México
Organización Editorial Mexicana
1 de marzo de 2010
Carlos Lara / El Sol de México
Ciudad de México.- Ante la decisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), de negar el emplazamiento a huelga por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra la extinta Luz y Fuerza del Centro, Martín Esparza Flores, líder este gremio, dijo que con esta decisión "queda de manifiesto que la Junta hay línea y está al servicio de Javier Lozano; demuestra que es enemiga de los trabajadores, ya que su objetivo es quitar el derecho de huelga a los sindicatos, además de que nuestro Contrato Colectivo de Trabajo sigue vigente".
En entrevista con El Sol de México, Esparza Flores dijo que "solicitarán un 40 por ciento de aumento salarial, similar al que se le concedió al Ejército, ya que somos los que generamos la riqueza en nuestro país".
Comentó que para este 16 de marzo al mediodía tomarán las instalaciones "con el objetivo de resguardarlas; nadie entra y nadie sale de las mismas hasta que se resuelva el conflicto".
Y es que a cuatro meses de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, el líder gremial añadió que en torno al tema de la revisión contractual, "la decisión de la JFCA no es la única ni la definitiva, ya que es una vía administrativa y esto se resolverá en el Tribunal Judicial y nos vamos a ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
En torno a lo anunciado por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), solicitará la intervención de los jueces de lo familiar para que las exesposas e hijos menores de edad de los extrabajadores del extinto organismo, reciban su pensión alimenticia.
Esparza Flores aseveró que "este tema es muy importante, ya que las esposas de los trabajadores o las exesposas de los trabajadores puedan cobrar lo que les corresponde".
Por último, convocó a "las esposas de los 44 mil 600 trabajadores que fueron liquidados a que acudan a la Secretaria del Trabajo para que exijan lo que les corresponde".
EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION SUBESTACIONES TOLUCA CONTINUA EN PIE DE LUCHA CON LA CONVICCION DE OBTENER LA VICTORIA EN LA DEFENSA DE NUESTRO TRABAJO.
EN MEMORIA DE UN MIEMBRO DE OPERACION
DESCANSE EN PAZ EL C. RICARDO GONZALEZ BECERRIL
lunes, 1 de marzo de 2010
Legitimidad y ruptura social
La identidad nacional y lo social
Mario Luis Fuentes
01-Mar-2010
La nación mexicana se encuentra fragmentada porque no hay suficientes canales de diálogo.
El intento de linchamiento de dos policías federales y el posterior enfrentamiento de la población con la policía del Distrito Federal en Milpa Alta; y el violento enfrentamiento entre los damnificados de Chalco y la policía, tienen un factor común: muestran que lo que se ha llamado el “estallido social” está en proceso y que el Estado no cuenta con mecanismos de interlocución legítimos con la ciudadanía.
La imposibilidad de un diálogo y un acuerdo racional y pacífico entre las fuerzas del orden y los gobernados implica un asunto mayor que exige una urgente reflexión, dirigida a reconstituir los puentes sociales de comunicación.
A partir de la década de los 80, en el siglo pasado, el “adelgazamiento” del Estado en lo administrativo y lo económico fue acompañado de un proceso paralelo de ruptura de los mecanismos “tradicionales” de mediación social: sindicatos, organizaciones campesinas y obreras, organizaciones sociales de base y otras estructuras comunitarias de participación o fueron desmanteladas o simplemente dejó de apoyárseles.
El problema es que desde una idea del poder basada en el individualismo a ultranza, las estructuras de mediación han sido consideradas como innecesarias y hoy hemos llegado a una compleja situación en la que, ante la ruptura del orden social y legal, el Estado no cuenta con los instrumentos ni las capacidades de interlocución para procesar las demandas ciudadanas y para restablecer el orden con base en criterios de justicia y equidad.
Erosionar o abandonar desde la autoridad a las estructuras comunitarias ha tenido como contraparte el surgimiento de formas autónomas de gestión y organización social, que incluso han sido capaces de generar redes de protección social, al margen del ámbito institucional.
¿Cómo procesar y comprender estas nuevas formas de organización y participación comunitaria? ¿Cómo darle sentido y cómo darle cause a la acción institucional para apoyar y respaldar a estas nuevas estructuras?
Quizá lo más complejo sea comprender cómo la violencia está presente y latente en muchos de estos espacios, y cómo comprender incluso la interacción que el crimen organizado ha establecido en distintos ámbitos territoriales, construyendo mecanismos de gestión social, tales como el establecimiento de dispensarios médicos, consultorios y construcción de infraestructura social.
Hay muchas preguntas por plantear y muchas respuestas que construir. Sin embargo, el tiempo apremia y es urgente que las instituciones del Estado, en todos sus ámbitos y niveles, implementen nuevos mecanismos de mediación para procesar el conflicto, pero que sobre todo tengan la capacidad de reconducir el pacto social.
La nación mexicana se encuentra fragmentada porque no hay suficientes canales de diálogo y, como consecuencia, se ha perdido la capacidad de, en la diversidad y la pluralidad, construir un sentido compartido de presente y futuro.
Estamos ya ente una disyuntiva que en general tiene dos vertientes: o permitimos que la violencia y la fragmentación social se agudicen o reconstruimos un intenso diálogo público social en aras de intentar rediseñar al Estado para que encuentre en la interlocución social nuevas estrategias compartidas de desarrollo, inclusión y equidad.
Lo evidente es que la primera ruta no es transitable. El problema está en que carecemos de los liderazgos suficientes para articular un proceso para enfilarnos hacia la segunda; lo cierto es que urge actuar, y ante la magnitud de nuestros problemas nadie puede ya sustraerse de cumplir con su respons
Mario Luis Fuentes
01-Mar-2010
La nación mexicana se encuentra fragmentada porque no hay suficientes canales de diálogo.
El intento de linchamiento de dos policías federales y el posterior enfrentamiento de la población con la policía del Distrito Federal en Milpa Alta; y el violento enfrentamiento entre los damnificados de Chalco y la policía, tienen un factor común: muestran que lo que se ha llamado el “estallido social” está en proceso y que el Estado no cuenta con mecanismos de interlocución legítimos con la ciudadanía.
La imposibilidad de un diálogo y un acuerdo racional y pacífico entre las fuerzas del orden y los gobernados implica un asunto mayor que exige una urgente reflexión, dirigida a reconstituir los puentes sociales de comunicación.
A partir de la década de los 80, en el siglo pasado, el “adelgazamiento” del Estado en lo administrativo y lo económico fue acompañado de un proceso paralelo de ruptura de los mecanismos “tradicionales” de mediación social: sindicatos, organizaciones campesinas y obreras, organizaciones sociales de base y otras estructuras comunitarias de participación o fueron desmanteladas o simplemente dejó de apoyárseles.
El problema es que desde una idea del poder basada en el individualismo a ultranza, las estructuras de mediación han sido consideradas como innecesarias y hoy hemos llegado a una compleja situación en la que, ante la ruptura del orden social y legal, el Estado no cuenta con los instrumentos ni las capacidades de interlocución para procesar las demandas ciudadanas y para restablecer el orden con base en criterios de justicia y equidad.
Erosionar o abandonar desde la autoridad a las estructuras comunitarias ha tenido como contraparte el surgimiento de formas autónomas de gestión y organización social, que incluso han sido capaces de generar redes de protección social, al margen del ámbito institucional.
¿Cómo procesar y comprender estas nuevas formas de organización y participación comunitaria? ¿Cómo darle sentido y cómo darle cause a la acción institucional para apoyar y respaldar a estas nuevas estructuras?
Quizá lo más complejo sea comprender cómo la violencia está presente y latente en muchos de estos espacios, y cómo comprender incluso la interacción que el crimen organizado ha establecido en distintos ámbitos territoriales, construyendo mecanismos de gestión social, tales como el establecimiento de dispensarios médicos, consultorios y construcción de infraestructura social.
Hay muchas preguntas por plantear y muchas respuestas que construir. Sin embargo, el tiempo apremia y es urgente que las instituciones del Estado, en todos sus ámbitos y niveles, implementen nuevos mecanismos de mediación para procesar el conflicto, pero que sobre todo tengan la capacidad de reconducir el pacto social.
La nación mexicana se encuentra fragmentada porque no hay suficientes canales de diálogo y, como consecuencia, se ha perdido la capacidad de, en la diversidad y la pluralidad, construir un sentido compartido de presente y futuro.
Estamos ya ente una disyuntiva que en general tiene dos vertientes: o permitimos que la violencia y la fragmentación social se agudicen o reconstruimos un intenso diálogo público social en aras de intentar rediseñar al Estado para que encuentre en la interlocución social nuevas estrategias compartidas de desarrollo, inclusión y equidad.
Lo evidente es que la primera ruta no es transitable. El problema está en que carecemos de los liderazgos suficientes para articular un proceso para enfilarnos hacia la segunda; lo cierto es que urge actuar, y ante la magnitud de nuestros problemas nadie puede ya sustraerse de cumplir con su respons
Alarma al CILAS el “cinismo y la impunidad” de Javier Lozano
Para el secretario, el desempleo en el país es “normal”
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Lunes 1º de marzo de 2010, p. 12
Hay “cinismo e impunidad” del gobierno mexicano frente a las cifras alarmantes del desempleo y de mexicanos en condición de pobreza, señaló el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), y planteó que es indignante que el secretario del Trabajo, Javier Lozano, califique de “normal” que en enero de este año unas 500 mil personas perdieran su trabajo, aumentando así a 2.7 millones la cifra de desempleados en el país.
“Por ridículo que parezca, para la Secretaría del Trabajo el desempleo es normal y por lo tanto no hay de que preocuparse, porque es un fenómeno que se presenta año con año con la desaparición de los empleos temporales de la época navideña. Esto significa que la pobreza y la desesperación de la gente es un fenómeno natural contenido en el proyecto económico neoliberal del gobierno mexicano.”
