Molinar, impúdico
Silencio en Los Pinos
Duende glotón
Carlos Fernández-Vega
Obscenamente cínico, Juan Molinar Horcasitas dice no tener remordimientos” por la muerte de 49 niños en la guardería ABC de Hermosillo, y Eduardo Bours, por lo mismo, ratifica que duerme “como bebito, como niño”, mientras el inquilino de Los Pinos guarda absoluto silencio y rigurosa inacción en torno al reciente pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que responsabiliza al ex director general del IMSS –actual secretario de Comunicaciones y Transportes– y al ex gobernador de Sonora de la tragedia en Hermosillo.
En Madrid, Juan Molinar afirma que no piensa renunciar al cargo, que no tiene remordimientos y que, en todo caso, “habría una mala interpretación de los magistrados sobre la ley que rige” al sistema de guarderías del IMSS, que su renuncia es un “asunto periférico”, y que la contratación de servicios en la guardería ABC se hizo “tal como se estipula legalmente” (La Jornada, Armando G. Tejeda, corresponsal en la capital española).
Pues bien, más allá de la impúdica respuesta de Molinar Horcasitas, vale subrayar que no sólo la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre la ilegalidad de subrogar el sistema de guarderías del IMSS. También lo ha hecho, y puntualmente, la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, en su más reciente Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, en el que subraya que el director general del IMSS (el actual secretario de Comunicaciones y Transportes) autorizó “sin tener facultades expresas para pactar convenios o contratos para prestar servicios de guardería con terceros distintos a los autorizados” en la Ley del IMSS.
La ASF denuncia: “con los 59 contratos para formalizar la prestación del servicio de guardería a 59 licitantes ganadores en el ejercicio fiscal de 2008 en las licitaciones públicas 00641322-005-08 y 00641322-035-08 (…) y con los 106 contratos de prestación de servicios de guardería vigentes y en operación en 2008, seleccionados como muestra de manera aleatoria (…) de un universo de mil 410 (…) se comprobó que 155 fueron suscritos por el director general del IMSS (Juan Molinar Horcasitas en aquel entonces) y nueve por representantes legales del instituto, sin tener facultades expresas para pactar convenios o contratos para prestar el servicio de guardería con terceros distintos a los autorizados en los artículos 213 y 237 A de la Ley del Seguro Social… El Consejo Técnico autorizó la celebración de contratos de prestación del servicio de guardería que no están previstos expresamente por la Ley del Seguro Social y el director general del IMSS firmó los contratos mencionados sin estar facultado expresamente por el ordenamiento citado”.
Por lo anterior, la ASF “solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión suscribieron contratos con particulares para la prestación del servicio de guarderías sin tener facultades expresas para celebrarlos con terceros distintos a los autorizados en los artículos 213 y 237 A de la Ley del Seguro Social”.
En el ejercicio fiscal de 2008, el IMSS, para prestar ese servicio de guarderías, contó con mil 565 guarderías, de las que 142 (9.1 por ciento del total) son operadas de manera directa por el IMSS, mil 410 (90.1 por ciento) prestaron el servicio mediante contratos pactados con particulares y 13 (0.8 por ciento) fueron subrogadas a patrones. Adicionalmente, realizó las licitaciones públicas (citadas) para ampliar la contratación con terceros para prestar el servicio de guarderías.
Subraya que “el diseño del sistema de control en el IMSS respecto del proceso de prestación del servicio de guardería presenta debilidades en la identificación y evaluación de riesgos y en actividades de control en cuanto a la falta de revisión y actualización de sus normas y en la supervisión y mejora continua, las cuales podrían impedir alcanzar el cumplimiento de los objetivos institucionales… El IMSS no cuenta con un manual de procedimientos para el servicio de administración de guarderías de los esquemas ordinaria (propias), integradora y de campo, en incumplimiento (legal)… No se tuvo evidencia de la evaluación que se hace para verificar la supervisión que se realiza a las guarderías ni de la actualización y mejora de los procedimientos y normas para el sistema de guarderías, en incumplimiento (legal)”.
Por lo anterior, la ASF advierte sobre la ilegalidad en la subrogación del sistema de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social y “concluye que el IMSS no cumplió en el ejercicio fiscal de 2008 con su obligación de prestar el servicio de guardería a 24.2 por ciento de los derechohabientes a que se refieren las disposiciones legales mencionadas y no contó con un programa para cubrir en el periodo de 2008-2012 la totalidad del servicio de guardería a los hijos de los trabajadores”.
De todo esto, y más, “no se dio cuenta” Juan Molinar Horcasitas, según dice, ni el Consejo Técnico, de allí que la SCJN cuenta con elementos suficientes para advertir sobre el “desorden generalizado en el otorgamiento de contratos, operación y vigilancia en las guarderías del IMSS”, cuyo director “no tiene fundamento legal para otorgar a terceros el servicio de guarderías”. Entonces, como “no se dieron cuenta”, 49 niños murieron calcinados y 75 más resultaron heridos. Y Calderón calladito.
Las rebanadas del pastel
Gracias por el detalle: glotón, el duende de la redacción engulló las rebanadas del pastel de ayer, que apuntaban: pues bien, nueve meses después de la tragedia en la guardería ABC de Hermosillo, los personajes citados ya saben quiénes son los responsables, conocen los nombres y apellidos de los involucrados, la complicidad de los gobiernos federal y estatal para los suyos. Entonces, sólo queda proceder contra ellos y aplicar el castigo legal. El problema es que tendrían que proceder contra sí mismos, de tal forma que esto sigue oliendo a impunidad.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION SUBESTACIONES TOLUCA CONTINUA EN PIE DE LUCHA CON LA CONVICCION DE OBTENER LA VICTORIA EN LA DEFENSA DE NUESTRO TRABAJO.
EN MEMORIA DE UN MIEMBRO DE OPERACION
DESCANSE EN PAZ EL C. RICARDO GONZALEZ BECERRIL
jueves, 4 de marzo de 2010
Entre 5 y 6 millones de mexicanos caerán en la pobreza este año
Periódico La Jornada
Jueves 4 de marzo de 2010, p. 29
La crisis económica, el deterioro en la calidad del empleo y la inflación (provocada por el aumento en los impuestos y en el costo de los combustibles) provocarán que entre 5 y 6 millones de mexicanos se sumen a las filas de la pobreza este año, aseguró el director del Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN), del Tecnológico de Monterrey, José Luis de La Cruz.
Sostuvo que de acuerdo con las estadísticas oficiales, las personas de menores ingresos destinan más de 40 por ciento de su gasto a alimentos, bebidas y tabaco, lo que permite afirmar que el golpe inflacionario arremetió contra los más pobres.
Explicó que durante enero pasado la inflación en los alimentos fue de 6.4 por ciento para quienes perciben menos de un salario mínimo, y de 5.7 por ciento para los que se encuentran en un rango de entre uno y tres salarios mínimos.
Dado que en general los incrementos salariales fueron inferiores a la inflación reportada en enero y la primera quincena de febrero, expuso, es posible estimar que se deterioró el consumo de los bienes que no cubren las necesidades más básicas de la población como vivienda, ropa, equipo electrónico y esparcimiento.
“Los mexicanos comenzaron a consumir lo estrictamente necesario”, señaló.
Agregó que en 2009 la población que percibe hasta un salario mínimo aumentó en 833 mil personas, y la que recibe entre uno y dos salarios en 1.4 millones.
De la Cruz recordó que el año pasado el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) cambió su metodología para medir la pobreza, y bajó la línea a partir de la cual se considera que una persona es pobre.
De acuerdo con los nuevos lineamientos de la Coneval, una persona que habite en una zona urbana puede alimentarse tres veces al día con 29.15 pesos, y una del campo con 20.46, debido a que según el organismo la canasta alimentaria básica urbana tiene un costo de 874.63 pesos por persona al mes, y de 613.80 pesos mensuales en el medio rural.
El cambio en el método, expuso De la Cruz, permitió que, al menos en las estadísticas, el número de mexicanos en situación de pobreza alimentaria bajara de 50.5 millones a 47.1; mientras los individuos en pobreza alimentaria pasaron de 19.4 a 11.2 millones.
El académico alertó que tal situación podría ser perjudicial para aquellas personas que, de acuerdo con los nuevos lineamientos, ya no se consideran pobres, debido a que ello les impediría tener acceso a los programas de asistencia social como Oportunidades
Jueves 4 de marzo de 2010, p. 29
La crisis económica, el deterioro en la calidad del empleo y la inflación (provocada por el aumento en los impuestos y en el costo de los combustibles) provocarán que entre 5 y 6 millones de mexicanos se sumen a las filas de la pobreza este año, aseguró el director del Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN), del Tecnológico de Monterrey, José Luis de La Cruz.
Sostuvo que de acuerdo con las estadísticas oficiales, las personas de menores ingresos destinan más de 40 por ciento de su gasto a alimentos, bebidas y tabaco, lo que permite afirmar que el golpe inflacionario arremetió contra los más pobres.
Explicó que durante enero pasado la inflación en los alimentos fue de 6.4 por ciento para quienes perciben menos de un salario mínimo, y de 5.7 por ciento para los que se encuentran en un rango de entre uno y tres salarios mínimos.
Dado que en general los incrementos salariales fueron inferiores a la inflación reportada en enero y la primera quincena de febrero, expuso, es posible estimar que se deterioró el consumo de los bienes que no cubren las necesidades más básicas de la población como vivienda, ropa, equipo electrónico y esparcimiento.
“Los mexicanos comenzaron a consumir lo estrictamente necesario”, señaló.
Agregó que en 2009 la población que percibe hasta un salario mínimo aumentó en 833 mil personas, y la que recibe entre uno y dos salarios en 1.4 millones.
De la Cruz recordó que el año pasado el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) cambió su metodología para medir la pobreza, y bajó la línea a partir de la cual se considera que una persona es pobre.
De acuerdo con los nuevos lineamientos de la Coneval, una persona que habite en una zona urbana puede alimentarse tres veces al día con 29.15 pesos, y una del campo con 20.46, debido a que según el organismo la canasta alimentaria básica urbana tiene un costo de 874.63 pesos por persona al mes, y de 613.80 pesos mensuales en el medio rural.
El cambio en el método, expuso De la Cruz, permitió que, al menos en las estadísticas, el número de mexicanos en situación de pobreza alimentaria bajara de 50.5 millones a 47.1; mientras los individuos en pobreza alimentaria pasaron de 19.4 a 11.2 millones.
El académico alertó que tal situación podría ser perjudicial para aquellas personas que, de acuerdo con los nuevos lineamientos, ya no se consideran pobres, debido a que ello les impediría tener acceso a los programas de asistencia social como Oportunidades
Campaña informativa de la Revocación de Mandato los días 22, 23 y 24 de mayo, donde es necesaria la participación de todos los ciudadanos hartos de los ineptos gobernantes que cobran por hacernos la vida imposible.
FUERA CALDERON REVOCACION DE MANDATO
No más pobreza.
No más desempleo
Aeroméxico rompió las pláticas: ASSA
Publicado por Radio SME / 13:09 /
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) aseveró que la empresa Aeroméxico Travel rompió unilateralmente las plásticas, por lo cual la representación de los trabajadores no ha sido llamada a reiniciar negociaciones para levantar la huelga estallada el primer minuto de ayer. Lo grave, enfatizó, es que la aerolínea manifestó la posibilidad de desaparecer la empresa por inviable y liquidar a los empleados.
Los representantes de Aeroméxico incluso plantearon a los sobrecargos que no van a sentar el precedente de otorgar alza salarial porque vienen varias revisiones, y advirtieron que se van a mantener en la posición de cero por ciento de incremento, indicó la dirigente de ASSA, Lizette Clavel.
En entrevista, planteó que en 15 días vencerá el emplazamiento a huelga de los sobrecargos de Aeroméxico y la revisión de los pilotos de Travel. Se ve que prefieren mantenerse en la posición de no negociar, como advertencia para que los demás gremios no demanden ningún ajuste.
Subrayó que mientras los trabajadores han manifestado disposición al diálogo, inclusive bajaron su demanda de aumento de 10 a 4 por ciento, la empresa está totalmente cerrada a negociar. Los representantes ni siquiera responden las llamadas y sólo media hora antes de que se colocaran las banderas rojinegras propusieron dar un bono único, un boleto de descuento y se mantenían en cero por ciento de incremento.
Según la dirigente, Aeroméxico tiene un promedio de uno o dos vuelos diarios. El más barato deja ganancia de 500 mil pesos, y el aumento que se pide para los trabajadores representa apenas una tercera parte de ese monto.
Recordó que la posición de Aeroméxico viene de tiempo atrás, pues el año pasado, durante la revisión salarial de los sobrecargos, los directivos quisieron orillar a los trabajadores a irse en blanco, sin aumento. La organización determinó aplazar nueve meses la negociación, fecha que se cumplirá el próximo día 15.
Se vislumbra así un panorama muy difícil para las negociaciones salariales, ya que este 15 de marzo se podría ir a huelga todo Aeroméxico por dos revisiones diferentes. Ello implicaría parar una flota de 40 aviones y dejar de atender a unos 3 mil pasajeros al día.
ASSA puntualizó que en el caso de la chartera Travel, la empresa sólo propuso media hora antes de que estallara la huelga un bono único por aproximadamente 3 mil 500 pesos para cada sobrecargo, pagadero en dos exhibiciones, mas cláusulas administrativas que no impactan en el salario.
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) aseveró que la empresa Aeroméxico Travel rompió unilateralmente las plásticas, por lo cual la representación de los trabajadores no ha sido llamada a reiniciar negociaciones para levantar la huelga estallada el primer minuto de ayer. Lo grave, enfatizó, es que la aerolínea manifestó la posibilidad de desaparecer la empresa por inviable y liquidar a los empleados.
Los representantes de Aeroméxico incluso plantearon a los sobrecargos que no van a sentar el precedente de otorgar alza salarial porque vienen varias revisiones, y advirtieron que se van a mantener en la posición de cero por ciento de incremento, indicó la dirigente de ASSA, Lizette Clavel.
En entrevista, planteó que en 15 días vencerá el emplazamiento a huelga de los sobrecargos de Aeroméxico y la revisión de los pilotos de Travel. Se ve que prefieren mantenerse en la posición de no negociar, como advertencia para que los demás gremios no demanden ningún ajuste.
Subrayó que mientras los trabajadores han manifestado disposición al diálogo, inclusive bajaron su demanda de aumento de 10 a 4 por ciento, la empresa está totalmente cerrada a negociar. Los representantes ni siquiera responden las llamadas y sólo media hora antes de que se colocaran las banderas rojinegras propusieron dar un bono único, un boleto de descuento y se mantenían en cero por ciento de incremento.
Según la dirigente, Aeroméxico tiene un promedio de uno o dos vuelos diarios. El más barato deja ganancia de 500 mil pesos, y el aumento que se pide para los trabajadores representa apenas una tercera parte de ese monto.
Recordó que la posición de Aeroméxico viene de tiempo atrás, pues el año pasado, durante la revisión salarial de los sobrecargos, los directivos quisieron orillar a los trabajadores a irse en blanco, sin aumento. La organización determinó aplazar nueve meses la negociación, fecha que se cumplirá el próximo día 15.
Se vislumbra así un panorama muy difícil para las negociaciones salariales, ya que este 15 de marzo se podría ir a huelga todo Aeroméxico por dos revisiones diferentes. Ello implicaría parar una flota de 40 aviones y dejar de atender a unos 3 mil pasajeros al día.
ASSA puntualizó que en el caso de la chartera Travel, la empresa sólo propuso media hora antes de que estallara la huelga un bono único por aproximadamente 3 mil 500 pesos para cada sobrecargo, pagadero en dos exhibiciones, mas cláusulas administrativas que no impactan en el salario.
Apagones afectaron a más de 224 mil habitantes el pasado fin de semana
Publicado por Radio SME / 13:10 /
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Miércoles 3 de marzo de 2010, p. 15
El call center que habilitó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para atender quejas de usuarios y fallas en el servicio –número telefónico 071– emitió un reporte según el cual, sólo el pasado fin de semana, sufrieron cortes de luz poco más de 224 mil 500 usuarios de la zona centro del país.
Una copia de ese informe entregada a este diario indica que fueron 363 colonias las afectadas, y enumera la totalidad de las denuncias recibidas.
El documento detalla el número de usuarios perjudicados por zona y puntualiza que fue en el norte de la ciudad donde hubo mayor número de denuncias.
De acuerdo con la información, en esa parte de la urbe se vieron afectados más de 18 mil habitantes.
Agrega que entre las colonias donde hubo más reportes por caídas del servicio están Villas Arboledas, San Mateo Tecoloapan, ampliación La Quebrada, Valle Esmeralda, La Providencia, Cerro Grande, José María Morelos y Pavón, Las Peñitas y Villa Jardín.
Otras zonas perjudicadas son las que comprenden Lechería y Parques de la Hacienda, donde al menos 16 mil habitantes no tuvieron energía eléctrica por horas y hasta días.
En la zona oriente 15 mil 500 personas se quejaron. Destacan los reportes de las colonias Rinconada el Mirador, Tepetlixpa, La Joyita, Ocotitla, Rinconada San Fernando, Pedregal de Tepepan, La Nopalera, Valle Escondido y Villa Tlalpan.
La información señala que en la zona centro-oriente unos 6 mil 900 ciudadanos padecieron los cortes al suministro eléctrico, y 9 mil en la centro. Incluso, usuarios de áreas importantes comercialmente, como la Central de Abasto, han presentado quejas y denuncias por los apagones.
