Néstor de Buen
21 de febrero
No cabe duda de que en estos tiempos hemos presenciado la manera como el Estado se convierte en parte en los conflictos laborales que le interesan. Usualmente utiliza los instrumentos tradicionales: la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de manera preferente en los asuntos laborales, y si se ofrece, como ha ocurrido últimamente, a jueces federales propicios a atender sus intereses.
De ello resulta, ciertamente, que en materia laboral no basta tener la razón si del otro lado hay intereses empresariales o del Estado mismo que anulan, en cierto modo, la autonomía del Poder Judicial, para someterlo a los requerimientos del Estado y sus aliados, las empresas que representan valores con los que el Estado coincide.
En estos tiempos la primera manifestación ha consistido en la expedición del Decreto de 9 de octubre de 2009 mediante el cual, asumiendo facultades que no le corresponden, el Ejecutivo, con el pretexto de su responsabilidad reglamentaria, dictó una ley de hecho mediante la cual ordenó la liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Es sabido que la facultad reglamentaria prevista en el artículo 89 constitucional que se otorga al Ejecutivo está subordinada a la existencia de una ley dictada por el Congreso de la Unión. En el caso no existe tal ley que faculte para liquidar a Luz y Fuerza del Centro. Sin embargo, una juez de Distrito negó el amparo al SME y el tema se encuentra a la espera de la solución del recurso de revisión por un tribunal colegiado.
El segundo tema, de la misma o mayor importancia, se ha dado con motivo de la huelga de Cananea, que sin fundamento alguno fue invocada como pretexto para promover la terminación de las relaciones de trabajo por supuesta fuerza mayor y en la que el segundo tribunal colegiado del primer circuito en materia de trabajo, por mayoría de votos en contra de la ponencia de la presidenta del tribunal resolvió negar el amparo al sindicato minero. Lo único cierto es que el procedimiento especial que siguió la empresa con la total simpatía de la JFCA no tiene fundamento alguno.
Está pendiente la entrega de la copia de la sentencia. El tribunal se está tomando su tiempo. Pero lo que es evidente es que el supuesto despido de los trabajadores mineros de Cananea no tiene fundamento alguno. Tan es así que la empresa –como ya lo ha dicho su principal aliado, el secretario del Trabajo, Javier Lozano– se apresta a reanudar los trabajos, con lo que pone en evidencia que no existió, salvo en la imaginación de las autoridades, la fuerza mayor: destrucción de sus instalaciones, que se alegó como motivo.
Lo curioso es que el secretario del Trabajo, personaje principal en todo este drama, en una circular fechada el día 14 de este mismo mes se ha encargado de afirmar que la consecuencia del despido es el fin de la huelga, en lo que, como en tantas otras cosas, está rotundamente equivocado. No sería malo regalarle una Ley Federal del Trabajo para que lea su artículo 469, en el que se precisan los motivos de terminación de una huelga, entre los que no se encuentra el invocado por el señor ministro. Cabe recordar que la LFT establece que si un trabajador es despedido en el periodo de prehuelga, tiene derecho a participar en el recuento, en su caso (artículo 931-III).
El asunto no ha llegado a su final. Falta mucho por recorrer. Ya nos llegará el anteproyecto de LFT que anuncia el propio secretario, y podemos imaginar con qué intención ha sido preparado.
La solidaridad de los sindicatos independientes se hace cada vez más necesaria. Si los conflictos laborales se deben resolver por organismos dependientes de los poderes ejecutivos, nunca será posible, al menos en este régimen reaccionario, mantener los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Si el Congreso lo tolerara, la ambición de quienes tienen el poder sería derogar el artículo 123 constitucional y la LFT.
Hay, naturalmente, los obstáculos tradicionales. El principal desde el punto de vista sindical es nuestra tradición de confederaciones sindicales aliadas con el Estado. Serían capaces de participar en la eliminación de las disposiciones constitucionales y reglamentarias propicias a los derechos fundamentales de los trabajadores. Por lo mismo, lo indispensable es la unidad de los sindicatos democráticos y el apoyo de los organismos internacionales. Afortunadamente, se cuenta con ellos.
http://www.jornada.unam.mx/2010/02/21/index.php?section=politica&article=020a1pol
EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION SUBESTACIONES TOLUCA CONTINUA EN PIE DE LUCHA CON LA CONVICCION DE OBTENER LA VICTORIA EN LA DEFENSA DE NUESTRO TRABAJO.
EN MEMORIA DE UN MIEMBRO DE OPERACION
DESCANSE EN PAZ EL C. RICARDO GONZALEZ BECERRIL
domingo, 21 de febrero de 2010
sábado, 20 de febrero de 2010
la PFP vocero del gobierno: represion su mensaje
Toluca México, a 20 de febrero de 2010
cerca de las 23:30 hrs. del día viernes 19 de febrero, como es costumbre de este gobierno opresor, al amparo de la obscuridad cual viles criminales tomaron por asalto la central de servicios de la División Toluca; bajo el pretexto de cambio de guardia, mas de 200 efectivos de la PFP con todo su equipo de robocop, además de estar respaldados por elementos de la agencia de seguridad estatal (ASE) y policía municipal, quienes acordonaron las calles aledañas impidiendo el paso de propios y extraños.
Mientras tanto los “pfpos” (PFP) desalojaban a los compañeros que vigilában dicho centro de trabajo y ordenaron que se procediera a desarmar el campamento, todo esto bajo el argumento de que se impedía el acceso para el cambio de guardia de la PFP…
Hacemos notar que tal despliegue de elementos solo se justifica cuando se captura a peligrosos criminales y es injustificable tal cantidad de fuerza para desalojar a unos trabajadores que se encuentran en una lucha justa por su empleo.
¿No será que sus intenciones sean las de maquillar oficinas, bodegas y vestidores, para que no se encuentren las mismas irregularidades que en la División Cuernavaca?
¿O será tal vez el robo de material?
¿O quizá somos de plano muy mal pensados…
Reportándose con saldo blanco gracias a la disciplina de los camaradas.
Sindicato Mexicano de Electricistas Ayer, Hoy y Siempre.
Operación Subestaciones División Toluca
La burla de los cortes de la CFE (POCO A POCO LA VERDAD SALE A LA LUZ)
16/02/2010
De frente y de perfil
Ramón Zurita Sahagún DIARIO IMPACTO
Lo que parecía un logro del gobierno federal, mejorar el servicio de suministro de energía eléctrica, parece hundirse en la mediocridad del servicio que proporciona la Comisión Federal de Electricidad.
La desaparición de Luz y Fuerza del Centro abrió un oasis de esperanza en los usuarios de esa empresa, sujeto a maltrato, chantaje, extorsión, ya que incluso el propio gobierno federal se encargó de difundir esos conceptos como parte del servicio que otorgaba CLyFC.
Se inició una campaña de desprestigio en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas como responsables del mal servicio y de la cantidad de problemas que aquejaban a la extinta empresa.
La intención era de marcar la diferencia entre la empresa que daba el servicio en los estados de México, Hidalgo, Morelos, parte de Puebla y el Distrito Federal y la que, supuestamente, alcanzaba altos de grados de eficacia en el resto del país.
El director de la CFE fue exaltado como uno de los funcionarios más eficientes del país, el que, gracias a su manejo, consiguió ubicar a la Comisión Federal de Electricidad en estados de excelencia y con certificaciones de ISO en todos sus departamentos.
Al margen quedaron las situaciones de indefinición que se viven en diversos estados del país, donde existe un gran rezago en lo tocante a pagos y demandas por servicio ineficiente y por responsabilidad en una serie de inundaciones provocadas por el manejo de las presas y las hidroeléctricas.
Todo eso quedó en el olvido en el marco comparativo que se intentó hacer entre la eficacia de una y otra empresa.
Sin embargo, al poco tiempo de la extinción de Luz y Fuerza del Centro y de pasar sus activos a la Comisión Federal de Electricidad estalló un megaescándalo en torno a fraudes y manejos irregulares, de los que pronto se deslindó el director de la CFE, Alfredo Elías Ayub.
Al parejo del escándalo se iniciaron los problemas en el suministro de energía eléctrica a los nuevos usuarios, con cortes frecuentes en diversas colonias del Distrito Federal, los que pasaban de horas a días.
Fue entonces cuando el gobierno federal intentó vender la idea de supuestos sabotajes por parte de los trabajadores pertenecientes al SME, versión que pronto se extinguió.
Fuertes vientos acusaron mayor desazón en los nuevos usuarios de la poderosa CFE y nuevamente transcurrieron varios días para que el suministro de electricidad llegara a esas zonas afectadas.
Inundaciones recientes mostraron que la capacidad de la CFE no es suficiente para atender la necesidad de los usuarios del servicio eléctrico y, otra vez, los paganos fueron los vecinos de diversas colonias.
Aquí ya no cupieron las responsabilidades que se le pretendió endosar a las acciones de resistencia emprendidas por los sindicalistas del SME y con la idea de desdibujar el movimiento del SME, mejor dejaron de culparlos de actos de sabotaje.
Cuatro meses después de la acción gubernamental de mostrar los efectos descarnados de la corrupción que motivaron la desaparición de LyFC, la inoperatividad de la CFE queda patente con las grandes fallas y la carencia de operatividad de la empresa que dirige a control remoto Alfredo Elías Ayub.
Son diversas las delegaciones que sufren de los cortes constantes de luz por parte de la CFE, sin que medie explicación alguna y para colmo de males, los encargados de informar sobre las causas de las fallas eléctricas no contestan jamás los teléfonos designados para ello.
En la delegación Magdalena Contreras como en otras más las fallas se acumulan y hasta tres o cuatro ocasiones por día sufren variaciones en las entradas y salidas de luz, con apagones constantes por varias horas, sin importar si es de día o de noche.
Como si el deterioro de los aparatos eléctricos no les importara en lo absoluto, los trabajadores de la CFE muestran un total cinismo en cuanto a los costos del servicio, argumentando que los cobros serán los mismos que se venían pagando, sin importar si el uso de la energía eléctrica es mayor o menor, hasta que las cosas se regularicen.
Y la pregunta que surge es si para empeorar el servicio fue que se extinguió una empresa casi centenaria y se lanzó a la calle a cuarenta mil trabajadores o es que detrás de esa decisión gubernamental se encuentran otras razones, hasta el momento ocultas.
De frente y de perfil
Ramón Zurita Sahagún DIARIO IMPACTO
Lo que parecía un logro del gobierno federal, mejorar el servicio de suministro de energía eléctrica, parece hundirse en la mediocridad del servicio que proporciona la Comisión Federal de Electricidad.
La desaparición de Luz y Fuerza del Centro abrió un oasis de esperanza en los usuarios de esa empresa, sujeto a maltrato, chantaje, extorsión, ya que incluso el propio gobierno federal se encargó de difundir esos conceptos como parte del servicio que otorgaba CLyFC.
Se inició una campaña de desprestigio en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas como responsables del mal servicio y de la cantidad de problemas que aquejaban a la extinta empresa.
La intención era de marcar la diferencia entre la empresa que daba el servicio en los estados de México, Hidalgo, Morelos, parte de Puebla y el Distrito Federal y la que, supuestamente, alcanzaba altos de grados de eficacia en el resto del país.
El director de la CFE fue exaltado como uno de los funcionarios más eficientes del país, el que, gracias a su manejo, consiguió ubicar a la Comisión Federal de Electricidad en estados de excelencia y con certificaciones de ISO en todos sus departamentos.
Al margen quedaron las situaciones de indefinición que se viven en diversos estados del país, donde existe un gran rezago en lo tocante a pagos y demandas por servicio ineficiente y por responsabilidad en una serie de inundaciones provocadas por el manejo de las presas y las hidroeléctricas.
Todo eso quedó en el olvido en el marco comparativo que se intentó hacer entre la eficacia de una y otra empresa.
Sin embargo, al poco tiempo de la extinción de Luz y Fuerza del Centro y de pasar sus activos a la Comisión Federal de Electricidad estalló un megaescándalo en torno a fraudes y manejos irregulares, de los que pronto se deslindó el director de la CFE, Alfredo Elías Ayub.
Al parejo del escándalo se iniciaron los problemas en el suministro de energía eléctrica a los nuevos usuarios, con cortes frecuentes en diversas colonias del Distrito Federal, los que pasaban de horas a días.
Fue entonces cuando el gobierno federal intentó vender la idea de supuestos sabotajes por parte de los trabajadores pertenecientes al SME, versión que pronto se extinguió.
Fuertes vientos acusaron mayor desazón en los nuevos usuarios de la poderosa CFE y nuevamente transcurrieron varios días para que el suministro de electricidad llegara a esas zonas afectadas.
Inundaciones recientes mostraron que la capacidad de la CFE no es suficiente para atender la necesidad de los usuarios del servicio eléctrico y, otra vez, los paganos fueron los vecinos de diversas colonias.
Aquí ya no cupieron las responsabilidades que se le pretendió endosar a las acciones de resistencia emprendidas por los sindicalistas del SME y con la idea de desdibujar el movimiento del SME, mejor dejaron de culparlos de actos de sabotaje.
Cuatro meses después de la acción gubernamental de mostrar los efectos descarnados de la corrupción que motivaron la desaparición de LyFC, la inoperatividad de la CFE queda patente con las grandes fallas y la carencia de operatividad de la empresa que dirige a control remoto Alfredo Elías Ayub.
Son diversas las delegaciones que sufren de los cortes constantes de luz por parte de la CFE, sin que medie explicación alguna y para colmo de males, los encargados de informar sobre las causas de las fallas eléctricas no contestan jamás los teléfonos designados para ello.
En la delegación Magdalena Contreras como en otras más las fallas se acumulan y hasta tres o cuatro ocasiones por día sufren variaciones en las entradas y salidas de luz, con apagones constantes por varias horas, sin importar si es de día o de noche.