Consideró que lo que menos importa a las autoridades federales es que los mexicanos tengan empleo y salario digno y, en cambio, están empeñadas en criminalizar los movimientos obreros y sociales del país, así como en usar la fuerza contra los que se manifiestan contra sus políticas.
Según planteó esta organización, la insensibilidad del gobierno calderonista y de su secretario del Trabajo, Javier Lozano, es sabida, pero llama a la indignación que el funcionario que por mandato constitucional debiera preocuparse por fomentar el empleo sea precisamente quien se ocupe de justificar que no lo haya.
El CILAS propuso preguntar al funcionario si es normal también la pobreza de 50 millones de mexicanas y mexicanos, y la miseria absoluta en que vive un tercio de la población. “Habrá que cuestionar si también es un fenómeno natural que no solamente no se cree el millón de empleos necesarios cada año, sino que medio millón se pierda en un mes”.
Para esta organización el cinismo y la impunidad de la Secretaría del Trabajo se evidencian cuando sin ningún recato ofrece todo el apoyo a Grupo México, o cuando, en contraparte a la imposición del tope salarial de 4.8 por ciento al salario mínimo, a los miembros del Ejército se les aumenta 40 por ciento.
Por ello “a las y los trabajadores mexicanos, a la ciudadanía en general, no nos queda más camino que el de la organización y la resistencia para obligar cambios sustanciales en favor de los millones que siguen en la miseria”, señaló.
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Lunes 1º de marzo de 2010, p. 12
Hay “cinismo e impunidad” del gobierno mexicano frente a las cifras alarmantes del desempleo y de mexicanos en condición de pobreza, señaló el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), y planteó que es indignante que el secretario del Trabajo, Javier Lozano, califique de “normal” que en enero de este año unas 500 mil personas perdieran su trabajo, aumentando así a 2.7 millones la cifra de desempleados en el país.
“Por ridículo que parezca, para la Secretaría del Trabajo el desempleo es normal y por lo tanto no hay de que preocuparse, porque es un fenómeno que se presenta año con año con la desaparición de los empleos temporales de la época navideña. Esto significa que la pobreza y la desesperación de la gente es un fenómeno natural contenido en el proyecto económico neoliberal del gobierno mexicano.”
Consideró que lo que menos importa a las autoridades federales es que los mexicanos tengan empleo y salario digno y, en cambio, están empeñadas en criminalizar los movimientos obreros y sociales del país, así como en usar la fuerza contra los que se manifiestan contra sus políticas.
Según planteó esta organización, la insensibilidad del gobierno calderonista y de su secretario del Trabajo, Javier Lozano, es sabida, pero llama a la indignación que el funcionario que por mandato constitucional debiera preocuparse por fomentar el empleo sea precisamente quien se ocupe de justificar que no lo haya.
El CILAS propuso preguntar al funcionario si es normal también la pobreza de 50 millones de mexicanas y mexicanos, y la miseria absoluta en que vive un tercio de la población. “Habrá que cuestionar si también es un fenómeno natural que no solamente no se cree el millón de empleos necesarios cada año, sino que medio millón se pierda en un mes”.
Para esta organización el cinismo y la impunidad de la Secretaría del Trabajo se evidencian cuando sin ningún recato ofrece todo el apoyo a Grupo México, o cuando, en contraparte a la imposición del tope salarial de 4.8 por ciento al salario mínimo, a los miembros del Ejército se les aumenta 40 por ciento.
Por ello “a las y los trabajadores mexicanos, a la ciudadanía en general, no nos queda más camino que el de la organización y la resistencia para obligar cambios sustanciales en favor de los millones que siguen en la miseria”, señaló.
Anuncia Lozano nuevo plan de presión para que electricistas acepten liquidarse
Un grupo de mujeres sin identificar solicita se les paguen pensiones alimentarias
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Lunes 1º de marzo de 2010, p. 13
El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, pedirá la intervención de jueces de lo familiar para que a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que no han aceptado liquidarse y que tienen ex cónyuges e hijos menores de edad que reclaman la pensión alimentaria, les descuenten de los finiquitos que les corresponden el pago de dichas pensiones.
La medida es a solicitud de un grupo de mujeres, según se informó ayer en un comunicado de prensa, sin especificar quiénes hicieron tal petición.
Sostuvo que la finalidad de esta acción es presionar a los electricistas que se rehúsan a cobrar sus liquidaciones para que se les quite lo correspondiente a la pensión alimentaria que tienen que entregar a sus ex esposas, las cuales han resultado afectadas al no poder recibir estos recursos, debido a que los ex trabajadores que tienen que cumplir la obligación se han negado a recibir la indemnización ofrecida por el gobierno federal.
La STPS, encabezada por Javier Lozano Alarcón, por conducto de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), solicitará la intervención de los jueces de lo familiar para que ex cónyuges e hijos menores de edad de los ex trabajadores del extinto organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro, que no han aceptado su liquidación, reciban el pago de la pensión alimentaria que por ley les corresponde.
De esta manera se responde a la solicitud de un grupo de mujeres que no ha recibido los recursos correspondientes a dichas pensiones, a pesar de que existe una orden de la autoridad judicial que les confiere ese derecho, indicó la dependencia.
Por lo pronto, la STPS ya instruyó a la Profedet para que coadyuve a resolver este problema y, según advirtió, “se procederá a ejercitar las acciones jurídicas orientadas a solicitar a los jueces de lo familiar que en su momento ordenaron decretar el pago de dicha pensión que, por su conducto, se decrete el aseguramiento de alimentos y se ordene el pago correspondiente, sin importar el hecho de que el ex cónyuge hubiere aceptado o no la indemnización”.
Ante esta disposición, la Profedet ya reúne la información de los expedientes de las ex cónyuges y/o hijos menores que se encuentran en ese supuesto, para solicitar al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, liquidador federal de Luz y Fuerza del Centro, el aseguramiento y pago de dicha obligación.
La dependencia informó que sólo se requiere de una carta poder firmada por las ex cónyuges con el fin de que sean representadas por esa procuraduría, así como una fotocopia simple de la sentencia firme, por virtud de la cual el respectivo juez de lo familiar decretó en su favor la pensión alimentaria.
Asimismo, la procuraduría realizará dichas acciones en el Distrito Federal y en las entidades federativas donde se encuentren los afectados, por conducto de los procuradores federales de la defensa del trabajo, y en la unidad vehicular procuraduría móvil, para efectos de reunir la documentación necesaria.
Según arguye la secretaría, con esta disposición reitera su compromiso de garantizar a los familiares la protección de sus derechos y, con ello, contribuir al bienestar de las familias de los ex trabajadores que no han querido cobrar su liquidación por decisión personal o por presión de sus representantes.
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Lunes 1º de marzo de 2010, p. 13
El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, pedirá la intervención de jueces de lo familiar para que a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que no han aceptado liquidarse y que tienen ex cónyuges e hijos menores de edad que reclaman la pensión alimentaria, les descuenten de los finiquitos que les corresponden el pago de dichas pensiones.
La medida es a solicitud de un grupo de mujeres, según se informó ayer en un comunicado de prensa, sin especificar quiénes hicieron tal petición.
Sostuvo que la finalidad de esta acción es presionar a los electricistas que se rehúsan a cobrar sus liquidaciones para que se les quite lo correspondiente a la pensión alimentaria que tienen que entregar a sus ex esposas, las cuales han resultado afectadas al no poder recibir estos recursos, debido a que los ex trabajadores que tienen que cumplir la obligación se han negado a recibir la indemnización ofrecida por el gobierno federal.
La STPS, encabezada por Javier Lozano Alarcón, por conducto de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), solicitará la intervención de los jueces de lo familiar para que ex cónyuges e hijos menores de edad de los ex trabajadores del extinto organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro, que no han aceptado su liquidación, reciban el pago de la pensión alimentaria que por ley les corresponde.
De esta manera se responde a la solicitud de un grupo de mujeres que no ha recibido los recursos correspondientes a dichas pensiones, a pesar de que existe una orden de la autoridad judicial que les confiere ese derecho, indicó la dependencia.
Por lo pronto, la STPS ya instruyó a la Profedet para que coadyuve a resolver este problema y, según advirtió, “se procederá a ejercitar las acciones jurídicas orientadas a solicitar a los jueces de lo familiar que en su momento ordenaron decretar el pago de dicha pensión que, por su conducto, se decrete el aseguramiento de alimentos y se ordene el pago correspondiente, sin importar el hecho de que el ex cónyuge hubiere aceptado o no la indemnización”.
Ante esta disposición, la Profedet ya reúne la información de los expedientes de las ex cónyuges y/o hijos menores que se encuentran en ese supuesto, para solicitar al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, liquidador federal de Luz y Fuerza del Centro, el aseguramiento y pago de dicha obligación.
La dependencia informó que sólo se requiere de una carta poder firmada por las ex cónyuges con el fin de que sean representadas por esa procuraduría, así como una fotocopia simple de la sentencia firme, por virtud de la cual el respectivo juez de lo familiar decretó en su favor la pensión alimentaria.
Asimismo, la procuraduría realizará dichas acciones en el Distrito Federal y en las entidades federativas donde se encuentren los afectados, por conducto de los procuradores federales de la defensa del trabajo, y en la unidad vehicular procuraduría móvil, para efectos de reunir la documentación necesaria.
Según arguye la secretaría, con esta disposición reitera su compromiso de garantizar a los familiares la protección de sus derechos y, con ello, contribuir al bienestar de las familias de los ex trabajadores que no han querido cobrar su liquidación por decisión personal o por presión de sus representantes.
domingo, 28 de febrero de 2010
Rechaza JFCA emplazamiento a huelga
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 28 de febrero de 2010, p. 13
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) negó al Sindicato Mexicano de Electricistas el trámite de emplazamiento a huelga en Luz y Fuerza del Centro. La autoridad laboral dijo que el decreto de extinción de ese organismo determina el fin de las relaciones laborales y el contrato colectivo respectivo.