El documento revela que hay reportes por suspensión del servicio del Campo Militar número 37, el Club de Golf México, la Condesa y los barrios La Conchita, El Carmen y Candelaria, en Coyoacán, entre muchos más.
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Miércoles 3 de marzo de 2010, p. 15
El call center que habilitó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para atender quejas de usuarios y fallas en el servicio –número telefónico 071– emitió un reporte según el cual, sólo el pasado fin de semana, sufrieron cortes de luz poco más de 224 mil 500 usuarios de la zona centro del país.
Una copia de ese informe entregada a este diario indica que fueron 363 colonias las afectadas, y enumera la totalidad de las denuncias recibidas.
El documento detalla el número de usuarios perjudicados por zona y puntualiza que fue en el norte de la ciudad donde hubo mayor número de denuncias.
De acuerdo con la información, en esa parte de la urbe se vieron afectados más de 18 mil habitantes.
Agrega que entre las colonias donde hubo más reportes por caídas del servicio están Villas Arboledas, San Mateo Tecoloapan, ampliación La Quebrada, Valle Esmeralda, La Providencia, Cerro Grande, José María Morelos y Pavón, Las Peñitas y Villa Jardín.
Otras zonas perjudicadas son las que comprenden Lechería y Parques de la Hacienda, donde al menos 16 mil habitantes no tuvieron energía eléctrica por horas y hasta días.
En la zona oriente 15 mil 500 personas se quejaron. Destacan los reportes de las colonias Rinconada el Mirador, Tepetlixpa, La Joyita, Ocotitla, Rinconada San Fernando, Pedregal de Tepepan, La Nopalera, Valle Escondido y Villa Tlalpan.
La información señala que en la zona centro-oriente unos 6 mil 900 ciudadanos padecieron los cortes al suministro eléctrico, y 9 mil en la centro. Incluso, usuarios de áreas importantes comercialmente, como la Central de Abasto, han presentado quejas y denuncias por los apagones.
El documento revela que hay reportes por suspensión del servicio del Campo Militar número 37, el Club de Golf México, la Condesa y los barrios La Conchita, El Carmen y Candelaria, en Coyoacán, entre muchos más.
Elementos de la Policía Federal y del Estado Mayor resguardaron el Zócalo
Gómez Mont y Lozano comparecen ante Senado por huelga en Cananea
El acto se efectúa ante el grupo especial de la Cámara alta que sigue el caso. También están presentes los líderes del PAN, Gustavo Madero, y del PRD, Carlos Navarrete.
México, DF. Los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, comparecen ante una comisión especial del Senado para informar del conflicto entre el sindicato minero y la Empresa Mexicana de Cananea de Grupo México.
En la comparecencia, que se efectúa ante el grupo especial del Senado que sigue el caso de la huelga en la minera Cananea, también están presentes los líderes del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero, y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Navarrete.
Navarrete dijo que espera que el gobierno federal esté dispuesto a compartir sus puntos de vista para determinar cómo impulsar de nuevo a Cananea, donde el paro laboral lleva más de dos años.
El secretario Lozano Alarcón comenzó la comparecencia con una breve reseña sobre el origen y desarrollo de este conflicto jurídico laboral.
México, DF. Los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, comparecen ante una comisión especial del Senado para informar del conflicto entre el sindicato minero y la Empresa Mexicana de Cananea de Grupo México.
En la comparecencia, que se efectúa ante el grupo especial del Senado que sigue el caso de la huelga en la minera Cananea, también están presentes los líderes del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero, y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Navarrete.
Navarrete dijo que espera que el gobierno federal esté dispuesto a compartir sus puntos de vista para determinar cómo impulsar de nuevo a Cananea, donde el paro laboral lleva más de dos años.
El secretario Lozano Alarcón comenzó la comparecencia con una breve reseña sobre el origen y desarrollo de este conflicto jurídico laboral.
miércoles, 3 de marzo de 2010
Entrevista a Eduardo Bobadilla
Tomado de:
http://fraternidaddejubiladosla.blogspot.com/
En esta entrevista realizada por los compañeros de Radio SME, el Secretario del Trabajo explica las circunstancias legales en las que nos econtramos para que no se dejen engañar compañeros.
Escuchalo aquí:
Descargalo aquí:
http://www.4shared.com/file/233331651/32014292/Entrevista_a_Bobadi
http://fraternidaddejubiladosla.blogspot.com/
En esta entrevista realizada por los compañeros de Radio SME, el Secretario del Trabajo explica las circunstancias legales en las que nos econtramos para que no se dejen engañar compañeros.
Escuchalo aquí:
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http://www.4shared.com/file/233331651/32014292/Entrevista_a_Bobadi
Obsoletas 70% de las instalaciones que operaba LyFC
Tras una revisión exhaustiva a la infraestructura eléctrica de la entidad, la Comisión Federal de Electricidad detectó que el 70 por ciento de las instalaciones de la extinta compañía de Luz y Fuerza del Centro se encuentran obsoletas, lo que pudo haber puesto en riesgo la dotación de energía en el valle de Toluca.
Eugenio Laris Alanís, director de Proyectos de la Comisión Federal de Electricidad sostuvo que uno de los ajustes que ha tenido que realizar la empresa es modernizar el equipamiento con que contaba LyFC de manera inmediata.
Explicó que este proceso ha requerido un esfuerzo “sobrehumano”, toda vez que el 70 por ciento de la infraestructura se encontraba en condiciones “obsoletas” lo que impide ofrecer un servicio mucho más eficiente.
“El 70 por ciento de la infraestructura está obsoleta, muchas veces con equipos que ya no se producen, equipos difícil de operar y de mantener, y sólo estaba funcional el 30 por ciento, lo más complicado, el equipo de comunicación, de control “.
Abundó que el porcentaje restante que se hallaba en condiciones “óptimas” corresponde a equipo para dotar de energía de alta tensión, aunque subrayó, “aún queda mucho por hacer”.
“Lo que estaba mejor en funciones es el equipo de alta tensión, pero de todas maneras en funciones pobres, por lo que tenemos que hacer modificaciones importantes para hacer la sustitución y poner la luz a nivel que se requiere”.
Indicó que mediante la renovación de la infraestructura eléctrica se podrá revertir la posibilidad de que el valle de Toluca “se colapse” por la demanda con que cuenta, ya que en un par de meses quedarán concluidas un par de subestaciones para dotar del servicio a la región.
“En construcción se tenían 25 sub estaciones en diversas etapas de construcción, una de ellas que nos ha estado pidiendo el Gobierno del Estado de México muy importante en Toluca, la que se llama subestación Estadio y La Deportiva de la cual depende el abasto a Toluca y que no se había podido construir y ya la empezamos a hacer y esperemos que esté terminada en un par de meses”
http://www.milenio.com/node/392819
LA VERDAD SOBRE LOS HUEVASOS
¡Y YA NO TENIAMOS MAS HUEVOS PARA AVENTAR!! ¡¡PERO SI CON LAS MANOS!! ¡¡NOS FALTABAN MANOS !!!
martes, 2 de marzo de 2010
Con piedras y huevos integrantes del SME acogieron a invitados al Teatro Morelos
Los más de 500 policías vestidos de civil y con uniforme que vigilanaban los alrededores resultaron insuficientes, pues más de 25 personas tuvieron que ser atendidas por golpes.
Mar, 02/03/2010 - 14:36
Derribaron las barreras colocadas por la ASE. Foto. Magali LópezMás de 300 ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) protagonizaron una serie de actos contra los asistentes a la ceremonia conmemorativa del 2 de Marzo, con la que el Estado de México celebró 186 años de su fundación.
Antes, durante y después de la ceremonia oficial los ex trabajadores arremetieron con piedras, huevos crudos, envases de vidrio y plástico contra quienes pretendían entrar al Teatro Morelos de Toluca.
Los más de 500 elementos de seguridad vestidos de civil y con uniforme resultaron insuficientes, pues más de 25 personas tuvieron que ser atendidas por golpes.
Los electricistas derribaron a empujones y patadas las llamadas Barreras de Pánico con las que los policías estatales intentaron frenar su marcha que pretendía ingresar al Teatro Morelos para impedir la realización de la ceremonia conmemorativa del 186 aniversario de la fundación del Estado de México.
Personal de la Secretaría General de Gobierno y diputados locales que los han apoyado en su movimiento, quienes incluso les rentan carpas para proteger el plantón de los electricistas frente a la Cámara de Diputados, trataron de entablar un diálogo con los violentos ex trabajadores de Luz y Fuerza; sin embargo, todo intento de frenar la manifestación resultó infructuoso.
Por estos hechos arribaron al Teatro Morelos de Toluca más de 500 elementos del Cuerpo de Granaderos de la Agencia de Seguridad Estatal, así como de otros cuerpos de reacción y acción para tratar de frenar a los supuestos electricistas.
Cuando los del SME se vieron superados en número y fueron advertidos que si no detenían sus acciones en contra de los asistentes a la ceremonia serían controlados por los uniformados, se alejaron de la explanada principal del teatro.
Finalmente, los del SME tomaron las calles de la zona centro de Toluca y bloquearon la circulación vehicular de las principales arterias viales como Sebastián Lerdo de Tejada, Nicolás Bravo, Benito Juárez e Independencia, lo que originó un gran caos vial en el primer cuadro de la capital mexiquense.
Agencia MVT
Mar, 02/03/2010 - 14:36
Derribaron las barreras colocadas por la ASE. Foto. Magali LópezMás de 300 ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) protagonizaron una serie de actos contra los asistentes a la ceremonia conmemorativa del 2 de Marzo, con la que el Estado de México celebró 186 años de su fundación.
Antes, durante y después de la ceremonia oficial los ex trabajadores arremetieron con piedras, huevos crudos, envases de vidrio y plástico contra quienes pretendían entrar al Teatro Morelos de Toluca.
Los más de 500 elementos de seguridad vestidos de civil y con uniforme resultaron insuficientes, pues más de 25 personas tuvieron que ser atendidas por golpes.
Los electricistas derribaron a empujones y patadas las llamadas Barreras de Pánico con las que los policías estatales intentaron frenar su marcha que pretendía ingresar al Teatro Morelos para impedir la realización de la ceremonia conmemorativa del 186 aniversario de la fundación del Estado de México.
Personal de la Secretaría General de Gobierno y diputados locales que los han apoyado en su movimiento, quienes incluso les rentan carpas para proteger el plantón de los electricistas frente a la Cámara de Diputados, trataron de entablar un diálogo con los violentos ex trabajadores de Luz y Fuerza; sin embargo, todo intento de frenar la manifestación resultó infructuoso.
Por estos hechos arribaron al Teatro Morelos de Toluca más de 500 elementos del Cuerpo de Granaderos de la Agencia de Seguridad Estatal, así como de otros cuerpos de reacción y acción para tratar de frenar a los supuestos electricistas.
Cuando los del SME se vieron superados en número y fueron advertidos que si no detenían sus acciones en contra de los asistentes a la ceremonia serían controlados por los uniformados, se alejaron de la explanada principal del teatro.
Finalmente, los del SME tomaron las calles de la zona centro de Toluca y bloquearon la circulación vehicular de las principales arterias viales como Sebastián Lerdo de Tejada, Nicolás Bravo, Benito Juárez e Independencia, lo que originó un gran caos vial en el primer cuadro de la capital mexiquense.
Agencia MVT
El SME seguirá en pie de lucha hasta que regresen trabajo a electricistas:
Martín Esparza
Este martes en punto de las 5:00 de la tarde el dirigente se presentó en un mitin realizado en la plaza de Los Mártires en la capital mexiquense, al cual acudieron entre 200 y 300 electricistas de la región del Valle de Toluca y del Distrito Federal.
Mar, 02/03/2010 - 18:10
Foto: Archivo MVTToluca. El líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, aseguró que se mantendrán en pie de lucha hasta que las autoridades federales le den solución a sus problemas de desempleo o se restituyan sus plazas laborales.
Este martes en punto de las 5:00 de la tarde el dirigente se presentó en un mitin realizado en la plaza de Los Mártires en la capital mexiquense, al cual acudieron entre 200 y 300 electricistas de la región del Valle de Toluca y del Distrito Federal.
A la manifestación acudieron los sindicalizados que al medio día fueron detenidos por elementos de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) en la carretera México-Toluca a la altura de San Mateo atenco.
En el contingente también estaban los inconformes que durante la mañana agredieron con huevos crudos a funcionarios e invitados a la ceremonia por la erección del Estado de México a las afueras del Teatro Morelos.
Por su parte, Gustavo Anaya Maya, líder del gremio en el valle de Toluca, enfatizó que respaldarán todas las acciones que determine Martín Esparza y que seguirá el plantón frente a la Cámara de Diputados, debido a que el gobierno estatal no les ha brindado ayuda desde que la paraestatal fue cerrada.
En la zona centro de la capital se registraron cortes a la circulación en calles céntricas y autoridades estatales dispusieron de un dispositivo de seguridad de alrededor de 200 elementos.
Israel Álvarez
Este martes en punto de las 5:00 de la tarde el dirigente se presentó en un mitin realizado en la plaza de Los Mártires en la capital mexiquense, al cual acudieron entre 200 y 300 electricistas de la región del Valle de Toluca y del Distrito Federal.
Mar, 02/03/2010 - 18:10
Foto: Archivo MVTToluca. El líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, aseguró que se mantendrán en pie de lucha hasta que las autoridades federales le den solución a sus problemas de desempleo o se restituyan sus plazas laborales.
Este martes en punto de las 5:00 de la tarde el dirigente se presentó en un mitin realizado en la plaza de Los Mártires en la capital mexiquense, al cual acudieron entre 200 y 300 electricistas de la región del Valle de Toluca y del Distrito Federal.
A la manifestación acudieron los sindicalizados que al medio día fueron detenidos por elementos de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) en la carretera México-Toluca a la altura de San Mateo atenco.
En el contingente también estaban los inconformes que durante la mañana agredieron con huevos crudos a funcionarios e invitados a la ceremonia por la erección del Estado de México a las afueras del Teatro Morelos.
Por su parte, Gustavo Anaya Maya, líder del gremio en el valle de Toluca, enfatizó que respaldarán todas las acciones que determine Martín Esparza y que seguirá el plantón frente a la Cámara de Diputados, debido a que el gobierno estatal no les ha brindado ayuda desde que la paraestatal fue cerrada.
En la zona centro de la capital se registraron cortes a la circulación en calles céntricas y autoridades estatales dispusieron de un dispositivo de seguridad de alrededor de 200 elementos.
Israel Álvarez
lunes, 1 de marzo de 2010
Tomará SME instalaciones ante negativa de huelga
México
Organización Editorial Mexicana
1 de marzo de 2010
Carlos Lara / El Sol de México
Ciudad de México.- Ante la decisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), de negar el emplazamiento a huelga por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra la extinta Luz y Fuerza del Centro, Martín Esparza Flores, líder este gremio, dijo que con esta decisión "queda de manifiesto que la Junta hay línea y está al servicio de Javier Lozano; demuestra que es enemiga de los trabajadores, ya que su objetivo es quitar el derecho de huelga a los sindicatos, además de que nuestro Contrato Colectivo de Trabajo sigue vigente".
En entrevista con El Sol de México, Esparza Flores dijo que "solicitarán un 40 por ciento de aumento salarial, similar al que se le concedió al Ejército, ya que somos los que generamos la riqueza en nuestro país".
Comentó que para este 16 de marzo al mediodía tomarán las instalaciones "con el objetivo de resguardarlas; nadie entra y nadie sale de las mismas hasta que se resuelva el conflicto".
Y es que a cuatro meses de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, el líder gremial añadió que en torno al tema de la revisión contractual, "la decisión de la JFCA no es la única ni la definitiva, ya que es una vía administrativa y esto se resolverá en el Tribunal Judicial y nos vamos a ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
En torno a lo anunciado por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), solicitará la intervención de los jueces de lo familiar para que las exesposas e hijos menores de edad de los extrabajadores del extinto organismo, reciban su pensión alimenticia.
Esparza Flores aseveró que "este tema es muy importante, ya que las esposas de los trabajadores o las exesposas de los trabajadores puedan cobrar lo que les corresponde".
Por último, convocó a "las esposas de los 44 mil 600 trabajadores que fueron liquidados a que acudan a la Secretaria del Trabajo para que exijan lo que les corresponde".
Organización Editorial Mexicana
1 de marzo de 2010
Carlos Lara / El Sol de México
Ciudad de México.- Ante la decisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), de negar el emplazamiento a huelga por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra la extinta Luz y Fuerza del Centro, Martín Esparza Flores, líder este gremio, dijo que con esta decisión "queda de manifiesto que la Junta hay línea y está al servicio de Javier Lozano; demuestra que es enemiga de los trabajadores, ya que su objetivo es quitar el derecho de huelga a los sindicatos, además de que nuestro Contrato Colectivo de Trabajo sigue vigente".
En entrevista con El Sol de México, Esparza Flores dijo que "solicitarán un 40 por ciento de aumento salarial, similar al que se le concedió al Ejército, ya que somos los que generamos la riqueza en nuestro país".
Comentó que para este 16 de marzo al mediodía tomarán las instalaciones "con el objetivo de resguardarlas; nadie entra y nadie sale de las mismas hasta que se resuelva el conflicto".
Y es que a cuatro meses de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, el líder gremial añadió que en torno al tema de la revisión contractual, "la decisión de la JFCA no es la única ni la definitiva, ya que es una vía administrativa y esto se resolverá en el Tribunal Judicial y nos vamos a ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
En torno a lo anunciado por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), solicitará la intervención de los jueces de lo familiar para que las exesposas e hijos menores de edad de los extrabajadores del extinto organismo, reciban su pensión alimenticia.
