Tomado de:
http://fraternidaddejubiladosla.blogspot.com/
En esta entrevista realizada por los compañeros de Radio SME, el Secretario del Trabajo explica las circunstancias legales en las que nos econtramos para que no se dejen engañar compañeros.
Escuchalo aquí:
Descargalo aquí:
http://www.4shared.com/file/233331651/32014292/Entrevista_a_Bobadi
EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION SUBESTACIONES TOLUCA CONTINUA EN PIE DE LUCHA CON LA CONVICCION DE OBTENER LA VICTORIA EN LA DEFENSA DE NUESTRO TRABAJO.
EN MEMORIA DE UN MIEMBRO DE OPERACION
DESCANSE EN PAZ EL C. RICARDO GONZALEZ BECERRIL
miércoles, 3 de marzo de 2010
Obsoletas 70% de las instalaciones que operaba LyFC
Tras una revisión exhaustiva a la infraestructura eléctrica de la entidad, la Comisión Federal de Electricidad detectó que el 70 por ciento de las instalaciones de la extinta compañía de Luz y Fuerza del Centro se encuentran obsoletas, lo que pudo haber puesto en riesgo la dotación de energía en el valle de Toluca.
Eugenio Laris Alanís, director de Proyectos de la Comisión Federal de Electricidad sostuvo que uno de los ajustes que ha tenido que realizar la empresa es modernizar el equipamiento con que contaba LyFC de manera inmediata.
Explicó que este proceso ha requerido un esfuerzo “sobrehumano”, toda vez que el 70 por ciento de la infraestructura se encontraba en condiciones “obsoletas” lo que impide ofrecer un servicio mucho más eficiente.
“El 70 por ciento de la infraestructura está obsoleta, muchas veces con equipos que ya no se producen, equipos difícil de operar y de mantener, y sólo estaba funcional el 30 por ciento, lo más complicado, el equipo de comunicación, de control “.
Abundó que el porcentaje restante que se hallaba en condiciones “óptimas” corresponde a equipo para dotar de energía de alta tensión, aunque subrayó, “aún queda mucho por hacer”.
“Lo que estaba mejor en funciones es el equipo de alta tensión, pero de todas maneras en funciones pobres, por lo que tenemos que hacer modificaciones importantes para hacer la sustitución y poner la luz a nivel que se requiere”.
Indicó que mediante la renovación de la infraestructura eléctrica se podrá revertir la posibilidad de que el valle de Toluca “se colapse” por la demanda con que cuenta, ya que en un par de meses quedarán concluidas un par de subestaciones para dotar del servicio a la región.
“En construcción se tenían 25 sub estaciones en diversas etapas de construcción, una de ellas que nos ha estado pidiendo el Gobierno del Estado de México muy importante en Toluca, la que se llama subestación Estadio y La Deportiva de la cual depende el abasto a Toluca y que no se había podido construir y ya la empezamos a hacer y esperemos que esté terminada en un par de meses”
http://www.milenio.com/node/392819
LA VERDAD SOBRE LOS HUEVASOS
¡Y YA NO TENIAMOS MAS HUEVOS PARA AVENTAR!! ¡¡PERO SI CON LAS MANOS!! ¡¡NOS FALTABAN MANOS !!!
martes, 2 de marzo de 2010
Con piedras y huevos integrantes del SME acogieron a invitados al Teatro Morelos
Los más de 500 policías vestidos de civil y con uniforme que vigilanaban los alrededores resultaron insuficientes, pues más de 25 personas tuvieron que ser atendidas por golpes.
Mar, 02/03/2010 - 14:36
Derribaron las barreras colocadas por la ASE. Foto. Magali LópezMás de 300 ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) protagonizaron una serie de actos contra los asistentes a la ceremonia conmemorativa del 2 de Marzo, con la que el Estado de México celebró 186 años de su fundación.
Antes, durante y después de la ceremonia oficial los ex trabajadores arremetieron con piedras, huevos crudos, envases de vidrio y plástico contra quienes pretendían entrar al Teatro Morelos de Toluca.
Los más de 500 elementos de seguridad vestidos de civil y con uniforme resultaron insuficientes, pues más de 25 personas tuvieron que ser atendidas por golpes.
Los electricistas derribaron a empujones y patadas las llamadas Barreras de Pánico con las que los policías estatales intentaron frenar su marcha que pretendía ingresar al Teatro Morelos para impedir la realización de la ceremonia conmemorativa del 186 aniversario de la fundación del Estado de México.
Personal de la Secretaría General de Gobierno y diputados locales que los han apoyado en su movimiento, quienes incluso les rentan carpas para proteger el plantón de los electricistas frente a la Cámara de Diputados, trataron de entablar un diálogo con los violentos ex trabajadores de Luz y Fuerza; sin embargo, todo intento de frenar la manifestación resultó infructuoso.
Por estos hechos arribaron al Teatro Morelos de Toluca más de 500 elementos del Cuerpo de Granaderos de la Agencia de Seguridad Estatal, así como de otros cuerpos de reacción y acción para tratar de frenar a los supuestos electricistas.
Cuando los del SME se vieron superados en número y fueron advertidos que si no detenían sus acciones en contra de los asistentes a la ceremonia serían controlados por los uniformados, se alejaron de la explanada principal del teatro.
Finalmente, los del SME tomaron las calles de la zona centro de Toluca y bloquearon la circulación vehicular de las principales arterias viales como Sebastián Lerdo de Tejada, Nicolás Bravo, Benito Juárez e Independencia, lo que originó un gran caos vial en el primer cuadro de la capital mexiquense.
Agencia MVT
Mar, 02/03/2010 - 14:36
Derribaron las barreras colocadas por la ASE. Foto. Magali LópezMás de 300 ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) protagonizaron una serie de actos contra los asistentes a la ceremonia conmemorativa del 2 de Marzo, con la que el Estado de México celebró 186 años de su fundación.
Antes, durante y después de la ceremonia oficial los ex trabajadores arremetieron con piedras, huevos crudos, envases de vidrio y plástico contra quienes pretendían entrar al Teatro Morelos de Toluca.
Los más de 500 elementos de seguridad vestidos de civil y con uniforme resultaron insuficientes, pues más de 25 personas tuvieron que ser atendidas por golpes.
Los electricistas derribaron a empujones y patadas las llamadas Barreras de Pánico con las que los policías estatales intentaron frenar su marcha que pretendía ingresar al Teatro Morelos para impedir la realización de la ceremonia conmemorativa del 186 aniversario de la fundación del Estado de México.
Personal de la Secretaría General de Gobierno y diputados locales que los han apoyado en su movimiento, quienes incluso les rentan carpas para proteger el plantón de los electricistas frente a la Cámara de Diputados, trataron de entablar un diálogo con los violentos ex trabajadores de Luz y Fuerza; sin embargo, todo intento de frenar la manifestación resultó infructuoso.
Por estos hechos arribaron al Teatro Morelos de Toluca más de 500 elementos del Cuerpo de Granaderos de la Agencia de Seguridad Estatal, así como de otros cuerpos de reacción y acción para tratar de frenar a los supuestos electricistas.
Cuando los del SME se vieron superados en número y fueron advertidos que si no detenían sus acciones en contra de los asistentes a la ceremonia serían controlados por los uniformados, se alejaron de la explanada principal del teatro.
Finalmente, los del SME tomaron las calles de la zona centro de Toluca y bloquearon la circulación vehicular de las principales arterias viales como Sebastián Lerdo de Tejada, Nicolás Bravo, Benito Juárez e Independencia, lo que originó un gran caos vial en el primer cuadro de la capital mexiquense.
Agencia MVT
El SME seguirá en pie de lucha hasta que regresen trabajo a electricistas:
Martín Esparza
Este martes en punto de las 5:00 de la tarde el dirigente se presentó en un mitin realizado en la plaza de Los Mártires en la capital mexiquense, al cual acudieron entre 200 y 300 electricistas de la región del Valle de Toluca y del Distrito Federal.
Mar, 02/03/2010 - 18:10
Foto: Archivo MVTToluca. El líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, aseguró que se mantendrán en pie de lucha hasta que las autoridades federales le den solución a sus problemas de desempleo o se restituyan sus plazas laborales.