De acuerdo con el SME, en los últimos días de enero pasado hubo una resolución de ese tipo ante una solicitud del sindicato que busca revisar el documento que rige las relaciones laborales, cuya vigencia se extiende al 16 de marzo.
Anoche la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que la solicitud que interpuso el SME el viernes pasado se dirigió “indistintamente a LFC, al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y a la Comisión Federal de Electricidad”.
Al ser analizada la documentación, señala la dependencia, la junta consideró improcedente la solicitud de exigir la revisión del contrato. Argumentó que la juez primera de distrito del centro auxiliar de la primera región negó el amparo que promovió el SME contra el término de las relaciones laborales.
La STPS señaló que por lo que toca al SAE y la CFE, el SME nunca ha tenido relación contractual con dichos organismos, por lo que la junta determinó negar el trámite y ordenó el archivo del expediente como asunto definitivamente concluido.
Periódico La Jornada
Domingo 28 de febrero de 2010, p. 13
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) negó al Sindicato Mexicano de Electricistas el trámite de emplazamiento a huelga en Luz y Fuerza del Centro. La autoridad laboral dijo que el decreto de extinción de ese organismo determina el fin de las relaciones laborales y el contrato colectivo respectivo.
De acuerdo con el SME, en los últimos días de enero pasado hubo una resolución de ese tipo ante una solicitud del sindicato que busca revisar el documento que rige las relaciones laborales, cuya vigencia se extiende al 16 de marzo.
Anoche la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que la solicitud que interpuso el SME el viernes pasado se dirigió “indistintamente a LFC, al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y a la Comisión Federal de Electricidad”.
Al ser analizada la documentación, señala la dependencia, la junta consideró improcedente la solicitud de exigir la revisión del contrato. Argumentó que la juez primera de distrito del centro auxiliar de la primera región negó el amparo que promovió el SME contra el término de las relaciones laborales.
La STPS señaló que por lo que toca al SAE y la CFE, el SME nunca ha tenido relación contractual con dichos organismos, por lo que la junta determinó negar el trámite y ordenó el archivo del expediente como asunto definitivamente concluido.
Denuncian electricistas subterfugios para evitar que los contrate CFE
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 28 de febrero de 2010
A casi cinco meses de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), los ex trabajadores de este organismo que cobraron su liquidación y pretenden ser recontratados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) continúan inmersos en un engorroso proceso administrativo y en cursos de capacitación que, para muchos de ellos, resultan ociosos respecto al perfil especializado que tenían en LFC.
Electricistas consultados hojean, decepcionados, el programa que les imparte el Servicio Nacional de Empleo, con información elemental que ya dominan.
Por ejemplo, relatan, los instructores se concentran en explicar los fundamentos de electricidad básica de Tales de Mileto (electrostática) y poco o nada en aspectos prácticos "o de verdadero adiestramiento que supuestamente requerimos para estar al nivel de las nuevas tareas que tendríamos que dominar en CFE".
Entrevistados por La Jornada, afirman que están ante una táctica dilatoria del gobierno no sólo para debilitar el movimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas, sino para mantener "a raya, esperanzados" a miles de trabajadores en un largo proceso de selección y capacitación de quienes buscan reinsertarse en la vida laboral con una plaza en la CFE.
El especialista referido solicitó el anonimato, porque aunque hasta el momento ningún ex trabajador de LFC ha sido recontratado en la CFE, a todos los tienen ubicados no sólo en sus aspiraciones de recuperar un empleo formal, sino en sus domicilios, adonde les llegan notificaciones de "todos los trámites y vueltas en las que nos traen sin resolvernos nada, aun cuando ya han pasado muchos meses desde la extinción de LFC".
También pide que no se detalle la forma en que ahora se gana la vida, una ocupación informal, por cuenta propia, producto del dinero que le quedó de su liquidación, luego de pagar los préstamos personales que tenía en LFC y quedar con un adeudo de su crédito hipotecario.
Con los documentos bajo el brazo que avalan su nivel de especialización, el referido ex trabajador de LFC señala que las autoridades encargadas del proceso no les han informado de los supuestos pasos que les faltarían para resolver, en definitiva, quién será admitido.
“Hay total incertidumbre. Llenamos la solicitud en la Concanaco y nada más. No nos han llamado a exámenes sicométricos, médicos. Nada. Sólo nos dijeron ‘vayan al curso y luego les hablamos’.
"Cuando preguntamos algo de este proceso de supuesta selección y capacitación, nadie sabe nada. Los de la Secretaría del Trabajo nos dicen que es asunto de la CFE", señalaron.
Otros ex empleados de LFC consultados aseguraron que, ante la incertidumbre del curso de la supuesta contratación –prometida por el gobierno federal, como alternativa para que los electricistas aceptaran su liquidación–, ya ronda gente de CFE que "ofrece contratos temporales de 11 meses a cambio de 10 mil pesos o más".
http://www.jornada.unam.mx/2010/02/28/index.php?section=politica&article=013n1pol
Periódico La Jornada
Domingo 28 de febrero de 2010
A casi cinco meses de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), los ex trabajadores de este organismo que cobraron su liquidación y pretenden ser recontratados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) continúan inmersos en un engorroso proceso administrativo y en cursos de capacitación que, para muchos de ellos, resultan ociosos respecto al perfil especializado que tenían en LFC.
Electricistas consultados hojean, decepcionados, el programa que les imparte el Servicio Nacional de Empleo, con información elemental que ya dominan.
Por ejemplo, relatan, los instructores se concentran en explicar los fundamentos de electricidad básica de Tales de Mileto (electrostática) y poco o nada en aspectos prácticos "o de verdadero adiestramiento que supuestamente requerimos para estar al nivel de las nuevas tareas que tendríamos que dominar en CFE".
Entrevistados por La Jornada, afirman que están ante una táctica dilatoria del gobierno no sólo para debilitar el movimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas, sino para mantener "a raya, esperanzados" a miles de trabajadores en un largo proceso de selección y capacitación de quienes buscan reinsertarse en la vida laboral con una plaza en la CFE.
El especialista referido solicitó el anonimato, porque aunque hasta el momento ningún ex trabajador de LFC ha sido recontratado en la CFE, a todos los tienen ubicados no sólo en sus aspiraciones de recuperar un empleo formal, sino en sus domicilios, adonde les llegan notificaciones de "todos los trámites y vueltas en las que nos traen sin resolvernos nada, aun cuando ya han pasado muchos meses desde la extinción de LFC".
También pide que no se detalle la forma en que ahora se gana la vida, una ocupación informal, por cuenta propia, producto del dinero que le quedó de su liquidación, luego de pagar los préstamos personales que tenía en LFC y quedar con un adeudo de su crédito hipotecario.
Con los documentos bajo el brazo que avalan su nivel de especialización, el referido ex trabajador de LFC señala que las autoridades encargadas del proceso no les han informado de los supuestos pasos que les faltarían para resolver, en definitiva, quién será admitido.
“Hay total incertidumbre. Llenamos la solicitud en la Concanaco y nada más. No nos han llamado a exámenes sicométricos, médicos. Nada. Sólo nos dijeron ‘vayan al curso y luego les hablamos’.
"Cuando preguntamos algo de este proceso de supuesta selección y capacitación, nadie sabe nada. Los de la Secretaría del Trabajo nos dicen que es asunto de la CFE", señalaron.
Otros ex empleados de LFC consultados aseguraron que, ante la incertidumbre del curso de la supuesta contratación –prometida por el gobierno federal, como alternativa para que los electricistas aceptaran su liquidación–, ya ronda gente de CFE que "ofrece contratos temporales de 11 meses a cambio de 10 mil pesos o más".
http://www.jornada.unam.mx/2010/02/28/index.php?section=politica&article=013n1pol
Impartirá SME curso de resistencia civil pacífica ante “el creciente acoso oficial”
El 3 de marzo celebrará la agrupación una asamblea magna de los 20 mil jubilados
“Para el gobierno, la salida es reprimirnos y provocar una confrontación”, justifica el gremio
Miembros del SME durante la asamblea que celebraron en su sede de Insurgentes Centro y Antonio Caso, el 7 de enero pasadoFoto Jesús Villaseca
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 28 de febrero de 2010, p. 13
Ante el “creciente hostigamiento del gobierno federal”, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) impartirá a sus agremiados un taller de “resistencia civil y pacífica”.
En el curso se difundirá información acerca de las garantías básicas y otros derechos constitucionales que salvaguardan, afirman los dirigentes del SME, el plan de acción de esta organización gremial, opositora a la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) hace casi cinco meses. También se discutirán estrategias defensivas, porque los integrantes de este sindicato advierten peligro creciente de represión contra líderes y representados que va desde el uso de la fuerza pública hasta el encarcelamiento de electricistas.
Humberto Montes de Oca, secretario del Interior del SME, dijo que el gobierno federal tiene una campaña de criminalización de los movimientos laborales.
“El grado de hostigamiento de la Policía Federal en los campamentos [de electricistas] se ha intensificado; hemos observado que, para el gobierno, la salida es reprimirnos y provocar una confrontación.”
Sin embargo, agregó, “pese al ambiente hostil hacia nuestro movimiento de resistencia, hemos definido una nueva etapa en el plan de acción, con el apoyo de la ciudadanía y de otras organizaciones sociales, porque estamos convencidos de que alcanzaremos la victoria mediante la lucha jurídica y la actividad política y social con la población”.
Además de la estructura de coordinación e información que impulsa el SME para detectar, en coordinación con los ciudadanos, fallas en el suministro de energía eléctrica, los electricistas protagonizarán acciones durante las siguientes dos semanas, previas al 16 de marzo, día en que vence el emplazamiento a huelga que intentan hacer efectivo.