Esparza Flores aseveró que "este tema es muy importante, ya que las esposas de los trabajadores o las exesposas de los trabajadores puedan cobrar lo que les corresponde".
Por último, convocó a "las esposas de los 44 mil 600 trabajadores que fueron liquidados a que acudan a la Secretaria del Trabajo para que exijan lo que les corresponde".
Legitimidad y ruptura social
La identidad nacional y lo social
Mario Luis Fuentes
01-Mar-2010
La nación mexicana se encuentra fragmentada porque no hay suficientes canales de diálogo.
El intento de linchamiento de dos policías federales y el posterior enfrentamiento de la población con la policía del Distrito Federal en Milpa Alta; y el violento enfrentamiento entre los damnificados de Chalco y la policía, tienen un factor común: muestran que lo que se ha llamado el “estallido social” está en proceso y que el Estado no cuenta con mecanismos de interlocución legítimos con la ciudadanía.
La imposibilidad de un diálogo y un acuerdo racional y pacífico entre las fuerzas del orden y los gobernados implica un asunto mayor que exige una urgente reflexión, dirigida a reconstituir los puentes sociales de comunicación.
A partir de la década de los 80, en el siglo pasado, el “adelgazamiento” del Estado en lo administrativo y lo económico fue acompañado de un proceso paralelo de ruptura de los mecanismos “tradicionales” de mediación social: sindicatos, organizaciones campesinas y obreras, organizaciones sociales de base y otras estructuras comunitarias de participación o fueron desmanteladas o simplemente dejó de apoyárseles.
El problema es que desde una idea del poder basada en el individualismo a ultranza, las estructuras de mediación han sido consideradas como innecesarias y hoy hemos llegado a una compleja situación en la que, ante la ruptura del orden social y legal, el Estado no cuenta con los instrumentos ni las capacidades de interlocución para procesar las demandas ciudadanas y para restablecer el orden con base en criterios de justicia y equidad.
Erosionar o abandonar desde la autoridad a las estructuras comunitarias ha tenido como contraparte el surgimiento de formas autónomas de gestión y organización social, que incluso han sido capaces de generar redes de protección social, al margen del ámbito institucional.
¿Cómo procesar y comprender estas nuevas formas de organización y participación comunitaria? ¿Cómo darle sentido y cómo darle cause a la acción institucional para apoyar y respaldar a estas nuevas estructuras?
Quizá lo más complejo sea comprender cómo la violencia está presente y latente en muchos de estos espacios, y cómo comprender incluso la interacción que el crimen organizado ha establecido en distintos ámbitos territoriales, construyendo mecanismos de gestión social, tales como el establecimiento de dispensarios médicos, consultorios y construcción de infraestructura social.
Hay muchas preguntas por plantear y muchas respuestas que construir. Sin embargo, el tiempo apremia y es urgente que las instituciones del Estado, en todos sus ámbitos y niveles, implementen nuevos mecanismos de mediación para procesar el conflicto, pero que sobre todo tengan la capacidad de reconducir el pacto social.
La nación mexicana se encuentra fragmentada porque no hay suficientes canales de diálogo y, como consecuencia, se ha perdido la capacidad de, en la diversidad y la pluralidad, construir un sentido compartido de presente y futuro.
Estamos ya ente una disyuntiva que en general tiene dos vertientes: o permitimos que la violencia y la fragmentación social se agudicen o reconstruimos un intenso diálogo público social en aras de intentar rediseñar al Estado para que encuentre en la interlocución social nuevas estrategias compartidas de desarrollo, inclusión y equidad.
Lo evidente es que la primera ruta no es transitable. El problema está en que carecemos de los liderazgos suficientes para articular un proceso para enfilarnos hacia la segunda; lo cierto es que urge actuar, y ante la magnitud de nuestros problemas nadie puede ya sustraerse de cumplir con su respons
Mario Luis Fuentes
01-Mar-2010
La nación mexicana se encuentra fragmentada porque no hay suficientes canales de diálogo.
El intento de linchamiento de dos policías federales y el posterior enfrentamiento de la población con la policía del Distrito Federal en Milpa Alta; y el violento enfrentamiento entre los damnificados de Chalco y la policía, tienen un factor común: muestran que lo que se ha llamado el “estallido social” está en proceso y que el Estado no cuenta con mecanismos de interlocución legítimos con la ciudadanía.
La imposibilidad de un diálogo y un acuerdo racional y pacífico entre las fuerzas del orden y los gobernados implica un asunto mayor que exige una urgente reflexión, dirigida a reconstituir los puentes sociales de comunicación.
A partir de la década de los 80, en el siglo pasado, el “adelgazamiento” del Estado en lo administrativo y lo económico fue acompañado de un proceso paralelo de ruptura de los mecanismos “tradicionales” de mediación social: sindicatos, organizaciones campesinas y obreras, organizaciones sociales de base y otras estructuras comunitarias de participación o fueron desmanteladas o simplemente dejó de apoyárseles.
El problema es que desde una idea del poder basada en el individualismo a ultranza, las estructuras de mediación han sido consideradas como innecesarias y hoy hemos llegado a una compleja situación en la que, ante la ruptura del orden social y legal, el Estado no cuenta con los instrumentos ni las capacidades de interlocución para procesar las demandas ciudadanas y para restablecer el orden con base en criterios de justicia y equidad.
Erosionar o abandonar desde la autoridad a las estructuras comunitarias ha tenido como contraparte el surgimiento de formas autónomas de gestión y organización social, que incluso han sido capaces de generar redes de protección social, al margen del ámbito institucional.
¿Cómo procesar y comprender estas nuevas formas de organización y participación comunitaria? ¿Cómo darle sentido y cómo darle cause a la acción institucional para apoyar y respaldar a estas nuevas estructuras?
Quizá lo más complejo sea comprender cómo la violencia está presente y latente en muchos de estos espacios, y cómo comprender incluso la interacción que el crimen organizado ha establecido en distintos ámbitos territoriales, construyendo mecanismos de gestión social, tales como el establecimiento de dispensarios médicos, consultorios y construcción de infraestructura social.
Hay muchas preguntas por plantear y muchas respuestas que construir. Sin embargo, el tiempo apremia y es urgente que las instituciones del Estado, en todos sus ámbitos y niveles, implementen nuevos mecanismos de mediación para procesar el conflicto, pero que sobre todo tengan la capacidad de reconducir el pacto social.
La nación mexicana se encuentra fragmentada porque no hay suficientes canales de diálogo y, como consecuencia, se ha perdido la capacidad de, en la diversidad y la pluralidad, construir un sentido compartido de presente y futuro.
Estamos ya ente una disyuntiva que en general tiene dos vertientes: o permitimos que la violencia y la fragmentación social se agudicen o reconstruimos un intenso diálogo público social en aras de intentar rediseñar al Estado para que encuentre en la interlocución social nuevas estrategias compartidas de desarrollo, inclusión y equidad.
Lo evidente es que la primera ruta no es transitable. El problema está en que carecemos de los liderazgos suficientes para articular un proceso para enfilarnos hacia la segunda; lo cierto es que urge actuar, y ante la magnitud de nuestros problemas nadie puede ya sustraerse de cumplir con su respons
Alarma al CILAS el “cinismo y la impunidad” de Javier Lozano
Para el secretario, el desempleo en el país es “normal”
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Lunes 1º de marzo de 2010, p. 12
Hay “cinismo e impunidad” del gobierno mexicano frente a las cifras alarmantes del desempleo y de mexicanos en condición de pobreza, señaló el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), y planteó que es indignante que el secretario del Trabajo, Javier Lozano, califique de “normal” que en enero de este año unas 500 mil personas perdieran su trabajo, aumentando así a 2.7 millones la cifra de desempleados en el país.
“Por ridículo que parezca, para la Secretaría del Trabajo el desempleo es normal y por lo tanto no hay de que preocuparse, porque es un fenómeno que se presenta año con año con la desaparición de los empleos temporales de la época navideña. Esto significa que la pobreza y la desesperación de la gente es un fenómeno natural contenido en el proyecto económico neoliberal del gobierno mexicano.”
Consideró que lo que menos importa a las autoridades federales es que los mexicanos tengan empleo y salario digno y, en cambio, están empeñadas en criminalizar los movimientos obreros y sociales del país, así como en usar la fuerza contra los que se manifiestan contra sus políticas.
Según planteó esta organización, la insensibilidad del gobierno calderonista y de su secretario del Trabajo, Javier Lozano, es sabida, pero llama a la indignación que el funcionario que por mandato constitucional debiera preocuparse por fomentar el empleo sea precisamente quien se ocupe de justificar que no lo haya.
El CILAS propuso preguntar al funcionario si es normal también la pobreza de 50 millones de mexicanas y mexicanos, y la miseria absoluta en que vive un tercio de la población. “Habrá que cuestionar si también es un fenómeno natural que no solamente no se cree el millón de empleos necesarios cada año, sino que medio millón se pierda en un mes”.
Para esta organización el cinismo y la impunidad de la Secretaría del Trabajo se evidencian cuando sin ningún recato ofrece todo el apoyo a Grupo México, o cuando, en contraparte a la imposición del tope salarial de 4.8 por ciento al salario mínimo, a los miembros del Ejército se les aumenta 40 por ciento.
Por ello “a las y los trabajadores mexicanos, a la ciudadanía en general, no nos queda más camino que el de la organización y la resistencia para obligar cambios sustanciales en favor de los millones que siguen en la miseria”, señaló.
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Lunes 1º de marzo de 2010, p. 12
Hay “cinismo e impunidad” del gobierno mexicano frente a las cifras alarmantes del desempleo y de mexicanos en condición de pobreza, señaló el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), y planteó que es indignante que el secretario del Trabajo, Javier Lozano, califique de “normal” que en enero de este año unas 500 mil personas perdieran su trabajo, aumentando así a 2.7 millones la cifra de desempleados en el país.
“Por ridículo que parezca, para la Secretaría del Trabajo el desempleo es normal y por lo tanto no hay de que preocuparse, porque es un fenómeno que se presenta año con año con la desaparición de los empleos temporales de la época navideña. Esto significa que la pobreza y la desesperación de la gente es un fenómeno natural contenido en el proyecto económico neoliberal del gobierno mexicano.”
Consideró que lo que menos importa a las autoridades federales es que los mexicanos tengan empleo y salario digno y, en cambio, están empeñadas en criminalizar los movimientos obreros y sociales del país, así como en usar la fuerza contra los que se manifiestan contra sus políticas.
Según planteó esta organización, la insensibilidad del gobierno calderonista y de su secretario del Trabajo, Javier Lozano, es sabida, pero llama a la indignación que el funcionario que por mandato constitucional debiera preocuparse por fomentar el empleo sea precisamente quien se ocupe de justificar que no lo haya.
El CILAS propuso preguntar al funcionario si es normal también la pobreza de 50 millones de mexicanas y mexicanos, y la miseria absoluta en que vive un tercio de la población. “Habrá que cuestionar si también es un fenómeno natural que no solamente no se cree el millón de empleos necesarios cada año, sino que medio millón se pierda en un mes”.
Para esta organización el cinismo y la impunidad de la Secretaría del Trabajo se evidencian cuando sin ningún recato ofrece todo el apoyo a Grupo México, o cuando, en contraparte a la imposición del tope salarial de 4.8 por ciento al salario mínimo, a los miembros del Ejército se les aumenta 40 por ciento.
Por ello “a las y los trabajadores mexicanos, a la ciudadanía en general, no nos queda más camino que el de la organización y la resistencia para obligar cambios sustanciales en favor de los millones que siguen en la miseria”, señaló.
Anuncia Lozano nuevo plan de presión para que electricistas acepten liquidarse
Un grupo de mujeres sin identificar solicita se les paguen pensiones alimentarias
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Lunes 1º de marzo de 2010, p. 13
El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, pedirá la intervención de jueces de lo familiar para que a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que no han aceptado liquidarse y que tienen ex cónyuges e hijos menores de edad que reclaman la pensión alimentaria, les descuenten de los finiquitos que les corresponden el pago de dichas pensiones.
La medida es a solicitud de un grupo de mujeres, según se informó ayer en un comunicado de prensa, sin especificar quiénes hicieron tal petición.
Sostuvo que la finalidad de esta acción es presionar a los electricistas que se rehúsan a cobrar sus liquidaciones para que se les quite lo correspondiente a la pensión alimentaria que tienen que entregar a sus ex esposas, las cuales han resultado afectadas al no poder recibir estos recursos, debido a que los ex trabajadores que tienen que cumplir la obligación se han negado a recibir la indemnización ofrecida por el gobierno federal.
La STPS, encabezada por Javier Lozano Alarcón, por conducto de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), solicitará la intervención de los jueces de lo familiar para que ex cónyuges e hijos menores de edad de los ex trabajadores del extinto organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro, que no han aceptado su liquidación, reciban el pago de la pensión alimentaria que por ley les corresponde.
De esta manera se responde a la solicitud de un grupo de mujeres que no ha recibido los recursos correspondientes a dichas pensiones, a pesar de que existe una orden de la autoridad judicial que les confiere ese derecho, indicó la dependencia.
Por lo pronto, la STPS ya instruyó a la Profedet para que coadyuve a resolver este problema y, según advirtió, “se procederá a ejercitar las acciones jurídicas orientadas a solicitar a los jueces de lo familiar que en su momento ordenaron decretar el pago de dicha pensión que, por su conducto, se decrete el aseguramiento de alimentos y se ordene el pago correspondiente, sin importar el hecho de que el ex cónyuge hubiere aceptado o no la indemnización”.
Ante esta disposición, la Profedet ya reúne la información de los expedientes de las ex cónyuges y/o hijos menores que se encuentran en ese supuesto, para solicitar al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, liquidador federal de Luz y Fuerza del Centro, el aseguramiento y pago de dicha obligación.
La dependencia informó que sólo se requiere de una carta poder firmada por las ex cónyuges con el fin de que sean representadas por esa procuraduría, así como una fotocopia simple de la sentencia firme, por virtud de la cual el respectivo juez de lo familiar decretó en su favor la pensión alimentaria.
Asimismo, la procuraduría realizará dichas acciones en el Distrito Federal y en las entidades federativas donde se encuentren los afectados, por conducto de los procuradores federales de la defensa del trabajo, y en la unidad vehicular procuraduría móvil, para efectos de reunir la documentación necesaria.
Según arguye la secretaría, con esta disposición reitera su compromiso de garantizar a los familiares la protección de sus derechos y, con ello, contribuir al bienestar de las familias de los ex trabajadores que no han querido cobrar su liquidación por decisión personal o por presión de sus representantes.
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Lunes 1º de marzo de 2010, p. 13
El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, pedirá la intervención de jueces de lo familiar para que a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que no han aceptado liquidarse y que tienen ex cónyuges e hijos menores de edad que reclaman la pensión alimentaria, les descuenten de los finiquitos que les corresponden el pago de dichas pensiones.
La medida es a solicitud de un grupo de mujeres, según se informó ayer en un comunicado de prensa, sin especificar quiénes hicieron tal petición.
Sostuvo que la finalidad de esta acción es presionar a los electricistas que se rehúsan a cobrar sus liquidaciones para que se les quite lo correspondiente a la pensión alimentaria que tienen que entregar a sus ex esposas, las cuales han resultado afectadas al no poder recibir estos recursos, debido a que los ex trabajadores que tienen que cumplir la obligación se han negado a recibir la indemnización ofrecida por el gobierno federal.
La STPS, encabezada por Javier Lozano Alarcón, por conducto de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), solicitará la intervención de los jueces de lo familiar para que ex cónyuges e hijos menores de edad de los ex trabajadores del extinto organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro, que no han aceptado su liquidación, reciban el pago de la pensión alimentaria que por ley les corresponde.
De esta manera se responde a la solicitud de un grupo de mujeres que no ha recibido los recursos correspondientes a dichas pensiones, a pesar de que existe una orden de la autoridad judicial que les confiere ese derecho, indicó la dependencia.
Por lo pronto, la STPS ya instruyó a la Profedet para que coadyuve a resolver este problema y, según advirtió, “se procederá a ejercitar las acciones jurídicas orientadas a solicitar a los jueces de lo familiar que en su momento ordenaron decretar el pago de dicha pensión que, por su conducto, se decrete el aseguramiento de alimentos y se ordene el pago correspondiente, sin importar el hecho de que el ex cónyuge hubiere aceptado o no la indemnización”.
Ante esta disposición, la Profedet ya reúne la información de los expedientes de las ex cónyuges y/o hijos menores que se encuentran en ese supuesto, para solicitar al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, liquidador federal de Luz y Fuerza del Centro, el aseguramiento y pago de dicha obligación.
La dependencia informó que sólo se requiere de una carta poder firmada por las ex cónyuges con el fin de que sean representadas por esa procuraduría, así como una fotocopia simple de la sentencia firme, por virtud de la cual el respectivo juez de lo familiar decretó en su favor la pensión alimentaria.
Asimismo, la procuraduría realizará dichas acciones en el Distrito Federal y en las entidades federativas donde se encuentren los afectados, por conducto de los procuradores federales de la defensa del trabajo, y en la unidad vehicular procuraduría móvil, para efectos de reunir la documentación necesaria.