Este martes en punto de las 5:00 de la tarde el dirigente se presentó en un mitin realizado en la plaza de Los Mártires en la capital mexiquense, al cual acudieron entre 200 y 300 electricistas de la región del Valle de Toluca y del Distrito Federal.
A la manifestación acudieron los sindicalizados que al medio día fueron detenidos por elementos de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) en la carretera México-Toluca a la altura de San Mateo atenco.
En el contingente también estaban los inconformes que durante la mañana agredieron con huevos crudos a funcionarios e invitados a la ceremonia por la erección del Estado de México a las afueras del Teatro Morelos.
Por su parte, Gustavo Anaya Maya, líder del gremio en el valle de Toluca, enfatizó que respaldarán todas las acciones que determine Martín Esparza y que seguirá el plantón frente a la Cámara de Diputados, debido a que el gobierno estatal no les ha brindado ayuda desde que la paraestatal fue cerrada.
En la zona centro de la capital se registraron cortes a la circulación en calles céntricas y autoridades estatales dispusieron de un dispositivo de seguridad de alrededor de 200 elementos.
Israel Álvarez
Este martes en punto de las 5:00 de la tarde el dirigente se presentó en un mitin realizado en la plaza de Los Mártires en la capital mexiquense, al cual acudieron entre 200 y 300 electricistas de la región del Valle de Toluca y del Distrito Federal.
Mar, 02/03/2010 - 18:10
Foto: Archivo MVTToluca. El líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, aseguró que se mantendrán en pie de lucha hasta que las autoridades federales le den solución a sus problemas de desempleo o se restituyan sus plazas laborales.
Este martes en punto de las 5:00 de la tarde el dirigente se presentó en un mitin realizado en la plaza de Los Mártires en la capital mexiquense, al cual acudieron entre 200 y 300 electricistas de la región del Valle de Toluca y del Distrito Federal.
A la manifestación acudieron los sindicalizados que al medio día fueron detenidos por elementos de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) en la carretera México-Toluca a la altura de San Mateo atenco.
En el contingente también estaban los inconformes que durante la mañana agredieron con huevos crudos a funcionarios e invitados a la ceremonia por la erección del Estado de México a las afueras del Teatro Morelos.
Por su parte, Gustavo Anaya Maya, líder del gremio en el valle de Toluca, enfatizó que respaldarán todas las acciones que determine Martín Esparza y que seguirá el plantón frente a la Cámara de Diputados, debido a que el gobierno estatal no les ha brindado ayuda desde que la paraestatal fue cerrada.
En la zona centro de la capital se registraron cortes a la circulación en calles céntricas y autoridades estatales dispusieron de un dispositivo de seguridad de alrededor de 200 elementos.
Israel Álvarez
lunes, 1 de marzo de 2010
Tomará SME instalaciones ante negativa de huelga
México
Organización Editorial Mexicana
1 de marzo de 2010
Carlos Lara / El Sol de México
Ciudad de México.- Ante la decisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), de negar el emplazamiento a huelga por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra la extinta Luz y Fuerza del Centro, Martín Esparza Flores, líder este gremio, dijo que con esta decisión "queda de manifiesto que la Junta hay línea y está al servicio de Javier Lozano; demuestra que es enemiga de los trabajadores, ya que su objetivo es quitar el derecho de huelga a los sindicatos, además de que nuestro Contrato Colectivo de Trabajo sigue vigente".
En entrevista con El Sol de México, Esparza Flores dijo que "solicitarán un 40 por ciento de aumento salarial, similar al que se le concedió al Ejército, ya que somos los que generamos la riqueza en nuestro país".
Comentó que para este 16 de marzo al mediodía tomarán las instalaciones "con el objetivo de resguardarlas; nadie entra y nadie sale de las mismas hasta que se resuelva el conflicto".
Y es que a cuatro meses de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, el líder gremial añadió que en torno al tema de la revisión contractual, "la decisión de la JFCA no es la única ni la definitiva, ya que es una vía administrativa y esto se resolverá en el Tribunal Judicial y nos vamos a ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
En torno a lo anunciado por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), solicitará la intervención de los jueces de lo familiar para que las exesposas e hijos menores de edad de los extrabajadores del extinto organismo, reciban su pensión alimenticia.
Esparza Flores aseveró que "este tema es muy importante, ya que las esposas de los trabajadores o las exesposas de los trabajadores puedan cobrar lo que les corresponde".
Por último, convocó a "las esposas de los 44 mil 600 trabajadores que fueron liquidados a que acudan a la Secretaria del Trabajo para que exijan lo que les corresponde".
Organización Editorial Mexicana
1 de marzo de 2010
Carlos Lara / El Sol de México
Ciudad de México.- Ante la decisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), de negar el emplazamiento a huelga por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra la extinta Luz y Fuerza del Centro, Martín Esparza Flores, líder este gremio, dijo que con esta decisión "queda de manifiesto que la Junta hay línea y está al servicio de Javier Lozano; demuestra que es enemiga de los trabajadores, ya que su objetivo es quitar el derecho de huelga a los sindicatos, además de que nuestro Contrato Colectivo de Trabajo sigue vigente".
En entrevista con El Sol de México, Esparza Flores dijo que "solicitarán un 40 por ciento de aumento salarial, similar al que se le concedió al Ejército, ya que somos los que generamos la riqueza en nuestro país".
Comentó que para este 16 de marzo al mediodía tomarán las instalaciones "con el objetivo de resguardarlas; nadie entra y nadie sale de las mismas hasta que se resuelva el conflicto".
Y es que a cuatro meses de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, el líder gremial añadió que en torno al tema de la revisión contractual, "la decisión de la JFCA no es la única ni la definitiva, ya que es una vía administrativa y esto se resolverá en el Tribunal Judicial y nos vamos a ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
En torno a lo anunciado por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), solicitará la intervención de los jueces de lo familiar para que las exesposas e hijos menores de edad de los extrabajadores del extinto organismo, reciban su pensión alimenticia.
Esparza Flores aseveró que "este tema es muy importante, ya que las esposas de los trabajadores o las exesposas de los trabajadores puedan cobrar lo que les corresponde".
Por último, convocó a "las esposas de los 44 mil 600 trabajadores que fueron liquidados a que acudan a la Secretaria del Trabajo para que exijan lo que les corresponde".
Legitimidad y ruptura social
La identidad nacional y lo social
Mario Luis Fuentes
01-Mar-2010
La nación mexicana se encuentra fragmentada porque no hay suficientes canales de diálogo.
El intento de linchamiento de dos policías federales y el posterior enfrentamiento de la población con la policía del Distrito Federal en Milpa Alta; y el violento enfrentamiento entre los damnificados de Chalco y la policía, tienen un factor común: muestran que lo que se ha llamado el “estallido social” está en proceso y que el Estado no cuenta con mecanismos de interlocución legítimos con la ciudadanía.
La imposibilidad de un diálogo y un acuerdo racional y pacífico entre las fuerzas del orden y los gobernados implica un asunto mayor que exige una urgente reflexión, dirigida a reconstituir los puentes sociales de comunicación.
A partir de la década de los 80, en el siglo pasado, el “adelgazamiento” del Estado en lo administrativo y lo económico fue acompañado de un proceso paralelo de ruptura de los mecanismos “tradicionales” de mediación social: sindicatos, organizaciones campesinas y obreras, organizaciones sociales de base y otras estructuras comunitarias de participación o fueron desmanteladas o simplemente dejó de apoyárseles.
El problema es que desde una idea del poder basada en el individualismo a ultranza, las estructuras de mediación han sido consideradas como innecesarias y hoy hemos llegado a una compleja situación en la que, ante la ruptura del orden social y legal, el Estado no cuenta con los instrumentos ni las capacidades de interlocución para procesar las demandas ciudadanas y para restablecer el orden con base en criterios de justicia y equidad.
Erosionar o abandonar desde la autoridad a las estructuras comunitarias ha tenido como contraparte el surgimiento de formas autónomas de gestión y organización social, que incluso han sido capaces de generar redes de protección social, al margen del ámbito institucional.
¿Cómo procesar y comprender estas nuevas formas de organización y participación comunitaria? ¿Cómo darle sentido y cómo darle cause a la acción institucional para apoyar y respaldar a estas nuevas estructuras?
