de cinco menores que no ha recibido pago alguno en casi un semestre.
Los trabajadores han buscado por varias vías obtener los recursos, pero ante su insistencia y constante presencia en las oficinas del SAE temen que existan represalias contra ellos, como alargar el tiempo para recibir sus pagos o algunas prestaciones que también solicitan se subsanen.
Publicado por Grupo de Ingenieros
Suscribirse a:
Entradas (Atom)