Según arguye la secretaría, con esta disposición reitera su compromiso de garantizar a los familiares la protección de sus derechos y, con ello, contribuir al bienestar de las familias de los ex trabajadores que no han querido cobrar su liquidación por decisión personal o por presión de sus representantes.
domingo, 28 de febrero de 2010
Rechaza JFCA emplazamiento a huelga
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 28 de febrero de 2010, p. 13
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) negó al Sindicato Mexicano de Electricistas el trámite de emplazamiento a huelga en Luz y Fuerza del Centro. La autoridad laboral dijo que el decreto de extinción de ese organismo determina el fin de las relaciones laborales y el contrato colectivo respectivo.
De acuerdo con el SME, en los últimos días de enero pasado hubo una resolución de ese tipo ante una solicitud del sindicato que busca revisar el documento que rige las relaciones laborales, cuya vigencia se extiende al 16 de marzo.
Anoche la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que la solicitud que interpuso el SME el viernes pasado se dirigió “indistintamente a LFC, al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y a la Comisión Federal de Electricidad”.
Al ser analizada la documentación, señala la dependencia, la junta consideró improcedente la solicitud de exigir la revisión del contrato. Argumentó que la juez primera de distrito del centro auxiliar de la primera región negó el amparo que promovió el SME contra el término de las relaciones laborales.
La STPS señaló que por lo que toca al SAE y la CFE, el SME nunca ha tenido relación contractual con dichos organismos, por lo que la junta determinó negar el trámite y ordenó el archivo del expediente como asunto definitivamente concluido.
Periódico La Jornada
Domingo 28 de febrero de 2010, p. 13
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) negó al Sindicato Mexicano de Electricistas el trámite de emplazamiento a huelga en Luz y Fuerza del Centro. La autoridad laboral dijo que el decreto de extinción de ese organismo determina el fin de las relaciones laborales y el contrato colectivo respectivo.
De acuerdo con el SME, en los últimos días de enero pasado hubo una resolución de ese tipo ante una solicitud del sindicato que busca revisar el documento que rige las relaciones laborales, cuya vigencia se extiende al 16 de marzo.
Anoche la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que la solicitud que interpuso el SME el viernes pasado se dirigió “indistintamente a LFC, al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y a la Comisión Federal de Electricidad”.
Al ser analizada la documentación, señala la dependencia, la junta consideró improcedente la solicitud de exigir la revisión del contrato. Argumentó que la juez primera de distrito del centro auxiliar de la primera región negó el amparo que promovió el SME contra el término de las relaciones laborales.
La STPS señaló que por lo que toca al SAE y la CFE, el SME nunca ha tenido relación contractual con dichos organismos, por lo que la junta determinó negar el trámite y ordenó el archivo del expediente como asunto definitivamente concluido.
Denuncian electricistas subterfugios para evitar que los contrate CFE
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 28 de febrero de 2010
A casi cinco meses de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), los ex trabajadores de este organismo que cobraron su liquidación y pretenden ser recontratados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) continúan inmersos en un engorroso proceso administrativo y en cursos de capacitación que, para muchos de ellos, resultan ociosos respecto al perfil especializado que tenían en LFC.
Electricistas consultados hojean, decepcionados, el programa que les imparte el Servicio Nacional de Empleo, con información elemental que ya dominan.
Por ejemplo, relatan, los instructores se concentran en explicar los fundamentos de electricidad básica de Tales de Mileto (electrostática) y poco o nada en aspectos prácticos "o de verdadero adiestramiento que supuestamente requerimos para estar al nivel de las nuevas tareas que tendríamos que dominar en CFE".
Entrevistados por La Jornada, afirman que están ante una táctica dilatoria del gobierno no sólo para debilitar el movimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas, sino para mantener "a raya, esperanzados" a miles de trabajadores en un largo proceso de selección y capacitación de quienes buscan reinsertarse en la vida laboral con una plaza en la CFE.
El especialista referido solicitó el anonimato, porque aunque hasta el momento ningún ex trabajador de LFC ha sido recontratado en la CFE, a todos los tienen ubicados no sólo en sus aspiraciones de recuperar un empleo formal, sino en sus domicilios, adonde les llegan notificaciones de "todos los trámites y vueltas en las que nos traen sin resolvernos nada, aun cuando ya han pasado muchos meses desde la extinción de LFC".
También pide que no se detalle la forma en que ahora se gana la vida, una ocupación informal, por cuenta propia, producto del dinero que le quedó de su liquidación, luego de pagar los préstamos personales que tenía en LFC y quedar con un adeudo de su crédito hipotecario.
Con los documentos bajo el brazo que avalan su nivel de especialización, el referido ex trabajador de LFC señala que las autoridades encargadas del proceso no les han informado de los supuestos pasos que les faltarían para resolver, en definitiva, quién será admitido.
“Hay total incertidumbre. Llenamos la solicitud en la Concanaco y nada más. No nos han llamado a exámenes sicométricos, médicos. Nada. Sólo nos dijeron ‘vayan al curso y luego les hablamos’.
"Cuando preguntamos algo de este proceso de supuesta selección y capacitación, nadie sabe nada. Los de la Secretaría del Trabajo nos dicen que es asunto de la CFE", señalaron.
Otros ex empleados de LFC consultados aseguraron que, ante la incertidumbre del curso de la supuesta contratación –prometida por el gobierno federal, como alternativa para que los electricistas aceptaran su liquidación–, ya ronda gente de CFE que "ofrece contratos temporales de 11 meses a cambio de 10 mil pesos o más".
http://www.jornada.unam.mx/2010/02/28/index.php?section=politica&article=013n1pol
Periódico La Jornada
Domingo 28 de febrero de 2010
A casi cinco meses de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), los ex trabajadores de este organismo que cobraron su liquidación y pretenden ser recontratados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) continúan inmersos en un engorroso proceso administrativo y en cursos de capacitación que, para muchos de ellos, resultan ociosos respecto al perfil especializado que tenían en LFC.
Electricistas consultados hojean, decepcionados, el programa que les imparte el Servicio Nacional de Empleo, con información elemental que ya dominan.
Por ejemplo, relatan, los instructores se concentran en explicar los fundamentos de electricidad básica de Tales de Mileto (electrostática) y poco o nada en aspectos prácticos "o de verdadero adiestramiento que supuestamente requerimos para estar al nivel de las nuevas tareas que tendríamos que dominar en CFE".
Entrevistados por La Jornada, afirman que están ante una táctica dilatoria del gobierno no sólo para debilitar el movimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas, sino para mantener "a raya, esperanzados" a miles de trabajadores en un largo proceso de selección y capacitación de quienes buscan reinsertarse en la vida laboral con una plaza en la CFE.
El especialista referido solicitó el anonimato, porque aunque hasta el momento ningún ex trabajador de LFC ha sido recontratado en la CFE, a todos los tienen ubicados no sólo en sus aspiraciones de recuperar un empleo formal, sino en sus domicilios, adonde les llegan notificaciones de "todos los trámites y vueltas en las que nos traen sin resolvernos nada, aun cuando ya han pasado muchos meses desde la extinción de LFC".
También pide que no se detalle la forma en que ahora se gana la vida, una ocupación informal, por cuenta propia, producto del dinero que le quedó de su liquidación, luego de pagar los préstamos personales que tenía en LFC y quedar con un adeudo de su crédito hipotecario.
Con los documentos bajo el brazo que avalan su nivel de especialización, el referido ex trabajador de LFC señala que las autoridades encargadas del proceso no les han informado de los supuestos pasos que les faltarían para resolver, en definitiva, quién será admitido.
“Hay total incertidumbre. Llenamos la solicitud en la Concanaco y nada más. No nos han llamado a exámenes sicométricos, médicos. Nada. Sólo nos dijeron ‘vayan al curso y luego les hablamos’.
"Cuando preguntamos algo de este proceso de supuesta selección y capacitación, nadie sabe nada. Los de la Secretaría del Trabajo nos dicen que es asunto de la CFE", señalaron.
Otros ex empleados de LFC consultados aseguraron que, ante la incertidumbre del curso de la supuesta contratación –prometida por el gobierno federal, como alternativa para que los electricistas aceptaran su liquidación–, ya ronda gente de CFE que "ofrece contratos temporales de 11 meses a cambio de 10 mil pesos o más".
http://www.jornada.unam.mx/2010/02/28/index.php?section=politica&article=013n1pol
Impartirá SME curso de resistencia civil pacífica ante “el creciente acoso oficial”
El 3 de marzo celebrará la agrupación una asamblea magna de los 20 mil jubilados
“Para el gobierno, la salida es reprimirnos y provocar una confrontación”, justifica el gremio
Miembros del SME durante la asamblea que celebraron en su sede de Insurgentes Centro y Antonio Caso, el 7 de enero pasadoFoto Jesús Villaseca
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 28 de febrero de 2010, p. 13
Ante el “creciente hostigamiento del gobierno federal”, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) impartirá a sus agremiados un taller de “resistencia civil y pacífica”.
En el curso se difundirá información acerca de las garantías básicas y otros derechos constitucionales que salvaguardan, afirman los dirigentes del SME, el plan de acción de esta organización gremial, opositora a la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) hace casi cinco meses. También se discutirán estrategias defensivas, porque los integrantes de este sindicato advierten peligro creciente de represión contra líderes y representados que va desde el uso de la fuerza pública hasta el encarcelamiento de electricistas.
Humberto Montes de Oca, secretario del Interior del SME, dijo que el gobierno federal tiene una campaña de criminalización de los movimientos laborales.
“El grado de hostigamiento de la Policía Federal en los campamentos [de electricistas] se ha intensificado; hemos observado que, para el gobierno, la salida es reprimirnos y provocar una confrontación.”
Sin embargo, agregó, “pese al ambiente hostil hacia nuestro movimiento de resistencia, hemos definido una nueva etapa en el plan de acción, con el apoyo de la ciudadanía y de otras organizaciones sociales, porque estamos convencidos de que alcanzaremos la victoria mediante la lucha jurídica y la actividad política y social con la población”.
Además de la estructura de coordinación e información que impulsa el SME para detectar, en coordinación con los ciudadanos, fallas en el suministro de energía eléctrica, los electricistas protagonizarán acciones durante las siguientes dos semanas, previas al 16 de marzo, día en que vence el emplazamiento a huelga que intentan hacer efectivo.
Ese día concluye también la vigencia del contrato colectivo en LFC y, antes de la extinción de este organismo, el SME solía intensificar la negociación con la dirección de esta empresa a fin de conseguir alza salarial y prestaciones.
Sin embargo, ante el nuevo contexto (el decreto presidencial da por concluidas las relaciones laborales, pero no ha podido hacerse efectivo por los amparos en curso en juzgados y tribunales), el SME interpuso un atípico emplazamiento a huelga, trámite que fue rechazado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Ante ello, el sindicato interpuso un amparo adicional por esta causa, el cual analiza un juzgado de distrito, de ahí que los líderes del gremio consideran que tienen el derecho de avanzar hacia el estallamiento de huelga en LFC y, con ello, los trabajadores impedirían –bajo esta lógica– las labores en las instalaciones de esta empresa, operada desde el pasado 11 de octubre por la Comisión Federal de Electricidad y las empresas que subcontrató para atender la zona central del país, aun la ciudad de México.
En esa dinámica, el SME aprobó el jueves pasado celebrar asambleas departamentales y seccionales para informar a los agremiados las tareas a realizar “hasta alcanzar la victoria”.
El plan incluye más visitas a delegaciones y municipios; brigadeos en la población y seguir promoviendo la suspensión de pagos de las facturas de la CFE.
El 3 de marzo, está programada una “asamblea magna” de los más de 20 mil jubilados de LFC y, un día después, un mitin en la plaza central de Nezahualcóyotl, estado de México.
El 7 de marzo, el SME y representantes de otras organizaciones viajarán a Cananea, Sonora, para celebrar la Asamblea Nacional de Resistencia Popular, con el fin de expresar su solidaridad a los mineros en conflicto laboral desde hace más de dos años.
El 11 y 12 de marzo el SME sesionará con enviados de organizaciones laborales internacionales como la Federación Sindical Mundial, la estadunidense AFL-CIO y la Unión Internacional de Trabajadores de la Energía.
Ello antes de la estrategia preparatoria a la “huelga en LFC”, el 16 de marzo.
“Para el gobierno, la salida es reprimirnos y provocar una confrontación”, justifica el gremio
Miembros del SME durante la asamblea que celebraron en su sede de Insurgentes Centro y Antonio Caso, el 7 de enero pasadoFoto Jesús Villaseca
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 28 de febrero de 2010, p. 13
Ante el “creciente hostigamiento del gobierno federal”, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) impartirá a sus agremiados un taller de “resistencia civil y pacífica”.
En el curso se difundirá información acerca de las garantías básicas y otros derechos constitucionales que salvaguardan, afirman los dirigentes del SME, el plan de acción de esta organización gremial, opositora a la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) hace casi cinco meses. También se discutirán estrategias defensivas, porque los integrantes de este sindicato advierten peligro creciente de represión contra líderes y representados que va desde el uso de la fuerza pública hasta el encarcelamiento de electricistas.
Humberto Montes de Oca, secretario del Interior del SME, dijo que el gobierno federal tiene una campaña de criminalización de los movimientos laborales.
“El grado de hostigamiento de la Policía Federal en los campamentos [de electricistas] se ha intensificado; hemos observado que, para el gobierno, la salida es reprimirnos y provocar una confrontación.”
Sin embargo, agregó, “pese al ambiente hostil hacia nuestro movimiento de resistencia, hemos definido una nueva etapa en el plan de acción, con el apoyo de la ciudadanía y de otras organizaciones sociales, porque estamos convencidos de que alcanzaremos la victoria mediante la lucha jurídica y la actividad política y social con la población”.
Además de la estructura de coordinación e información que impulsa el SME para detectar, en coordinación con los ciudadanos, fallas en el suministro de energía eléctrica, los electricistas protagonizarán acciones durante las siguientes dos semanas, previas al 16 de marzo, día en que vence el emplazamiento a huelga que intentan hacer efectivo.
Ese día concluye también la vigencia del contrato colectivo en LFC y, antes de la extinción de este organismo, el SME solía intensificar la negociación con la dirección de esta empresa a fin de conseguir alza salarial y prestaciones.
Sin embargo, ante el nuevo contexto (el decreto presidencial da por concluidas las relaciones laborales, pero no ha podido hacerse efectivo por los amparos en curso en juzgados y tribunales), el SME interpuso un atípico emplazamiento a huelga, trámite que fue rechazado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Ante ello, el sindicato interpuso un amparo adicional por esta causa, el cual analiza un juzgado de distrito, de ahí que los líderes del gremio consideran que tienen el derecho de avanzar hacia el estallamiento de huelga en LFC y, con ello, los trabajadores impedirían –bajo esta lógica– las labores en las instalaciones de esta empresa, operada desde el pasado 11 de octubre por la Comisión Federal de Electricidad y las empresas que subcontrató para atender la zona central del país, aun la ciudad de México.
En esa dinámica, el SME aprobó el jueves pasado celebrar asambleas departamentales y seccionales para informar a los agremiados las tareas a realizar “hasta alcanzar la victoria”.
El plan incluye más visitas a delegaciones y municipios; brigadeos en la población y seguir promoviendo la suspensión de pagos de las facturas de la CFE.
El 3 de marzo, está programada una “asamblea magna” de los más de 20 mil jubilados de LFC y, un día después, un mitin en la plaza central de Nezahualcóyotl, estado de México.
El 7 de marzo, el SME y representantes de otras organizaciones viajarán a Cananea, Sonora, para celebrar la Asamblea Nacional de Resistencia Popular, con el fin de expresar su solidaridad a los mineros en conflicto laboral desde hace más de dos años.
El 11 y 12 de marzo el SME sesionará con enviados de organizaciones laborales internacionales como la Federación Sindical Mundial, la estadunidense AFL-CIO y la Unión Internacional de Trabajadores de la Energía.
Ello antes de la estrategia preparatoria a la “huelga en LFC”, el 16 de marzo.
¿ESA ES SU CLASE MUNDIAL C.F.E.?DESPUES DE VARIOS DIAS NO PUEDEN
OTRA VEZ CFE NO PUEDE REPARAR LAS FALLAS DE SUBMINISTRO ELECTRICO Y DEJA POR MAS DE CINCO DIAS SIN LUZ A ESTA TIENDA ELECTRA UBICADA EN CALLE JUAREZ DE LA CIUDAD DE TOLUCA APERTE DE PONER EN RIESGO SU VIDA Y LA DE LA GENTE QUE TRANSITABA POR ESA CALLE AQUI ESTA SU EMPRESA DE CLASE MUNDIAL (CFE CORRUPCION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)
CFE:¿EMPRESA DE CLASE MUNDIAL?
PLAYA DEL CARMEN, Q.ROO.-NUEVAMENTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, (CFE) PROVOCO CON SU FALTA DE PLANEACION EN LOS CAMBIOS DE TENDIDO DE LA RED ELECTRICA, PERDIDAS MILLONARIAS E INCUANTIFICABLES PARA LOS EMPRESARIOS ASENTADOS SOBRE LA QUINTA Y LA DECIMA AVENIDA Y DE LAS CALLES 26 HASTA LA 30LO QUE INICIO DESDE LAS CUATRO DE LA MAÑANA Y CONCLUYO POR LA TARDE
CFE EMPRESA DE INEFICIENCIA MUNDIAL
contratistas de cfe instalando un servicio de luz en Zinacantepec edo. de mex. (zona de LyF)
Chequen la tecnica al subir y su equipo de seguridad
Chequen la tecnica al subir y su equipo de seguridad
sábado, 27 de febrero de 2010
ALCADESA DE TOLUCA REBASA TOPE SALARIAL SUGERIDO
Barrera Tapia percibe mensualmente 129 mil 499 pesos; se redujo 500 pesos en relación a lo que cobraba su antecesor, el panista Juan Rodolfo Sánchez Gómez.