Quizá lo más complejo sea comprender cómo la violencia está presente y latente en muchos de estos espacios, y cómo comprender incluso la interacción que el crimen organizado ha establecido en distintos ámbitos territoriales, construyendo mecanismos de gestión social, tales como el establecimiento de dispensarios médicos, consultorios y construcción de infraestructura social.
Hay muchas preguntas por plantear y muchas respuestas que construir. Sin embargo, el tiempo apremia y es urgente que las instituciones del Estado, en todos sus ámbitos y niveles, implementen nuevos mecanismos de mediación para procesar el conflicto, pero que sobre todo tengan la capacidad de reconducir el pacto social.
La nación mexicana se encuentra fragmentada porque no hay suficientes canales de diálogo y, como consecuencia, se ha perdido la capacidad de, en la diversidad y la pluralidad, construir un sentido compartido de presente y futuro.
Estamos ya ente una disyuntiva que en general tiene dos vertientes: o permitimos que la violencia y la fragmentación social se agudicen o reconstruimos un intenso diálogo público social en aras de intentar rediseñar al Estado para que encuentre en la interlocución social nuevas estrategias compartidas de desarrollo, inclusión y equidad.
Lo evidente es que la primera ruta no es transitable. El problema está en que carecemos de los liderazgos suficientes para articular un proceso para enfilarnos hacia la segunda; lo cierto es que urge actuar, y ante la magnitud de nuestros problemas nadie puede ya sustraerse de cumplir con su respons
Mario Luis Fuentes
01-Mar-2010
La nación mexicana se encuentra fragmentada porque no hay suficientes canales de diálogo.
El intento de linchamiento de dos policías federales y el posterior enfrentamiento de la población con la policía del Distrito Federal en Milpa Alta; y el violento enfrentamiento entre los damnificados de Chalco y la policía, tienen un factor común: muestran que lo que se ha llamado el “estallido social” está en proceso y que el Estado no cuenta con mecanismos de interlocución legítimos con la ciudadanía.
La imposibilidad de un diálogo y un acuerdo racional y pacífico entre las fuerzas del orden y los gobernados implica un asunto mayor que exige una urgente reflexión, dirigida a reconstituir los puentes sociales de comunicación.
A partir de la década de los 80, en el siglo pasado, el “adelgazamiento” del Estado en lo administrativo y lo económico fue acompañado de un proceso paralelo de ruptura de los mecanismos “tradicionales” de mediación social: sindicatos, organizaciones campesinas y obreras, organizaciones sociales de base y otras estructuras comunitarias de participación o fueron desmanteladas o simplemente dejó de apoyárseles.
El problema es que desde una idea del poder basada en el individualismo a ultranza, las estructuras de mediación han sido consideradas como innecesarias y hoy hemos llegado a una compleja situación en la que, ante la ruptura del orden social y legal, el Estado no cuenta con los instrumentos ni las capacidades de interlocución para procesar las demandas ciudadanas y para restablecer el orden con base en criterios de justicia y equidad.
Erosionar o abandonar desde la autoridad a las estructuras comunitarias ha tenido como contraparte el surgimiento de formas autónomas de gestión y organización social, que incluso han sido capaces de generar redes de protección social, al margen del ámbito institucional.
¿Cómo procesar y comprender estas nuevas formas de organización y participación comunitaria? ¿Cómo darle sentido y cómo darle cause a la acción institucional para apoyar y respaldar a estas nuevas estructuras?
Quizá lo más complejo sea comprender cómo la violencia está presente y latente en muchos de estos espacios, y cómo comprender incluso la interacción que el crimen organizado ha establecido en distintos ámbitos territoriales, construyendo mecanismos de gestión social, tales como el establecimiento de dispensarios médicos, consultorios y construcción de infraestructura social.
Hay muchas preguntas por plantear y muchas respuestas que construir. Sin embargo, el tiempo apremia y es urgente que las instituciones del Estado, en todos sus ámbitos y niveles, implementen nuevos mecanismos de mediación para procesar el conflicto, pero que sobre todo tengan la capacidad de reconducir el pacto social.
La nación mexicana se encuentra fragmentada porque no hay suficientes canales de diálogo y, como consecuencia, se ha perdido la capacidad de, en la diversidad y la pluralidad, construir un sentido compartido de presente y futuro.
Estamos ya ente una disyuntiva que en general tiene dos vertientes: o permitimos que la violencia y la fragmentación social se agudicen o reconstruimos un intenso diálogo público social en aras de intentar rediseñar al Estado para que encuentre en la interlocución social nuevas estrategias compartidas de desarrollo, inclusión y equidad.
Lo evidente es que la primera ruta no es transitable. El problema está en que carecemos de los liderazgos suficientes para articular un proceso para enfilarnos hacia la segunda; lo cierto es que urge actuar, y ante la magnitud de nuestros problemas nadie puede ya sustraerse de cumplir con su respons
Alarma al CILAS el “cinismo y la impunidad” de Javier Lozano
Para el secretario, el desempleo en el país es “normal”
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Lunes 1º de marzo de 2010, p. 12
Hay “cinismo e impunidad” del gobierno mexicano frente a las cifras alarmantes del desempleo y de mexicanos en condición de pobreza, señaló el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), y planteó que es indignante que el secretario del Trabajo, Javier Lozano, califique de “normal” que en enero de este año unas 500 mil personas perdieran su trabajo, aumentando así a 2.7 millones la cifra de desempleados en el país.
“Por ridículo que parezca, para la Secretaría del Trabajo el desempleo es normal y por lo tanto no hay de que preocuparse, porque es un fenómeno que se presenta año con año con la desaparición de los empleos temporales de la época navideña. Esto significa que la pobreza y la desesperación de la gente es un fenómeno natural contenido en el proyecto económico neoliberal del gobierno mexicano.”
Consideró que lo que menos importa a las autoridades federales es que los mexicanos tengan empleo y salario digno y, en cambio, están empeñadas en criminalizar los movimientos obreros y sociales del país, así como en usar la fuerza contra los que se manifiestan contra sus políticas.
Según planteó esta organización, la insensibilidad del gobierno calderonista y de su secretario del Trabajo, Javier Lozano, es sabida, pero llama a la indignación que el funcionario que por mandato constitucional debiera preocuparse por fomentar el empleo sea precisamente quien se ocupe de justificar que no lo haya.
El CILAS propuso preguntar al funcionario si es normal también la pobreza de 50 millones de mexicanas y mexicanos, y la miseria absoluta en que vive un tercio de la población. “Habrá que cuestionar si también es un fenómeno natural que no solamente no se cree el millón de empleos necesarios cada año, sino que medio millón se pierda en un mes”.
Para esta organización el cinismo y la impunidad de la Secretaría del Trabajo se evidencian cuando sin ningún recato ofrece todo el apoyo a Grupo México, o cuando, en contraparte a la imposición del tope salarial de 4.8 por ciento al salario mínimo, a los miembros del Ejército se les aumenta 40 por ciento.
Por ello “a las y los trabajadores mexicanos, a la ciudadanía en general, no nos queda más camino que el de la organización y la resistencia para obligar cambios sustanciales en favor de los millones que siguen en la miseria”, señaló.
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Lunes 1º de marzo de 2010, p. 12
Hay “cinismo e impunidad” del gobierno mexicano frente a las cifras alarmantes del desempleo y de mexicanos en condición de pobreza, señaló el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), y planteó que es indignante que el secretario del Trabajo, Javier Lozano, califique de “normal” que en enero de este año unas 500 mil personas perdieran su trabajo, aumentando así a 2.7 millones la cifra de desempleados en el país.
“Por ridículo que parezca, para la Secretaría del Trabajo el desempleo es normal y por lo tanto no hay de que preocuparse, porque es un fenómeno que se presenta año con año con la desaparición de los empleos temporales de la época navideña. Esto significa que la pobreza y la desesperación de la gente es un fenómeno natural contenido en el proyecto económico neoliberal del gobierno mexicano.”
Consideró que lo que menos importa a las autoridades federales es que los mexicanos tengan empleo y salario digno y, en cambio, están empeñadas en criminalizar los movimientos obreros y sociales del país, así como en usar la fuerza contra los que se manifiestan contra sus políticas.