Como si el deterioro de los aparatos eléctricos no les importara en lo absoluto, los trabajadores de la CFE muestran un total cinismo en cuanto a los costos del servicio, argumentando que los cobros serán los mismos que se venían pagando, sin importar si el uso de la energía eléctrica es mayor o menor, hasta que las cosas se regularicen.
Y la pregunta que surge es si para empeorar el servicio fue que se extinguió una empresa casi centenaria y se lanzó a la calle a cuarenta mil trabajadores o es que detrás de esa decisión gubernamental se encuentran otras razones, hasta el momento ocultas.
Pese a CFE, sufre IP por deficiente servicio de luz
Milenio
A pesar que el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEEM) estuvo de acuerdo con la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, ahora sufre por problemas en el suministro de energía eléctrica el cual se incrementó a causa de las lluvias de semanas atrás.
El vicepresidente de Infraestructura y Parques Industriales, Marcelo Quiroz Cañas, refutó al Presidente Felipe Calderón en torno a que se han mejorado las condiciones del servicio que es malo y limita la inversión.
Aunque el presidente Calderón argumentó este lunes que la extinción de LFC el pasado 11 de octubre de 2009, aumentó la competitividad de la industria en el centro del país, así como la producción, las exportaciones, la creación de empleos y la atracción de inversión privada,"lo cierto es que los parques industriales de la entidad se han visto afectados por la falta de suministro eléctrico, lo que ahuyenta a los inversionistas”.
Algunos de los problemas a los que las empresas se han enfrentado se refieren a fallas locales en los transformadores, el robo de cable y la demora en la recepción de los recibos, lo que ha traído como consecuencia que las empresas paguen lo doble de su cuota que antes cubrían.
Debido a esas dificultades, se instaló la comisión de electrificación, integrada por miembros del propio Consejo Coordinador, que tiene como objetivo recibir solicitudes de apoyo de las empresas afectadas.
En este sentido Quiroz Cañas reiteró que la zona industrial que está dañada en mayor medida es el oriente del estado.
La semana pasada, recordó, sostuvo una reunión con el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, en la que exigió respuesta a los problemas por los que aún atraviesan los empresarios, pues con las condiciones meteorológicas que se presentaron días pasados se complicó la dotación del servicio, principalmente en el oriente, en los municipios de Chalco, Ecatepec y Nezahualcóyotl.
Hay empresas que se han quedado sin suministro dos días o más, además de faltas intermitentes de energía eléctrica, provocando que el reinicio de operaciones implique un gasto mayor.
La problemática ha llegado tan lejos que por ello se creó la comisión de electrificación y la mesa de quejas, y se exhortó a la paraestatal a resolver la situación.
A pesar que el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEEM) estuvo de acuerdo con la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, ahora sufre por problemas en el suministro de energía eléctrica el cual se incrementó a causa de las lluvias de semanas atrás.
El vicepresidente de Infraestructura y Parques Industriales, Marcelo Quiroz Cañas, refutó al Presidente Felipe Calderón en torno a que se han mejorado las condiciones del servicio que es malo y limita la inversión.
Aunque el presidente Calderón argumentó este lunes que la extinción de LFC el pasado 11 de octubre de 2009, aumentó la competitividad de la industria en el centro del país, así como la producción, las exportaciones, la creación de empleos y la atracción de inversión privada,"lo cierto es que los parques industriales de la entidad se han visto afectados por la falta de suministro eléctrico, lo que ahuyenta a los inversionistas”.
Algunos de los problemas a los que las empresas se han enfrentado se refieren a fallas locales en los transformadores, el robo de cable y la demora en la recepción de los recibos, lo que ha traído como consecuencia que las empresas paguen lo doble de su cuota que antes cubrían.
Debido a esas dificultades, se instaló la comisión de electrificación, integrada por miembros del propio Consejo Coordinador, que tiene como objetivo recibir solicitudes de apoyo de las empresas afectadas.
En este sentido Quiroz Cañas reiteró que la zona industrial que está dañada en mayor medida es el oriente del estado.
La semana pasada, recordó, sostuvo una reunión con el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, en la que exigió respuesta a los problemas por los que aún atraviesan los empresarios, pues con las condiciones meteorológicas que se presentaron días pasados se complicó la dotación del servicio, principalmente en el oriente, en los municipios de Chalco, Ecatepec y Nezahualcóyotl.
Hay empresas que se han quedado sin suministro dos días o más, además de faltas intermitentes de energía eléctrica, provocando que el reinicio de operaciones implique un gasto mayor.
La problemática ha llegado tan lejos que por ello se creó la comisión de electrificación y la mesa de quejas, y se exhortó a la paraestatal a resolver la situación.
Estalla la huelga en el Colegio de Posgraduados
Hacienda no entregó los recursos para el proceso de homologación, alegan autoridades
Carolina Gómez Mena
Periódico La Jornada
Sábado 20 de febrero de 2010, p. 30
Debido a que las autoridades del Colegio de Posgraduados “se echaron para atrás con los recursos destinados a la homologación salarial”, el Sindicato Independiente de Académicos del Colegio de Posgraduados (Siacop) estalló ayer la huelga.
La institución cuenta con siete campus y prepara a 2 mil alumnos en doctorados y maestrías relacionadas con el agro.
Lenin Guajardo, secretario general del Siacop, precisó que restando “50 minutos” para el término del plazo de la negociación, las autoridades del Colpos, encabezadas por Félix González Cossío, les señalaron que se retiraba la propuesta de canalizar 24.3 millones de pesos para continuar con el proceso de homologación y que sólo quedaba en la mesa la oferta de 4 por ciento de incremento salarial.
La explicación dada al gremio fue que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no había autorizado el monto y por tanto se cancelaba la homologación. Ante esto, los 619 académicos del Colpos acordaron colocar las banderas rojinegras en los planteles.
El año pasado la institución estuvo en paro de labores durante 97 días debido a la negativa del Colpos de acceder a la homologación; finalmente las partes acordaron realizar dicho proceso en un plazo de cinco años. Sólo un año se cumplió el acuerdo.
Carolina Gómez Mena
Periódico La Jornada
Sábado 20 de febrero de 2010, p. 30
Debido a que las autoridades del Colegio de Posgraduados “se echaron para atrás con los recursos destinados a la homologación salarial”, el Sindicato Independiente de Académicos del Colegio de Posgraduados (Siacop) estalló ayer la huelga.
La institución cuenta con siete campus y prepara a 2 mil alumnos en doctorados y maestrías relacionadas con el agro.
Lenin Guajardo, secretario general del Siacop, precisó que restando “50 minutos” para el término del plazo de la negociación, las autoridades del Colpos, encabezadas por Félix González Cossío, les señalaron que se retiraba la propuesta de canalizar 24.3 millones de pesos para continuar con el proceso de homologación y que sólo quedaba en la mesa la oferta de 4 por ciento de incremento salarial.
La explicación dada al gremio fue que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no había autorizado el monto y por tanto se cancelaba la homologación. Ante esto, los 619 académicos del Colpos acordaron colocar las banderas rojinegras en los planteles.
El año pasado la institución estuvo en paro de labores durante 97 días debido a la negativa del Colpos de acceder a la homologación; finalmente las partes acordaron realizar dicho proceso en un plazo de cinco años. Sólo un año se cumplió el acuerdo.
Fustiga el obispo Vera al gobierno porque “destruye” a trabajadores
Cinismo e impunidad, sello oficial a 4 años de la tragedia en Pasta de Conchos, expresa
Descalifica la STPS al prelado por hablar “sin sustento técnico, científico y legal”
Aspecto de la misa de este viernes por los 65 mineros muertos en Pasta de Conchos, Coahuila, hace cuatro añosFoto Carlos Ramos Mamahua
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Sábado 20 de febrero de 2010, p. 29
Corrupción, impunidad, mentira y cinismo integran el símbolo de la actitud gubernamental en los cuatro años transcurridos desde el accidente en la mina Pasta de Conchos, que causó la muerte de 65 mineros, advirtió el obispo de Saltillo, Raúl Vera.
Durante los actos para recordar la tragedia, lamentó que el gobierno de Felipe Calderón esté creando un “polvorín” por aferrarse a una “ceguera” para conducir la nación.
“Están desbaratando las fuentes de vida. Están creando un polvorín. ¡Una tras otra, una tras otra! Ahí está lo que hicieron en Cananea [con la huelga minera], en Luz y Fuerza, en Pasta de Conchos, en la lucha contra el narcotráfico, que genera más violencia. Es inaudito.
“El responsable es el equipo que tiene [Calderón] quien, pese a ello, no quiere cambiar su estrategia”, dijo el prelado ante familiares de las víctimas en la mina 8, unidad Pasta de Conchos.
Mesa de trabajo por plantón
Antes, el dirigente de El Barzón Popular, Crescencio Morales, anunció que establecerían un plantón permanente frente al domicilio particular del secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano, como medida de presión para que se autorice el rescate de los cuerpos en Pasta de Conchos.
De inmediato, el secretario particular del funcionario llamó al líder barzonista por teléfono y al anochecer se reunieron con el subsecretario de Trabajo, Álvaro Castro, quien se comprometió a establecer una mesa de trabajo para analizar los problemas en materia de seguridad e higiene en la zona carbonífera y, además, abordar ahí el caso Pasta de Conchos.
Con esa “apertura”, refirió Manuel Fuentes, abogado del colectivo Familia Pasta de Conchos, se desactivó el plan de acción de los barzonistas, a la espera de resultados del análisis conjunto con los funcionarios de la STPS.
Junto con integrantes de organizaciones sociales, Vera y el obispo emérito Samuel Ruiz encabezaron una homilía frente a las oficinas corporativas del Grupo México, concesionario de las minas más importantes del país, entre éstas donde ocurrió el accidente el 19 de febrero de 2006.
Desde ahí, frente al inmueble central del corporativo, ubicado en Polanco, el obispo Vera reiteró sus declaraciones de que el gobierno federal no permite el rescate de los cuerpos sepultados en Pasta de Conchos porque con ello quedaría al descubierto que gran parte de los mineros no murieron al momento del desplome de las estructuras internas del socavón, sino que perdieron la vida ante la cancelación de las tareas de rescate, ordenada precisamente por las autoridades federales.
“¿Qué están escondiendo? Lo que pretenden es que no se conozca la verdad acerca de las causas y la fecha exacta de la muerte de nuestros hermanos. Los huesos tienen memoria y eso es lo que están ocultando, y eso se llama corrupción, impunidad y mentira: durante cuatro años, la misma actitud de desprecio a la vida humana.
“¿Qué nos espera mañana? Ahí está Cananea, el SME, ahora van por los telefonistas; es una actitud de destrucción [del gobierno] contra los trabajadores, quienes son los que construyen la riqueza del país. ¿Adónde irán cuando terminen [la actual administración calderonista]? ¿Se irán a Irlanda otra vez?”, expresó Vera, al tiempo de instar a la organización del pueblo “dentro de los límites éticos” para destrabar las estructuras de corrupción.
Sin responsabilidad ética
Lo dijimos hace cuatro años y tuvimos razón, agregó. “Pasta de Conchos era un paradigma. No hay responsabilidad ética del gobierno, sino un cinismo tremendo, expresó, luego de conocer un comunicado de la STPS en el que la dependencia afirma que las declaraciones de “monseñor Vera son juicios de valor, basados en conjeturas que carecen de sustento técnico, científico y legal.
“Si él contara con estudios serios sobre el asunto –anota el boletín de la STPS– lo lógico sería que los presentara ante las autoridades competentes, lo cual no ha sucedido después de cuatro años de la tragedia.”
Familiares, organizaciones civiles, sindicales, ministros de culto y trabajadores afirman que existen las condiciones para rescatar los restos de los mineros.
Después de la concentración frente a las oficinas de Grupo México, mineros, integrantes del SME y familiares, entre otros, marcharon del Monumento a la Revolución al Zócalo, donde celebraron un mitin para exigir justicia y, sobre todo, la reactivación de las tareas de rescate de los cuerpos.
Descalifica la STPS al prelado por hablar “sin sustento técnico, científico y legal”
Aspecto de la misa de este viernes por los 65 mineros muertos en Pasta de Conchos, Coahuila, hace cuatro añosFoto Carlos Ramos Mamahua
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Sábado 20 de febrero de 2010, p. 29
Corrupción, impunidad, mentira y cinismo integran el símbolo de la actitud gubernamental en los cuatro años transcurridos desde el accidente en la mina Pasta de Conchos, que causó la muerte de 65 mineros, advirtió el obispo de Saltillo, Raúl Vera.
Durante los actos para recordar la tragedia, lamentó que el gobierno de Felipe Calderón esté creando un “polvorín” por aferrarse a una “ceguera” para conducir la nación.
“Están desbaratando las fuentes de vida. Están creando un polvorín. ¡Una tras otra, una tras otra! Ahí está lo que hicieron en Cananea [con la huelga minera], en Luz y Fuerza, en Pasta de Conchos, en la lucha contra el narcotráfico, que genera más violencia. Es inaudito.
“El responsable es el equipo que tiene [Calderón] quien, pese a ello, no quiere cambiar su estrategia”, dijo el prelado ante familiares de las víctimas en la mina 8, unidad Pasta de Conchos.
Mesa de trabajo por plantón
Antes, el dirigente de El Barzón Popular, Crescencio Morales, anunció que establecerían un plantón permanente frente al domicilio particular del secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano, como medida de presión para que se autorice el rescate de los cuerpos en Pasta de Conchos.
De inmediato, el secretario particular del funcionario llamó al líder barzonista por teléfono y al anochecer se reunieron con el subsecretario de Trabajo, Álvaro Castro, quien se comprometió a establecer una mesa de trabajo para analizar los problemas en materia de seguridad e higiene en la zona carbonífera y, además, abordar ahí el caso Pasta de Conchos.
Con esa “apertura”, refirió Manuel Fuentes, abogado del colectivo Familia Pasta de Conchos, se desactivó el plan de acción de los barzonistas, a la espera de resultados del análisis conjunto con los funcionarios de la STPS.