Vie, 26/02/2010 - 11:26
Tiene uno de los mejores ingresos de los más de 2 mil 400 ediles del país. Foto: Luis SolisToluca. Los últimos dos presidentes de la administración toluqueña han sido de los mejores pagados entre los 2 mil 438 alcaldes del país.
Actualmente la alcaldesa María Elena Barrera Tapia, tiene un salario de 129 mil 499 mientras que su antecesor, el panista Juan Rodolfo Sánchez Gómez, ganaba poco más de 130 mil pesos.
Ambos ediles prometieron medidas de austeridad y el anterior se comprometió a disminuir su salario y nunca lo hizo sino que ganó lo correspondiente al tope máximo recomendado por el Consejo Consultivo de Valoración Salarial.
Lo que ha registrado la actual administración, encabezada por una priísta, son diversas medidas de austeridad y recorte de algunas plazas por considerar que se trataba de “aviadores” pero sus percepciones mensuales así como de los regidores son casi iguales a las de la pasada gestión.
El municipio de Toluca se encuentra –de acuerdo al reporte entregado por el Consejo Consultivo de Valoración Salarial -, en el “Grupo D”, tal y como ocurre con otros siete municipios.
En esos, de acuerdo a las disposiciones, los alcaldes no podían ganar, hasta el año pasado, más de 99 mil 260 pesos, en tanto que para este año podrán percibir hasta 106 mil 634,lo que significa que ni el pasado ni la actual alcaldesa se sujetan a los topes salariales.
PROMESAS INCUMPLIDAS
A su llegada regidores como el perredista Domitilo Posadas, consideraron que era buena la propuesta que él y sus compañeros redujeran su salario 10 por ciento.
Sin embargo, hasta el momento siguen ganando lo mismo que sus antecesores de la administración 2006-2009.
De acuerdo a la página de Internet del ayuntamiento de la capital del Estado, los regidores perciben 85 mil 989 pesos, en tanto que un síndico 97 mil 890 pesos.
El ayuntamiento de Toluca gasta mensualmente en pago de salarios de la alcaldesa, tres síndicos y 16 regidores, 2 millones 881 mil 147 pesos.
Tan sólo en el área de presidencia, el pago cada mes es de 472 mil 297 pesos
"AGITADORES" CAUSARON EL ENFRENTAMIENTO EN VALLE DE CHALCO: ENRIQUE PEÑA
El gobernador del estado descartó que se haya tenido discrecionalidad en la entrega de los apoyos, aunque admitió que hubo vacíos en los censos que impidió registrar la totalidad de las personas afectadas.
Vie, 26/02/2010 - 17:42
Tuvo un encuentro con empresarios en Ixtapan de la Sal. Foto: Enrique HernándezIxtapan de la Sal. El gobernador Enrique Peña Nieto dijo que los enfrentamientos entre elementos de la Agencia de Seguridad Estatal y más de 300 damnificados por las lluvias de los municipios de Chalco y Valle de Chalco fueron provocados por “agitadores sociales” que buscan sacar ventaja política de la desgracia.
Entrevistado al término de un encuentro con empresarios en Ixtapan de la Sal, el mandatario estatal afirmó que se ha intentado “politizar el tema por algunos grupos que responden a distintas organizaciones políticas.
“No podría señalar ni siquiera a qué afinidad partidaria respondan pero que están ahí insertos, que han venido agitando un poco, sobre todo entre aquellas personas que no siendo afectadas han querido también encontrar en ello oportunidad para recibir algún beneficio”.
Peña Nieto descartó que se haya tenido discrecionalidad en la entrega de los apoyos, aunque admitió que hubo vacíos en los censos que impidió registrar la totalidad de las personas afectadas.
“Se han suscitado casos de gente que obviamente a partir de la desgracia ocurrida dejaron sus viviendas y en el momento de los censos no estuvieron presentes, se han suscitado también a partir del esquema que se tiene con el gobierno federal de identificación y de apoyo a personas afectadas, que algunos casos en análisis que se hizo para estos no calificaron, sin embargo se ha establecido una mesa de atención a estas personas y creemos que esto se habrá de resolver”.
Abundó que la participación de la policía federal fue para prevenir afectaciones viales en la carretera México-Puebla “que pudiera entorpecer la actividad económica que se tiene en la zona”.
Reconoció que los apoyos que oscilan entre 20 y 25 mil pesos son insuficientes para atender la totalidad de las necesidades de los afectados, los cuales serán entregados en esta semana.
“Es un apoyo como se dijo en todo momento, como se dijo en algunos casos, que quizá no resuelva o apoye en todo, o no les permita recuperar, lamentablemente todo lo que se haya perdido (…) quedó instalada una mesa de atención a personas damnificadas y tengamos presente que este es el apoyo que los gobiernos han generado ante un evento completamente extraordinario inusual, no previsto y que obviamente obliga a que haya una muestra de solidaridad para con todas las familias”.
Reforma laboral, justicia al revés
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via: la jornada
Arturo Alcalde Justiniani
Al preguntarnos si es necesario reformar el modelo laboral actual para que sea más eficiente y justo, la respuesta sería afirmativa, porque es urgente cambiar una realidad que salta a la vista: el empleo cada vez es más escaso, crece la informalidad, la mayoría de trabajadores perciben salarios por debajo de sus necesidades básicas y se ven obligados a ampliar las jornadas de trabajo para subsistir; a los trabajadores de nuevo ingreso se les despoja de los derechos más elementales; los medios de representación y defensa colectiva se sujetan a controles y prácticas de corrupción y la justicia laboral es lenta y parcial.
Ante la interrogante de si la reforma laboral promovida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) soluciona, al menos parcialmente, estos problemas, la respuesta es no. El proyecto se orienta básicamente a fortalecer, por un lado, los vicios corporativos y reducir derechos colectivos por supuestas razones de seguridad jurídica y, por el otro, a limitar la estabilidad en el empleo, promoviendo el despido libre, el pago por horas y la contratación temporal. Se ofrece precariedad laboral para supuestamente atraer más inversión y productividad.
Uno de las propuestas centrales de la STPS, atendiendo sugerencias de abogados empresariales que buscan por esta vía favorecer sus intereses, se refiere al tema de los salarios caídos, aquellos que los trabajadores dejan de percibir durante el tiempo que dura un juicio por despido. Conforme a nuestra ley laboral vigente, en caso de que éste sea declarado injustificado, corresponde al patrón cubrir el pago. Es importante subrayar que cuando la separación del trabajador es justificada no recibe cantidad alguna por ese concepto.
Los juicios ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje son excesivamente lentos y tortuosos, y tienen una duración promedio de cuatro años, ocasionando graves daños tanto a trabajadores como a patrones, provocándoles temor y desconfianza cuando deben desahogar controversias en estos tribunales tripartitos. Imaginemos la afectación que implica para una persona que vive de su trabajo soportar dicha espera; también para los patrones, sobre todo personas físicas o pequeños empresarios, conlleva un riesgo el verse obligado a cubrir salarios de varios años.
Una verdadera reforma laboral debería lograr que los juicios concluyeran en un periodo corto, en los tiempos que la propia ley señala, de un máximo de tres meses; sin embargo, para lograrlo deben existir órganos de justicia eficientes, imparciales y que cuenten con los medios necesarios para resolver los juicios de manera pronta y expedita como lo señala nuestra Carta Magna. Esas instancias no pueden ser las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que por su composición tripartita, sometimiento al Poder Ejecutivo y falta de presupuesto están condenadas a la ineficacia. Este tripartismo es falso, porque prevalece la voluntad del tercero en discordia, que es el representante del gobierno. Los designados por el sector obrero y patronal están de adorno, su participación se limita a hacer más difícil el proceso, porque no asisten con regularidad, atrasan sus firmas, esconden los expedientes y obstaculizan los procedimientos conforme a sus particulares intereses. Sus salarios podrían ser utilizados para mejorar el servicio.
Lo deseable es que el proyecto de la STPS propusiera un sistema de justicia diferente, apoyado en jueces confiables, imparciales, como operan en cualquier sistema legal para dar certidumbre a patrones y trabajadores. Como dicha dependencia no quiso asumir el reto, optó por otra salida: limitar los salarios caídos hasta un máximo de seis meses más intereses por nueve meses de salarios. De esta manera, los salarios que excedan ese tiempo serán por cuenta de los trabajadores, quienes sufrirán las consecuencias de la lentitud de los juicios, aún cuando el culpable al final, sea el patrón. Una especie de justicia al revés, cuyas consecuencias son evidentes. Si el juicio dura cuatro años, el patrón sólo cubrirá la octava parte de ese periodo y el trabajador, que se friegue: quién le manda andar reclamando justicia.
La propuesta de cubrir salarios hasta seis meses es absurda, lo único que provocaría es que los patrones despidan a los trabajadores sin temor ni recato alguno, ya que en caso de ser demandados por ellos, les ofrecería, si mucho, un par de meses, so pena que les hagan esperar varios años para cobrar, sólo si el despido resulta injustificado y después de amparos y todas las dificultades que en la práctica operan, incluidos los mecanismos del propio cobro.
Los abogados patronales que sustentan la propuesta de limitar el pago a seis meses, sostienen que su origen deviene de la legislación española, donde a los trabajadores se les cubre únicamente tres meses de salario, de manera que los mexicanos saldrían ganando el doble. Sin embargo, una lectura cuidadosa de dicha legislación contradice tal argumento. Primero, porque los órganos de justicia son distintos a los nuestros, se trata de jueces que resuelven con imparcialidad y rapidez y; segundo, porque los salarios caídos que exceden de tres meses los paga el propio Estado porque la lentitud es imputable a éste. El artículo 57 de la ley laboral española denominada Estatuto de los Trabajadores, señala que cuando la sentencia que declare la improcedencia del despido se dicte transcurridos más de 60 días hábiles, el empresario podrá reclamar al Estado los salarios dejados de percibir por el trabajador “correspondiente al tiempo que exceda de dichos 60 días”.
Lo que la reforma debe garantizar, entre otros temas, es que los juicios laborales duren menos de seis meses, así se apoyará a trabajadores, patrones y al país entero, pero de ninguna manera cargarle el costo sólo a los trabajadores cuando no son responsables de su despido, ni de la ineficiencia del sistema de justicia.
via: la jornada
Arturo Alcalde Justiniani
Al preguntarnos si es necesario reformar el modelo laboral actual para que sea más eficiente y justo, la respuesta sería afirmativa, porque es urgente cambiar una realidad que salta a la vista: el empleo cada vez es más escaso, crece la informalidad, la mayoría de trabajadores perciben salarios por debajo de sus necesidades básicas y se ven obligados a ampliar las jornadas de trabajo para subsistir; a los trabajadores de nuevo ingreso se les despoja de los derechos más elementales; los medios de representación y defensa colectiva se sujetan a controles y prácticas de corrupción y la justicia laboral es lenta y parcial.
Ante la interrogante de si la reforma laboral promovida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) soluciona, al menos parcialmente, estos problemas, la respuesta es no. El proyecto se orienta básicamente a fortalecer, por un lado, los vicios corporativos y reducir derechos colectivos por supuestas razones de seguridad jurídica y, por el otro, a limitar la estabilidad en el empleo, promoviendo el despido libre, el pago por horas y la contratación temporal. Se ofrece precariedad laboral para supuestamente atraer más inversión y productividad.
Uno de las propuestas centrales de la STPS, atendiendo sugerencias de abogados empresariales que buscan por esta vía favorecer sus intereses, se refiere al tema de los salarios caídos, aquellos que los trabajadores dejan de percibir durante el tiempo que dura un juicio por despido. Conforme a nuestra ley laboral vigente, en caso de que éste sea declarado injustificado, corresponde al patrón cubrir el pago. Es importante subrayar que cuando la separación del trabajador es justificada no recibe cantidad alguna por ese concepto.
Los juicios ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje son excesivamente lentos y tortuosos, y tienen una duración promedio de cuatro años, ocasionando graves daños tanto a trabajadores como a patrones, provocándoles temor y desconfianza cuando deben desahogar controversias en estos tribunales tripartitos. Imaginemos la afectación que implica para una persona que vive de su trabajo soportar dicha espera; también para los patrones, sobre todo personas físicas o pequeños empresarios, conlleva un riesgo el verse obligado a cubrir salarios de varios años.
Una verdadera reforma laboral debería lograr que los juicios concluyeran en un periodo corto, en los tiempos que la propia ley señala, de un máximo de tres meses; sin embargo, para lograrlo deben existir órganos de justicia eficientes, imparciales y que cuenten con los medios necesarios para resolver los juicios de manera pronta y expedita como lo señala nuestra Carta Magna. Esas instancias no pueden ser las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que por su composición tripartita, sometimiento al Poder Ejecutivo y falta de presupuesto están condenadas a la ineficacia. Este tripartismo es falso, porque prevalece la voluntad del tercero en discordia, que es el representante del gobierno. Los designados por el sector obrero y patronal están de adorno, su participación se limita a hacer más difícil el proceso, porque no asisten con regularidad, atrasan sus firmas, esconden los expedientes y obstaculizan los procedimientos conforme a sus particulares intereses. Sus salarios podrían ser utilizados para mejorar el servicio.
Lo deseable es que el proyecto de la STPS propusiera un sistema de justicia diferente, apoyado en jueces confiables, imparciales, como operan en cualquier sistema legal para dar certidumbre a patrones y trabajadores. Como dicha dependencia no quiso asumir el reto, optó por otra salida: limitar los salarios caídos hasta un máximo de seis meses más intereses por nueve meses de salarios. De esta manera, los salarios que excedan ese tiempo serán por cuenta de los trabajadores, quienes sufrirán las consecuencias de la lentitud de los juicios, aún cuando el culpable al final, sea el patrón. Una especie de justicia al revés, cuyas consecuencias son evidentes. Si el juicio dura cuatro años, el patrón sólo cubrirá la octava parte de ese periodo y el trabajador, que se friegue: quién le manda andar reclamando justicia.
La propuesta de cubrir salarios hasta seis meses es absurda, lo único que provocaría es que los patrones despidan a los trabajadores sin temor ni recato alguno, ya que en caso de ser demandados por ellos, les ofrecería, si mucho, un par de meses, so pena que les hagan esperar varios años para cobrar, sólo si el despido resulta injustificado y después de amparos y todas las dificultades que en la práctica operan, incluidos los mecanismos del propio cobro.
Los abogados patronales que sustentan la propuesta de limitar el pago a seis meses, sostienen que su origen deviene de la legislación española, donde a los trabajadores se les cubre únicamente tres meses de salario, de manera que los mexicanos saldrían ganando el doble. Sin embargo, una lectura cuidadosa de dicha legislación contradice tal argumento. Primero, porque los órganos de justicia son distintos a los nuestros, se trata de jueces que resuelven con imparcialidad y rapidez y; segundo, porque los salarios caídos que exceden de tres meses los paga el propio Estado porque la lentitud es imputable a éste. El artículo 57 de la ley laboral española denominada Estatuto de los Trabajadores, señala que cuando la sentencia que declare la improcedencia del despido se dicte transcurridos más de 60 días hábiles, el empresario podrá reclamar al Estado los salarios dejados de percibir por el trabajador “correspondiente al tiempo que exceda de dichos 60 días”.
Lo que la reforma debe garantizar, entre otros temas, es que los juicios laborales duren menos de seis meses, así se apoyará a trabajadores, patrones y al país entero, pero de ninguna manera cargarle el costo sólo a los trabajadores cuando no son responsables de su despido, ni de la ineficiencia del sistema de justicia.
Efectúan mítines en respaldo al SME y mineros
De los corresponsales
Periódico La Jornada
Sábado 27 de febrero de 2010, p. 30
Miles de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de organizaciones y sindicatos afines marcharon ayer en Morelia desde la casa de gobierno de Michoacán a la plaza Melchor Ocampo, para respaldar al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y pronunciarse contra las reformas laborales y educativas “que ya cocina” el gobierno.
Jorge Cázares Torres, líder de la sección 18 de la CNTE, dijo que los paros convocados por la corriente democrática del magisterio en apoyo a la próxima huelga nacional del SME serán escalonados, y exigió que se restituya la legalidad constitucional violentada por el gobierno en materia social y educativa, mientras los participantes entonaban consignas a favor de los trabajadores electricistas y mineros, junto a grupos ecologistas opuestos a introducir una vialidad en la reserva Loma de Santa María.
Apoyo de cenecistas
A su vez, el diputado federal priísta Cruz López Aguilar, líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC), anunció en Chilpancingo, Guerrero, que su organización apoyará la huelga nacional convocada por el SME en apoyo a los mineros de Cananea, Sonora.
El dirigente encabezó una reunión de bases cenecistas, y manifestó que si bien los campesinos no pueden ir a la huelga, por no estar sindicalizados, de todos modos “los mineros tienen todo nuestro respaldo, e incluso hemos participado en sus manifestaciones”.
En el acto Jorge Zapata González, nieto del general Emiliano Zapata y representante de la CNC en Anenecuilco, Morelos, reconoció que los campesinos viven ahora la misma situación que dio lugar al alzamiento encabezado por su abuelo, por lo que “hace falta una nueva revolución, pero sin armas”; esta sería una última instancia, porque “hay gente campesina preparada en espera de que los ideales del Plan de Ayala se cumplan algún día...”