Ese día concluye también la vigencia del contrato colectivo en LFC y, antes de la extinción de este organismo, el SME solía intensificar la negociación con la dirección de esta empresa a fin de conseguir alza salarial y prestaciones.
Sin embargo, ante el nuevo contexto (el decreto presidencial da por concluidas las relaciones laborales, pero no ha podido hacerse efectivo por los amparos en curso en juzgados y tribunales), el SME interpuso un atípico emplazamiento a huelga, trámite que fue rechazado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Ante ello, el sindicato interpuso un amparo adicional por esta causa, el cual analiza un juzgado de distrito, de ahí que los líderes del gremio consideran que tienen el derecho de avanzar hacia el estallamiento de huelga en LFC y, con ello, los trabajadores impedirían –bajo esta lógica– las labores en las instalaciones de esta empresa, operada desde el pasado 11 de octubre por la Comisión Federal de Electricidad y las empresas que subcontrató para atender la zona central del país, aun la ciudad de México.
En esa dinámica, el SME aprobó el jueves pasado celebrar asambleas departamentales y seccionales para informar a los agremiados las tareas a realizar “hasta alcanzar la victoria”.
El plan incluye más visitas a delegaciones y municipios; brigadeos en la población y seguir promoviendo la suspensión de pagos de las facturas de la CFE.
El 3 de marzo, está programada una “asamblea magna” de los más de 20 mil jubilados de LFC y, un día después, un mitin en la plaza central de Nezahualcóyotl, estado de México.
El 7 de marzo, el SME y representantes de otras organizaciones viajarán a Cananea, Sonora, para celebrar la Asamblea Nacional de Resistencia Popular, con el fin de expresar su solidaridad a los mineros en conflicto laboral desde hace más de dos años.
El 11 y 12 de marzo el SME sesionará con enviados de organizaciones laborales internacionales como la Federación Sindical Mundial, la estadunidense AFL-CIO y la Unión Internacional de Trabajadores de la Energía.
Ello antes de la estrategia preparatoria a la “huelga en LFC”, el 16 de marzo.
“Para el gobierno, la salida es reprimirnos y provocar una confrontación”, justifica el gremio
Miembros del SME durante la asamblea que celebraron en su sede de Insurgentes Centro y Antonio Caso, el 7 de enero pasadoFoto Jesús Villaseca
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 28 de febrero de 2010, p. 13
Ante el “creciente hostigamiento del gobierno federal”, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) impartirá a sus agremiados un taller de “resistencia civil y pacífica”.
En el curso se difundirá información acerca de las garantías básicas y otros derechos constitucionales que salvaguardan, afirman los dirigentes del SME, el plan de acción de esta organización gremial, opositora a la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) hace casi cinco meses. También se discutirán estrategias defensivas, porque los integrantes de este sindicato advierten peligro creciente de represión contra líderes y representados que va desde el uso de la fuerza pública hasta el encarcelamiento de electricistas.
Humberto Montes de Oca, secretario del Interior del SME, dijo que el gobierno federal tiene una campaña de criminalización de los movimientos laborales.
“El grado de hostigamiento de la Policía Federal en los campamentos [de electricistas] se ha intensificado; hemos observado que, para el gobierno, la salida es reprimirnos y provocar una confrontación.”
Sin embargo, agregó, “pese al ambiente hostil hacia nuestro movimiento de resistencia, hemos definido una nueva etapa en el plan de acción, con el apoyo de la ciudadanía y de otras organizaciones sociales, porque estamos convencidos de que alcanzaremos la victoria mediante la lucha jurídica y la actividad política y social con la población”.
Además de la estructura de coordinación e información que impulsa el SME para detectar, en coordinación con los ciudadanos, fallas en el suministro de energía eléctrica, los electricistas protagonizarán acciones durante las siguientes dos semanas, previas al 16 de marzo, día en que vence el emplazamiento a huelga que intentan hacer efectivo.
Ese día concluye también la vigencia del contrato colectivo en LFC y, antes de la extinción de este organismo, el SME solía intensificar la negociación con la dirección de esta empresa a fin de conseguir alza salarial y prestaciones.
Sin embargo, ante el nuevo contexto (el decreto presidencial da por concluidas las relaciones laborales, pero no ha podido hacerse efectivo por los amparos en curso en juzgados y tribunales), el SME interpuso un atípico emplazamiento a huelga, trámite que fue rechazado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Ante ello, el sindicato interpuso un amparo adicional por esta causa, el cual analiza un juzgado de distrito, de ahí que los líderes del gremio consideran que tienen el derecho de avanzar hacia el estallamiento de huelga en LFC y, con ello, los trabajadores impedirían –bajo esta lógica– las labores en las instalaciones de esta empresa, operada desde el pasado 11 de octubre por la Comisión Federal de Electricidad y las empresas que subcontrató para atender la zona central del país, aun la ciudad de México.
En esa dinámica, el SME aprobó el jueves pasado celebrar asambleas departamentales y seccionales para informar a los agremiados las tareas a realizar “hasta alcanzar la victoria”.
El plan incluye más visitas a delegaciones y municipios; brigadeos en la población y seguir promoviendo la suspensión de pagos de las facturas de la CFE.
El 3 de marzo, está programada una “asamblea magna” de los más de 20 mil jubilados de LFC y, un día después, un mitin en la plaza central de Nezahualcóyotl, estado de México.
El 7 de marzo, el SME y representantes de otras organizaciones viajarán a Cananea, Sonora, para celebrar la Asamblea Nacional de Resistencia Popular, con el fin de expresar su solidaridad a los mineros en conflicto laboral desde hace más de dos años.
El 11 y 12 de marzo el SME sesionará con enviados de organizaciones laborales internacionales como la Federación Sindical Mundial, la estadunidense AFL-CIO y la Unión Internacional de Trabajadores de la Energía.
Ello antes de la estrategia preparatoria a la “huelga en LFC”, el 16 de marzo.
¿ESA ES SU CLASE MUNDIAL C.F.E.?DESPUES DE VARIOS DIAS NO PUEDEN
OTRA VEZ CFE NO PUEDE REPARAR LAS FALLAS DE SUBMINISTRO ELECTRICO Y DEJA POR MAS DE CINCO DIAS SIN LUZ A ESTA TIENDA ELECTRA UBICADA EN CALLE JUAREZ DE LA CIUDAD DE TOLUCA APERTE DE PONER EN RIESGO SU VIDA Y LA DE LA GENTE QUE TRANSITABA POR ESA CALLE AQUI ESTA SU EMPRESA DE CLASE MUNDIAL (CFE CORRUPCION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)
CFE:¿EMPRESA DE CLASE MUNDIAL?
PLAYA DEL CARMEN, Q.ROO.-NUEVAMENTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, (CFE) PROVOCO CON SU FALTA DE PLANEACION EN LOS CAMBIOS DE TENDIDO DE LA RED ELECTRICA, PERDIDAS MILLONARIAS E INCUANTIFICABLES PARA LOS EMPRESARIOS ASENTADOS SOBRE LA QUINTA Y LA DECIMA AVENIDA Y DE LAS CALLES 26 HASTA LA 30LO QUE INICIO DESDE LAS CUATRO DE LA MAÑANA Y CONCLUYO POR LA TARDE
CFE EMPRESA DE INEFICIENCIA MUNDIAL
contratistas de cfe instalando un servicio de luz en Zinacantepec edo. de mex. (zona de LyF)
Chequen la tecnica al subir y su equipo de seguridad
Chequen la tecnica al subir y su equipo de seguridad
sábado, 27 de febrero de 2010
ALCADESA DE TOLUCA REBASA TOPE SALARIAL SUGERIDO
Barrera Tapia percibe mensualmente 129 mil 499 pesos; se redujo 500 pesos en relación a lo que cobraba su antecesor, el panista Juan Rodolfo Sánchez Gómez.
Vie, 26/02/2010 - 11:26
Tiene uno de los mejores ingresos de los más de 2 mil 400 ediles del país. Foto: Luis SolisToluca. Los últimos dos presidentes de la administración toluqueña han sido de los mejores pagados entre los 2 mil 438 alcaldes del país.
Actualmente la alcaldesa María Elena Barrera Tapia, tiene un salario de 129 mil 499 mientras que su antecesor, el panista Juan Rodolfo Sánchez Gómez, ganaba poco más de 130 mil pesos.
Ambos ediles prometieron medidas de austeridad y el anterior se comprometió a disminuir su salario y nunca lo hizo sino que ganó lo correspondiente al tope máximo recomendado por el Consejo Consultivo de Valoración Salarial.
Lo que ha registrado la actual administración, encabezada por una priísta, son diversas medidas de austeridad y recorte de algunas plazas por considerar que se trataba de “aviadores” pero sus percepciones mensuales así como de los regidores son casi iguales a las de la pasada gestión.
El municipio de Toluca se encuentra –de acuerdo al reporte entregado por el Consejo Consultivo de Valoración Salarial -, en el “Grupo D”, tal y como ocurre con otros siete municipios.
En esos, de acuerdo a las disposiciones, los alcaldes no podían ganar, hasta el año pasado, más de 99 mil 260 pesos, en tanto que para este año podrán percibir hasta 106 mil 634,lo que significa que ni el pasado ni la actual alcaldesa se sujetan a los topes salariales.
PROMESAS INCUMPLIDAS
A su llegada regidores como el perredista Domitilo Posadas, consideraron que era buena la propuesta que él y sus compañeros redujeran su salario 10 por ciento.
Sin embargo, hasta el momento siguen ganando lo mismo que sus antecesores de la administración 2006-2009.
De acuerdo a la página de Internet del ayuntamiento de la capital del Estado, los regidores perciben 85 mil 989 pesos, en tanto que un síndico 97 mil 890 pesos.
El ayuntamiento de Toluca gasta mensualmente en pago de salarios de la alcaldesa, tres síndicos y 16 regidores, 2 millones 881 mil 147 pesos.