Según planteó esta organización, la insensibilidad del gobierno calderonista y de su secretario del Trabajo, Javier Lozano, es sabida, pero llama a la indignación que el funcionario que por mandato constitucional debiera preocuparse por fomentar el empleo sea precisamente quien se ocupe de justificar que no lo haya.
El CILAS propuso preguntar al funcionario si es normal también la pobreza de 50 millones de mexicanas y mexicanos, y la miseria absoluta en que vive un tercio de la población. “Habrá que cuestionar si también es un fenómeno natural que no solamente no se cree el millón de empleos necesarios cada año, sino que medio millón se pierda en un mes”.
Para esta organización el cinismo y la impunidad de la Secretaría del Trabajo se evidencian cuando sin ningún recato ofrece todo el apoyo a Grupo México, o cuando, en contraparte a la imposición del tope salarial de 4.8 por ciento al salario mínimo, a los miembros del Ejército se les aumenta 40 por ciento.
Por ello “a las y los trabajadores mexicanos, a la ciudadanía en general, no nos queda más camino que el de la organización y la resistencia para obligar cambios sustanciales en favor de los millones que siguen en la miseria”, señaló.
Anuncia Lozano nuevo plan de presión para que electricistas acepten liquidarse
Un grupo de mujeres sin identificar solicita se les paguen pensiones alimentarias
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Lunes 1º de marzo de 2010, p. 13
El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, pedirá la intervención de jueces de lo familiar para que a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que no han aceptado liquidarse y que tienen ex cónyuges e hijos menores de edad que reclaman la pensión alimentaria, les descuenten de los finiquitos que les corresponden el pago de dichas pensiones.
La medida es a solicitud de un grupo de mujeres, según se informó ayer en un comunicado de prensa, sin especificar quiénes hicieron tal petición.
Sostuvo que la finalidad de esta acción es presionar a los electricistas que se rehúsan a cobrar sus liquidaciones para que se les quite lo correspondiente a la pensión alimentaria que tienen que entregar a sus ex esposas, las cuales han resultado afectadas al no poder recibir estos recursos, debido a que los ex trabajadores que tienen que cumplir la obligación se han negado a recibir la indemnización ofrecida por el gobierno federal.
La STPS, encabezada por Javier Lozano Alarcón, por conducto de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), solicitará la intervención de los jueces de lo familiar para que ex cónyuges e hijos menores de edad de los ex trabajadores del extinto organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro, que no han aceptado su liquidación, reciban el pago de la pensión alimentaria que por ley les corresponde.
De esta manera se responde a la solicitud de un grupo de mujeres que no ha recibido los recursos correspondientes a dichas pensiones, a pesar de que existe una orden de la autoridad judicial que les confiere ese derecho, indicó la dependencia.
Por lo pronto, la STPS ya instruyó a la Profedet para que coadyuve a resolver este problema y, según advirtió, “se procederá a ejercitar las acciones jurídicas orientadas a solicitar a los jueces de lo familiar que en su momento ordenaron decretar el pago de dicha pensión que, por su conducto, se decrete el aseguramiento de alimentos y se ordene el pago correspondiente, sin importar el hecho de que el ex cónyuge hubiere aceptado o no la indemnización”.
Ante esta disposición, la Profedet ya reúne la información de los expedientes de las ex cónyuges y/o hijos menores que se encuentran en ese supuesto, para solicitar al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, liquidador federal de Luz y Fuerza del Centro, el aseguramiento y pago de dicha obligación.
La dependencia informó que sólo se requiere de una carta poder firmada por las ex cónyuges con el fin de que sean representadas por esa procuraduría, así como una fotocopia simple de la sentencia firme, por virtud de la cual el respectivo juez de lo familiar decretó en su favor la pensión alimentaria.
Asimismo, la procuraduría realizará dichas acciones en el Distrito Federal y en las entidades federativas donde se encuentren los afectados, por conducto de los procuradores federales de la defensa del trabajo, y en la unidad vehicular procuraduría móvil, para efectos de reunir la documentación necesaria.
Según arguye la secretaría, con esta disposición reitera su compromiso de garantizar a los familiares la protección de sus derechos y, con ello, contribuir al bienestar de las familias de los ex trabajadores que no han querido cobrar su liquidación por decisión personal o por presión de sus representantes.
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Lunes 1º de marzo de 2010, p. 13
El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, pedirá la intervención de jueces de lo familiar para que a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que no han aceptado liquidarse y que tienen ex cónyuges e hijos menores de edad que reclaman la pensión alimentaria, les descuenten de los finiquitos que les corresponden el pago de dichas pensiones.
La medida es a solicitud de un grupo de mujeres, según se informó ayer en un comunicado de prensa, sin especificar quiénes hicieron tal petición.
Sostuvo que la finalidad de esta acción es presionar a los electricistas que se rehúsan a cobrar sus liquidaciones para que se les quite lo correspondiente a la pensión alimentaria que tienen que entregar a sus ex esposas, las cuales han resultado afectadas al no poder recibir estos recursos, debido a que los ex trabajadores que tienen que cumplir la obligación se han negado a recibir la indemnización ofrecida por el gobierno federal.
La STPS, encabezada por Javier Lozano Alarcón, por conducto de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), solicitará la intervención de los jueces de lo familiar para que ex cónyuges e hijos menores de edad de los ex trabajadores del extinto organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro, que no han aceptado su liquidación, reciban el pago de la pensión alimentaria que por ley les corresponde.
De esta manera se responde a la solicitud de un grupo de mujeres que no ha recibido los recursos correspondientes a dichas pensiones, a pesar de que existe una orden de la autoridad judicial que les confiere ese derecho, indicó la dependencia.
Por lo pronto, la STPS ya instruyó a la Profedet para que coadyuve a resolver este problema y, según advirtió, “se procederá a ejercitar las acciones jurídicas orientadas a solicitar a los jueces de lo familiar que en su momento ordenaron decretar el pago de dicha pensión que, por su conducto, se decrete el aseguramiento de alimentos y se ordene el pago correspondiente, sin importar el hecho de que el ex cónyuge hubiere aceptado o no la indemnización”.
Ante esta disposición, la Profedet ya reúne la información de los expedientes de las ex cónyuges y/o hijos menores que se encuentran en ese supuesto, para solicitar al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, liquidador federal de Luz y Fuerza del Centro, el aseguramiento y pago de dicha obligación.
La dependencia informó que sólo se requiere de una carta poder firmada por las ex cónyuges con el fin de que sean representadas por esa procuraduría, así como una fotocopia simple de la sentencia firme, por virtud de la cual el respectivo juez de lo familiar decretó en su favor la pensión alimentaria.
Asimismo, la procuraduría realizará dichas acciones en el Distrito Federal y en las entidades federativas donde se encuentren los afectados, por conducto de los procuradores federales de la defensa del trabajo, y en la unidad vehicular procuraduría móvil, para efectos de reunir la documentación necesaria.
Según arguye la secretaría, con esta disposición reitera su compromiso de garantizar a los familiares la protección de sus derechos y, con ello, contribuir al bienestar de las familias de los ex trabajadores que no han querido cobrar su liquidación por decisión personal o por presión de sus representantes.
domingo, 28 de febrero de 2010
Rechaza JFCA emplazamiento a huelga
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 28 de febrero de 2010, p. 13
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) negó al Sindicato Mexicano de Electricistas el trámite de emplazamiento a huelga en Luz y Fuerza del Centro. La autoridad laboral dijo que el decreto de extinción de ese organismo determina el fin de las relaciones laborales y el contrato colectivo respectivo.
De acuerdo con el SME, en los últimos días de enero pasado hubo una resolución de ese tipo ante una solicitud del sindicato que busca revisar el documento que rige las relaciones laborales, cuya vigencia se extiende al 16 de marzo.
Anoche la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que la solicitud que interpuso el SME el viernes pasado se dirigió “indistintamente a LFC, al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y a la Comisión Federal de Electricidad”.
Al ser analizada la documentación, señala la dependencia, la junta consideró improcedente la solicitud de exigir la revisión del contrato. Argumentó que la juez primera de distrito del centro auxiliar de la primera región negó el amparo que promovió el SME contra el término de las relaciones laborales.