Entretanto, en la capital de Oaxaca cientos de estudiantes adheridos a la Coordinadora de Escuelas Normales del Estado (CENEO) retuvieron unidades de transporte urbano y bloquearon la calzada San Felipe y otras vialidades, como medida de presión para que sean cancelados la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) y el Plan Estatal de Fortalecimiento a la Educación Normal (Pefen).
Ernesto Martínez Elorriaga, Octavio Vélez Ascencio y Sergio Ocampo Arista
Periódico La Jornada
Sábado 27 de febrero de 2010, p. 30
Miles de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de organizaciones y sindicatos afines marcharon ayer en Morelia desde la casa de gobierno de Michoacán a la plaza Melchor Ocampo, para respaldar al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y pronunciarse contra las reformas laborales y educativas “que ya cocina” el gobierno.
Jorge Cázares Torres, líder de la sección 18 de la CNTE, dijo que los paros convocados por la corriente democrática del magisterio en apoyo a la próxima huelga nacional del SME serán escalonados, y exigió que se restituya la legalidad constitucional violentada por el gobierno en materia social y educativa, mientras los participantes entonaban consignas a favor de los trabajadores electricistas y mineros, junto a grupos ecologistas opuestos a introducir una vialidad en la reserva Loma de Santa María.
Apoyo de cenecistas
A su vez, el diputado federal priísta Cruz López Aguilar, líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC), anunció en Chilpancingo, Guerrero, que su organización apoyará la huelga nacional convocada por el SME en apoyo a los mineros de Cananea, Sonora.
El dirigente encabezó una reunión de bases cenecistas, y manifestó que si bien los campesinos no pueden ir a la huelga, por no estar sindicalizados, de todos modos “los mineros tienen todo nuestro respaldo, e incluso hemos participado en sus manifestaciones”.
En el acto Jorge Zapata González, nieto del general Emiliano Zapata y representante de la CNC en Anenecuilco, Morelos, reconoció que los campesinos viven ahora la misma situación que dio lugar al alzamiento encabezado por su abuelo, por lo que “hace falta una nueva revolución, pero sin armas”; esta sería una última instancia, porque “hay gente campesina preparada en espera de que los ideales del Plan de Ayala se cumplan algún día...”
Entretanto, en la capital de Oaxaca cientos de estudiantes adheridos a la Coordinadora de Escuelas Normales del Estado (CENEO) retuvieron unidades de transporte urbano y bloquearon la calzada San Felipe y otras vialidades, como medida de presión para que sean cancelados la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) y el Plan Estatal de Fortalecimiento a la Educación Normal (Pefen).
Ernesto Martínez Elorriaga, Octavio Vélez Ascencio y Sergio Ocampo Arista
En 500 mantas piden renuncia de Calderón
PROMUEVEN CONSULTA CIUDADANA Integrantes de las Redes Universitarias colocaron mantas en varios campus de la UNAM para promover una consulta ciudadana –a realizarse en mayo– que abordará la demanda de renuncia del presidente Felipe CalderónFoto Carlos Cisneros
A. Bolaños y E. Olivares
Periódico La Jornada
Sábado 27 de febrero de 2010, p. 9
Con 500 lonas colocadas en diferentes puntos de la ciudad de México con la consigna: “Para vivir mejor, renuncia Calderón”, junto al ideograma que acompaña la frase distintiva del actual gobierno, el PRD local y diputados federales iniciaron una campaña para promover la consulta del 22, 23 y 24 de mayo próximo sobre la revocación de mandato de Felipe Calderón.
El dirigente del PRD-DF, Manuel Oropeza, y los legisladores federales Agustín Guerrero, Leticia Quezada, Balfre Vargas y Rosendo Marín, colgaron la primera lona sobre el puente peatonal que cruza avenida Cuauhtémoc, junto al Centro Médico Nacional.
El PRD se sumó a una iniciativa ciudadana que surgió del congreso social realizado a principios de mes en Querétaro.
Asimismo, estudiantes se adhirieron a estas acciones y colocaron mantas con esa leyenda en campus de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Alumnos de instituciones públicas de educación superior, agrupados en las Redes Universitarias, pusieron cinco lonas en la máxima casa de estudios: tres en CU, una en el CCH Sur y otra en la FES Iztacala, para exhortar a sus compañeros a sumarse a la exigencia por la dimisión del titular del Ejecutivo federal.
El actual gobierno “ha cancelado el futuro de miles de jóvenes, pues no se han creado condiciones para darles estudio o trabajo”. En el país existen 7 millones de ninis, señalaron.
viernes, 26 de febrero de 2010
¿que nuestros gobiernos no son represores?
Colonos de Valle de Chalco exigían ayuda; 9 heridos y 2 detenidos
Damnificados y policías se enfrentan en Edomex
Impiden intento de bloqueo en la México-Puebla
Ningún funcionario acudió a escuchar peticiones de los vecinos
La ASE mantiene guardia
Policías estatales lanzan piedras a vecinos de Chalco y Valle de Chalco que ayer intentaron bloquear la autopista México-Puebla. En el enfrentamiento hubo nueve personas lesionadasFoto René Ramón A.
René Ramón
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 26 de febrero de 2010, p. 31
Valle de Chalco, Méx., 25 de febrero. Ocho colonos y un policía heridos, así como dos personas detenidas, fue el saldo de un enfrentamiento que se produjo cuando policías estatales y federales impidieron a un grupo de vecinos bloquear la autopista México-Puebla a fin de exigir más ayuda para recuperar lo perdido a causa de las inundaciones ocurridas el 5 de febrero por la rotura del bordo del canal La Compañía.
Doscientos elementos de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) y 100 de la Policía Federal (PF) se apostaron en los carriles de baja velocidad en cuanto se supo que vecinos de las colonias El Triunfo, Providencia, Avándaro y San Isidro, municipio de Valle de Chalco, y de Unión de Guadalupe, Chalco, planeaban cerrar la vía.
Más tarde, unas 250 personas marcharon desde el cruce de las avenidas Solidaridad y Adolfo López Mateos, colonia El Triunfo, hacia la autopista México-Puebla. Se quejaben de que fueron excluidas del padrón de beneficiarios y de que los 20 mil pesos que les entregaron los gobiernos estatal y federal son insuficientes para resarcir los daños que sufrieron.
“La televisión engaña. ¡Pago justo!”; “Enrique Peña Nieto, no nos quieras callar la boca con una tarjeta electrónica y una despensa, porque ni con eso nos pagan lo que perdimos”, decían algunas pancartas.
Los vecinos se cansaron de esperar a que llegara algún funcionario. “Les vamos a dar una hora para dialogar”, dijeron, pero nadie se presentó.
Quien prendió la mecha fue Jesús Fernández Arragán, dirigente del Frente Nacional Ciudadano Emiliano Zapata. El también ex regidor del Partido del Trabajo y damnificado, incitó a utilizar dos camionetas para romper la valla de policías que resguardaba los carriles centrales de la autopista.
En el kilómetro 28.5 de la vía, con dirección a Puebla, los policías se abalanzaron por igual contra hombres, mujeres y niños, para lo cual utilizaron toletes, escudos y proyectiles de gases lacrimógenos. La gente respondió con piedras, palos y otros objetos.
Los granaderos arremetieron contra Fernández Arragán y María Antonieta López Aguilar, quien conducía una de las dos camionetas con que embistieron a los policías.
Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que inició una averiguación previa por ataques a las vías de comunicación, daño en propiedad ajena y resistencia de particulares.
También quedaron a disposición de las autoridades las camionetas con matrículas 211 HVK y LSN 8159. Esta última se incendió cuando un proyectil de gas lacrimógeno estalló en su interior. Las patrullas 9810 y 9710 quedaron con los cristales rotos.
En 40 minutos ocurrieron tres choques, el último cuando granaderos de la PF intentaron allanar viviendas y negocios de la avenida Solidaridad en los cuales se refugiaron muchos vecinos. Ahí los federales golpearon a Esmeralda Montes Rodríguez, de 27 años de edad y con dos meses de embarazo.
El policía estatal Jesús Arellano Albarrán sufrió una herida en una pierna y fue internado en una clínica del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.
María Fernández, de la colonia El Triunfo, denunció que la policía golpeó a su su abuelo y a su padre, Jesús Fernández.
Cuando la gente se había dispersado arribaron otros 300 elementos de la PF. A las 15 horas se retiraron los policías y se quedaron de guardia 100 elementos de la Agencia de Seguridad Estatal.
Descarta Luege Tamargo reubicación forzosa
En la ciudad de México, el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege Tamargo, informó que no insistirá en reubicar a las familias cuyas viviendas se encuentran en los bordes del canal de aguas negras La Compañía mientras no se garantice el otorgamiento de viviendas en un zona segura.
Sin embargo, dijo que es necesario liberar esta área, pues hay casas construidas prácticamente sobre los bordos, zona extremadamente peligrosa, pero insistió en que será con negociación y diálogo con los habitantes como se solucionará este problema.
Entrevistado luego de anunciar el programa de modernización del Servicio Meteorológico Nacional, Luege señaló que ya se trabaja en el análisis del canal.
Con información de José Antonio Román
Radio Expresion: Preocupa a la REDDH que encarcelen a más electricistas
Noticias SME / Posteado por SME 26Feb10
0 Comments PILAR RAMÍREZ
La Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH) a través de un comunicado, hizo patente su preocupación ante el posible cumplimiento de nuevas órdenes de aprehensión en contra de los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), “ya que este tipo de actos muestran un carácter intolerante y de falta de voluntad política por parte del Estado mexicano encabezado por Felipe Calderón de dar solución a las demandas de los sindicalizados”.
Así “como garantizar los derechos fundamentales de las familias que han quedado sin sustento ante este despido masivo, por medio de un decreto que violenta flagrantemente la Constitución Mexicana”.
Los electricistas de esta División Necaxa agradecieron estas manifestaciones de apoyo, así como a las organizaciones que protestaron ante la detención del dirigente Domingo Aguilar Vázquez, ya que fueron “muy oportunas” las presiones del Frente de Organizaciones, Sociales, Sindicales, Populares y Estudiantiles de Puebla (FOSSEP), señalaron.
Por esta situación integrantes del SME están atentos ante cualquier acción que los pudiera afectar, sin embargo, continuarán con las movilizaciones del SME en la región, cada vez se irán incrementando, siempre y cuando “siguiendo los lineamientos del comité central, para ello no tomarán decisiones al vapor, todas las acciones tendrán un sustento”, porque no harán nada que afecte el movimiento ni la integridad física de los militantes, dijeron dirigentes sus dirigentes de esta División.
En los próximos días, adelantaron que regresarán a las calles de la región para hacer públicas sus protestas, especialmente en los municipios de Huauchinango, Ahuazotepec y Juan Galindo.
Asimismo, fuentes internas del gremio electricista revelaron que de ahora en adelante los pasos serán cautelosos pero firmes, siempre enfocados a llegar a la victoria en esta resistencia, para ello, exhortaron a los electricistas a mantener la calma y respetar las decisiones que se planteen en las asambleas, por eso es importante que acudan a ellas.
Por otra parte, mencionaron que aunque “algunos compañeros tengan la intensión de quitar mantas de partidos políticos en el municipio y carretera federal no lo harán, porque es primordial mantener “la cabeza fría y no afectar esta lucha que va por buen camino”.
De igual forma, informaron que, algunos piensan que el ayuntamiento de este lugar no ha apoyado a los electricistas, es falso, porque sí hay apoyos, con despensas, transporte y hasta económicos, sólo que esto “algunos compañeros no lo sabían”, por eso no actuarán de manera que se afecte la imagen del alcalde de este lugar.
Via: Radio Expresion
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La Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH) a través de un comunicado, hizo patente su preocupación ante el posible cumplimiento de nuevas órdenes de aprehensión en contra de los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), “ya que este tipo de actos muestran un carácter intolerante y de falta de voluntad política por parte del Estado mexicano encabezado por Felipe Calderón de dar solución a las demandas de los sindicalizados”.
Así “como garantizar los derechos fundamentales de las familias que han quedado sin sustento ante este despido masivo, por medio de un decreto que violenta flagrantemente la Constitución Mexicana”.
Los electricistas de esta División Necaxa agradecieron estas manifestaciones de apoyo, así como a las organizaciones que protestaron ante la detención del dirigente Domingo Aguilar Vázquez, ya que fueron “muy oportunas” las presiones del Frente de Organizaciones, Sociales, Sindicales, Populares y Estudiantiles de Puebla (FOSSEP), señalaron.
Por esta situación integrantes del SME están atentos ante cualquier acción que los pudiera afectar, sin embargo, continuarán con las movilizaciones del SME en la región, cada vez se irán incrementando, siempre y cuando “siguiendo los lineamientos del comité central, para ello no tomarán decisiones al vapor, todas las acciones tendrán un sustento”, porque no harán nada que afecte el movimiento ni la integridad física de los militantes, dijeron dirigentes sus dirigentes de esta División.
En los próximos días, adelantaron que regresarán a las calles de la región para hacer públicas sus protestas, especialmente en los municipios de Huauchinango, Ahuazotepec y Juan Galindo.
Asimismo, fuentes internas del gremio electricista revelaron que de ahora en adelante los pasos serán cautelosos pero firmes, siempre enfocados a llegar a la victoria en esta resistencia, para ello, exhortaron a los electricistas a mantener la calma y respetar las decisiones que se planteen en las asambleas, por eso es importante que acudan a ellas.
Por otra parte, mencionaron que aunque “algunos compañeros tengan la intensión de quitar mantas de partidos políticos en el municipio y carretera federal no lo harán, porque es primordial mantener “la cabeza fría y no afectar esta lucha que va por buen camino”.
De igual forma, informaron que, algunos piensan que el ayuntamiento de este lugar no ha apoyado a los electricistas, es falso, porque sí hay apoyos, con despensas, transporte y hasta económicos, sólo que esto “algunos compañeros no lo sabían”, por eso no actuarán de manera que se afecte la imagen del alcalde de este lugar.
Via: Radio Expresion
El Economista: Autoridades avalan adelgazamiento del contrato textilero
Noticias SME / Posteado por SME 26Feb10
0 Comments La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) avaló el adelgazamiento del Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de la Seda y toda Clase de Fibras Artificiales y Sintéticas.
A partir del 9 de febrero de este año, los trabajadores que fueron contratados en este sector recibirán un salario de 131 pesos que ya incluye 5% de aumento acordado entre empresas y sindicato, pero también va acompañado de una serie de recortes en sus prestaciones.
María del Pilar Martínez
Este contrato “ampara” a las personas que realizan trabajos o maquilas de preparación de hilados, preparación de tejidos, tejidos estampados y tintorería.
De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), los trabajadores que ingresen a laborar en empresas en las que es aplicable el Contrato Ley del ramo de la seda y toda clase de fibras artificiales y sintéticas “no tendrán derecho a disfrutar el descanso con goce de salario”.
El documento explica que habrá excepciones en los días descansables que establece la Ley Federal del Trabajo, así como el 10 de mayo, 15 de septiembre, 12 y 24 de diciembre.
Además, aclara el nuevo contrato: los trabajadores “tampoco gozarán de los días de aguinaldo y vacaciones que se estipula en el mencionado contrato; no recibirán el bono de ayuda para compra de despensa, ni el fondo de ahorro que se menciona en el contrato”.
La Secretaría del Trabajo informó que a partir de este año “tendrán derecho a recibir las prestaciones económicas contenidas en la Ley Federal del Trabajo; y el contrato seguirá vigente y se aplicará para todos los sindicalizados que se encuentren laborando en las fábricas, ya sean de planta o eventuales, así como los que hayan sido contratados con anterioridad al día 9 de febrero del 2010”.
Via El Economista
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A partir del 9 de febrero de este año, los trabajadores que fueron contratados en este sector recibirán un salario de 131 pesos que ya incluye 5% de aumento acordado entre empresas y sindicato, pero también va acompañado de una serie de recortes en sus prestaciones.
María del Pilar Martínez
Este contrato “ampara” a las personas que realizan trabajos o maquilas de preparación de hilados, preparación de tejidos, tejidos estampados y tintorería.
De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), los trabajadores que ingresen a laborar en empresas en las que es aplicable el Contrato Ley del ramo de la seda y toda clase de fibras artificiales y sintéticas “no tendrán derecho a disfrutar el descanso con goce de salario”.
El documento explica que habrá excepciones en los días descansables que establece la Ley Federal del Trabajo, así como el 10 de mayo, 15 de septiembre, 12 y 24 de diciembre.
Además, aclara el nuevo contrato: los trabajadores “tampoco gozarán de los días de aguinaldo y vacaciones que se estipula en el mencionado contrato; no recibirán el bono de ayuda para compra de despensa, ni el fondo de ahorro que se menciona en el contrato”.
La Secretaría del Trabajo informó que a partir de este año “tendrán derecho a recibir las prestaciones económicas contenidas en la Ley Federal del Trabajo; y el contrato seguirá vigente y se aplicará para todos los sindicalizados que se encuentren laborando en las fábricas, ya sean de planta o eventuales, así como los que hayan sido contratados con anterioridad al día 9 de febrero del 2010”.