Tan sólo en el área de presidencia, el pago cada mes es de 472 mil 297 pesos
"AGITADORES" CAUSARON EL ENFRENTAMIENTO EN VALLE DE CHALCO: ENRIQUE PEÑA
El gobernador del estado descartó que se haya tenido discrecionalidad en la entrega de los apoyos, aunque admitió que hubo vacíos en los censos que impidió registrar la totalidad de las personas afectadas.
Vie, 26/02/2010 - 17:42
Tuvo un encuentro con empresarios en Ixtapan de la Sal. Foto: Enrique HernándezIxtapan de la Sal. El gobernador Enrique Peña Nieto dijo que los enfrentamientos entre elementos de la Agencia de Seguridad Estatal y más de 300 damnificados por las lluvias de los municipios de Chalco y Valle de Chalco fueron provocados por “agitadores sociales” que buscan sacar ventaja política de la desgracia.
Entrevistado al término de un encuentro con empresarios en Ixtapan de la Sal, el mandatario estatal afirmó que se ha intentado “politizar el tema por algunos grupos que responden a distintas organizaciones políticas.
“No podría señalar ni siquiera a qué afinidad partidaria respondan pero que están ahí insertos, que han venido agitando un poco, sobre todo entre aquellas personas que no siendo afectadas han querido también encontrar en ello oportunidad para recibir algún beneficio”.
Peña Nieto descartó que se haya tenido discrecionalidad en la entrega de los apoyos, aunque admitió que hubo vacíos en los censos que impidió registrar la totalidad de las personas afectadas.
“Se han suscitado casos de gente que obviamente a partir de la desgracia ocurrida dejaron sus viviendas y en el momento de los censos no estuvieron presentes, se han suscitado también a partir del esquema que se tiene con el gobierno federal de identificación y de apoyo a personas afectadas, que algunos casos en análisis que se hizo para estos no calificaron, sin embargo se ha establecido una mesa de atención a estas personas y creemos que esto se habrá de resolver”.
Abundó que la participación de la policía federal fue para prevenir afectaciones viales en la carretera México-Puebla “que pudiera entorpecer la actividad económica que se tiene en la zona”.
Reconoció que los apoyos que oscilan entre 20 y 25 mil pesos son insuficientes para atender la totalidad de las necesidades de los afectados, los cuales serán entregados en esta semana.
“Es un apoyo como se dijo en todo momento, como se dijo en algunos casos, que quizá no resuelva o apoye en todo, o no les permita recuperar, lamentablemente todo lo que se haya perdido (…) quedó instalada una mesa de atención a personas damnificadas y tengamos presente que este es el apoyo que los gobiernos han generado ante un evento completamente extraordinario inusual, no previsto y que obviamente obliga a que haya una muestra de solidaridad para con todas las familias”.
Reforma laboral, justicia al revés
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via: la jornada
Arturo Alcalde Justiniani
Al preguntarnos si es necesario reformar el modelo laboral actual para que sea más eficiente y justo, la respuesta sería afirmativa, porque es urgente cambiar una realidad que salta a la vista: el empleo cada vez es más escaso, crece la informalidad, la mayoría de trabajadores perciben salarios por debajo de sus necesidades básicas y se ven obligados a ampliar las jornadas de trabajo para subsistir; a los trabajadores de nuevo ingreso se les despoja de los derechos más elementales; los medios de representación y defensa colectiva se sujetan a controles y prácticas de corrupción y la justicia laboral es lenta y parcial.
Ante la interrogante de si la reforma laboral promovida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) soluciona, al menos parcialmente, estos problemas, la respuesta es no. El proyecto se orienta básicamente a fortalecer, por un lado, los vicios corporativos y reducir derechos colectivos por supuestas razones de seguridad jurídica y, por el otro, a limitar la estabilidad en el empleo, promoviendo el despido libre, el pago por horas y la contratación temporal. Se ofrece precariedad laboral para supuestamente atraer más inversión y productividad.
Uno de las propuestas centrales de la STPS, atendiendo sugerencias de abogados empresariales que buscan por esta vía favorecer sus intereses, se refiere al tema de los salarios caídos, aquellos que los trabajadores dejan de percibir durante el tiempo que dura un juicio por despido. Conforme a nuestra ley laboral vigente, en caso de que éste sea declarado injustificado, corresponde al patrón cubrir el pago. Es importante subrayar que cuando la separación del trabajador es justificada no recibe cantidad alguna por ese concepto.
Los juicios ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje son excesivamente lentos y tortuosos, y tienen una duración promedio de cuatro años, ocasionando graves daños tanto a trabajadores como a patrones, provocándoles temor y desconfianza cuando deben desahogar controversias en estos tribunales tripartitos. Imaginemos la afectación que implica para una persona que vive de su trabajo soportar dicha espera; también para los patrones, sobre todo personas físicas o pequeños empresarios, conlleva un riesgo el verse obligado a cubrir salarios de varios años.
Una verdadera reforma laboral debería lograr que los juicios concluyeran en un periodo corto, en los tiempos que la propia ley señala, de un máximo de tres meses; sin embargo, para lograrlo deben existir órganos de justicia eficientes, imparciales y que cuenten con los medios necesarios para resolver los juicios de manera pronta y expedita como lo señala nuestra Carta Magna. Esas instancias no pueden ser las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que por su composición tripartita, sometimiento al Poder Ejecutivo y falta de presupuesto están condenadas a la ineficacia. Este tripartismo es falso, porque prevalece la voluntad del tercero en discordia, que es el representante del gobierno. Los designados por el sector obrero y patronal están de adorno, su participación se limita a hacer más difícil el proceso, porque no asisten con regularidad, atrasan sus firmas, esconden los expedientes y obstaculizan los procedimientos conforme a sus particulares intereses. Sus salarios podrían ser utilizados para mejorar el servicio.
Lo deseable es que el proyecto de la STPS propusiera un sistema de justicia diferente, apoyado en jueces confiables, imparciales, como operan en cualquier sistema legal para dar certidumbre a patrones y trabajadores. Como dicha dependencia no quiso asumir el reto, optó por otra salida: limitar los salarios caídos hasta un máximo de seis meses más intereses por nueve meses de salarios. De esta manera, los salarios que excedan ese tiempo serán por cuenta de los trabajadores, quienes sufrirán las consecuencias de la lentitud de los juicios, aún cuando el culpable al final, sea el patrón. Una especie de justicia al revés, cuyas consecuencias son evidentes. Si el juicio dura cuatro años, el patrón sólo cubrirá la octava parte de ese periodo y el trabajador, que se friegue: quién le manda andar reclamando justicia.
La propuesta de cubrir salarios hasta seis meses es absurda, lo único que provocaría es que los patrones despidan a los trabajadores sin temor ni recato alguno, ya que en caso de ser demandados por ellos, les ofrecería, si mucho, un par de meses, so pena que les hagan esperar varios años para cobrar, sólo si el despido resulta injustificado y después de amparos y todas las dificultades que en la práctica operan, incluidos los mecanismos del propio cobro.
Los abogados patronales que sustentan la propuesta de limitar el pago a seis meses, sostienen que su origen deviene de la legislación española, donde a los trabajadores se les cubre únicamente tres meses de salario, de manera que los mexicanos saldrían ganando el doble. Sin embargo, una lectura cuidadosa de dicha legislación contradice tal argumento. Primero, porque los órganos de justicia son distintos a los nuestros, se trata de jueces que resuelven con imparcialidad y rapidez y; segundo, porque los salarios caídos que exceden de tres meses los paga el propio Estado porque la lentitud es imputable a éste. El artículo 57 de la ley laboral española denominada Estatuto de los Trabajadores, señala que cuando la sentencia que declare la improcedencia del despido se dicte transcurridos más de 60 días hábiles, el empresario podrá reclamar al Estado los salarios dejados de percibir por el trabajador “correspondiente al tiempo que exceda de dichos 60 días”.
Lo que la reforma debe garantizar, entre otros temas, es que los juicios laborales duren menos de seis meses, así se apoyará a trabajadores, patrones y al país entero, pero de ninguna manera cargarle el costo sólo a los trabajadores cuando no son responsables de su despido, ni de la ineficiencia del sistema de justicia.
via: la jornada
Arturo Alcalde Justiniani
Al preguntarnos si es necesario reformar el modelo laboral actual para que sea más eficiente y justo, la respuesta sería afirmativa, porque es urgente cambiar una realidad que salta a la vista: el empleo cada vez es más escaso, crece la informalidad, la mayoría de trabajadores perciben salarios por debajo de sus necesidades básicas y se ven obligados a ampliar las jornadas de trabajo para subsistir; a los trabajadores de nuevo ingreso se les despoja de los derechos más elementales; los medios de representación y defensa colectiva se sujetan a controles y prácticas de corrupción y la justicia laboral es lenta y parcial.
Ante la interrogante de si la reforma laboral promovida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) soluciona, al menos parcialmente, estos problemas, la respuesta es no. El proyecto se orienta básicamente a fortalecer, por un lado, los vicios corporativos y reducir derechos colectivos por supuestas razones de seguridad jurídica y, por el otro, a limitar la estabilidad en el empleo, promoviendo el despido libre, el pago por horas y la contratación temporal. Se ofrece precariedad laboral para supuestamente atraer más inversión y productividad.
Uno de las propuestas centrales de la STPS, atendiendo sugerencias de abogados empresariales que buscan por esta vía favorecer sus intereses, se refiere al tema de los salarios caídos, aquellos que los trabajadores dejan de percibir durante el tiempo que dura un juicio por despido. Conforme a nuestra ley laboral vigente, en caso de que éste sea declarado injustificado, corresponde al patrón cubrir el pago. Es importante subrayar que cuando la separación del trabajador es justificada no recibe cantidad alguna por ese concepto.