Junto con integrantes de organizaciones sociales, Vera y el obispo emérito Samuel Ruiz encabezaron una homilía frente a las oficinas corporativas del Grupo México, concesionario de las minas más importantes del país, entre éstas donde ocurrió el accidente el 19 de febrero de 2006.
Desde ahí, frente al inmueble central del corporativo, ubicado en Polanco, el obispo Vera reiteró sus declaraciones de que el gobierno federal no permite el rescate de los cuerpos sepultados en Pasta de Conchos porque con ello quedaría al descubierto que gran parte de los mineros no murieron al momento del desplome de las estructuras internas del socavón, sino que perdieron la vida ante la cancelación de las tareas de rescate, ordenada precisamente por las autoridades federales.
“¿Qué están escondiendo? Lo que pretenden es que no se conozca la verdad acerca de las causas y la fecha exacta de la muerte de nuestros hermanos. Los huesos tienen memoria y eso es lo que están ocultando, y eso se llama corrupción, impunidad y mentira: durante cuatro años, la misma actitud de desprecio a la vida humana.
“¿Qué nos espera mañana? Ahí está Cananea, el SME, ahora van por los telefonistas; es una actitud de destrucción [del gobierno] contra los trabajadores, quienes son los que construyen la riqueza del país. ¿Adónde irán cuando terminen [la actual administración calderonista]? ¿Se irán a Irlanda otra vez?”, expresó Vera, al tiempo de instar a la organización del pueblo “dentro de los límites éticos” para destrabar las estructuras de corrupción.
Sin responsabilidad ética
Lo dijimos hace cuatro años y tuvimos razón, agregó. “Pasta de Conchos era un paradigma. No hay responsabilidad ética del gobierno, sino un cinismo tremendo, expresó, luego de conocer un comunicado de la STPS en el que la dependencia afirma que las declaraciones de “monseñor Vera son juicios de valor, basados en conjeturas que carecen de sustento técnico, científico y legal.
“Si él contara con estudios serios sobre el asunto –anota el boletín de la STPS– lo lógico sería que los presentara ante las autoridades competentes, lo cual no ha sucedido después de cuatro años de la tragedia.”
Familiares, organizaciones civiles, sindicales, ministros de culto y trabajadores afirman que existen las condiciones para rescatar los restos de los mineros.
Después de la concentración frente a las oficinas de Grupo México, mineros, integrantes del SME y familiares, entre otros, marcharon del Monumento a la Revolución al Zócalo, donde celebraron un mitin para exigir justicia y, sobre todo, la reactivación de las tareas de rescate de los cuerpos.
jueves, 18 de febrero de 2010
La ley laboral, lastre para la productividad: Lozano
De la redacción
Periódico La Jornada
Jueves 18 de febrero de 2010, p. 18
El titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, señaló ayer que “el marco jurídico vigente en materia laboral es un lastre para la productividad”, por lo que, en su opinión, ya “es inaplazable sacar adelante las reformas estructurales”, en referencia al proyecto de modificación a la Ley Federal del Trabajo que empezó a impulsar en este periodo legislativo.
Dijo que dicha reforma podrá realizarse “con la voluntad política” de los tres órdenes de gobierno, de los poderes de la Unión, los órganos autónomos de Estado y las organizaciones civiles y sociales.
En su opinión, las leyes laborales vigentes “son un pesado fardo para la productividad”. Dijo que a pesar de las 321 iniciativas que se han revisado en la materia, no se ha podido concretar los cambios. Por ello, urgió a sumar esfuerzos para llegar a acuerdos que permitan hacer la modificación legal necesaria para –por ejemplo– crear esquemas de “contratación flexibles que faciliten el acceso al mercado de trabajo a jóvenes, mujeres y hombres mayores de 40 años que tienen dificultad para insertarse a los diversos sectores productivos”.
Junto con el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, Lozano encabezó la instalación del Consejo Consultivo Ciudadano de Empleo y Desarrollo Económico en la entidad. En este contexto, señaló que “debemos apostar por la productividad y hacernos más competitivos”, ya que, según reconoció, la mejor manera de acabar con la pobreza es crear oportunidades de empleo para todos, “no sólo con programas asistenciales o apostando a transferencias inagotables, sino con políticas públicas más eficaces y procesos productivos con mayor valor agregado”.
Periódico La Jornada
Jueves 18 de febrero de 2010, p. 18
El titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, señaló ayer que “el marco jurídico vigente en materia laboral es un lastre para la productividad”, por lo que, en su opinión, ya “es inaplazable sacar adelante las reformas estructurales”, en referencia al proyecto de modificación a la Ley Federal del Trabajo que empezó a impulsar en este periodo legislativo.
Dijo que dicha reforma podrá realizarse “con la voluntad política” de los tres órdenes de gobierno, de los poderes de la Unión, los órganos autónomos de Estado y las organizaciones civiles y sociales.
En su opinión, las leyes laborales vigentes “son un pesado fardo para la productividad”. Dijo que a pesar de las 321 iniciativas que se han revisado en la materia, no se ha podido concretar los cambios. Por ello, urgió a sumar esfuerzos para llegar a acuerdos que permitan hacer la modificación legal necesaria para –por ejemplo– crear esquemas de “contratación flexibles que faciliten el acceso al mercado de trabajo a jóvenes, mujeres y hombres mayores de 40 años que tienen dificultad para insertarse a los diversos sectores productivos”.
Junto con el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, Lozano encabezó la instalación del Consejo Consultivo Ciudadano de Empleo y Desarrollo Económico en la entidad. En este contexto, señaló que “debemos apostar por la productividad y hacernos más competitivos”, ya que, según reconoció, la mejor manera de acabar con la pobreza es crear oportunidades de empleo para todos, “no sólo con programas asistenciales o apostando a transferencias inagotables, sino con políticas públicas más eficaces y procesos productivos con mayor valor agregado”.
Acuerda el SUTERM no exhibir corrupción interna; reinstala a empleada corrida por CFE
En asamblea acatan orden del líder nacional Víctor Fuentes; “podría pasarnos como al SME”
Rossana Jaramillo recibió instrucciones de Urbina Domínguez de alterar la nómina y darle 6.7% más
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Jueves 18 de febrero de 2010, p. 17
La dirigencia del sindicato de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) revirtió la sanción impuesta por la paraestatal contra una empleada que alteró la nómina en favor del sueldo de su líder gremial.
La maquinaria del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) se movió para hacer una asamblea a modo en la sección del valle de México y restar valor al oficio HH001/0022/ 2010, con el acta administrativa del 18 de diciembre, en el que la CFE comprueba la irregularidad administrativa detectada en el Sistema Integral de Recursos Humanos.
A mano alzada, se instó a los electricistas a votar por la permanencia de su dirigente seccional, Mario Urbina Domínguez, quien había ordenado a la trabajadora –despedida por la CFE– incrementarle el salario 6.7 por ciento, equivalente a un brinco de tres escalones en la nómina de la paraestatal, cuyo lema es “una empresa de clase mundial”.
En particular, las huestes que encabeza Víctor Fuentes, líder del SUTERM, operaron para no exhibir la corrupción interna en esta organización gremial porque –argumentaron algunos de los oradores– “con ello se da carne fresca a los enemigos del sindicato para que nos destruyan, y al rato, con ese pretexto, nos van a dejar sin empleo, como hicieron con los del Sindicato Mexicano de Electricistas (trabajadores de la desaparecida Luz y Fuerza del Centro)”.
Molestia por ventilar casos en la prensa
La cúpula gremial y sus seguidores exigieron además que “den la cara” quienes están difundiendo en la prensa los asuntos internos del SUTERM. La Jornada publicó el mes pasado el caso en que los gerentes de la CFE acordaron el despido de Rossana Jaramillo Hernández y la emisión de una “severa llamada de atención por escrito” al mencionado líder seccional.
De acuerdo con trabajadores asistentes a la asamblea –realizada la tarde del pasado martes–, “por orden de Víctor Fuentes” se autorizó la reinstalación de Jaramillo Hernández. De 280 empleados que acudieron a dicha reunión, sólo unos cuantos se atrevieron a advertir acerca de “los riesgos de solapar la falta de honradez y los excesos” en el sindicato.
Sin embargo, señaló uno de los trabajadores consultados, “operó todo el aparato. Echaron a andar toda la maquinaria del Comité Ejecutivo Nacional del gremio de la CFE para manipular. Fue una mascarada lo que hicieron en la asamblea. De la dirigencia nacional asistieron Alejandro Chávez Anguiano, secretario de previsión social, y Carlos Ortega, secretario de Educación. No acudió José Tobón, coordinador regional del SUTERM, quien solapa a Urbina”.
Otro de los asistentes comentó: “Chávez Anguiano se aventó un discurso barato con el que manipuló la asamblea. Las intervenciones de los oradores fueron limitadas, y los pocos que emitieron algunas críticas trataron de hacer conciencia en los compañeros de que Víctor Fuentes siempre habló de honestidad y trabajo, y con esos actos se contradice la supuesta línea del dirigente nacional.
“Hicieron operación zurcido. Remendaron todas las irregularidades y se ordenó el regreso inmediato –por encargo de Víctor– de la compañera rescindida. Según ellos, al devolver el dinero de la nómina alterada el daño ya está reparado”.
Es decir –comentó otro electricista–, si hubo un desfalco se ordenó que se regresara el dinero y con eso sepultaron el caso. “La gente no quiere problemas con los dirigentes porque en el SUTERM hay cláusula de exclusión (si te expulsan del sindicato te corren de la empresa en automático). Se votó a mano alzada. Ya luego en privado siguieron las quejas, pero ahí, en la asamblea, había que aplaudir y dar por terminado el asunto”.
Rossana Jaramillo recibió instrucciones de Urbina Domínguez de alterar la nómina y darle 6.7% más
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Jueves 18 de febrero de 2010, p. 17
La dirigencia del sindicato de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) revirtió la sanción impuesta por la paraestatal contra una empleada que alteró la nómina en favor del sueldo de su líder gremial.
La maquinaria del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) se movió para hacer una asamblea a modo en la sección del valle de México y restar valor al oficio HH001/0022/ 2010, con el acta administrativa del 18 de diciembre, en el que la CFE comprueba la irregularidad administrativa detectada en el Sistema Integral de Recursos Humanos.
A mano alzada, se instó a los electricistas a votar por la permanencia de su dirigente seccional, Mario Urbina Domínguez, quien había ordenado a la trabajadora –despedida por la CFE– incrementarle el salario 6.7 por ciento, equivalente a un brinco de tres escalones en la nómina de la paraestatal, cuyo lema es “una empresa de clase mundial”.
En particular, las huestes que encabeza Víctor Fuentes, líder del SUTERM, operaron para no exhibir la corrupción interna en esta organización gremial porque –argumentaron algunos de los oradores– “con ello se da carne fresca a los enemigos del sindicato para que nos destruyan, y al rato, con ese pretexto, nos van a dejar sin empleo, como hicieron con los del Sindicato Mexicano de Electricistas (trabajadores de la desaparecida Luz y Fuerza del Centro)”.
Molestia por ventilar casos en la prensa
La cúpula gremial y sus seguidores exigieron además que “den la cara” quienes están difundiendo en la prensa los asuntos internos del SUTERM. La Jornada publicó el mes pasado el caso en que los gerentes de la CFE acordaron el despido de Rossana Jaramillo Hernández y la emisión de una “severa llamada de atención por escrito” al mencionado líder seccional.
De acuerdo con trabajadores asistentes a la asamblea –realizada la tarde del pasado martes–, “por orden de Víctor Fuentes” se autorizó la reinstalación de Jaramillo Hernández. De 280 empleados que acudieron a dicha reunión, sólo unos cuantos se atrevieron a advertir acerca de “los riesgos de solapar la falta de honradez y los excesos” en el sindicato.
Sin embargo, señaló uno de los trabajadores consultados, “operó todo el aparato. Echaron a andar toda la maquinaria del Comité Ejecutivo Nacional del gremio de la CFE para manipular. Fue una mascarada lo que hicieron en la asamblea. De la dirigencia nacional asistieron Alejandro Chávez Anguiano, secretario de previsión social, y Carlos Ortega, secretario de Educación. No acudió José Tobón, coordinador regional del SUTERM, quien solapa a Urbina”.
Otro de los asistentes comentó: “Chávez Anguiano se aventó un discurso barato con el que manipuló la asamblea. Las intervenciones de los oradores fueron limitadas, y los pocos que emitieron algunas críticas trataron de hacer conciencia en los compañeros de que Víctor Fuentes siempre habló de honestidad y trabajo, y con esos actos se contradice la supuesta línea del dirigente nacional.
“Hicieron operación zurcido. Remendaron todas las irregularidades y se ordenó el regreso inmediato –por encargo de Víctor– de la compañera rescindida. Según ellos, al devolver el dinero de la nómina alterada el daño ya está reparado”.
Es decir –comentó otro electricista–, si hubo un desfalco se ordenó que se regresara el dinero y con eso sepultaron el caso. “La gente no quiere problemas con los dirigentes porque en el SUTERM hay cláusula de exclusión (si te expulsan del sindicato te corren de la empresa en automático). Se votó a mano alzada. Ya luego en privado siguieron las quejas, pero ahí, en la asamblea, había que aplaudir y dar por terminado el asunto”.
BOLETÍN DE PRENSA SME
A las organizaciones sindicales, sociales y políticas,
A la opinión pública nacional e internacional,
No habían pasado 48 horas, después de que Felipe Calderón Hinojosa se había desvivido en elogios a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y hacia sí mismo, por haber tomado la decisión de decretar la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), cuando la terca y necia realidad lo ha puesto nuevamente en su lugar, extensas zonas de la capital y el Estado de México se encuentran sin energía eléctrica.
Es el caso de los pueblos de Parrés, San Pedro Mártir, San Andrés Totoltepéc, San Miguel Ajusco y las colonias María Esther Zuno y Tlamille, además de una extensa área de la calzada de Tlalpan en el sur de la ciudad. La segunda y tercera sección de Lomas Verdes y Santa Mónica, así como la colonia Benito Juárez, en el Estado de México. Y finalmente, las colonias: Reforma Iztaccihuatl, Iztacalco, Morelos, Condesa y la Roma de esta ciudad.