Via El Economista
Inegi: en enero, 503 mil mexicanos entraron al desempleo; suman 2 millones 761 mil 360
La desocupación afecta a 5.87% de la PEA; aumentó 79% desde diciembre de 2006
Oferta en la feria del empleo realizada el año pasado en la delegación Venustiano CarranzaFoto Francisco Olvera
Juan Antonio Zúñiga y Patricia Muñoz
Periódico La Jornada
Viernes 26 de febrero de 2010, p. 27
La desocupación afectó a 5.87 por ciento de la población económicamente activa del país el pasado enero, una proporción mayor a la de 5 por ciento observada en el mismo mes de 2009, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Con esto, unas 503 mil personas más se incorporaron a las filas del desempleo en el primer mes de 2010, y con ello el ejército de reserva laboral se elevó a 2 millones 761 mil 360 individuos. De esta manera, la desocupación en México se incrementó 79 por ciento, comparada con la dimensión que tuvo en diciembre de 2006, al comienzo de esta administración gubernamental. La falta de oportunidades ocupacionales elevó el desempleo en todo el país en un millón 212 mil personas en el trienio considerado.
La tasa de desocupación de enero estuvo muy por encima de las estimaciones hechas por los analistas del sector privado, los cuales esperaban que se situara entre 5.27 y 5.35 por ciento como proporción de la población económicamente activa (PEA).
El organismo indicó que en enero de este año el desempleo afectó a 7.13 por ciento de la población mayor de 13 años de edad que busca alguna ocupación sin conseguirla en las 32 principales ciudades de México, una proporción 17 por ciento mayor a la registrada un año antes.
El repunte del desempleo provocó reacciones encontradas entre analistas del sector público y especialistas del sector privado.
Una vez que el organismo responsable de la estadística oficial informó sobre el incremento del desempleo en territorio nacional, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitió un comunicado de prensa en el que apuntó: “El cambio de tendencia de la tasa de desocupación en enero es un efecto que se da todos los años, después de la reducción que se observa en noviembre y diciembre, debido a la alta generación de empleos eventuales de fin de año”.
La dependencia agregó que “posteriormente, en enero, disminuye esta demanda, a la vez que las personas que perdieron su empleo eventual empiezan a buscar trabajo, lo que genera que se eleve la tasa de desocupación a porcentajes similares a la de los meses previos, antes de noviembre”.
Pero esa explicación difirió de la expuesta por Ricardo Aguilar Abe, del departamento de análisis de Invex Casa de Bolsa, quien consideró que la desocupación no disminuirá sustancialmente en 2010, a pesar de que crezca la economía. “El sector manufacturero nacional comienza a recuperarse a tasas importantes, pero no ocurre lo mismo con el comercio y los servicios, que emplean a más de 60 por ciento de la población ocupada del país”, precisó el analista.
Luego, advirtió: “Mientras los principales sectores de la economía no registren mayores tasas de crecimiento, difícilmente las empresas ampliarán su planta laboral. Menos si buscan mantener una estructura de costos bajos. No esperamos que el número de desempleados se reduzca sustancialmente en 2010”.
En sentido similar Arturo Vieyra y Sonia Machain, especialistas del grupo financiero Banamex-Citigroup, señalaron que el aumento de la tasa nacional de desocupación de enero “refleja la debilidad de las actuales condiciones laborales”. Destacaron que sus previsiones “apuntan a que esta tendencia continuará por el resto del año; es decir, un descenso moderado del desempleo (5 por ciento en promedio anual) y un aumento también modesto en el empleo formal (3.1 por ciento en promedio anual)”
Oferta en la feria del empleo realizada el año pasado en la delegación Venustiano CarranzaFoto Francisco Olvera
Juan Antonio Zúñiga y Patricia Muñoz
Periódico La Jornada
Viernes 26 de febrero de 2010, p. 27
La desocupación afectó a 5.87 por ciento de la población económicamente activa del país el pasado enero, una proporción mayor a la de 5 por ciento observada en el mismo mes de 2009, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Con esto, unas 503 mil personas más se incorporaron a las filas del desempleo en el primer mes de 2010, y con ello el ejército de reserva laboral se elevó a 2 millones 761 mil 360 individuos. De esta manera, la desocupación en México se incrementó 79 por ciento, comparada con la dimensión que tuvo en diciembre de 2006, al comienzo de esta administración gubernamental. La falta de oportunidades ocupacionales elevó el desempleo en todo el país en un millón 212 mil personas en el trienio considerado.
La tasa de desocupación de enero estuvo muy por encima de las estimaciones hechas por los analistas del sector privado, los cuales esperaban que se situara entre 5.27 y 5.35 por ciento como proporción de la población económicamente activa (PEA).
El organismo indicó que en enero de este año el desempleo afectó a 7.13 por ciento de la población mayor de 13 años de edad que busca alguna ocupación sin conseguirla en las 32 principales ciudades de México, una proporción 17 por ciento mayor a la registrada un año antes.
El repunte del desempleo provocó reacciones encontradas entre analistas del sector público y especialistas del sector privado.
Una vez que el organismo responsable de la estadística oficial informó sobre el incremento del desempleo en territorio nacional, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitió un comunicado de prensa en el que apuntó: “El cambio de tendencia de la tasa de desocupación en enero es un efecto que se da todos los años, después de la reducción que se observa en noviembre y diciembre, debido a la alta generación de empleos eventuales de fin de año”.
La dependencia agregó que “posteriormente, en enero, disminuye esta demanda, a la vez que las personas que perdieron su empleo eventual empiezan a buscar trabajo, lo que genera que se eleve la tasa de desocupación a porcentajes similares a la de los meses previos, antes de noviembre”.
Pero esa explicación difirió de la expuesta por Ricardo Aguilar Abe, del departamento de análisis de Invex Casa de Bolsa, quien consideró que la desocupación no disminuirá sustancialmente en 2010, a pesar de que crezca la economía. “El sector manufacturero nacional comienza a recuperarse a tasas importantes, pero no ocurre lo mismo con el comercio y los servicios, que emplean a más de 60 por ciento de la población ocupada del país”, precisó el analista.
Luego, advirtió: “Mientras los principales sectores de la economía no registren mayores tasas de crecimiento, difícilmente las empresas ampliarán su planta laboral. Menos si buscan mantener una estructura de costos bajos. No esperamos que el número de desempleados se reduzca sustancialmente en 2010”.
En sentido similar Arturo Vieyra y Sonia Machain, especialistas del grupo financiero Banamex-Citigroup, señalaron que el aumento de la tasa nacional de desocupación de enero “refleja la debilidad de las actuales condiciones laborales”. Destacaron que sus previsiones “apuntan a que esta tendencia continuará por el resto del año; es decir, un descenso moderado del desempleo (5 por ciento en promedio anual) y un aumento también modesto en el empleo formal (3.1 por ciento en promedio anual)”
En 2000-2009, crecimiento exponencial en el pago de sueldos a funcionarios: expertos
Prevalecen opacidad, discrecionalidad, corrupción e impunidad en el uso del erario
El deterioro social y económico del país obedece a la falta de rendición de cuentas, señalan en foro
Elizabeth Velasco C.
Periódico La Jornada
Viernes 26 de febrero de 2010, p. 15
De 2000 a 2009 se ha registrado un “crecimiento exponencial” en el pago de sueldos a funcionarios federales y estatales, además de que prevalece un “alto índice de discrecionalidad, opacidad, corrupción e impunidad” en el ejercicio de los recursos del erario, incluyendo el manejo de la deuda pública y de fondos y fideicomisos.
Coincidieron en lo anterior directivos del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Ernesto Pardinas; del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), Luis Foncerrada; de la Facultad de Economía de la UNAM, Leonardo Lomelí, y de Fundar, centro de análisis e investigación, José María Marín.
Al participar en el foro Propuestas para una efectiva transparencia presupuestaria, organizado por los institutos de Acceso a la Información Pública (IFAI) y de Transparencia del DF (Info-DF), advirtieron que el deterioro social y económico del país obedece en buena parte a la falta de rendición de cuentas en el ejercicio de los presupuestos federal y los asignados a estados y municipios.
Incluso, la presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard, dijo que pese a la promulgación de la Ley de Transparencia –en 2003–, el país registró en años recientes una caída significativa en los indicadores internacionales de corrupción (17 lugares), competitividad (8), transparencia presupuestal (2) y rendición de cuentas.
El director del área de finanzas públicas y buen gobierno del Imco advirtió que los problemas políticos en las entidades “son la punta del iceberg de una crisis fiscal en el país”.
Dicha crisis –dijo– se generó en parte por el “incremento exponencial en los gastos de la nómina” en todos los niveles de gobierno, aunque lo más grave ocurre en estados y municipios.
Pardinas detalló en entrevista: “En el gobierno federal se registra una proliferación de direcciones adjuntas. ¿Para qué, si hay una oficina expresa con el cargo de dirección? Por ejemplo –precisó–, en la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, a cargo del yerno de Elba Esther Gordillo, se da una explosión de direcciones adjuntas”. De ello no informa el gobierno federal de manera consistente.
En su ponencia, Pardinas enfatizó que en Tabasco, Veracruz, Jalisco y Michoacán se vive “una crisis fiscal en potencia por el enorme crecimiento de los salarios a la burocracia”, pero hay una caída en el gasto dirigido a obras públicas. Señaló que “en Tabasco subió 36 por ciento el gasto en salarios a la burocracia y cayó 40 por ciento la inversión en infraestructura”.
Otros casos son Guerrero, que cerró oficinas administrativas por falta de recursos, y los conflictos políticos de Oaxaca, a partir de 2006, cuando el magisterio exigió homologación de salarios. En cambio, de último momento el Congreso de la Unión aprobó al estado de México mil 500 millones de pesos para carreteras (el triple de lo que pidió), cuando hay otras prioridades, como la reparación del canal de la Compañía, que en días recientes se desbordó en Chalco, lo que ya había ocurrido desde la presidencia de Ernesto Zedillo.
“Si no ponemos un alto a la forma en que se distribuye el gasto público en los estados se anticiparán muchas crisis en el país”, advirtió.
Tras cuestionar la poca claridad en el rubro de gastos personales en la Secretaría de Educación Pública (SEP) y otras dependencias, refirió que Jalisco desglosa mejor los datos de la deuda pública que el gobierno federal. “No hay siquiera un mapa de la deuda pública del país”. De no aclarar esos rubros, “continuará el gasto sin saber cómo y para qué”, pero tal situación ocurre porque “se responde a intereses políticos”.
Foncerrada, director general del CEESP; Lomelí, de la UNAM, y Marín, de Fundar, coincidieron en que la aplicación del presupuesto está desvinculado a las prioridades del país, y persisten la “opacidad, la impunidad, la discrecionalidad y la falta de mecanismos de control efectivo”.
Foncerrada exigió que “se diseñe un modelo de presupuesto donde haya castigo y responsabilidad a quien ejerza el gasto”, y desaparezca la Función Pública (SFP) porque “no hace su trabajo. Sería mejor adquirir el software que usa el gobierno de Estados Unidos para dar a conocer cada centavo que del presupuesto se asigna a programas, proyectos y grupos de ese país”, sugirió.
El deterioro social y económico del país obedece a la falta de rendición de cuentas, señalan en foro
Elizabeth Velasco C.
Periódico La Jornada
Viernes 26 de febrero de 2010, p. 15
De 2000 a 2009 se ha registrado un “crecimiento exponencial” en el pago de sueldos a funcionarios federales y estatales, además de que prevalece un “alto índice de discrecionalidad, opacidad, corrupción e impunidad” en el ejercicio de los recursos del erario, incluyendo el manejo de la deuda pública y de fondos y fideicomisos.
Coincidieron en lo anterior directivos del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Ernesto Pardinas; del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), Luis Foncerrada; de la Facultad de Economía de la UNAM, Leonardo Lomelí, y de Fundar, centro de análisis e investigación, José María Marín.
Al participar en el foro Propuestas para una efectiva transparencia presupuestaria, organizado por los institutos de Acceso a la Información Pública (IFAI) y de Transparencia del DF (Info-DF), advirtieron que el deterioro social y económico del país obedece en buena parte a la falta de rendición de cuentas en el ejercicio de los presupuestos federal y los asignados a estados y municipios.
Incluso, la presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard, dijo que pese a la promulgación de la Ley de Transparencia –en 2003–, el país registró en años recientes una caída significativa en los indicadores internacionales de corrupción (17 lugares), competitividad (8), transparencia presupuestal (2) y rendición de cuentas.
El director del área de finanzas públicas y buen gobierno del Imco advirtió que los problemas políticos en las entidades “son la punta del iceberg de una crisis fiscal en el país”.
Dicha crisis –dijo– se generó en parte por el “incremento exponencial en los gastos de la nómina” en todos los niveles de gobierno, aunque lo más grave ocurre en estados y municipios.
Pardinas detalló en entrevista: “En el gobierno federal se registra una proliferación de direcciones adjuntas. ¿Para qué, si hay una oficina expresa con el cargo de dirección? Por ejemplo –precisó–, en la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, a cargo del yerno de Elba Esther Gordillo, se da una explosión de direcciones adjuntas”. De ello no informa el gobierno federal de manera consistente.
En su ponencia, Pardinas enfatizó que en Tabasco, Veracruz, Jalisco y Michoacán se vive “una crisis fiscal en potencia por el enorme crecimiento de los salarios a la burocracia”, pero hay una caída en el gasto dirigido a obras públicas. Señaló que “en Tabasco subió 36 por ciento el gasto en salarios a la burocracia y cayó 40 por ciento la inversión en infraestructura”.
Otros casos son Guerrero, que cerró oficinas administrativas por falta de recursos, y los conflictos políticos de Oaxaca, a partir de 2006, cuando el magisterio exigió homologación de salarios. En cambio, de último momento el Congreso de la Unión aprobó al estado de México mil 500 millones de pesos para carreteras (el triple de lo que pidió), cuando hay otras prioridades, como la reparación del canal de la Compañía, que en días recientes se desbordó en Chalco, lo que ya había ocurrido desde la presidencia de Ernesto Zedillo.
“Si no ponemos un alto a la forma en que se distribuye el gasto público en los estados se anticiparán muchas crisis en el país”, advirtió.
Tras cuestionar la poca claridad en el rubro de gastos personales en la Secretaría de Educación Pública (SEP) y otras dependencias, refirió que Jalisco desglosa mejor los datos de la deuda pública que el gobierno federal. “No hay siquiera un mapa de la deuda pública del país”. De no aclarar esos rubros, “continuará el gasto sin saber cómo y para qué”, pero tal situación ocurre porque “se responde a intereses políticos”.
Foncerrada, director general del CEESP; Lomelí, de la UNAM, y Marín, de Fundar, coincidieron en que la aplicación del presupuesto está desvinculado a las prioridades del país, y persisten la “opacidad, la impunidad, la discrecionalidad y la falta de mecanismos de control efectivo”.
Foncerrada exigió que “se diseñe un modelo de presupuesto donde haya castigo y responsabilidad a quien ejerza el gasto”, y desaparezca la Función Pública (SFP) porque “no hace su trabajo. Sería mejor adquirir el software que usa el gobierno de Estados Unidos para dar a conocer cada centavo que del presupuesto se asigna a programas, proyectos y grupos de ese país”, sugirió.
Aclarar datos sobre LFC, ordena el IFAI a Presidencia
Le pide informar bases de la extinción
Elizabeth Velasco C.
Periódico La Jornada
Viernes 26 de febrero de 2010, p. 18
El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó a la Presidencia de la República rendir cuentas y/o entregar los documentos en los cuales Felipe Calderón se basó para sostener que la “corrupción e ineficiencia” motivaron la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), en octubre pasado.
De acuerdo con la resolución 5843/09 del IFAI, a cargo de la comisionada ponente María Elena Pérez-Jaén, la Presidencia declaró la “inexistencia” de esa información en sus archivos y remitió al solicitante de los documentos a las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Energía (Sener) y de la Función Pública (SFP).
Derivado de las consultas documentales que realizó el IFAI –entre ellas el decreto de liquidación de LFC y la información difundida por la Presidencia y las declaraciones de Calderón, en octubre pasado–, “se pudo comprobar que el mandatario se refirió en reiteradas ocasiones a la supuesta corrupción e ineficiencia en las operaciones de la paraestatal como las principales causas del declive del organismo”.
En el recurso referido se asienta también que, efectivamente, por los ámbitos de su competencia, la SHCP, la Sener y la SFP estuvieron involucradas en la extinción de la paraestatal, tanto en el acto mismo como en el proceso correspondiente, por lo que resultan ser las indicadas para conocer del tema. Sin embargo, la Presidencia deberá buscar los elementos o datos sobre los cuales en su momento se construyó el discurso que emitió Calderón ante la nación, aunque declare formalmente la inexistencia de documentos en sus archivos, consignó la comisionada presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard.
En la resolución avalada por los cinco comisionados del IFAI, en reunión previa a la sesión pública de este miércoles, esa entidad del Ejecutivo debe dirigirse a la Consejería Jurídica para obtener la información referida o cualquier registro oficial sobre el tema.
Elizabeth Velasco C.
Periódico La Jornada
Viernes 26 de febrero de 2010, p. 18
El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó a la Presidencia de la República rendir cuentas y/o entregar los documentos en los cuales Felipe Calderón se basó para sostener que la “corrupción e ineficiencia” motivaron la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), en octubre pasado.
De acuerdo con la resolución 5843/09 del IFAI, a cargo de la comisionada ponente María Elena Pérez-Jaén, la Presidencia declaró la “inexistencia” de esa información en sus archivos y remitió al solicitante de los documentos a las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Energía (Sener) y de la Función Pública (SFP).