La STPS señaló que por lo que toca al SAE y la CFE, el SME nunca ha tenido relación contractual con dichos organismos, por lo que la junta determinó negar el trámite y ordenó el archivo del expediente como asunto definitivamente concluido.
Periódico La Jornada
Domingo 28 de febrero de 2010, p. 13
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) negó al Sindicato Mexicano de Electricistas el trámite de emplazamiento a huelga en Luz y Fuerza del Centro. La autoridad laboral dijo que el decreto de extinción de ese organismo determina el fin de las relaciones laborales y el contrato colectivo respectivo.
De acuerdo con el SME, en los últimos días de enero pasado hubo una resolución de ese tipo ante una solicitud del sindicato que busca revisar el documento que rige las relaciones laborales, cuya vigencia se extiende al 16 de marzo.
Anoche la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que la solicitud que interpuso el SME el viernes pasado se dirigió “indistintamente a LFC, al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y a la Comisión Federal de Electricidad”.
Al ser analizada la documentación, señala la dependencia, la junta consideró improcedente la solicitud de exigir la revisión del contrato. Argumentó que la juez primera de distrito del centro auxiliar de la primera región negó el amparo que promovió el SME contra el término de las relaciones laborales.
La STPS señaló que por lo que toca al SAE y la CFE, el SME nunca ha tenido relación contractual con dichos organismos, por lo que la junta determinó negar el trámite y ordenó el archivo del expediente como asunto definitivamente concluido.
Denuncian electricistas subterfugios para evitar que los contrate CFE
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 28 de febrero de 2010
A casi cinco meses de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), los ex trabajadores de este organismo que cobraron su liquidación y pretenden ser recontratados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) continúan inmersos en un engorroso proceso administrativo y en cursos de capacitación que, para muchos de ellos, resultan ociosos respecto al perfil especializado que tenían en LFC.
Electricistas consultados hojean, decepcionados, el programa que les imparte el Servicio Nacional de Empleo, con información elemental que ya dominan.
Por ejemplo, relatan, los instructores se concentran en explicar los fundamentos de electricidad básica de Tales de Mileto (electrostática) y poco o nada en aspectos prácticos "o de verdadero adiestramiento que supuestamente requerimos para estar al nivel de las nuevas tareas que tendríamos que dominar en CFE".
Entrevistados por La Jornada, afirman que están ante una táctica dilatoria del gobierno no sólo para debilitar el movimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas, sino para mantener "a raya, esperanzados" a miles de trabajadores en un largo proceso de selección y capacitación de quienes buscan reinsertarse en la vida laboral con una plaza en la CFE.
El especialista referido solicitó el anonimato, porque aunque hasta el momento ningún ex trabajador de LFC ha sido recontratado en la CFE, a todos los tienen ubicados no sólo en sus aspiraciones de recuperar un empleo formal, sino en sus domicilios, adonde les llegan notificaciones de "todos los trámites y vueltas en las que nos traen sin resolvernos nada, aun cuando ya han pasado muchos meses desde la extinción de LFC".
También pide que no se detalle la forma en que ahora se gana la vida, una ocupación informal, por cuenta propia, producto del dinero que le quedó de su liquidación, luego de pagar los préstamos personales que tenía en LFC y quedar con un adeudo de su crédito hipotecario.
Con los documentos bajo el brazo que avalan su nivel de especialización, el referido ex trabajador de LFC señala que las autoridades encargadas del proceso no les han informado de los supuestos pasos que les faltarían para resolver, en definitiva, quién será admitido.
“Hay total incertidumbre. Llenamos la solicitud en la Concanaco y nada más. No nos han llamado a exámenes sicométricos, médicos. Nada. Sólo nos dijeron ‘vayan al curso y luego les hablamos’.
"Cuando preguntamos algo de este proceso de supuesta selección y capacitación, nadie sabe nada. Los de la Secretaría del Trabajo nos dicen que es asunto de la CFE", señalaron.
Otros ex empleados de LFC consultados aseguraron que, ante la incertidumbre del curso de la supuesta contratación –prometida por el gobierno federal, como alternativa para que los electricistas aceptaran su liquidación–, ya ronda gente de CFE que "ofrece contratos temporales de 11 meses a cambio de 10 mil pesos o más".
http://www.jornada.unam.mx/2010/02/28/index.php?section=politica&article=013n1pol
Periódico La Jornada
Domingo 28 de febrero de 2010
A casi cinco meses de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), los ex trabajadores de este organismo que cobraron su liquidación y pretenden ser recontratados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) continúan inmersos en un engorroso proceso administrativo y en cursos de capacitación que, para muchos de ellos, resultan ociosos respecto al perfil especializado que tenían en LFC.
Electricistas consultados hojean, decepcionados, el programa que les imparte el Servicio Nacional de Empleo, con información elemental que ya dominan.
Por ejemplo, relatan, los instructores se concentran en explicar los fundamentos de electricidad básica de Tales de Mileto (electrostática) y poco o nada en aspectos prácticos "o de verdadero adiestramiento que supuestamente requerimos para estar al nivel de las nuevas tareas que tendríamos que dominar en CFE".
Entrevistados por La Jornada, afirman que están ante una táctica dilatoria del gobierno no sólo para debilitar el movimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas, sino para mantener "a raya, esperanzados" a miles de trabajadores en un largo proceso de selección y capacitación de quienes buscan reinsertarse en la vida laboral con una plaza en la CFE.
El especialista referido solicitó el anonimato, porque aunque hasta el momento ningún ex trabajador de LFC ha sido recontratado en la CFE, a todos los tienen ubicados no sólo en sus aspiraciones de recuperar un empleo formal, sino en sus domicilios, adonde les llegan notificaciones de "todos los trámites y vueltas en las que nos traen sin resolvernos nada, aun cuando ya han pasado muchos meses desde la extinción de LFC".
También pide que no se detalle la forma en que ahora se gana la vida, una ocupación informal, por cuenta propia, producto del dinero que le quedó de su liquidación, luego de pagar los préstamos personales que tenía en LFC y quedar con un adeudo de su crédito hipotecario.
Con los documentos bajo el brazo que avalan su nivel de especialización, el referido ex trabajador de LFC señala que las autoridades encargadas del proceso no les han informado de los supuestos pasos que les faltarían para resolver, en definitiva, quién será admitido.
“Hay total incertidumbre. Llenamos la solicitud en la Concanaco y nada más. No nos han llamado a exámenes sicométricos, médicos. Nada. Sólo nos dijeron ‘vayan al curso y luego les hablamos’.
"Cuando preguntamos algo de este proceso de supuesta selección y capacitación, nadie sabe nada. Los de la Secretaría del Trabajo nos dicen que es asunto de la CFE", señalaron.
Otros ex empleados de LFC consultados aseguraron que, ante la incertidumbre del curso de la supuesta contratación –prometida por el gobierno federal, como alternativa para que los electricistas aceptaran su liquidación–, ya ronda gente de CFE que "ofrece contratos temporales de 11 meses a cambio de 10 mil pesos o más".
http://www.jornada.unam.mx/2010/02/28/index.php?section=politica&article=013n1pol
Impartirá SME curso de resistencia civil pacífica ante “el creciente acoso oficial”
El 3 de marzo celebrará la agrupación una asamblea magna de los 20 mil jubilados
“Para el gobierno, la salida es reprimirnos y provocar una confrontación”, justifica el gremio
Miembros del SME durante la asamblea que celebraron en su sede de Insurgentes Centro y Antonio Caso, el 7 de enero pasadoFoto Jesús Villaseca
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 28 de febrero de 2010, p. 13
Ante el “creciente hostigamiento del gobierno federal”, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) impartirá a sus agremiados un taller de “resistencia civil y pacífica”.
En el curso se difundirá información acerca de las garantías básicas y otros derechos constitucionales que salvaguardan, afirman los dirigentes del SME, el plan de acción de esta organización gremial, opositora a la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) hace casi cinco meses. También se discutirán estrategias defensivas, porque los integrantes de este sindicato advierten peligro creciente de represión contra líderes y representados que va desde el uso de la fuerza pública hasta el encarcelamiento de electricistas.