Los juicios ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje son excesivamente lentos y tortuosos, y tienen una duración promedio de cuatro años, ocasionando graves daños tanto a trabajadores como a patrones, provocándoles temor y desconfianza cuando deben desahogar controversias en estos tribunales tripartitos. Imaginemos la afectación que implica para una persona que vive de su trabajo soportar dicha espera; también para los patrones, sobre todo personas físicas o pequeños empresarios, conlleva un riesgo el verse obligado a cubrir salarios de varios años.
Una verdadera reforma laboral debería lograr que los juicios concluyeran en un periodo corto, en los tiempos que la propia ley señala, de un máximo de tres meses; sin embargo, para lograrlo deben existir órganos de justicia eficientes, imparciales y que cuenten con los medios necesarios para resolver los juicios de manera pronta y expedita como lo señala nuestra Carta Magna. Esas instancias no pueden ser las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que por su composición tripartita, sometimiento al Poder Ejecutivo y falta de presupuesto están condenadas a la ineficacia. Este tripartismo es falso, porque prevalece la voluntad del tercero en discordia, que es el representante del gobierno. Los designados por el sector obrero y patronal están de adorno, su participación se limita a hacer más difícil el proceso, porque no asisten con regularidad, atrasan sus firmas, esconden los expedientes y obstaculizan los procedimientos conforme a sus particulares intereses. Sus salarios podrían ser utilizados para mejorar el servicio.
Lo deseable es que el proyecto de la STPS propusiera un sistema de justicia diferente, apoyado en jueces confiables, imparciales, como operan en cualquier sistema legal para dar certidumbre a patrones y trabajadores. Como dicha dependencia no quiso asumir el reto, optó por otra salida: limitar los salarios caídos hasta un máximo de seis meses más intereses por nueve meses de salarios. De esta manera, los salarios que excedan ese tiempo serán por cuenta de los trabajadores, quienes sufrirán las consecuencias de la lentitud de los juicios, aún cuando el culpable al final, sea el patrón. Una especie de justicia al revés, cuyas consecuencias son evidentes. Si el juicio dura cuatro años, el patrón sólo cubrirá la octava parte de ese periodo y el trabajador, que se friegue: quién le manda andar reclamando justicia.
La propuesta de cubrir salarios hasta seis meses es absurda, lo único que provocaría es que los patrones despidan a los trabajadores sin temor ni recato alguno, ya que en caso de ser demandados por ellos, les ofrecería, si mucho, un par de meses, so pena que les hagan esperar varios años para cobrar, sólo si el despido resulta injustificado y después de amparos y todas las dificultades que en la práctica operan, incluidos los mecanismos del propio cobro.
Los abogados patronales que sustentan la propuesta de limitar el pago a seis meses, sostienen que su origen deviene de la legislación española, donde a los trabajadores se les cubre únicamente tres meses de salario, de manera que los mexicanos saldrían ganando el doble. Sin embargo, una lectura cuidadosa de dicha legislación contradice tal argumento. Primero, porque los órganos de justicia son distintos a los nuestros, se trata de jueces que resuelven con imparcialidad y rapidez y; segundo, porque los salarios caídos que exceden de tres meses los paga el propio Estado porque la lentitud es imputable a éste. El artículo 57 de la ley laboral española denominada Estatuto de los Trabajadores, señala que cuando la sentencia que declare la improcedencia del despido se dicte transcurridos más de 60 días hábiles, el empresario podrá reclamar al Estado los salarios dejados de percibir por el trabajador “correspondiente al tiempo que exceda de dichos 60 días”.
Lo que la reforma debe garantizar, entre otros temas, es que los juicios laborales duren menos de seis meses, así se apoyará a trabajadores, patrones y al país entero, pero de ninguna manera cargarle el costo sólo a los trabajadores cuando no son responsables de su despido, ni de la ineficiencia del sistema de justicia.
Efectúan mítines en respaldo al SME y mineros
De los corresponsales
Periódico La Jornada
Sábado 27 de febrero de 2010, p. 30
Miles de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de organizaciones y sindicatos afines marcharon ayer en Morelia desde la casa de gobierno de Michoacán a la plaza Melchor Ocampo, para respaldar al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y pronunciarse contra las reformas laborales y educativas “que ya cocina” el gobierno.
Jorge Cázares Torres, líder de la sección 18 de la CNTE, dijo que los paros convocados por la corriente democrática del magisterio en apoyo a la próxima huelga nacional del SME serán escalonados, y exigió que se restituya la legalidad constitucional violentada por el gobierno en materia social y educativa, mientras los participantes entonaban consignas a favor de los trabajadores electricistas y mineros, junto a grupos ecologistas opuestos a introducir una vialidad en la reserva Loma de Santa María.
Apoyo de cenecistas
A su vez, el diputado federal priísta Cruz López Aguilar, líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC), anunció en Chilpancingo, Guerrero, que su organización apoyará la huelga nacional convocada por el SME en apoyo a los mineros de Cananea, Sonora.
El dirigente encabezó una reunión de bases cenecistas, y manifestó que si bien los campesinos no pueden ir a la huelga, por no estar sindicalizados, de todos modos “los mineros tienen todo nuestro respaldo, e incluso hemos participado en sus manifestaciones”.
En el acto Jorge Zapata González, nieto del general Emiliano Zapata y representante de la CNC en Anenecuilco, Morelos, reconoció que los campesinos viven ahora la misma situación que dio lugar al alzamiento encabezado por su abuelo, por lo que “hace falta una nueva revolución, pero sin armas”; esta sería una última instancia, porque “hay gente campesina preparada en espera de que los ideales del Plan de Ayala se cumplan algún día...”
Entretanto, en la capital de Oaxaca cientos de estudiantes adheridos a la Coordinadora de Escuelas Normales del Estado (CENEO) retuvieron unidades de transporte urbano y bloquearon la calzada San Felipe y otras vialidades, como medida de presión para que sean cancelados la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) y el Plan Estatal de Fortalecimiento a la Educación Normal (Pefen).
Ernesto Martínez Elorriaga, Octavio Vélez Ascencio y Sergio Ocampo Arista
Periódico La Jornada
Sábado 27 de febrero de 2010, p. 30
Miles de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de organizaciones y sindicatos afines marcharon ayer en Morelia desde la casa de gobierno de Michoacán a la plaza Melchor Ocampo, para respaldar al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y pronunciarse contra las reformas laborales y educativas “que ya cocina” el gobierno.
Jorge Cázares Torres, líder de la sección 18 de la CNTE, dijo que los paros convocados por la corriente democrática del magisterio en apoyo a la próxima huelga nacional del SME serán escalonados, y exigió que se restituya la legalidad constitucional violentada por el gobierno en materia social y educativa, mientras los participantes entonaban consignas a favor de los trabajadores electricistas y mineros, junto a grupos ecologistas opuestos a introducir una vialidad en la reserva Loma de Santa María.
Apoyo de cenecistas
A su vez, el diputado federal priísta Cruz López Aguilar, líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC), anunció en Chilpancingo, Guerrero, que su organización apoyará la huelga nacional convocada por el SME en apoyo a los mineros de Cananea, Sonora.
El dirigente encabezó una reunión de bases cenecistas, y manifestó que si bien los campesinos no pueden ir a la huelga, por no estar sindicalizados, de todos modos “los mineros tienen todo nuestro respaldo, e incluso hemos participado en sus manifestaciones”.
En el acto Jorge Zapata González, nieto del general Emiliano Zapata y representante de la CNC en Anenecuilco, Morelos, reconoció que los campesinos viven ahora la misma situación que dio lugar al alzamiento encabezado por su abuelo, por lo que “hace falta una nueva revolución, pero sin armas”; esta sería una última instancia, porque “hay gente campesina preparada en espera de que los ideales del Plan de Ayala se cumplan algún día...”
Entretanto, en la capital de Oaxaca cientos de estudiantes adheridos a la Coordinadora de Escuelas Normales del Estado (CENEO) retuvieron unidades de transporte urbano y bloquearon la calzada San Felipe y otras vialidades, como medida de presión para que sean cancelados la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) y el Plan Estatal de Fortalecimiento a la Educación Normal (Pefen).
Ernesto Martínez Elorriaga, Octavio Vélez Ascencio y Sergio Ocampo Arista
En 500 mantas piden renuncia de Calderón
PROMUEVEN CONSULTA CIUDADANA Integrantes de las Redes Universitarias colocaron mantas en varios campus de la UNAM para promover una consulta ciudadana –a realizarse en mayo– que abordará la demanda de renuncia del presidente Felipe CalderónFoto Carlos Cisneros
A. Bolaños y E. Olivares
Periódico La Jornada
Sábado 27 de febrero de 2010, p. 9
Con 500 lonas colocadas en diferentes puntos de la ciudad de México con la consigna: “Para vivir mejor, renuncia Calderón”, junto al ideograma que acompaña la frase distintiva del actual gobierno, el PRD local y diputados federales iniciaron una campaña para promover la consulta del 22, 23 y 24 de mayo próximo sobre la revocación de mandato de Felipe Calderón.
El dirigente del PRD-DF, Manuel Oropeza, y los legisladores federales Agustín Guerrero, Leticia Quezada, Balfre Vargas y Rosendo Marín, colgaron la primera lona sobre el puente peatonal que cruza avenida Cuauhtémoc, junto al Centro Médico Nacional.
El PRD se sumó a una iniciativa ciudadana que surgió del congreso social realizado a principios de mes en Querétaro.
Asimismo, estudiantes se adhirieron a estas acciones y colocaron mantas con esa leyenda en campus de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Alumnos de instituciones públicas de educación superior, agrupados en las Redes Universitarias, pusieron cinco lonas en la máxima casa de estudios: tres en CU, una en el CCH Sur y otra en la FES Iztacala, para exhortar a sus compañeros a sumarse a la exigencia por la dimisión del titular del Ejecutivo federal.