La grave alteración de las actividades económicas, sociales y culturales de los habitantes de nuestra urbe, es más que evidente, amén de la creciente irritación de cada vez más extensas capas de la población, provocadas por ese grupo de saboteadores de la Industria Eléctrica Nacionalizada, de la economía de la zona metropolitana y de la estabilidad ciudadana en la zona central del país, que integran Felipe Calderón Hinojosa, Javier Lozano Alarcón y Alfredo Elías Ayub.
Los severos daños a la prestación del servicio público de energía eléctrica en la zona central del país, realizados por Calderón y su grupo, muestran que están incurriendo en el delito de sabotaje, pues han entorpecido peligrosamente este servicio. En consecuencia, se les debe aplicar lo que textualmente establece el artículo 140 del Código Penal Federal, “Artículo 140.- Se impondrá pena de dos a veinte años de prisión y multa de mil a cincuenta mil pesos, al que dañe, destruya o ilícitamente entorpezca vías de comunicación, servicios públicos, funciones de las dependencias del Estado, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal o sus instalaciones; plantas siderúrgicas, eléctricas o de las industrias básicas; centros de producción o distribución de artículos de consumo necesarios de armas, municiones o implementos bélicos, con el fin de trastornar la vida económica del país o afectar su capacidad de defensa.”
Al señor Calderón solo le quedan dos caminos: el primero sería, el retorno inmediato a la Legalidad Constitucional, es decir, dar marcha atrás en su decreto de extinción de LyFC, para permitir el regreso a sus labores de los trabajadores agremiados al SME, y con ello, llevar a cabo los urgentes programas de mantenimiento preventivo y correctivo, mediante los cuales contribuiríamos al abatimiento del tiempo de interrupción al usuario, y la segunda, congruente con la política neoliberal sería emitir dos decretos más, con el objeto de extinguir a Tlaloc y Eolo, dioses de la lluvia y el viento respectivamente.
En todo caso, el titular del ejecutivo federal, tiene la palabra. Desde luego, debe apresurarse antes de que la paciencia popular y ciudadana estalle y lo haga renunciar por ineficiente, ineficaz, por llevar al país al caos económico y a la confrontación social. Por ello, tenemos que organizar esa irritación social creciente para que juntos vayamos a la huelga política nacional que estallaremos este próximo 16 de marzo a las 12 horas, en todo el país.
Fraternalmente
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
México D.F. a 17 de febrero de 2010
Fernando Amezcua Castillo
A la opinión pública nacional e internacional,
No habían pasado 48 horas, después de que Felipe Calderón Hinojosa se había desvivido en elogios a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y hacia sí mismo, por haber tomado la decisión de decretar la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), cuando la terca y necia realidad lo ha puesto nuevamente en su lugar, extensas zonas de la capital y el Estado de México se encuentran sin energía eléctrica.
Es el caso de los pueblos de Parrés, San Pedro Mártir, San Andrés Totoltepéc, San Miguel Ajusco y las colonias María Esther Zuno y Tlamille, además de una extensa área de la calzada de Tlalpan en el sur de la ciudad. La segunda y tercera sección de Lomas Verdes y Santa Mónica, así como la colonia Benito Juárez, en el Estado de México. Y finalmente, las colonias: Reforma Iztaccihuatl, Iztacalco, Morelos, Condesa y la Roma de esta ciudad.
La grave alteración de las actividades económicas, sociales y culturales de los habitantes de nuestra urbe, es más que evidente, amén de la creciente irritación de cada vez más extensas capas de la población, provocadas por ese grupo de saboteadores de la Industria Eléctrica Nacionalizada, de la economía de la zona metropolitana y de la estabilidad ciudadana en la zona central del país, que integran Felipe Calderón Hinojosa, Javier Lozano Alarcón y Alfredo Elías Ayub.
Los severos daños a la prestación del servicio público de energía eléctrica en la zona central del país, realizados por Calderón y su grupo, muestran que están incurriendo en el delito de sabotaje, pues han entorpecido peligrosamente este servicio. En consecuencia, se les debe aplicar lo que textualmente establece el artículo 140 del Código Penal Federal, “Artículo 140.- Se impondrá pena de dos a veinte años de prisión y multa de mil a cincuenta mil pesos, al que dañe, destruya o ilícitamente entorpezca vías de comunicación, servicios públicos, funciones de las dependencias del Estado, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal o sus instalaciones; plantas siderúrgicas, eléctricas o de las industrias básicas; centros de producción o distribución de artículos de consumo necesarios de armas, municiones o implementos bélicos, con el fin de trastornar la vida económica del país o afectar su capacidad de defensa.”
Al señor Calderón solo le quedan dos caminos: el primero sería, el retorno inmediato a la Legalidad Constitucional, es decir, dar marcha atrás en su decreto de extinción de LyFC, para permitir el regreso a sus labores de los trabajadores agremiados al SME, y con ello, llevar a cabo los urgentes programas de mantenimiento preventivo y correctivo, mediante los cuales contribuiríamos al abatimiento del tiempo de interrupción al usuario, y la segunda, congruente con la política neoliberal sería emitir dos decretos más, con el objeto de extinguir a Tlaloc y Eolo, dioses de la lluvia y el viento respectivamente.
En todo caso, el titular del ejecutivo federal, tiene la palabra. Desde luego, debe apresurarse antes de que la paciencia popular y ciudadana estalle y lo haga renunciar por ineficiente, ineficaz, por llevar al país al caos económico y a la confrontación social. Por ello, tenemos que organizar esa irritación social creciente para que juntos vayamos a la huelga política nacional que estallaremos este próximo 16 de marzo a las 12 horas, en todo el país.
Fraternalmente
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
México D.F. a 17 de febrero de 2010
Fernando Amezcua Castillo
Las fallas en el suministro demuestran que fue un error desaparecer LFC, dice el SME
Exhorta a encauzar el disgusto hacia la huelga política nacional, a realizarse el 16 de marzo
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Jueves 18 de febrero de 2010
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) señaló que no habían pasado 48 horas desde que el presidente Felipe Calderón "se había desvivido en elogios a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y hacia sí mismo", cuando la "terca y necia realidad" evidenciaron que extensas zonas de la capital y el estado de México se encuentran nuevamente sin energía eléctrica.
Tal son los casos de los pueblos de Parrés, San Pedro Mártir, San Andrés Totoltepec, San Miguel Ajusco, o colonias como Tlamille, extensas áreas de la Calzada de Tlalpan, la segunda y tercera sección de Lomas Verdes y Santa Mónica, así como en áreas de Reforma Iztaccihuatl, Morelos y amplias zonas de la Condesa y la Roma en esta ciudad, apuntó esta organización.
"La grave alteración de las actividades económicas, sociales y culturales de los habitantes de esta ciudad es más que evidente, amén de la creciente irritación social de extensas capas de la población", sostuvo. El gremio añadió que este enojo se deberá encausar y organizar para estallar la huelga política nacional el próximo 16 de marzo.
Este sindicato expuso que los verdaderos saboteadores del servicio de energía eléctrica en la zona central del país son el propio presidente Calderón; el secretario del Trabajo, Javier Lozano, y el director de la CFE, Elías Ayub.
También calificó como una burla lo dicho por el Presidente hace unos días, cuando señaló que "la CFE ha resuelto los problemas de falta de suministro de energía, que en su momento Luz y Fuerza del Centro no pudo solucionar", ya que la triste realidad es que la ciudadanía vive un calvario por los incesantes cortes de luz, las permanentes variaciones de voltajes y la impericia e incapacidad de las empresas privadas contratadas para atender las urgencias.
A ello se suma el hecho de que está en ciernes un incremento considerable al precio de la energía eléctrica, pues "ya sin los subsidios" el servicio se va a elevar en forma contundente para los ciudadanos, así como el cambio de medidores bajo el costo de los usuarios.
Todas estas situaciones crean problemas a las familias de decenas de colonias que han tenido que salir a la calle a manifestarse y bloquear vialidades para que atiendan sus quejas, o bien aguantarse 3, 4 días y hasta una semana sin luz; incluso se han presentado cientos de quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), pero Felipe Calderón parece no estar enterado de todo ello, ni que se que ha generado entre la ciudadanía "extrema zozobra sobre el servicio", incluso para los pequeños y medianos empresarios, indicó el sindicato.
En un documento firmado por el secretario del exterior, Fernando Amézcua, esta organización plantea que “la privatización del sector energético marcha viento en popa, la Carta Magna es sólo un papel sin significado para los oligarcas y sus palafreneros. El desmantelamiento de nuestra soberanía y patrimonio nacionales es cosa de todos los días. La electricidad y el petróleo son sólo monedas de cambio en la macro plaza neoliberal a la que son tan adictos los miembros de este gobierno y son las últimas que le quedan a los yuppies mexicanos, pues ya no habrá más”.
http://www.jornada.unam.mx/2010/02/18/index.php?section=politica&article=016n1pol
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Jueves 18 de febrero de 2010
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) señaló que no habían pasado 48 horas desde que el presidente Felipe Calderón "se había desvivido en elogios a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y hacia sí mismo", cuando la "terca y necia realidad" evidenciaron que extensas zonas de la capital y el estado de México se encuentran nuevamente sin energía eléctrica.
Tal son los casos de los pueblos de Parrés, San Pedro Mártir, San Andrés Totoltepec, San Miguel Ajusco, o colonias como Tlamille, extensas áreas de la Calzada de Tlalpan, la segunda y tercera sección de Lomas Verdes y Santa Mónica, así como en áreas de Reforma Iztaccihuatl, Morelos y amplias zonas de la Condesa y la Roma en esta ciudad, apuntó esta organización.
"La grave alteración de las actividades económicas, sociales y culturales de los habitantes de esta ciudad es más que evidente, amén de la creciente irritación social de extensas capas de la población", sostuvo. El gremio añadió que este enojo se deberá encausar y organizar para estallar la huelga política nacional el próximo 16 de marzo.
Este sindicato expuso que los verdaderos saboteadores del servicio de energía eléctrica en la zona central del país son el propio presidente Calderón; el secretario del Trabajo, Javier Lozano, y el director de la CFE, Elías Ayub.
También calificó como una burla lo dicho por el Presidente hace unos días, cuando señaló que "la CFE ha resuelto los problemas de falta de suministro de energía, que en su momento Luz y Fuerza del Centro no pudo solucionar", ya que la triste realidad es que la ciudadanía vive un calvario por los incesantes cortes de luz, las permanentes variaciones de voltajes y la impericia e incapacidad de las empresas privadas contratadas para atender las urgencias.
A ello se suma el hecho de que está en ciernes un incremento considerable al precio de la energía eléctrica, pues "ya sin los subsidios" el servicio se va a elevar en forma contundente para los ciudadanos, así como el cambio de medidores bajo el costo de los usuarios.
Todas estas situaciones crean problemas a las familias de decenas de colonias que han tenido que salir a la calle a manifestarse y bloquear vialidades para que atiendan sus quejas, o bien aguantarse 3, 4 días y hasta una semana sin luz; incluso se han presentado cientos de quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), pero Felipe Calderón parece no estar enterado de todo ello, ni que se que ha generado entre la ciudadanía "extrema zozobra sobre el servicio", incluso para los pequeños y medianos empresarios, indicó el sindicato.
En un documento firmado por el secretario del exterior, Fernando Amézcua, esta organización plantea que “la privatización del sector energético marcha viento en popa, la Carta Magna es sólo un papel sin significado para los oligarcas y sus palafreneros. El desmantelamiento de nuestra soberanía y patrimonio nacionales es cosa de todos los días. La electricidad y el petróleo son sólo monedas de cambio en la macro plaza neoliberal a la que son tan adictos los miembros de este gobierno y son las últimas que le quedan a los yuppies mexicanos, pues ya no habrá más”.
http://www.jornada.unam.mx/2010/02/18/index.php?section=politica&article=016n1pol
Ordena IFAI tener un año en reserva los nombres de quienes aceptaron liquidarse
Elizabeth Velasco C.
Periódico La Jornada
Jueves 18 de febrero de 2010
Para evitar que "se ponga en riesgo la integridad física" de 28 mil 190 ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC) que ya cobraron su liquidación (que ascendió a más de 12 mil millones de pesos), el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó de manera "excepcional" mantener bajo reserva sus nombres por un año, así como cualquier dato que pueda "hacer identificables" a los liquidados.
Al debatir el recurso de revisión 6027/09, interpuesto contra el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), la comisionada ponente María Marván revocó la confidencialidad que ese órgano liquidador de LFC ordenó sobre los nombres de los electricistas que ya hicieron efectivos sus cheques, el cargo que desempeñaron, años laborados y el monto de indemnización recibido, pero la comisionada Sigrid Arzt pidió aplicar la reserva del nombre de los ex trabajadores por la "violencia de algunos integrantes del sindicato (Mexicano de Electricistas) contra los trabajadores que han cobrado su finiquito".
Arzt admitió que aun cuando "el nombre de un servidor público no es confidencial, en este caso es procedente clasificarlo, porque se podría poner en riesgo la seguridad e integridad personal de cada uno de ellos".
La ex artífice del modelo de seguridad en los inicios de la gestión de Felipe Calderón sostuvo que las notas periodísticas han dado cuenta de la "violencia" con que actúan los miembros del SME contra los disidentes, así como de los "daños a inmuebles, vehículos. Incluso, a esta fecha, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se ha visto en la necesidad de abrir averiguaciones previas contra quienes pudieran resultar responsables" por esos hechos.
Difundir los nombres –sostuvo Arzt– "agudizaría los roces entre el SME y los disidentes", y, con ello, "se pondría en riesgo la vida e integridad física tanto de los trabajadores como de sus familiares".