Humberto Montes de Oca, secretario del Interior del SME, dijo que el gobierno federal tiene una campaña de criminalización de los movimientos laborales.
“El grado de hostigamiento de la Policía Federal en los campamentos [de electricistas] se ha intensificado; hemos observado que, para el gobierno, la salida es reprimirnos y provocar una confrontación.”
Sin embargo, agregó, “pese al ambiente hostil hacia nuestro movimiento de resistencia, hemos definido una nueva etapa en el plan de acción, con el apoyo de la ciudadanía y de otras organizaciones sociales, porque estamos convencidos de que alcanzaremos la victoria mediante la lucha jurídica y la actividad política y social con la población”.
Además de la estructura de coordinación e información que impulsa el SME para detectar, en coordinación con los ciudadanos, fallas en el suministro de energía eléctrica, los electricistas protagonizarán acciones durante las siguientes dos semanas, previas al 16 de marzo, día en que vence el emplazamiento a huelga que intentan hacer efectivo.
Ese día concluye también la vigencia del contrato colectivo en LFC y, antes de la extinción de este organismo, el SME solía intensificar la negociación con la dirección de esta empresa a fin de conseguir alza salarial y prestaciones.
Sin embargo, ante el nuevo contexto (el decreto presidencial da por concluidas las relaciones laborales, pero no ha podido hacerse efectivo por los amparos en curso en juzgados y tribunales), el SME interpuso un atípico emplazamiento a huelga, trámite que fue rechazado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Ante ello, el sindicato interpuso un amparo adicional por esta causa, el cual analiza un juzgado de distrito, de ahí que los líderes del gremio consideran que tienen el derecho de avanzar hacia el estallamiento de huelga en LFC y, con ello, los trabajadores impedirían –bajo esta lógica– las labores en las instalaciones de esta empresa, operada desde el pasado 11 de octubre por la Comisión Federal de Electricidad y las empresas que subcontrató para atender la zona central del país, aun la ciudad de México.
En esa dinámica, el SME aprobó el jueves pasado celebrar asambleas departamentales y seccionales para informar a los agremiados las tareas a realizar “hasta alcanzar la victoria”.
El plan incluye más visitas a delegaciones y municipios; brigadeos en la población y seguir promoviendo la suspensión de pagos de las facturas de la CFE.
El 3 de marzo, está programada una “asamblea magna” de los más de 20 mil jubilados de LFC y, un día después, un mitin en la plaza central de Nezahualcóyotl, estado de México.
El 7 de marzo, el SME y representantes de otras organizaciones viajarán a Cananea, Sonora, para celebrar la Asamblea Nacional de Resistencia Popular, con el fin de expresar su solidaridad a los mineros en conflicto laboral desde hace más de dos años.
El 11 y 12 de marzo el SME sesionará con enviados de organizaciones laborales internacionales como la Federación Sindical Mundial, la estadunidense AFL-CIO y la Unión Internacional de Trabajadores de la Energía.
Ello antes de la estrategia preparatoria a la “huelga en LFC”, el 16 de marzo.
“Para el gobierno, la salida es reprimirnos y provocar una confrontación”, justifica el gremio
Miembros del SME durante la asamblea que celebraron en su sede de Insurgentes Centro y Antonio Caso, el 7 de enero pasadoFoto Jesús Villaseca
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 28 de febrero de 2010, p. 13
Ante el “creciente hostigamiento del gobierno federal”, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) impartirá a sus agremiados un taller de “resistencia civil y pacífica”.
En el curso se difundirá información acerca de las garantías básicas y otros derechos constitucionales que salvaguardan, afirman los dirigentes del SME, el plan de acción de esta organización gremial, opositora a la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) hace casi cinco meses. También se discutirán estrategias defensivas, porque los integrantes de este sindicato advierten peligro creciente de represión contra líderes y representados que va desde el uso de la fuerza pública hasta el encarcelamiento de electricistas.
Humberto Montes de Oca, secretario del Interior del SME, dijo que el gobierno federal tiene una campaña de criminalización de los movimientos laborales.
“El grado de hostigamiento de la Policía Federal en los campamentos [de electricistas] se ha intensificado; hemos observado que, para el gobierno, la salida es reprimirnos y provocar una confrontación.”
Sin embargo, agregó, “pese al ambiente hostil hacia nuestro movimiento de resistencia, hemos definido una nueva etapa en el plan de acción, con el apoyo de la ciudadanía y de otras organizaciones sociales, porque estamos convencidos de que alcanzaremos la victoria mediante la lucha jurídica y la actividad política y social con la población”.
Además de la estructura de coordinación e información que impulsa el SME para detectar, en coordinación con los ciudadanos, fallas en el suministro de energía eléctrica, los electricistas protagonizarán acciones durante las siguientes dos semanas, previas al 16 de marzo, día en que vence el emplazamiento a huelga que intentan hacer efectivo.
Ese día concluye también la vigencia del contrato colectivo en LFC y, antes de la extinción de este organismo, el SME solía intensificar la negociación con la dirección de esta empresa a fin de conseguir alza salarial y prestaciones.
Sin embargo, ante el nuevo contexto (el decreto presidencial da por concluidas las relaciones laborales, pero no ha podido hacerse efectivo por los amparos en curso en juzgados y tribunales), el SME interpuso un atípico emplazamiento a huelga, trámite que fue rechazado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Ante ello, el sindicato interpuso un amparo adicional por esta causa, el cual analiza un juzgado de distrito, de ahí que los líderes del gremio consideran que tienen el derecho de avanzar hacia el estallamiento de huelga en LFC y, con ello, los trabajadores impedirían –bajo esta lógica– las labores en las instalaciones de esta empresa, operada desde el pasado 11 de octubre por la Comisión Federal de Electricidad y las empresas que subcontrató para atender la zona central del país, aun la ciudad de México.
En esa dinámica, el SME aprobó el jueves pasado celebrar asambleas departamentales y seccionales para informar a los agremiados las tareas a realizar “hasta alcanzar la victoria”.
El plan incluye más visitas a delegaciones y municipios; brigadeos en la población y seguir promoviendo la suspensión de pagos de las facturas de la CFE.
El 3 de marzo, está programada una “asamblea magna” de los más de 20 mil jubilados de LFC y, un día después, un mitin en la plaza central de Nezahualcóyotl, estado de México.
El 7 de marzo, el SME y representantes de otras organizaciones viajarán a Cananea, Sonora, para celebrar la Asamblea Nacional de Resistencia Popular, con el fin de expresar su solidaridad a los mineros en conflicto laboral desde hace más de dos años.
El 11 y 12 de marzo el SME sesionará con enviados de organizaciones laborales internacionales como la Federación Sindical Mundial, la estadunidense AFL-CIO y la Unión Internacional de Trabajadores de la Energía.
Ello antes de la estrategia preparatoria a la “huelga en LFC”, el 16 de marzo.
¿ESA ES SU CLASE MUNDIAL C.F.E.?DESPUES DE VARIOS DIAS NO PUEDEN
OTRA VEZ CFE NO PUEDE REPARAR LAS FALLAS DE SUBMINISTRO ELECTRICO Y DEJA POR MAS DE CINCO DIAS SIN LUZ A ESTA TIENDA ELECTRA UBICADA EN CALLE JUAREZ DE LA CIUDAD DE TOLUCA APERTE DE PONER EN RIESGO SU VIDA Y LA DE LA GENTE QUE TRANSITABA POR ESA CALLE AQUI ESTA SU EMPRESA DE CLASE MUNDIAL (CFE CORRUPCION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)
CFE:¿EMPRESA DE CLASE MUNDIAL?