El actual gobierno “ha cancelado el futuro de miles de jóvenes, pues no se han creado condiciones para darles estudio o trabajo”. En el país existen 7 millones de ninis, señalaron.
viernes, 26 de febrero de 2010
¿que nuestros gobiernos no son represores?
Colonos de Valle de Chalco exigían ayuda; 9 heridos y 2 detenidos
Damnificados y policías se enfrentan en Edomex
Impiden intento de bloqueo en la México-Puebla
Ningún funcionario acudió a escuchar peticiones de los vecinos
La ASE mantiene guardia
Policías estatales lanzan piedras a vecinos de Chalco y Valle de Chalco que ayer intentaron bloquear la autopista México-Puebla. En el enfrentamiento hubo nueve personas lesionadasFoto René Ramón A.
René Ramón
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 26 de febrero de 2010, p. 31
Valle de Chalco, Méx., 25 de febrero. Ocho colonos y un policía heridos, así como dos personas detenidas, fue el saldo de un enfrentamiento que se produjo cuando policías estatales y federales impidieron a un grupo de vecinos bloquear la autopista México-Puebla a fin de exigir más ayuda para recuperar lo perdido a causa de las inundaciones ocurridas el 5 de febrero por la rotura del bordo del canal La Compañía.
Doscientos elementos de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) y 100 de la Policía Federal (PF) se apostaron en los carriles de baja velocidad en cuanto se supo que vecinos de las colonias El Triunfo, Providencia, Avándaro y San Isidro, municipio de Valle de Chalco, y de Unión de Guadalupe, Chalco, planeaban cerrar la vía.
Más tarde, unas 250 personas marcharon desde el cruce de las avenidas Solidaridad y Adolfo López Mateos, colonia El Triunfo, hacia la autopista México-Puebla. Se quejaben de que fueron excluidas del padrón de beneficiarios y de que los 20 mil pesos que les entregaron los gobiernos estatal y federal son insuficientes para resarcir los daños que sufrieron.
“La televisión engaña. ¡Pago justo!”; “Enrique Peña Nieto, no nos quieras callar la boca con una tarjeta electrónica y una despensa, porque ni con eso nos pagan lo que perdimos”, decían algunas pancartas.
Los vecinos se cansaron de esperar a que llegara algún funcionario. “Les vamos a dar una hora para dialogar”, dijeron, pero nadie se presentó.
Quien prendió la mecha fue Jesús Fernández Arragán, dirigente del Frente Nacional Ciudadano Emiliano Zapata. El también ex regidor del Partido del Trabajo y damnificado, incitó a utilizar dos camionetas para romper la valla de policías que resguardaba los carriles centrales de la autopista.
En el kilómetro 28.5 de la vía, con dirección a Puebla, los policías se abalanzaron por igual contra hombres, mujeres y niños, para lo cual utilizaron toletes, escudos y proyectiles de gases lacrimógenos. La gente respondió con piedras, palos y otros objetos.
Los granaderos arremetieron contra Fernández Arragán y María Antonieta López Aguilar, quien conducía una de las dos camionetas con que embistieron a los policías.
Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que inició una averiguación previa por ataques a las vías de comunicación, daño en propiedad ajena y resistencia de particulares.
También quedaron a disposición de las autoridades las camionetas con matrículas 211 HVK y LSN 8159. Esta última se incendió cuando un proyectil de gas lacrimógeno estalló en su interior. Las patrullas 9810 y 9710 quedaron con los cristales rotos.
En 40 minutos ocurrieron tres choques, el último cuando granaderos de la PF intentaron allanar viviendas y negocios de la avenida Solidaridad en los cuales se refugiaron muchos vecinos. Ahí los federales golpearon a Esmeralda Montes Rodríguez, de 27 años de edad y con dos meses de embarazo.
El policía estatal Jesús Arellano Albarrán sufrió una herida en una pierna y fue internado en una clínica del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.
María Fernández, de la colonia El Triunfo, denunció que la policía golpeó a su su abuelo y a su padre, Jesús Fernández.
Cuando la gente se había dispersado arribaron otros 300 elementos de la PF. A las 15 horas se retiraron los policías y se quedaron de guardia 100 elementos de la Agencia de Seguridad Estatal.
Descarta Luege Tamargo reubicación forzosa
En la ciudad de México, el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege Tamargo, informó que no insistirá en reubicar a las familias cuyas viviendas se encuentran en los bordes del canal de aguas negras La Compañía mientras no se garantice el otorgamiento de viviendas en un zona segura.
Sin embargo, dijo que es necesario liberar esta área, pues hay casas construidas prácticamente sobre los bordos, zona extremadamente peligrosa, pero insistió en que será con negociación y diálogo con los habitantes como se solucionará este problema.
Entrevistado luego de anunciar el programa de modernización del Servicio Meteorológico Nacional, Luege señaló que ya se trabaja en el análisis del canal.
Con información de José Antonio Román
Radio Expresion: Preocupa a la REDDH que encarcelen a más electricistas
Noticias SME / Posteado por SME 26Feb10
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La Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH) a través de un comunicado, hizo patente su preocupación ante el posible cumplimiento de nuevas órdenes de aprehensión en contra de los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), “ya que este tipo de actos muestran un carácter intolerante y de falta de voluntad política por parte del Estado mexicano encabezado por Felipe Calderón de dar solución a las demandas de los sindicalizados”.
Así “como garantizar los derechos fundamentales de las familias que han quedado sin sustento ante este despido masivo, por medio de un decreto que violenta flagrantemente la Constitución Mexicana”.
Los electricistas de esta División Necaxa agradecieron estas manifestaciones de apoyo, así como a las organizaciones que protestaron ante la detención del dirigente Domingo Aguilar Vázquez, ya que fueron “muy oportunas” las presiones del Frente de Organizaciones, Sociales, Sindicales, Populares y Estudiantiles de Puebla (FOSSEP), señalaron.
Por esta situación integrantes del SME están atentos ante cualquier acción que los pudiera afectar, sin embargo, continuarán con las movilizaciones del SME en la región, cada vez se irán incrementando, siempre y cuando “siguiendo los lineamientos del comité central, para ello no tomarán decisiones al vapor, todas las acciones tendrán un sustento”, porque no harán nada que afecte el movimiento ni la integridad física de los militantes, dijeron dirigentes sus dirigentes de esta División.
En los próximos días, adelantaron que regresarán a las calles de la región para hacer públicas sus protestas, especialmente en los municipios de Huauchinango, Ahuazotepec y Juan Galindo.
Asimismo, fuentes internas del gremio electricista revelaron que de ahora en adelante los pasos serán cautelosos pero firmes, siempre enfocados a llegar a la victoria en esta resistencia, para ello, exhortaron a los electricistas a mantener la calma y respetar las decisiones que se planteen en las asambleas, por eso es importante que acudan a ellas.
Por otra parte, mencionaron que aunque “algunos compañeros tengan la intensión de quitar mantas de partidos políticos en el municipio y carretera federal no lo harán, porque es primordial mantener “la cabeza fría y no afectar esta lucha que va por buen camino”.
De igual forma, informaron que, algunos piensan que el ayuntamiento de este lugar no ha apoyado a los electricistas, es falso, porque sí hay apoyos, con despensas, transporte y hasta económicos, sólo que esto “algunos compañeros no lo sabían”, por eso no actuarán de manera que se afecte la imagen del alcalde de este lugar.
Via: Radio Expresion
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La Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH) a través de un comunicado, hizo patente su preocupación ante el posible cumplimiento de nuevas órdenes de aprehensión en contra de los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), “ya que este tipo de actos muestran un carácter intolerante y de falta de voluntad política por parte del Estado mexicano encabezado por Felipe Calderón de dar solución a las demandas de los sindicalizados”.
Así “como garantizar los derechos fundamentales de las familias que han quedado sin sustento ante este despido masivo, por medio de un decreto que violenta flagrantemente la Constitución Mexicana”.
Los electricistas de esta División Necaxa agradecieron estas manifestaciones de apoyo, así como a las organizaciones que protestaron ante la detención del dirigente Domingo Aguilar Vázquez, ya que fueron “muy oportunas” las presiones del Frente de Organizaciones, Sociales, Sindicales, Populares y Estudiantiles de Puebla (FOSSEP), señalaron.
Por esta situación integrantes del SME están atentos ante cualquier acción que los pudiera afectar, sin embargo, continuarán con las movilizaciones del SME en la región, cada vez se irán incrementando, siempre y cuando “siguiendo los lineamientos del comité central, para ello no tomarán decisiones al vapor, todas las acciones tendrán un sustento”, porque no harán nada que afecte el movimiento ni la integridad física de los militantes, dijeron dirigentes sus dirigentes de esta División.
En los próximos días, adelantaron que regresarán a las calles de la región para hacer públicas sus protestas, especialmente en los municipios de Huauchinango, Ahuazotepec y Juan Galindo.
Asimismo, fuentes internas del gremio electricista revelaron que de ahora en adelante los pasos serán cautelosos pero firmes, siempre enfocados a llegar a la victoria en esta resistencia, para ello, exhortaron a los electricistas a mantener la calma y respetar las decisiones que se planteen en las asambleas, por eso es importante que acudan a ellas.
Por otra parte, mencionaron que aunque “algunos compañeros tengan la intensión de quitar mantas de partidos políticos en el municipio y carretera federal no lo harán, porque es primordial mantener “la cabeza fría y no afectar esta lucha que va por buen camino”.
De igual forma, informaron que, algunos piensan que el ayuntamiento de este lugar no ha apoyado a los electricistas, es falso, porque sí hay apoyos, con despensas, transporte y hasta económicos, sólo que esto “algunos compañeros no lo sabían”, por eso no actuarán de manera que se afecte la imagen del alcalde de este lugar.
Via: Radio Expresion
El Economista: Autoridades avalan adelgazamiento del contrato textilero
Noticias SME / Posteado por SME 26Feb10
0 Comments La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) avaló el adelgazamiento del Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de la Seda y toda Clase de Fibras Artificiales y Sintéticas.