Derivado de las consultas documentales que realizó el IFAI –entre ellas el decreto de liquidación de LFC y la información difundida por la Presidencia y las declaraciones de Calderón, en octubre pasado–, “se pudo comprobar que el mandatario se refirió en reiteradas ocasiones a la supuesta corrupción e ineficiencia en las operaciones de la paraestatal como las principales causas del declive del organismo”.
En el recurso referido se asienta también que, efectivamente, por los ámbitos de su competencia, la SHCP, la Sener y la SFP estuvieron involucradas en la extinción de la paraestatal, tanto en el acto mismo como en el proceso correspondiente, por lo que resultan ser las indicadas para conocer del tema. Sin embargo, la Presidencia deberá buscar los elementos o datos sobre los cuales en su momento se construyó el discurso que emitió Calderón ante la nación, aunque declare formalmente la inexistencia de documentos en sus archivos, consignó la comisionada presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard.
En la resolución avalada por los cinco comisionados del IFAI, en reunión previa a la sesión pública de este miércoles, esa entidad del Ejecutivo debe dirigirse a la Consejería Jurídica para obtener la información referida o cualquier registro oficial sobre el tema.
Exhorta el Congreso a Felipe Calderón a terminar con la represión contra el SME
José Manuel Pérez Vega señaló que con el encarcelamiento de Domingo Aguilar, Javier Lozano cumplió sus amenazas de interponer denuncias penales contra líderes sindicales de la resistencia / Foto Rafael García Otero
MÓNICA CAMACHO
En medio de protestas de los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC), el Congreso local aprobó un punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal a cesar la represión contra los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Aunque la mayoría priista respaldó el proyecto, diputados de oposición y los mismos trabajadores criticaron que su voto tuvo fines electorales, pues en los momentos neurálgicos de la batalla contra la desaparición de la paraestatal dejó solo al SME.
La propuesta fue aprobada luego de que el fin de semana pasado el subsecretario general de la División Nuevo Necaxa del sindicato de electricistas, Domingo Aguilar Vázquez, fue encarcelado por el delito de robo con agravio cometido en contra de la empresa Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El punto de acuerdo fue propuesto por el diputado del PT José Manuel Benigno Pérez Vega, y aprobado con 32 votos a favor de los legisladores del PRI, del PRD y de los partidos Nueva Alianza (Panal), Convergencia (PC) y del Trabajo (PT). Los únicos que se opusieron fueron los ocho integrantes de la bancada del PAN.
En la exposición de motivos, Pérez Vega señaló que con el encarcelamiento de Domingo Aguilar el secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, cumplió sus amenazas de interponer denuncias penales contra líderes sindicales de la resistencia.
Los diputados Irma Ramos Galindo y Melitón Lozano Pérez, del PRD; Carolina O’Farril Tapia, del PC; Manuel Fernández García, del PT, y Carlos Martínez Amador, del PRI, subieron a la tribuna para respaldar el punto acuerdo.
“Son más de 8 mil familias las que viven en la zozobra, en la pesadumbre. Le pedimos al gobierno federal que pare la represión, porque es una reacción excesiva la que está teniendo. Basta a la insensibilidad e intolerancia”, expresó Martínez Amador.
Melitón Lozano pidió la palabra para felicitar a la mayoría priista por respaldar el proyecto y lamentar que no adoptara la misma postura el 22 de octubre pasado, cuando desecharon un exhorto del PT que demandaba al presidente del país, Felipe Calderón Hinojosa, derogar el decreto de extinción del organismo público descentralizado.
“Le pegunto –a Carlos Martínez– si por estar en elecciones votan a favor, pues en el momento más neurálgico y más clave de la batalla debieron colocarse a favor de los trabajadores y no lo hicieron”, amonestó.
El comentario de Melitón Lozano enardeció los ánimos de los líderes del SME que asistieron a la sesión ordinaria del Congreso local para atestiguar la postura que adoptarían los legisladores sobre el punto de acuerdo.
El grupo de cinco trabajadores que encabezó el prosecretario de Divisiones del Comité Central del SME, Miguel Márquez Ríos, se levantó de los asientos que ocupó en las galerías del salón para acusar a los priistas de traidores. Los ánimos se desbordaron en el momento en que se sometió el proyecto a consideración del pleno, ante el temor de que no fuera aprobado.
Mientras el presidente de la mesa directiva y del Poder Legislativo estatal, el priista Humberto Aguilar Viveros, recogía la votación, los inconformes exigían a gritos a los diputados que no fueran “agachones”.
Aunque Aguilar Viveros pidió respeto al Congreso, la protesta no sólo se mantuvo, sino que aumentó con la participación de los defraudados de Grupo Sitma, quienes también estaban en el pleno, manteniéndose al margen de las protestas hasta ese momento.
“¡Si quieren respeto gánenselo y dejen de apuñalar a la gente, cabrones!”, “¡nosotros pagamos sus sueldos, así que son nuestros gatos!”, “quieren continuar con el marinismo, pues dígannos en dónde está nuestro dinero”, fueron algunos de los reclamos que se pudieron escuchar de los defraudados en medio del alboroto.
via: la jornada de oriente
MÓNICA CAMACHO
En medio de protestas de los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC), el Congreso local aprobó un punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal a cesar la represión contra los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Aunque la mayoría priista respaldó el proyecto, diputados de oposición y los mismos trabajadores criticaron que su voto tuvo fines electorales, pues en los momentos neurálgicos de la batalla contra la desaparición de la paraestatal dejó solo al SME.
La propuesta fue aprobada luego de que el fin de semana pasado el subsecretario general de la División Nuevo Necaxa del sindicato de electricistas, Domingo Aguilar Vázquez, fue encarcelado por el delito de robo con agravio cometido en contra de la empresa Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El punto de acuerdo fue propuesto por el diputado del PT José Manuel Benigno Pérez Vega, y aprobado con 32 votos a favor de los legisladores del PRI, del PRD y de los partidos Nueva Alianza (Panal), Convergencia (PC) y del Trabajo (PT). Los únicos que se opusieron fueron los ocho integrantes de la bancada del PAN.
En la exposición de motivos, Pérez Vega señaló que con el encarcelamiento de Domingo Aguilar el secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, cumplió sus amenazas de interponer denuncias penales contra líderes sindicales de la resistencia.
Los diputados Irma Ramos Galindo y Melitón Lozano Pérez, del PRD; Carolina O’Farril Tapia, del PC; Manuel Fernández García, del PT, y Carlos Martínez Amador, del PRI, subieron a la tribuna para respaldar el punto acuerdo.
“Son más de 8 mil familias las que viven en la zozobra, en la pesadumbre. Le pedimos al gobierno federal que pare la represión, porque es una reacción excesiva la que está teniendo. Basta a la insensibilidad e intolerancia”, expresó Martínez Amador.
Melitón Lozano pidió la palabra para felicitar a la mayoría priista por respaldar el proyecto y lamentar que no adoptara la misma postura el 22 de octubre pasado, cuando desecharon un exhorto del PT que demandaba al presidente del país, Felipe Calderón Hinojosa, derogar el decreto de extinción del organismo público descentralizado.
“Le pegunto –a Carlos Martínez– si por estar en elecciones votan a favor, pues en el momento más neurálgico y más clave de la batalla debieron colocarse a favor de los trabajadores y no lo hicieron”, amonestó.
El comentario de Melitón Lozano enardeció los ánimos de los líderes del SME que asistieron a la sesión ordinaria del Congreso local para atestiguar la postura que adoptarían los legisladores sobre el punto de acuerdo.
El grupo de cinco trabajadores que encabezó el prosecretario de Divisiones del Comité Central del SME, Miguel Márquez Ríos, se levantó de los asientos que ocupó en las galerías del salón para acusar a los priistas de traidores. Los ánimos se desbordaron en el momento en que se sometió el proyecto a consideración del pleno, ante el temor de que no fuera aprobado.
Mientras el presidente de la mesa directiva y del Poder Legislativo estatal, el priista Humberto Aguilar Viveros, recogía la votación, los inconformes exigían a gritos a los diputados que no fueran “agachones”.
Aunque Aguilar Viveros pidió respeto al Congreso, la protesta no sólo se mantuvo, sino que aumentó con la participación de los defraudados de Grupo Sitma, quienes también estaban en el pleno, manteniéndose al margen de las protestas hasta ese momento.
“¡Si quieren respeto gánenselo y dejen de apuñalar a la gente, cabrones!”, “¡nosotros pagamos sus sueldos, así que son nuestros gatos!”, “quieren continuar con el marinismo, pues dígannos en dónde está nuestro dinero”, fueron algunos de los reclamos que se pudieron escuchar de los defraudados en medio del alboroto.
via: la jornada de oriente
CANANEA; GOLPE DE ESTADO?
Rogelio Gómez Mejía
La Región
Jueves, 25 de Febrero de 2010
“No hay que buscarle ruido al chicharrón…
Cuando en días pasados el diputado federal Petista, Gerardo Fernández Noroña, afamado y ridicularizado por la “prensa grande” como protagonista de escandalosas protestas contra acciones y políticos de “primer nivel”, declaró en asistida conferencia de prensa después de advertir el peligro de la militarización del país; “yo creo que Calderón este año se va” “Voy a decir, apuntó, algo muy fuerte que antes no había querido decir a los medios; el tema no es si Calderón se va o no, el tema es quien lo quita, si nosotros o el ejército. Ese es el tema, porque veo muy peligrosa la presencia del ejército en la política del país, y lo digo con toda responsabilidad, es muy grave lo que está pasando en el país, el avance del ejército es muy serio y no debemos permitir que siga en esa línea, es muy peligroso”.
Antes había relatado que al acudir a Cananea en apoyo a los mineros del Grupo México de Germán Larrea (el mismo que impidió el rescate de mineros muertos en otras de sus minas en Pasta de Conchos) fue interceptado en un retén de los muchos que tiene en el país el ejército, y maltratado por unos soldados que trataron de someterlo a revisión a lo que se negó, no tanto por ser diputado federal y contar con fuero, si no porque es una violación al artículo 16 Constitucional que cometen con todos los viajeros y transportistas que encuentran.
Como para tener pruebas de su detención tomó fotografías con su celular de la estación “Precos” construida con un edificio de tres pisos, un soldado de unos 300 que había en el lugar perfectamente armados lo despojó del aparato con un manotazo y al caer le dio una patada para lanzarlo a la carretera. Un oficial, el único que se identificó como J. Olmos R. se disculpo por el extravío de su compañero, pero aún así le impidieron el paso más de una hora por lo que perdió su participación en el Foro al que fue invitado.
El incidente le permitió al también sociólogo Fernández Noroña advertir la peligrosidad de la iniciativa del ejecutivo sobre la Ley de Seguridad Nacional, porque asumió que es totalmente fascista, pues avanza en el camino de la militarización, es violatoria de los derechos humanos y pretende el control militar del país, lo cual es muy grave y consideró como ejemplo que en Ciudad Juárez lo único que les falta es el toque de queda, y en Torreón y La Laguna están en la misma situación, pues ya nadie puede salir después de las 10 de la noche porque peligra su vida.
Sobra decir que las declaraciones del diputado Fernández apenas aparecieron en algunos periódicos del interior de la República enviados por la Agencia Notimex y en La Jornada parcialmente, destacando el propósito de denunciar en la PGR el atropello al polémico legislador, pero guardando las distancias en cuanto a los no tan infundados temores de éste por el posicionamiento de las fuerzas militares y la posibilidad del estallido social en Cananea como ocurrió en 1º. de junio de 1906, previó al derrocamiento de Porfirio Díaz y al inició de nuestra centenaria revolución. Pero eso sí la mejoría del futbolista Salvador Cabañas, la obesidad infantil, “el Chapo” y las sanciones a Tv Azteca, ocuparon las principales notas y de Cananea…nada!!
La Región
Jueves, 25 de Febrero de 2010
“No hay que buscarle ruido al chicharrón…
Cuando en días pasados el diputado federal Petista, Gerardo Fernández Noroña, afamado y ridicularizado por la “prensa grande” como protagonista de escandalosas protestas contra acciones y políticos de “primer nivel”, declaró en asistida conferencia de prensa después de advertir el peligro de la militarización del país; “yo creo que Calderón este año se va” “Voy a decir, apuntó, algo muy fuerte que antes no había querido decir a los medios; el tema no es si Calderón se va o no, el tema es quien lo quita, si nosotros o el ejército. Ese es el tema, porque veo muy peligrosa la presencia del ejército en la política del país, y lo digo con toda responsabilidad, es muy grave lo que está pasando en el país, el avance del ejército es muy serio y no debemos permitir que siga en esa línea, es muy peligroso”.
Antes había relatado que al acudir a Cananea en apoyo a los mineros del Grupo México de Germán Larrea (el mismo que impidió el rescate de mineros muertos en otras de sus minas en Pasta de Conchos) fue interceptado en un retén de los muchos que tiene en el país el ejército, y maltratado por unos soldados que trataron de someterlo a revisión a lo que se negó, no tanto por ser diputado federal y contar con fuero, si no porque es una violación al artículo 16 Constitucional que cometen con todos los viajeros y transportistas que encuentran.
Como para tener pruebas de su detención tomó fotografías con su celular de la estación “Precos” construida con un edificio de tres pisos, un soldado de unos 300 que había en el lugar perfectamente armados lo despojó del aparato con un manotazo y al caer le dio una patada para lanzarlo a la carretera. Un oficial, el único que se identificó como J. Olmos R. se disculpo por el extravío de su compañero, pero aún así le impidieron el paso más de una hora por lo que perdió su participación en el Foro al que fue invitado.
El incidente le permitió al también sociólogo Fernández Noroña advertir la peligrosidad de la iniciativa del ejecutivo sobre la Ley de Seguridad Nacional, porque asumió que es totalmente fascista, pues avanza en el camino de la militarización, es violatoria de los derechos humanos y pretende el control militar del país, lo cual es muy grave y consideró como ejemplo que en Ciudad Juárez lo único que les falta es el toque de queda, y en Torreón y La Laguna están en la misma situación, pues ya nadie puede salir después de las 10 de la noche porque peligra su vida.
Sobra decir que las declaraciones del diputado Fernández apenas aparecieron en algunos periódicos del interior de la República enviados por la Agencia Notimex y en La Jornada parcialmente, destacando el propósito de denunciar en la PGR el atropello al polémico legislador, pero guardando las distancias en cuanto a los no tan infundados temores de éste por el posicionamiento de las fuerzas militares y la posibilidad del estallido social en Cananea como ocurrió en 1º. de junio de 1906, previó al derrocamiento de Porfirio Díaz y al inició de nuestra centenaria revolución. Pero eso sí la mejoría del futbolista Salvador Cabañas, la obesidad infantil, “el Chapo” y las sanciones a Tv Azteca, ocuparon las principales notas y de Cananea…nada!!
Arriba marcha de organizaciones sociales al Zócalo capitalino
jueves 25 de febrero de 2010
La movilización está integrada por transportistas de las rutas 62 y 50, de comerciantes ambulantes, del Sindicato Mexicano de Electricistas. Se realizaron cortes a la circulación sobre Calzada de Tlalpan y su continuación San Antonio Abad.
Notimex
La Jornada en Línea
Publicado: 25/02/2010
México, DF. El grupo de manifestantes que partió de la estación Viaducto del Metro arribó al Zócalo capitalino, por lo que se encuentra cerrada la circulación en el circuito de la Plaza de la Constitución.
El grupo de manifestantes continúa arribando al primer cuadro de la ciudad por la calle 20 de Noviembre y avanza alrededor del Zócalo capitalino.
Otro grupo de inconformes se encuentra frente a las instalaciones del Gobierno del Distrito Federal efectuando un mitin contra diversas políticas aplicadas por las autoridades locales.
En el lugar se observa una discreta presencia policiaca mientras que los arcos del Antiguo Palacio del Ayuntamiento están también protegidos por uniformados capitalinos.
La movilización está integrada por transportistas de las rutas 62 y 50, de comerciantes ambulantes, del Sindicato Mexicano de Electricistas, de algunas instituciones educativas y miembros de la Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales.
Elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito llevaron a cabo cortes a la circulación al paso de los inconformes sobre Calzada de Tlalpan y su continuación San Antonio Abad, sin que hasta el momento se haya reportado incidente alguno de consideración.
La movilización está integrada por transportistas de las rutas 62 y 50, de comerciantes ambulantes, del Sindicato Mexicano de Electricistas. Se realizaron cortes a la circulación sobre Calzada de Tlalpan y su continuación San Antonio Abad.
Notimex
La Jornada en Línea
Publicado: 25/02/2010
México, DF. El grupo de manifestantes que partió de la estación Viaducto del Metro arribó al Zócalo capitalino, por lo que se encuentra cerrada la circulación en el circuito de la Plaza de la Constitución.
El grupo de manifestantes continúa arribando al primer cuadro de la ciudad por la calle 20 de Noviembre y avanza alrededor del Zócalo capitalino.
Otro grupo de inconformes se encuentra frente a las instalaciones del Gobierno del Distrito Federal efectuando un mitin contra diversas políticas aplicadas por las autoridades locales.
En el lugar se observa una discreta presencia policiaca mientras que los arcos del Antiguo Palacio del Ayuntamiento están también protegidos por uniformados capitalinos.
La movilización está integrada por transportistas de las rutas 62 y 50, de comerciantes ambulantes, del Sindicato Mexicano de Electricistas, de algunas instituciones educativas y miembros de la Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales.
Elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito llevaron a cabo cortes a la circulación al paso de los inconformes sobre Calzada de Tlalpan y su continuación San Antonio Abad, sin que hasta el momento se haya reportado incidente alguno de consideración.
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