PLAYA DEL CARMEN, Q.ROO.-NUEVAMENTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, (CFE) PROVOCO CON SU FALTA DE PLANEACION EN LOS CAMBIOS DE TENDIDO DE LA RED ELECTRICA, PERDIDAS MILLONARIAS E INCUANTIFICABLES PARA LOS EMPRESARIOS ASENTADOS SOBRE LA QUINTA Y LA DECIMA AVENIDA Y DE LAS CALLES 26 HASTA LA 30LO QUE INICIO DESDE LAS CUATRO DE LA MAÑANA Y CONCLUYO POR LA TARDE
CFE EMPRESA DE INEFICIENCIA MUNDIAL
contratistas de cfe instalando un servicio de luz en Zinacantepec edo. de mex. (zona de LyF)
Chequen la tecnica al subir y su equipo de seguridad
Chequen la tecnica al subir y su equipo de seguridad
sábado, 27 de febrero de 2010
ALCADESA DE TOLUCA REBASA TOPE SALARIAL SUGERIDO
Barrera Tapia percibe mensualmente 129 mil 499 pesos; se redujo 500 pesos en relación a lo que cobraba su antecesor, el panista Juan Rodolfo Sánchez Gómez.
Vie, 26/02/2010 - 11:26
Tiene uno de los mejores ingresos de los más de 2 mil 400 ediles del país. Foto: Luis SolisToluca. Los últimos dos presidentes de la administración toluqueña han sido de los mejores pagados entre los 2 mil 438 alcaldes del país.
Actualmente la alcaldesa María Elena Barrera Tapia, tiene un salario de 129 mil 499 mientras que su antecesor, el panista Juan Rodolfo Sánchez Gómez, ganaba poco más de 130 mil pesos.
Ambos ediles prometieron medidas de austeridad y el anterior se comprometió a disminuir su salario y nunca lo hizo sino que ganó lo correspondiente al tope máximo recomendado por el Consejo Consultivo de Valoración Salarial.
Lo que ha registrado la actual administración, encabezada por una priísta, son diversas medidas de austeridad y recorte de algunas plazas por considerar que se trataba de “aviadores” pero sus percepciones mensuales así como de los regidores son casi iguales a las de la pasada gestión.
El municipio de Toluca se encuentra –de acuerdo al reporte entregado por el Consejo Consultivo de Valoración Salarial -, en el “Grupo D”, tal y como ocurre con otros siete municipios.
En esos, de acuerdo a las disposiciones, los alcaldes no podían ganar, hasta el año pasado, más de 99 mil 260 pesos, en tanto que para este año podrán percibir hasta 106 mil 634,lo que significa que ni el pasado ni la actual alcaldesa se sujetan a los topes salariales.
PROMESAS INCUMPLIDAS
A su llegada regidores como el perredista Domitilo Posadas, consideraron que era buena la propuesta que él y sus compañeros redujeran su salario 10 por ciento.
Sin embargo, hasta el momento siguen ganando lo mismo que sus antecesores de la administración 2006-2009.
De acuerdo a la página de Internet del ayuntamiento de la capital del Estado, los regidores perciben 85 mil 989 pesos, en tanto que un síndico 97 mil 890 pesos.
El ayuntamiento de Toluca gasta mensualmente en pago de salarios de la alcaldesa, tres síndicos y 16 regidores, 2 millones 881 mil 147 pesos.
Tan sólo en el área de presidencia, el pago cada mes es de 472 mil 297 pesos
"AGITADORES" CAUSARON EL ENFRENTAMIENTO EN VALLE DE CHALCO: ENRIQUE PEÑA
El gobernador del estado descartó que se haya tenido discrecionalidad en la entrega de los apoyos, aunque admitió que hubo vacíos en los censos que impidió registrar la totalidad de las personas afectadas.
Vie, 26/02/2010 - 17:42
Tuvo un encuentro con empresarios en Ixtapan de la Sal. Foto: Enrique HernándezIxtapan de la Sal. El gobernador Enrique Peña Nieto dijo que los enfrentamientos entre elementos de la Agencia de Seguridad Estatal y más de 300 damnificados por las lluvias de los municipios de Chalco y Valle de Chalco fueron provocados por “agitadores sociales” que buscan sacar ventaja política de la desgracia.
Entrevistado al término de un encuentro con empresarios en Ixtapan de la Sal, el mandatario estatal afirmó que se ha intentado “politizar el tema por algunos grupos que responden a distintas organizaciones políticas.
“No podría señalar ni siquiera a qué afinidad partidaria respondan pero que están ahí insertos, que han venido agitando un poco, sobre todo entre aquellas personas que no siendo afectadas han querido también encontrar en ello oportunidad para recibir algún beneficio”.
Peña Nieto descartó que se haya tenido discrecionalidad en la entrega de los apoyos, aunque admitió que hubo vacíos en los censos que impidió registrar la totalidad de las personas afectadas.
“Se han suscitado casos de gente que obviamente a partir de la desgracia ocurrida dejaron sus viviendas y en el momento de los censos no estuvieron presentes, se han suscitado también a partir del esquema que se tiene con el gobierno federal de identificación y de apoyo a personas afectadas, que algunos casos en análisis que se hizo para estos no calificaron, sin embargo se ha establecido una mesa de atención a estas personas y creemos que esto se habrá de resolver”.
Abundó que la participación de la policía federal fue para prevenir afectaciones viales en la carretera México-Puebla “que pudiera entorpecer la actividad económica que se tiene en la zona”.
Reconoció que los apoyos que oscilan entre 20 y 25 mil pesos son insuficientes para atender la totalidad de las necesidades de los afectados, los cuales serán entregados en esta semana.
“Es un apoyo como se dijo en todo momento, como se dijo en algunos casos, que quizá no resuelva o apoye en todo, o no les permita recuperar, lamentablemente todo lo que se haya perdido (…) quedó instalada una mesa de atención a personas damnificadas y tengamos presente que este es el apoyo que los gobiernos han generado ante un evento completamente extraordinario inusual, no previsto y que obviamente obliga a que haya una muestra de solidaridad para con todas las familias”.
Reforma laboral, justicia al revés
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via: la jornada
Arturo Alcalde Justiniani
Al preguntarnos si es necesario reformar el modelo laboral actual para que sea más eficiente y justo, la respuesta sería afirmativa, porque es urgente cambiar una realidad que salta a la vista: el empleo cada vez es más escaso, crece la informalidad, la mayoría de trabajadores perciben salarios por debajo de sus necesidades básicas y se ven obligados a ampliar las jornadas de trabajo para subsistir; a los trabajadores de nuevo ingreso se les despoja de los derechos más elementales; los medios de representación y defensa colectiva se sujetan a controles y prácticas de corrupción y la justicia laboral es lenta y parcial.
Ante la interrogante de si la reforma laboral promovida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) soluciona, al menos parcialmente, estos problemas, la respuesta es no. El proyecto se orienta básicamente a fortalecer, por un lado, los vicios corporativos y reducir derechos colectivos por supuestas razones de seguridad jurídica y, por el otro, a limitar la estabilidad en el empleo, promoviendo el despido libre, el pago por horas y la contratación temporal. Se ofrece precariedad laboral para supuestamente atraer más inversión y productividad.
Uno de las propuestas centrales de la STPS, atendiendo sugerencias de abogados empresariales que buscan por esta vía favorecer sus intereses, se refiere al tema de los salarios caídos, aquellos que los trabajadores dejan de percibir durante el tiempo que dura un juicio por despido. Conforme a nuestra ley laboral vigente, en caso de que éste sea declarado injustificado, corresponde al patrón cubrir el pago. Es importante subrayar que cuando la separación del trabajador es justificada no recibe cantidad alguna por ese concepto.
Los juicios ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje son excesivamente lentos y tortuosos, y tienen una duración promedio de cuatro años, ocasionando graves daños tanto a trabajadores como a patrones, provocándoles temor y desconfianza cuando deben desahogar controversias en estos tribunales tripartitos. Imaginemos la afectación que implica para una persona que vive de su trabajo soportar dicha espera; también para los patrones, sobre todo personas físicas o pequeños empresarios, conlleva un riesgo el verse obligado a cubrir salarios de varios años.
Una verdadera reforma laboral debería lograr que los juicios concluyeran en un periodo corto, en los tiempos que la propia ley señala, de un máximo de tres meses; sin embargo, para lograrlo deben existir órganos de justicia eficientes, imparciales y que cuenten con los medios necesarios para resolver los juicios de manera pronta y expedita como lo señala nuestra Carta Magna. Esas instancias no pueden ser las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que por su composición tripartita, sometimiento al Poder Ejecutivo y falta de presupuesto están condenadas a la ineficacia. Este tripartismo es falso, porque prevalece la voluntad del tercero en discordia, que es el representante del gobierno. Los designados por el sector obrero y patronal están de adorno, su participación se limita a hacer más difícil el proceso, porque no asisten con regularidad, atrasan sus firmas, esconden los expedientes y obstaculizan los procedimientos conforme a sus particulares intereses. Sus salarios podrían ser utilizados para mejorar el servicio.