A partir del 9 de febrero de este año, los trabajadores que fueron contratados en este sector recibirán un salario de 131 pesos que ya incluye 5% de aumento acordado entre empresas y sindicato, pero también va acompañado de una serie de recortes en sus prestaciones.
María del Pilar Martínez
Este contrato “ampara” a las personas que realizan trabajos o maquilas de preparación de hilados, preparación de tejidos, tejidos estampados y tintorería.
De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), los trabajadores que ingresen a laborar en empresas en las que es aplicable el Contrato Ley del ramo de la seda y toda clase de fibras artificiales y sintéticas “no tendrán derecho a disfrutar el descanso con goce de salario”.
El documento explica que habrá excepciones en los días descansables que establece la Ley Federal del Trabajo, así como el 10 de mayo, 15 de septiembre, 12 y 24 de diciembre.
Además, aclara el nuevo contrato: los trabajadores “tampoco gozarán de los días de aguinaldo y vacaciones que se estipula en el mencionado contrato; no recibirán el bono de ayuda para compra de despensa, ni el fondo de ahorro que se menciona en el contrato”.
La Secretaría del Trabajo informó que a partir de este año “tendrán derecho a recibir las prestaciones económicas contenidas en la Ley Federal del Trabajo; y el contrato seguirá vigente y se aplicará para todos los sindicalizados que se encuentren laborando en las fábricas, ya sean de planta o eventuales, así como los que hayan sido contratados con anterioridad al día 9 de febrero del 2010”.
Via El Economista
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A partir del 9 de febrero de este año, los trabajadores que fueron contratados en este sector recibirán un salario de 131 pesos que ya incluye 5% de aumento acordado entre empresas y sindicato, pero también va acompañado de una serie de recortes en sus prestaciones.
María del Pilar Martínez
Este contrato “ampara” a las personas que realizan trabajos o maquilas de preparación de hilados, preparación de tejidos, tejidos estampados y tintorería.
De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), los trabajadores que ingresen a laborar en empresas en las que es aplicable el Contrato Ley del ramo de la seda y toda clase de fibras artificiales y sintéticas “no tendrán derecho a disfrutar el descanso con goce de salario”.
El documento explica que habrá excepciones en los días descansables que establece la Ley Federal del Trabajo, así como el 10 de mayo, 15 de septiembre, 12 y 24 de diciembre.
Además, aclara el nuevo contrato: los trabajadores “tampoco gozarán de los días de aguinaldo y vacaciones que se estipula en el mencionado contrato; no recibirán el bono de ayuda para compra de despensa, ni el fondo de ahorro que se menciona en el contrato”.
La Secretaría del Trabajo informó que a partir de este año “tendrán derecho a recibir las prestaciones económicas contenidas en la Ley Federal del Trabajo; y el contrato seguirá vigente y se aplicará para todos los sindicalizados que se encuentren laborando en las fábricas, ya sean de planta o eventuales, así como los que hayan sido contratados con anterioridad al día 9 de febrero del 2010”.
Via El Economista
Inegi: en enero, 503 mil mexicanos entraron al desempleo; suman 2 millones 761 mil 360
La desocupación afecta a 5.87% de la PEA; aumentó 79% desde diciembre de 2006
Oferta en la feria del empleo realizada el año pasado en la delegación Venustiano CarranzaFoto Francisco Olvera
Juan Antonio Zúñiga y Patricia Muñoz
Periódico La Jornada
Viernes 26 de febrero de 2010, p. 27
La desocupación afectó a 5.87 por ciento de la población económicamente activa del país el pasado enero, una proporción mayor a la de 5 por ciento observada en el mismo mes de 2009, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Con esto, unas 503 mil personas más se incorporaron a las filas del desempleo en el primer mes de 2010, y con ello el ejército de reserva laboral se elevó a 2 millones 761 mil 360 individuos. De esta manera, la desocupación en México se incrementó 79 por ciento, comparada con la dimensión que tuvo en diciembre de 2006, al comienzo de esta administración gubernamental. La falta de oportunidades ocupacionales elevó el desempleo en todo el país en un millón 212 mil personas en el trienio considerado.
La tasa de desocupación de enero estuvo muy por encima de las estimaciones hechas por los analistas del sector privado, los cuales esperaban que se situara entre 5.27 y 5.35 por ciento como proporción de la población económicamente activa (PEA).
El organismo indicó que en enero de este año el desempleo afectó a 7.13 por ciento de la población mayor de 13 años de edad que busca alguna ocupación sin conseguirla en las 32 principales ciudades de México, una proporción 17 por ciento mayor a la registrada un año antes.
El repunte del desempleo provocó reacciones encontradas entre analistas del sector público y especialistas del sector privado.
Una vez que el organismo responsable de la estadística oficial informó sobre el incremento del desempleo en territorio nacional, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitió un comunicado de prensa en el que apuntó: “El cambio de tendencia de la tasa de desocupación en enero es un efecto que se da todos los años, después de la reducción que se observa en noviembre y diciembre, debido a la alta generación de empleos eventuales de fin de año”.
La dependencia agregó que “posteriormente, en enero, disminuye esta demanda, a la vez que las personas que perdieron su empleo eventual empiezan a buscar trabajo, lo que genera que se eleve la tasa de desocupación a porcentajes similares a la de los meses previos, antes de noviembre”.
Pero esa explicación difirió de la expuesta por Ricardo Aguilar Abe, del departamento de análisis de Invex Casa de Bolsa, quien consideró que la desocupación no disminuirá sustancialmente en 2010, a pesar de que crezca la economía. “El sector manufacturero nacional comienza a recuperarse a tasas importantes, pero no ocurre lo mismo con el comercio y los servicios, que emplean a más de 60 por ciento de la población ocupada del país”, precisó el analista.
Luego, advirtió: “Mientras los principales sectores de la economía no registren mayores tasas de crecimiento, difícilmente las empresas ampliarán su planta laboral. Menos si buscan mantener una estructura de costos bajos. No esperamos que el número de desempleados se reduzca sustancialmente en 2010”.
En sentido similar Arturo Vieyra y Sonia Machain, especialistas del grupo financiero Banamex-Citigroup, señalaron que el aumento de la tasa nacional de desocupación de enero “refleja la debilidad de las actuales condiciones laborales”. Destacaron que sus previsiones “apuntan a que esta tendencia continuará por el resto del año; es decir, un descenso moderado del desempleo (5 por ciento en promedio anual) y un aumento también modesto en el empleo formal (3.1 por ciento en promedio anual)”
Oferta en la feria del empleo realizada el año pasado en la delegación Venustiano CarranzaFoto Francisco Olvera
Juan Antonio Zúñiga y Patricia Muñoz
Periódico La Jornada
Viernes 26 de febrero de 2010, p. 27
La desocupación afectó a 5.87 por ciento de la población económicamente activa del país el pasado enero, una proporción mayor a la de 5 por ciento observada en el mismo mes de 2009, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Con esto, unas 503 mil personas más se incorporaron a las filas del desempleo en el primer mes de 2010, y con ello el ejército de reserva laboral se elevó a 2 millones 761 mil 360 individuos. De esta manera, la desocupación en México se incrementó 79 por ciento, comparada con la dimensión que tuvo en diciembre de 2006, al comienzo de esta administración gubernamental. La falta de oportunidades ocupacionales elevó el desempleo en todo el país en un millón 212 mil personas en el trienio considerado.
La tasa de desocupación de enero estuvo muy por encima de las estimaciones hechas por los analistas del sector privado, los cuales esperaban que se situara entre 5.27 y 5.35 por ciento como proporción de la población económicamente activa (PEA).
El organismo indicó que en enero de este año el desempleo afectó a 7.13 por ciento de la población mayor de 13 años de edad que busca alguna ocupación sin conseguirla en las 32 principales ciudades de México, una proporción 17 por ciento mayor a la registrada un año antes.
El repunte del desempleo provocó reacciones encontradas entre analistas del sector público y especialistas del sector privado.
Una vez que el organismo responsable de la estadística oficial informó sobre el incremento del desempleo en territorio nacional, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitió un comunicado de prensa en el que apuntó: “El cambio de tendencia de la tasa de desocupación en enero es un efecto que se da todos los años, después de la reducción que se observa en noviembre y diciembre, debido a la alta generación de empleos eventuales de fin de año”.
La dependencia agregó que “posteriormente, en enero, disminuye esta demanda, a la vez que las personas que perdieron su empleo eventual empiezan a buscar trabajo, lo que genera que se eleve la tasa de desocupación a porcentajes similares a la de los meses previos, antes de noviembre”.
Pero esa explicación difirió de la expuesta por Ricardo Aguilar Abe, del departamento de análisis de Invex Casa de Bolsa, quien consideró que la desocupación no disminuirá sustancialmente en 2010, a pesar de que crezca la economía. “El sector manufacturero nacional comienza a recuperarse a tasas importantes, pero no ocurre lo mismo con el comercio y los servicios, que emplean a más de 60 por ciento de la población ocupada del país”, precisó el analista.
Luego, advirtió: “Mientras los principales sectores de la economía no registren mayores tasas de crecimiento, difícilmente las empresas ampliarán su planta laboral. Menos si buscan mantener una estructura de costos bajos. No esperamos que el número de desempleados se reduzca sustancialmente en 2010”.
En sentido similar Arturo Vieyra y Sonia Machain, especialistas del grupo financiero Banamex-Citigroup, señalaron que el aumento de la tasa nacional de desocupación de enero “refleja la debilidad de las actuales condiciones laborales”. Destacaron que sus previsiones “apuntan a que esta tendencia continuará por el resto del año; es decir, un descenso moderado del desempleo (5 por ciento en promedio anual) y un aumento también modesto en el empleo formal (3.1 por ciento en promedio anual)”
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