María Marván precisó que contrario a lo que afirmó el SAE, el nombre de un servidor público no es confidencial, pero por las "circunstancias de modo, tiempo y lugar" que privan por la liquidación de LFC, se reservará el dato un año, periodo sujeto a revisión en caso de persistir las actuales circunstancias.
Jacqueline Peschard propuso la reserva también de cualquier otro dato que pueda identificar a los ex electricistas que han cobrado. Por tanto, se determinó la entrega de versión pública de las pólizas de los finiquitos, lo que significa que se eliminarán además del nombre, antigüedad y otros datos que pudieran hacer "identificables" a los ex trabajadores de LFC.
"La versión pública que debe entregarse al solicitante (de la información) se refiere a las 28 mil 190 pólizas, en las que se pueda ver el monto de todos y cada uno de los cheques expedidos. Se dará 30 días para su elaboración. Es importante hacer consciente al pleno que estamos en una situación clara de excepción con respecto a los nombres de quienes reciben recursos públicos", subrayó Marván.
La comisionada ponente ordenó también al SAE entregar documentos específicos sobre los oficios que recibió de Hacienda para autorizar el pago de cheques y otras operaciones, justificación para emitir el pago de cheques de los 44 mil 511 ex trabajadores de LFC, y otros documentos que acrediten la transferencia de los recursos públicos para la liquidación referida. Otro dato que dio el SAE, fue que se utilizó la partida presupuestal 23 para el pago del finiquito de la relación laboral.
http://www.jornada.unam.mx/2010/02/18/index.php?section=politica&article=016n2pol
Periódico La Jornada
Jueves 18 de febrero de 2010
Para evitar que "se ponga en riesgo la integridad física" de 28 mil 190 ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC) que ya cobraron su liquidación (que ascendió a más de 12 mil millones de pesos), el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó de manera "excepcional" mantener bajo reserva sus nombres por un año, así como cualquier dato que pueda "hacer identificables" a los liquidados.
Al debatir el recurso de revisión 6027/09, interpuesto contra el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), la comisionada ponente María Marván revocó la confidencialidad que ese órgano liquidador de LFC ordenó sobre los nombres de los electricistas que ya hicieron efectivos sus cheques, el cargo que desempeñaron, años laborados y el monto de indemnización recibido, pero la comisionada Sigrid Arzt pidió aplicar la reserva del nombre de los ex trabajadores por la "violencia de algunos integrantes del sindicato (Mexicano de Electricistas) contra los trabajadores que han cobrado su finiquito".
Arzt admitió que aun cuando "el nombre de un servidor público no es confidencial, en este caso es procedente clasificarlo, porque se podría poner en riesgo la seguridad e integridad personal de cada uno de ellos".
La ex artífice del modelo de seguridad en los inicios de la gestión de Felipe Calderón sostuvo que las notas periodísticas han dado cuenta de la "violencia" con que actúan los miembros del SME contra los disidentes, así como de los "daños a inmuebles, vehículos. Incluso, a esta fecha, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se ha visto en la necesidad de abrir averiguaciones previas contra quienes pudieran resultar responsables" por esos hechos.
Difundir los nombres –sostuvo Arzt– "agudizaría los roces entre el SME y los disidentes", y, con ello, "se pondría en riesgo la vida e integridad física tanto de los trabajadores como de sus familiares".
María Marván precisó que contrario a lo que afirmó el SAE, el nombre de un servidor público no es confidencial, pero por las "circunstancias de modo, tiempo y lugar" que privan por la liquidación de LFC, se reservará el dato un año, periodo sujeto a revisión en caso de persistir las actuales circunstancias.
Jacqueline Peschard propuso la reserva también de cualquier otro dato que pueda identificar a los ex electricistas que han cobrado. Por tanto, se determinó la entrega de versión pública de las pólizas de los finiquitos, lo que significa que se eliminarán además del nombre, antigüedad y otros datos que pudieran hacer "identificables" a los ex trabajadores de LFC.
"La versión pública que debe entregarse al solicitante (de la información) se refiere a las 28 mil 190 pólizas, en las que se pueda ver el monto de todos y cada uno de los cheques expedidos. Se dará 30 días para su elaboración. Es importante hacer consciente al pleno que estamos en una situación clara de excepción con respecto a los nombres de quienes reciben recursos públicos", subrayó Marván.
La comisionada ponente ordenó también al SAE entregar documentos específicos sobre los oficios que recibió de Hacienda para autorizar el pago de cheques y otras operaciones, justificación para emitir el pago de cheques de los 44 mil 511 ex trabajadores de LFC, y otros documentos que acrediten la transferencia de los recursos públicos para la liquidación referida. Otro dato que dio el SAE, fue que se utilizó la partida presupuestal 23 para el pago del finiquito de la relación laboral.
http://www.jornada.unam.mx/2010/02/18/index.php?section=politica&article=016n2pol
Integrantes del SME encaran a personal de CFE
Personal de la Comisión Federal de Electricidad irrumpió a la sucursal administrativa de Cuernavaca, lo que provocó el enfrentamiento
JUSTINO MIRANDA
El Universal
Cuernavaca Miércoles 17 de febrero de 2010
Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) violó los sellos de aseguramiento de la sucursal administrativa de la extinta Compañía de Luz y Fuerza Centro (LyFC) e ingresó a bordo de un camión de turismo.
Los trabajadores del extinto Sindicato Mexicano de Electricistas se percataron de la acción y encararon al grupo de la CFE, lo cual desencadenó un conato de violencia.
Héctor Salazar Porcayo, líder del SME sección Cuernavaca, denunció que el grupo de la Comisión rompió los acuerdos pactados con el secretario de Gobernación, Francisco Gómez Mont, quien prometió que las sucursales y las instalaciones que ocupaban los ex obreros estarían bajo resguardo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, así como de la CFE.
Ante la acción los ex trabajadores de la LyFC bloquearon los accesos de la sucursal para impedir la salida de los empleados de la CFE, hasta que llegaron notarios para dar fe de la violación de los sellos y levantar un acta para fincar responsabilidades por los posibles extravíos de pertenencias así como de dinero que dejó el SME en una caja fuerte y una tómbola.
http://www.eluniversal.com.mx/notas/659627.html
JUSTINO MIRANDA
El Universal
Cuernavaca Miércoles 17 de febrero de 2010
Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) violó los sellos de aseguramiento de la sucursal administrativa de la extinta Compañía de Luz y Fuerza Centro (LyFC) e ingresó a bordo de un camión de turismo.
Los trabajadores del extinto Sindicato Mexicano de Electricistas se percataron de la acción y encararon al grupo de la CFE, lo cual desencadenó un conato de violencia.
Héctor Salazar Porcayo, líder del SME sección Cuernavaca, denunció que el grupo de la Comisión rompió los acuerdos pactados con el secretario de Gobernación, Francisco Gómez Mont, quien prometió que las sucursales y las instalaciones que ocupaban los ex obreros estarían bajo resguardo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, así como de la CFE.
Ante la acción los ex trabajadores de la LyFC bloquearon los accesos de la sucursal para impedir la salida de los empleados de la CFE, hasta que llegaron notarios para dar fe de la violación de los sellos y levantar un acta para fincar responsabilidades por los posibles extravíos de pertenencias así como de dinero que dejó el SME en una caja fuerte y una tómbola.
http://www.eluniversal.com.mx/notas/659627.html
BOLETÍN DE PRENSA DEL SME
17feb
A las organizaciones sindicales, sociales y políticas,
A la opinión pública nacional e internacional
Al pueblo mexicano:
El 15 de febrero del año en curso, en un acto en los Pinos con empresarios brasileros de la empresa Praxair, Felipe Calderón Hinojosa de nueva cuenta, y con una actitud francamente enfermiza, arremete contra Luz y Fuerza del Centro y de nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas.
Al parecer el Señor Calderón está perdiendo severamente el juicio, viviendo en su propia burbuja agrede la inteligencia de los mexicanos, al decir que “la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha resuelto una serie de problemas como la falta de suministro de energía que en su momento Luz y Fuerza del Centro (LFC) no pudo solucionar”.
El Sr. Calderón afirma, mintiendo flagrante e, impunemente a la ciudadanía que si acaso se dejó de atender oportunamente el otorgamiento de energía eléctrica a los usuarios que así lo solicitaban, fue por varias razones, entre ellas: la prohibición expresa de que nuestra empresa (LyFC) pudiera generar su propia energía eléctrica, condenándonos a comprarla a la CFE a precios altos y venderla precios subsidiados, y por lo tanto, por debajo de su precio de compra; la ausencia de recursos suficientes para modernizar nuestras redes de transmisión y distribución del fluido eléctrico, a partir de una política deliberada de asfixia presupuestal que tenía por objeto justificar la “ineficiencia e ineficacia de LyFC”, como hasta la fecha siguen repitiendo como loros en todos los niveles gubernamentales, en una campaña mediática, infame e infamante, muy al estilo de la guerra de baja intensidad practicada por los ejércitos: norteamericano en Viet Nam y mexicano en Chiapas.
Haciendo tabla rasa del calvario de los ciudadanos de la zona centro del país, que día con día padecen los incesantes cortes de energía eléctrica, las permanentes variaciones de voltajes, la impericia e incapacidad de las empresas privadas contratadas por la CFE y losnuevos recibos de Luz (que ya sin los subsidios, se han incrementado de manera considerable). Todas estas cuestiones, han creado ya una situación verdaderamente insostenible, angustiante y de extrema zozobra para la ciudadanía e incluso a no pocos pequeños y medianos empresarios.
Calderón Hinojosa comete un sueño fallido cuando se refiere a los empresarios para pedirles encarecidamente que “Tengan la certeza por favor de que estaremos junto con ustedes trabajando codo con codo a fin de generar las mejores condiciones posibles para que ustedes y cualquier empresa que se establezca en México tenga éxito”. A confesión de parte relevo de pruebas, a los empresarios todo a los trabajadores con todo, esa es su divisa. Nos queda perfectamente claro.
La privatización del sector energético marcha viento en popa, la Carta Magna es solo un papel sin significado alguno para los oligarcas y sus palafreneros. El desmantelamiento de nuestra Soberanía y Patrimonio nacionales es cosa de todos los días. La electricidad y el petróleo, son solo piezas de cambio en la macro plaza neoliberal a la que son tan adictos los miembros de este gobierno, el ultimo que le queda a la “modernidad” de los yuppies mexicanos, pues ya no habrá más. La decisión popular así lo siente, lo dice, lo grita, y sobre todo, trabaja para que se termine la noche negra de estos apátridas insensatos, neoliberales y de derecha.
Por nuestra parte, insistiremos en la organización y movilización de los de abajo; de los que tengan nombre y rostro; de los que merecemos vivir con empleo, tierra y casa; de los que soñamos con la esperanza, el presente y el futuro, de los que sienten, viven y aman el aroma de la clase y la Patria, con el verdadero sentido de pertenencia e identidad clasista y nacionalista.
Nos reconocemos innegable e irreductiblemente en los Programas, Conductas y Acciones de nuestros Padres Fundadores: Ricardo Flores Magon, de nuestros Generales: del Ejército Liberador del Sur, Emiliano Zapata y de la División del Norte, Francisco Villa. Para asumir su infinita aspiración, de construir una patria con Justicia, Libertad y Democracia, para vivir con pleno derecho a la dignidad y la felicidad. En esos propósitos nos reconocemos y habremos de luchar por ellos, hasta el límite de nuestras vidas.
Fraternalmente
“Por el Derecho y la Justicia del trabajador”
México D.F. a 17 de febrero de 2010
Fernando Amezcua Castillo
Secretario del Exterior
A las organizaciones sindicales, sociales y políticas,
A la opinión pública nacional e internacional
Al pueblo mexicano:
El 15 de febrero del año en curso, en un acto en los Pinos con empresarios brasileros de la empresa Praxair, Felipe Calderón Hinojosa de nueva cuenta, y con una actitud francamente enfermiza, arremete contra Luz y Fuerza del Centro y de nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas.
Al parecer el Señor Calderón está perdiendo severamente el juicio, viviendo en su propia burbuja agrede la inteligencia de los mexicanos, al decir que “la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha resuelto una serie de problemas como la falta de suministro de energía que en su momento Luz y Fuerza del Centro (LFC) no pudo solucionar”.
El Sr. Calderón afirma, mintiendo flagrante e, impunemente a la ciudadanía que si acaso se dejó de atender oportunamente el otorgamiento de energía eléctrica a los usuarios que así lo solicitaban, fue por varias razones, entre ellas: la prohibición expresa de que nuestra empresa (LyFC) pudiera generar su propia energía eléctrica, condenándonos a comprarla a la CFE a precios altos y venderla precios subsidiados, y por lo tanto, por debajo de su precio de compra; la ausencia de recursos suficientes para modernizar nuestras redes de transmisión y distribución del fluido eléctrico, a partir de una política deliberada de asfixia presupuestal que tenía por objeto justificar la “ineficiencia e ineficacia de LyFC”, como hasta la fecha siguen repitiendo como loros en todos los niveles gubernamentales, en una campaña mediática, infame e infamante, muy al estilo de la guerra de baja intensidad practicada por los ejércitos: norteamericano en Viet Nam y mexicano en Chiapas.
Haciendo tabla rasa del calvario de los ciudadanos de la zona centro del país, que día con día padecen los incesantes cortes de energía eléctrica, las permanentes variaciones de voltajes, la impericia e incapacidad de las empresas privadas contratadas por la CFE y losnuevos recibos de Luz (que ya sin los subsidios, se han incrementado de manera considerable). Todas estas cuestiones, han creado ya una situación verdaderamente insostenible, angustiante y de extrema zozobra para la ciudadanía e incluso a no pocos pequeños y medianos empresarios.
Calderón Hinojosa comete un sueño fallido cuando se refiere a los empresarios para pedirles encarecidamente que “Tengan la certeza por favor de que estaremos junto con ustedes trabajando codo con codo a fin de generar las mejores condiciones posibles para que ustedes y cualquier empresa que se establezca en México tenga éxito”. A confesión de parte relevo de pruebas, a los empresarios todo a los trabajadores con todo, esa es su divisa. Nos queda perfectamente claro.