Lo deseable es que el proyecto de la STPS propusiera un sistema de justicia diferente, apoyado en jueces confiables, imparciales, como operan en cualquier sistema legal para dar certidumbre a patrones y trabajadores. Como dicha dependencia no quiso asumir el reto, optó por otra salida: limitar los salarios caídos hasta un máximo de seis meses más intereses por nueve meses de salarios. De esta manera, los salarios que excedan ese tiempo serán por cuenta de los trabajadores, quienes sufrirán las consecuencias de la lentitud de los juicios, aún cuando el culpable al final, sea el patrón. Una especie de justicia al revés, cuyas consecuencias son evidentes. Si el juicio dura cuatro años, el patrón sólo cubrirá la octava parte de ese periodo y el trabajador, que se friegue: quién le manda andar reclamando justicia.
La propuesta de cubrir salarios hasta seis meses es absurda, lo único que provocaría es que los patrones despidan a los trabajadores sin temor ni recato alguno, ya que en caso de ser demandados por ellos, les ofrecería, si mucho, un par de meses, so pena que les hagan esperar varios años para cobrar, sólo si el despido resulta injustificado y después de amparos y todas las dificultades que en la práctica operan, incluidos los mecanismos del propio cobro.
Los abogados patronales que sustentan la propuesta de limitar el pago a seis meses, sostienen que su origen deviene de la legislación española, donde a los trabajadores se les cubre únicamente tres meses de salario, de manera que los mexicanos saldrían ganando el doble. Sin embargo, una lectura cuidadosa de dicha legislación contradice tal argumento. Primero, porque los órganos de justicia son distintos a los nuestros, se trata de jueces que resuelven con imparcialidad y rapidez y; segundo, porque los salarios caídos que exceden de tres meses los paga el propio Estado porque la lentitud es imputable a éste. El artículo 57 de la ley laboral española denominada Estatuto de los Trabajadores, señala que cuando la sentencia que declare la improcedencia del despido se dicte transcurridos más de 60 días hábiles, el empresario podrá reclamar al Estado los salarios dejados de percibir por el trabajador “correspondiente al tiempo que exceda de dichos 60 días”.
Lo que la reforma debe garantizar, entre otros temas, es que los juicios laborales duren menos de seis meses, así se apoyará a trabajadores, patrones y al país entero, pero de ninguna manera cargarle el costo sólo a los trabajadores cuando no son responsables de su despido, ni de la ineficiencia del sistema de justicia.
via: la jornada
Arturo Alcalde Justiniani
Al preguntarnos si es necesario reformar el modelo laboral actual para que sea más eficiente y justo, la respuesta sería afirmativa, porque es urgente cambiar una realidad que salta a la vista: el empleo cada vez es más escaso, crece la informalidad, la mayoría de trabajadores perciben salarios por debajo de sus necesidades básicas y se ven obligados a ampliar las jornadas de trabajo para subsistir; a los trabajadores de nuevo ingreso se les despoja de los derechos más elementales; los medios de representación y defensa colectiva se sujetan a controles y prácticas de corrupción y la justicia laboral es lenta y parcial.
Ante la interrogante de si la reforma laboral promovida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) soluciona, al menos parcialmente, estos problemas, la respuesta es no. El proyecto se orienta básicamente a fortalecer, por un lado, los vicios corporativos y reducir derechos colectivos por supuestas razones de seguridad jurídica y, por el otro, a limitar la estabilidad en el empleo, promoviendo el despido libre, el pago por horas y la contratación temporal. Se ofrece precariedad laboral para supuestamente atraer más inversión y productividad.
Uno de las propuestas centrales de la STPS, atendiendo sugerencias de abogados empresariales que buscan por esta vía favorecer sus intereses, se refiere al tema de los salarios caídos, aquellos que los trabajadores dejan de percibir durante el tiempo que dura un juicio por despido. Conforme a nuestra ley laboral vigente, en caso de que éste sea declarado injustificado, corresponde al patrón cubrir el pago. Es importante subrayar que cuando la separación del trabajador es justificada no recibe cantidad alguna por ese concepto.
Los juicios ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje son excesivamente lentos y tortuosos, y tienen una duración promedio de cuatro años, ocasionando graves daños tanto a trabajadores como a patrones, provocándoles temor y desconfianza cuando deben desahogar controversias en estos tribunales tripartitos. Imaginemos la afectación que implica para una persona que vive de su trabajo soportar dicha espera; también para los patrones, sobre todo personas físicas o pequeños empresarios, conlleva un riesgo el verse obligado a cubrir salarios de varios años.
Una verdadera reforma laboral debería lograr que los juicios concluyeran en un periodo corto, en los tiempos que la propia ley señala, de un máximo de tres meses; sin embargo, para lograrlo deben existir órganos de justicia eficientes, imparciales y que cuenten con los medios necesarios para resolver los juicios de manera pronta y expedita como lo señala nuestra Carta Magna. Esas instancias no pueden ser las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que por su composición tripartita, sometimiento al Poder Ejecutivo y falta de presupuesto están condenadas a la ineficacia. Este tripartismo es falso, porque prevalece la voluntad del tercero en discordia, que es el representante del gobierno. Los designados por el sector obrero y patronal están de adorno, su participación se limita a hacer más difícil el proceso, porque no asisten con regularidad, atrasan sus firmas, esconden los expedientes y obstaculizan los procedimientos conforme a sus particulares intereses. Sus salarios podrían ser utilizados para mejorar el servicio.
Lo deseable es que el proyecto de la STPS propusiera un sistema de justicia diferente, apoyado en jueces confiables, imparciales, como operan en cualquier sistema legal para dar certidumbre a patrones y trabajadores. Como dicha dependencia no quiso asumir el reto, optó por otra salida: limitar los salarios caídos hasta un máximo de seis meses más intereses por nueve meses de salarios. De esta manera, los salarios que excedan ese tiempo serán por cuenta de los trabajadores, quienes sufrirán las consecuencias de la lentitud de los juicios, aún cuando el culpable al final, sea el patrón. Una especie de justicia al revés, cuyas consecuencias son evidentes. Si el juicio dura cuatro años, el patrón sólo cubrirá la octava parte de ese periodo y el trabajador, que se friegue: quién le manda andar reclamando justicia.
La propuesta de cubrir salarios hasta seis meses es absurda, lo único que provocaría es que los patrones despidan a los trabajadores sin temor ni recato alguno, ya que en caso de ser demandados por ellos, les ofrecería, si mucho, un par de meses, so pena que les hagan esperar varios años para cobrar, sólo si el despido resulta injustificado y después de amparos y todas las dificultades que en la práctica operan, incluidos los mecanismos del propio cobro.
Los abogados patronales que sustentan la propuesta de limitar el pago a seis meses, sostienen que su origen deviene de la legislación española, donde a los trabajadores se les cubre únicamente tres meses de salario, de manera que los mexicanos saldrían ganando el doble. Sin embargo, una lectura cuidadosa de dicha legislación contradice tal argumento. Primero, porque los órganos de justicia son distintos a los nuestros, se trata de jueces que resuelven con imparcialidad y rapidez y; segundo, porque los salarios caídos que exceden de tres meses los paga el propio Estado porque la lentitud es imputable a éste. El artículo 57 de la ley laboral española denominada Estatuto de los Trabajadores, señala que cuando la sentencia que declare la improcedencia del despido se dicte transcurridos más de 60 días hábiles, el empresario podrá reclamar al Estado los salarios dejados de percibir por el trabajador “correspondiente al tiempo que exceda de dichos 60 días”.
Lo que la reforma debe garantizar, entre otros temas, es que los juicios laborales duren menos de seis meses, así se apoyará a trabajadores, patrones y al país entero, pero de ninguna manera cargarle el costo sólo a los trabajadores cuando no son responsables de su despido, ni de la ineficiencia del sistema de justicia.
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