La privatización del sector energético marcha viento en popa, la Carta Magna es solo un papel sin significado alguno para los oligarcas y sus palafreneros. El desmantelamiento de nuestra Soberanía y Patrimonio nacionales es cosa de todos los días. La electricidad y el petróleo, son solo piezas de cambio en la macro plaza neoliberal a la que son tan adictos los miembros de este gobierno, el ultimo que le queda a la “modernidad” de los yuppies mexicanos, pues ya no habrá más. La decisión popular así lo siente, lo dice, lo grita, y sobre todo, trabaja para que se termine la noche negra de estos apátridas insensatos, neoliberales y de derecha.
Por nuestra parte, insistiremos en la organización y movilización de los de abajo; de los que tengan nombre y rostro; de los que merecemos vivir con empleo, tierra y casa; de los que soñamos con la esperanza, el presente y el futuro, de los que sienten, viven y aman el aroma de la clase y la Patria, con el verdadero sentido de pertenencia e identidad clasista y nacionalista.
Nos reconocemos innegable e irreductiblemente en los Programas, Conductas y Acciones de nuestros Padres Fundadores: Ricardo Flores Magon, de nuestros Generales: del Ejército Liberador del Sur, Emiliano Zapata y de la División del Norte, Francisco Villa. Para asumir su infinita aspiración, de construir una patria con Justicia, Libertad y Democracia, para vivir con pleno derecho a la dignidad y la felicidad. En esos propósitos nos reconocemos y habremos de luchar por ellos, hasta el límite de nuestras vidas.
Fraternalmente
“Por el Derecho y la Justicia del trabajador”
México D.F. a 17 de febrero de 2010
Fernando Amezcua Castillo
Secretario del Exterior
lunes, 15 de febrero de 2010
Hay divorcio entre la sociedad y los poderes Legislativo y Ejecutivo
Es imposible continuar con una clase gobernante que no hace base con la sociedad, donde por una parte a la gente le cuesta más trabajo vivir, Carlos Canfield. Foto: Archivo / El Sol de México
Organización Editorial Mexicana
15 de febrero de 2010
Dolores Acosta / El Sol de México
Ciudad de México.- "Es imposible" continuar con una clase gobernante que no entiende a la sociedad, con una ciudadanía divorciada de los poderes Ejecutivo y Legislativo que son indiferentes a las necesidades de la población, señaló Carlos Canfield, investigador del Departamento de Finanzas y Economía del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México.
Precisó que, por una parte, a la gente le cuesta más trabajo vivir porque cada vez se le exige más impuestos, más trámites, hay inseguridad y la justicia no llega de manera pronta y oportuna; en este entorno, la sociedad trata de sobrevivir y hasta ahora lo ha hecho bastante bien.
Por otra parte, "se tiene un Gobierno que parece que no entiende a quien dice representar; parece que todo se mueve en esferas diferentes en mundos distintos", advirtió el investigador del Tec de Monterrey.
Detalló que para el 2010 se tiene una perspectiva inflacionaria distinta, derivada del aumento de impuestos y a los combustibles, que de ser mayor a los ochos centavos mensuales como se ha hecho hasta ahora, será necesaria la intervención del Banco de México para determinar un ajuste en las tasas de interés.
El investigador hizo notar que desde 2006 a la fecha, de acuerdo con las encuestas ingreso-gasto del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la población de menores ingresos destina más de 40 por ciento de lo que recibe sólo para alimentarse, con lo que sacrifica la cuestión de educación y salud.
En ese punto, aseguró que el hecho de que la inflación sea mayor afecta más a los que tienen menos y eso complica todavía más la relación entre la sociedad y los gobernantes, porque se percibe un desinterés por apoyar a los necesitados.
Al referirse al umbral de pobreza, apuntó que las cuentas no salen porque a una persona se le considera pobre en las zonas urbanas con un ingreso de 24 pesos diarios, mientras que en las áreas rurales se toma un parámetro de 20 pesos, y de acuerdo a las estadísticas, aquellos que perciben 3 pesos más, es decir, 27 pesos diarios, ya no se les considera pobres porque tienen acceso a educación y salud, y ya no están en el límite de la pobreza alimentaria ni patrimonial.
Carlos Canfield, indicó que el empleo formal es cada vez más complicado porque desaparece y esto da paso, a trabajos con sueldos mínimos, además con menor número de prestaciones, por lo que dijo "la calidad del empleo se está deteriorando impresionantemente".
Expuso que aunque México no es un país pobre en recursos naturales, paradójicamente "está lleno de pobres", con problemas de desigualdad muy serios, a los cuales no se les ve solución a corto y mediano plazo.
Organización Editorial Mexicana
15 de febrero de 2010
Dolores Acosta / El Sol de México
Ciudad de México.- "Es imposible" continuar con una clase gobernante que no entiende a la sociedad, con una ciudadanía divorciada de los poderes Ejecutivo y Legislativo que son indiferentes a las necesidades de la población, señaló Carlos Canfield, investigador del Departamento de Finanzas y Economía del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México.
Precisó que, por una parte, a la gente le cuesta más trabajo vivir porque cada vez se le exige más impuestos, más trámites, hay inseguridad y la justicia no llega de manera pronta y oportuna; en este entorno, la sociedad trata de sobrevivir y hasta ahora lo ha hecho bastante bien.
Por otra parte, "se tiene un Gobierno que parece que no entiende a quien dice representar; parece que todo se mueve en esferas diferentes en mundos distintos", advirtió el investigador del Tec de Monterrey.
Detalló que para el 2010 se tiene una perspectiva inflacionaria distinta, derivada del aumento de impuestos y a los combustibles, que de ser mayor a los ochos centavos mensuales como se ha hecho hasta ahora, será necesaria la intervención del Banco de México para determinar un ajuste en las tasas de interés.
El investigador hizo notar que desde 2006 a la fecha, de acuerdo con las encuestas ingreso-gasto del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la población de menores ingresos destina más de 40 por ciento de lo que recibe sólo para alimentarse, con lo que sacrifica la cuestión de educación y salud.
En ese punto, aseguró que el hecho de que la inflación sea mayor afecta más a los que tienen menos y eso complica todavía más la relación entre la sociedad y los gobernantes, porque se percibe un desinterés por apoyar a los necesitados.
Al referirse al umbral de pobreza, apuntó que las cuentas no salen porque a una persona se le considera pobre en las zonas urbanas con un ingreso de 24 pesos diarios, mientras que en las áreas rurales se toma un parámetro de 20 pesos, y de acuerdo a las estadísticas, aquellos que perciben 3 pesos más, es decir, 27 pesos diarios, ya no se les considera pobres porque tienen acceso a educación y salud, y ya no están en el límite de la pobreza alimentaria ni patrimonial.
Carlos Canfield, indicó que el empleo formal es cada vez más complicado porque desaparece y esto da paso, a trabajos con sueldos mínimos, además con menor número de prestaciones, por lo que dijo "la calidad del empleo se está deteriorando impresionantemente".
Expuso que aunque México no es un país pobre en recursos naturales, paradójicamente "está lleno de pobres", con problemas de desigualdad muy serios, a los cuales no se les ve solución a corto y mediano plazo.
La reforma laboral oficial ya fue pactada con CTM y CT, denuncian UNT y juristas
Afirman que el proyecto quita exigencias como el voto secreto en elecciones sindicales
Al Ejecutivo le urge ese cambio para aniquilar conquistas laborales históricas, dicen expertos
Para la Unión Nacional de Trabajadores, la reforma laboral del gobierno federal busca la “precarización” del empleo hasta sus últimas consecuenciasFoto José Carlo González
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Lunes 15 de febrero de 2010, p. 12
El proyecto de reforma laboral que ya fue entregado a legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y se presentará en los próximas días a las diversas fuerzas del Congreso de la Unión para su análisis, “ya lo limpiaron, lavaron y plancharon”, porque le quitaron algunos puntos que incomodaban a los líderes del Congreso del Trabajo y de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), como es el “voto secreto” en las elecciones de los sindicatos.
La intención es que el documento “pase sin ningún problema” y sea aprobado lo más pronto posible, pues el gobierno de Felipe Calderón tiene urgencia en sacar este proyecto, que es casi lo único que le falta para acabar con la Ley Federal del Trabajo y las conquistas laborales que quedan en el país, señalaron dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores y abogados laboralistas.
Según detallaron, en las últimas semanas y antes de la presentación del nuevo proyecto al Legislativo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha emprendido un amplio trabajo de cabildeo buscando el consenso de líderes sindicales del sector obrero corporativo, a fin de quitar del documento aspectos que les “estaban haciendo ruido” para apoyar la reforma.
Uno de los puntos objetados por estas centrales obreras se refiere a la entrega de cuentas sobre los fondos sindicales, lo que pidieron que fuera eliminado, al igual que el voto secreto en elecciones. Y como esos temas muchos otros, informaron.
Al respecto, el abogado laboralista, Arturo Alcalde Justiniani, señaló que el nuevo proyecto “Lozano” va contra aspectos fundamentales de la normativa laboral, como: la seguridad en el empleo, el derecho de huelga, porque pone más requisitos para los emplazamientos y abre la oportunidad para que la autoridad repectiva de manera directa dé por terminados los paros “a su criterio”; además de que establece la figura de “multi-funcionabilidad” para que los trabajadores sean obligados a desmpeñar diversas tareas a conveniencia de la empresa.
Para la Unión de Juristas de México, el proyecto de reforma laboral no hace más que confirmar que este gobierno tiene la intención de acabar con las principales conquistas conseguidas en décadas de lucha por varias generaciones.
El líder del STUNAM, Agustín Rodríguez Fuentes, señaló que la reforma que propone el gobierno federal, es la más clara muestra de que se busca la “precarización” del trabajo hasta sus últimas consecuencias. La desaparición de prestaciones, la contratación a prueba hasta por tres meses y la contratación por “capacitación” hasta por tres o seis meses, no son más que soslayar obligaciones para la parte patronal y facilitar el despido a conveniencia de las empresas. Además, existe la intención del pago por hora o por jornada, que realmente no significa más que empleos “pobres” y eventuales.
Por su parte la Campaña Internacional contra los Contratos Colectivos de Protección Patronal en México, integrada por organizaciones sindicales de pilotos, Alianza de Tranviarios, Red de Abogados Laboralistas, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) entre otras, apuntó que si bien resulta impostergable una reforma laboral “ésta debe darse tomando en cuenta las propuestas elaboradas por académicos, expertos en la materia, así como todas las corrientes sindicales”, a los cuales no se está tomando en cuenta.
México necesita una reforma progresista que garantice el reconocimiento y la protección de los derechos humanos laborales de las y los trabajadores, basada en los estándares internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, pero lejos de ello, se está yendo contra el principio que propende la OIT para avanzar hacia el principio de “trabajo decente” para la próxima década, indicó este frente de organizaciones.
Apuntó que la reforma debería contemplar lo señalado por los convenios internacionales firmados por México, así como las recomendaciones que se han hecho en materia laboral por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, pero en el país transita en sentido contrario, pues se encamina a desconocer derechos plasmados en la misma Constitución, en la ley del trabajo y en la mayoría de los contratos colectivos.
Al Ejecutivo le urge ese cambio para aniquilar conquistas laborales históricas, dicen expertos
Para la Unión Nacional de Trabajadores, la reforma laboral del gobierno federal busca la “precarización” del empleo hasta sus últimas consecuenciasFoto José Carlo González
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Lunes 15 de febrero de 2010, p. 12
El proyecto de reforma laboral que ya fue entregado a legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y se presentará en los próximas días a las diversas fuerzas del Congreso de la Unión para su análisis, “ya lo limpiaron, lavaron y plancharon”, porque le quitaron algunos puntos que incomodaban a los líderes del Congreso del Trabajo y de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), como es el “voto secreto” en las elecciones de los sindicatos.
La intención es que el documento “pase sin ningún problema” y sea aprobado lo más pronto posible, pues el gobierno de Felipe Calderón tiene urgencia en sacar este proyecto, que es casi lo único que le falta para acabar con la Ley Federal del Trabajo y las conquistas laborales que quedan en el país, señalaron dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores y abogados laboralistas.
Según detallaron, en las últimas semanas y antes de la presentación del nuevo proyecto al Legislativo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha emprendido un amplio trabajo de cabildeo buscando el consenso de líderes sindicales del sector obrero corporativo, a fin de quitar del documento aspectos que les “estaban haciendo ruido” para apoyar la reforma.
Uno de los puntos objetados por estas centrales obreras se refiere a la entrega de cuentas sobre los fondos sindicales, lo que pidieron que fuera eliminado, al igual que el voto secreto en elecciones. Y como esos temas muchos otros, informaron.
Al respecto, el abogado laboralista, Arturo Alcalde Justiniani, señaló que el nuevo proyecto “Lozano” va contra aspectos fundamentales de la normativa laboral, como: la seguridad en el empleo, el derecho de huelga, porque pone más requisitos para los emplazamientos y abre la oportunidad para que la autoridad repectiva de manera directa dé por terminados los paros “a su criterio”; además de que establece la figura de “multi-funcionabilidad” para que los trabajadores sean obligados a desmpeñar diversas tareas a conveniencia de la empresa.
Para la Unión de Juristas de México, el proyecto de reforma laboral no hace más que confirmar que este gobierno tiene la intención de acabar con las principales conquistas conseguidas en décadas de lucha por varias generaciones.
El líder del STUNAM, Agustín Rodríguez Fuentes, señaló que la reforma que propone el gobierno federal, es la más clara muestra de que se busca la “precarización” del trabajo hasta sus últimas consecuencias. La desaparición de prestaciones, la contratación a prueba hasta por tres meses y la contratación por “capacitación” hasta por tres o seis meses, no son más que soslayar obligaciones para la parte patronal y facilitar el despido a conveniencia de las empresas. Además, existe la intención del pago por hora o por jornada, que realmente no significa más que empleos “pobres” y eventuales.
Por su parte la Campaña Internacional contra los Contratos Colectivos de Protección Patronal en México, integrada por organizaciones sindicales de pilotos, Alianza de Tranviarios, Red de Abogados Laboralistas, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) entre otras, apuntó que si bien resulta impostergable una reforma laboral “ésta debe darse tomando en cuenta las propuestas elaboradas por académicos, expertos en la materia, así como todas las corrientes sindicales”, a los cuales no se está tomando en cuenta.
México necesita una reforma progresista que garantice el reconocimiento y la protección de los derechos humanos laborales de las y los trabajadores, basada en los estándares internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, pero lejos de ello, se está yendo contra el principio que propende la OIT para avanzar hacia el principio de “trabajo decente” para la próxima década, indicó este frente de organizaciones.
Apuntó que la reforma debería contemplar lo señalado por los convenios internacionales firmados por México, así como las recomendaciones que se han hecho en materia laboral por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, pero en el país transita en sentido contrario, pues se encamina a desconocer derechos plasmados en la misma Constitución, en la ley del trabajo y en la mayoría de los contratos colectivos.
viernes, 12 de febrero de 2010
Boletín No. 55/10 Secretaria de Gobernación
Posteado en : 12-02-2010 | Por : Monsalvo | En : Noticias SME
México, D.F., a 11 de febrero de 2010 | Boletín No.055-11/02/2010
Boletín Nº 55 /10.
México, D.F., 11 de febrero de 2010.
El día de hoy se celebró en la Secretaría de Gobernación una nueva reunión de trabajo entre funcionarios del Gobierno Federal y representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), encabezados por el señor Martín Esparza. Sobre el particular, la Secretaría de Gobernación informa lo siguiente:
· · Se revisaron los avances en el procedimiento que ha permitido a los ex trabajadores recuperar sus pertenencias que permanecen en las instalaciones de la extinta compañía Luz y Fuerza del Centro ubicadas en el estado de Morelos. En este sentido, ambas partes convinieron agilizar dicho procedimiento.
· · Respecto de la discusión sobre el pago de la parte proporcional de aguinaldo y fondo de ahorro, por parte del Gobierno Federal se informó el estado que guarda el análisis jurídico correspondiente.
· · Igualmente se revisaron los avances en la atención de casos y gestiones relacionados con el seguro sindical, jubilaciones y servicios médicos, entre otros.
Finalmente, el Gobierno Federal reiteró su posición tanto con respecto a legalidad y pertinencia del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, por así convenir al interés público y a la economía nacional, así como las alternativas laborales y productivas que están disponibles para los ex trabajadores del extinto Organismo.
Las partes mantendrán comunicación a fin de acordar la fecha para la próxima reunión.
México, D.F., a 11 de febrero de 2010 | Boletín No.055-11/02/2010
Boletín Nº 55 /10.
México, D.F., 11 de febrero de 2010.
El día de hoy se celebró en la Secretaría de Gobernación una nueva reunión de trabajo entre funcionarios del Gobierno Federal y representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), encabezados por el señor Martín Esparza. Sobre el particular, la Secretaría de Gobernación informa lo siguiente:
· · Se revisaron los avances en el procedimiento que ha permitido a los ex trabajadores recuperar sus pertenencias que permanecen en las instalaciones de la extinta compañía Luz y Fuerza del Centro ubicadas en el estado de Morelos. En este sentido, ambas partes convinieron agilizar dicho procedimiento.
· · Respecto de la discusión sobre el pago de la parte proporcional de aguinaldo y fondo de ahorro, por parte del Gobierno Federal se informó el estado que guarda el análisis jurídico correspondiente.
· · Igualmente se revisaron los avances en la atención de casos y gestiones relacionados con el seguro sindical, jubilaciones y servicios médicos, entre otros.
Finalmente, el Gobierno Federal reiteró su posición tanto con respecto a legalidad y pertinencia del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, por así convenir al interés público y a la economía nacional, así como las alternativas laborales y productivas que están disponibles para los ex trabajadores del extinto Organismo.
Las partes mantendrán comunicación a fin de acordar la fecha para la próxima reunión.
Estuvieron 5 días sin electricidad las compuertas del drenaje: experto
Los actuales operadores de la CFE no conocen la importancia del sistema, asegura
Mario Govea, ex operador del Sistema del Control Central de LFC, señala que desde hace años se maneja un calendario de inundaciones
Apagones han afectado a 364 mil usuarios, dice
Israel Rodríguez J.
Periódico La Jornada
Viernes 12 de febrero de 2010, p. 36
Las inundaciones que afectan a diversas zonas del valle de México y de la zona conurbada del Distrito Federal desde hace 10 días fueron ocasionadas por haber dejado sin energía eléctrica por más de cinco días la alimentación de las compuertas de los cárcamos del Sistema de Drenaje Profundo, aseguró Mario Govea, ingeniero jubilado de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
El también integrante del Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE), que aglutina a analistas, ex trabajadores y especialistas del sector energético, señaló que con LFC jamás se dejaba una falla de este tipo ni por un turno de ocho horas.
Afirmó que cuando LFC operaba el suministro de energía en la zona central del país, “los compañeros de líneas no podían retirarse hasta no haber arreglado la falla, porque desde hace muchos años ya se manejaba un calendario de inundaciones en el que se establecía la apertura de compuertas para evitar alguna catástrofe”.
Govea Sansón, quien laboró en diferentes áreas de la Subdirección de Producción, y cuyo último trabajo en LFC fue operador del Sistema del Área de Control Central, aseveró que los más de 2 mil trabajadores que laboran para los contratistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no conocen el sistema ni la importancia de dejar a las redes de bombeo sin energía eléctrica.
El actual Coordinador de Energía Eléctrica en el Instituto de Estudios Energéticos de los Trabajadores de América Latina y el Caribe (capítulo México), mencionó que los apagones que se han presentado en varios puntos de la ciudad han afectado a más de 364 mil usuarios.
“Sinceramente no creo que cuando se tomó la decisión de extinguir a LFC se consideró que la CFE no tenía la infraestructura para atender a la población. No dudo que sea una buena empresa en obras de gran magnitud, pero para el servicio a la comunidad no tiene todavía la logística y la infraestructura para atender nuestras necesidades. En ese aspecto Luz y Fuerza nos atendía en horas.”
Mario Govea, ex operador del Sistema del Control Central de LFC, señala que desde hace años se maneja un calendario de inundaciones
Apagones han afectado a 364 mil usuarios, dice
Israel Rodríguez J.
Periódico La Jornada
Viernes 12 de febrero de 2010, p. 36
Las inundaciones que afectan a diversas zonas del valle de México y de la zona conurbada del Distrito Federal desde hace 10 días fueron ocasionadas por haber dejado sin energía eléctrica por más de cinco días la alimentación de las compuertas de los cárcamos del Sistema de Drenaje Profundo, aseguró Mario Govea, ingeniero jubilado de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
El también integrante del Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE), que aglutina a analistas, ex trabajadores y especialistas del sector energético, señaló que con LFC jamás se dejaba una falla de este tipo ni por un turno de ocho horas.
Afirmó que cuando LFC operaba el suministro de energía en la zona central del país, “los compañeros de líneas no podían retirarse hasta no haber arreglado la falla, porque desde hace muchos años ya se manejaba un calendario de inundaciones en el que se establecía la apertura de compuertas para evitar alguna catástrofe”.
Govea Sansón, quien laboró en diferentes áreas de la Subdirección de Producción, y cuyo último trabajo en LFC fue operador del Sistema del Área de Control Central, aseveró que los más de 2 mil trabajadores que laboran para los contratistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no conocen el sistema ni la importancia de dejar a las redes de bombeo sin energía eléctrica.
El actual Coordinador de Energía Eléctrica en el Instituto de Estudios Energéticos de los Trabajadores de América Latina y el Caribe (capítulo México), mencionó que los apagones que se han presentado en varios puntos de la ciudad han afectado a más de 364 mil usuarios.
“Sinceramente no creo que cuando se tomó la decisión de extinguir a LFC se consideró que la CFE no tenía la infraestructura para atender a la población. No dudo que sea una buena empresa en obras de gran magnitud, pero para el servicio a la comunidad no tiene todavía la logística y la infraestructura para atender nuestras necesidades. En ese aspecto Luz y Fuerza nos atendía en horas.”
Pide Esparza audiencia directa y urgente con “nuestro presidente” Felipe Calderón
Alcanzar un convenio de equidad y justicia para que concluya el conflicto, el objetivo
El dirigente del SME se reunió en Gobernación con directores de CFE y de la Secretaría del Trabajo
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Viernes 12 de febrero de 2010, p. 17
El dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, solicitó una “audiencia directa, de carácter urgente”, con el presidente Felipe Calderón, para alcanzar un convenio de “equidad y justicia” con el que concluya el conflicto derivado de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Integrantes del gremio señalaron que el propósito del acercamiento con el Ejecutivo federal es “dejar de dar vueltas y vueltas” al problema que atraviesa el SME, especialmente en el contexto de una espiral inflacionaria que afecta a todos los ciudadanos, y en particular a los asalariados.
Durante un encuentro en la Secretaría de Gobernación (asistieron también directores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de la Secretaría del Trabajo y del órgano liquidador de LFC), el dirigente entregó la carta al subsecretario de Gobernación, Gerónimo Gutiérrez, para que funja como enlace con “nuestro presidente”, como llamó Esparza a Calderón.
El objetivo –sostiene– es que “analice personalmente todos los puntos contenidos en las cuatro misivas que le entregaron el pasado 15 de enero, de las cuales no han tenido respuestas favorables”.
En la reunión, el gobierno federal entregó una nueva propuesta de convenio para el pago de la parte proporcional de aguinaldo a los cerca de 18 mil trabajadores de LFC que no han aceptado su liquidación. La base del eventual acuerdo es que los electricistas cobren esa prestación y firmen, a la vez, el desistimiento de cualquier responsabilidad gubernamental en torno a ese adeudo.
Ofrece asesoría
Esparza comentó en entrevista que a pesar de la negativa gubernamental para proceder a una contratación colectiva en la CFE, buscarán otras alternativas para “asesorar”, inclusive, a los empleados que ha subcontratado la paraestatal para tratar de reparar las fallas en el suministro de energía eléctrica en la zona central del país.
El dirigente aseguró que en los cuatro meses en que la CFE ha estado a cargo del área de influencia de LFC ha habido múltiples accidentes graves que han dejado muchos lesionados y accidentes mortales; hay “cinco muertos, aunque Alfredo Elías Ayub (director de CFE) lo niegue.
Aunque estas aseveraciones sólo las hizo durante la entrevista, señaló que en los próximos días presentará las pruebas documentales y testimoniales de los trabajadores que han sido subcontratados por la CFE; de cómo les brindan la atención médica y después simplemente los regresan a sus lugares de origen. No los llevan al IMSS para evitar el registro de accidentes de trabajo.
Ante las acusaciones de que los electricistas del SME han incurrido en actos de sabotaje, Esparza aseguró que sus representados son ajenos a cualquier situación de esa naturaleza. “Los disturbios son producto de la falta de mantenimiento y operación deficiente en los últimos cuatro meses (...) Ni siquiera son sabotajes; incluso hemos ayudado a los subcontratados de la CFE para que no se sigan matando.”.
En la mesa de discusión con los funcionarios federales, el SME insistió en que se haga un análisis y debate a fondo desde las “verdaderas razones” que llevaron al decreto de extinción, de manera alterna al desenlace del amparo promovido por el SME en los tribunales.
El diálogo continúa y se prevé un nuevo encuentro –la próxima semana– en Gobernación.
Por la noche, la dependencia federal informó del encuentro en el que también se revisaron los avances en el procedimiento “que ha permitido a los ex trabajadores recuperar sus pertenencias que permanecen en las instalaciones de LFC en Morelos”. Las partes acordaron agilizar este procedimiento.
También se revisaron los avances en la atención de casos relativos al seguro sindical, jubilaciones y servicios médicos, entre otros.
El gobierno federal reiteró su postura en la defensa de la “legalidad y pertinencia” del decreto de extinción de LFC.
El dirigente del SME se reunió en Gobernación con directores de CFE y de la Secretaría del Trabajo
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Viernes 12 de febrero de 2010, p. 17
El dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, solicitó una “audiencia directa, de carácter urgente”, con el presidente Felipe Calderón, para alcanzar un convenio de “equidad y justicia” con el que concluya el conflicto derivado de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Integrantes del gremio señalaron que el propósito del acercamiento con el Ejecutivo federal es “dejar de dar vueltas y vueltas” al problema que atraviesa el SME, especialmente en el contexto de una espiral inflacionaria que afecta a todos los ciudadanos, y en particular a los asalariados.
Durante un encuentro en la Secretaría de Gobernación (asistieron también directores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de la Secretaría del Trabajo y del órgano liquidador de LFC), el dirigente entregó la carta al subsecretario de Gobernación, Gerónimo Gutiérrez, para que funja como enlace con “nuestro presidente”, como llamó Esparza a Calderón.
El objetivo –sostiene– es que “analice personalmente todos los puntos contenidos en las cuatro misivas que le entregaron el pasado 15 de enero, de las cuales no han tenido respuestas favorables”.
En la reunión, el gobierno federal entregó una nueva propuesta de convenio para el pago de la parte proporcional de aguinaldo a los cerca de 18 mil trabajadores de LFC que no han aceptado su liquidación. La base del eventual acuerdo es que los electricistas cobren esa prestación y firmen, a la vez, el desistimiento de cualquier responsabilidad gubernamental en torno a ese adeudo.
Ofrece asesoría
Esparza comentó en entrevista que a pesar de la negativa gubernamental para proceder a una contratación colectiva en la CFE, buscarán otras alternativas para “asesorar”, inclusive, a los empleados que ha subcontratado la paraestatal para tratar de reparar las fallas en el suministro de energía eléctrica en la zona central del país.
El dirigente aseguró que en los cuatro meses en que la CFE ha estado a cargo del área de influencia de LFC ha habido múltiples accidentes graves que han dejado muchos lesionados y accidentes mortales; hay “cinco muertos, aunque Alfredo Elías Ayub (director de CFE) lo niegue.
Aunque estas aseveraciones sólo las hizo durante la entrevista, señaló que en los próximos días presentará las pruebas documentales y testimoniales de los trabajadores que han sido subcontratados por la CFE; de cómo les brindan la atención médica y después simplemente los regresan a sus lugares de origen. No los llevan al IMSS para evitar el registro de accidentes de trabajo.
Ante las acusaciones de que los electricistas del SME han incurrido en actos de sabotaje, Esparza aseguró que sus representados son ajenos a cualquier situación de esa naturaleza. “Los disturbios son producto de la falta de mantenimiento y operación deficiente en los últimos cuatro meses (...) Ni siquiera son sabotajes; incluso hemos ayudado a los subcontratados de la CFE para que no se sigan matando.”.
En la mesa de discusión con los funcionarios federales, el SME insistió en que se haga un análisis y debate a fondo desde las “verdaderas razones” que llevaron al decreto de extinción, de manera alterna al desenlace del amparo promovido por el SME en los tribunales.
El diálogo continúa y se prevé un nuevo encuentro –la próxima semana– en Gobernación.
Por la noche, la dependencia federal informó del encuentro en el que también se revisaron los avances en el procedimiento “que ha permitido a los ex trabajadores recuperar sus pertenencias que permanecen en las instalaciones de LFC en Morelos”. Las partes acordaron agilizar este procedimiento.
También se revisaron los avances en la atención de casos relativos al seguro sindical, jubilaciones y servicios médicos, entre otros.
El gobierno federal reiteró su postura en la defensa de la “legalidad y pertinencia” del decreto de extinción de LFC.
Fallo de tribunal confirma el fin de la relación laboral en minera Cananea
Pierden trabajadores los salarios caídos de 31 meses de huelga, según la sentencia
Latente, un nuevo enfrentamiento entre sindicalistas y fuerzas públicas, temen abogados
Los mineros de Cananea se apostaron ayer en las principales puertas de acceso al socavón, listos para repeler algún intento de desalojo, según dijeronFoto Ulises Gutiérrez
Alfredo Méndez y Patricia Muñoz
Periódico La Jornada
Viernes 12 de febrero de 2010, p. 16
Por unanimidad (tres votos), los integrantes del segundo tribunal colegiado en materia del trabajo en el Distrito Federal negaron este jueves el amparo al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), resolución con la que se confirma que quedaron concluidas las relaciones laborales entre Mexicana de Cananea, de Grupo México, y la organización gremial que encabeza Napoleón Gómez Urrutia.
Con este fallo judicial queda firme un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) que el pasado 14 de abril respaldó la propuesta de Grupo México de liquidar a mil 100 sindicalizados y 100 empleados de confianza que laboraban en la mina de Cananea, la cual lleva 31 meses en huelga.
Como el año pasado otro tribunal colegiado determinó que debía persistir la huelga de Cananea en tanto estuviera vigente el juicio de impugnación al laudo del 14 de abril, lo más probable es que en las próximas horas o días la JFCA emita un acuerdo en el que exponga que en virtud de que se confirmó la conclusión de las relaciones laborales con la empresa, lo procedente es que la huelga también debe quedar sin efectos, explicó a La Jornada Carlos de Buen, uno de los abogados del sindicato minero.
Ante ello, está latente el riesgo de un nuevo enfrentamiento entre trabajadores y fuerzas públicas en esta mina, toda vez que la sección 65 de Cananea ratificó en asamblea que no van a dejar su fuente de trabajo, que “la van a defender con todo”, que “están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias”, según señaló el secretario del Trabajo de esta organización, Javier Zúñiga. Dijo que “si el gobierno quiere que en esta mina se vuelva a dar la chispa de una revolución, lo van a lograr, porque ellos no van a salir”.
Además, se prevé que de un momento a otro, la sección 271, de Lázaro Cárdenas, inicie una huelga “por solidaridad” con Cananea y además, paralice todo el puerto en protesta por “las violaciones al derecho de huelga”, según advirtió Martín Rodríguez Piedra, dirigente de la misma.
Mientras, es probable que Grupo México presione a la JFCA para que esta autorice pedir el uso de la fuerza pública para que la empresa recupere las instalaciones de Cananea. Incluso la junta ya emitió una orden para que pueda ingresar personal del Ejército Mexicano a Cananea, con el pretexto de “buscar explosivos”, según revelaron ayer los abogados del sindicato Néstor de Buen y Marco Antonio del Toro.
Minutos después de enterarse de que el colegiado optó por no conceder el amparo, cerca de las 13:45 horas, Del Toro, expuso a este diario que prepara una demanda por presunta denegación de la justicia que presentará este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ante esa instancia internacional, dijo, se pedirán “medidas cautelares” para evitar que en las próximas horas elementos de la Policía Federal (PF) y efectivos militares intenten desalojar a los mineros que custodian las instalaciones del yacimiento, pues si esto ocurre “lo más probable es que se suscite un enfrentamiento de proporciones incalculables, porque los trabajadores han dicho que están dispuestos a defender con todo su centro de trabajo”.
De acuerdo con información de allegados a la empresa, ésta tiene la intención de recontratar –una vez que se desaloje a los mineros en huelga– al mayor número de personal posible, con un nuevo contrato colectivo y con otro sindicato, y para quienes prefieran su liquidación, ésta será depositada en la JFCA.
En su resolución de ayer, los magistrados federales María Edith Cervantes Ortiz, Elisa Jiménez Aguilar y Jorge Farrera Villalobos avalaron lo resuelto por la JFCA, en el sentido de que la empresa operadora de Cananea exhibió pruebas sobre los daños ocasionados en maquinaria, instalaciones y equipo, lo que imposibilita la reanudación de las labores en la planta.
En el laudo de la JFCA, ahora avalado por el Poder Judicial federal, se instruyó a la indemnización, consistente en tres meses de salario más el pago de 12 días de salario por cada año de servicios prestados por cada trabajador, por tanto los mineros perderían sus salarios caídos durante los casi dos años y medio de huelga.
Día negro para la justicia laboral
La resolución de ayer fue calificada como “burla” del Poder Judicial y “vergüenza histórica” para esta instancia, que asestó un golpe criminal al estado de derecho y a la legalidad, por el abogado laboralista Arturo Alcalde y dijo que “éste es un día negro” para la historia del movimiento laboral mexicano.
El fallo contra los trabajadores se da luego de una batalla legal del sindicato para sostener la huelga, que inició en agosto de 2007, por una demanda de violaciones al contrato colectivo. Posteriormente, la empresa presentó en tres ocasiones demandas ante la JFCA para que se declarará inexistente la huelga y esta instancia se lo concedió las tres veces. Fueron los tribunales colegiados los que declararon la legalidad del paro.
Incluso, en enero de 2008 fuerzas policiacas y militares buscaron romper la huelga y ocuparon la mina luego de un enfrentamiento en que resultaron heridos una decena de sindicalizados.
Discúlpeme, Presidente, no le puedo dar la bienvenida: madre de dos ejecutados
Todos somos Juárez se convirtió en foro de protestas ciudadanas contra la violencia
“Vivimos los efectos de una guerra que no pedimos”, reclaman a los funcionarios federales
Foto: Reuters
Foto: Ap
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Foto: Reuters
Claudia Herrera Beltrán
Enviada
Periódico La Jornada
Viernes 12 de febrero de 2010, p. 5
Ciudad Juárez, Chih., 11 de febrero. La mujer menuda, de baja estatura, caminó hacia el presidium y llorando encaró al presidente Felipe Calderón: “Le apuesto a que si hubiera sido uno de sus hijos, usted se habría metido hasta debajo de las piedras y hubiera buscado al asesino; pero como no tengo los recursos, no lo puedo buscar”.
Luz María Dávila perdió a sus hijos Marcos y José Luis Piña durante la matanza del 31 de enero y fue quien desde que empezó el foro Todos somos Juárez. Reconstruyamos la ciudad, marcó la pauta de las protestas que cercaron al Presidente, a los secretarios de Estado y a las autoridades locales.
Junto con otras cinco señoras, Dávila le dio la espalda al michoacano cuando comenzó a hablar ante un grupo de representantes de la sociedad civil.
Mientras Calderón ofrecía disculpas por haber dicho que el homicidio de los adolescentes fue en un pleito entre pandillas, la señora negaba con la cabeza todo lo que escuchaba, mientras era vigilada por escoltas del Estado Mayor Presidencial (EMP).
El Presidente no volteó a ver a las mujeres, entre las que estaba Olga Esparza, de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, cuya descendiente Janette Alanís está en la lista de cientos de jovencitas que han sido desaparecidas o asesinadas en esta ciudad de la maquila.
“Vengo a escuchar a los juarenses”
La ejecución de los adolescentes en una fiesta de cumpleaños hizo que los juarenses reclamaran justicia. En el Centro de Convenciones Cibeles no tuvieron paciencia y apenas los funcionarios exponían los puntos de su estrategia para recuperar la paz, eran increpados.
El “yo vengo a escuchar a los juarenses” fue seguido fielmente por los representantes de las organizaciones civiles que habían pasado retenes militares y vallas para llegar al foro.
Estaba claro que la señora Dávila no se quedaría callada. Llegó temprano y narró a los reporteros que el Presidente rehuyó reunirse con los familiares donde ocurrieron los asesinatos.
“Nosotros queríamos que se presentara, que diera la cara y que ahí mismo, públicamente, se retractara de todo lo que dijo.”
Mientras otras voces reclamaban por la violencia en Juárez, Dávila se escabulló del EMP y caminó hasta el presidium. Ahí estaban Calderón; cinco secretarios de Estado; el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, y el alcalde José Reyes Ferriz, quienes utilizaron la tribuna para pronunciar largos discursos y prometer “jalar” juntos sin importar las diferencias de partido.
La mujer que se puso de espaldas al jefe del Ejecutivo federal lo confrontó:
“Discúlpeme, señor Presidente. Yo no le puedo decir bienvenido, porque para mí no lo es, nadie lo es. Porque aquí hay asesinatos hace dos años y nadie ni nada han querido hacer justicia. Juárez está de luto.
“Les dijeron pandilleros a mis hijos. Es mentira. Uno estaba en la prepa y el otro en la universidad, y no tenían tiempo para andar en la calle. Ellos estudiaban y trabajaban. Y lo que quiero es justicia. Le apuesto que si hubiera sido uno de sus hijos, usted se habría metido hasta debajo de las piedras y hubiera buscado al asesino, pero como no tengo los recursos, no lo puedo buscar.”
Relató que en su casa estaban rezando el novenario y clamó: “quiero justicia, pónganse en mi lugar, a ver qué sienten”.
Las autoridades veían con sorpresa y desconcierto el rostro y los gestos de impotencia de Dávila, quien finalmente regresó a la esquina del salón en medio de aplausos, incluso del Presidente. Hasta ahí fue Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, protegida por escoltas y asistentes para intentar consolarla. A ella y a otras madres que lloraban les daban agua y trataban de imbuirles alivio con promesas y palabras, pero las voces de protesta siguieron.
Después vendría el no rotundo de Calderón a la salida del Ejército.
Esto, porque antes Patricia Galarza, representante de la mesa de derechos humanos, exigió: “Que salga el Ejército”.
Hubo aplausos, y denunció que hay más de mil casos documentados de desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales y robos cometidos por elementos del Ejército y de las fuerzas federales. “Lo que ocurre en Juárez –afirmó– es delito de lesa humanidad.”
Explicó: porque Ciudad Juárez está viviendo una catástrofe: impunidad, violación a los derechos humanos, indolencia, corrupción y la incorrecta intervención de políticas públicas.
“Vivimos los efectos de una guerra que no pedimos”, sostuvo Galarza, y destacó que ante las próximas elecciones “no podemos ser botín político”.
Entre aplausos, Julia Monárrez Fragoso, representante de la mesa social, había planteado que “combatir la violencia con violencia ha tenido altísimo costo en vidas humanas y dolor para nuestra ciudad”. Nuestros jóvenes, manifestó, están desolados y hay juvenicidio generalizado.
Algunos asistentes, hartos de los discursos, se lo hicieron ver al alcalde José Reyes Ferriz cuando éste aseguró que estaban ahí para cuidar la ciudad.
“¡Miente, miente!”, gritaron y lo abuchearon.
Apenas proponían algo los funcionarios, los increpaban, como cuando una señora demandó que los policías dejaran de trabajar encapuchados y denunció que las cámaras para vigilar las calles no sirven.
Otros interrumpieron varias veces a Calderón. Alegaron que un grupo de jóvenes hizo una manifestación y fue reprimido. “No podemos construir con la macana en la mano”, exclamó un hombre que se puso de pie para exigir que los muchachos fueran escuchados, por lo que el Presidente envió al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a atenderlos.
Así transcurrió la sesión. Entre discursos, promesas y la impaciencia de la gente. Como cuando un joven felicitó a Calderón porque tenía planes para ellos, sólo que le hizo ver que “aquí no hay jóvenes. Vea cuántos estamos aquí. Hay miles que quieren hablar”. El Presidente propuso: “hagamos un chat para que platiquemos”.
Teresa Almada, defensora de los derechos de los jóvenes, se declaró “desmoralizada” porque el secretario de Educación Pública planteó fortalecer Escuela Segura cuando los juarenses tienen sus propios programas, y lo invitó a asomarse a una preparatoria para que conozca la “represión y el hostigamiento” que sufre ese sector.
Cuando el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, prometió que habría “cero tolerancia” a la delincuencia, otra mujer le respondió: “es a la gente a la que hostigan”.
Otra persona relató que un colega suyo, de profesión médico, había sido secuestrado en la mañana. “No se vale, Presidente, y apoye a la sociedad, porque usted está por nosotros”, exigió otra voz.
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